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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL836-2023

Pensión de sobrevivientes

Fecha
22 de marzo de 2023
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
15 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL836-2023

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Problema jurídico

  1. ¿Puede aplicarse el Acuerdo 049 de 1990, por condición más beneficiosa, para reconocer una pensión de sobrevivientes causada por una muerte ocurrida en 2014 bajo la vigencia de la Ley 797 de 2003?

Reglas

  1. La pensión de sobrevivientes se rige, como regla general, por la norma vigente al momento de la muerte del afiliado o pensionado.

    «la regla general es la de que la contingencia está cobijada por la norma de seguridad social vigente al momento de la ocurrencia del evento según la prestación pensional correspondiente»
  2. La condición más beneficiosa es excepcional y permite acudir únicamente a la norma inmediatamente anterior a la vigente al ocurrir el siniestro, no a cualquier régimen histórico más favorable.

    «el juez no puede desplegar un ejercicio histórico, a fin de encontrar alguna otra legislación, más allá de la que haya precedido»
  3. La condición más beneficiosa opera ante el tránsito legislativo, a falta de régimen de transición y en favor de quien tiene una expectativa legítima respaldada por una situación jurídica concreta.

    «poseen una situación jurídica y fáctica concreta, verbigracia, haber cumplido en su integridad la densidad de semanas necesarias que consagraba le ley derogada»
  4. La condición más beneficiosa no puede aplicarse indefinidamente: para el tránsito entre las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, la protección de la expectativa legítima se limita a tres años, hasta el 29 de enero de 2006.

    «Solo es posible que la Ley 797 de 2003 difiera sus efectos jurídicos hasta el 29 de enero de 2006, exclusivamente para las personas con una expectativa legítima»
  5. La densidad de cotizaciones reunida bajo una norma anterior no constituye por sí sola un derecho adquirido a la pensión de sobrevivientes si el fallecimiento ocurre después del cambio legislativo.

    «las semanas que el causante tenía aportadas al Instituto con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, no pueden ser entendidas como un derecho adquirido»
  6. El precedente constitucional de tutela admite apartamiento cuando el juez explicita su posición y ofrece argumentos suficientes, a diferencia de las decisiones de control abstracto con efectos erga omnes.

    «le permite al juez apartarse de sus postulados siempre que cumpla con el deber de trasparencia y argumentación suficiente»

Decisión

La Corte no casó la sentencia que confirmó la absolución de Colpensiones, pues la muerte ocurrió en 2014 y no era posible aplicar el Acuerdo 049 de 1990 mediante una extensión plusultractiva de la condición más beneficiosa. Impuso costas a la recurrente.

Parte resolutiva

IX. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 30 de agosto de 2021, en el proceso que instauró MARÍA ISABEL ALZATE GIRALDO en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES. Costas como quedo expuesto en la parte considerativa.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL836-2023

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

22 de marzo de 2023

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL836-2023

Radicación n.° 94275

Acta 10

Bogotá, D.C., veintidós (22) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la apoderada de MARÍA ISABEL ALZATE GIRALDO, contra la sentencia proferida por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 30 de agosto de 2021, en el proceso que instauró en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES.

AUTO

Téngase a la firma Soluciones Jurídicas de la Costa S.A.S., identificada con NIT 900.616.392-1, como apoderada de la parte opositora de conformidad con el artículo 75 del CGP, en los términos y para los efectos del poder general,

otorgado mediante la Escritura Pública visible en el cuaderno de la Corte del expediente digital de la Corte.

I. ANTECEDENTES

María Isabel Alzate Giraldo, instauró proceso ordinario con el fin de que la demandada fuera condena a reconocerle y pagarle la pensión de sobrevivientes, a partir del 6 de noviembre de 2014, con fundamento en el principio de la condición más beneficiosa; los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993; lo que resulte probado extra y ultra petita, y las costas del proceso.

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que: contrajo matrimonio, por el rito católico, con el señor William Alfonso Sánchez Muñoz, el 17 de febrero de 1979, con quien convivió de forma ininterrumpida hasta el día de su fallecimiento, 6 de noviembre de 2014 y procrearon dos hijos; el causante cotizó al ISS hoy Colpensiones en toda su vida laboral 455 semanas, comprendidas entre los años 1977 y 1997; el 27 de octubre de 2017 reclamó la pensión de sobrevivientes en su calidad de cónyuge; Colpensiones, mediante Resolución SUB290411 del 15 de diciembre de 2017, le negó la prestación, decisión frente a la cual interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación, resueltos en las Resoluciones SUB 35588 del 7 de febrero de 2018 y DIR 3334 del 15 de febrero siguiente, confirmando el acto administrativo controvertido.

Colpensiones, al dar respuesta al escrito generatriz de la contienda, se opuso a las pretensiones de la demanda y formuló las excepciones de inexistencia de la obligación, buena fe, prescripción, compensación y la innominada o genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Cali, mediante fallo del 18 de septiembre de 2020, dispuso:

PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de inexistencia de la obligación propuesta por Colpensiones, acorde con lo dicho en precedencia relevando al despacho del estudio de las demás excepciones formuladas.

SEGUNDO: ABSOLVER a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, en su calidad de actual administradora del régimen de prima media con prestación definida, de todas y cada una de las pretensiones elevadas en su contra por MARÍA ISABEL ALZATE GIRALDO, acorde con las motivaciones que anteceden.

TERCERO: CONDENAR en costas a la parte vencida en juicio. Tásense por Secretaría, incluyendo como AGENCIAS EN DERECHO la suma de $200.000, a favor de COLPENSIONES y a cargo de la demandante.

CUARTO: Esta providencia debe CONSULTARSE ante el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala de Decisión Laboral, por haber sido desfavorable a los intereses de la señora MARIA ISABEL ALZATE GIRALDO, en el evento de no ser apelada.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Por apelación de la demandante, la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 30 de agosto de 2021, confirmó la decisión del juez de primer grado y le impuso costas.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el colegiado indicó que el problema jurídico estribaba en:

[…] establecer en primera medida si se acreditó como beneficiaria del causante, la señora MARIA ISABEL ALZATE GIRALDO en condición de cónyuge. Definido lo anterior, habrá de validarse si dejó causado el señor WILLIAM ALFONSO SANCHEZ MUÑOZ el derecho a la pensión de sobrevivientes sea ello en aplicación directa de la ley 797 vigente a la fecha de su deceso, o conforme a la normativa anterior, por virtud de la condición más beneficiosa al tenor de la sentencia SU005 de 2018; Y si en tal condición la solicitante supera los supuestos que se imponen según el test de procedencia del citado proveído.

Enseguida sostuvo que no eran objeto de debate los siguientes supuestos fácticos, que: (i) el señor William Alfonso Sánchez Muñoz falleció el 06 de noviembre de 2014 (fl.6) (ii) el mencionado y la demandante contrajeron matrimonio el 17 de febrero de 1979 por el rito católico (fls. 2 y 3); (iii) el causante cotizó al ISS hoy Colpensiones en toda su vida laboral un total de 455.43 semanas (fls. 162 a 166); (iv) la actora, con ocasión del fallecimiento de su cónyuge, el 27 de octubre de 2017 se presentó a reclamar pensión de sobrevivientes, petición que fue resuelta en la Resolución SUB-290411 del 15 de diciembre de 2017 (fls. 11 a 13) negando la prestación económica, con el argumento de que el fallecido no tenía las semanas exigidas en la Ley 797 de 2003 para dejar causada la pensión, ni tampoco las semanas requeridas por la Ley 100 de 1993 en su versión original, por virtud de la condición más beneficiosa; (v) contra la anterior decisión se interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación (fls. 4 a 15) los cuales fueron resueltos en las resoluciones SUB-35588 y DIR- 3334 confirmando la decisión adoptada por la pasiva el 15 de diciembre de 2017.

