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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL601-2020

Fecha
18 de febrero de 2020
Magistrado ponente
Ana Maria Muñoz Segura
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL601-2020

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, el cinco (5) de febrero de dos mil catorce (2014), dentro del proceso ordinario laboral adelantado por MYRIAN OLANDA URREGO MORENO, contra de LA NACIÓN, MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL y el FONDO PASIVO SOCIAL DE LOS FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA. Costas como se dispuso en la parte motiva de la sentencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL601-2020

Magistrado ponente: Ana Maria Muñoz Segura

18 de febrero de 2020

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

Magistrada ponente

SL601-2020

Radicación n.° 67688

Acta 005

Bogotá D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veinte (2020).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por MYRIAN OLANDA URREGO MORENO, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, el 5 de febrero de 2014, dentro del proceso adelantado en contra de LA NACIÓN, MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL y el FONDO PASIVO SOCIAL DE LOS FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA.

ANTECEDENTES

Myrian Olanda Urrego Gallego demandó a La Nación, Ministerio de la Protección Social, en su condición de administrador del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia (en adelante el Ministerio), con el fin de que se declarara como beneficiaria de la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento de su compañero permanente, amparada en la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, así como al reconocimiento y pago de los intereses moratorios previstos por el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Subsidiariamente pidió el pago de una indemnización sustitutiva, debidamente indexada.

Como fundamento de sus pretensiones, señaló que fue compañera permanente de José Jaime Bernal Palacios, quien prestó servicios a la entidad Ferrocarriles Nacionales de Colombia durante el lapso comprendido entre el 23 de junio de 1980 y el 30 de mayo de 1989, para un total de 412 semanas de cotización.

Indicó que el señor Bernal Palacios falleció el 5 de junio de 2008 y que a la fecha de su deceso no contaba con 50 semanas cotizadas durante los 3 años anteriores a su muerte.

Señaló que el 12 de octubre de 2010, elevó solicitud de reconocimiento de la indemnización sustitutiva de pensión ante el administrador del pasivo pensional de la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia, la cual fue negada; el 3 de enero de 2012 hizo una nueva solicitud, esta vez reclamando la pensión de sobrevivientes, que fue negada mediante comunicación del 9 de febrero de ese mismo año.

El Ministerio de Protección Social contestó la demanda, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones, manifestando que el señor Bernal Palacios no prestó servicios para la entidad y, en consecuencia, carecía de legitimación en la causa por pasiva.

En su defensa propuso las excepciones de falta de jurisdicción y competencia, falta de legitimidad en la causa pasiva, firmeza de los actos administrativos, inexistencia del derecho reclamado y de la obligación.

El Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia contestó la demanda, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones, toda vez que no era posible sustituir una pensión que no se causó en los términos del artículo 8º de la Ley 171 de 1961 y por ende era imposible la solicitud de los intereses moratorios.

En su defensa, propuso las excepciones de inexistencia de las obligaciones reclamadas, prescripción de las mesadas pensionales atrasadas y falta de título y causa para demandar.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante fallo del 9 de diciembre de 2013, el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Bogotá, absolvió a las entidades demandadas.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Tras la apelación presentada por la demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante sentencia del 5 de febrero de 2014, confirmó la sentencia apelada.

El Tribunal estableció como problema jurídico a resolver el determinar si a la señora Urrego Moreno le asistía el derecho a la pensión de sobrevivientes a cargo de las demandadas o, en su defecto, el pago de la indemnziación sustitutiva.

Para abordar el asunto, hizo referencia a la posición doctrinal establecida por esta Corte, según la cual la fecha del fallecimiento del trabajador determinaba el régimen legal aplicable para efectos de acceder a la pensión de sobrevivientes, que en este caso eran los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003.

Conforme con ello, el Tribunal señaló que debían acreditarse 50 semanas cotizadas durante los 3 años anteriores a la fecha del fallecimiento del señor Bernal Palacios, verificando que tal requsito no se cumplió, por lo que no se causó la pensión reclamada.

En lo que respecta a la solicitud de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, el Tribunal se remitió a los mandatos del Acuerdo 049 de 1990, y concluyó que no le eran aplicables, por cuanto el señor Bernal Palacios no estuvo afiliado al Instituto de Seguros Sociales y su empleador no le hizo descuentos por concepto de aportes a la entidad previsional, de manera que, no le era aplicable dicho reglamento.

