Ficha de la providencia
Sentencia SL5138-2020
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL5138-2020
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL5138-2020
Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena
21 de octubre de 2020
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SL5138-2020
Radicación n° 78967
Acta 39
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veinte (2020).
Decide la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por GENTIL TORRES ORTIZ, contra la sentencia proferida por la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el 2 de marzo de 2017, dentro del proceso ordinario laboral que el recurrente promovió en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES).
ANTECEDENTES
Gentil Torres Ortiz demandó a Colpensiones con el propósito de que se declare que es beneficiario del régimen de transición pensional, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, por ende, se le aplique el Acuerdo 049 de 1990 «o el que resulte más favorable» y disponga el pago del retroactivo correspondiente desde el 1.° de mayo de 2014 «dado que las semanas posteriores no le favorecen en su pensión»; los intereses de mora de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación aplicada mes a mes sobre el retroactivo, los principios ultra y extra petita, las costas y agencias en derecho.
Como fundamento de sus pedimentos, sostuvo que nació el 16 de mayo de 1953, por lo que para la fecha en entrada en vigencia del sistema general de pensiones, 1.º de abril de 1994, contaba con 40 años de edad; que es beneficiario del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; que al considerar que tenía los requisitos exigidos en el Acuerdo 049 de 1990, solicitó a la entidad demandada la pensión de vejez, la cual le fue negada mediante Resolución GNR 139710, con el argumento de no acreditar las 750 semanas para el año 2005, ni las 1300 que estipula la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, pues para el 30 de abril de 2014 solo acreditaba 1022. Que recurrió en apelación para que se diera aplicación al Acuerdo 049 de 1990 o «bajo los principios constitucionales o (sic) disponga la excepción de constitucionalidad del parágrafo 4 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2005, el cual va en contravía con los derechos y garantías mínimas […]». La entidad mantuvo su negativa con base en que a la fecha de entrada de la reforma constitucional registra 568 semanas.
Añadió que la entidad desconoció su calidad de beneficiario del régimen de transición por cuanto el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 «no condicionó ni limitó la aplicación de dicho régimen». Que la condición que impuso el Acto Legislativo 01 de 2005 «no puede soslayar los principios rectores del mismo artículo 48 ídem y del artículo 53 superior y principios como el de progresividad, el principio pro homine y el de favorabilidad». Desconoce también el precepto 53 constitucional, que ampara la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, y que se debió aplicar «por vía de excepción administrativa del artículo 48, el parágrafo 3 y 4 transitorios del Acto Legislativo No. 01 de 2005 […]».
La pasiva, al contestar el escrito generatriz de la contienda, se opuso al éxito de las pretensiones, aceptó los hechos relativos a la edad del actor, la reclamación y su negativa a la solicitud pensional. De los restantes señaló que no le constaban o no constituían sustento fáctico sino apreciaciones del demandante y formuló las excepciones de carencia de causa para demandar, inexistencia del derecho y la obligación reclamada, prescripción, buena fe, inexistencia de intereses moratorios e indexación, la innominada o genérica.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá, en sentencia del 1° de noviembre de 2016, absolvió a la demandada de todas las pretensiones e impuso costas a la parte actora.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Al desatar el recurso de apelación de la parte actora, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante sentencia de 2 de marzo de 2017, confirmó la de primer grado e impuso costas y agencias en derecho a la parte accionante.
En lo que interesa al recurso extraordinario, el sentenciador plural consideró como problemas jurídicos a resolver el determinar si el demandante es beneficiario del régimen de transición y, como consecuencia, si le son aplicables los requisitos contemplados en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, teniendo en cuenta que el a quo señaló que, por no contar con un mínimo de 750 semanas, no pudo mantener los beneficios de aquel régimen.
Recordó que el legislador reguló expresamente la situación de los beneficiarios del régimen de transición y estableció que su aplicación solo iría hasta el 31 de julio de 2010 o hasta el año 2014, siempre y cuando el afiliado hubiera cotizado para la fecha de entrada de dicha reforma un mínimo de 750 semanas, requisito que solo es exigible para quienes estando bajo el referido sistema no hubiera alcanzado los requisitos para pensión el 31 de julio de 2010 porque en principio solo se puede aplicar hasta esa fecha.
