Ficha de la providencia
Sentencia SL579-2023
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL579-2023
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL579-2023
Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena
15 de febrero de 2023
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SL579-2023
Radicación n.° 93115
Acta 5
Bogotá, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veintitrés (2023).
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ANA ELVIA LEGARDA MEJÍA contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 29 de julio de 2021, en el proceso ordinario que promovió contra la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.
I. ANTECEDENTES
Ana Elvia Legarda Mejía llamó a juicio a la Universidad de Antioquia, con el fin de que fuera condenada a reajustarle su pensión de jubilación «en forma anual, a partir del año 2000, y en los años subsiguientes, con un porcentaje mínimo del quince por ciento (15%) de la respectiva mesada pensional»; a las diferencias pensionales; indexación, y al pago de costas incluidas las agencias en derecho.
Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que: estuvo vinculada a la convocada al proceso como trabajadora oficial, desde el 8 de junio de 1972 hasta el 30 de septiembre de 1992; mediante Resolución n.° 6398 del 20 de octubre de 1992, la Universidad de Antioquia le reconoció pensión de jubilación, a partir del 1º de octubre de 1992; la precitada prestación se había venido cancelando y tuvo como fundamento el artículo 14 de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita para la vigencia 1976-1977, que en su artículo 15, dispuso: «[…] A partir de la vigencia de la presente Convención, la Universidad reconocerá a los trabajadores pensionados por invalidez y jubilación el subsidio familiar; se beneficiarán de la distribución de los remanentes de que trata la Convención de 1975 en el capítulo quinto; el servicio médico familiar de que trata el capítulo quinto de esta convención; las primas de junio y navidad; los auxilios por maternidad, entierro, útiles escolares y para estudio y becas. Igualmente, la Universidad dará cumplimiento a la Ley 4ª de enero 21 de 1976 para el personal de pensionados por invalidez y jubilación»; esta última ley, en su artículo 1º, consagró el derecho al reajuste anual de las pensiones de jubilación e invalidez, tanto de naturaleza pública como privada y precisó, además, en su parágrafo tercero, que el porcentaje mínimo de aumento sería el 15% «de la respectiva mesada pensional para las pensiones[sic] equivalentes hasta el valor de cinco (5) veces el salario mínimo legal más alto»; para el momento en que materializó el reconocimiento de la pensión de jubilación convencional a la accionante, se encontraban vigentes tanto la Ley 4ª de 1976, así como, el artículo 15 del precitado acuerdo colectivo; la convocada ha cumplido con las obligaciones plasmadas en la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1977, salvo en lo referente al parágrafo 3º del artículo 1º de la Ley 4ª de 1976; la pensión que disfruta nunca ha superado los 5 salarios mínimos legales mensuales vigente; los aumentos que han sido aplicados a la prestación económica de la actora eran inferiores al 15% de la mesada pensional del año anterior, por lo que esta última presenta un déficit en su valor, y que agotó la reclamación administrativa el 19 de junio de 2012, la cual fue absuelta de forma contraria a sus intereses.
La Universidad de Antioquia, al contestar el escrito genitor de la contienda, se opuso a las pretensiones de la demandante, aceptó los hechos relativos a los extremos temporales de la relación laboral y reconocimiento de la pensión de jubilación. Propuso como excepciones de mérito: adecuada interpretación de la convención por parte de la Universidad, falta de causa para pedir por inexistencia de la obligación de incremento del 15% a cargo de la demanda, buena fe y prescripción.
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 25 de junio de 2019, absolvió a la Universidad demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra por la actora e impuso costas a su cargo.
III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Al conocer del asunto por virtud del grado jurisdiccional de consulta, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante sentencia del 29 de julio de 2021, confirmó la decisión de primer grado. Sin costas.
En primer lugar, luego de referirse a la decisión de primera instancia, planteó como problema jurídico a resolver, si «la demandante, tiene derecho a un reajuste de su pensión de jubilación convencional aplicando un porcentaje de 15% anual, con base en lo establecido en la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1977 vigente para la época de reconocimiento de su pensión, en la Universidad de Antioquia».
