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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01589-00

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01589-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Carlos Arturo Trujillo y Carlos Arturo Trujillo CIA S.C.S. en Liquidación, de conformidad con los argumentos expuestos en esta providencia. Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero: De no ser impugnada Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-01589-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

19 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01589-00
Accionante: Carlos Arturo Trujillo y CIA S.C.S. en Liquidación y otro
Accionados: Consejo de Estado, Sección Primera

Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro del proceso de
nulidad

Decisión: Declarar improcedente la acción de tutela por falta del requisito de
subsidiariedad

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela1 presentada por el señor Carlos Arturo Trujillo Hoyos y Carlos Arturo Trujillo
y CIA S.C.S. en Liquidación, quienes actúan por conducto de apoderado judicial,
contra el Consejo de Estado, Sección Primera, por la presunta vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
ocurrida con ocasión de la providencia del 7 de noviembre de 2025, al interior del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-23-
31-000-2006-01956-02.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. El señor Carlos Arturo Trujillo Hoyos y la sociedad Carlos Arturo Trujillo y CIA
S.C.S son propietarios del predio «Hacienda Providencia o Ginebra» que se ubica
en el Municipio de Nechí – Antioquia, en el que discurre el cauce natural de agua
denominado Caño Barro.

3. Sin embargo, manifestó que el curso del agua fue obstruido en forma antrópica, lo
que impidió el flujo natural de las aguas, ocasionando inundaciones y perjuicios
económicos en el suelo, la tierra y en los sembrados en la Hacienda La Providencia.

4. Con ocasión de lo anterior, la parte actora emprendió acciones dirigidas al
destaponamiento de Caño Barra con la finalidad de reestablecer su curso natural,
intervenciones que fueron suspendidas por la Corporación Autónoma Regional del
Centro de Antioquia – Corantioquia por medio de las Resoluciones 7624 del 15 de
abril de 2005 y 7907 del 21 de septiembre del mismo año.

1 Acción de tutela presentada el 27 de febrero de 2025.

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Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01589-00
Accionante: Carlos Arturo Trujillo y CIA S.C.S. en
Liquidación y otro

5. La parte actora en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho interpuso demanda contra Corantioquia al proferir dichos actos
administrativos.

6. El proceso correspondió al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta
Mixta2, autoridad judicial que, mediante sentencia del 19 de junio de 2019 resolvió
negar las súplicas de la demanda, al considerar que no tenía vocación de
prosperidad los cargos de violación esgrimidos contra los actos administrativos
demandados, toda vez que no se transgredió el derecho al debido proceso ni se
probó que estuviesen falsamente motivados.

7. En sede de apelación, el Consejo de Estado, Sección Primera a través de
sentencia del 7 de noviembre de 2025 se inhibió de efectuar pronunciamiento en
relación con el cargo de violación del derecho de audiencia y defensa, y confirmó en
lo demás providencia.

8. En relación con la inhibición, señaló que las razones que sustentaban la presunta
vulneración de los derechos de defensa y de audiencia derivada de la falta de
concesión del recurso de apelación se atribuían a la Resolución 130 PZ 763 del 29
de abril de 2004, acto administrativo que no fue objeto de la demanda, toda vez que
se atacaron las Resoluciones 7624 y 7907, ambas de 2005. En consecuencia, se
configuró una ruptura entre la pretensión y la causa petendi, lo que dio lugar a una
proposición jurídica incompleta.

2.2. Fundamento jurídico

9. La parte actora, indicó que la autoridad judicial incurrió en un defecto fáctico
«pues, evidentemente, se equivocó el fallador al concluir que en la demanda se
había formulado un cargo de nulidad contra un acto administrativo diferente a los
demandados, lo cual llevó al Consejo de Estado a formular una sentencia
incongruente con los hechos propuestos y a aplicar indebidamente la figura de la
proposición jurídica incompleta»

10. Asimismo, que la decisión cuestionada adolece de un defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto «la supuesta acreditación de una “proposición jurídica
incompleta”, no solo es incongruente con los hechos y pretensiones planteados en
el juicio, sino que además privilegia un aspecto meramente formal (una supuesta
proposición jurídica incompleta) para negarse determinar si se había desconocido o
no el derecho a apelar la decisión.»

11. Asimismo, alegó que el despacho judicial accionado incurrió en un defecto
sustantivo, toda vez que «aplicó indebidamente los artículos 281 del Código
General del Proceso y 305 del Código de Procedimiento Civil, a los que remiten los
artículos 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, y 267 del Código Contencioso Administrativo. Esto por cuanto los
artículos 281 y 305 referidos otorgan vigencia y aplicabilidad al principio de

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Acción De Tutela
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congruencia que debe regir las sentencias judiciales, y que señala que la decisión
debe estar en consonancia con los hechos y pretensiones de la demanda.»

12. Con ocasión de lo anterior, señaló que el despacho judicial accionado incurrió en
una violación directa de la Constitución porque «después de más de 20 años de
proceso (…) se negó a conocer de fondo una de las pretensiones de la demanda y
no se ocupó de la vigencia y realización de los derechos amenazados y vulnerados
de la parte demandante, inhibiéndose, injustificadamente, a decidir el litigio
propuesto.»

2.3. Pretensiones

13. Con fundamento en lo anterior, solicitó dejar sin efectos:

«(…) la Sentencia del 07 de noviembre del 2025 dentro del proceso radicado
05001233100020060195602, cuyo Consejero Ponente fue Pablo Andrés
Córdoba Acosta. Mediante esta Sentencia de segunda instancia se violó el
DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO Y DE ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA de los demandantes.» (Sic)

2.4. Intervenciones

14. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 2 de marzo
de 2026 en el que se ordenó notificar al Consejo de Estado, Sección Primera como
accionado y al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta y a la
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia como terceros interesados
en el resultado del proceso.