Se remitió a la relación de semanas cotizadas en Colpensiones y encontró que para el 25 de julio de 2005, el actor solo contaba con 573 semanas, por lo que no es posible extender la regla transicional hasta el 31 de diciembre de 2014, pues el acto legislativo nació por la necesidad de poner un límite en el tiempo al régimen de transición y, por ende, no se puede exigir que de allí surja un nuevo régimen ni que se aplique la figura de la condición más beneficiosa pues no se trata de un tránsito legislativo sino la regulación de la institución.
Añadió que, contrario a lo que adujo el recurrente, no es cierto que el acto legislativo no hubiera respetado las expectativas de las personas próximas a pensionarse pues permite a quienes tuvieran 750 semanas cotizadas a la entrada en vigencia de la reforma constitucional, pudieran mantener el régimen de transición hasta el año 2014 y que el artículo 53 de la Constitución Política encargó al Congreso la expedición de un estatuto que regulara la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación de las fuentes formales del derecho, lo que está en consonancia con el 21 del CST, pero que en el caso concreto no encontró duda alguna sobre la aplicación de la reforma constitucional, al no existir controversia en la interpretación de normas para aplicar la más favorable al actor.
Por otra parte, no consideró procedente la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad toda vez que la Corte Constitucional ya estudió la exequibilidad de la misma mediante la sentencia CC C-337-2006, por lo que la norma cuenta con plenos efectos vinculantes y superó el examen de constitucionalidad.
Sobre las antinomias advertidas entre las normas de rango constitucional, recordó que la Corte Constitucional es la encargada de modular y moderar las contradicciones aparentes entre normas de rango supralegal no el Tribunal, razones por las que confirmó la sentencia de primer grado.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por el demandante y concedido por el Tribunal, fue admitido por la Corte, que pasa a resolverlo.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pide que la Corte case la sentencia del Tribunal para que, en sede de instancia, revoque el fallo de primer grado y, en su lugar, acceda a las súplicas del libelo genitor y se provea en costas como es de rigor.
Con fundamento en la causal primera, formula tres cargos que merecieron réplica y que se proceden a resolver de manera conjunta en tanto denuncian similar elenco normativo y buscan idéntico propósito.
CARGO PRIMERO
Acusa la sentencia por la vía directa, en la modalidad de «aplicación indebida del parágrafo transitorio 4 del acto legislativo No. 1 de 2005; lo cual llevó a dejar de aplicar los incisos 1º, 2º y 3º del artículo 48 y el artículo 243 de la Constitución Política, en relación con los artículos 4, 53, 228 y 230 Constitucional; que a su vez condujo a dejar de aplicar el artículo 36 de la ley 100 de 1993, el artículo 12 del decreto 758 de 1990, en relación con los artículos 1º, 2º, 11, 20 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo».
Acota que acepta los hechos que dio por probados el Tribunal, concretamente que el actor no contaba con 750 semanas al 25 de julio de 2005, pero que sí tenía más de 1000 en cualquier tiempo, las cuales acumuló antes del 31 de diciembre de 2014. A partir de lo anterior, señala que la decisión del colegiado se sostuvo en que el parágrafo 4 transitorio del Acto Legislativo 1 de 2005 fue declarado exequible en la sentencia CC C-337-2006 que tiene efectos vinculantes, aspecto que cuestiona porque en dicha providencia solamente se hizo un estudio de forma de la disposición, como tampoco abordó estudio de fondo en decisiones posteriores en las que se declaró inhibida.
Sostiene que la falta de estudio de fondo exigía al Tribunal realizar un esfuerzo de interpretación teniendo en cuenta las sentencias CC C-1056-2003 y CC C-754-2004, que declararon inexequibles las normas que pretendieron restringir el régimen de transición pensional y, por tal razón, su contenido no podía reproducirse en el Acto Legislativo 1 de 2005 por violentar el artículo 243 Superior. Afirma que el juez plural dio un alcance indebido a la norma transitoria que trae un requisito que altera el núcleo esencial o duro del derecho a la seguridad social, es decir, sostiene que la reforma constitucional mencionada configura una sustitución de la constitución.
