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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL5103-2020

Fecha
11 de noviembre de 2020
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL5103-2020

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Labora, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 30 de abril de 2014, por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en el proceso ordinario que RAFAEL MEDINA ZAMBRANO le promovió a la ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. ESSA E.S.P. Sin costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL5103-2020

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

11 de noviembre de 2020

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado Ponente

SL5103-2020

Radicación n.° 68480

Acta 42

Bogotá, D.C., once (11) de noviembre de dos mil veinte (2020)

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la RAFAEL MEDINA ZAMBRANO contra la sentencia proferida el 30 de abril de 2014, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en el proceso que promovió en contra de la ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. ESSA E.S.P.

ANTECEDENTES

Rafael Medina Zambrano demandó a la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P., con el fin de que se declare que le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación o vejez equivalente al 75% del promedio del salario devengado en el último año de servicio, por haber cumplido los requisitos establecidos en el artículo 70 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente (75 puntos), en cuanto satisfacer a más de 25 años de servicio y 50 de edad; lo anterior por cuanto estaba amparado por el régimen de transición constitucional previsto en el parágrafo transitorio 4 del Acto Legislativo 01 de 2005.

En consecuencia, que se ordene a la accionada el reconocimiento y pago de la prestación a partir del 29 de febrero de 2012, en los términos ya referidos, junto con el retroactivo pensional hasta que se realice el pago de la mesada; la indexación de las condenas, o en subsidio el pago de los intereses moratorios a la tasa más alta del mercado.

Así mismo, peticiona que las costas y agencias en derecho se impongan a la pasiva y que las condenas se reconozcan dentro de los 5 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia.

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que el 1 de agosto de 1995, la Electrificadora de Santander S.A. se transformó en empresa de servicios públicos domiciliarios S.A. E.S.P., y en el artículo 67 de la reforma a sus estatutos, se declaró que «las relaciones jurídicas de trabajo entre la sociedad y las personas naturales a su servicio se regirán por el Código Sustantivo de Trabajo y en lo dispuesto por las leyes 142 y 143 de 1994».

Añadió que nació el 24 de octubre de 1961 y que prestó sus servicios a la Electrificadora demandada, desde el 13 de diciembre de 1982, afirmando que lo hizo por más de 25 años sin interrupción, «devengando en la actualidad un sueldo básico de $ 2.404.709 y un salario promedio de $4.894.050».

Que el 3 de febrero de 2012 solicitó el reconocimiento de la pensión de conformidad con el artículo 70 de la convención colectiva de trabajo, a partir del 29 de febrero de esa anualidad, sustentado en que cumplió 25 años de servicio a la accionada y la edad de 51 años, por lo que tenía los 75 puntos que allí se exigen; petición que fue negada bajo el argumento de que no continuaba con el beneficio convencional porque el acuerdo extralegal había perdido vigencia en razón al Acto Legislativo 01 de 2005, y que agotó la reclamación administrativa.

Informó que la última convención colectiva de trabajo celebrada entre la empleadora y Sintraelecol, el 1º de noviembre de 2003, estipulaba una vigencia de 4 años; que aquella no fue denunciada por las partes en los 30 días anteriores al 31 de octubre de 2007, por lo que bajo la égida del artículo 478 del CST, se entendía prorrogada automáticamente; así mismo, precisó ser beneficiario de dicho compendio por estar afiliado al sindicato mencionado.

La Electrificadora de Santander S.A. E.S.P., al dar contestación a la demanda, se opuso a la prosperidad de las pretensiones y en cuanto a los hechos, aceptó el vínculo laboral, la fecha de nacimiento del actor, la solicitud de pensión y la respuesta dada, la vigencia de la Convención Colectiva suscrita con Sintraelecol, pero no en su integridad, por cuanto aclaró que el artículo 70 perdió vigencia por el mandato del Acto Legislativo 01 de 2005, que el accionante no reunió los requisitos que exigía la convención durante su vigencia a 31 de julio de 2010 y que no le constaba la condición de afiliado del actor a la organización sindical.

