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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL5668-2021

Pensión de sobrevivientes

Fecha
24 de noviembre de 2021
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
70 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL5668-2021

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Problema jurídico

  1. ¿Puede la Corte estudiar un cargo por error de hecho que se funda en una investigación administrativa de una administradora de pensiones y en un testimonio, siendo esos medios no calificados en casación laboral?

  2. ¿Procede el estudio de fondo de un cargo de casación que no enuncia ni cuestiona al menos una prueba hábil en casación del trabajo?

Reglas

  1. Solo son hábiles para fundar un error de hecho en casación laboral la confesión, la inspección ocular y el documento auténtico, y el recurrente debe demostrar con ellos un error manifiesto del juzgador.

    «son exclusivamente aquellas que el legislador concibió como hábiles en la casación del trabajo, ellas son, confesión, inspección ocular y documento auténtico»
  2. Las investigaciones que las administradoras de pensiones realizan sobre convivencia o dependencia económica se asimilan al testimonio y no son prueba calificada en casación, salvo que las suscriba el demandante.

    «se asimilan al testimonio y, en esa medida, no son prueba calificada en casación, salvo que estén suscritos por la demandante»
  3. El testimonio no está calificado para fundar un error de hecho manifiesto en la casación laboral, por lo que solo puede examinarse si antes se establece un desacierto valorativo originado en medios idóneos.

    «este medio de prueba no está calificado para fundar sobre ella un error de hecho manifiesto en la casación del trabajo»
  4. La ausencia de enunciación y reproche de al menos un medio de prueba hábil en casación laboral obliga a rechazar el cargo propuesto.

    «la ausencia de enunciación y reproche con respecto a medios de prueba hábiles en casación del trabajo, obliga a esta Corporación a rechazar el cargo propuesto»

Decisión

No casa la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, del 14 de mayo de 2020. Rechaza el cargo único porque la demanda no enuncia medios de prueba hábiles en casación laboral. Impone costas a la parte recurrente, con agencias en derecho de $4.400.000.

Parte resolutiva

IX. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el 14 de mayo de 2020, en el proceso que instauró MARÍA EUGENIA MURALLAS BARRERA y BENJAMÍN DUARTE MORENO, en contra de la sociedad ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. Costas como se dijo en la motiva.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL5668-2021

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

24 de noviembre de 2021

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL5668-2021

Radicación n.° 89322

Acta 45

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por MARÍA EUGENIA MURALLAS BARRERA y BENJAMÍN DUARTE MORENO, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el 14 de mayo de 2020, en el proceso que instauraron en contra de la sociedad ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.

AUTO

Reconocer personería adjetiva al doctor Juan Francisco Hernández Roa, con c.c. 19.248.144 y tarjeta profesional n.° 35.277 del Consejo Superior de la Judicatura, como procurador judicial de la convocada Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., en los términos del poder conferido y visible a folio 19.

I. ANTECEDENTES

Los señores Murallas Barrera y Duarte Moreno, llamaron a juicio a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., con el fin de que fuera condenada al reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes, en calidad de padres dependientes de Oswaldo Duarte Murallas, en un porcentaje equivalente al 50% para cada uno de ellos, a partir del 18 de enero de 2017; a acrecentarla a favor del «padre sobreviviente»; retroactivo pensional desde la fecha del deceso; reajuste pensional; los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993; lo que resulte probado extra y ultra petita; y las costas y agencias en derecho.

Edificaron sus pretensiones, básicamente, en que: el señor Oswaldo Duarte Murallas, su hijo, falleció el día 18 de enero de 2017; el estado civil del finado Duarte Murallas era soltero y al momento de su muerte no poseía compañera permanente ni hijos reconocidos; los accionantes dependían económicamente de su descendiente con quien compartieron techo hasta el día de su óbito; los aportes situados al fondo de pensiones convocado y a favor del señor Duarte Murallas transcurrieron del 24 de julio de 2015 hasta el 18 de enero de 2017; se solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, sin embargo, fue negado por Protección S.A.; los padres demandantes no poseían bienes propios, y el aporte permanente por parte del hijo ascendía a la suma de $400.000.

La Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A., al dar respuesta al escrito generatriz de la contienda, se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones de inexistencia de la obligación; ausencia de los presupuestos y requisitos establecidos en la ley para solicitar la pensión de sobrevivientes; buena fe, y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante sentencia del 15 de marzo de 2019, accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de los accionantes. Condenó, además, al pago del retroactivo pensional, intereses moratorios y costas.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, al resolver la apelación de la demandada, mediante fallo del 14 de mayo de 2020, revocó la decisión de primer grado y, en su lugar, absolvió a la convocada. Impuso costas a la parte demandante.

El Colegiado determinó como problema jurídico a resolver, si de la plataforma probatoria lograba extractarse que los padres del demandante dependían económicamente de su hijo fallecido Oswaldo Duarte Murallas y, con ello, establecer la precisión de la primera instancia cuando consintió en conceder la prestación económica planteada en la demanda.

Inició entonces por indicar que, al acaecer el deceso del señor Duarte Murallas en el año 2017, la norma que rige la pensión pretendida es el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, de la que extractó la necesidad de acreditar por parte de los padres, esa dependencia económica con respecto a quien causaba la prestación de sobrevivientes. Para respaldar tal afirmación acudió a la sentencia CSJ SL2490-2019.

Enseguida, adujo que esta Corporación ha sostenido con relación al requisito de dependencia económica, que «no pretende que los aspirantes a ser nominados como beneficiarios se encuentren en estado de mendicidad o indigencia, en tanto, la situación de recibir dinero de otra fuente no significa que sean económicamente autónomos y puedan subsistir sin la ayuda de sus hijos. Radicado 52233 del 7 de junio de 2013, no obstante dicha exigencia comporta la ausencia de autosuficiencia monetaria para subsistir dignamente, esto es, con el lleno de las necesidades básicas que se pueden generar».

Descendió a las pruebas aportadas al proceso, de las que, contrario a lo considerado por el juzgador de primer grado, no lograba extractar la dependencia económica de los ascendientes que promovieron el proceso. Y ello lo explicó, con fundamento en el análisis que extendió a los siguientes medios de prueba:

Interrogatorio de parte de Benjamín Duarte

Expuso que este deponente afirmó, en cuanto a la ayuda económica, que su finado hijo le enviaba dinero con su sobrino, Freddy Quijano Duarte, «cada mes, cada quince días una ayuda de $400.000, con los cuales dice se pagaba la renta de la tienda, también dijo que el dinero no lo recibía él sino que quien lo recibía[sic] era su mujer, esto es[sic], la señora María Eugenia quien iba a la tienda y pagaba la cuenta».

Interrogatorio de parte de María Eugenia Murallas

Indicó que esta declarante al absolver el interrogatorio de parte manifestó que su hijo Oswaldo le mandaba «la platica», la que ascendía a $400.000 y enviaba con su sobrino; este rubro era destinado al pago de «la tienda».

Testimonio de Adelina Villamizar Camacho

La anunció como la dueña de la tienda donde se compraban los víveres por los demandantes y quien en su declaración indicó que «la persona que le pagaba a ella era el mismo Oswaldo cuando venía de Bogotá a visitar a los demandantes o le daba plata a la mamá». Adosó que esta última afirmación carecía de las circunstancias sobre cómo llegaron a conocimiento de la testigo.

Resaltó que la demandante María Eugenia Murallas, al momento de exponer su dicho en el interrogatorio manifestó que su hijo vivía y estudiaba en la ciudad de Bogotá, por lo que los visitaba en Bucaramanga durante el mes de diciembre, vacaciones de universidad, semana santa y a mitad de año.

Agregó que la señora Adelina, al cuestionársele sobre si personas diferentes a la madre del finado Oswaldo o este último pagaban por los víveres en la tienda, su respuesta fue «que yo recuerde ellos dos eran los que me pagaban, pero pues mi esposo también permanece en la tienda y recibe los pagos».

Sobre el testigo Freddy Quijano, sobrino del señor Benjamín Duarte

Relató que este declarante expuso ser la persona encargada de entregar el apoyo económico a los demandantes, por cuanto trabajaba en Bogotá y cada 15 días se trasladaba a la ciudad de Bucaramanga y «su primo Oswaldo era quien le entregaba el dinero para sus padres». Anotó que de igual manera afirmó ser él mismo quien pagaba a la señora de la tienda –sin indicar su nombre- y luego de ello, le entregaba $100.000 o $200.000 a su tío Benjamín o a la señora María Eugenia.