Esgrime que, a partir de la irrenunciabilidad del derecho a la seguridad social, la cobertura progresiva, los principios de favorabilidad, progresividad y proporcionalidad, limitar el régimen de transición 11 años después de su establecimiento en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, afecta los referidos principios y resulta desproporcionado, destruye el pilar de la seguridad social, afecta la cobertura progresiva y demás principios ya referidos.
Añade que el acto legislativo no podía modificar la «legítima expectativa consolidada» del actor, por lo que su aplicación indebida en el caso concreto transgrede el ordenamiento jurídico, dejándolo sin protección social, pues pese a contar con 64 años, le faltarían otros seis para completar los requisitos.
Aduce que la aplicación de la mencionada regla constitucional genera una antinomia al sustituir el núcleo del derecho a la seguridad social y afecta el régimen de transición del que ya era beneficiario. Vulnera también los principios pro homine o pro libertad y favorabilidad, por lo que no se debe acudir a la interpretación más restrictiva del derecho. Estima que el sentenciador podía acudir a la excepción de inconstitucionalidad pues la norma aplicada entra en contradicción con lo que denomina el núcleo duro del derecho a la seguridad social, aunque admite que esta solución es problemática.
CARGO SEGUNDO
Acusa la sentencia del Tribunal por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida «del parágrafo transitorio 4 del acto legislativo No. 1 de 2005, en relación con el artículo 36 de la ley 100 de 1993, del artículo 12 del decreto 758 de 1990. Lo anterior en relación con los artículos 1º, 2º, 11, 16, 18 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social. En relación con los artículos 164, 176 y 243 del C.G.P. En relación con los artículos 51, 60 y 61 del C.P.T. y de la S.S. Todo lo anterior en relación con el artículo 1, 4, 48 y 53 de la Constitución Política. Ello, debido a los manifiestos errores de hecho en que incurrió el sentenciador de segunda instancia como consecuencia de la errónea apreciación de unas pruebas y la falta de apreciación de otras que denunciaré más adelante».
Para la demostración del cargo expone que la autoridad judicial incurrió en los siguientes errores evidentes de hecho:
No dar por demostrado, estándolo, que el actor sumó 608.14 semanas cotizadas dentro de los 20 años anteriores a la edad mínima de pensión y que en toda su vida laboral cotizó 1.033 semanas.
Dar por demostrado, sin estarlo, que el actor no reunió los requisitos para una pensión de vejez.
No dar por demostrado, estándolo, que el actor tiene derecho a una pensión de vejez.
No dar por demostrado, estándolo, que el derecho a la pensión del actor al momento de entrada del acto legislativo No. 1 de 2005 estaba en tránsito y por tanto, no le aplicaba restricción alguna en el tiempo, para la aplicación y configuración del régimen de transición.
No dar por demostrado, estándolo, que el requisito de las 750 semanas desde el 1 de abril de 1994 cuando entra el régimen de transición al 25 de julio de 2005, fecha que impuso el acto legislativo 1 de 2005, el actor estaba en imposibilidad material de cumplir».
Tales equivocaciones las derivó de la apreciación errónea: 1) del escrito de demanda, 2) cédula de ciudadanía, 3) registro civil de nacimiento, 4) Resolución GNR 139710 del 4 de mayo de 2015, 5) Resolución VPB 68747 del 03 de noviembre de 2015, 6) historia laboral de Colpensiones, y 7) la documental que reposa en el medio magnético aportado al expediente. Denunció también la no apreciación de la historia laboral de Colpensiones.
Como fundamento del cargo expresa que el Tribunal no atendió al problema jurídico que se le planteó en la demanda, esto es, que no podía aplicarse el Acto Legislativo 01 de 2005, en virtud de la garantía de irrenunciabilidad y progresividad del derecho a la seguridad social, por lo que debió verificar las circunstancias propias del caso, esto es, que el accionante no podía completar las 750 semanas antes de la entrada en vigencia de la aludida reforma constitucional. Aunado a lo anterior, expone la situación de vulnerabilidad del actor quien debió acudir al régimen subsidiado desde octubre de 2008, del que solo son beneficiarios quienes hacen parte del Sisbén 1 y 2, y que ante la promesa de que tendría derecho a la pensión una vez acreditara los requisitos previstos en el Acuerdo 049 de 1990, al que ahora no puede acceder en virtud de la reforma constitucional.