Explicó que ha sido criterio reiterado de esta Corte que la norma que rige la pensión de sobrevivientes es la vigente al momento del deceso del causante afiliado o pensionado (CSJ SL4851-2019, CSJ SL4690-2019 y CSJ SL4244-2019 entre otras); sin embargo, en el caso bajo estudio no existe duda respecto al hecho que el señor William Alfonso Sánchez Muñoz, no dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes bajo los preceptos de la Ley 797 de 2003, norma vigente al momento de su deceso, pues en los tres años anteriores a su muerte -06 de noviembre de 2011 a 06 de noviembre de 2014-, no se encontraba cotizando al sistema de Seguridad Social en Pensiones.

Añadió que, sin embargo, ha de recordarse que la Corte Constitucional ha sentado un criterio según el cual es viable acudir a preceptos anteriores para quienes fallecieron bajo la vigencia de la Ley 797 de 2003, en busca de aplicar verbigracia, el Decreto 758 de 1990 (Acuerdo 049 de 1990), el cual ha sido acogido por esa Sala de Decisión en postura mayoritaria.

Se refirió a las sentencias CC T-351-2011 y CC SU 005 de 2018, y luego de encontrar acreditada la calidad de cónyuges, con vocación de permanencia, y convivencia real de la actora con el causante, aseveró que:

Hecha esta precisión, procederá la Sala a verificar si la actora supera las condiciones establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia SU 005 de 2018. En lo atinente a la primera de las condiciones antes descritas, se tiene que la señora MARIA ISABEL ALZATE GIRALDO se encuentra en riesgo de vejez, pues de acuerdo con su documento de identidad (02. Expediente Administrativo) la accionante cuenta con 58 años de edad, pues nació el 14 de febrero de 1963, es decir que ya superó la edad mínima para adquirir pensión en el Estado colombiano y además al consultarse el sistema de seguridad integral de información de protección social SISPRO- Registro único de Afiliados RUAF2 , se evidencie que a la fecha la actora no se encuentra pensionada ni recibe subsidios del Estado, aparece afiliada al RPM, pero su estado es inactivo desde el 04 de diciembre de 1998. En cuanto, a la segunda condición, esto es, la afectación al mínimo vital de la demandante, se resalta que la accionante, pesa a tener la carga probatoria no arrimó al plenario, prueba que permita evidenciar que su mínimo vital no se encuentra garantizado, pues en primer lugar, de la consulta efectuada al RUAF se desprende que la actora aparece afiliada al sistema de seguridad social en salud como cotizante desde el año 2019 y tiene afiliación activa a la administradora de riesgos laborales Seguros de Vida Suramericana, circunstancias estas que le indican a la Sala que por el aspecto de la salud, el mínimo vital de la demandante no se encuentra en riesgo. La dependencia económica se deriva de las declaraciones extraproceso rendidas por las señoras MARIA MARLENY ALZATE DE TROCHEZ y CARMENZA TROCHEZ, quienes afirmaron que la demandante dependía económicamente de su esposo, sin embargo no aportan suficientes elementos para dar fuerza suasoria a sus dichos, pues no explicaron las razones de estos, por qué les constaba tal situación, máxime cuando exponen que residen en la ciudad de Cali mientras que la aludida pareja vivía en Estados Unidos, por lo que no se tiene por demostrado este supuesto con esta mera prueba. Y en cuanto a la imposibilidad del extinto WILLIAM ALFONSO SANCHEZ MUÑOZ de continuar cotizando al sistema pensional, no se demostró en el proceso que el causante tuviera algún impedimento para seguir aportando a pensiones, dado que su residencia en otro país no le representaba un obstáculo para realizar aportes voluntarios a pensión, por lo que se advierte tampoco superado este requisito. Finalmente, en lo que tiene que ver con el actuar diligente de la parte accionante para reclamar la prestación, se evidencia que el derecho se causó el día 06 de noviembre de 2014 y la reclamación administrativa se presentó el 27 de octubre de 2017, la cual fue resuelta mediante resolución SUB 290411 del 15 de diciembre de 2017, es decir que la reclamación se presentó dentro de los 3 años que establece el artículo 488 del CST para reclamar la prestación. En conclusión, del análisis realizado por la Sala se extrae como lo determinó el aquo, que la demandante no superó todas las condiciones establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 005 de 2018 para la aplicación ultractiva del Decreto 758 de 1990, por tal razón no se puede otorgar la prestación a la luz de la citada normativa, en aplicación del principio de condición más beneficiosa.

Así, confirmó la sentencia del juez de primer grado.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la parte actora, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia impugnada y, constituida en sede de instancia, se revoque el fallo de primer grado para, en su lugar, se concedan las pretensiones incoadas en la demanda inicial.

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que fue replicado.

VI. ÚNICO CARGO

Textualmente aduce:

4.1 CARGO UNICO. VIOLACIÒN DE LA LEY SUSTANCIAL POR VÌA DIRECTA INFRACCIÓN DIRECTA La sentencia es acusada de violación directa de la Ley sustancial en la modalidad de INFRACCION DIRECTA. Ya que el Ad quem se separa de la norma a aplicar al caso que es el acuerdo 049 de 1990, con la cual, en aplicación de la condición más beneficiosa, se dan por cumplidos los requisitos exigidos para el otorgamiento de la pensión de sobreviviente de la demandante que son el haber cotizado 300 semanas Antes de 1994, el fallecimiento del causante, el día 6 de noviembre de 2014 y la acreditación de la beneficiaria, que para el caso es su cónyuge MARÌA ISABEL ALZATE GIRALDO.

[…]

Lo anterior incide en una interpretación errónea de los artículos 48 y 53 de la Constitución Política Colombiana que dispuso la aplicación de la condición más beneficiosa a favor del trabajador, aplicación que se extendió a los trámites pensionales

Asevera que la pensión deprecada debe ser reconocida a la luz de lo estatuido en el Acuerdo 049 de 1990 ya que:

estamos ante un derecho causado desde el momento del fallecimiento del causante (6 de noviembre de 2014) y de la reclamación de ese derecho causado ante COLPENSIONES desde el 27 de octubre de 2017, con aplicación de las Sentencias de la Corte Constitucional SU 442 DE 2016, T120 DE 2015, T832A DE 2013, SU120 DE 2003. Derecho causado que para las fechas en que se consolidó y se está reclamando por parte de la demandante, no existían requisitos adicionales a la aplicación de la condición más beneficiosa, y para mayor comprensión acudimos a los fallos de la Corte Constitucional SU 442 DE 2016, T120 DE 2015, T832A DE 2013, SU120 DE 2003, entre otros, para ratificar una vez más que nació el derecho en vigencia de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en aplicación de la condición más beneficiosa, por lo que se da una aplicación indebida del test de procedencia, de 2018 que es posterior al derecho causado a la pensión que lo fue el día del fallecimiento del causante 6 de noviembre de 2014, pero en el actual estadio se dice que se aplica la condición más beneficiosa y ella no es así, por cuanto se adiciona la aplicación de un test de procedencia del 2018, cuando ya se habían iniciado las acciones legales del derecho causado para la efectividad de la pensión de sobreviviente de la demandante. conforme al artículo 488 del Código de Procedimiento Laboral.