Acto seguido, contrastó el dicho de Freddy Quijano con lo expresado por la testigo Adelina Villamizar, puesto que esta última como propietaria del establecimiento donde se adquirían los víveres por los demandantes, había afirmado que los pagos sólo los recibía de Oswaldo o su señora madre, no indicando que conocía al precitado Quijano, quien afirmó ser aquél que cancelaba los pendientes en tal lugar. Puso en entre dicho las afirmaciones del pluricitado deponente dada la notoria contradicción en su relato.

Anotó que, de igual manera, no era coherente el dicho del precitado testigo Quijano cuando afirmó que el saldo de $100.000 o $200.000 lo entregaba al señor Benjamín Duarte, puesto que este último al ser interrogado indicó que el nunca recibió dinero.

Enfrentado a tal escenario, el colegiado consideró que existieron serias contradicciones entre el dicho de los testigos de cara a lo afirmado por los accionantes, lo que lo llevó a concluir que no aparecía acreditada la dependencia económica de los padres con relación al finado Oswaldo Duque Murallas; por lo que revocó la decisión de primer grado.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que la Corte case totalmente la sentencia adoptada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, para que, en sede de instancia, confirme la decisión proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga.

Con tal propósito formula un único cargo, por la causal primera de casación, el que mereció réplica.

VI. CARGO ÚNICO

Acusa la sentencia, por la vía indirecta, debido a:

[…] la aplicación indebida del literal D[sic] del artículo 74 de la ley[sic] 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la ley[sic] 797 de 2003. Esta violación indirecta considero se originó por la no apreciación de la documental que contiene la investigación administrativa tendiente a establecer la dependencia económica de los demandantes, frente a su hijo fallecido Oswaldo Duque Murallas, y por apreciación errónea del testimonio del señor Freddy Quijano Duarte practicado en audiencia.

Como errores de hecho relaciona los siguientes:

No dar por demostrado estándolo, que los demandantes, dependían económicamente del causante.

No dar por demostrado estándolo, que se acreditó en el proceso, la dependencia económica de los demandantes respecto del causante.

Como prueba no apreciada señala la investigación administrativa que obraba a folios 136 a155 del expediente judicial y apreciada indebidamente, el testimonio del señor Freddy Quijano Duarte.

Para dar desarrollo al cargo, la censura acude inicialmente a cuestionar la falta de análisis de la investigación administrativa que elaboró la firma McLarens Investigaciones Global Claims Services para Protección S.A., puesto que de ella se extracta que:

[…] los gastos del hogar eran soportados por el señor Benjamín Duarte Moreno, el fallecido Oswaldo Duarte Murallas y la madrina de una hermana del causante, señora Carolina Duarte; que la señora María Eugenia Murallas Barrera se dedica al hogar; que el aporte realizado por Oswaldo Duarte Murallas era de $400.000 pesos, que los valores de ingresos y gastos mensuales generan concordancia con lo evidenciado y con los argumentos aportados por los entrevistados al momento de emitir las cifras[…].

Afirma, además, que si bien, podría pensarse que este documento no es una prueba calificada, el radicado CSJ SL1469-2021 le permite concluir que sí lo era, como quiera y en tal escrito, obran fotografías de los accionantes Duarte Moreno y Murallas Barrera, quienes suscriben las declaraciones en que se edificó el resultado final de la investigación administrativa.

Continua su discurso indicando que «pese a que esta prueba documental no estimada por el tribunal, no consta con la firma de los demandantes, tal hecho no basta para derruir su autenticidad, y destituirla de la validez que detenta, pues contiene la reproducción de la imagen presupuesto idóneo para presumirlo auténtico cuando no ha sido tachado de falso o desconocido». Por lo que indica que, aun cuando no se puede apreciar la firma en el documento precitado, se contaba con la «certeza que la información dispuesta en el informe o la investigación obrante a folios 136-155 es auténtica».

Concluye que la investigación administrativa cumple con los requisitos exigidos para ser valorada como documento auténtico por parte de esta Corporación, más aún, cuando confirma que los demandantes dependían económicamente del causante.

