Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01589-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01589-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-01589-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
28 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-01589-01
Demandante CARLOS ARTURO TRUJILLO Y CIA S.C.S. EN LIQUIDACIÓN Y
CARLOS ARTURO TRUJILLO HOYOS
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA
Temas Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Requisitos generales de procedibilidad.
La subsidiariedad. Congruencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide la impugnación1 interpuesta por la parte actora contra la
sentencia del 19 de marzo de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, que dispuso:
«Primero: Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Carlos Arturo
Trujillo y Carlos Arturo Trujillo CIA S.C.S. en Liquidación, de conformidad con los argumentos
expuestos en esta providencia».
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 27 de febrero de 20262, el señor Carlos Arturo Trujillo Hoyos y la sociedad Carlos
Arturo Trujillo y CIA. SCS interpusieron acción de tutela, a través de apoderada
judicial, contra el Consejo de Estado, Sección Primera, por considerar vulnerados
sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, con la sentencia de 7 de noviembre de 2025 proferida en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho 05001-23-31-000-2006-01956-02.
Si bien la parte actora no incluyó acápite de pretensiones, sostuvo que «con la
expedición de la Sentencia del 07 de noviembre del 2025 proferida por la Sección Primera del
Consejo de Estado se violó el derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia de los accionantes».
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El señor Carlos Arturo Trujillo Hoyos y la sociedad Carlos Arturo Trujillo y CIA
SCS son propietarios del predio denominado Hacienda Providencia ubicado
en el municipio de Nechí (Antioquia), en el cual se encuentra un cauce natural
de agua denominado Caño Barro.
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Samai, índices 24 y 25. Expediente 11001-03-15-000-2026-01589-00.
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Samai, índice 2. Expediente 11001-03-15-000-2026-01589-00.
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Demandante: Carlos Arturo Trujillo Hoyos y otro
La parte actora afirmó que Caño Barro fue obstruido de forma antrópica en dos
puntos, causando inundaciones y perjuicios económicos en el suelo, la tierra y
en los sembrados. Por lo anterior, se ejecutaron obras para «desobstruir» el
cauce de agua en las haciendas Providencia y Uruguay, sin contar con los
estudios de impacto ambiental y los permisos de la Corporación Autónoma
Regional del Centro de Antioquia.
2.1. La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia inició un
procedimiento administrativo sancionatorio contra el señor Carlos Arturo
Trujillo Hoyos por adelantar las labores de desobstrucción.
Mediante resolución 130 PZ 763 del 29 de abril de 2004, la mencionada
autoridad resolvió lo siguiente:
«ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el cumplimiento inmediato de las siguientes medidas
preventivas al señor CARLOS ARTURO TRUJILLO HOYOS […] Suspenda cualquier
intervención directa (construcción de terraplenes (jarillones), construcción de canales de
drenaje y construcción y adecuación de tramo carreteable, entre otros) sobre los cuerpos de
agua de los Bajos, pantanos y humedales existentes en los predios de la hacienda La
Providencia.
Restaurar en forma inmediata el tramo de banca intervenida de la vía que conduce al
campamento de la hacienda El Uruguay (Punto Crítico 2), mediante el levantamiento del
puente de madera colocado y el relleno y compactación de la zanja construida» 3.
El señor Carlos Arturo Trujillo Hoyos presentó recurso de apelación contra la
anterior decisión; sin embargo, este último no fue concedido.
Posteriormente, la Corporación Autónoma en mención expidió la resolución
7624 de 15 de abril de 2005 «Por la cual se resuelve un procedimiento sancionatorio y
se adoptan otras decisiones».
Allí resolvió «Ordenar la Cesación del Procedimiento Sancionatorio iniciado mediante
resolución 130PZ 495 del 29 de abril de 2004 contra el señor Carlos Arturo Trujillo» y
«Confirmar y mantener en forma definitiva la medida preventiva ordenada en la resolución
130PZ-763 del 29 de abril de 2004, en especial la prohibición de intervenir en forma directa
los cuerpos de agua de los bajos, pantanos y humedales de las haciendas Providencia y
Uruguay».
El actor interpuso recurso de reposición contra la resolución 7624 de abril 15
de 2005, el cual fue resuelto mediante la resolución 7907 de 21 de septiembre
de 2005. En esta última la autoridad administrativa dispuso confirmar la
decisión objeto de la reposición.