Insiste en que el causante dejó cumplidos los requisitos para que la actora accediera a la pensión de sobrevivientes, por haber acreditado más de 300 semanas cotizadas antes del 01 de abril de 1994 y la muerte del causante el 06 de noviembre de 2014, en virtud de la condición más beneficiosa, según el mencionado Acuerdo 049 de 1990 (Decreto 758 de 1990).

VII. RÉPLICA

Acota que el fallador de la segunda instancia no incurrió en la violación impropiamente denunciada por el recurrente extraordinario por lo que el cargo no está llamado a prosperar.

Expone que, de salir avante el pedimento del actor, obligaría a mi representada al reconocimiento de una pensión de sobrevivientes sin el cumplimiento total de requisitos por parte del causante; que tal sentencia sería manifiestamente ilegal y sin vocación de prosperidad en el mundo del derecho objetivo, pues daría paso a convertir tales pretensiones en un mecanismo para defraudar al sistema y obtener beneficios pensionales, afectando la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones, y poniendo en riesgo el derecho fundamental a la seguridad social de los demás afiliados.

VIII. CONSIDERACIONES

Dado el sendero seleccionado por la impugnante, se exhibe patente que no son objeto de controversia entre las partes, los siguientes supuestos fácticos, que: (i) el señor William Alfonso Sánchez Muñoz falleció el 6 de noviembre de 2014, con quien contrajo matrimonio la actora el 17 de febrero de 1979 por el rito católico; (ii) el causante cotizó al ISS hoy Colpensiones en toda su vida laboral 455.43 semanas; (iii) la actora, con ocasión del fallecimiento de su cónyuge, el 27 de octubre de 2017 se presentó a reclamar pensión de sobrevivientes, petición que fue resuelta en la Resolución SUB-290411 del 15 de diciembre de 2017, negando la prestación económica, argumentando que el fallecido no tenía las semanas exigidas en la Ley 797 de 2003 para dejar causada la pensión, ni tampoco las semanas requeridas por la Ley 100 de 1993 en su versión original, por virtud de la condición más beneficiosa; (iv) contra la anterior decisión se interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación, los cuales fueron resueltos en las resoluciones SUB-35588 y DIR- 3334 confirmando la decisión adoptada por la pasiva el 15 de diciembre de 2017; y (v) la última cotización se efectúo en el año 1997.

Se vislumbra del ataque que el descontento de la recurrente con la sentencia fustigada estriba, en esencia, en que el fallador se equivocó al no acudir al Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad y, con ello, haberle negado la pensión de sobrevivientes dejando de lado la aplicación del principio de la condición más beneficiosa.

Entonces, el problema jurídico a elucidar estriba en determinar si es procedente el reconocimiento y pago de la pensión deprecada por la parte promotora del proceso a la luz del principio de la condición más beneficiosa.

Para responder el cargo baste acudir a la sentencia CSJ SL2567-2021, que se trascribe, en extenso, dada la importancia de la decisión:

Esta Corte, en sentencia CSJ SL4650-2017, a la cual se remite, explicó que de vieja data ha sostenido que la primera investigación que debe hacer el juez al dictar el acto jurisdiccional, consiste en la selección de la norma aplicable, o sea, determinar la existencia y validez de esta. Será necesario entonces que considere los problemas de la ley en el tiempo y en el espacio, precisando los límites personales, temporales y espaciales de la disposición jurídica.

En ese horizonte, es criterio reiterado de esta Corporación que la regla general es la de que la contingencia está cobijada por la norma de seguridad social vigente al momento de la ocurrencia del evento según la prestación pensional correspondiente, esto es, para la pensión de sobrevivientes, la que esté en vigor a la calenda de la muerte del afiliado o pensionado.

Cumple a ese propósito memorar que la Corte en sentencia CSJ SL, 11 de jun. 2014, rad. 46780, sostuvo que «tal como lo tiene señalado la jurisprudencia de esta Sala, la regla general es que el derecho a la pensión de sobrevivientes debe ser dirimido a la luz de la normatividad vigente al momento del deceso del afiliado o pensionado. (CSJ SL 10 Jun 2009, Rad. 36135; 1° Feb 2011, Rad. 42828; 23 Mar 2011, Rad. 39887; y 3 de May 2011, Rad. 37799, entre otras)».

Es claro que, además de ampararse el instituto jurídico del derecho adquirido, esta premisa respeta tanto el amplio margen de configuración que tiene sobre el sistema el Congreso de la República como las razones de necesidad, oportunidad y equidad que motivan un cambio legislativo.

Para atenuar de alguna manera los efectos de un cambio abrupto en las reglas de juego, dada una reforma legal, se estila en las leyes sociales implementar regímenes de transición. Dado que los cambios legislativos en materia de derecho social, que obedecen a la necesidad de ajustar los parámetros de acceso y en algunas ocasiones de revaluar el alcance de los elementos esenciales del derecho en respuesta a los cambios económicos, sociales y aún culturales, establecen requisitos más exigentes de acceso a las prestaciones, la justificación de establecer un régimen de transición aparece lógico para lograr un tránsito armónico y pacífico que minimice las consecuencias que pudieran resultar tanto en la población que tenía una expectativa legítima, frente al acceso al derecho, como en el proveedor del derecho, en este caso el Estado, por ejemplo en su necesidad de hacer sostenible financiera y económicamente el sistema de derechos prestacionales.

No obstante, lo anterior, en algunas ocasiones escapan al legislador ciertas consecuencias indeseables, por injustas e inequitativas, derivadas del tránsito legislativo, que ameritan, tanto desde el punto de vista constitucional como legal, la aplicación de los principios con venero en el orden jurídico, como el de la condición más beneficiosa, para resolver el problema social que se ocasiona por la implementación del nuevo ordenamiento.

Esta Corporación ha estimado que el postulado de la condición más beneficiosa tiene las siguientes características:

Es una excepción al principio de la retrospectividad.

Opera en la sucesión o tránsito legislativo.

Procede cuando se predica la aplicación de la normatividad inmediatamente anterior a la vigente al momento del siniestro.

Entra en vigor solamente a falta de un régimen de transición, porque de existir tal régimen no habría controversia alguna originada por el cambio normativo, dado el mantenimiento de la ley antigua, total o parcialmente, y su coexistencia en el tiempo con la nueva.

Entra en juego, no para proteger a quienes tienen una mera o simple expectativa, pues para ellos la nueva ley puede modificarles el régimen pensional, sino a un grupo de personas, que, si bien no tienen un derecho adquirido, se ubican en una posición intermedia –expectativas legítimas- habida cuenta que poseen una situación jurídica y fáctica concreta, verbigracia, haber cumplido en su integridad la densidad de semanas necesarias que consagraba le ley derogada.

Respeta la confianza legítima de los destinatarios de la norma.

