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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2010-00494-02

Fecha
24 de enero de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2010-00494-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el Magistrado Nicolás Yepes Corrales. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia apelada proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, del siete (7) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), por las razones expuestas en esta providencia. TERCERO: SIN CONDENA EN COSTAS por no ser procedente. CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez esta providencia esté en firme.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-31-000-2010-00494-02

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

24 de enero de 2024

Radicado: 05001-23-31-000-2010-00494-02 (58893)
Demandante: Consorcio COBACO S.A.–Ramírez y Cía. S.A.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 05001-23-31-000-2010-00494-02 (58893)
Demandante: Consorcio COBACO S.A. – Ramírez y Cía. S.A.
Demandado: Departamento de Antioquia
Referencia: Acción de controversias contractuales

Tema: Multa en el contrato estatal. Subtema 1: Cumplimiento de las obligaciones del contrato.
Subtema 2: Novación. Subtema 3: Principio de la comunidad de la prueba.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra
de la sentencia del siete (7) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SINTESIS DEL CASO

Las partes de este proceso celebraron un contrato de obra para la pavimentación y
rehabilitación de una vía, que fue objeto de adiciones y prórrogas. Por el desacato de
órdenes de la interventoría, atrasos en frentes de obra (superiores al 20%), y falencias
en equipos y maquinaria, el Departamento inició, en audiencia adelantada el 28 de
febrero de 2008, el procedimiento administrativo para la imposición de multa, que
concluyó con la expedición de la Resolución 017429 de septiembre de 2008, confirmada
posteriormente mediante Resolución 001736 de enero de 2009.

En primera instancia fueron denegadas las pretensiones, al considerar que los
incumplimientos del contratista constituyeron motivos válidos para imponer la multa. El
demandante aduce, en apelación, que las obligaciones cuyo incumplimiento fue
controvertido a lo largo del procedimiento de multa fueron cumplidas o se extinguieron
por unas nuevas obligaciones al suscribir las modificaciones del contrato. Además,
expresa que el Tribunal valoró mal las pruebas del proceso.

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Radicado: 05001-23-31-000-2010-00494-02 (58893)
Demandante: Consorcio COBACO S.A.–Ramírez y Cía. S.A.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

2.1.1. El dieciséis (16) de marzo de dos mil diez (2010), las sociedades Cobaco S.A. 1 y
Ramírez y Cía. S.A.2, integrantes del Consorcio Cobaco S.A.–Ramírez y Cía. S.A. (en
adelante, el Consorcio), presentaron demanda 3 , en ejercicio de la acción de
controversias contractuales, contra el departamento de Antioquia (en adelante, el
Departamento) con el fin de que (i) se declare la nulidad de las resoluciones núm. 017429
del 29 de septiembre de 2008 y 001736 del 27 de enero de 2009, que impusieron al
Consorcio una multa en el marco del contrato núm. 2007-CO-20-052, por una suma de
doscientos noventa y ocho millones cuatrocientos sesenta y seis mil seiscientos setenta
y nueve pesos ($298.466.679); y que, en consecuencia, (ii) se condene a la entidad
demandada a restituir las sumas pagadas, y a cancelar la inscripción de las resoluciones
en las Cámaras de Comercio de Medellín y del Valle de Aburrá.

2.1.2. Como sustento fáctico de sus pretensiones, los demandantes relataron que el
Consorcio suscribió, previa adjudicación, el contrato núm. 2007-CO-20-052, con el objeto
de realizar el “MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA
CONCORDIA-PUNTO INTERMEDIO-CONCORDIA-BETULIA”. Poco antes de culminar
el plazo del contrato, el Departamento inició un procedimiento sancionatorio, en el que
imputó su incumplimiento al contratista, porque (i) no atendió órdenes de la interventoría
relativas a problemas de calidad de la obra; (ii) hubo atrasos en las obras; y (iii) dejó de
suministrar oportunamente el equipo exigido. Entre tanto, la Administración aceptó en
varias ocasiones ampliar el plazo del contrato para ejecutar las obras pendientes. A pesar
de que las reprogramaciones fueron aceptadas, el 2 de octubre de 2008, la entidad
convocó al contratista para ser notificado de la resolución núm. 017429 de 2008. Contra
esta decisión, el Consorcio formuló recurso de reposición, que fue resuelto mediante la
resolución núm. 001736 de 2009. Todo ello, pese a que, mientras se adelantaba el
trámite sancionatorio, la demandada admitía una nueva prórroga del término contractual,
y la multa fue notificada después de que se cumpliera el plazo de esta prórroga.