Para dar solución al interrogante, excluyó del debate probatorio que a la accionante le había sido reconocida una pensión de jubilación por la Universidad convocada mediante Resolución n.° 6398 del 20 de octubre de 1992, la que militaba a folios 28 a 30 del expediente y cuyo fundamento era la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1977. Agregó que, este último texto, vigente para la fecha en que se reconoce la precitada prestación, disponía en su artículo 15 que «la Universidad dará cumplimiento a la ley 4a de enero 21 de 1976 para el personal de pensionados por invalidez y jubilación».
En ese contexto, afirmó que la norma convencional no reguló la manera en que se reajustarían anualmente las pensiones, por lo que, «[i]nterpretando de manera natural y lógica la citada norma convencional, se concluye que lo que se quiso fue establecer, que además de las prestaciones extralegales que en ella se enlistan, que los pensionados por invalidez y jubilación gozarían de otros beneficios que establecía la Ley 4 de 1976, la que en efecto contiene una serie de derechos y prestaciones a favor de los pensionados por invalidez y jubilación, y además hace extensivos a estos, algunos derechos y prestaciones de las que gocen los trabajadores activos de las empresas».
Y si bien asintió en que era posible que mediante negociaciones colectivas se realice una incorporación normativa de manera genérica a la ley, lo cierto era que «la anterior norma convencional, no regula la forma de reconocer las pensiones convencionales en la entidad demandada, pues el texto de la convención con el que se pretende el reajuste pensional, solo indica que: "se dará cumplimiento a la Ley 4" para el personal de pensionados por invalidez y jubilación", sin que dicha cláusula convencional estipule de manera precisa que con ella se pretenda establecer el derecho al reajuste de pensiones, bajo la metodología establecida en artículo 1° de la ley 4 de 1976».
Acudió, entonces, a la sentencia CC C-387-1994 para indicar que el reajuste solicitado debía sujetarse a aquellos términos que fueron establecidos por el legislador, afirmación a la que adosó un pronunciamiento del Consejo de Estado, el que identificó como «[s]entencia de de[sic] agosto 17 de 2017, en el proceso de radicado 11001-03-24-000-2010-0007 (3294- 2014), consejero ponente: Dr. William Hernández Gómez».
Concluyó que, al no proveerse por las partes, de manera expresa, que la forma de reajustar la pensión sería de acuerdo con lo consignado en la Ley 4ª de 1976, no era posible proceder en tal sentido.
Para finalizar, en sus palabras, acotó que
[L]a citada Ley 4 de 1976, en lo referente al reajuste anual de las pensiones fue modificada con la expedición de la ley 71 de 1988, que en su artículo 1° estableció que las pensiones de que trataba la Ley 4ª de 1976, serian reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que fuera incrementado por el Gobierno el salario mínimo legal mensual, sin promedios de diferencia entre los distintos salarios mínimos establecidos y ésta posteriormente modificada por la ley 100 de 1993, en la que se fijaron nuevas reglas para el reajuste de las pensiones. Así quedó consagrado en el artículo 14 cuando señala que con el objeto de que las pensiones mantengan su poder adquisitivo constante, "se reajustarán anualmente de oficio, el 1° de enero de cada año, según la variación porcentual del índice de Precios al Consumidor certificado por el DAÑE para el año inmediatamente anterior". Aclarando que las pensiones iguales al salario mínimo legal, se reajustarían en el mismo porcentaje que se incremente dicho salario por el Gobierno Nacional.
Reitera que la forma en que debía actualizarse la pensión de la demandante era aquella prevista en la Ley 100 de 1993, por lo que debía impartir confirmación a la decisión de primer grado.
IV. RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia del Tribunal, para que, en sede de instancia, revoque la decisión proferida por el juez de primer grado y, «[s]e provea así mismo sobre las costas en ambas instancias y las del recurso de casación».
Con tal propósito formula un cargo por la causal primera de casación, que fue replicado y pasa a decidirse.
ÚNICO CARGO
Ataca la sentencia recurrida, por la vía indirecta, por aplicación indebida de los artículos «[a]rtículos 16, numeral 2°, 467 y 488 del Código Sustantivo del Trabajo; 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (violación de medio); Acto Legislativo 01 de 2005 parágrafo transitorio 3°; artículo 53 de la Constitución Nacional [sic]».