2.2. El señor Carlos Arturo Trujillo Hoyos y la sociedad Carlos Arturo Trujillo Hoyos
y CIA SCS interpusieron demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho contra la Corporación Autónoma Regional del
Centro de Antioquia. En la demanda solicitaron que se declarara la nulidad de
las resoluciones 7624 de 15 de abril de 2005 y 7907 del 21 de septiembre de
2005.
Las pretensiones formuladas fueron las siguientes:
«1 - Que son nulos los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Resolución 7624 de abril 15 de 2005 de
Corantioquia y que es nula la Resolución 7907 de septiembre 21 de 2005 de Corantioquia por
cuanto confirma la Resolución 7624 de abril 15 de 2.005 de Corantioquia.
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Información extraída de la sentencia de segunda instancia de 7 de noviembre de 2025 proferida en el medio de control
nulidad y restablecimiento del derecho.
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Demandante: Carlos Arturo Trujillo Hoyos y otro
2- Que como consecuencia de la declaración de nulidad se restablezca en su derecho a Carlos
Arturo Trujillo Hoyos y a Carlos Arturo Trujillo y Cía. S.C.S a que las aguas de escorrentía que
pasan por su predio continúen su curso natural hacia los predios de abajo, y a que los cursos
de agua que pasan por su predio continúen su caída natural por los predios de abajo.
3- Que como consecuencia de la declaración de nulidad paguen a los demandantes los daños
materiales (daño emergente y lucro cesante) y morales ocasionados por la obstrucción
antrópica que ordenó mantener y ha mantenido Corantioquia.
4.Que se condene a Corantioquia para que pague las costas y agencias en derecho» 4.
La parte actora argumentó, entre otros cargos, que se vulneró su derecho de
audiencia y de defensa, debido a que las «medidas preventivas confirmadas por las
resoluciones atacadas eran objeto del recurso de apelación, pues se concedía el recurso en
el efecto devolutivo, pero Corantioquia no dio la posibilidad de ello»5.
2.3. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta conoció en primera
instancia del medio de control de nulidad y restablecimiento con radicado
05001-33-31-000-2006-01956-00. Mediante sentencia del 19 de junio de 2019
negó las pretensiones de la demanda.
Explicó que la Corporación no desconoció el derecho de audiencia y defensa,
puesto que frente a la adopción de medidas preventivas y la imposición de
sanciones no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el
procedimiento previsto en el Decreto 1594 de 1984. Aun así, Corantioquia
tramitó la inconformidad a través del recurso de reposición.
Sobre la procedencia del recurso de apelación contra las medidas preventivas
que se mantuvieron de forma definitiva a través de la Resolución 7624 del 15
de abril de 2005, precisó que el inciso 4 del artículo 8 del Decreto 1768 de
1994 no resultaba aplicable pues el acto acusado lo que resolvió fue un
procedimiento sancionatorio, mientras que la citada normativa versa sobre el
otorgamiento de licencias ambientales.
Concluyó que al haber concedido el recurso de reposición contra la decisión,
aun siendo improcedente, se garantizaron los derechos de audiencia y
defensa.
Asimismo, desestimó los demás cargos planteados por la parte actora.
2.4. La parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia
de primera instancia.
2.5. Mediante sentencia del 7 de noviembre de 2025 (radicado 05001-23-31-000-
2006-01956-02), el Consejo de Estado, Sección Primera se inhibió de
pronunciarse respecto del cargo de violación del derecho de audiencia y
defensa y confirmó en lo demás la sentencia de primera instancia.
Manifestó que el demandante alegó el cargo de violación del derecho de
defensa y audiencia, pues no se concedió el recurso de apelación respecto de
la resolución 130 PZ 763 del 29 de abril de 2004, mediante la cual se
impusieron medidas preventivas como la suspensión de cualquier intervención
directa en los cuerpos de agua, entre otras. No obstante, las pretensiones se
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Información extraída de la sentencia de segunda instancia de 7 de noviembre de 2025 proferida en el medio de control
nulidad y restablecimiento del derecho.
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Información extraída de la sentencia de segunda instancia de 7 de noviembre de 2025 proferida en el medio de control
nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: Carlos Arturo Trujillo Hoyos y otro
dirigen a que se declare la nulidad de las resoluciones 7624 de 2005 y 7907
de ese mismo año.
Por lo anterior, consideró que existe una ruptura de la pretensión con la causa
petendi, es decir que la proposición jurídica está incompleta pues no se atacó
la legalidad de la resolución 130 PZ 763 del 29 de abril de 2004. Concluyó que
no es viable un pronunciamiento de fondo. Por lo tanto, la Sala se declaró
inhibida sobre ese cargo.