2.1.3. Como fundamentos de derecho, la parte demandante manifestó:

2.1.3.1. Que los actos demandados son nulos, porque no podía aplicarse el artículo 17
de la Ley 1150 de 2007 que, en su criterio, es inconstitucional. En consecuencia, el
contrato se regiría enteramente por la Ley 80 de 1993 y la entidad no tendría
competencia expresa para imponer las multas.

2.1.3.2. Que la multa fue inoportuna, porque para la fecha de notificación del acto que
resolvió el recurso de reposición, el plazo del contrato ya se había vencido.

1 Existencia y representación legal certificada por la Cámara de Comercio Aburrá Sur núm. 03C220108039 del 1 de

agosto de 2009: f. 2-6, c. 1.
2 Existencia y representación legal certificada por la Cámara de Comercio de Medellín núm. 006052955: f. 6-9, c. 1.
3 F. 218-248, c. 1.

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Demandante: Consorcio COBACO S.A.–Ramírez y Cía. S.A.

2.1.3.3. Que los actos incurrieron en falsa motivación, porque las obligaciones cuyo
incumplimiento dio lugar a la multa “ya habían sido solucionadas”, por los acuerdos que
modificaron el contrato, ampliaron el plazo contractual, adicionaron el precio contrato,
aprobaron nuevos programas de trabajo y de inversiones, así como de utilización de
equipo y de suministro de materiales, y aumentaron el monto del anticipo.

2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia

2.2.1. El diez (10) de agosto de dos mil diez (2010), el Tribunal admitió la demanda y
dispuso la notificación al Departamento y al agente del Ministerio Público 4.

2.2.2. El Departamento contestó la demanda, oponiéndose a la prosperidad de las
pretensiones de la demanda, y defendió el acto impugnado5.

2.2.3. En la oportunidad respectiva, la parte demandante6 y la demandada7 presentaron
alegatos de conclusión en primera instancia. Esta última allegó, junto a su escrito, copia
de la Resolución 000775 del 14 de enero de 2011, por medio de la cual el Departamento
liquidó unilateralmente el contrato 2007-CO-20-052[8]. El agente del Ministerio Público no
rindió concepto.

2.3. Sentencia de primera instancia

En sentencia del siete (7) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), el Tribunal denegó
las pretensiones de la demanda9, al considerar lo siguiente:

2.3.1. Que el parágrafo transitorio del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 estableció un
efecto retrospectivo en materia de multas en los contratos estatales y, con ello, habilitó
a las entidades públicas sometidas al Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública a imponerlas unilateralmente, siempre que estas hubieran sido
pactadas en el contrato y la decisión fuera expedida con posterioridad a la vigencia de la
norma. Al cumplirse estas condiciones legales, el Departamento era competente para
expedir los actos demandados.

2.3.2. Que no fue acreditado que el incumplimiento del contrato hubiera sido ocasionado
por factores climatológicos. En todo caso, la multa no solo sancionó los atrasos en la
obra, sino la desatención de los requerimientos hechos por la interventoría, y la ausencia
del equipo adecuado para realizar los trabajos. Estos incumplimientos fueron
constatados por el a quo “en cada uno de los requerimientos realizados” por la
interventoría, “obrantes a folios 365 a 525 del cuaderno número 2”; requerimientos estos
que comenzaron el 15 de mayo de 2007 y se extendieron, incluso, a fechas posteriores
a la firma de la última adición del plazo contractual, pactado en el otrosí del 20 de

4 F. 312-314, c. 1.
5 F. 338-355, c. 1.
6 F. 735-736, c. 2.
7 F. 737-738, c. 2.
8 F. 739-750, c. 2.
9 F. 757-768, c. ppal.

