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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2006-01956-02

Fecha
7 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2006-01956-02

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: INHIBIRSE de efectuar pronunciamiento en relación con el cargo de violación del derecho de audiencia y defensa, de acuerdo con los razonamientos vertidos en la parte considerativa de esta sentencia. SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia, de fecha 19 de junio de 2019, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 32 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado número: 05001 23 31 000 2006 01956 02 Demandante: Carlos Arturo Trujillo y Cía SCS y Otro TERCERO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 05001-23-31-000-2006-01956-02

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

7 de noviembre de 2025

Radicado número: 05001 23 31 000 2006 01956 02
Demandante: Carlos Arturo Trujillo y Cía SCS y Otro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Bogotá D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Número de radicación: 05001 23 31 000 2006 01956 02
Demandante: Carlos Arturo Trujillo Hoyos y Cia SCS y Carlos Arturo Trujillo Hoyos
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tesis: Se configura proposición jurídica incompleta si la causa petendi se dirige a
cuestionar la validez de un acto administrativo que no se encuentra comprendido
en las pretensiones de nulidad, o lo que es lo mismo, no es parte del objeto del
litigio.
No es procedente que en el escrito de apelación se incluyan nuevos cargos de
nulidad en contra del acto demandado que no fueron planteados en el libelo
introductorio.
No es suficiente con que se demuestre que uno de los supuestos invocados en el
acto administrativo no se corresponde con la realidad para declarar la nulidad por
falsa motivación, si dicha decisión se encuentra sustentada en otras motivaciones
fácticas y jurídicas respecto de las cuales no se ha desvirtuado su presunción de
legalidad.
No es cierto que en las consideraciones de los actos que se censuran se refieran a
la afectación de humedales como condición para la imposición de la medida
preventiva.
No son nulos por falsa motivación los actos administrativos a través de los cuales
se confirmó y mantuvo de forma definitiva una medida preventiva de prohibición de
intervención en forma directa de los cuerpos de agua de las haciendas Providencia
y Uruguay, si no se refieren a la afectación de humedales como condición para la
imposición de la citada medida preventiva.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

1

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Radicado número: 05001 23 31 000 2006 01956 02
Demandante: Carlos Arturo Trujillo y Cía SCS y Otro

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida en primera instancia, el 19 de junio de 2019, por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. Carlos Arturo Trujillo Hoyos y Carlos Arturo Trujillo Hoyos y Cia SCS, en
adelante la parte demandante, presentaron demanda contra la Corporación
Autónoma Regional del Centro de Antioquia (en adelante Corantioquia o la parte
ndemandada), en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, con las siguientes pretensiones1:

«[…]1 - Que son nulos los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Resolución 7624 de abril 15
de 2005 de Corantioquia y que es nula la Resolución 7907 de septiembre 21 de
2005 de Corantioquia por cuanto confirma la Resolución 7624 de abril 15 de
2.005 (sic) de Corantioquia.

2- Que como consecuencia de la declaración de nulidad se restablezca en su
derecho a Carlos Arturo Trujillo Hoyos y a Carlos Arturo Trujillo y Cía S.C.S a
que las aguas de escorrentía que pasan por su predio continúen su curso
natural hacia los predios de abajo, y a que los cursos de agua que pasan por su
predio continúen su caída natural por los predios de abajo.

3- Que como consecuencia de la declaración de nulidad paguen a los
demandantes los daños materiales (daño emergente y lucro cesante) y morales
ocasionados por la obstrucción antrópica que ordenó mantener y ha mantenido
Corantioquia.

4.Que se condene a Corantioquia para que pague las costas y agencias en
derecho.[…]».

1.2. Actos acusados

2. Los apartes subrayados corresponden a los que se impugnan de la
Resolución núm. 7624 de 15 de abril de 2005 2 “[…]Por la cual se resuelve un
procedimiento sancionatorio y se adoptan otras decisiones […]” expedida por el
Director General de Corantioquia, que resolvió:

“[…]Artículo 1. Ordenar la Cesación del Procedimiento Sancionatorio iniciado
mediante resolución 130PZ 495 del 29 de abril de 2004 contra el señor Carlos

1 Folio 141 del Cuaderno número 1.
2 Folios 12 a 22 ibidem.

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Arturo Trujillo identificado con cédula de ciudadanía 8.280.009. Y en
consecuencia archívese el trámite.

Artículo 2. Confirmar y mantener en forma definitiva la medida preventiva
ordenada en la resolución 130PZ-763 del 29 de abril de 2004, en especial la
prohibición de intervenir en forma directa los cuerpos de agua de los bajos,
pantanos y humedales de las haciendas Providencia y Uruguay.

Parágrafo. Cualquier intervención sobre los cuerpos de agua deberá ser
informada y documentada en esta Corporación para su respectiva evaluación y
autorización cuando a ello haya lugar.

Artículo 3. Si el señor Carlos Arturo Trujillo Hoyos decide llevar a cabo obras
de drenaje, deberá allegar previamente a esta corporación la información
relacionada con las obras a construir con sus respectivos diseños, planos y
memorias de cálculo.

Parágrafo. Para definir el trazado y localización exacta del canal, deberá
aportar su diseño hidráulico, las cotas de captación y descarga, el diseño de
compuertas, su mecánica de operación, las cotas mínimas y máximas del río
Cauca para abrir y cerrar respectivamente dichas compuertas y demás obras
complementarias.

