
En este artículo12
Qué es la reparación directa
El artículo 90 de la Constitución dispone que el Estado responde patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. El artículo 140 del CPACA (Ley 1437 de 2011) desarrolla el medio de control: la persona interesada puede demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado, y el Estado responde, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa, la ocupación temporal o permanente de un inmueble por trabajos públicos, o cualquier otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de ella.
Cuando en la causación del daño están involucrados particulares y entidades públicas, la sentencia determina la proporción por la que responde cada uno, según la influencia causal del hecho o la omisión. Las entidades públicas promueven la misma pretensión cuando resultan perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.
La reparación directa se distingue de la nulidad y restablecimiento del derecho porque esta ataca un acto administrativo; la reparación directa reclama el daño producido por hechos, omisiones y operaciones. También se tramita por esta vía el daño que provenga de la acción u omisión de agentes judiciales (arts. 152, num. 5, y 155, num. 6).
Qué hay que demostrar
- Un daño antijurídico: el que la persona no está obligada a soportar.
- Su imputación a una entidad pública (o a un particular que obró por instrucción expresa de ella), por acción u omisión, con la prueba del vínculo entre la conducta y el daño.
Hechos generadores frecuentes
- Operaciones de la fuerza pública y daños causados por agentes del Estado.
- Error judicial y privación injusta de la libertad.
- Fallas en la prestación de servicios de salud por entidades públicas o su red prestadora.
- Accidentes por mantenimiento deficiente de vías públicas.
- Omisión en el deber de protección frente a amenazas.
- Ocupación de inmuebles por trabajos públicos.
Caducidad: el plazo que decide el caso
El artículo 164, numeral 2, literal i, del CPACA fija 2 años, contados desde el día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o desde cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. En la reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, el término se cuenta desde la fecha en que aparezca la víctima o, en su defecto, desde la ejecutoria del fallo definitivo del proceso penal, sin perjuicio de que la demanda pueda intentarse desde que ocurrieron los hechos.
Cuando opera la caducidad, el juez rechaza la demanda (art. 169, num. 1). Cuando se trata de daños que se manifiestan con el tiempo, el cómputo depende de la fecha en que el daño pudo conocerse, y esa fecha hay que probarla.
| Medio de control | Caducidad (art. 164, num. 2, CPACA) |
|---|---|
| Reparación directa | 2 años |
| Nulidad y restablecimiento del derecho | 4 meses desde el día siguiente a la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto |
| Controversias contractuales | 2 años, contados desde el día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento |
| Reparación de perjuicios causados a un grupo | 2 años siguientes a la fecha en que se causó el daño |
La conciliación extrajudicial como requisito
Cuando el asunto es conciliable, intentar la conciliación es requisito de procedibilidad en la reparación directa, la nulidad con restablecimiento del derecho y las controversias contractuales (Ley 2220 de 2022, art. 92; CPACA, art. 161, num. 1). Si no se agota, el juez rechaza la demanda de plano (art. 92). La conciliación se adelanta ante los agentes del Ministerio Público (art. 95); la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado recibe copia íntegra de la petición cuando una de las partes es una entidad pública del orden nacional (art. 101, num. 13).
| Paso | Plazo o regla | Artículo |
|---|---|---|
| Petición de convocatoria, con las pretensiones, la fórmula de conciliación que se propone, la estimación razonada de la cuantía, el medio de control y las pruebas | Antes de que se cumpla la caducidad | 101 |
| Envío de copia íntegra de la petición a la entidad convocada (buzón electrónico de notificaciones judiciales) y a la ANDJE si una parte es entidad nacional | Se acredita con la petición | 101, nums. 12 y 13 |
| Admisión por el agente del Ministerio Público | 10 días desde el recibo de la solicitud o de la subsanación | 106 |
| Audiencia | Dentro de los 30 días siguientes a la notificación del auto de admisión | 106, num. 1 |
| Decisión del Comité de Conciliación de la entidad pública convocada | Se remite con una antelación no inferior a 5 días a la fecha de la audiencia | 106, num. 7 |
| Término total del trámite | 3 meses desde la solicitud, prorrogables por acuerdo; en la prórroga no opera la suspensión de la caducidad | 94 y 96 |
| Remisión del acta del acuerdo al juez para su aprobación | Dentro de los 3 días siguientes a la audiencia | 113 |
| Decisión judicial sobre el acuerdo | 2 meses, prorrogables por una única vez hasta por 2 meses más para practicar pruebas | 113 |
La Ley 2220 de 2022 rige desde el 30 de diciembre de 2022 y derogó la Ley 640 de 2001 (art. 146).