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diciembre de 2008. Además, en las pruebas practicadas “no se observa respuesta alguna
del consorcio […] a los múltiples requerimientos realizados por la interventoría”.

2.3.3. Que, si bien fueron suscritos acuerdos y otrosíes que ampliaron el plazo
contractual, esto no impide a la entidad imponer apremios si los incumplimientos
persisten.

2.3.4. Que, a pesar de haberse suscrito acta de recibo a satisfacción de las obras, el
desarrollo del contrato no fue adecuado, toda vez que quedaron expuestos “continuos y
sistemáticos incumplimientos” del contrato, entre los que se cuentan “el deficiente y mal
estado de la maquinaria, la falta de materiales e insumos, [la] parálisis de las obras, y el
desacato a los requerimientos realizado [sic] por la interventoría”, motivos suficientes
para imponer la multa.

2.3.5. Por último, el a quo consideró que el demandante no cumplió la carga probatoria
que le asistía.

2.4. El recurso de apelación

El trece (13) de enero de dos mil diecisiete (2017), la parte actora apeló 10 el fallo
desestimatorio anteriormente referido, al argumentar lo siguiente:

2.4.1. Que el Tribunal incurrió en una “indebida interpretación” del artículo 17 de la Ley
1150 de 2007, porque la medida allí contemplada solo procede cuando esté pendiente
la ejecución de las obligaciones del negocio.

2.4.2. Que la multa tiene por objeto “conminar al contratista a cumplir con sus
obligaciones” lo que significa que, si la entidad o el interventor requieren al contratista
para que cumpla con el cronograma de obra e incremente el personal y la maquinaria, y
éste cumple, no persiste el motivo para la imposición de la multa.

2.4.3. Que, “[…] si las partes con fecha 28 de Abril habían modificado los programas de
inversión y reprogramaron la ejecución de obras y reprogramación de equipos, no [se]
podía haber expedido la resolución 17429 del 29 de Septiembre de 2.008, por
SUSTRACCIÓN DE MATERIA, es decir por haber desaparecido por voluntad de las
partes las causas que dieron origen a la apertura del proceso sancionatorio, lo que
genera la consecuencia jurídica [sic] el vicio de nulidad de la referida resolución”
(negrillas originales de la apelación). Así, con la prórroga de los plazos y la modificación
de las obligaciones contractuales, se extinguen los incumplimientos previos, por voluntad
de las partes 11 ; circunstancia que habría sido desconocida por el Departamento al
10 F. 769-781, c. ppal.
11 En este sentido, la parte apelante manifestó que una de las “alternativas de defensa” en el proceso sancionatorio

contractual era la: “[…] modificación contractual que dio origen a los requerimientos, pues modificada [sic] las cláusulas
contractuales, en tiempos, cronogramas de obra, de maquinaria y equipos y valores, se extinguen por voluntad de las
partes todo lo concerniente a cualquier incumplimiento reclamado, por el nacimiento de las nuevas cláusulas
contractuales. En otras palabras y a título de ejemplo, si el contratista debía de entregar una obra ejecutada o una
transacción con fecha 5 de diciembre de 2.009, convienen libre y voluntariamente tanto el Contratante y el Contratista
que la entrega de la obra es para el 15 de Marzo de 2.010, mal puede la administración iniciar un proceso sancionatorio

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imponer la multa, de la misma forma en que fue ignorado, ya en este proceso12, el fin
perseguido al suscribir los otrosíes al contrato núm. 2007-CO-20-052.