En punto a la indebida apreciación del testimonio del señor Freddy Quijano, comenta que el Tribunal aprecia de forma indebida su dicho, puesto que del mismo solo logra extractarse que los padres del finado Oswaldo Duarte Murallas subsistían gracias a que dependían económicamente de él.

VII. RÉPLICA

La oposición, aduce, en esencia, que «la arremetida se fundó en el examen del documento resultante de la investigación administrativa adelantada por la firma Mc Larens Investigaciones Global Claim Services (fs. 136 a 155, c.1) que insistentemente la H. Sala ha tenido como un documento de carácter testimonial cuando no se encuentre firmado por los demandantes, en este caso los señores Duarte –Murallas, y en tal medida no siendo una prueba hábil en casación no era factible abordar su estudio sino una vez se hubiese probado la existencia de los errores de hecho denunciados mediante el análisis de pruebas calificadas, lo que claramente no ocurrió».

Más adelante y en lo referente al testimonio cuestionado, insiste en que «es palmaria su condición de prueba no calificada, y por ende, inútil para demostrar con ella la existencia de un error de hecho con la contundencia requerida para casar la providencia del Tribunal».

Finalmente, expone que de estudiarse de fondo el caso planteado por los recurrentes «basta con una revisión del acervo probatorio para encontrar que con él no se comprobó nada distinto a que los ingresos percibidos por el de cujus ascendían al salario mínimo legal mensual (fs. 81 a 83, c.1), con los cuales tenía que pagar su manutención en Bogotá, donde residía, y el costo de su educación universitaria, lo que pone de manifiesto que era absolutamente imposible que pudiera contribuir con $400.000 mensuales a sus padres, advirtiendo que la mención de que ganaba más porque también recibía propinas provenía de la madre del perecido, de modo que no podía beneficiarse procesalmente con esa afirmación aparte de que lo menos que debía haberse aportado era una prueba de su cuantía».

Pregona entonces, el total acierto de la sentencia cuestionada, por lo que no era posible acceder a las pretensiones del recurso extraordinario promovido.

VIII. CONSIDERACIONES

Como se exhibe cristalino del itinerario procesal, la Sala sentenciadora, para revocar la condena dispuesta por el juzgado de primera instancia, en estricto rigor, se afincó en la prueba testimonial e interrogatorios de parte de los recurrentes, al inferir que este extremo procesal no honró su deber de demostrar la dependencia económica con respecto a su finado hijo Oswaldo Duarte Murallas, a la luz de lo estatuido en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003.

En contraposición, la censura aduce que tal colofón es abiertamente contrario a lo acreditado en el plenario, pues los elementos de persuasión allegados al proceso, son más que suficientes para dar cuenta sobre el grado de dependencia económica que tenían los padres Benjamín Duarte y María Eugenia Murallas con respecto al señor Oswaldo, lo que les permite acceder a la prestación deprecada.

Pues bien, delimitado el meollo del asunto bajo examen, y según aflora del esquema del recurso extraordinario, la Sala procede a estudiar los argumentos que sustentan la disconformidad de la promotora del litigio, no sin antes rememorar lo que de antaño ha enseñado en torno a que cuando el ataque se endereza por la vía de los hechos no es cualquier desatino del juzgador el que da al traste con su proveído, sino únicamente aquél que tenga la connotación de «manifiesto». Ese carácter surge frente a transgresiones fácticas patentes, provenientes de dislates en la valoración de los elementos de juicio que conforman el haz probatorio, ya bien por haberlos apreciado equivocadamente, ora por no haberlos estimado.

No basta entonces que el recurrente dé explicaciones así sean razonables sobre los eventuales asertos erróneos del fallador o, que se limite a enfrentar sus conclusiones con las de éste, sino que además de identificar y demostrar el desacierto de hecho ostensible debe acreditar, con base en el contenido de las pruebas, qué es lo que ellas en verdad acreditan y su incidencia en la equivocada resolución judicial. Pero algo debe dejarse en claro, las pruebas sobre las cuales se edifica el reproche, son exclusivamente aquellas que el legislador concibió como hábiles en la casación del trabajo, ellas son, confesión, inspección ocular y documento auténtico (CSJ SL2660-2019).