Artículo 4. Las obras de drenaje a que hace referencia el artículo 3 de esta
resolución podrán ser las siguientes:
a) Un drenaje transversal a la llanura de inundación a lo largo del Jarillón hasta
su entrega al río Cauca.
b) Un canal a través de la hacienda La Judea por el sector conocido como
Gramalotes que descargue las aguas al río Cauca.

Artículo 5. Deberá conformarse un comité veedor de la zona con la
participación de la administración municipal de Nechi, Personería y miembros
de la comunidad del corregimiento de Colorado. Dicho comité se encargará de
vigilar el comportamiento hidráulico de las fuentes hídricas y zonas de
humedales en general, así como de garantizar que los proyectos desarrollados
no comprometan el equilibrio ambiental de la región. En caso de que éstos
involucren la operación de canales y compuertas se deberá garantizar
igualmente dicho equilibrio.

Artículo 6. Notificar esta resolución al Apoderado Especial del señor Carlos
Arturo Trujillo, al Presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento
de Colorado, al Alcalde y a la Personería del municipio de Nechi, a la
Procuraduría Agraria y, Ambiental de Antioquia, a la Unidad Especial de Delitos
contra el Medio Ambiente de la Fiscalía General de la Nación

Artículo 7. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante
el Director General dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de
notificación.

Artículo 8. Esta resolución se publicará en el Boletín de la Corporación
Autónoma Regional del Centro de Antioquia. […]”.

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3. Resolución núm. 7907 de 21 de septiembre de 20053 «[…]Por la cual se
resuelve el recurso de reposición presentado contra la Resolución 7624 de abril 15
de 2005[…]» expedida por el Director General de Corantioquia que dispuso:

“[…]Artículo 1. Confirmar el artículo 2 de la resolución 7624 del 15 de abril de
2005.

Artículo 2. Las demás disposiciones contenidas en la resolución 7624 del 15
de abril de 2005 no se modifican y en consecuencia conservan su vigencia.

Artículo 3. Notificar esta resolución al señor Carlos Arturo Trujillo Hoyos a
través de su Apoderado Especial el señor Gilberto Gómez Jaramillo, al
Presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Colorado, al
Alcalde y a la Personería del municipio de Nechí, a la Procuraduría Agraria y
Ambiental de Antioquia y a la Unidad Especial para los Delitos contra los
Recursos Naturales y el Medio Ambiente.

Artículo 4. Contra esta resolución no procede ningún recurso en sede
administrativa[…].”

1.3. Presupuestos fácticos

4. La parte demandante señaló que:

5. Carlos Arturo Trujillo Hoyos y la sociedad Carlos Arturo Trujillo y CIA S.C.S
son propietarios del predio -Hacienda Providencia o Ginebra - ubicado en el
Municipio de Nechi (Antioquia).

6. Por el predio de su propiedad discurre un cauce natural de agua,
denominado Caño Barro, que nace en la laguna de Margento y recibe las aguas de
escorrentía de la Hacienda Provincia o Ginebra, de las Colinas del Terciario, del
Caño Cascajo y muere en la Ciénaga de Ayapel.

7. Aseveró que el curso del agua -Caño Barro- fue obstruido, desde tiempo
atrás, en forma antrópica en dos puntos ubicados entre las Haciendas La
Providencia y Uruguay, y en otros puntos a lo largo de su cauce, aguas arriba, bajo
la ejecución de obras que no contaron con permisos o estudios previos de impacto
ambiental.

3 Folios 4 a 11 ibidem.

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8. Afirmó que las obstrucciones al Caño Barro han impedido el flujo natural de
las aguas, ocasionando inundaciones y perjuicios económicos en el suelo, la tierra
y en los sembrados que ha intentado establecer la Hacienda La Providencia,
aspecto que ha sido tolerado por Corantioquia.

9. Informó que con el propósito de restablecer el curso natural de las aguas, se
emprendieron acciones dirigidas al destaponamiento de Caño Barro. Sin embargo,
dichas intervenciones fueron suspendidas por la mencionada autoridad ambiental,
mediante la expedición de las Resoluciones 7624 del 15 de abril de 2005 y 7907
del 21 de septiembre de 2005.

1.4. Concepto de la violación

10. La parte demandante invocó como vulnerados los artículos 891 del Código
Civil; 123, 124, 126 y 127 del Decreto Ley 2811 de 1974; 184, 186, 188, 190 a 192,
195, 196, 204, 206, 207 del Decreto Reglamentario 1541 de 1978; y 8 del Decreto
1768 de 1994.

1.4.1. Infracción de las normas en que debieron fundarse

11. La parte demandante sustentó el concepto de la violación así:

12. Adujo que se desconoció el artículo 891 del Código Civil porque Corantioquia
impidió que se ejecutaran obras de destaponamiento que se construyeron y
estorban a la servidumbre natural establecida por la ley en su predio respecto del
Caño Barro.

13. Sostuvo que las obras que taponaron el cauce del Caño Barro debieron ser
objeto de pronunciamiento por parte de la mencionada autoridad ambiental, como
lo ordenan los artículos 123 y 124 del Decreto Ley 2811 de 1974, sin que medie
decisión al respecto.

14. Aseveró que tampoco obra aprobación de planos que haya autorizado obra
hidráulica para evitar inundaciones, lo cual desconocía el artículo 126 ibidem.

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15. Estimó que la parte demandada tenía el deber de destruir obras hidráulicas
como la que tapona el Caño Barro, pues en épocas de crecientes genera daños
inminentes en los predios Ginebra o Providencia, sin que haya procedido de tal
forma en abierta infracción del artículo 127 ibidem.