2.4.4. Que en la resolución que impuso la multa se tuvo en cuenta siete (7)
requerimientos13; razón por la cual “cualquier otra prueba documental […] que no tenga
relación directa” con estos requerimientos “no podía haber sido tenida en cuenta por el
Juez de primera instancia, por no haber sido objeto del debate administrativo
sancionatorio”. En ese sentido, recuerda que en un aparte del fallo se hizo alusión a un
documento de correspondencia de la interventoría que, en su parecer, no debía ser
valorado por el Tribunal. Agregó que el Tribunal valoró el requerimiento 271-f-ICB-0081
del 26 de enero de 2009, cuando debió abstenerse de hacerlo en tanto este no hizo parte
del procedimiento sancionatorio que derivó en la multa aquí impugnada.

2.4.5. Además, la parte recurrente censura que el Tribunal hubiera dejado de lado la
valoración de un informe de interventoría del 28 de mayo de 2008, en el cual se reflejaba
el cumplimiento del Consorcio, por lo que la multa no debió ser impuesta en tanto no
hubo incumplimiento. Tampoco habría valorado el testimonio del señor Carlos Alberto
Muñoz Montoya que, a su juicio, dio “fe de los motivos que llevaron a los cambios
contractuales y que de mutuo acuerdo decidieron hacer las partes, obteniendo
recíprocamente ventajas y beneficios que recibirían cada uno de ellos, que conllevaron
a que desaparecieran las causas de la reclamación o requerimiento hecho por la
administración, pues se modificaron las cláusulas contractuales y nacieron nuevas
obligaciones”. Finalmente, echó de menos la valoración adecuada del testimonio de
Laura Rosa Mejía Grisales, cuya narración no da cuenta de una versión espontánea sino
preparada y parcializada en favor de su empleador (el Departamento), tal como lo dejó
entrever cuando se le preguntó sobre la copia de la contestación de la demanda y de sus
anexos.

2.5. Trámite relevante en segunda instancia

2.5.1. El nueve (9) de junio de dos mil diecisiete (2017), el despacho sustanciador admitió
el recurso de apelación14.

con fecha posterior al 5 de diciembre del mismo año, pretendiendo imponer una multa por no haber entregado la obra
el 1 de Diciembre de 2.009, pues el supuesto incumplimiento desapareció con la modificación contractual”.
12 En el recurso, se asegura que el Tribunal desconoció el “[…] alcance de las modificaciones contractuales (otrosí del

28 de Abril de 2.008) desconoció los beneficios que cada uno de los contratantes buscaba con las suscripción [sic] de
las adiciones y los otrosí […] y fueron. || - La primera, que el Departamento ejecutar [sic] una mayor cantidad de obra
de la inicialmente pactada por efectos de mayores recursos del contrato. || - Y para el contratista, el contar con un
contrato de mayor envergadura desde el punto de vista económico. || - En la segunda prórroga en el momento de la
discusión de la multa, Beneficio [sic] para el departamento, poder enderezar un contrato que venía siendo o contaba
con un atraso importante evitando llevar a la terminación de la relación contractual con los consecuentes
inconvenientes en lograr la pavimentación del área mencionada; y para el contratista lograr de esta forma hacerse de
un estado de liquidez que le permitiera continuar la obra y poder darle cumplimiento a las actividades físicas
enmarcadas en el contrato. || - La tercera prorroga, […] obedeció a una situación objetiva ajena a las partes, la situación
invernal”.
13 Enlista los oficios 252-ICB-0063 del 25 de junio de 2007, 252-ICB-0091 de septiembre 19 de 2007, 252-ICB-0111

de 30 de octubre de 2007, 252-ICB-0115, 252-ICB-0140 de diciembre 3 de 2007, 252-ICB-0145 de diciembre 10 de
2008, y 252-ICB-0161 de enero 10 de 2008.
14 F. 787, c. ppal.

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2.5.2. En la oportunidad correspondiente a la presentación de alegatos de conclusión15,
la parte actora expuso sus argumentos de cierre16. Sostuvo que la entidad demandada
“confundió” una sanción indemnizatoria con una de carácter compulsivo o de apremio, y
esta última, que corresponde a la multa, fue ejercida fuera del término del contrato.
Además, reiteró que las obligaciones habían sido solucionadas por las partes a través
de las modificaciones contractuales. La entidad demandada guardó silencio.