15. El Consejo de Estado, Sección Primera manifestó que la acción de tutela no
cumple con requisito de relevancia constitucional, en la medida que la parte actora
fundamentó el mecanismo de amparo en apreciaciones subjetivas con el fin de que
se acogiera el criterio jurídico que le es favorable a sus intereses como si se tratara
de una instancia adicional.

16. Aunado a lo anterior, manifestó que la decisión cuestionada no resulta lesiva de
los derechos fundamentales alegados por la parte actora, por el contrario, se
encuentra debidamente fundamentada, pues se encuentra amparada por los
principios de independencia y autonomía judicial.

17. Así las cosas, solicitó declarar improcedente la acción de tutela y,
subsidiariamente, negar el amparo deprecado por la inexistencia de la vulneración
de derechos fundamentales invocados en protección.

18. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta indicó que los
fundamentos fácticos y jurídicos que se analizaron para proferir la decisión de
primera instancia se encuentran contenidos en el texto de la providencia.

19. La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia sostuvo que la
acción de tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional porque lo que
pretende la parte actora con su interposición era reabrir un debate jurídico precluido
que ya hizo tránsito a cosa juzgada.

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Liquidación y otro

20. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

21. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2591 de 1991, Acuerdo 080 del 20193 y demás normas concordantes.

3.2. Problema jurídico

22. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a establecer
si el Consejo de Estado, Sección Primera, al proferir la sentencia de 7 de noviembre
de 2025, incurrió en los defectos fáctico, procedimental por exceso ritual manifiesto,
violación directa de la Constitución y sustantivo.

23. Previo a ello, se deberá determinar si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos generales y específicos de procedencia cuando se reprochan decisiones
judiciales.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

24. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades
o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer decreto
anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para
hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter de
residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

3.3.2. Del requisito de subsidiariedad

25. Elinciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagró el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determinó
que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto
2591 de 1991.

26. Así las cosas, cuando existen otros mecanismos de defensa judicial que resultan
idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran
amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.

3 Acuerdo interno del Consejo de Estado.

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27. Al respecto, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas
a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia4.

28. No obstante, es claro que en determinadas oportunidades el enfoque bajo el cual
se resuelven no es suficiente para precaver la vulneración de derechos
fundamentales, puesto que los recursos pueden ser ineficientes o inadecuados,
momento en el cual la tutela se torna procedente para precaver la eventual
conculcación de estas garantías de orden superior.

3.3.2.1. Análisis del presupuesto de subsidiariedad y el perjuicio irremediable

29. Al respecto, esta Sala considera que la presente acción de tutela es improcedente
porque la controversia aquí planteada encuadra dentro de los supuestos del numeral
5.° del artículo 250 del CAPCA el cual consagra para la procedencia del recurso
extraordinario de revisión la falta de congruencia como una causal de nulidad de la
sentencia que es precisamente el argumento central que sustenta la solicitud de
amparo.

30. Sobre el particular, el numeral 5.° del artículo 250 del CPACA, establece lo
siguiente:

«ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
(…)
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la
que no procede recurso de apelación.»

31. Es de advertir que en el presente asunto no se acredita la amenaza inminente de
los derechos fundamentales de los cuales la parte actora pide su protección, ni
tampoco se encuentra que el amparo deba concederse de manera urgente.

32. Así las cosas, dado que, la acción de tutela es un mecanismo subsidiario que
permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial como dispositivos legítimos y prevalentes para la salvaguarda de
los derechos, ese reconocimiento obliga a los asociados a incoar los recursos
jurisdiccionales con los que cuenten para conjurar la situación que estimen lesiva de
sus derechos.

33. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional5 ha sido clara en reiterar que las
personas deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios que el

4 En sentencia T-313 de 1 de abril de 2005, se estableció: «En efecto, la Constitución y la ley estipulan (sic) un

dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el
ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del
Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que
desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en
consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección
de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones».
5 Sentencia T-375 de 2018. Corte Constitucional.

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sistema judicial ha dispuesto para conjurar la situación que amenaza o lesiona sus
derechos, de tal manera que se impida el uso indebido de la acción de tutela como
vía preferente o instancia judicial adicional de protección.

34. De tal modo, al no comprobarse la inminencia, ni existencia de un perjuicio
irremediable, no resulta procedente un estudio de fondo cuando la parte accionante
no ha hecho uso de los medios de defensa judicial que son idóneos y efectivos para
obtener el amparo de sus derechos, razón por la cual se rechazará por improcedente
la presente acción de tutela.

35. Así las cosas, la Sala declarará improcedente la presente acción, pues, se reitera,
dentro de las facultades del juez constitucional no se encuentra la de sustituir las
herramientas judiciales idóneas para obtener la protección iusfundamental
quebrantada, porque de lo contrario, la acción de tutela se convertiría
irremediablemente en un medio de protección alternativo que lejos de amparar un
derecho vulnerado, propiciaría un desborde institucional en el cumplimiento de las
funciones que le encomendó la Carta a los jueces constitucionales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Carlos
Arturo Trujillo y Carlos Arturo Trujillo CIA S.C.S. en Liquidación, de conformidad con
los argumentos expuestos en esta providencia.

Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Tercero: De no ser impugnada Remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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