En su defensa propuso como excepciones las de ineficacia de la cláusula convencional cuya aplicación se reclama, inexistencia del derecho reclamado, improcedencia de la excepción de inconstitucionalidad, la pretensión del demandante no encuentra amparo legal en el régimen de transición establecido en el parágrafo transitorio 4º del Acto Legislativo 01 de 2005, buena fe y prescripción.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bucaramanga, al que le correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 19 de marzo de 2014, declaró que Rafael Medina Zambrano era beneficiario de la pensión de jubilación convencional, en un 75% del promedio devengado en el último año de servicio, correspondiente a los factores salariales de la última asignación básica, conforme lo dispuesto en los artículos 23, parágrafo segundo y 70 de la convención colectiva

Frente al disfrute del derecho pensional indicó que «inicia desde el momento en que se produzca o se halla originado el retiro del servicio del trabajador (…)» y ordenó a la demandada que «en el evento de haberse dado el retiro del trabajador, deberá dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, proceder al pago de la pensión» junto con el retroactivo, debidamente indexados. Costas a la parte vencida.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, mediante fallo del 30 de abril de 2014, al desatar la alzada interpuesta por la parte accionada, revocó la sentencia apelada para, en su lugar, absolver a la demandada de las pretensiones de la demanda. Costas a la demandante en ambas instancias.

En lo que estrictamente atañe al recurso de casación, la Sala sentenciadora sostuvo la tesis de que el accionante no tenía derecho a percibir la pensión de jubilación, consagrada en el artículo 70 del estatuto convencional, por cuanto no probó los requisitos exigidos por la ley para que dicha norma especial, que se había traído como fuente del derecho, hubiera podido ser valorada en el juicio.

Para arribar a tal conclusión determinó que, como cuestión previa, debía analizarse la fuente formal en que el accionante sustentaba el derecho suplicado, es decir, el estatuto convencional, del cual aclaró que para que este se entendiera debidamente allegado al proceso, era necesario aducir su texto con la constancia del depósito en la que se pudiera constatar que fue efectuado de manera oportuna según las voces del artículo 469 del CST, ya que de comprobarse de tal probanza la inobservancia del término legal, el juez no podía, por un lado, tener por acreditada la existencia de la convención colectiva de trabajo y, de otro, acceder al reconocimiento de derechos derivados de la misma. Soportó su argumento en providencias de esta Sala.

En el caso bajo su estudio, encontró en las pruebas la copia de la convención colectiva de trabajo suscrita entre la empresa demandada y el Sindicato el 9 de junio de 2003, cuyo depósito se produjo fuera del término de los 15 días contemplados por el artículo 469 del CST, ya que ello ocurrió el 14 de julio 2003, lo que significaba que tal documento se adujo sin el cumplimiento de todos los requisitos sin los cuales, agregó el Colegiado, la convención no producía efecto alguno, razón por la cual, no se podía estudiar lo pretendido.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el demandante y concedido por el Tribunal, fue admitido por la Corte, que procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, se confirme el fallo de primera instancia que condenó de acuerdo con las pretensiones de la demanda y se provea sobre costas como corresponda.

Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera de casación, los cuales no fueron replicados y que se estudiarán conjuntamente, dado que denuncian similares normas y pretenden idéntico fin.

VI. CARGO PRIMERO

Ataca la sentencia de violar «por la vía directa, por interpretar erróneamente los artículos 48 y 53 de la Constitución Política de 1991, en relación con los artículos 469 y 476 del Código sustantivo del Trabajo».

El recurrente acusa que el Tribunal encontró y entendió que no se hizo un aporte adecuado del documento base que soporta el derecho pretendido, esto es, la convención colectiva de trabajo, bajo el entendimiento de que la misma fue suscrita el 9 de junio de 2003, pero su depósito se produjo el 14 de julio de 2003, es decir, fuera del término de los 15 días previsto en la Ley.

La censura considera que lo antes expuesto constituye un error imperdonable, puesto que de haber visto de manera completa la Convención Colectiva, hubiera encontrado que la fecha puesta en el final del texto «9 de junio de 2003», corresponde a un error mecanográfico, ya que hay clara evidencia de que las partes se reunieron el viernes 11 de julio de 2003 y a consecuencia de ello suscribieron el acta y el lunes 13 de julio del mismo año se produjo su depósito, es decir, dentro de los 15 días siguientes, con lo que reitera que la documental fue legal y debidamente aportada al plenario. Resalta que la convención había sido motivo de aceptación de las partes, además de que se ha prorrogado desde el 31 de octubre de 2007.