Como errores evidentes de hecho relaciona los siguientes:
No dar por demostrado, ESTÁNDOLO, que la Ley 4ª de enero 21 de 1976, FUE INCORPORADA, en su INTEGRIDAD y de manera INCONDICIONADA, a la Convención Colectiva de Trabajo, 1976-1977, celebrada el 23 de marzo de 1976, entre la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA y el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.
DAR por demostrado, SIN ESTARLO, que la Ley 4ª de enero 21 de 1976, NO FUE INCORPORADA, en su integridad, de manera INCONDICIONADA a la Convención Colectiva de Trabajo, celebrada el 23 de marzo de 1976, entre la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA y el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.
DAR por demostrado, SIN estarlo, que en la Convención Colectiva de Trabajo celebrada el 23 de marzo de 1976, entre la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA y el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, y en las convenciones posteriores a ésta NO se plasmó la voluntad de las partes contratantes, de incorporar en su integridad la Ley 4ª de 1976 al Acuerdo Colectivo y de MANTENER o CONSERVAR su v vigencia.
NO dar por demostrado, ESTÁNDOLO, que en la Convención Colectiva de Trabajo celebrada el 23 de marzo de 1976, entre la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA y el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, y en las convenciones posteriores a ésta, SE plasmó la voluntad de las partes, de incorporar en su INTEGRIDAD la Ley 4ª de 1976 al Acuerdo Colectivo y de MANTENER o CONSERVAR SU VIGENCIA.
Dice que los mencionados yerros provienen de la apreciación errónea de las «Convenciones Colectivas de trabajo allegadas al proceso con las respectivas constancias de depósito en el Ministerio del Trabajo».
Después de transcribir apartes de la sentencia impugnada, aduce que el juzgador, pese a que reconoce expresamente el texto del estatuto convencional, las partes
[a]cordaron, a través del artículo 15, bajo el título: “Prestaciones extralegales para los pensionados” el reconocimiento de algunos beneficios, auxilios, primas, etc.; que se dispuso así mismo, de manera particular, en su aparte final, de manera incondicionada lo siguiente: “Igualmente la Universidad dará cumplimiento a la Ley 4ª de 1976 para el personal de pensionados por invalidez y jubilación”; que dicha norma convencional estaba vigente en el momento en que fue reconocida la pensión a la demandante, y aún lo ésta, sin embargo, repito, para negar las pretensiones de la demanda, de manera ilógica, el operador plural de Medellín, decide desatender el alcance jurídico que tiene la incorporación de la señalada Ley 4ª de 1976, a la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1977, restringiendo, sin fundamento y a su amaño, el alcance de tal remisión normativa, desconociendo precisamente lo que, en esencia, regula la Ley 4ª de 1976, que es lo relacionado con el tema de los reajustes aplicables a las pensiones de invalidez y jubilación, tanto para el sector público como privado, que justo es lo que pretende la parte actora[…] (negrilla fuera de texto)
Explica que el juzgador de segundo grado «sin más consideraciones de fondo y aludiendo [s]entencias que no aplican al caso, pasando por alto, además el principio de favorabilidad, concluyó de manera desatinada que no existió incorporación normativa puntual de un derecho al reajuste pensional bajo la metodología establecida en el artículo 1° de dicha ley», dado que las partes así no lo previeron de manera expresa.
Memora la sentencia CSJ SL13242-2014 y transcribe pasajes de la decisión del 24 de agosto de 2000, radicado 14489.
Asevera que la inclusión en un contrato colectivo de una ley, bien sea transcribiéndola literalmente, en forma total o parcial, o haciendo mención o remisión a ella, con la anotación de que se le dará aplicación, implica la incorporación de esta como derecho autónomo que, a partir de su inclusión en el contrato colectivo sigue las consecuencias propias de la Convención Colectiva de Trabajo y no las de la norma jurídica de carácter legal, «pues pugna a la lógica y a la hermenéutica jurídica considerar que tal actuación no tiene ninguna significación ni implicación, porque la ley de por sí es obligatoria para las partes» contratantes, además, lleva implícita su obligatoriedad contractual, su sujeción futura al devenir de la Convención Colectiva de Trabajo, con independencia de las consecuencias que corra la norma jurídica, cualquier actuación diferente, debe ser prevista por los contratantes que la incluyeron en el respectivo contrato colectivo.