2.5.3. El Procurador Primero Delegado ante esta Corporación formuló concepto17 en el
que sugiere confirmar el fallo apelado, porque no le asiste razón al demandante en los
cargos de nulidad formulados, ni arrimó elementos de juicio para arribar a una conclusión
distinta.

2.5.4. El magistrado Nicolás Yepes Corrales manifestó estar impedido para conocer del
presente asunto, conforme lo previsto en el inciso primero del artículo 140 y el numeral
primero del artículo 141 del Código General del Proceso, por haber rendido concepto en
este asunto, como Procurador Primero Delegado ante esta Corporación. Los
magistrados Guillermo Sánchez Luque y Jaime Enrique Rodríguez Navas —sin la
intervención del magistrado Nicolás Yepes Corrales, quien se apartó de la Sala mientras
este punto fue debatido— resuelven declarar fundado el impedimento manifestado por
el Magistrado Nicolás Yepes Corrales.

III. PROBLEMAS JURÍDICOS

De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso (“CGP”) —aplicable en
esta instancia conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887 18 - 19 — el “recurso de
apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en
relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior
revoque o reforme la decisión”. En razón a ello, la competencia funcional de la Sala,
como juzgador de segunda instancia, se limita a “pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar
de oficio, en los casos previstos por la ley”, como lo establece el artículo 328 del CGP.

Al punto, recuerda la Sala que, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta
Sección, el juzgador tiene la potestad de “pronunciarse oficiosamente sobre todas
aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como
la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción,

15 F. 791, c. ppal.
16 F. 793-796, c. ppal.
17 F. 798-811, c. ppal.
18 “Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores

desde el momento en que deben empezar a regir. || Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas
decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los
incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los
términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. […]” (subrayado fuera del texto
original).
19 Cfr. CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de

2014, rad. núm. 25000-23-36-000-2012-00395-01(IJ).

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aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su
inconformidad con la providencia censurada”20.

Así, en vista de los fundamentos del fallo apelado y del recurso de alzada formulado por
el extremo demandante, deberán solucionarse estos problemas jurídicos:

3.1. ¿Las resoluciones demandadas incurrieron en indebida aplicación o
interpretación del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 por recaer sobre obligaciones
que no estaban pendientes de cumplimiento?

3.2. ¿Los incumplimientos de las obligaciones contractuales que condujeron a la
imposición de la multa desaparecieron en razón de las modificaciones
contractuales realizadas por las partes?

3.3. ¿El Tribunal se equivocó al valorar equivocadamente los testimonios
practicados, o por valorar documentos que no fueron mencionados durante el
procedimiento administrativo de imposición de la multa?

No pasa por alto la Sala, por demás, que la parte actora no expresó en el recurso de
apelación, sino en los alegatos de conclusión de esta instancia 21 , que los actos
administrativos fueron extemporáneos, porque la notificación de la Resolución 001736
del 2009, que confirmó la decisión de multar al Consorcio, fue posterior al vencimiento
del plazo del contrato. Al respecto, cabe rememorar que la etapa para formular alegatos
de conclusión no es la oportunidad procesal para formular pretensiones, ni plantear o
reformular los cargos del recurso de alzada 22 , razón por la cual el referido cargo,
propuesto en los alegatos, no será estudiado en esta instancia.