Asimismo, descartó los cargos sobre infracción de normas superiores y falsa
motivación.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora consideró que en la sentencia de segunda instancia se vulneraron
sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia. Indicó que la decisión de declararse inhibida respecto del cargo de violación
de derecho a la defensa y audiencia pública consolida una denegación de justicia
en un caso de más de 20 años de existencia.
Tras argumentar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, sostuvo que la Sección Primera del
Consejo de Estado incurrió en los defectos fáctico, sustantivo, violación directa de
la Constitución y procedimental por exceso ritual manifiesto.
3.1. Respecto del defecto fáctico, aseguró que el fallador se equivocó al concluir
que en la demanda se había formulado un cargo de nulidad contra un acto
administrativo diferente a los demandados. Explicó que de la demanda,
alegatos y pruebas se desprende que lo que se pretendía era la nulidad de los
actos administrativos finales que culminaron el procedimiento administrativo
sancionatorio y ordenaron mantener de manera permanente y definitiva una
medida preventiva.
En palabras de la parte actora, «se incurrió en vía de hecho por defecto fáctico pues,
evidentemente, se equivocó el fallador al concluir que en la demanda se había formulado un
cargo de nulidad contra un acto administrativo diferente a los demandados, lo cual llevó al
Consejo de Estado a formular una sentencia incongruente con los hechos propuestos y a
aplicar indebidamente la figura de la “proposición jurídica incompleta” que lo llevó,
equivocadamente, a inhibirse».
3.2. Consideró que se incurrió en defecto sustantivo al aplicar de forma
equivocada la figura de proposición jurídica incompleta y de sentencia
inhibitoria. Agregó que la Sección Primera del Consejo de Estado aplicó
indebidamente los artículos 281 del Código General del Proceso y 305 del
Código de Procedimiento Civil. Estos, según indicó la parte actora, «otorgan
vigencia y aplicabilidad al principio de congruencia que debe regir las sentencias judiciales, y
que señala que la decisión debe estar en consonancia con los hechos y pretensiones de la
demanda».
3.3. También sostuvo que la sentencia incurrió en violación directa a la
Constitución, puesto que negó la posibilidad de controvertir vía judicial una
decisión gravosa de la administración, violentando el principio pro actione que
es una garantía judicial internacional establecida en el artículo 8 de la
Convención Americana de Derechos Humanos.
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3.4. Finalmente, manifestó que «el único punto en el que se considera hubo una flagrante y
clara vulneración al debido proceso fue en torno a la decisión de inhibirse frente al cargo de
desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa, pues se incurrió en defecto
procedimental, defecto fáctico y material o sustantivo al existir una evidente incongruencia
entre los hechos y pretensiones y la decisión inhibitoria, lo que implica una errónea
aplicación del argumento sobre la “proposición jurídica incompleta” que llevó al Consejo de
Estado a inhibirse».
Agregó que la decisión de inhibirse respecto del cargo del derecho a la defensa
«no solo es incongruente con los hechos y pretensiones planteados en el juicio», sino que
también configura un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
en tanto que se privilegió un aspecto meramente formal (una supuesta
proposición jurídica incompleta), en vez de determinar si se desconoció o no
el derecho a apelar la decisión.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Con providencia del 2 de marzo de 20266, se admitió la acción de tutela
interpuesta por el señor Carlos Arturo Trujillo Hoyos y la sociedad Carlos Arturo
Trujillo y CIA SCS contra el Consejo de Estado, Sección Primera; se vinculó
en calidad de terceros con interés al Tribunal Administrativo de Antioquia y a
la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia; se le pidió al
Tribunal Administrativo de Antioquia que remitiera copia digital del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho; y se dispuso efectuar las notificaciones
correspondientes incluyendo a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.
4.2. El Consejo de Estado, Sección Primera7 rindió informe en el que indicó que
la acción de tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional,
puesto que el accionante realiza apreciaciones subjetivas con el fin de que se
acoja el criterio jurídico que le es favorable. Es decir, que pretende usar la
acción de tutela como una instancia adicional al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Adicionalmente, señaló que la decisión
cuestionada no resulta lesiva de derechos fundamentales y que se encuentra
debidamente fundamentada en los principios de autonomía e independencia
judicial.
Finalmente, solicitó declarar improcedente la acción de tutela y
subsidiariamente negar el amparo ante la inexistencia de vulneración de
derechos fundamentales.