Acota que, en contravía de los precedentes jurisprudenciales y del principio de favorabilidad, del in dubio pro operario, cuya aplicación no es optativa, sino imperativa, como expresamente lo ordena el artículo 53 de la Constitución Política, la sentencia gravada desconoce el carácter vinculante que tiene «la convención colectiva de trabajo para las partes, pese a la REMISIÓN inequívoca e incuestionada a la Ley 4ª de 1976, que hace la cláusula 15 de la Convención Colectiva, de la voluntad de las partes de acogerla […] en toda su literalidad […] como mandato convencional […]».
Añade que esta Sala se pronunció en una situación similar en la sentencia CSJ SL2845-2021, en un asunto de Electricaribe, y en casos específicos de la Universidad de Antioquia la CSJ SL3431-2021, CSJ SL1149-2022 y CSJ SL1597-2022.
Finaliza al indicar que «resulta ostensible, manifiesta la indebida intelección de la norma convencional aludida, al desacatar su tenor literal, claro, inconfundible, para agregarle hipotéticos elementos interpretativos extraídos de la voluntad oculta de las partes contratantes, los cuales de haberse querido debieron ser expresados», por lo que se abría paso la casación de la sentencia acusada.
VII. RÉPLICA
El escrito de oposición se puede sintetizar así:
Sobre la demanda de casación, explica que el cargo se encuentra indebidamente formulado, puesto que «lo que realmente se censura no es que el ad quem haya incurrido en un error determinado por la aplicación de una norma a un hecho no previsto en su supuesto fáctico, sino a una interpretación errónea materializada, de acuerdo con sus argumentos, en la asignación de un sentido o alcance diferente a las disposiciones en comento […]», de manera que, la vía correcta de ataque era la directa.
Por otra parte, precisa que el proceder de los jueces de instancia fue el atender la literalidad de la norma convencional, de la cual no se deriva que haya habido una incorporación de la Ley 4 de 1976.
En sus palabras,
Justamente, bajo este razonable criterio hermenéutico se encuentra que en la cláusula 15 de la Convención Colectiva no se consagró el derecho específico al reajuste bajo la metodología establecida en artículo 1 de la Ley 4 de 1976, ni se evidencia la voluntad de las partes para darle aplicabilidad al mismo, debido a que simplemente se dice en la norma convencional que se le dará cumplimiento a la Ley 4 de 1976, lo cual como se anotó en líneas anteriores era apenas lógico en vista que para ese momento en que se suscribía la Convención Colectiva de Trabajo era la normatividad vigente. Dicho de otro modo, es claro que la norma convencional no establece de manera expresa, en favor de los pensionados, que se les reconozcan todos los derechos contemplados en la Ley 4 de 1976, dentro de los cuales se entienden contenidos el reajuste pensional del 15% de la Ley 4a de 1976, para con ello determinar que a pesar de que esta Ley haya sido derogada, sigue siéndoles aplicable. Por el contrario, si esa hubiera sido la intención de las partes, así se debió pactarse, lo que no aconteció. La posición de la Corte Suprema de Justicia sala laboral, frente a la interpretación de las convenciones colectivas, con el fin de evitar múltiples posturas, ha establecido criterios.
En respaldo se remite a las decisiones CSJ SL3343-2020 y CSJ SL4105-2020.
Relata como hecho relevante, el momento histórico en que se adoptó la Convención Colectiva 1976-1977, el que obligaba a prever la necesidad de darle cumplimiento a la Ley 4ª de 1976, lo que por demás era entendible, dada la proximidad de su promulgación con la fecha en que se suscribe el texto convencional. De ahí que, lo único a derivarse, es un compromiso de la Universidad de dar aplicación a una norma que en su momento estaba vigente.