CARGO TERCERO
Ataca la sentencia por ser violatoria por vía directa, por infracción directa «del artículo 243 Constitucional; lo cual llevó a dejar de aplicar los incisos 1º, 2º y 3º del artículo 48 de la Constitución Política, en relación con los artículos 4, 53, 228 y 230 Constitucional, del parágrafo 4 transitorio del acto legislativo 1 de 2005; que a su vez condujo a dejar de aplicar el artículo 36 de la ley 100 de 1993, el artículo 12 del decreto 758 de 1990, en relación con los artículos 1º, 2º, 11, 20 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo».
Hace extensivos los argumentos expuestos en el cargo primero.
RÉPLICA
La parte demandada presentó oposición a un «cargo único» que funda, en esencia, en que de presentarse contradicción entre una norma constitucional y un convenio internacional que haga parte del mencionado bloque, prima la Carta Política.
Dice que la Corte Constitucional declaró exequible el parágrafo cuarto transitorio del artículo 1.º del Acto Legislativo 01 de 2005 en la sentencia CC C-337-2006, con efectos de cosa juzgada constitucional y carácter erga omnes. Que en la sentencia CC C-986-2006, a pesar de que se declaró inhibido, el Tribunal Constitucional desvirtuó los argumentos que se expusieron en la demanda. Añade que esta Corporación no es competente para estudiar la inexequibilidad de un acto legislativo y que en todo caso la acción correspondiente caduca en un año.
Asevera que tampoco hay competencia material, porque para que las reformas constitucionales se declaren inexequibles solo puede fundarse en razones de fondo siempre y cuando se altere o sustituya la constitución. Lo que no acontece con la eliminación del régimen de transición por motivos de interés general consistentes en la sanidad fiscal y el pago de las mesadas pensionales de las nuevas generaciones.
Sostiene que solo hay un derecho adquirido en materia pensional cuando se reúnen los dos requisitos para su causación, esto es, la edad y las semanas de cotización, por lo que estima que «el cargo formulado(sic)» no está llamado a prosperar.
CONSIDERACIONES
Como se recuerda, el juzgador para arribar a su decisión consideró que la Corte Constitucional encontró que el Acto Legislativo 01 de 2005 no contrariaba derechos fundamentales, que tenía una finalidad de equidad y sostenibilidad del sistema y que estableció el respeto por los derechos adquiridos y expectativas legitimas por lo que la aplicación de la propia Constitución implicaba la extinción del régimen de transición el 31 diciembre 2014 y, en ese contexto, no acogió los argumentos de la parte actora en el sentido que existe un derecho adquirido al régimen de transición, pues por el contrario, allí mismo se consagró el respeto a tales prerrogativas. Sobre la antinomia denunciada estimó que no es competencia de esa Corporación y que no se vulnera el principio de favorabilidad por no existir duda alguna en la aplicación de la reforma constitucional al caso concreto.
Expresamente admitió el actor como indiscutidos los siguientes supuestos fácticos que halló acreditados la Sala sentenciadora: (i) que nació el 16 de mayo de 1953; (ii) que a 1.º de abril de 1994 contaba con más de 40 años; (iii) que al 25 de julio de 2005, acumulaba 568 semanas de cotización; y (iv) cumplió la edad de 60 años el 16 de mayo de 2013, data en que registraba menos de 1000 semanas.
Puestas en el anterior escenario las cosas, la Corte entiende que le corresponde elucidar lo siguiente: (i) si el parágrafo 4° del Acto Legislativo 01 de 2005 afecta derechos fundamentales, es decir, ¿es regresivo a la luz de las normas constitucionales?; y (ii) la incidencia del parágrafo transitorio 4° del Acto Legislativo 01 de 2005, en torno al régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y los derechos adquiridos.