16. Afirmó que Corantioquia tampoco exigió registro de planos y memorias de
hidrología, metereología y adecuación de tierras para el taponamiento efectuado
en el Caño Barro, ni estudio de impacto ambiental, ni diseños finales de ingeniería,
memorias técnicas y descriptivas o planes de operación, ni estudio ecológico en
desatención de los artículos 184, 186, 190, 196, 204 y 207 del Decreto 1541 de
1978.

17. Aseguró que Corantioquia permitió la ocupación de cauces o lechos como el
del Caño Barro infringiendo el artículo 191 ibidem.

18. Manifestó que también violó lo dispuesto en el artículo 192 ibidem, que exige
garantía sobre posibles perjuicios generados por proyectos de construcción de
diques, presas, pasos de vías, toda vez que el taponamiento del Caño Barro
ocasionó perjuicios sin la aludida garantía.

1.4.2. Desconocimiento del derecho de audiencia y defensa

19. Señaló que las medidas preventivas confirmadas por las resoluciones
atacadas eran objeto del recurso de apelación, pues se concedía en el efecto
devolutivo, pero Corantioquia no dio la oportunidad de presentarlo en
desconocimiento del artículo 8 del Decreto 1768 de 1994, permitiendo solo la
reposición.

20. Destacó que esa norma fue derogada el 21 de abril de 2005, al expedirse el
Decreto 1220, de modo que procedía el anotado recurso porque la medida es del
15 de abril de 2005

1.4.3. Falsa motivación

21. Indicó que los actos atacados se basaron en el incumplimiento de normas
ambientales lo que no se corresponde con la realidad, dado que el único que
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inobservó las disposiciones ambientales fue Corantioquia de la manera detallada
en el cargo de vulneración de normas superiores por omisión.

22. Adujo que se invocó la afectación de un humedal y la intención de afectar
otras cuencas cuando lo que pretendía era restituir la cuenca a su estado natural.

23. Agregó que Corantioquia basa sus consideraciones en técnicas falsas y que
la «finca Providencia o Ginebra, por donde pasa Caño Barro, hace parte de la
denominada Falla de la Mojana, relacionada con la depresión Momposina, por lo
que sus tierras y suelos están en cotas sobre el nivel del mar inferiores a las cotas
que existen sobre la margen izquierda del río Cauca, lo que naturalmente obliga a
que sus aguas de escorrentía o de desbordamientos desciendan naturalmente a
través de ella buscando Caño Barro y luego las ciénagas de San Lorenzo, Ayapel
y el río San Jorge, nunca el río Cauca»4.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

24. Corantioquia contestó la demanda y se opuso a las pretensiones
formuladas, así:

25. Adujo que durante el transcurso del trámite administrativo adelantado en
contra del actor, se evidenció la vulneración del Decreto 2811 de 1974 y la Ley 99
de 1993, como quiera que construyó sin permiso de la autoridad ambiental unos
canales de drenaje -terraplenes, jarillones- y adecuó un tramo carreteable, con la
finalidad de represar los drenajes naturales del Caño Barro que pasan por su
propiedad, causando un grave daño ambiental por la destrucción de la vegetación
protectora, los cuales se colapsan en los periodos de invierno y ante la fuerte
presión del agua inunda los predios aledaños, todo lo cual consta en el informe
técnico 130PZ-1655 del 2 de abril de 2004.

26. Cuestionó la veracidad de la presunta conducta omisiva frente a la
construcción de obstrucciones a Caño Barro en la Hacienda Providencia de
propiedad del demandante. Solicitó se tengan en cuenta las pruebas que se
practicaron dentro de la acción popular que interpuso el actor y que se adelanta

4 Folio 147 del Cuaderno número 1.

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ante el Juzgado 8 Administrativo del Circuito de Medellín, radicado 2005-5839, en
las que se evidencia, con base en el mapa del Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
que el Caño Barro no presenta ninguna obstrucción previa y que corresponde a un
sistema independiente sin conexión hidráulica con el Río Cauca.

27. Aseguró que la obstrucción del Caño Barro fue realizada por el demandante
sin ninguna consideración técnica y ambiental, esto es, sin la solicitud de la licencia
ambiental o permiso de ocupación de cauce y aprovechamiento forestal, lo que
generó gran cantidad de sedimentos a los cuerpos de agua que interrumpen y
obstruyen los drenajes naturales del Caño Barro y pone en grave riesgo de
inundaciones a los pobladores de las zonas vecinas quienes ya han solicitado
medidas de protección ante la Personería y la Alcaldía del Municipio de Nechi.

28. Los hallazgos advertidos por los funcionarios de Corantioquia fueron cultivos
de arroz, construcción de canales de drenaje, trasvase de la cuenca de drenaje del
río Cauca a la cuenca del Caño Barro, intervenciones directas sobre los cuerpos de
agua de los bajos de los pantanos y humedales, todo lo cual redundó en la
vulneración de los artículos 1, 86, 89, 102, 105, 123, 124, 132 y 180 del Decreto
Ley 2811 de 1974; 8, 28, 29, 30, 32, 104, 183, 184, 186, 191, 196, 201 y 206 del
Decreto 1541 de 1994 (Sic) y en la inobservancia de los requerimientos efectuados
mediante oficios 130PZ-871 del 24 de noviembre de 2003 y del informe técnico
130PZ-1539.