Indica que, de la revisión de los incrementos pensionales entre los años 1976 y 1988, el 15% parecía un punto intermedio que explica las previsiones de la Ley 4ª de 1976; no obstante, después del año 1989, aquellas se reajustaron con el IPC, cuando la inflación superaba el porcentaje arriba citado, luego la aplicación de la ley de 1976 habría sido desfavorable para los pensionados, y esa fue la razón por la que la universidad dio aplicación a la Ley 71 de 1988, pues entendió que la norma convencional implicaba una remisión normativa y no una incorporación, y, por ese motivo, durante más de treinta años los pensionados no tuvieron reparo alguno con el esquema adoptado por la institución demandada, hasta que a partir del año 2000 el IPC bajó del 15%, con lo que ahora se pretende aplicar el principio de favorabilidad. Pone de presente la posibilidad de que nuevamente se presenten cifras históricas que pongan la inflación por encima del porcentaje mencionado y que, dado que la interpretación del juez de instancia es razonable no es viable que en sede de casación se cuestione, evento que está previsto ante un error protuberante de hecho que no es el caso.
Finalmente expresa que, atendiendo las previsiones consignadas en el Acto Legislativo 01 de 2005 y el carácter de orden público de las normas que integran el sistema general de seguridad social, al expedirse la Ley 100 de 1993, que prevé los aumentos a materializarse en materia de pensiones, es a esta normativa que deben apegarse estos últimos. Aparte legal que «rige incluso frente a los pensionados bajo el rigor de la Ley 4ª de 1975[sic], no es viable pretender la protección de un supuesto derecho adquirido que es contrario a las leyes […]».
Solicita, no quebrar la sentencia sobre la cual recae el recurso extraordinario de casación.
VIII. CONSIDERACIONES
En lo atinente al reproche de orden técnico que aduce la réplica, habrá de decirse que no se encuentra llamado a prosperar, por cuanto en la línea de pensamiento de esta Corporación, ha examinado las convenciones colectivas de trabajo, dado su contenido probatorio, bajo el amparo de la causal primera de casación. De manera que, al predicar los acuerdos colectivos una doble connotación, esta es, ser prueba y fuente formal de derechos a la vez (CSJ SL1149-2022, CSJ SL131-2022), nada impide que, como en el caso en estudio, se acuda a la vía indirecta para cuestionar el entendimiento que se le otorga a un aparte convencional y pese a que el contenido del embate cuente con algunas apreciaciones jurídicas.
Y aun cuando la censura no expone la conducta que debe asumir esta Sala, una vez proceda, en sede de instancia, a revocar aquella decisión adoptada por el juez de primer grado; tal omisión es fácilmente subsanable, al entender que la consecuencia de tal consideración es acceder a las pretensiones de la demanda.
Al descender al caso en estudio y pese a dirigirse el cargo por la vía indirecta, son supuestos fácticos no sometidos a discusión, que: (i) la señora Ana Elvia Legarda Mejía laboró para la Universidad de Antioquia desde el 8 de junio de 1972 hasta el 30 de septiembre de 1992; (ii) mediante Resolución n.° 6398 del 20 de octubre de 1992, el precitado ente educativo le reconoció pensión de jubilación, a partir del 1º de octubre de 1992, y (iii) prestación que tuvo como fundamento la Convención Colectiva de Trabajo suscrita para la vigencia 1976-1977.
El juez de segunda instancia para confirmar la decisión absolutoria de primer grado indicó, en estricto rigor, que en la cláusula 15 del texto convencional, no se consagró de manera puntual un derecho al reajuste pensional, dado que las partes no dispusieron la incorporación de la Ley 4ª de 1976.
De manera que, le corresponde a la Sala, determinar si el colegiado incurrió en un error protuberante de hecho, al inferir que, la interpretación admisible de la cláusula consignada en el artículo 15 de la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1977 suscrita entre la Universidad de Antioquia y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Antioquia, es considerar que el incremento pensional estatuido en la Ley 4ª de 1976, no debe aplicarse a la pensión que disfruta la accionante. Sin desconocer que la Convención Colectiva de Trabajo, como se explicó en las sentencias citadas (CSJ SL1149-2022, CSJ SL131-2022) es una fuente formal de derecho.
En ese horizonte, tenemos que el artículo 15 de la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1977, nos indica lo siguiente:
Artículo décimo cuarto. Pensionados por jubilación.