Indica la censura que, dado que no fue discutido el fondo del asunto por el Colegiado, ya que la razón que tuvo para revocar la sentencia fue la aportación extemporánea de la prueba que acreditara el derecho convencional, se hace menester recordar que en primera instancia se concedió el derecho con base en la norma convencional y que la empresa sustentó su defensa en que la convención en materia pensional había perdido su vigencia con la entrada del Acto Legislativo 01 de 2005.

Argumenta, en esencia, que respecto del Acto Legislativo 01 de 2005 existían diferentes, las cuales coincidían en el respeto por los derechos adquiridos señalando que en el caso se discuten tres aspectos: i) si la vigencia de la convención llegó al 31 de julio de 2010 o sobrepasa la calenda; ii) y si se limita al 31 de julio de 2010 y; iii) si el actor cumplió o no los requisitos exigidos por el artículo 70 de la norma convencional.

Acota que en interpretación armónica y en debida aplicación de las normas que convocan el proceso incoado, la Convención Colectiva se encuentra vigente al momento de solicitar la pensión y que en todo caso de aplicarse la interpretación más restrictiva en el sentido que la vigencia va hasta el 31 de julio de 2010, el actor tenía más de 77 puntos, sumando la edad y el tiempo de servicio, pues «para ese momento temporal, [tenía] 48 años, Nueve (9) meses y seis (6) días de los cincuenta exigidos, y contaba con 27 años, siete (7) meses y seis (6) días de trabajo o de servicio, de los 25 años exigidos»; agrega que para el caso propuesto son aplicables los principios de favorabilidad, de proporcionalidad, «el de que quien puede lo más puede lo menos por tener estructurado el derecho», toda vez que el requisito de edad es complementario y puede acreditarse después del cumplimiento del tiempo de servicio. Adiciona que debe imperar la aplicación del artículo 53 de la Constitución Política.

VII. SEGUNDO CARGO

Acusa la sentencia de violar «por la vía directa, por aplicación indebida de los artículos 48 y 53 de la Constitución Política de 1991, en relación con los artículos 469 y 476 del Código sustantivo del Trabajo».

En la sustentación del cargo, el recurrente se vale de los mismos argumentos referidos en el primer ataque.

IX. CONSIDERACIONES

Como se recuerda, el recurrente se duele del error jurídico del Juez de alzada al tener por no aportada en forma legal y válida la convención colectiva que sustentaba el derecho convencional, esto como consecuencia de entender que se incumplió el término de depósito del documento convencional según las voces del artículo 469 del CST.

Corresponde a esta Sala determinar si hubo error en el Colegiado al restar la validez probatoria al documento convencional en el que sustenta el accionante la pensión pretendida.

La convención colectiva que obra a folios 28 a 77, refiere fechas distintas: (i) la de la firma, 9 de junio de 2003, data además señalada por la Electrificadora en la contestación de la demanda; y (ii) la del preámbulo, que consagra que se reunieron el 11 de julio de 2003, y del depósito del convenio el 14 de julio de 2003 (folio 77).

La respuesta a cuál es la fecha de suscripción de la convención colectiva, para a partir de ella poder establecer si se depositó en el término consagrado en la ley, se desprende del mismo ente demandado, a consecuencia de su afirmación frente al hecho noveno de la contestación de la demanda que señala:

Es cierto que la convención colectiva suscrita por ESSA ESP y SINTRAELECOL el 9 de junio de 2003 se encuentra vigente, pero no en su integridad, por cuanto, el régimen pensional especial que consagraba el artículo 70 perdió vigencia por mandato del acto legislativo 01 de 25 de julio de 2005.

De la afirmación en cita salta a la vista que, aun cuando la accionada se refiere al 9 de junio de 2003, como fecha de suscripción de la convención, el argumento que constituyó el eje central de su defensa fue la pérdida de vigencia de las normas convencionales en materia pensional; sin que en momento alguno cuestionara la validez del instrumento.