De manera que, el primer embate que emerge de la falta de valoración del documento elaborado por la firma McLarens Investigaciones Global Claims Services, no se encuentra llamado al éxito, puesto que la inveterada jurisprudencia de esta Corporación sostiene que al ser un documento elaborado por terceros y en el marco de la investigación que adelanta una administradora de pensiones «a efectos de determinar la convivencia o la dependencia económica con el fin de discernir la condición de beneficiario de un derecho pensional, se asimilan al testimonio y, en esa medida, no son prueba calificada en casación, salvo que estén suscritos por la demandante como acontece en el asunto bajo escrutinio con el documento referido». (CSJ SL4300-2021)

Por lo que, pese al esfuerzo de demostrar en el cargo que el hecho de contar con fotografías de los accionantes el prementado informe para con ello concluir que, por esta razón intervinieron en la producción de tal prueba documental, lo único cierto es que no lo suscribieron, por lo que lo expresado en el recurso no es más que una personal estimación de la censura, que no cuenta con la envergadura para modificar la concepción de esta Sala sobre que el documento auténtico como prueba hábil en casación laboral deviene de aquél que proviene de las partes y aparece suscrito por ella.

De manera que, el ataque más que edificarse en el pluricitado informe, tiene por estribo una parte integrante del mismo, el cual es, una fotografía en donde aparece el registro de los demandantes firmando un documento; pero que en últimas, ese supuesto fáctico no tiene la entereza para pregonar tal investigación como de su autoría, puesto que, tal escrito solo aparece suscrito por personal de la empresa McLarens Investigaciones Global Claims Services, según dan cuenta los folios 136 a 155 y lo que allí se narra como firmado por los actores, es la entrevista que fue por ellos absuelta.

Y lo dicho con anterioridad, abona lo pertinente para resolver el cuestionamiento que se edifica en la indebida apreciación del testimonio del señor Freddy Quijano, puesto que para la Corte este medio de prueba no está calificado para fundar sobre ella un error de hecho manifiesto en la casación del trabajo, por ello únicamente puede ser examinada si previamente se tiene establecido un desacierto valorativo originado en medios de convicción idóneos para estructurar un yerro fáctico, lo que aquí no ocurrió.

Se, itera, entonces que, quien pretende la anulación de una sentencia, debe demostrarle a la Corte, a través de un documento auténtico, de una confesión judicial o de una inspección judicial, que el operador jurídico que la emitió incurrió en un error manifiesto. Todo ello, al tenor de los plasmado en el artículo 7° de la Ley 16 de 1969, norma que fue declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia CC C-140 de 29 de marzo de 1995.

Así las cosas, si el informe de investigación y la declaración testimonial acusada como indebidamente apreciadas, son los medios de prueba que nutren la decisión del sentenciador que lo llevaron a negar las pretensiones de los accionantes, en principio, no pueden ser valoradas en el recurso extraordinario, a no ser que con las pruebas que sí son hábiles, se haya probado una equivocación mayúscula. Pese a lo anterior, la demanda de casación carece de la enunciación de al menos una prueba con la vocación de ser analizada, puesto que se limita a enunciar y cuestionar las antes referidas.

Sobre el punto, resulta pertinente recordar que la Corte Constitucional avaló la exequibilidad de la norma en comento, en la citada sentencia CC C 140 de 1995, cuando textualmente dijo:

[…]

Resulta entonces de particular interés observar que el artículo 7o de la Ley 16 de 1969, excluyó la posibilidad de demandar en casación aspectos en materia probatoria diferentes al error de hecho “por falta de apreciación o apreciación errónea de un documento auténtico, de una confesión judicial o de una inspección ocular”. Esta decisión no se basó únicamente -como se señaló- en el argumento de que los asuntos procedimentales se podían ventilar ante los jueces de instancia, pues no debe olvidarse que el juez que dirige el proceso tiene un contacto directo y permanente con el proceso y, lo que es más importante, evalúa en forma personal y autónoma cada una de las pruebas, asignándole a cada una de ellas su respectivo valor jurídico. De ello resulta que mal podría el juez de casación entrar a evaluar si el juez de instancia apreció correctamente o no un testimonio u otra prueba cuya relevancia no pueda ser definida objetivamente. Por ello, en estos casos la casación sólo se permite del error de hecho por indebida apreciación de un documento auténtico, una confesión judicial o una inspección judicial, y siempre y cuando ese yerro altere sustancialmente el resultado del proceso.