A partir de la vigencia de la presente convención, la Universidad de Antioquia reconocerá y pagará la pensión de jubilación a los trabajadores que cumplan o hubieren cumplido veinte (20) años de servicios a la Universidad, continuos o discontinuos, y que lleguen a una edad de cuarenta y cinco (45) años.
PARÁGRAFO. A partir de la vigencia de la presente convención, la Universidad pagará a todos los trabajadores jubilados actualmente y que lleguen a jubilarse, una pensión de jubilación del 100% de su salario.
Artículo décimo quinto. Prestaciones extralegales para pensionados.
A partir de la vigencia de la presente convención, la Universidad reconocerá y pagará a los trabajadores pensionados por invalidez y jubilación el subsidio familiar, se beneficiarán de la distribución de los remanentes de que trata la convención de 1975 en el capítulo quinto; el servicio médico familiar de que trata el capítulo quinto de esta convención; las primas de junio y navidad; los auxilios por maternidad, entierro, útiles escolares y para estudio y becas. Igualmente, la Universidad dará cumplimiento a la Ley 4ª de 1976 para el personal de pensionados por invalidez y jubilación.
PARÁGRAFO. La mensualidad de que trata el artículo quinto de la Ley 4ª de 1976, corresponde a la prima de navidad que paga la Universidad. (Negrillas propias).
Pues bien, en torno al ejercicio hermenéutico, esta Corporación, recientemente, en un caso de idénticos contornos al hoy sometido a estudio, mediante la sentencia CSJ SL1149-2022, reiterada en la CSJ SL1945-2022, razonó:
[L]a lectura efectuada por el Tribunal respecto de la cláusula decimoquinta convencional se exhibe desatinada, pues tal estipulación guarda correspondencia con la teleología de la negociación colectiva, de procurar el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, en este caso, al permitir que los pensionados de la Universidad al igual que quienes lleguen a pensionarse, accedan a las prerrogativas de la Ley 4ª de 1976, sin que se observe que la intención de los contratantes hubiera sido la de supeditar el disfrute de los beneficios en ella dispuestos, mientras estuviera vigente.
Se dice lo anterior porque de la norma extralegal fluye razonable que las partes firmantes, haciendo uso de su poder de negociación, hubieren incorporado de manera generalizada un listado de derechos de estirpe legal a la convención, con el propósito de darles una connotación de derecho extralegal nuevo y autónomo frente a las normas legales.
De manera tal que, para la Corte, resulta evidente que la remisión a la Ley 4ª de 1976 en el acuerdo colectivo laboral bajo estudio tuvo como finalidad identificar la garantía legal, pero para efectos de incorporarla a éste, tal como sucede con los demás derechos que allí se enlistan conforme la denominación dada por el legislador.
Además, no puede perderse de vista que «la certeza de un derecho no proviene de la causa que lo provoca, sino de su evidencia y seguridad, con independencia de que aquel sea legal o extra legal», como lo asentara esta Sala de la Corte en la sentencia SL1052-2021.
De otro lado, conviene precisar que dentro de los derechos consagrados en la Ley 4ª de 1976 se encuentra, precisamente, el incremento pretendido, y no hay regla de derecho que impida que empleador y sindicato acuerden reproducir en el convenio colectivo de trabajo el contenido de un precepto legal que conservará vigencia como norma convencional, así aquella sea posteriormente derogada, puesto que desde que se pactó entró a formar parte de los contratos de trabajo de cada uno de las personas que se benefician de la convención, en los términos del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo.
Así lo recordó la Sala en la sentencia SL5108-2020, en los siguientes términos:
El texto convencional que se estudia extiende a los pensionados “todos los derechos contemplados en la Ley 4.ª de 1976”. En ese sentido, no cabría tildar de errado –y menos en la magnitud de manifiesto o evidente- el entendimiento que el Tribunal dio a esa cláusula convencional de aplicar a los demandantes, en su calidad de pensionados, el reajuste anual y automático contemplado en el artículo 1º de la Ley 4ª de 1976.
No entiende la Sala cómo el cargo sostiene que el reajuste prescrito en esta norma legal no es un derecho y que sólo pueden ser considerados como tales los que se prevén en los artículos 6° a 10.