29. Añadió que para el caso no podría hablarse de servidumbre y por ende
tampoco de vulneración del artículo 891 del Código Civil porque se trata de zonas
ambientalmente protegidas por la ley.

30. Como excepción propuso la de falta de causa para pedir, al precisar que los
actos administrativos acusados fueron expedidos en aras de la protección del
medio ambiente y los recursos naturales que fueron afectados por la intervención
arbitraria del demandante a zonas protegidas como humedales, pantanos, caños y
ciénagas, para su real provecho económico, principalmente para la siembra de
arroz.

III. SENTENCIA PROFERIDA EN PRIMERA INSTANCIA

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31. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 19 de
junio de 20195, resolvió:

“[…]PRIMERO: SE DENIEGAN las pretensiones de la demanda, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: SIN CONDENA EN COSTAS en esta instancia[…]”.

32. Frente al presunto desconocimiento del derecho de audiencia y defensa al
no haber concedido el recurso de apelación cuando Corantioquia adoptó la medida
preventiva, trajo a colación lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 99 de 1993 que
remite al procedimiento previsto en el Decreto 1594 de 1984, aplicable para la
adopción de medidas preventivas y la imposición de sanciones, a efectos de indicar
que de acuerdo su artículo 187 contra esas decisiones no procede recurso alguno.

33. Expresó que pese a lo anterior, Corantioquia desató el recurso de reposición
que se presentó contra la Resolución 130 PZ 763 del 29 de abril de 2004,
expidiendo la Resolución 130 PZ 778 del 27 de mayo de 2004, en el sentido de
confirmarla.

34. Ahora, sobre la procedencia del recurso de apelación contra las medidas
preventivas que se mantuvieron de forma definitiva a través de la Resolución 7624
del 15 de abril de 2005, precisó que el inciso 4 del articulo 8 del Decreto 1768 de
1994 no resultaba aplicable pues el acto acusado lo que resolvió fue un
procedimiento sancionatorio, mientras que la citada normativa está referida al
otorgamiento de licencias ambientales.

35. Entendió que no se presentaba la violación que enrostraban los
demandantes pues al haberle sido concedido el recurso de reposición contra la
decisión que adoptó la medida preventiva, aun siendo improcedente, se
garantizaron los derechos de audiencia y defensa.

36. Sobre el cargo de vulneración de normas superiores, enfatizó que el examen
de legalidad se predica de la medida preventiva adoptada como definitiva en los

5 Folios 115 a 131 del Cuaderno número 3.

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actos que se impugnan como consecuencia de la destrucción de un terraplén por
parte del accionante sin la autorización pertinente, obra que había sido dispuesta
para la defensa de predios asentados en la zona de influencia del Río Cauca y que
al haber sido modificada por el demandante ocasionó inundaciones y afectaciones
del suelo y del paisaje de todo lo cual dan cuenta los informes técnicos 130 PZ 1539
del 18 de noviembre de 2003 y el 130 PZ 1655 del 29 de abril de 2004.

37. Siendo ello así, el Tribunal destacó que, al margen de la comprobación de la
problemática que acarrean las intervenciones antrópicas a las que alude el actor,
lo cierto es que los hechos por los cuales se impuso la medida preventiva cuya
validez se discute en el proceso no fueron desvirtuados en el plenario, en la medida
que se tiene probado que la intervención directa sobre los terraplenes y jarillones
fueron ejecutadas sin que mediara estudio técnico alguno y sin que hubiese
obtenido los permisos pertinentes por parte de la autoridad ambiental, conforme lo
ordenan los artículos 102, 132 y 123 del Decreto Ley 2811 de 1974, artículos 1, 93
y 104 del Decreto 1541 de 1978 y parcialmente la Ley 23 de 1973.

38. Enfatizó en que los supuestos fácticos que respaldan la medida preventiva
no fueron controvertidos por la parte actora, en tanto que todo su esfuerzo jurídico
y probatorio se inclinó a demostrar que la accionada permitió de tiempo atrás,
intervenciones antrópicas aguas arriba de sus predios y que son las responsables
de las inundaciones en las zonas rivereñas del Municipio de Nechí, y que por ende,
lo que buscaba a través de la intervención de los jarillones era volver las aguas a
su cauce natural y poder utilizar los terrenos drenado como áreas de cultivo.

39. Como resultado de lo dicho, concluyó en la improcedencia de la pretensión
de restablecimiento del derecho consistente en permitir el restablecimiento del
curso natural de las aguas de escorrentía que pasan por su predio y el
reconocimiento da daños materiales y morales ocasionados por la obstrucción
antrópica que Corantioquia ordenó mantener.

40. Consideró lo mismo en lo atinente al cargo de falsa motivación, como quiera
que aun cuando la prueba pericial es demostrativa de que no se encontró ningún
cuerpo de agua calificado como humedal, ello no avalaba al demandante a
destaponar el Caño Barro sin los permisos de la autoridad ambiental y sin los
soportes técnicos que evaluaran las implicaciones de su intervención.
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IV. RECURSO DE APELACIÓN

41. La parte demandante interpuso y sustentó, oportunamente, recurso de
apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, discutiendo todos los
argumentos desarrollados para resolver los cargos.

42. En lo que concierne al de vulneración del derecho de audiencia y defensa,
para el memorialista el a quo erró al desatarlo aplicando el artículo 187 del Decreto
1594 de 1984, pues no fue ese el precepto invocado como trasgredido. La
normativa que se adujo como infringida fue el artículo 8 del Decreto 1768 de 1994,
para afirmar que los actos administrativos expedidos por las corporaciones
autónomas regionales eran objeto de recursos y que el superior jerárquico para el
momento de expedición de los actos que se censuran era el Ministerio de Ambiente.
Indicaba además que frente los actos de medidas preventivas al igual que los
sancionatorios, procedía el recurso de apelación en el efecto devolutivo.