El Tribunal aclaró que en el caso de los servidores públicos, como lo era el señor Bernal Palacios, el régimen previsional vigente con anterioridad a la Ley 100 de 1993 no exigía la realización de aportes, por lo que no era correcto aludir a «semanas cotizadas», sino que lo procedente era referirse a «tiempo de servicios» a efectos de la elaboración del correspondiente bono o título pensional.

Dicho esto, concluyó que en el caso del señor Bernal Palacio no era posible predicar una pensión de sobrevivientes a favor de la señora Urrego Moreno, puesto que el régimen aplicable en el caso, contenido en las Leyes 33 de 1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985 no consagraban esa prestación, sino que establecía la sustitución pensional, esto es, la subrogación de una pensión ya causada a favor del beneficiario del pensionado fallecido.

En cuanto a la indemnización sustitutiva de pensión, el Tribunal estableció que no era procedente, habida cuenta de que el régimen previsional de los servidores públicos anterior a la vigencia de la Ley 100 de 1993, no contemplaba dicha prestación económica.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver, en los términos presentados y de acuerdo con los alcances del recurso extraordinario.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

La recurrente solicitó,

[…] que la Honorable Corte Suprema de Justicia CASE TOTALMENTE la Sentencia emanada de la sala de (sic) laboral del tribunal superior del distrito de Bogotá del 5 de febrero de 2014 y en su lugar se condene a la entidad demandada a:

PRIMERO: que se reconozca y pague la indemnización sustitutiva de la pensión de sobevivientes a la señora URREGO por la muerte de su compañero permanente Señor JOSE JAIME BERNAL PALACIOS, a partir del 5 de junio de 2008.

SEGUNDO: Que se reconozca y pague la indexación de los dineros reconocidos como indemnización sustitutiva de la pensión de vejez.

Con tal propósito, formuló dos cargos por la causal primera de casación, los cuales no fueron replicados y serán estudiados de forma conjunta por fundamentarse en las mismas disposiciones y perseguir el mismo propósito.

PRIMER CARGO

Lo formuló, «[…] por infracción directa del artículo 33, 37 y 49 de la Ley 100 de 1993, artículo 1, 2 del Decreto 1730 de 2001 y artículo 1 del decreto 4640 de 2005».

En sustento del cargo, la recurrente dijo que, a pesar de que el Tribunal, en su decisión, mencionó el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, no lo aplicó,

[…] debido a que considera que antes de la expedición de esta norma los empleados públicos no tenian establecida una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, hecho fáctico que es cierto pero hay que tener en cuenta que en el presente caso el señor JOSE JAIME BERNAL PALACIOS (QEPD) se produjo el 5 de junio de 2008, es decir, en vigencia de la ley 100 de 1993, razón por la cual es el artículo 49 de la misma y su decreto reglamentario la normatividad aplicable al caso […]

[…]

Para el juez de instancia antes de la expedición de la ley 100 de 1993 no existía norma alguna que pudiera aplicarse para la indemnización sustitutiva de la pensión para tiempos laborados en entidades del estado, con estos considerandos sin ningún tipo de respaldo legal denota que se olvida cuál es la fecha que determina la aplicabilidad de una norma en el reconocimiento de una prestación económica:

[…]

Así como para la pensión de sobrevivientes la fecha que determina la normatividad aplicable es el fallecimiento del causante paa la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes tambióen lo rige la misma fecha.

A continuación, dijo que, si bien a la fecha de fallecimiento del señor Bernal Palacios, él no contaba con 50 semanas cotizadas durante los 3 años anteriores, por eso «[…] no dejó causada la pensión de sobrevivientes», sí constituyó el derecho a la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes «[…] en los mismos términos de la indemnización sustitutiva de vejez y los aportes que se tienen que cotabilizar son los mismos que se hubieran contabilizado en caso de tener derecho a la pensión de vejez y son aquelos estipulados en el artículo 33 de la ley 100 de 1993».

Cerró su sustentación, en estos términos:

El juez de instancia a pesar de advertir la existencia del artículo 37 y 49 de la ley 100 de 1993 que dispone claramente la indemnización sustitutiva de la penisón de sobrevivientes y de vejez no la aplica, concluyendo que antes de la entrada en vigencia de la citada norma esta prestación económica no existía para trabajadores que prestaban sus servicios al Estado, entonces si la muerte del contizante se produce en vigencia de la ley 100, a que otra norma apelaríamos?

SEGUNDO CARGO

Lo formuló sin anunciar la vía, «[…] por interpretación errónea del artículo 3 de la ley 33 de 1985».