Por supuesto que el reajuste de la pensión es un derecho de los pensionados que cumplan las condiciones ahí señaladas, en cuanto representa para ellos la posibilidad de modificar la relación jurídica que los liga con el pagador de la pensión y de exigir, hasta por las vías judiciales, el reconocimiento de esa facultad.
Puede verse como correlato de esa facultad o posibilidad que existe una obligación jurídica a cargo del pagador de la pensión de efectuar el reajuste, hasta el punto de llegar a ser compelido, con el uso legítimo de la fuerza, por los jueces, en la hipótesis de resistirse a honrar ese compromiso legal.
Bueno resulta precisar que la falta de ejercicio de un derecho no traduce que no exista jurídicamente. Es más, la posibilidad de ejercerlo o no pertenece a su propia naturaleza.
Adicionalmente, cualquier enfrentamiento entre la disposición convencional y la ley, en punto al reajuste anual de las pensiones, habrá de resolverse con el postulado de la norma más favorable. Pero, en todo caso, ello no conduce a la pérdida de aliento de la norma convencional.
(…)
Tal precepto, entonces, forma parte de lo que en doctrina se denominan cláusulas normativas de las convenciones colectivas, justamente por ser las llamadas a disciplinar o normar las condiciones de trabajo. Pero ello, en manera alguna, tiene la virtud de trocar su naturaleza convencional para pasar a ser una disposición que tuvo venero en un conflicto jurídico o de derecho.
Por último, nada de exótico resulta que en una convención colectiva de trabajo se disponga la aplicación de un mandato legal así haya perdido vigencia. Es perfectamente jurídica y válida una disposición convencional así concebida. Esa ha sido la orientación de esta Sala, vertida en sentencia del 22 de noviembre de 2000 (Rad. 14.489).
Al atender el precedente lineamiento jurisprudencial, resulta desacertada la interpretación que el colegiado le extendió al aparte convencional trascrito, para con ello inferir que, a la accionante, no le era aplicable el reajuste pensional que aparece previsto en el artículo 1º de la Ley 4ª de 1976.
Recapitulando lo dicho en la mentada providencia CSJ SL1149-2022, reiterado en la CSJ SL4189-2022 y en especial, para dar respuesta a la réplica:
[N]o se advierte que las partes hubieren decidido excluir lo relativo al reajuste allí previsto; o que la norma extralegal únicamente aludiera a los beneficios concernientes a subsidio familiar, distribución de remanentes (capítulo 5 del Acuerdo de 1975), servicio médico familiar, primas de junio y navidad, auxilio de maternidad, útiles escolares y becas para estudio, algunos de los cuales, dicho sea de paso, también se encuentran regulados en la Ley 4ª de 1976, en sus artículos 6, 7 y 9. Nótese, además, que el precepto convencional bajo estudio de manera expresa estableció que: «Igualmente la Universidad dará cumplimiento a la Ley 4ª de 1976 para el personal de pensionados por invalidez y jubilación», con lo cual no queda duda que las partes, en ejercicio de su libertad de contratación laboral, válidamente estipularon que los pensionados fueran acreedores --aparte de los beneficios aludidos en precedencia--, del reajuste pensional reclamado.
Entonces, contrario a lo aducido por el Tribunal y alegado por la opositora, el hecho de que en la citada cláusula no se hiciera alusión alguna sobre la vigencia de la norma legal de referencia, en manera alguna podía conducir a concluir que la misma estuviera atada a la derogatoria, subrogatoria o demás situaciones que afectan la vigencia de la ley en el tiempo, en este caso, de la citada Ley 4a de 1976, por ser claro que, incorporada la norma legal al texto convencional, ésta queda sujeta, no a las accidentalidades que afectan su lugar de origen, que no es más que un marco de referencia, se repite, sino a las propias de la vigencia de las preceptivas convencionales, pues deja de ser norma legal para los convencionistas, para convertirse en norma convencional propia de sus relaciones contractuales de trabajo. Este es el cabal entendimiento que debe darse a la vigencia de la norma convencional cuando su contenido tiene venero o fuente en una norma legal, como ocurre en este caso.