43. En esa medida, siendo el Decreto 1768 de 1994 una norma posterior y
especial, debió aplicarse y concederse la apelación en el efecto devolutivo contra
el acto que impuso la medida preventiva al demandante. Si la norma indicara que
el recurso se decide y no se concede, se entendería que el procedente es el de
reposición y no el de apelación.

44. Sobre este mismo punto acotó que no era cierto que el artículo 8 del citado
decreto se refiera únicamente a actos que otorguen o nieguen licencias
ambientales, pues como quedó explicado previamente también se refiere a otro tipo
de actuaciones de las corporaciones.

45. En lo que hace a la «legitimidad del actor para “destaponar” el Caño sin
necesidad de permiso»6, expresó que no era cierto que el orden jurídico exigiera
permiso alguno para destaponar un caño. Cuestión distinta es que se haya
motivado falsamente el acto para indicar que se había intervenido un humedal, o
un pantano, cuando, como se demostró, no existían tales cuerpos de agua.

6 Folio 137 del Cuaderno número 3.

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46. Reseñó los artículos 102, 132 y 123 del Decreto Ley 2811 de 1974; 1, 93 y
104 del Decreto 1541 de 1978 y la Ley 23 de 1973 para resaltar que su contenido
refiere a los permisos para ocupación de cauces, construcción de obras que
modifiquen, rectifiquen u ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua;
mientras que las acciones reprochadas por la autoridad ambiental no iban
encaminadas a eso sino a destaponar un caño para que fueran sus aguas las que
ocuparan el cauce natural y discurrieran con normalidad. Apoyó su aserto en los
dictámenes allegados por la Universidad Nacional y los testimonios de expertos
como Lilian del Socorro Posada García.

47. Aseguró que la irregularidad se ve reflejada en la obstrucción del caño,
actuación que sí se halla consagrada como infracción ambiental en las normas
antes citadas y respecto de las cuales sí se exigen permisos y estudios.

48. Rebatió la afirmación de que careciera de estudios técnicos en tanto que sí
lo presentó, lo cual fue corroborado por la Procuraduría Primera Agraria y Ambiental
de Antioquia en el cual se recomienda abrir los caños que fueron artificialmente
obstruidos sin estudios ni permisos; de manera que, contrario a lo manifestado por
el Tribunal, sí se controvirtieron las razones que condujeron a Corantioquia a
imponer la medida preventiva.

49. En lo relacionado con el cargo de falsa motivación estimó que el Juzgador
de Primera Instancia partía de supuestos equivocados, por cuanto la decisión de la
autoridad ambiental se funda en que se requieren permisos y autorizaciones porque
supone que se trata de un humedal y no de un caño obstruido; así, al no estar frente
a un humedal no se requieren los permisos que echa de menos el a quo y entonces
tampoco tenía fundamento la medida.

V. ACTUACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA

50. El Despacho sustanciador, mediante auto de 16 de agosto de 20197, admitió
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida en primera instancia el 19 de junio de 2019, por el Tribunal Administrativo
de Antioquia.

7 Folio 4 del Cuaderno número 4.

12

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51. Ejecutoriado el auto admisorio del recurso de apelación, mediante auto
proferido el 16 de septiembre de 20198, corrió traslado a las partes para que
presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera el
concepto.

VI. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

52. La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en el recurso de
apelación junto con razonamientos probatorios de los que concluyó que no existen
humedales ni zonas protegidas en la Hacienda Providencia, que la causa del
anegamiento y del daño en el mencionado inmueble son las obstrucciones
antrópicas del caño, que no existe línea divisoria de aguas, que las cuencas del
Caño Barro y la del Rio Cauca son diferentes, que no era cierto que al desobstruir
el Caño Barro se afectara a los pobladores aguas abajo y que los actos causaron
un perjuicio a la parte actora9.

53. CORANTIOQUIA reiteró los argumentos expuestos en los alegatos de
primera instancia10.

VII. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

54. El Ministerio Público no emitió concepto.

VIII. CONSIDERACIONES

8.1 Competencia

55. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política,
así como con lo previsto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y
en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 201911, la Sección Primera del Consejo de
Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

8 Folio 9 ibidem.
9 Folios 28 a 53 ibidem.
10 Folios 12 a 19 ibidem.
11
Reglamento Interno del Consejo de Estado.
13

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56. No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala
a decidir el asunto sub lite, con fundamento en lo que sigue.

8.2. Violación del derecho de audiencia y defensa

57. La Sala dilucidará si son nulos por violación del derecho de audiencia y
defensa los actos administrativos a través de los cuales se confirmó y mantuvo de
forma definitiva una medida preventiva de prohibición de intervención en forma
directa los cuerpos de agua de las haciendas La Providencia y Uruguay, al no
conceder el recurso de apelación contra la resolución que impuso esa medida.