4.3. El Tribunal Administrativo de Antioquia8 rindió informe en el que manifestó
que los fundamentos fácticos y jurídicos que se analizaron para negar las
pretensiones se encuentran contenidos en la sentencia del 19 de junio de
2019.
4.4. La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia9 rindió
informe en el que manifestó que la acción de tutela no cumple con los
requisitos generales ni específicos de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
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Samai, índice 5. Expediente 11001-03-15-000-2026-01589-00.
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Samai, índice 17. Expediente 11001-03-15-000-2026-01589-00.
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Samai, índice 13. Expediente 11001-03-15-000-2026-01589-00.
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Samai, índice 16. Expediente 11001-03-15-000-2026-01589-00.
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Consideró que no se cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues
el accionante pretende reabrir un debate jurídico precluido que ya hizo tránsito
a cosa juzgada, convirtiendo la acción en una tercera instancia para subsanar
su omisión de incluir en las pretensiones de nulidad la resolución 130 PZ 763
de 2004. Aseguró que con la sentencia cuestionada no se desconocen
derechos fundamentales; por el contrario, decidir sobre actos que no fueron
presentados en las pretensiones sería vulnerar el derecho de defensa y debido
proceso.
Aseguró que tampoco se cumple con el requisito general consistente en que
la irregularidad procesal alegada tenga efecto decisivo o determinante en la
sentencia de segunda instancia. Por el contrario, la decisión del órgano de
cierre de la jurisdicción contenciosa administrativa de inhibirse frente al cargo
de violación al derecho de defensa se dirigía a cuestionar la validez de un acto
que no fue incluido en las pretensiones de nulidad.
Si el Consejo de Estado hubiera anulado o fallado sobre un acto no
demandado habría vulnerado de manera desproporcionada su derecho al
debido proceso e incurrido en un fallo extra petita. De conformidad con el
artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 el juez debe fallar en congruencia con lo
pedido. Por lo tanto, la inhibición fue una medida de protección a la legalidad
y a la seguridad jurídica, así como del principio de congruencia como garantía
al derecho fundamental de debido proceso.
Por último, solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela.
5. Providencia impugnada
En sentencia del 19 de marzo de 2026, la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado10 declaró improcedente en primera instancia la acción de tutela,
por considerar que no se cumple con el requisito de subsidiariedad. Aseguró que la
controversia planteada en el escrito de tutela encuadra en el supuesto del numeral
5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, que indica que el recurso extraordinario
de revisión procede ante la existencia de nulidad por falta de congruencia de la
sentencia. Subrayó que, precisamente, el argumento central que sustenta la
solicitud de amparo es lo relacionado con la falta de congruencia.
Afirmó que tampoco se acreditó alguna amenaza inminente de los derechos
fundamentales, ni que el amparo deba concederse de manera urgente.
Explicó que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario, por lo que no procede
cuando existan recursos ordinarios de protección judicial prevalentes para la
salvaguarda de los derechos. Por lo que no resulta procedente un estudio de fondo
cuando la parte actora no ha agotado el recurso judicial idóneo y efectivo para
obtener el amparo de sus derechos.
6. Impugnación
La parte actora impugnó11 el fallo de primera instancia. Indicó que la incongruencia
no se consagró en las causales taxativas de nulidad señaladas en el artículo 140
del Código de Procedimiento Civil, ni las dispuestas en el artículo 133 del Código
General del proceso.
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Samai, índice 20. Expediente 11001-03-15-000-2026-01589-00.
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Samai, índices 24 y 25. Expediente 11001-03-15-000-2026-01589-00.
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Por lo tanto, aseguró que no se podría invocar dicha causal de revisión del fallo,
dado que la incongruencia de la sentencia no fue dispuesta expresamente por el
legislador como causal de nulidad. Resaltó que las causales de nulidad son
taxativas.
Solicitó que se realice un análisis de fondo de los argumentos del escrito de tutela,
pues en el caso se configuró una evidente e injusta denegación de acceso a la
administración de justicia que debe derivar en la anulación de la providencia objeto
de tutela y su reemplazo con una decisión de fondo.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 199112, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Acción de tutela contra providencias judiciales de altas Corporaciones
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos
generales13 y especiales14 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se
deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o
requisitos especiales de la acción.
Cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida por la Corte
Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la acción de
amparo es más restrictiva debido a que estas Corporaciones son las encargadas de
unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo que los principios
de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia. Por tal motivo,
la Corte Constitucional ha indicado que como presupuesto adicional para admitir
la procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada debe contener
un error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa con la
Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.