IV. HECHOS PROBADOS, RELEVANTES PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS
PROBLEMAS ENUNCIADOS23

4.1. El contrato núm. 2007-CO-20-052

20 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, exp. 46005.
21 Aptdo. 2.5.2.
22 Sobre el tema, la jurisprudencia ha razonado en este sentido: “Los alegatos de conclusión constituyen la oportunidad

procesal otorgada a las partes para que, si a bien lo tienen, manifiesten sus impresiones respecto de lo ocurrido en el
trasegar de la instancia correspondiente. En ese sentido, es la oportunidad para expresarle al juez cuál debe ser, en
su sentir, la conclusión a la que se debe llegar luego de analizar los fundamentos de hecho, de derecho, y el acervo
probatorio, sin que sea posible a esas alturas del proceso traer nuevos cargos o solicitar nuevas pruebas. (ii) Si se
abre la posibilidad de que las partes usen los alegatos de conclusión para adicionar los cargos de la demanda o los
fundamentos de la apelación, se vería comprometido el debido proceso como quiera que la otra parte o incluso los
terceros vinculados al proceso no tendrían oportunidad de oponerse a esos nuevos argumentos. No puede perderse
de vista que el proceso está diseñado de tal manera que cada etapa obedece a una estructura lógica tendiente a
garantizar los derechos de las partes y a permitirle al juez que adopte una decisión de fondo. Así, los nuevos
argumentos introducidos por el demandado en los alegatos de conclusión relativos a que la sentencia impugnada no
tuvo en cuenta su conducta escapan al estudio de esta instancia como quiera que no fueran planteados en el recurso
de apelación.”: CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 9 de
febrero de 2017. Rad. 66001-23-33-000-2016-00080-01(PI). (Se subraya)
23 Los documentos aportados en copia simple serán valorados conforme lo señalado por la jurisprudencia unificada

de la Corporación. Ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera - Sala Plena.
Sentencia del 28 de agosto de 2013. Rad. 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022)

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4.1.1. El 22 de marzo de 2007, el Consorcio y el Departamento, a través de la entonces
Secretaria de Infraestructura Física para la Integración y el Desarrollo (en adelante, SIF),
suscribieron el contrato núm. 2007-CO-20-052 cuyo objeto, de acuerdo con la cláusula
primera, fue el “MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA
CONCORDIA – PUNTO INTERMEDIO – CONCORDIA – BETULIA”24.

4.1.2. Conforme a la cláusula segunda, el precio del contrato fue de siete mil ciento
noventa y tres millones ciento treinta y tres mil doscientos sesenta y siete pesos
($7.193.133.267) que, según el parágrafo de dicha cláusula, serían pagados por la
entidad al contratista mediante actas mensuales, “por la obra realmente ejecutada,
liquidada a los precios unitarios pactados, con el reajuste correspondiente, previa la
presentación de las cuentas de cobro, debidamente aprobadas por la Interventoría”.

Las condiciones de pago fueron reiteradas en la cláusula décima del contrato, así:

“CLÁUSULA DÉCIMA: FORMA DE PAGO.- El contratante cancelará a El Contratista el
valor de este contrato mediante el pago de actas mensuales de obra, liquidadas por el
sistema de precios unitarios, previa la presentación de las cuentas de cobro,
acompañadas de las actas de obra respectivas, debidamente aprobadas por la
Interventoría y elaboradas de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas,
y a los precios unitarios pactadas para la ejecución del contrato, dentro de los 30 días
siguientes a la recepción de la factura en la Secretaría de Hacienda del Departamento”.