Adicionalmente, esta Corporación encuentra que las causales previstas en la disposición demandada respetan los postulados contemplados en el artículo 29 superior. En efecto, quien desee acudir en casación en materia laboral, conoce los procedimientos establecidos para tales propósitos en la ley; conoce también que la Corte Suprema de Justicia es el tribunal competente para esos eventos (Art. 235-1 C.P.); se le ha garantizado la posibilidad de apelar la sentencia de primera instancia y de controvertir ahora la proferida en segunda instancia; y, lo que es más importante, ha podido, en cada una de esas oportunidades procesales, presentar y controvertir pruebas. Como si lo anterior no fuese suficiente, nótese que la decisión de restringir en casación el error de hecho para sólo tres medios probatorios (documento auténtico, confesión judicial e inspección judicial), responde a la imposibilidad del juez de casación de apreciar las consideraciones subjetivas y valorativas que tuvo el juez de instancia al ser, en virtud de lo ordenado por la ley, quien dirigió y practicó personalmente las pruebas a lo largo del litigio. Así las cosas, esa determinación garantiza también el derecho de defensa, pues hace que el juez de casación funde sus argumentaciones en hechos objetivos y no en meras especulaciones respecto de la forma de pensar, concluir, razonar o actuar de quienes administraron justicia en materia probatoria, tanto en primera como en segunda instancia.

Para una mayor claridad, resulta pertinente transcribir los siguientes argumentos expuestos por la Corte Suprema de Justicia, los cuales esta Corte comparte en su integridad:

“Es, en efecto, al juez de la primera instancia a quien corresponde principalmente la valoración de las pruebas, pues es dicho juez el funcionario que actúa como instructor del proceso. Por lo mismo, en la alzada, al superior fundamentalmente le compete ejercer un control de legalidad, no debiendo en principio separarse de las apreciaciones de su inferior sobre el grado de credibilidad que le hubiera merecido la exposición de un testigo, sin importar si ha sido citado por el empresario o por el trabajador, a quien el juez directamente oyó rendir su declaración, salvo cuando esa valoración aparezca clara y frontalmente contradicha con medios de convicción que, tal cual ocurre con el documento auténtico, la confesión judicial y la inspección ocular, permitan registrar de manera evidentemente objetiva e irrefragable hechos distintos u opuestos a los afirmados en el testimonio. Lo mismo acontece con la prueba pericial a la cual puede acudir el juez cuando considere que requiere asesoría judicial (Art. 51 C.P.T.), elemento de convicción que por su misma índole no permite la mayoría de las veces un control objetivo de valoración del que pueda deducirse un evidente error de apreciación por un juez distinto al que lo requirió. En cambio, lo que establece un documento auténtico (única prueba que consideró calificada el artículo 23 de la Ley 16 de 1968), cuando su texto es claro e inequívocas las manifestaciones allí contenidas, no puede ser normalmente leído en forma diferente sin incurrir en yerro manifiesto. Lo mismo puede decirse de la confesión que se rinde en el proceso, dadas las características y condiciones que exige el artículo 195 del CPC, y de lo registrado por el juez dentro de la inspección ocular, medios de prueba a los cuales el artículo 7o. de la Ley 16 de 1969 extendió la calificación de idóneos para estructurar el error de hecho en la casación laboral”.

En conclusión, la ausencia de enunciación y reproche con respecto a medios de prueba hábiles en casación del trabajo, obliga a esta Corporación a rechazar el cargo propuesto.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente. Se fijan como agencias en derecho la suma de $4.400.000 m/cte., que se incluirán en la liquidación que se practique conforme lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

IX. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el 14 de mayo de 2020, en el proceso que instauró MARÍA EUGENIA MURALLAS BARRERA y BENJAMÍN DUARTE MORENO, en contra de la sociedad ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.

Costas como se dijo en la motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

(Salva Voto)

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

No firma por ausencia justificada

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

SALVAMENTO DE VOTO

Demandante: María Eugenia Murallas Barreras y Benjamín Duarte Moreno.

Demandado: Protección S.A.

Radicación: 89322

Magistrado Ponente: Fernando Castillo Cadena

Con el acostumbrado respeto, y tal como lo expresé en la sesión en la que se debatió el asunto, no comparto la decisión adoptada por la mayoría, pues, a mi juicio, la Corte debió estudiar la acusación de fondo y no resolver el asunto por cuestiones de técnica.