Expliquemos cada uno de ellos:

1. Excepción a la retrospectividad de la ley

La condición más beneficiosa, a no dudarlo, se entiende como un mecanismo que permite atenuar la rigurosidad del principio de la aplicación general e inmediata de la ley, pues permite que la disposición derogada permanezca vigente en presencia de una situación concreta, materializada en una expectativa legítima conforme a la ley anterior.

Opera en sucesión o tránsito legislativo

La pregunta relevante es ¿qué se entiende por tránsito legislativo? El tránsito legislativo es un momento único, que se da, en forma simple cuando se sanciona y promulga una nueva ley.

Los efectos del tránsito legislativo, como ya se dijo, por regla general son inmediatos. Existen, desde luego, excepciones, como la que rigen para los impuestos anuales, caso en el cual las normas tributarias, por ejemplo, sobre impuesto de renta, rigen a partir del siguiente año fiscal; o las que protegen derechos adquiridos que no se pueden violar en virtud del artículo 58 de la Constitución Política. (aunque puede obrar la expropiación).

En el caso de derechos sociales, el tránsito legislativo lleva a prever en la norma reformatoria, la protección a los derechos adquiridos y, en algunas ocasiones, regímenes de transición; en otras no: por ejemplo, la Ley 797 de 2003 que reformó la manera de determinar el monto y cuantía de la pensión de vejez para los afiliados al régimen de prima media no estableció régimen de transición alguno para salvaguardar estos aspectos.

Los derechos adquiridos y los regímenes de transición, plenos o parciales, otorgan protección temporal, total o parcial a los ciudadanos. En materia del derecho adquirido el amparo es vitalicio o pleno; en el caso de los regímenes de transición es temporal, pero pueden ser pleno o parcial. En el evento de la aplicación directa de la Ley 33 de 1985 la garantía fue plena para quienes tenían 20 años de servicios, pues los cobija en su integridad el régimen anterior; mientras que en la Ley 100 de 1993 la protección es parcial porque, para construir el derecho a la pensión, solo se toman los parámetros de edad, tiempo de servicios o semanas de cotización y monto del régimen anterior.

De manera que es el legislador el que define qué protección concede y el lapso por el cual la otorga. Si no fija consecuencias temporales mediante medidas de protección, debe estarse, en principio, a la aplicación inmediata de la ley.

Aplicación de la normatividad inmediatamente precedente

No es admisible aducir, como parámetro para la aplicación de la condición más beneficiosa, cualquier norma legal que haya regulado el asunto en algún momento pretérito en que se ha desarrollado la vinculación de la persona con el sistema de la seguridad social, sino la norma inmediatamente anterior a la vigente que ordinariamente regularía el caso. Es decir, el juez no puede desplegar un ejercicio histórico, a fin de encontrar alguna otra legislación, más allá de la que haya precedido –a su vez- a la norma anteriormente derogada por la que viene al caso, para darle una especie de efectos «plusultractivos», que resquebraja el valor de la seguridad jurídica (sentencia CSJ SL, del 9 de dic. 2008, rad. 32642).

A falta de régimen de transición

Los regímenes de transición, por regla general, sólo protegen expectativas legítimas, es decir, se centran en la protección de aquellos grupos de población cercanos al cumplimiento de los requisitos de acceso a la prestación.

En la misma dirección la Corte Constitucional en fallo C-663/07, recalcó que los regímenes de transición, a) recaen sobre expectativas legítimas de los asociados y no sobre derechos adquiridos; b) su fundamento es el de salvaguardar las aspiraciones de quienes están cerca de acceder a un derecho específico de conformidad con el régimen anterior; c) su propósito es el de evitar que la subrogación, derogación o modificación del régimen anterior, impacte excesivamente las aspiraciones válidas de los asociados, especialmente si existe la posibilidad de minimizar esa incidencia y de armonizar las expectativas ciudadanas y los cambios legislativos a través de un régimen de transición; y d) es constitucionalmente legítimo que se utilice la figura del régimen de transición para evitar que una decisión relacionada con expectativas pensionales legítimas bajo la vigencia de una ley, se vea desvirtuada completamente por una ley posterior, en desmedro de quienes aspiraban a que sus derechos pudieran llegar a consolidarse bajo el régimen previo.

Conviene precisar que, en relación con las pensiones de invalidez y sobrevivientes, no ha existido un régimen de transición en nuestra historia legal. Ello no ha sido óbice para que el operador jurídico busque principios de favorabilidad a través, por ejemplo, de la definición de derecho adquirido recayendo en la fecha de estructuración, buscando normas de acceso más favorables que las que rigen al momento de la declaratoria.

La pregunta que surge es ¿por qué si han existido normas de protección para las pensiones de jubilación o vejez, a través de regímenes de transición, no han existido normas de protección para la invalidez y la muerte? Un principio de respuesta puede darse si se tiene en cuenta que la vejez, durante la vida laboral del individuo, es un hecho relativamente cierto mientras que, por ejemplo, la invalidez es relativamente incierto y poco probable. Dicho en otras palabras, el régimen de transición en las pensiones de vejez se da porque es viable considerar la mayor o menor aproximación a la edad y al total de cotizaciones exigidas bajo un régimen, para determinar el grupo de la población que eventualmente puede acceder a esa prestación (por el transcurso del tiempo – hecho determinable -, ya para completar cierta edad o para sumar un período de cotizaciones); mientras que en la de invalidez, por ejemplo, obedece a contingencias improbables de predecir y, por ende, no regulables por un régimen de transición (sentencia CSJ SL de 5 de jul. 2005, rad. 24.280).

De manera que, por regla general, en presencia de regímenes de transición, la condición más beneficiosa no puede aplicarse pues haría nugatorios todos los objetivos económicos y sociales que con una reforma pretenden lograrse y, desde el umbral, debe aplicarse en torno a normas de impacto mediato.

El destinatario posee una situación jurídica concreta- expectativa legítima-

En pensiones de siniestro, como las de invalidez y sobrevivientes, no es fácil establecer qué es una situación jurídica concreta. Empero, se ha entendido por la Jurisprudencia que la situación es concreta si se cumple en estos casos con la densidad de semanas de cotización, dentro del plazo estrictamente exigido por la normatividad aplicable

Así, por ejemplo, en el régimen de los seguros sociales obligatorios, la situación es concreta si el afiliado cotizó 300 semanas antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, dado que la norma exigía ese número de semanas de cotización en todo el tiempo.

Con la vigencia de la Ley 100 de 1993, en parte puede existir una definición de situación concreta a estos efectos, dado que la norma precisa tal situación dependiendo de la cotización efectiva.

Del anterior mandato se desprende dos situaciones que dan acceso a la prestación:

Afiliado que se encontraba cotizando al sistema al momento del fallecimiento

Requisito de semanas: haber cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de producirse la muerte, es decir, en cualquier tiempo.

Afiliado que no se encontraba cotizando al sistema al momento del fallecimiento

Requisito de semanas: haber cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte.

Nótese que a diferencia del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, el legislador del 93 estableció como criterio de acceso el hecho de la cotización efectiva al sistema, al momento de la muerte o invalidez, para estructurar el requisito de semanas de cotización. En efecto, mientras que la normativa anterior exigía haber cotizado 300 semanas en cualquier tiempo o 150 semanas dentro de los seis años anteriores al momento del siniestro, sin establecer el requisito de cotización al momento de la muerte o invalidez; en la legislación de 1993, el nivel de concentración de las semanas de cotización exigidas en un determinado lapso depende del hecho de la cotización efectiva al momento de la invalidez.