Se impone memorar que esta Sala, a través de la sentencia CSJ SL3385-2018, abordó el mismo aspecto hoy cuestionado en torno a la fecha de depósito de la convención, encontrando para ese momento que el documento convencional tenía plena validez dado que la data de suscripción del acuerdo colectivo entre la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. y Sintraelecol, con vigencia 2003-2007, fue el 11 de julio de 2003 y que su depósito se llevó a cabo el 14 de julio del mismo mes y año, es decir, dentro del término de los 15 días siguientes a la firma de la misma, dando cumplimiento al artículo 469 del CST.

Con ello, le asiste razón al recurrente en cuanto al error cometido por el fallador de segundo grado. No obstante, en sede de instancia se llegaría a la misma conclusión absolutoria, como efecto de la pérdida de vigencia de la convención colectiva en que se pretende soportar la pretensión, esto como consecuencia de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005.

Lo anterior, teniendo como báculo el nuevo criterio mayoritario, expuesto, entre otras, en la sentencia CSJ SL3635-2020, así:

En conclusión, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, rectifica parcialmente su criterio sentado en las sentencias precitadas y, en su lugar, precisa que, en materia pensional consagrada en convenciones colectivas de trabajo, laudos o pactos, a la luz del Acto Legislativo 01 de 2005 las pautas que regulan el asunto, son las siguientes:

En los eventos en que las reglas pensionales de carácter convencional suscritas antes de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005 y al 29 de julio del mismo año se encontraban en curso, mantendrá su eficacia por el término inicialmente pactado, aún con posterioridad al 31 de julio de 2010, hasta cuando se llegue al plazo acordado.

Si al 29 de julio de 2005, fecha de entrada en vigencia del acto legislativo en mención, respecto del convenio colectivo estaba operando la prórroga automática consagrada en el artículo 478 del Código Sustantivo de Trabajo y las partes no presentaron la denuncia en los términos del artículo 479 ibidem, las prerrogativas pensionales se extendieron solo hasta el 31 de julio de 2010.

Si la convención colectiva de trabajo se denunció y se trabó el conflicto colectivo, los acuerdos pensionales, por ministerio de la ley se mantuvieron según las reglas legales de la prórroga automática, hasta el 31 de julio de 2010 y, en tal caso, ni las partes ni los árbitros podían establecer condiciones más favorables a las previstas en el sistema general de pensiones entre la fecha en la que entró en vigencia el Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010.

Ver también, las sentencias CSJ SL2798-2020, CSJ SL2986-2020 y CSJ SL3072-2020.

En consecuencia y como anteriormente se mencionó la vigencia de la convención en el caso en concreto conservó su aplicación en cuanto a las prerrogativas en pensiones, por la institución de la prórroga automática del artículo 478 del CST, hasta el 31 de julio de 2010 (CSJ SL4239-2020).

Así las cosas, para hacerse acreedor de la aplicación de la norma convencional al actor le correspondía evidenciar que, con anterioridad a la pérdida de vigencia de lo dispuesto en materia pensional del instrumento convencional, había satisfecho los requisitos en ella establecidos.

Con relación al cumplimiento de los requisitos es menester traer a colación, lo asentado por esta Sala en la sentencia CSJ SL1348 de 2019, que al respecto indicó:

[…] resulta preciso destacar también que el texto del artículo 70 de la Convención Colectiva de Trabajo (fol. 75) fue claro al definir que la pensión de jubilación se adquiría, en el caso de los hombres,

[…] siempre y cuando el trabajador haya cumplido cincuenta (50) años de edad y haya prestado sus servicios a la Empresa un mínimo de veinticinco (25) años […]», de manera tal que, hasta tanto no se alcanzaran esas dos condiciones, en su totalidad, el actor no podía reivindicar a su favor la existencia de un derecho adquirido.

Con sustento en ello, se tiene que efectivamente el actor cumplió con el tiempo de servicio exigido en la norma convencional, no obstante, también es claro que a la edad exigida en la norma convencional solo llegó el 24 de octubre del año 2011, esto es con posterioridad, inclusive al límite máximo establecido por el Acto legislativo -el 31 de julio de 2010-, razón por la cual no le asiste derecho a pensionarse bajo lo establecido en la convención colectiva.

Siendo coherentes con lo discurrido, los cargos son fundados mas no salen victoriosos, por ello no hay lugar a costas.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Labora, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 30 de abril de 2014, por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en el proceso ordinario que RAFAEL MEDINA ZAMBRANO le promovió a la ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. ESSA E.S.P.

Sin costas.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

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