58. Se observa del planteamiento del accionante que el reparo de ilegalidad
subyace en la Resolución 130 PZ 763 del 29 de abril de 200412, a través de la cual
se resolvió lo siguiente:

12 Folios 435 y 436 del Cuaderno número 1.

14

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59. En ese orden, las razones que sustentan la petición de invalidez se derivan
de un acto diferente a aquellos cuya nulidad se solicita, pues la lesión de los
derechos de defensa y de audiencia por no haberse concedido recurso de
apelación se predica de la Resolución 130 PZ 763 del 29 de abril de 2004, mientras
que las pretensiones atacan las Resoluciones 7624 de 2005 y 7907 de ese año,
15

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por lo que es evidente que existe una ruptura de la pretensión con la causa petendi
y por ende, se comprueba una proposición jurídica incompleta, tal y como lo ha
entendido esta Colegiatura13.

“[…]Habrá proposición jurídica incompleta 14 en los siguientes tres (3) eventos:

• El primero de ellos acontece cuando se impugna un acto administrativo que
no es autónomo y cuya validez y contenido depende inescindiblemente de otras
decisiones de la administración que no fueron demandadas. Verbigracia, el caso
en el que se enjuician los actos administrativos que resuelven los recursos
interpuestos en la sede administrativa más no el acto definitivo.

Allí existe una ruptura entre las pretensiones y los actos enjuiciados, lo que
imposibilita que el Juez defina de fondo los pedimentos del libelo introductorio.

• El segundo se presenta cuando hay una falta absoluta de argumentación
sobre los motivos por los que el accionante considera que se infringieron las
normas invocadas como desconocidas o no se precisa con exactitud cuáles son
éstas (para los juicios de nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho,
nulidad por inconstitucionalidad o solución de controversias contractuales). O
cuando no se indican los hechos que fundamentan el reclamo correspondiente
(en procesos como el de reparación directa).

Esa circunstancia se traduce en que no haya conexión entre las pretensiones y
el concepto de violación o los supuestos fácticos. De este modo, no es posible
emitir sentencia, toda vez que la demanda adolecería de elementos que son de
su esencia, lo que impide plantear la correspondiente controversia o formular
algún problema jurídico.

Aceptar una interpretación contraria, esto es, que sí debe analizarse el libelo
introductorio pese a que carece de sustento fáctico o jurídico, iría en detrimento
del derecho de contradicción del extremo pasivo, pues, se reitera, no le sería
posible conocer cuál es el marco sobre el que debe estructurar la defensa que
corresponda.

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Auto de 20 de febrero

de 2025; C.P: Oswaldo Giraldo López, proceso identificado con el número único de radicación: 76001
23 33 000 2024 00076 01
14 Frente a la proposición jurídica incompleta, esta Corporación, en sentencia de la Sección Segunda

dictada el 18 de marzo de 2011 (C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren), advirtió que: “Es claro
que en todo caso debe demandarse el acto administrativo que contiene la manifestación de voluntad
de la Administración frente a una situación jurídica particular, junto con aquellas decisiones que en
vía gubernativa constituyan una unidad jurídica con el mismo, pues ello compone necesariamente la
órbita de decisión del juez frente a una pretensión anulatoria, precisamente por la identidad y unidad
de su contenido y de sus efectos jurídicos, sin que pueda segmentarse bajo tales condiciones el
análisis de su legalidad. La inobservancia de lo expuesto vicia sustancialmente el contenido de la
pretensión anulatoria en el marco de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que se
traduce en la configuración de la denominada proposición jurídica incompleta que impide el ejercicio
de la capacidad decisoria del Juez frente al litigio propuesto, tornando procedente la declaración
inhibitoria al respecto. A nivel del petitum la situación en mención se suscita en dos casos de
ocurrencia alternativa o sumada a saber: i) Cuando el acto acusado torna lógicamente imposible la
decisión de fondo debido a una irreparable ruptura de su relación con la causa petendi, o ii) Cuando
el acto demandado no es autónomo por encontrarse en una inescindible relación de dependencia
con otro u otros no impugnados que determinan su contenido, validez o su eficacia eventos en los
que como se expresó resulta imposible emitir una decisión de fondo para el Juez”.
16

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• Finalmente, el tercer yerro se produce cuando no se logran establecer los
elementos constitutivos del respectivo medio control porque, por ejemplo, el
Legislador haya exigido que la parte actora acredite interés particular en su
interposición sin que de la lectura del libelo introductorio sea posible evidenciar
el mismo.

De manera tal que en dicho caso se configura un rompimiento entre el medio
de control empleado y la pretensión, como quiera que esta última no sería
compatible con el mecanismo empleado para actuar en la Jurisdicción […]”
(Subrayas de la Sala).

60. En ese orden, no es viable un pronunciamiento de fondo de manera que
debe la Sala inhibirse.

8.3. De la infracción de normas superiores

61. Corresponde ahora definir si son nulos, por desconocimiento de norma
superior, los actos administrativos a través de los cuales se confirmó y mantuvo de
forma definitiva una medida preventiva de prohibición de intervención en forma
directa de los cuerpos de agua de las haciendas La Providencia y Uruguay, si la
autoridad ambiental exigió permisos y estudios para dicha intervención sin respaldo
normativo que así lo determine.

62. Sin duda, resolver tal cuestión conduciría primero a resolver si existe una
disposición normativa que impela la consecución de un permiso y de estudios
técnicos para que el propietario de un predio proceda a «destaponar» una fuente
hídrica en su predio o a intervenir jarillones y terraplenes que impacten cuerpos de
agua o construir canales de desagüe o tramos carreteables.