Teniendo en cuenta lo dicho, ¿Cómo se expresa la situación jurídica concreta en el cambio normativo de la Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003?

1. Afiliado que se encontraba cotizando al momento del cambio normativo

En este evento la situación jurídica concreta emerge si el afiliado para el momento del cambio legislativo, esto es, 29 de enero de 2003, (i) estaba cotizando al sistema, y (ii) había aportado 26 semanas o más en cualquier tiempo.

Ello por cuanto no solamente se da eficacia, sino que también se satisface con la densidad de semanas de cotización efectuadas dentro del plazo estrictamente exigido por el mandato abolido.

Cumple a ese propósito dejar en claro, empero, que, si el asegurado estaba cotizando para el 29 de enero de 2003 y no tenía en su haber 26 semanas de cotización en cualquier tiempo, no es poseedor de una situación jurídica concreta y, en consecuencia, se le aplica con rigurosidad la Ley 797 de 2003, en desarrollo del principio de la retrospectividad de la ley, pues repárese en que no tiene una expectativa legitima ni mucho menos un derecho adquirido. En resolución, en este caso no hay condición más beneficiosa.

2. Afiliado que no se encontraba cotizando al momento del cambio normativo

En esta hipótesis la situación jurídica concreta aflora si el afiliado para el momento del cambio legislativo, esto es, 29 de enero de 2003, (i) no estaba cotizando al sistema, (ii) pero había aportado 26 semanas o más dentro del año inmediatamente anterior a la data del tránsito legislativo, esto es, entre el 29 de enero de 2002 y 29 de enero de 2003.

Ello, toda vez que se cumple con la densidad de semanas de cotización, dentro del interregno estrictamente exigido por el precepto derogado.

Si el afiliado no estaba cotizando para el 29 de enero de 2003 y no tenía 26 semanas o más de cotización dentro del año inmediatamente anterior a la data del tránsito legislativo, esto es, entre el 29 de enero de 2002 y 29 de enero de 2003, no tiene una situación jurídica concreta y, por ende, también se aplica con todo el rigor la Ley 797 de 2003, en desarrollo del principio de la retrospectividad de la ley, pues no posee una expectativa legitima y mucho menos un derecho adquirido. En conclusión, tampoco hay condición más beneficiosa.

En sentencias CSJ SL1884-2020 y CSJ SL1938-2020, reiteradas, entre otras, en las CSJ SL2547-2020 y CSJSL855-2021, esta Corporación, razonó:

[…] La característica relativa a que no es absoluto e ilimitado en el tiempo, significa que no puede utilizarse para garantizar la perpetuidad de un régimen que en un tiempo pretérito estuvo vigente y le era aplicable a un sujeto o a un grupo de personas, dado que, bien comprendido, su ámbito de aplicación se orienta a conservar un régimen normativo anterior, cuando quiera que el titular haya cumplido una condición relevante del mismo que, si bien no es definitiva para adquirir el derecho, juega un rol fundamental en su consolidación.

En este sentido, la condición más beneficiosa se sitúa en un lugar más allá de la simple expectativa para ubicarse en el concepto de expectativa legítima tutelable por el ordenamiento jurídico, en la medida en que no desconoce y ampara la consolidación de una exigencia relevante, que si bien no es suficiente para alcanzar el derecho en tanto no se ha cumplido otra condición ulterior, sí genera la confianza fundada que el régimen en que estaba incurso y en el que cumplió algunos presupuestos, será respetado.

Sin embargo, su aplicación no puede ser irrestricta al punto de petrificar la legislación e impedir la puesta en marcha de reformas sociales de interés general, de las cuales dependa la realización y efectividad de los derechos de la comunidad o la supervivencia de instituciones y prestaciones fundamentales para la sociedad. En otras palabras, su aplicación debe ser razonable y proporcional, a fin de no lesionar o comprometer severamente otros derechos de interés público y social.

En esta dirección, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia CSJ SL, 4 dic. 1995, rad. 7964 indicó que este postulado «no es absoluto y en manera alguna conduce al anquilosamiento de la normatividad laboral, pues de lo que se trata es de proteger al trabajador que construye su vida y la de su familia alrededor de unas expectativas económicas y jurídicas generadas en su propia labor, de manera que un cambio desfavorable de esas expectativas sólo (sic) es humana y jurídicamente admisible, cuando en cada caso concreto medien serias circunstancias justificantes, verbigracia el interés general reconocido (…)».

De ahí, que el delimitar la aplicación del principio de la condición más beneficiosa a la norma inmediatamente anterior sirve a varios propósitos:

(i) Si la potestad de configuración de un sistema pensional permite al legislador introducir cambios a fin de garantizar los principios y objetivos del sistema, no tiene sentido mantener en el tiempo disposiciones anteriores, puesto que ello haría nugatorios todos los propósitos económicos y sociales que pretenden lograrse con una reforma.

(ii) Si los regímenes de transición, en esencia, siempre son temporales, no hay razón alguna que justifique que la aplicación del principio de condición más beneficiosa deba mantenerse indefinidamente en el tiempo, así bajo su vigencia se haya dado inicio o se hayan efectuado cotizaciones para obtener el amparo que se pretende.

(iii) Tal restricción contribuye a la preservación de otro valor fundamental: la seguridad jurídica, que ofrece certeza a los ciudadanos sobre las reglas jurídicas que emplearán los jueces en la solución de las controversias que se sometan a su consideración, sin que les sea posible acudir a una búsqueda histórica para determinar la norma que más convenga a una situación particular; la aplicación del principio amplia e ilimitadamente genera incertidumbre en los actores del sistema pensional y en los ciudadanos en general, respecto de las reglas que definen el acceso a un derecho pensional.

En conclusión, si la finalidad del principio de la condición más beneficiosa es proteger expectativas legítimas que puede cambiar el legislador con apego a los parámetros constitucionales, no tiene sentido que su aplicación permita acudir a cualquier normativa anterior o, en otros términos, resulte indefinida en todos los tránsitos legislativos que puedan generarse en la configuración del sistema pensional, de por sí, de larga duración […].

Temporalidad de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa en el tránsito legislativo entre las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003

Como se recuerda la condición más beneficiosa es un mecanismo que: (i) busca minimizar la rigurosidad propia del principio de la aplicación general e inmediata de la ley; (ii) protege a un grupo poblacional con expectativa legítima, no con derecho adquirido, que goza de una situación jurídica concreta, cual es, la satisfacción de las semanas mínimas que exige la reglamentación derogada para acceder a la prestación que cubre la contingencia de la muerte; y (iii) al ser excepcional, su aplicación, necesariamente, es restringida y temporal.

Sin perder de vista lo precedente, y una vez analizada la exposición de motivos de la Ley 797 de 2003, brota espontánea una primera conclusión: el legislador jamás pretendió perpetuar las disposiciones de la Ley 100 de 1993 que regulan la pensión de sobrevivientes, y si bien con la condición más beneficiosa debe respetarse o mejor resguardarse los hechos denominados por la doctrina foránea «intertemporales» que se generan con personas que tienen una situación jurídica concreta, ello no puede llevar a mantener, per secula seculorum, la protección de «“derechos” que no son derechos”», en contra posición de la nueva ley que ha sido proferida honrando la Constitución Política.