Lo anterior, en tanto considero que en este preciso texto, el documento denominado reporte final que realizó la firma Mclaren Investigaciones Global Claim Services, y que el recurrente acusa como indebidamente valorado, correspondía a un prueba calificada en casación y, en consecuencia, habilitaba a la Sala para el análisis del mismos y resolver el asunto de fondo, en lo relativo a sí los demandantes eran beneficiarios de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su hijo.

En efecto, la mayoría de la Sala concluyó que «el informe de investigación y la declaración testimonial acusada como indebidamente apreciadas, son los medios de prueba que nutren la decisión del sentenciador que lo llevaron a negar las pretensiones de los accionantes, en principio, no pueden ser valoradas en el recurso extraordinario, a no ser que con las pruebas que sí son hábiles, se haya probado una equivocación mayúscula». Ello, luego de considerar que «una fotografía en donde aparece el registro de los demandantes firmando el documento (…) no tiene la entereza para pregonar tal investigación como de su autoría», toda vez que «tal escrito solo aparece suscrito por personal de la empresa».

Pues bien, la Corte ha adoctrinado que las investigaciones que realizan los funcionarios de las administradoras de pensiones o entidades por ellas designadas para efectos de determinar la convivencia o la dependencia económica con el fin de discernir la condición de beneficiario de un derecho pensional, se asimilan al testimonio y, en esa medida, no son prueba calificada en casación, salvo que esté suscrita por los demandantes (CSJ SL1469-2021). No obstante, a mi juicio, en este caso tal línea de pensamiento no era aplicable, toda vez que la citada prueba contenía elementos para afirmar que sí estaba suscrita por los demandantes y adicionalmente se componía por otros documentos que estaban firmados por los demandantes y hacían parte integral del mismo y debieron valorarse como parte de aquel, lo cual habilitaba su estudio (CSJ SL1469-2021).

Al respecto, debe destacarse que el «reporte final» al referir los anexos que lo componen, enuncia entre otros «forma de dependencia económica firmado por María Eugenia Murallas», «declaración escrita de María Eugenia Murallas» (f.º 159). A su vez, en el contenido del documento se señala «fotografías de la señora María Eugenia Murallas durante la entrevista realizada» (f.º 156), «fotografías del señor Benjamín Duarte Moreno durante la entrevista realizada» (f.º 157).

Elementos, con los cuales se consignó en el citado informe, en relación con las «labores de confirmación de dependencia económica» lo siguiente:

(…) para recolectar información respecto de la existencia de personas con derecho a reclamar la pensión de sobrevivientes, procedimos a efectuar diversas entrevistas con familiares, vecinos, amigos y compañeros de trabajo, los cuales referenciamos a continuación, cabe anotar que la información según las versiones fue totalmente coincidente entre ellas, la cual da cuenta que el señor Oswaldo Duarte Murallas, era de estado civil soltero, que para la fecha de su fallecimiento vivía en Bogotá, ciudad en la cual estudiaba y laboraba, que era de estado civil soltero y no se conoció que haya tenido hijos reconocidos o por reconocer, y que brindaba un aporte económico para el cumplimiento de las necesidades de la casa, pero que no era el único que llevaba la responsabilidad de la manutención y sustento del hogar, pues su padre (…) también realizaba aportes económicos para el hogar.

Así, es claro que la inclusión de la fotografía con la nota al pie, indicando que se firmaba la entrevista con las manifestaciones respecto a la dependencia justo después de donde se citaban tales apartes, sustituyeron la suscripción de los mismos por parte de los demandantes, luego tales indicaciones debieron cotejarse con los anexos del citado documento, que hacían parte integrante del mismo.

En tal perspectiva, tal medio de convicción era prueba apta en casación que habilitaba a Sala su estudio en sede casacional, con lo cual habría podido analizarse la eventual configuración del error manifiesto, en que aducen los recurrentes el Tribunal incurrió, respecto a la conclusión de la «no dependencia económica» de los padres, aspecto que precisamente se controvierte en el cargo único de la demanda de casación.

En los anteriores términos dejo expuesto mi salvamento de voto.

Fecha ut supra.

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Magistrado

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