En esas condiciones, acoger por vía convencional un reajuste no inferior al 15%, conforme lo establecido en la referida normativa, se enmarca dentro de la voluntad contractual de las partes, producto de su autonomía, frente a la cual no le es dable a la Corte entrometerse, pues acorde con lo asentado en la sentencia SL3820-2020, «en ejercicio de la autonomía de la voluntad, las partes tienen total libertad de comprometerse con lo que a bien estimen, desde luego, como lo ha sostenido la Sala, siempre que su objeto y causa sean lícitos, que no atente contra las buenas costumbres, que no se desconozcan derechos mínimos de los trabajadores o, en general, que no se produzca lesión a la Constitución o la ley».
Finalmente, cumple acotar que los incrementos pretendidos por la recurrente constituyen verdaderos derechos adquiridos, pues se encuentra pensionada desde el año 1992, a través de la Resolución n.° 6398 del 20 de octubre de 1992 (folios 83 a 85), con venero en la Convención Colectiva de Trabajo 1976 – 1977 y, como quedó visto, a pesar de la derogatoria de la Ley 4ª de 1976, lo cierto es que esta siguió rigiendo dichos beneficios por virtud de lo instituido en el plurimencionado acuerdo colectivo.
De esta manera, fluye con claridad, la innegable conclusión relativa a la existencia de un derecho adquirido a favor de la accionante, dada la fecha en que se causó su pensión de jubilación -1992-, el que, atendiendo la correcta interpretación de la cláusula convencional precitada, debe serle garantizado, sin que resulte admisible ninguna lectura diferente.
Entonces, siendo coherentes con lo discurrido, la acusación sale avante y, en consecuencia, se casará la sentencia impugnada.
Sin costas en el recurso extraordinario de casación, dada su prosperidad.
En sede de instancia, para mejor proveer, se ordenará que por Secretaría de la Sala se oficie a la Universidad de Antioquia, para que en el término de quince (15) días, contados a partir del recibo de la respectiva comunicación, certifique con destino a este proceso, en qué porcentaje ha incrementado año a año las mesadas de los trabajadores oficiales a su servicio, desde el 1º de octubre de 1992 y, en relación con la demandante, en qué porcentaje le ha aumentado su mensualidad a partir de ese año; indicando, además, cuáles pagos le ha efectuado por todo concepto salarial y prestacional, desde la mencionada calenda hasta la fecha.
Asimismo, se oficiará a Colpensiones para que, en igual lapso, certifique a partir de qué fecha le reconoció la pensión de vejez a la demandante e indique los montos que mes a mes le ha cancelado por concepto de mesada pensional.
Cumplido lo anterior, córrase traslado a las partes por el término de tres (3) días, conforme a lo dispuesto en el artículo 110 del CGP, vencido el cual ingresará nuevamente el expediente al Despacho para adoptar la decisión que en derecho corresponda.
IX. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 29 de julio de 2021, en el proceso ordinario que promovió ANA ELVIA LEGARDA MEJÍA contra la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.
En sede de instancia, para mejor proveer, se ordena que, por Secretaría de la Sala, se oficie a:
1.- La Universidad de Antioquia, para que en el término de quince (15) días, contados a partir del recibo de la respectiva comunicación, certifique con destino a este proceso, en qué porcentaje ha incrementado año a año las mesadas de los trabajadores oficiales a su servicio, desde el 1º de octubre de 1992 y, en relación con la demandante, en qué porcentaje le ha aumentado su mensualidad a partir de ese año; indicando, además, cuáles pagos le ha efectuado por todo concepto salarial y prestacional, desde la mencionada calenda hasta la fecha.
2.- Colpensiones para que, en igual lapso, certifique a partir de qué fecha le reconoció la pensión de vejez a la demandante e indique los montos que mes a mes le ha cancelado por concepto de mesada pensional.
Cumplido lo anterior, córrase traslado a las partes por el término de tres (3) días, conforme a lo dispuesto en el artículo 110 del CGP, vencido el cual ingresará nuevamente el expediente al Despacho para adoptar la decisión que en derecho corresponda.
Sin costas en casación.
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Presidente de la Sala
FERNANDO CASTILLO CADENA
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO
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