De suerte que, a falta de normatividad expresa, el principio de la condición más beneficiosa emerge como un puente de amparo construido temporalmente para que transiten, entre la anterior y la nueva ley, aquellas personas que, itérese, tienen una situación jurídica concreta, con el único objetivo de que, en la medida que lo recorren, paulatinamente vayan construyendo los «niveles» de cotización que la normativa actual exige.

Pero ¿cuál es el tiempo de permanencia de esa «zona de paso» entre la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003? Bueno, para la Corte lo es de tres años, tiempo este que la nueva normativa (Ley 797 de 2003) dispuso como necesario para que los afiliados al sistema de pensiones reúnan la densidad de semanas de cotización-50- y una vez verificada la contingencia de la muerte los causahabientes puedan acceder a la prestación correspondiente.

Con ese fin, se obtiene un punto de equilibrio y se conserva razonablemente por un lapso determinado- tres años-, los «derechos en curso de adquisición», respetándose así, para determinadas personas, las semanas mínimas establecidas en la Ley 100 de 1993, «con miras a la obtención de un derecho en materia de pensiones, cuya efectividad se subordina al cumplimiento ulterior de una condición», cual es, la muerte.

Entonces, algo debe quedar muy claro. Solo es posible que la Ley 797 de 2003 difiera sus efectos jurídicos hasta el 29 de enero de 2006, exclusivamente para las personas con una expectativa legítima. Con estribo en ello se garantiza y protege, de forma interina pero suficiente, la cobertura al sistema general de seguridad social frente a la contingencia de la muerte, bajo la égida de la condición más beneficiosa. Después de allí no sería viable su aplicación, pues este principio no puede convertirse en un obstáculo de cambio normativo y de adecuación de los preceptos a una realidad social y económica diferente, toda vez que es de la esencia del sistema el ser dinámico, jamás estático. Expresado en otro giro, durante dicho periodo (29 de enero de 2003 – 29 de enero de 2006), el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 continúa produciendo sus efectos con venero en el principio de la condición más beneficiosa para las personas con expectativa legítima, ulterior a ese día opera, en estrictez, el relevo normativo y cesan los efectos de este postulado constitucional.

No puede la Corte pasar por alto que esta franja de tres años, a más de tornarse razonable y proporcional favorece, a quienes tenían dicha situación concreta al momento del tránsito legislativo.

Es inocultable que, si las expectativas legítimas no pueden ser modificadas de manera abrupta o arbitraria, de ahí la razón de ser de la condición más beneficiosa, tampoco pueden permanecer inalterables como si fuesen unos derechos adquiridos. Dicho en breve: no se le puede otorgar el mismo tratamiento y protección a las expectativas legítimas que a los derechos consolidados.

Con tal óptica, es de verse que, si los regímenes de transición tienen duración limitada y cuantificable en el tiempo, y que, para algún sector, es posible que el legislador modifique los regímenes de transición con posterioridad a su consagración «porque éstos no pueden ser concebidos como normas pétreas», caben las siguientes preguntas ¿cómo entender que el principio de la condición más beneficiosa sí permanezca en vigor sin límite alguno en el tiempo? Si un régimen de transición no es permanente, ¿bajo qué argumento puede sostenerse que el uso de la condición más beneficiosa sí lo sea? si precisamente, como se explicó, los derechos adquiridos son diferentes a las expectativas legitimas. No hay argumentos que, prima facie, lo justifique.

No se pierda de vista que ha transcurrido más de 18 años desde cuando acaeció el cambio normativo, 29 de enero de 2003, es decir, lapso de tiempo que incluso superó el término del régimen de transición dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005, para las pensiones por vejez. Por tanto ¿se justifica mantener con vida lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, más allá del tercer año de vigencia de la Ley 797 de 2003, so pretexto de emplear la condición más beneficiosa, cuando, se repite esta ley dispuso un margen de tres años para satisfacer la densidad de semanas de cotización?

De suyo, también se cumple con lo asentado por la Sala respecto a la deliberada voluntad del legislador en la reforma introducida al sistema pensional con la Ley 797 de 2003, que propende por asegurar un equilibrio financiero, de manera que los niveles de protección que hoy se ofrezcan, se puedan mantener a largo plazo.

Desde la perspectiva anterior, si la condición más beneficiosa tiene cabida por vía de excepción y su aplicación es restrictiva, no es dable emplearla con un carácter indefinido. Tampoco es factible, en virtud del principio de inescindibilidad de la ley, alterar la normativa que se ha de aplicar en virtud del principio examinado

Una reflexión insoslayable, el fallecimiento del afiliado es un supuesto ineludible de la causación del derecho a la pensión de sobrevivientes, no es un requisito de exigibilidad. Ello explica que no basta satisfacer la densidad de cotizaciones en cualquier tiempo para entender consolidado el derecho, sino que los dos elementos deben acontecer dentro del ámbito temporal que establece la ley. Este planteamiento permite entender la justificación de la condición más beneficiosa y su permanencia efímera.

Hay que añadir, eso sí, que al ponderarse el principio de esta forma, también se evita cargarle al sistema general de pensiones obligaciones ilimitadas, que, sin hesitación alguna, no fueron previstas o incluidas en los análisis de sostenibilidad financiera al tiempo de crear la nueva disposición, justamente por la dificultad de hacerlo dada la naturaleza de la contingencia que se ampara.

De esa manera, bajo la línea de esta Corporación, se concluye que el juzgador de alzada no se equivocó, por cuanto las semanas que el causante tenía aportadas al Instituto con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, no pueden ser entendidas como un derecho adquirido, ya que, ante la incertidumbre de la ocurrencia de la muerte, que se resalta tuvo lugar después de las modificaciones legales, el causante estaba cobijado por los cambios normativos; por manera que, para la fecha en que falleció el señor William Alfonso Sánchez Muñoz, 6 de noviembre de 2014, la ley aplicable era la 797 de 2003 y no el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, como acertadamente lo infirió el juzgador.

Y es que, en últimas, la pretensión de la recurrente no es atendible aún bajo el escenario de tener la aplicación del mentado principio, al no ser posible efectuar una aplicación plusultractiva de la ley, como ya se explicó.

Ahora bien, sobre la fuerza vinculante del precedente constitucional, debe reiterarse la doctrina de esta Corporación, expuesta en sentencia CSJ SL184-2021, así:

La fuerza vinculante del precedente constitucional

La Corte Constitucional ha definido el precedente judicial como aquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que, por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada al momento de resolver el asunto de su competencia.

Asimismo, ha precisado que un precedente tiene fuerza vinculante, puesto que, sin duda, la jurisprudencia es una fuente formal del derecho y la hermenéutica que elaboran las autoridades judiciales que poseen la facultad de unificarla y otorgarle comprensión a normas superiores, precisamente contribuye a determinar el alcance de disposiciones normativas y a desarrollar principios básicos del Estado constitucional, como el de seguridad jurídica; además, permite materializar el respeto de los principios de igualdad, supremacía de la Carta Política, debido proceso y confianza legítima (C-539-2011).