12
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
13
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
14
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
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Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una Alta Corporación, corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales
especiales de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la providencia
judicial acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución
Política y sea incompatible con la jurisprudencia constitucional. Es importante tener
en cuenta que, en la sentencia, SU573 de 201715, la Corte Constitucional analizó el
tercer elemento en el acápite de relevancia constitucional.
2. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, le corresponde a la Sala
establecer si le asistió razón al juez de tutela de primera instancia al declarar
improcedente la acción. Para ello la Sala determinará si se cumplen los requisitos
generales de procedibilidad, específicamente el de subsidiariedad.
En caso de superarse dicho análisis se pasará a determinar si el Consejo de Estado,
Sección Primera incurrió en los defectos invocados por la parte actora al proferir la
sentencia de 7 de noviembre de 2025 en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho 05001-23-31-000-2006-01956-02.
3. Alcance del requisito de subsidiariedad de la acción de tutela
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela es el de subsidiariedad. Esa
norma dispone que la tutela «solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable». Por su parte, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece que la
acción de tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial,
a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Según esas normas, la subsidiariedad hace referencia a que la acción de tutela solo
procede cuando no existen otros medios de defensa idóneos para amparar los
derechos fundamentales invocados; o siempre que ello sea necesario para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo
transitorio de protección. De esta forma, se busca que los mecanismos ordinarios
de defensa para la protección de los derechos no sean desplazados o suplantados
por la acción de tutela.
Así las cosas, la tesis de la Sección consiste en que, por regla general, cuando
existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz no es procedente la acción de
tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del medio de defensa se definen en
función del caso concreto, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentra
el solicitante. En este estudio también debe analizarse la existencia o no de un
perjuicio irremediable, en los términos del numeral 1º del artículo 6 del Decreto 2591
de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
En ese sentido, el juez de tutela tiene la potestad de valorar las circunstancias
particulares de cada caso y determinar si la acción es procedente; o si, por el
contrario, existen otros medios que permiten satisfacer los derechos fundamentales
del actor.
15
Con ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Demandante: Carlos Arturo Trujillo Hoyos y otro
Sobre el requisito de subsidiariedad, la Corte Constitucional ha manifestado lo
siguiente:
«La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones
de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un
derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro
mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección
del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un
mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar
el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción
de tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria.
La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario
para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance
del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección,
precisamente incorporado a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca con el fin
de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una
plena protección de sus derechos esenciales (…)» 16.
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe probar
que se agotaron los recursos que tenía a su disposición pues, de lo contrario, la
tutela deviene improcedente.
4. Análisis del caso
4.1. La parte actora consideró que la decisión de segunda instancia no fue
congruente con los hechos expuestos en la demanda. Sobre este cargo
principal fundamentó los defectos invocados. De hecho, aseguró que «el único
punto en el que se considera hubo una flagrante y clara vulneración al debido proceso fue en
torno a la decisión de inhibirse frente al cargo de desconocimiento del derecho de audiencia y
de defensa, (...) al existir una evidente incongruencia entre los hechos y pretensiones y
la decisión inhibitoria».
La parte accionante alegó que «se equivocó el fallador al concluir que en la demanda
se había formulado un cargo de nulidad contra un acto administrativo diferente a los
demandados, lo cual llevó al Consejo de Estado a formular una sentencia incongruente con
los hechos propuestos y a aplicar indebidamente la figura de la “proposición jurídica
incompleta” que lo llevó, equivocadamente, a inhibirse».
Se advierte, entonces, que la parte actora fundamentó su reproche en la
discrepancia entre los hechos que sustentaron la demanda y la decisión de
segunda instancia frente al cargo sobre el derecho de audiencia y defensa. De
ahí que la inconformidad de la parte actora radica en la falta de congruencia
del fallo de segunda instancia, en lo que respecta sobre la decisión inhibitoria.
4.2. Explicado lo anterior, la Sala considera que no se cumple con el requisito de
subsidiariedad, porque en el caso existe otro mecanismo de defensa judicial
previsto por el ordenamiento jurídico para alegar la falta de congruencia entre
los hechos narrados en la demanda del medio de control y el fallo de segunda
instancia atacado, al haberse inhibido respecto al cargo de la violación al
derecho de audiencia y de defensa. Este último fue el cargo principal que
sustentó los defectos invocados en el escrito de tutela.