4.1.3. En la cláusula octava, se pactó la entrega de un anticipo equivalente al 25% del
“valor básico” del contrato.

4.1.4. El plazo inicialmente pactado fue de nueve (9) meses, contados desde la
suscripción de la orden de iniciación.

4.1.5. En la cláusula quinta, fueron plasmadas las siguientes afirmaciones:

“El Contratista hace constar expresamente que estudió cuidadosamente el proyecto de la
obra [a] realizar, su naturaleza, localización, composición y conformación del terreno; las
condiciones normales y extremas del clima que se presentan o puedan presentarse, no
sólo en el sitio de las obras, sino [sic] en los parajes donde ellas han de ejecutarse; la
situación, calidad, cantidad y disponibilidad de los materiales necesarios para su
ejecución; las condiciones de transporte y acceso al sitio de las obras; la disponibilidad
de energía eléctrica, agua y comunicaciones; el tipo de obras temporales, accesos
industriales, servicios de vigilancia, máquinas, equipos y herramientas que se requieren
inicialmente y durante el desarrollo de las obras; la disponibilidad de mano de obra y las
disposiciones de las leyes o costumbres relativas a prestaciones sociales; igualmente,
que conoce la situación de seguridad y orden público en el país y en el sitio de las obras.
Así mismo, EL CONTRATISTA hace constar que conoce todos los requisitos e impuestos
exigidos por las leyes colombianas y por todas las autoridades bajo cuya jurisdicción se
va a ejecutar el contrato y todas y cada una de las estipulaciones de los documentos del
contrato considerándolas en relación con las condiciones del sitio de las obras, y que ha
efectuado los estudios necesarios para entender completamente el propósito de todos los
documentos del contrato y la naturaleza del trabajo. Es entendido que todos estos
24 F. 10-20, c. 1.

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factores, favorables o desfavorables, que puedan influir en la ejecución de las obras y
todas las demás condiciones que puedan afectar el costo o el plazo para ejecutarlas
fueron tenidos en cuenta e incluidos por EL CONTRATISTA al formular la propuesta y
que su influencia no será alegada por EL CONTRATISTA como causal de reclamación o
de justificación del incumplimiento del contrato. Igualmente, EL CONTRATISTA conviene
en que no hará en adelante ninguna reclamación que implique compensación,
prolongación del plazo o concesión de cualquier clase con base en la interpretación
errónea, incompleta o fragmentaria de alguna de las partes de los documentos del
contrato”.

4.1.6. De acuerdo con las cláusulas sexta y séptima, el contratista debía entregar el
programa de trabajo e inversiones, y el plan de utilización de equipo en estos términos:

“CLÁUSULA SEXTA: PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES. Dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes a la notificación del acto de adjudicación del contrato, EL
CONTRATISTA presentará a consideración del Contratante, el Programa de Trabajo e
Inversión, el cual deberá estar acorde con lo establecido en el pliego de condiciones. El
Contratante revisará el programa presentado por El Contratista, y en el caso de ser
necesario, podrá efectuar modificaciones al mismo por asignaciones presupuestales y
requerimientos fundamentales del proyecto y El Contratista procederá a realizarlas dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud que para tal efecto haga El
Contratante. El Programa de trabajo e inversiones no se podrá modificar en forma tal que
signifique variación del plazo del contrato, sino por causas imputables a la entidad
contratante o cuando se trate de fuerza mayor o caso fortuito. En tal caso, el programa
de inversiones deberá ser revaluado y aprobado por El Contratante y se suscribirá el
contrato adicional correspondiente. CLAUSULA SÉPTIMA: PLAN DE UTILIZACIÓN DE
EQUIPO. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del acto de
adjudicación del contrato, EL CONTRATISTA presentará a consideración del Contratante,
el Programa de Utilización de Equipo, el cual deberá estar en correspondencia con el
programa de trabajo e inversión y acorde con lo establecido en el pliego de condiciones.
El Contratante revisará el programa presentado por El Contratista, y en el caso de ser
necesario, podrá efectuar modificaciones al mismo por asignaciones presupuestales y
requerimientos fundamentales del proyecto y El Contratista procederá a realizarlas dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud que para tal efecto haga El
Contratante. El Plan de Utilización de equipo, no se podrá modificar en forma tal que
signifique variación del plazo del contrato, sino por causas imputables a la entidad
contratante o cuando se trate de fuerza mayor o caso fortuito. En tal caso, el plan de
utilización de equipo deberá ser revaluado y aprobado por El Contratante y se suscribirá
el contrato adicional correspondiente”.