No obstante, también ha diferenciado entre las decisiones derivadas del control abstracto de constitucionalidad; es decir, aquellos fallos que determinan el contenido y alcance de la normativa superior y el precedente en vigor; esto es, el que deriva de las providencias de acciones de tutela.

El primero, tiene fuerza vinculante especial y obligatoria en razón de sus efectos erga omnes y su desconocimiento significa una trasgresión a la Constitución Política (C-083-1995, C836-2001, C-335-2008 y C-539-2011); mientras que el segundo, aunque también tiene fuerza vinculante, le permite al juez apartarse de sus postulados siempre que cumpla con el deber de trasparencia y argumentación suficiente, en armonía con los derechos y los principios constitucionales; ello, debido a los efectos inter partes que produce la jurisprudencia en estos casos (SU-611-2017).

En ese contexto, teniendo en cuenta que los principios constitucionales no son absolutos y su aplicación debe ser proporcional -a fin de no quebrantar otros bienes jurídicos Superiores importantes para los individuos y la sociedad-, esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, frente a los efectos inter partes y a la ratio decidendi de la sentencia SU-05-2018, se aparta de su contenido -deber de transparencia-, por las razones que se expone a continuación -deber de argumentación suficiente- (C-621-2015 y SU-354-2017).

En esa providencia, dicha autoridad judicial estableció que es posible la aplicación plus ultractiva de la condición más beneficiosa, cuando se cumplan los siguientes requisitos: (i) se trate de un afiliado al sistema general de seguridad social en pensiones que fallece en vigencia de la Ley 797 de 2003, (ii) no acredite 50 semanas de aportes durante los tres años anteriores al deceso, para dejar causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, (iii) pero sí reúne el número mínimo de semanas cotizadas exigidas en el régimen anterior.

Igualmente, asentó que es procedente la acción de tutela para reclamar la pensión de sobrevivientes, cuando se cumplan con las siguientes condiciones del test de procedencia: (i) pertenecer a un grupo de especial protección constitucional o encontrarse en uno o varios supuestos de riesgo, tales como analfabetismo, vejez, enfermedad, pobreza extrema, cabeza de familia o desplazamiento; (ii) tener afectación directa de la satisfacción de necesidades básicas, esto es, su mínimo vital; (iii) depender económicamente del causante antes de su fallecimiento, de tal manera que la pensión de sobreviviente sustituye el ingreso; (iv) al afiliado no le fue posible seguir cotizando las semanas previstas en el sistema general de pensiones para dejar causada la pensión de sobrevivientes, y (v) la persona reclamante tuvo una actuación diligente en adelantar las solicitudes administrativas o judiciales para solicitar el reconocimiento de tal prestación.

A juicio de esta Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la práctica, esa decisión significa la aplicación absoluta e irrestricta del principio de la condición más beneficiosa e impone reglas diferentes a las legales para el reconocimiento de la prestación de sobrevivencia, las cuales, a su vez, pueden afectar la eficacia de las reformas introducidas al sistema pensional. Así mismo, desconoce los principios de aplicación en el tiempo de la legislación de seguridad social, principalmente los de aplicación general e inmediata y de retrospectividad.

Por otra parte, la aplicación ultractiva de normativas derogadas en una sucesión de tránsitos legislativos, afecta el principio de seguridad jurídica, pues genera incertidumbre sobre la disposición aplicable, en la medida en que el juez podría hacer un ejercicio histórico para definir la concesión del derecho pensional, con aquella que más se ajuste a los intereses del reclamante, en detrimento de los de carácter general, lo cual, según el criterio de la Sala, no es posible (…)

En síntesis, es preciso indicar que no se trata de desconocer el principio de la condición más beneficiosa sino de delinear correctamente su campo de aplicación y actualizarlo conceptualmente bajo la égida del modelo constitucional de prevalencia del interés general sobre el particular, la solidaridad y la garantía de efectividad de los derechos fundamentales sociales.

Conceder tal prestación según la tesis propuesta por la impugnante, sería tanto como desconocer de manera frontal el efecto de la retrospectividad de la ley, dando aplicación a una disposición que, de manera expresa, fue derogada.

Entonces, se reitera, aún a riesgo de fatigar, en el presente caso no podemos hablar de la existencia de una situación jurídica concreta protegida por el principio de la condición más beneficiosa, sino de una mera expectativa, y a las voces elocuentes del artículo 17 de la Ley 153 de 1887, las meras expectativas no constituyen derecho contra la ley nueva que las anule o cercene, lo que, simple y llanamente, puede resumirse en el vetusto aforismo «de la nada, nada puede resultar».

No habiendo fundamento o razones que permitan el cambio de la línea trazada por esta corporación y siendo coherente con lo discurrido, el cargo no sale victorioso.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente, por cuanto su acusación no salió avante y hubo réplica. Como agencias en derecho se fija la suma de $5.300.000,oo que se incluirán en la liquidación que haga el juez de primer grado, con arreglo en lo dispuesto en el artículo 366 del CGP.

IX. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 30 de agosto de 2021, en el proceso que instauró MARÍA ISABEL ALZATE GIRALDO en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES.

Costas como quedo expuesto en la parte considerativa.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Presidente de la Sala

Aclara voto

FERNANDO CASTILLO CADENA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Aclara voto

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

ACLARACIÓN DE VOTO

Radicación n.º 94275

Acta 10

Referencia: demanda promovida por MARÍA ISABEL ALZATE GIRALDO contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-

Con el acostumbrado respeto por las decisiones mayoritarias de la Sala, en este especial asunto, me permito aclarar voto, por cuanto si bien comparto la decisión que finalmente se adoptó, de no casar la sentencia del Tribunal que confirmó la absolución en favor de Colpensiones en primer grado, discrepo de algunos de los argumentos que sirvieron de base a la decisión, como paso a explicar.

Asiento, conforme lo concluyó la Sala, que el Tribunal no incurrió en los yerros jurídicos que le imputó la censura, porque, ciertamente de manera reiterada tiene definido esta Corporación, que «el derecho a la pensión de sobrevivientes debe dirimirse por regla general bajo la norma vigente al momento del fallecimiento del asegurado, que en el caso concreto es la Ley 797 de 2003, por haber fallecido el causante en vigencia de ésta.»

Igualmente tiene adoctrinado la Corte, que «la aplicación del principio de la condición más beneficiosa para acceder a la pensión de sobrevivientes, como excepción, no supone acudir a cualquier norma que haya regulado el asunto en algún momento pretérito en el que se ha mantenido la vinculación de la persona al sistema de seguridad social, sino solamente a la norma inmediatamente anterior a la vigente que ordinariamente regularía el caso, de tal manera que no le es dable al juez realizar un examen histórico de los textos anteriores a fin de determinar la más ventajosa de entre ellas, para el caso particular.»

Sin embargo, sí discrepo, el que la Corte, siguiendo lo enseñado en sentencia CSJ SL2567-2021, que rememora la CSJ SL4650-2017, continue considerando que el artículo 46 original de la Ley 100 de 1993, sigue produciendo efectos únicamente entre el 29 de enero de 2003 y el mismo día y mes de 2006, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, tomando como referencia el término que la Ley 797 de 2003, establece para que el afiliado reúna las semanas de cotización para dejar causado el derecho.