1º) El parágrafo 4° del Acto Legislativo 01 de 2005, afecta derechos fundamentales, es decir, ¿es regresivo a la luz de las normas constitucionales?
Para dar respuesta al interrogante en precedencia, baste remitirnos a lo expuesto en la sentencia CSJ SL1347-2019, proferida por esta Corte al resolver un caso de similares contornos, así:
Como la censura aduce que el Acto Legislativo 01 de 2005 también es inaplicable por ser regresivo de cara a los principios contenidos en los preceptos internacionales que acusa, es necesario destacar que dicha disposición reformó al artículo 48 del Constitución Política y se produjo en el marco de las facultades que el artículo 375 de la Constitución confiere al legislador.
Por tanto, se trata de un precepto reformatorio de la Constitución que adquiere el consecuente status de norma supralegal, cuyo control de constitucionalidad a la luz del artículo 241 compete únicamente a la Corte Constitucional. Además, ese control se limita a vicios en el procedimiento, materiales o de fondo que solo se pueden evaluar en la medida que la disposición sustituya al texto de la carta superior.
Precisamente, en el ejercicio de tal potestad, en la sentencia CC C-178-2007 la Corte Constitucional analizó problemas jurídicos que tienen una relación estrecha con los planteados por la recurrente en casación.
En aquella oportunidad, se formularon los siguientes interrogantes:
• ¿El Acto Legislativo acusado, sumado al conjunto de enmiendas a la Constitución Política adoptadas entre 1993 y el 2005 sustituyeron el orden superior inicialmente establecido?
• ¿Incurrió el Acto Legislativo 01 de 2005 en un vicio de competencia por regular temas relacionados con asuntos que, según el demandante, habían sido acordados en el ámbito de la política internacional de Colombia?
• ¿Es competente el Congreso para decidir mediante acto legislativo dentro de los dos años siguientes a la realización de un referendo, en relación con temas similares a los puestos a consideración del pueblo mediante referendo constitucional aprobatorio, cuando tales temas no fueron objeto de aprobación por incumplimiento del requisito de participación ciudadana mínima establecido para que la votación fuera jurídicamente eficaz?
Al abordarlos, dicha Corporación se inhibió para estudiarlos, puesto que, a su juicio, se trababa de problemas de fondo respecto de una norma no sustitutiva del texto constitucional.
En ese contexto, es clara la imposibilidad de inaplicar la norma que se acusa. Primero, porque esta Sala carece de competencia para resolver conflictos de constitucionalidad de una norma supralegal y, segundo, porque la corporación judicial competente para ello definió que el Acto Legislativo 01 de 2005 no sustituyó el texto de la Constitución Política.
2º) La incidencia del parágrafo transitorio 4° del Acto Legislativo 01 de 2005, en torno al régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y los derechos adquiridos
Al respecto, esta Corporación en la misma providencia referida, explicó:
El Acto Legislativo 01 de 2005 que adicionó el artículo 48 de la Constitución Política limitó la vigencia del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hasta el 31 de julio de 2010, pero en aras de salvaguardar las expectativas de la personas cercanas a causar una pensión por virtud de esa transición, extendió tal término hasta el 31 de diciembre de 2014 siempre que al 29 de julio de 2005, contaran al menos con 750 semanas cotizadas o su equivalente en tiempo de servicios. Puntalmente la norma establece:
Parágrafo transitorio 4º. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014.
De lo anterior deriva, que quienes no causaran el derecho pensional antes de 31 de julio de 2010 se acogerían al nuevo sistema general de pensiones, a menos que cumplieran las condiciones exigidas para la prórroga de la transición.
Por consiguiente, el análisis normativo que hizo el ad quem, en virtud del cual consideró que la accionante perdió el régimen de transición porque al 29 de julio de 2005 no contaba con 750 semanas cotizadas o su equivalente en tiempo de servicios, es acertado, al amparo del parágrafo 4. ° del artículo 1.º del Acto Legislativo 01 de 2005.