63. Sin embargo, llama la atención de la Sala que sobre el punto los argumentos
del recurso variaron el alcance de lo expuesto en el escrito introductorio, toda vez
que la discusión que propició la parte actora al acudir a la Jurisdicción consistió en
poner en evidencia la infracción de varios preceptos de parte de Corantioquia al
omitir un pronunciamiento oportuno y permitir el taponamiento del Caño Barro, es
decir, se orientó a cuestionar la construcción de los jarillones y terraplenes en ese
caño. Fue en ese sentido que construyó la inconformidad y de ello dan cuenta los
siguientes apartes de la demanda:

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64. Se denota de lo expuesto que todo el sustento del cargo de infracción de las
normas en que debieron fundarse los actos censurados tuvo como propósito llamar
la atención sobre la conducta de la autoridad ambiental demandada al permitir la
construcción de los terraplenes que desviaron el curso del Caño Barro, pero no a
controvertir la legalidad de la medida preventiva que se tornó definitiva con las
resoluciones acusadas.

65. Ahora, de la lectura de los argumentos descritos en el recurso de apelación
la Sala observa que el reproche recae en un asunto distinto, esta vez la
inconformidad se presenta sobre la inexistencia de normas que exijan permisos o
estudios para intervenir o destruir parte de los jarillones a que se ha hecho
referencia. Destaca la Sala el recurso in extenso así:

19

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66. Sobre el punto, es necesario precisar que, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 137 y 208 del CCA15, la oportunidad que tiene el extremo activo de
la litis para exponer los puntos de hecho y de derecho que considera pertinentes
para atacar la validez del(os) acto(s) que se cuestiona(n) ante el Juez de lo
Contencioso Administrativo es en la demanda o en su reforma. Siendo ello así, y
habida cuenta de que los cargos a que se ha hecho referencia no fueron formulados
en el momento procesal oportuno, esto es, en el libelo introductorio ni se presentó
reforma a ese escrito16, no puede la Sala abordarlos, so pena de desconocer el
derecho al debido proceso, de contradicción y de defensa de que es titular la parte
demandada al no haber tenido la oportunidad de pronunciarse sobre ellos en
primera instancia.

67. Tal ha sido la postura pacífica, reiterada y uniforme de esta Corporación al
indicar que las providencias judiciales deben observar con rigor el principio de
congruencia entre el petitum (pretensiones de la demanda), lo expuesto en la
contestación y el decisum, de modo que exista una total correspondencia; veamos:

“Según lo previsto por el artículo 281 del Código General del Proceso, “[l]a
sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones
aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código
contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido
alegadas si así lo exige la ley”. De acuerdo con lo expresado por la Corte
Constitucional, el de congruencia constituye “un concepto nuclear dentro del
derecho procesal civil, en virtud del cual, el juez, en su sentencia, no puede
reconocer lo que no se le ha pedido (extra petita) ni más de lo pedido (ultra
petita); de no ser así, con su actuación estaría desbordando, positiva o
negativamente, los límites de su potestad” 17. En últimas, representa “un
principio general, en materia de procedimiento, por estar directamente
relacionado con el debido proceso y el derecho de defensa, que exista la debida

15 «Artículo 137. Contenido de la demanda. Toda demanda ante la jurisdicción administrativa
deberá dirigirse al tribunal competente y contendrá:
1. La designación de las partes y de sus representantes.
2. Lo que se demanda.
3. Los hechos u omisiones que sirvan de fundamento de la acción.
4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto
administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.
5. La petición de pruebas que el demandante pretende hacer valer.
6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia»
(Subrayas de la Sala).
«Artículo 208. Aclaración o corrección de la demanda. Hasta el último día de fijación en lista
podrá aclararse o corregirse la demanda. En tal caso, volverá a ordenarse la actuación prevista en
el artículo anterior, pero de este derecho sólo podrá hacerse uso una sola vez.
Sin embargo, si las personas llamadas al proceso como partes, por tener interés directo en el
resultado del mismo, están representadas por curador ad litem, la nueva notificación se surtirá
directamente con éste.» (Subrayas de la Sala).
16 Según consta en auto de 15 de septiembre de 2009.
17 Sentencia T-450 de 2001.

24

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coherencia, en todas las sentencias, entre los hechos, las pretensiones y la
decisión” 18.

Como puede apreciarse, de su caracterización legal y jurisprudencial el
principio de congruencia exige consonancia entre lo pedido por las partes
(petitum) y lo resuelto por el tribunal (decisum), entendiéndose que se atentará
contra él allí donde el juez concede más o algo distinto de lo que le fue
demandado por la parte actora (ultra o extra petita). En consecuencia, la
verificación de la congruencia de un fallo exige hacer una comparación entre lo
decidido con lo reclamado por las partes. En materia de contencioso de
anulación de actos administrativos, dado el carácter rogado de la jurisdicción y
las formalidades que la ley plantea a la demanda, que exigen la formulación de
los cargos de invalidación propuestos y el señalamiento expreso de su
fundamento normativo (artículo 162.4 del CPACA), ello implica que el juez no
puede fallar lo pedido desbordando los cargos formulados por la parte actora” 19.
(Subrayas de la Sala).

68. Al respecto, en sentencia del 11 de octubre de 2019, esta Sección señaló:

«En ese orden de ideas, la Sala considera que, en virtud de los principios de
lealtad procesal, debido proceso, contradicción y de defensa y en atención a la
congruencia que debe existir: por un lado, entre la demanda -la pretensión y los
argumentos que la fundamentan-, su contestación y la sentencia proferida, en
primera instancia; y, por el otro, entre estos y el recurso de apelación; se
imponen que al apelante le esté vedado exponer en el recurso de apelación
hechos, cargos y pretensiones nuevas que no hayan sido alegados en la
demanda o en su contestación. Si lo hiciere, el ad quem no puede abordar el
estudio de estos nuevos reproches, pues es su deber salvaguardar los derechos
fundamentales al debido proceso y de defensa de la contraparte en el
proceso”»20 (Subrayas de la Sala).