Cuándo se entiende cumplido el requisito (art. 94). Cuando se realiza la audiencia sin acuerdo, cuando una o ambas partes no comparecen (la constancia señala las excusas), cuando pasan 3 meses desde la solicitud sin que se haya celebrado la audiencia (se acude a la jurisdicción con la sola presentación de la solicitud), o cuando el juez no aprueba el acuerdo conciliatorio.
Suspensión de la caducidad (art. 96). La petición suspende el término de caducidad hasta la ejecutoria de la providencia que imprueba el acuerdo, hasta la expedición de las constancias o hasta que venzan 3 meses, lo primero que ocurra. La suspensión opera por una sola vez; al terminar, el plazo que quedaba sigue corriendo.
Ejemplo: si al presentar la solicitud de conciliación faltaban 54 días para la caducidad y la constancia se expide 36 días después, los 54 días siguen corriendo desde la expedición de la constancia y la demanda se presenta dentro de ellos.
Efectos del acuerdo. El acta de acuerdo ante el Ministerio Público y el auto aprobatorio ejecutoriado prestan mérito ejecutivo y tienen efecto de cosa juzgada. La improbación no hace tránsito a cosa juzgada. La aprobación parcial procede solo con la aceptación expresa de las partes (art. 113).
Competencia y cuantía
| Cuantía de las pretensiones | Primera instancia |
|---|---|
| Hasta 1.000 salarios mínimos ($1.750.905.000 con el salario mínimo de 2026) | Juez administrativo (art. 155, num. 6) |
| Más de 1.000 salarios mínimos | Tribunal administrativo (art. 152, num. 5) |
En lo territorial, el demandante elige entre el lugar donde ocurrieron los hechos, las omisiones o las operaciones administrativas, y el domicilio o sede principal de la entidad demandada (art. 156, num. 6). Si un demandante fue víctima de desplazamiento forzado y lo acredita, puede demandar en su domicilio actual o en la sede principal de la entidad demandada.
La demanda
La demanda se presenta por conducto de abogado inscrito (art. 160). El artículo 162 del CPACA exige: designación de las partes y sus representantes; pretensiones precisas, formuladas por separado; hechos determinados, clasificados y numerados; fundamentos de derecho; petición de pruebas, con todas las documentales que el demandante tenga en su poder; estimación razonada de la cuantía cuando sea necesaria para determinar la competencia; y el lugar, la dirección y el canal digital para notificaciones.
Desde la Ley 2080 de 2021, al presentar la demanda el demandante envía simultáneamente por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados, salvo cuando solicite medidas cautelares previas o desconozca el lugar donde el demandado recibe notificaciones (art. 162, num. 8). Acompaña la constancia de conciliación (Ley 2220, arts. 70 y 71) y el documento que acredita el carácter con que se presenta (CPACA, art. 166).
Pruebas que sostienen el daño
- Daño y su magnitud: historias clínicas, dictámenes de pérdida de capacidad, certificaciones laborales y de ingresos, facturas de gastos médicos y funerarios.
- Imputación: informes oficiales, actas, comunicaciones de la entidad, peticiones de protección sin respuesta.
- Nexo entre la conducta y el daño: peritajes técnicos, inspección judicial, testimonios.
- Perjuicios morales: registros civiles que acrediten parentesco y, para los niveles 3 a 5, testimonios sobre la relación afectiva.
Perjuicios indemnizables
- Daño emergente: lo que el afectado gastó o perdió por el hecho.
- Lucro cesante: lo que dejó de ganar, consolidado y futuro.
- Perjuicios morales: se tasan en salarios mínimos; el caso de muerte tiene una sentencia de unificación con niveles y topes (siguiente apartado).
- Medidas no pecuniarias: en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, el Consejo de Estado ordena medidas de reparación no pecuniarias cuando se afectan bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados.
Perjuicios morales por muerte
La sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado (Sala Plena) del 28 de agosto de 2014, radicación 66001-23-31-000-2001-00731-01 (26251), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, fija cinco niveles de cercanía afectiva con la víctima directa y un tope de 100 salarios mínimos para el nivel 1:
| Nivel | Relación con la víctima directa | Indemnización |
|---|---|---|
| 1 | Cónyuges o compañeros permanentes y primer grado de consanguinidad (relaciones conyugales y paterno-filiales) | Tope de 100 SMLMV |
| 2 | Segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos) | 50 % del tope |
| 3 | Tercer grado de consanguinidad o civil | 35 % del tope |
| 4 | Cuarto grado de consanguinidad o civil | 25 % del tope |
| 5 | Relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados) | 15 % del tope |
Para los niveles 1 y 2 se prueba el estado civil o la convivencia de los compañeros; para los niveles 3 y 4, además, la relación afectiva; para el nivel 5, la relación afectiva. En casos excepcionales, como las graves violaciones a los derechos humanos, la sentencia permite una indemnización mayor, sin superar el triple de los montos señalados.