En sustento del cargo, la recurrente dijo que el Tribunal se había equivocado, al considerar que los servidores públicos, con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, no realizaban aportes al Sistema de Seguridad Social.

Adujo que,

Evidentemente el juez de segunda instancia discriminó a la señora URREGO al negarle la indemnziación sustitutiva de la pensión de sobrevivientes por la muerte de esposo debido a que muy a pesar de que murió en vigencia de la ley 100 de 1993 indica que no es la ley aplicable debido a que el servicio de prestó antes del 1 de abril de 1994 cuando no existía la indemnización sustitutiva de la pensión.

CONSIDERACIONES

Al analizar los cargos propuestos, la Sala encuentra serios defectos técnicos que impiden su estudio, consistentes en la inobservancia de los requisitos exigidos por los artículos 90 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 63 del Decreto Ley 528 de 1964, para efectos de la formulación de la demanda de casación y la sustentación del ataque contra la sentencia del Tribunal.

Así pues, y para abordar el análisis del cargo, la Sala considera pertinente reiterar que el recurso de casación no tiene como propósito resolver el litigio tramitado en las instancias, sino confrontar la legalidad de la decisión del Tribunal, en los términos y dentro de las competencias establecidas por el artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Sobre el particular, en sentencia CSJ SL2631-2019, haciendo eco de la CSJ SL12326-2017, se resaltó lo siguiente:

Como lo ha expresado la Sala y se reitera, el recurso extraordinario de casación, no es una tercera instancia, ni admite argumentos en forma de alegatos de instancia; en sentencia CSJ SL4281-2017, se precisó:

[…]

[…] adoctrinado está que el recurrente debe ceñirse a las exigencias formales y de técnica, legales y jurisprudenciales, en procura de hacer procedente el estudio de fondo de las inconformidades, en la medida en que son los jueces de instancia los que tienen competencia para dirimir los conflictos entre las partes, asignando el derecho sustancial a quien demuestre estar asistido del mismo. Al juez de la casación, le compete ejercer un control de legalidad sobre la decisión de segundo grado, siempre que el escrito con el que se sustenta el recurso extraordinario, satisfaga las exigencias previstas en el artículo 90 del Código Procesal del Trabajo, las cuales no constituyen un culto a la “formalidad, en tanto son parte esencial de un debido proceso preexistente y conocido por las partes, según los términos del artículo 29 de la Constitución Política.

Se ha dicho con profusión que, en esta sede, se enfrentan la sentencia gravada y la parte que aspira a su quiebre, bajo el derrotero que el impugnante trace a la Corte, dado el conocido carácter rogado y dispositivo de este especial medio de impugnación.

En ese orden de ideas, el hecho de que tanto el Juzgado, como el Tribunal, hubieran descartado la procedencia de las pretensiones formuladas por la demandante ahora recurrente, no entraña un error de derecho que sirva de sustento para el recurso extraordinario.

Por otra parte, la censura propuesta por la recurrente se formuló por la vía directa, lo cual implica la aceptación de la valoración probatoria que formó el convencimiento del Tribunal. Así pues, corresponde al recurrente identificar y demostrare el error jurídico que le imputa a la providencia impugnada, admitiendo la certeza de los hechos en los que sustentó su decisión. En ese sentido, en sentencia CSJ SL854-2013, la Corte ha dicho que,

[…] la vía directa, supone un contraste inmediato entre la sentencia y la ley, que se configura al margen de cualquier controversia de naturaleza probatoria,

[…]

[…] por razón de que la vía directa lleva a un error jurídico, mientras que la indirecta a la existencia de uno o varios yerros fácticos, debiendo ser tanto su formulación como su análisis diferentes, conduce a que el cargo sea inestimable.

Por otro lado, al formularse el segundo cargo, la recurrente no determinó la vía por la cual enervaba su ataque contra la decisión del Tribunal, siendo este un elemento esencial de la demanda de casación.

Así pues, es evidente la inobservancia del precepto contenido en el artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, conforme con el cual la demanda de casación debe «[…] expresar los motivos de casación, indicando: a) el precepto legal sustantivo de orden nacional, que se estime violado», así como el previsto por el artículo 63 del Decreto 528 de 1964,que exige «[…] expresar la causal que se aduzca para pedir la infirmación del fallo, indicando en forma clara y precisa los fundamentos de ella y citando las normas sustanciales que el recurrente estime infringidas».

Sin embargo, y si en gracia de discusión se asumiera que el cargo se formuló por la vía directa, el recurrente no demostró la existencia de los errores jurídicos en la sentencia del Tribunal.