69. De modo que el cargo no tiene vocación de prosperidad.

8.4. De la falsa motivación de hecho en la expedición de los actos acusados

70. Debe la Sala resolver si son nulos por falsa motivación los actos
administrativos a través de los cuales se confirmó y mantuvo de forma definitiva
una medida preventiva de prohibición de intervención en forma directa de los

18 Sentencia T-592 de 2000.
19 Sección Primera. Sentencia del 11 de agosto de 2016, proferida en el proceso número 25000-23-

41-000-2013-00855-01. Tal razonamiento ha sido expuesto también en sentencias del 3 de
noviembre de 2016 proferida en el proceso número 13001-23-31-000-2001-02023-01; Fallo del 8 de
junio de 2016 expedido en el expediente 25000-23-24-000-2005-00270-01; Providencia del 7 de
mayo de 2015 dictada en el proceso 41001-23-31-000-2006-00234-01; Sentencia del 20 de
noviembre de 2014 expedida en el asunto identificado con el número 25000-23-27-000-2006-00705-
01.
20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 11 de

octubre de 2019. Proceso radicado número: 05001 23 33 000 2017 02599 01. Consejero Ponente:
Hernando Sánchez Sánchez.
25

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cuerpos de agua de las haciendas Providencia y Uruguay, si se fundaron en la
afectación de humedales.

71. Resolver tal cuestionamiento impone definir si es cierto que las
consideraciones de los actos que se censuran refieren la afectación de humedales
como condición para la imposición de la medida preventiva.

72. En la Resolución 7624 de 2005, Corantioquia trajo a colación los informes
técnicos 110RN-276 del 15 de abril de 2005, 130PZ-1539 del 18 de noviembre de
2003 y 130PZ-1655 del 2 de abril de 2004, sin que de su lectura se desprenda la
afectación del sistema hídrico a que aluden los recurrentes; veamos21:

21 Folios 14 reverso y siguientes del Cuaderno número 1.

26

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73. En efecto, allí se hace referencia a que la construcción del terraplén prevenía
las inundaciones provocadas por el Río Cauca y que su apertura por parte del
accionante sin respaldo ambiental y técnico, lo mismo que la construcción de
canales de drenaje, constituían una amenaza para las poblaciones rivereñas.

74. No se pasa por alto que explícitamente Corantioquia invocó la existencia de
humedales en muy pocos puntos de los conceptos técnicos y que incluso a la hora
de caracterizar ambientalmente el área, la consideró como un humedal. De ello da
cuenta el siguiente acápite:

27

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75. Acto seguido, llevó a cabo un análisis sobre la problemática ambiental
existente, para lo cual manifestó lo que sigue, una vez ponderado el informe técnico
110RN-276, el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Caño Barro, el
documento aportado por el señor Carlos Arturo Trujillo y el Esquema de
Ordenamiento Territorial del Municipio de Nechí:

29

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76. Se deriva de lo expuesto que Corantioquia advirtió la necesidad de armonizar
los intereses de los pobladores ubicados aguas abajo de la Hacienda La
Providencia y del propietario de ese bien, con la idea de reconocer las ventajas de
los jarillones pero también el requerimiento de abrir canales y sistemas de drenaje
que permitan las actividades económicas utilizando el recurso hídrico, pero en todo
caso con observancia de parámetros técnicos previos al adelantamiento de
cualquier acción.

77. Como conclusiones adujo las siguientes:

30

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78. Nótese que hasta el momento y de cara a los informes técnicos, no existe
una invocación clara sobre la existencia de humedales y menos aún una posición
que se haya inclinado por establecer que su afectación dio lugar a la adopción de
medida preventiva o a que se haya aconsejado mantener como definitiva la cautela
con fundamento en ello.

79. Tal consideración se hace evidente al acudir a las medidas adoptadas:

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80. Ciertamente, la Sala destaca que más allá de considerar si se estaba en
presencia de humedales o no, lo cierto es que técnicamente se soportó el riesgo de
inundación que generaba la apertura del terraplén construido sobre el Caño Barro
para las comunidades rivereñas y las localizadas aguas abajo de la Hacienda
Providencia. En otras palabras, la existencia de humedales, no fue determinante
para la imposición de la medida preventiva y menos para mantenerla como
definitiva.
81. Correlato de lo dicho es que el fundamento del cargo de falsa motivación no
es cierto, por lo que debe despacharse desfavorablemente la pretensión de nulidad
así construida.

8.5. Condena en costas

82. En atención a lo dispuesto por el artículo 171 del Código Contencioso
Administrativo, sobre condena en costas, y atendiendo la conducta asumida por las
partes, la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la
norma, por lo que se abstendrá de condenar en costas a la parte demandante

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley

FALLA

PRIMERO: INHIBIRSE de efectuar pronunciamiento en relación con el cargo de
violación del derecho de audiencia y defensa, de acuerdo con los razonamientos
vertidos en la parte considerativa de esta sentencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida en primera instancia
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, de fecha 19 de junio de 2019, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

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Radicado número: 05001 23 31 000 2006 01956 02
Demandante: Carlos Arturo Trujillo y Cía SCS y Otro

TERCERO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
Salvo voto parcialmente

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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