Ahora bien, la tesis propuesta por la recurrente en aras de inaplicar el parágrafo 4.° del Acto Legislativo 01 de 2005, carece de prosperidad porque se trata de una norma de rango supralegal; tampoco es viable aducir excepción de inconstitucionalidad por emanar directamente de la Constitución y, además, porque esa reforma constitucional no tuvo efectos retroactivos sobre situaciones consolidadas conforme a leyes anteriores; por el contrario previó su salvaguarda y señaló el término máximo para la aplicación de regímenes anteriores.
Dicho de otro modo, aunque el Acto Legislativo 01 de 2005 limitó la vigencia del régimen de transición, ello no implica que sus efectos sean retroactivos y mucho menos que haya fulminado derechos adquiridos hasta ese entonces; por el contrario, dicha norma constitucional respetó las situaciones consolidadas, pues dejó a salvo los derechos de quienes estructuraron un status pensional al amparo de los regímenes anteriores.
En la sentencia CSJ SL 29907, 3 de abr. 2008, la Corte tuvo la oportunidad de pronunciarse acerca de la aplicación del Acto Legislativo 01 de 2005 y su impacto frente a las expectativas legítimas de quienes estaban próximos a adquirir su estatus pensional; fijó su criterio, el cual resulta plenamente adecuado a lo aquí visto aun cuando en aquella oportunidad se refirió a derechos convencionales:
No encuentra la Corte que el propósito del constituyente al reformar el artículo 48 de la Carta Política fuese el de eliminar los derechos pensionales de naturaleza extralegal adquiridos antes del 31 de julio de 2010, pues en la exposición de motivos siempre se hizo referencia a los regímenes pensionales y en el texto presentado a consideración del Congreso, que se mantuvo en la norma finalmente aprobada, se habló de las reglas especiales en materia pensional. Un derecho no puede ser confundido con un régimen o con una regla. Y ese entendimiento resulta acorde con el propósito del constituyente de garantizar los derechos adquiridos, pues una cosa es la vigencia de un acto jurídico creador de un derecho, para este caso una regla, y otra, diferente, la vigencia de ese derecho una vez que ha sido adquirido por cumplir el destinatario de la norma con los requisitos establecidos en dicho acto.
Desde luego, la existencia del derecho y su exigibilidad no dependen del aliento jurídico de la norma que lo creó, pues lo que interesa es que se haya causado o consolidado, esto es, entrado al patrimonio del titular, mientras esa norma rigió. Así secularmente se ha entendido la tradicional doctrina de los derechos adquiridos y obviamente ello no podía ser cambiado por el Acto Legislativo No. 1 de 2005.
Aceptar la interpretación efectuada por la censura equivaldría a admitir que el constituyente señaló una vigencia temporal a derechos legítimamente adquiridos, lo que, sin duda, supondría una suerte de expropiación de esos derechos que no se corresponde con el real propósito de la reforma del artículo 48 de la Constitución.
Una vez más, la Corte precisa que los derechos adquiridos al abrigo de acuerdos jurídicos vigentes cuando entró a regir el Acto Legislativo 01 de 2005, permanecen indemnes y, por tanto, no pueden ser negados o transgredidos.
Bajo tal panorama, como la recurrente alega la aplicación indebida de la reforma constitucional y el desconocimiento de lo que denomina un derecho pensional adquirido al amparo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, basta mencionar que no hay lugar a sus alegaciones en tanto no acreditó contar con una situación consolidada a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005.
Entonces, trasladando los anteriores argumentos fácticos y jurídicos al asunto bajo escrutinio y teniendo claro que el actor a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, 29 de julio de 2005, no contaba con las 750 semanas de cotización que dicha disposición exige, el fallador de segundo grado no incurrió en los dislates que la recurrente le enrostra.
De manera que, siendo coherentes con lo discurrido, los cargos no salen victoriosos.
Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente, por cuanto su acusación no salió avante y hubo réplica. Como agencias en derecho se fija la suma de $4.240.000 que se incluirán en la liquidación que haga el juez de primer grado, con arreglo en lo dispuesto en el artículo 366 del C.G.P.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el 2 de marzo de 2017, dentro del proceso ordinario laboral que GENTIL TORRES ORTIZ promovió en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES).
Costas como se dijo.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
JORGE LUIS QUIROZ ÁLEMAN
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