En el referido apoyo jurisprudencial, se sostuvo entre otros aspectos lo siguiente:

De suerte que, a falta de normatividad expresa, el principio de la condición más beneficiosa emerge como un puente de amparo construido temporalmente para que transiten, entre la anterior y la nueva ley, aquellas personas que, itérese, tienen una situación jurídica concreta, con el único objetivo de que, en la medida que lo recorren, paulatinamente vayan construyendo los «niveles» de cotización que la normativa actual exige.

Pero ¿cuál es el tiempo de permanencia de esa «zona de paso» entre la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003? Bueno, para la Corte lo es de tres años, tiempo este que la nueva normativa (Ley 797 de 2003) dispuso como necesario para que los afiliados al sistema de pensiones reúnan la densidad de semanas de cotización-50- y una vez verificada la contingencia de la muerte los causahabientes puedan acceder a la prestación correspondiente.

Con ese fin, se obtiene un punto de equilibrio y se conserva razonablemente por un lapso determinado- tres años-, los «derechos en curso de adquisición», respetándose así, para determinadas personas, las semanas mínimas establecidas en la Ley 100 de 1993, «con miras a la obtención de un derecho en materia de pensiones, cuya efectividad se subordina al cumplimiento ulterior de una condición», cual es, la muerte.

Entonces, algo debe quedar muy claro. Solo es posible que la Ley 797 de 2003 difiera sus efectos jurídicos hasta el 29 de enero de 2006, exclusivamente para las personas con una expectativa legítima. Con estribo en ello se garantiza y protege, de forma interina pero suficiente, la cobertura al sistema general de seguridad social frente a la contingencia de la muerte, bajo la égida de la condición más beneficiosa. Después de allí no sería viable su aplicación, pues este principio no puede convertirse en un obstáculo de cambio normativo y de adecuación de los preceptos a una realidad social y económica diferente, toda vez que es de la esencia del sistema el ser dinámico, jamás estático. Expresado en otro giro, durante dicho periodo (29 de enero de 2003 – 29 de enero de 2006), el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 continúa produciendo sus efectos con venero en el principio de la condición más beneficiosa para las personas con expectativa legítima, ulterior a ese día opera, en estrictez, el relevo normativo y cesan los efectos de este postulado constitucional.

Argumentos frente a los que debo indicar, que si bien inicialmente compartí en la sentencia antes referida, a través de la cual se estableció la vigencia temporal a la Ley 100 de 1993, en el transito legislativo con la Ley 797 de 2003, esto es, el período comprendido entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006, que hoy reitera la presente providencia, lo fue con el fin de extender en el tiempo por vía jurisprudencial, los efectos del principio de condición más beneficiosa en dicho periodo, y hacer menos rigurosa su aplicación, en aras de tratar de salvaguardar los derechos de los asegurados y su grupo familiar, quienes por los cambios normativos verían truncada la posibilidad de acceder a la pensión de sobrevivientes, pese a tener un número consideraba de cotizaciones, y que conforme a disposiciones anteriores daría lugar de acceder a esa prestación.

Sin embargo, al hacer un minucioso análisis de dicha providencia, conforme lo expresara al distanciarme de lo decidido en la sentencia CSJ SL2567-2021, observo que los fundamentos que allí se expusieron y que ahora se reiteran para establecer el aludido límite temporal, no resultan suficientes para negar a una persona el derecho a la pensión de sobrevivientes, pues a mi juicio, ello supone una restricción desproporcionada, no solo a esta prerrogativa de carácter fundamental sino a la posibilidad de acceder al mínimo vital y de mantener una vida en condiciones dignas a los beneficiarios del causante, con pleno desconocimiento del mandato constitucional establecido en el artículo 48 de la Constitución Política, ya que en lugar de garantizar el acceso progresivo a la seguridad social, lo que se termina es coartándolo por el mero hecho de que la muerte del afiliado se da fuera del periodo estimado por la Corte.

Adicionalmente, estimó que las diferentes hipótesis planteadas en la citada providencia, como supuestos fácticos que deben cumplir los asegurados para dejar causada la pensión de sobrevivientes bajo aquella línea de pensamiento, a más de ser en algunos casos confusas, también se tornan poco posibles de cumplir, de tal suerte que de manera exigua o en nada termina favoreciendo al grupo poblacional al que está dirigida, contrario a lo que fue la finalidad del cambio doctrinal propuesto respecto de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa que con aquella sentencia se fijó.

En ese sentido, consideró que la Sala debe permitir una aplicación absoluta e irrestricta del principio de la condición más beneficiosa, sin limitarlo al hecho de que el fallecimiento del afiliado se produzca entre el 29 de enero de 2003 y el mismo día y mes de 2006, pues tal obrar resulta más proteccionista y favorable de los derechos que se encuentran en juego.

En los anteriores términos, dejo consignada mi aclaración.

Fecha ut supra,

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Magistrado

ACLARACIÓN DE VOTO

Demandante: María Isabel Álzate Giraldo

Demandado: Colpensiones

Radicación: 94275

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

Con el acostumbrado respeto a mis compañeros de Sala y como lo expresé en la sesión en la que se debatió el asunto, si bien estoy de acuerdo con la decisión de no casar la sentencia del Tribunal, toda vez que no se equivocó al indicar que no es posible realizar una aplicación plusultractiva de la Ley para determinar si la actora cumplía los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes.

Sin embargo, considero pertinente aclarar mi voto en cuanto a las consideraciones relativas a la posibilidad de aplicar el principio de condición más beneficiosa en el tránsito legislativo entre la Ley 100 de 1993 y Ley 860 de 2003. Lo anterior, por cuanto, en mi criterio, la aplicación del principio de la condición más beneficiosa contemplado en el artículo 53 de la Carta Política de 1991 está sometido a ciertos límites, los cuales debe tener en cuenta el juez del trabajo y de la seguridad social en sus decisiones.

En efecto, tal principio protege las situaciones jurídicas o los derechos individuales próximos a consolidarse respecto a un cambio normativo que pueda lesionarlos. Por esto, su ámbito de acción no cobija cualquier reforma o ajuste en la legislación laboral o de la seguridad social, sino solamente aquella que contengan cambios estructurales en los esquemas que la soportan.

En esa medida, la aplicación del principio de la condición más beneficiosa no puede ser ilimitada y darse ante cualquier cambio normativo, toda vez que ello paralizaría la puesta en marcha de importantes ajustes en las políticas laborales, sociales y económicas. Por tal razón, este principio, adecuadamente entendido, está dirigido a garantizar, con ciertos límites, la permanencia de determinado estatuto regulatorio ante cambios verdaderamente estructurales en la regulación.

Y las leyes 797 y 860 de 2003 no representaron un cambio estructural en el sistema de pensiones en nuestro país, sino que se trataron de modificaciones legislativas en cuanto a los requisitos para el acceso a las prestaciones económicas; por tanto, en virtud de ello, la condición más beneficiosa no opera en dicho caso respecto a las disposiciones de la Ley 100 de 1993 en su versión original, toda vez que una modificación paramétrica respecto a la densidad de semanas de cotización como la que se planteó en dichas reformas, no refleja un cambio sustancial que amerite la suspensión temporal de la legislación actual con la finalidad de proteger expectativas legítimas.

Dejo así sustentada mi aclaración de voto en el presente asunto.

Fecha ut supra.

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Magistrado

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