El Consejo de Estado ha precisado que la congruencia puede ser interna y
externa. La primera obedece a la correspondencia que debe existir entre la
parte motiva y resolutiva de la sentencia, mientras que la segunda, es decir la
externa, alude a que la decisión contenida en la resolutiva se encuentre en
16
Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 1992.
9
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concordancia con lo pedido en la demanda como en su contestación.
Justamente, la parte actora considera que la decisión de segunda instancia,
en cuanto al cargo sobre el recurso de apelación, no fue congruente con lo
solicitado en la demanda (congruencia externa), porque «se pretendía la nulidad de
los actos administrativos que culminaron un procedimiento administrativo sancionatorio y decidieron
mantener una medida preventiva con carácter definitivo. El cargo de nulidad por desconocimiento de
audiencia y defensa recaía, no sobre el acto que impuso una medida preventiva, sino contra el acto que
culminó el proceso y determinó que la medida preventiva sería permanente».
Sobre la distinción en las nociones del concepto de congruencia, la Sección
Cuarta de esta corporación expresó:
«El petitum, entonces deberá expresar claramente la modificación o reforma que se pretende de los
actos acusados, y a él atañe la observancia por parte del juzgador del principio de la congruencia de las
sentencias, que debe ser tanto interna como externa. La externa, se traduce en la concordancia debida
entre el pedido de la (sic) partes en la demanda y su corrección, junto con las excepciones, con lo
decidido en la sentencia y encuentra su fundamento en los artículos 55 de la Ley 270 de 1996 y 170 del
C.C.A. en concordancia con el 305 del C.P.C., que señala que el juez en la sentencia debe analizar “los
hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las normas jurídicas pertinentes, con el objeto de
resolver todas las peticiones”. No debe olvidarse, además, que conforme al artículo 304 del C.P.C. la
parte resolutiva “deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la
demanda...”. Dado que con la definición del proceso se busca la certeza jurídica, la norma le impone al
juez el deber de claridad respecto de la sentencia, noción que se opone a las decisiones oscuras,
ambiguas o dudosas. La congruencia interna, está referida a la armonía y concordancia que debe existir
entre las conclusiones judiciales derivadas de las valoraciones fácticas, probatorias y jurídicas
contenidas en la parte considerativa, con la decisión plasmada en la parte resolutiva de la sentencia» 17.
Como lo indicó el juez de primera instancia, el mecanismo al cual la parte
actora puede acudir para ventilar tal reproche es el recurso extraordinario de
revisión, en consideración a que jurisprudencialmente se ha reconocido su
procedencia para la protección del principio de congruencia, en virtud del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 que en su numeral quinto consagra como
la causal de revisión «5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
y contra la que no procede recurso de apelación». En este sentido se pronunció esta
corporación:
«Para que se configure esta causal resulta necesario que el vicio se genere en el preciso momento en
que se dicta la sentencia objeto de censura contra la cual no procede el recurso de apelación, pues si se
trata de un reclamo acaecido en una etapa previa a ésta, no tendrá cabida el recurso extraordinario de
revisión, salvo, que se trate de circunstancias que aunque ocurrieron con anterioridad a esta etapa
procesal no pudieron ser advertidas por el recurrente que solo las conoció con la sentencia. Lo contrario,
equivaldría a permitir que el mencionado recurso se convierta en una oportunidad para subsanar la
incuria o desidia en que las partes incurrieron en el trámite del proceso ordinario al no proponer las
nulidades del caso de acuerdo con las reglas de oportunidad previstas en el artículo 142 del C.P.C, o
para proponer nulidades que quedaron saneadas en los términos del artículo 144 ib.
Sobre los supuestos que dan origen a esta causal, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha
señalado los siguientes:
a. sentencia a pesar de la terminación previa del proceso por desistimiento, transacción o perención,
porque con esto se revive un proceso legalmente concluido. b. sentencia cuando el proceso se encuentra
suspendido. c. sentencia sin las mayorías necesarias para la decisión, por la firma de más, o menos
jueces de los requeridos legalmente. d. Pretermitir la instancia, por ejemplo: i) al proferir una sentencia
sin motivación o ii) violar el principio de la non reformatio in pejus [como cuando se condena al
demandado por cantidad superior o por objeto distinto al pretendido en la demanda o por causa distinta
a la invocada]. e. Decidir aspectos que no corresponden, por falta de jurisdicción o competencia del juez.