Es así como el cargo se asemeja más a un alegato de instancia que a un escrito con el que se pretenda demostrar lógica y razonadamente las equivocaciones en que incurrió el Tribunal.

De antaño, por ejemplo en sentencia CSJ SL, 2 agosto 1994, radicado 6735, sobre la técnica del recurso, esta Sala ha considerado que,

Por su raíz histórica y por su desarrollo constitucional y legislativo, la casación es un recurso extraordinario. Supone que el proceso ha concluido, y que ha concluido con una decisión acertada y ajustada a la ley. Y el carácter excepcional del recurso de casación se manifiesta por dos aspectos: el primero porque no cabe contra toda sentencia sino sólo contra aquellas que el legislador expresamente señala; y el segundo porque su fin principal es la unificación de la jurisprudencia nacional y no propiamente la composición del litigio. Para atender a una realidad social específica la ley ha autorizado la proposición de este medio de impugnación cuando en la sentencia acusada se incurre en error de hecho o de derecho. El primero de esos yerros debe ser manifiesto, protuberante, y el recurrente asume la carga de romper las presunciones de legalidad y acierto que por fuerza del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las dos instancias amparan la decisión impugnada, de manera que está obligado a comprobar el desacierto, poniendo de presente que es ostensible y destruyendo de una manera razonada todos los soportes que sirvieron de fundamento a la decisión judicial, demostrando que ella surge de deficiencias del sentenciador por la errónea apreciación de las pruebas. El rigor del recurso, tratándose del error de hecho -ajeno a lo que fue la casación en sus orígenes-, fue acentuado por nuestro legislador de 1969 (Ley 16 del año citado, art. 7o.), que estimó que este yerro, en el recurso extraordinario laboral, sólo podía provenir de la falta de apreciación o de la apreciación errónea de un documento auténtico, de una confesión judicial o de una inspección ocular, con lo cual, en principio, excluyó las restantes pruebas.

En adición a lo anterior, y resaltando la importancia de la técnica de casación, como garantía del derecho fundamental al debido proceso, en sentencia CSJ SL 20213-2017, se estableció que

De tiempo atrás esta Sala ha venido sosteniendo que quien acude al recurso extraordinario de casación debe cumplir con el mínimo de exigencias formales de carácter legal y jurisprudencial, toda vez que la estructura del ordenamiento jurídico colombiano otorga a los jueces de instancia la misión de definir la controversia sometida por las partes, determinando a cuál de ellas le asiste la razón jurídica y fáctica, mientras que a esta Corporación se le asigna la función de verificar estrictamente la legalidad de la decisión de segunda instancia.

De esta manera, el respeto estricto a las exigencias formales derivadas del artículo 90 del CPTSS y de la jurisprudencia inveterada de esta Corporación en materia del recurso extraordinario de casación no constituye de ninguna manera un mero culto a la forma, sino que hace parte esencial de la garantía del derecho fundamental al debido proceso contemplado en el artículo 29 de la Carta Política de 1991, dentro del cual se encuentra la denominada plenitud de las formas propias de cada juicio, sin la cual no se puede predicar el equilibrio de quienes participan dentro del proceso judicial.

Postura reiterada en la providencia CSJ AL2301-2019.

Así pues, los defectos técnicos señalados hacen inviable el estudio del recurso, ya que al no conformarse adecuadamente los cargos contra la decisión del Tribunal, le es imposible a la Corte determinar los presuntos errores imputados a la decisión impugnada en función del contenido normativo sustancial, esto es, la fuente material del derecho que el Tribunal infringió, de tal suerte que no es posible establecer si el fallador de instancia incurrió o no en algún error jurídico o fáctico al momento de decidir la apelación.

Es esencial resaltar que la exigencia de la observancia de los requisitos de la demanda de casación se justifica en la medida en que, tratándose de una actuación jurisdiccional, debe ajustarse a lo dispuesto por la normatividad procesal, en tanto se constituye como garantía de la realización del derecho fundamental al debido proceso.

Por lo tanto, los cargos no prosperan.

Sin costas en el recurso extraordinario dado que no hubo réplica.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, el cinco (5) de febrero de dos mil catorce (2014), dentro del proceso ordinario laboral adelantado por MYRIAN OLANDA URREGO MORENO, contra de LA NACIÓN, MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL y el FONDO PASIVO SOCIAL DE LOS FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA.

Costas como se dispuso en la parte motiva de la sentencia.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

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