El proceso
Admitida la demanda, la entidad contesta y propone excepciones. La Ley 2080 de 2021 introdujo la sentencia anticipada, que procede antes de la audiencia inicial en asuntos de puro derecho, cuando no hay pruebas por practicar o cuando solo se piden las pruebas documentales aportadas sin tacha, y en cualquier estado del proceso cuando las partes de común acuerdo lo solicitan (art. 182A). Cuando no hay sentencia anticipada, el proceso sigue con la audiencia inicial (art. 180) y la audiencia de pruebas (art. 181). La sentencia de primera instancia es apelable (art. 243).
Pasos para el abogado y la víctima
- Fija la fecha del hecho y la del conocimiento del daño y calcula la caducidad el primer día.
- Reúne pruebas del daño antes de pedir la conciliación.
- Presenta la petición de convocatoria con la fórmula de arreglo y las constancias de envío a la entidad y a la ANDJE.
- Asiste a la audiencia con poder para conciliar o para dejar la constancia; la inasistencia injustificada tiene consecuencias probatorias y económicas (art. 110).
- Presenta la demanda dentro del plazo restante de caducidad, con la constancia.
- Pide medidas cautelares si el daño continúa o se agrava (CPACA, art. 229).
Cuando algo sale mal
- La entidad no asiste a la audiencia. Se expide la constancia con la excusa, si la hay, y queda agotado el requisito: se demanda (art. 94, num. 2).
- Se acerca la caducidad. La solicitud de conciliación suspende el plazo por una sola vez y hasta por 3 meses. Presentarla con días de sobra evita perder el medio de control.
- El acuerdo conciliatorio es improbado. La caducidad se suspende hasta la ejecutoria de la providencia que imprueba el acuerdo y queda cumplido el requisito para demandar (arts. 94, num. 4, y 96).
- Demandaste ante el juez equivocado. Revisa cuantía y territorio antes de radicar: 1.000 salarios mínimos separan juez y tribunal.
- Hay varios responsables. Cuando concurren particulares y entidades públicas, la sentencia fija la proporción por la que responde cada uno (art. 140).
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el plazo para presentar una demanda de reparación directa?
Dos años, contados desde el día siguiente a la acción u omisión que causó el daño o desde que el demandante tuvo o debió tener conocimiento de él, si fue después y prueba que no pudo conocerlo antes (CPACA, art. 164, num. 2, lit. i).
¿Es obligatoria la conciliación antes de demandar al Estado por reparación directa?
Sí, cuando el asunto es conciliable. Se intenta ante un agente del Ministerio Público y es requisito de procedibilidad (Ley 2220 de 2022, art. 92).
¿Cuánto suspende la caducidad la solicitud de conciliación?
Hasta 3 meses, o hasta la expedición de las constancias o la ejecutoria de la providencia que imprueba el acuerdo, lo primero que ocurra, y una sola vez (Ley 2220, art. 96).
¿Quién conoce la demanda de reparación directa?
Los jueces administrativos si las pretensiones llegan a 1.000 salarios mínimos o menos; los tribunales administrativos si superan 1.000 salarios mínimos.
¿Se puede demandar al Estado por daños y perjuicios sin abogado?
La demanda de reparación directa se presenta por conducto de abogado inscrito (CPACA, art. 160), con poder, y se acompaña de la constancia de conciliación.
¿Qué pruebas necesito para demostrar el daño?
Documentos que acrediten el daño y su valor (historia clínica, ingresos, gastos), la imputación a la entidad (informes, actas, peticiones) y el nexo (peritajes, testimonios).
¿Cuánto se paga por perjuicios morales por la muerte de un familiar?
Según la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 (exp. 26251), el tope es de 100 salarios mínimos para el nivel 1 de cercanía afectiva (cónyuges, compañeros permanentes y primer grado de consanguinidad); el nivel 2 recibe el 50 % del tope, el nivel 3 el 35 %, el nivel 4 el 25 % y el nivel 5 el 15 %.
¿Qué pasa si la entidad no acude a la conciliación?
Se expide la constancia con las excusas, si las hay, y queda cumplido el requisito para demandar (Ley 2220, art. 94).
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Escrito por
Iván Alejandro Cárdenas
Fundador de RuleX
Escribe sobre derecho colombiano y sobre cómo llevar la práctica jurídica a un trabajo con fuentes, escritos y plazos en un solo lugar.
Publicado el
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