En resumen, puede decirse que las causales de nulidad de las sentencias están enmarcadas en dos
grupos a saber, el compuesto por las irregularidades originadas en vicios que constituyen causal de
nulidad del proceso y solo pudieron ser advertidos en la sentencia y, las relativas a los vicios que contiene
la sentencia»18.
17
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 15 de marzo 2002. Radicado: 76001-23-24-000-1997-3983-01(12439).
Actor: Cementos del Valle S.A. C.P Juan Ángel Palacio Hincapié.
18
Consejo de Estado. Sala Décima Especial de Decisión. Sentencia del 1 de noviembre de 2016. C.P. Sandra Lisset Ibarra
Vélez, radicación 11001-03-15-000-2012-00230-00.
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Asimismo, esta Sección en la sentencia de tutela del 16 de mayo de 2024
dentro del expediente 11001-03-15-000-2024-01369-00, explicó que «a partir de los
casos estudiados por las Salas Especiales de Decisión, así como de las Salas de Sección, cuando
resuelven recursos extraordinarios de revisión, se advierte que existe una línea jurisprudencial pacífica
sobre la procedencia del recurso extraordinario de revisión para la protección del principio de
congruencia, por la vía de la causal de “nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra
la que no procede recurso de apelación”. [.] En conclusión, el recurso extraordinario de revisión resulta
un mecanismo idóneo cuando se alega la vulneración del principio de congruencia, toda vez que la
jurisprudencia acepta la procedencia. También es un medio eficaz, en la medida en que puede proteger
de manera integral el derecho fundamental vulnerado y se pueden tomar decisiones que restauren de
forma suficiente el derecho. En efecto, si se encuentra fundada la causal, se invalidará la sentencia
revisada, se dictará la que en derecho corresponda y «se resolverá sobre las restituciones,
cancelaciones, perjuicios, frutos, mejoras, deterioros y demás consecuencias de dicha invalidación”
(artículo 255 de la Ley 1437 de 2011)».
Adicionalmente, se advierte que, al analizar la idoneidad del recurso
extraordinario de revisión, la Corte Constitucional ha señalado que, pese a que
existen similitudes entre la acción de tutela y dicho mecanismo, se presentan
eventos en los cuales el recurso extraordinario de revisión desplaza a la acción
de tutela. De manera que en las circunstancias mencionadas en la
jurisprudencia constitucional aquel se erige como la vía judicial preponderante
de protección. Veamos lo señalado sobre la materia en la sentencia SU-026
de 2021:
«[Se] erige al recurso extraordinario de revisión en materia contencioso-administrativa como un medio
de defensa idóneo y eficaz cuando la vulneración del derecho al debido proceso tiene origen en un fallo
judicial que se encuentra ejecutoriado. De hecho, la jurisprudencia constitucional ha reconocido la
innegable semejanza entre la acción de tutela y el recurso de revisión (...). Estas similitudes entre los
dos mecanismos de defensa han llevado a la Corte Constitucional a establecer la siguiente subregla
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales:
“[E]l recurso de revisión constituye un mecanismo idóneo y eficaz de defensa judicial dependiendo de la
naturaleza de los derechos invocados por el peticionario, y la cobertura brindada por las causales
aplicables al proceso específico. Así, el recurso será eficaz cuando a) la única violación alegada sea el
derecho al debido proceso y, eventualmente, la de otros derechos que no tienen carácter fundamental,
o b) cuando el derecho fundamental cuya protección se solicita sea susceptible de ser protegido de
manera integral dentro del trámite del recurso, porque concurren en él (i) causales de revisión
evidentemente dirigidas a salvaguardar dicho derecho, y (ii) en caso de prosperar el recurso, decisiones
que restauran de forma suficiente y oportuna el derecho.”
5.8. Dicho de otro modo la acción de tutela desplazará el recurso extraordinario de revisión
siempre que (i) el derecho fundamental cuya protección se solicita no sea susceptible de ser
protegido de manera integral dentro del trámite del recurso; y (ii) las causales de revisión no se
encuadren dentro de los hechos denunciados por el accionante. En síntesis, para la Sala Plena “la
acción de tutela se torna improcedente cuando al interior de un proceso contencioso-administrativo se
alega la vulneración al debido proceso y este derecho fundamental es susceptible de ser protegido
mediante el trámite del recurso extraordinario de revisión”» (Negrillas propias y corchetes añadidos).
En el caso, precisamente, se advierte que el recurso extraordinario de revisión
es el mecanismo de defensa idóneo al que debe acudir la parte actora, puesto
que (i) a través de este es posible alcanzar la protección de su derecho al
debido proceso y porque (ii) la circunstancia alegada referente a la falta de
congruencia se enmarca en una de las causales consagradas en el artículo
250 de la Ley 1437 de 2011.
Se corrobora, entonces, la existencia de otro mecanismo de defensa judicial
que le permite a la parte actora alegar la presunta incongruencia de la
sentencia de segunda instancia, generada al haberse declarado inhibida frente
al cargo relacionado con la vulneración al derecho de defensa. Por lo tanto, se
desestima el cargo expuesto en la impugnación relacionado con que la falta
de congruencia no es una causal para la procedencia del recurso, pues como
se advirtió previamente jurisprudencialmente se ha entendido que esta última
se enmarca dentro de la causal contenida en el numeral quinto del artículo 250
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de la Ley 1437 de 2011 que consagra como la causal de revisión « 5. Existir
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso».
4.3. Con todo, es preciso observar que se pueden presentar casos excepcionales
en los que a pesar de la existencia de otro medio de defensa judicial es posible
que la tutela proceda como mecanismo transitorio. Y esto obedece a que la
existencia de un medio judicial no necesariamente significa la improcedencia
de la acción de tutela.
Sin embargo, en el caso no se configuran tales eventos excepcionales. Para
la Sala, el recurso extraordinario de revisión es idóneo y eficaz para el
propósito indicado en el escrito de tutela, porque (i) jurisprudencialmente ha
sido reconocida la procedencia de tal mecanismo para resolver controversias
relacionadas con la vulneración del principio de congruencia; (ii) a través de
este se puede proteger de manera integral el derecho fundamental
presuntamente transgredido y tomar decisiones que lo restauren de forma
suficiente; y (iii) este brinda las garantías y herramientas que le provee el
debido proceso que caracteriza el proceso judicial.
Ahora bien, en el caso no existe un perjuicio irremediable en los términos
dispuestos por la jurisprudencia constitucional, es decir una afectación grave,
inminente y que requiera medidas impostergables. El desacuerdo con la
decisión del juez de segunda instancia no significa la existencia de un perjuicio
irremediable. De aceptar ese razonamiento, habría que concluir que cualquier
decisión que no comparta una parte implica la existencia de un perjuicio de
esa naturaleza. Conclusión que a todas luces carece de razonabilidad, en
tanto que el desacuerdo frente a una disposición judicial no es equiparable a
la existencia de un daño que por su alta gravedad requiera la implementación
de medidas urgentes.
Por lo tanto, se considera que en el caso no se configuran las condiciones
necesarias para que la tutela proceda como mecanismo transitorio, pues no
se advierte la falta de idoneidad o ineficacia del recurso extraordinario de
revisión, así como tampoco la existencia de un perjuicio irremediable. A causa
de lo anterior, se debe concluir que no existe razón válida que permita la
procedencia excepcional de la tutela en el caso, como mecanismo transitorio.
4.4. Finalmente, es importante recordar que al cuestionar una decisión proferida
por un juez mediante la acción de tutela automáticamente entran en juego los
principios de cosa juzgada, independencia, autonomía funcional y juez natural.
Por consiguiente, a fin de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar
una decisión judicial sin efectos y tales principios es imperativo que se cumplan
con rigor cada uno de los requisitos generales señalados jurisprudencialmente,
incluyendo la subsidiariedad.
En consecuencia, si los requisitos generales de procedibilidad no se cumplen,
no hay lugar a estudiar el asunto de fondo. Es condición imprescindible para
analizar los defectos propuestos por la parte actora que todos los
presupuestos generales se cumplan a cabalidad. Solo así será procedente,
proseguir al segundo estadio de análisis consistente en determinar si las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos planteados por
el tutelante.
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No debe olvidarse que tratándose de providencias judiciales proferidas por
altas cortes (quienes cumplen la función de unificar la jurisprudencia y actuar como
órganos de cierre en sus respectivas jurisdicciones), se exige la configuración de
un error en la providencia judicial acusada que haga que esta riña de manera
abierta con la Constitución Política y que sea incompatible con la
jurisprudencia constitucional. Este elemento no acontece en el caso.
5. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia impugnada, por
considerar que no se satisface el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela,
dada la existencia de otro mecanismo de defensa judicial que le permite a la parte
actora exponer su inconformidad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. CONFIRMAR la sentencia impugnada del 19 de marzo de 2026, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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