4.1.7. En la cláusula décima primera se pactó lo siguiente en torno a las actas de obra,
las cuentas de cobro y los reajustes:

«CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: ACTAS DE OBRA, CUENTAS DE COBRO Y
AJUSTES.- El valor de cada Acta mensual de obra será el resultado de la multiplicación
de las cantidades de obra realmente ejecutadas de cada ítem de pago por los precios
unitarios respectivos. El valor básico del acta por la obra ejecutada cada mes se ajustará
para cada grupo de obra, de acuerdo con lo previsto en el Parágrafo Ajustes, de esta
misma cláusula. Dentro de los diez (10) días calendario del mes siguiente al de la
ejecución de las obras, El Contratista debe presentar la respectiva cuenta de cobro
facturando el valor de la obra realmente ejecutada y recibida por el Interventor en el mes
anterior, anexando el original del acta de obra mensual, debidamente aprobada por el
Interventor y el programa de trabajo e inversiones aprobado por El Contratante y el
interventor, donde se muestre el avance de obra en cumplimiento del mismo. El valor de
la obra ejecutada en el mes anterior al de su facturación debe corresponder al menos a

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la cuota parte establecida para ella en el Programa de trabajo e inversiones para el
correspondiente mes. PARÁGRAFO PRIMERO: ACTAS DE OBRA.- El valor de las actas
de obra mensuales tendrán [sic] carácter parcial, y El Interventor podrá, en actas
posteriores, hacer correcciones o abstenga [sic] de pagarlos a El Contratista hasta que el
Interventor les dé el visto bueno definitivo. Además, si el contratista le adeuda al
contratante alguna suma de dinero por la ejecución de éste [sic] contrato, el contratante,
podrá deducirla directamente de las sumas que le deba al contratista por la ejecución de
obras y trabajos ejecutados en cumplimiento del objeto del contrato. PARÁGRAFO
SEGUNDO: AJUSTES.- El valor básico de las actas por las cantidades de obra
ejecutadas mensualmente y recibidas a entera satisfacción por la interventoría, tendrá
ajustes de precios para cada grupo de obra de acuerdo con los Índices de Costos de la
Construcción Pesada publicados por el DANE, […]. Las actas mensuales por la obra
realmente ejecutada se ajustarán con el índice del mes al que corresponda la obra
ejecutada, siempre y cuando ésta corresponda a la cuota parte de ella en el programa de
trabajo e inversiones aprobado o se trate de obra ejecutada en forma adelantada con
respecto a dicho programa de trabajo e inversiones; Cuando las cantidades de obra
ejecutadas no correspondan a la cuota parte de ella programada, el índice de ajuste a
utilizar para el ajuste, será el correspondiente al mes en el que debió ejecutarse la obra
en cumplimiento del programa de trabajo e inversiones y no el del mes de ejecución
tardía. Los ajustes se consignarán en actas que suscribirán las partes. Si por alguna razón
los índices de las fórmulas de ajuste no se obtienen oportunamente, las actas se ajustarán
con "Índices provisionales", los cuales serán suministrados mensualmente por El
Departamento de acuerdo con las publicaciones que de ellos haga el DANE, y cuando se
obtengan los "Índices definitivos", se harán los ajustes de las actas definitivos en
concordancia con el cumplimiento que del programa de trabajo e inversión, presente EL
CONTRATISTA al momento de la liquidación de los ajustes provisionales calculados. El
Contratista puede aceptar la liquidación de los ajustes con los índices provisionales,
renunciando a cualquier reclamación posterior por este concepto».

4.1.8. En la cláusula decimonovena se convino que el contrato sería liquidado conforme
a los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993, y que el procedimiento liquidatario debía
“efectuarse dentro de los (6) meses siguientes a su vencimiento o a la expedición del
acto administrativo que ordene su terminación o a la fecha del acuerdo que la disponga”.
Además, según el parágrafo primero de esta cláusula, el contratista debía ampliar las
garantías en esta etapa, mientras que, de acuerdo con el parágrafo segundo, si el
contratista no se presentaba a la liquidación o si no había acuerdo, la entidad realizaría
la liquidación mediante resolución motivada, susceptible del recurso de reposición.

4.1.9. En la cláusula vigésima del contrato se estipuló la imposición de multas, de la
siguiente manera:

“CLÁUSULA VIGÉSIMA: MULTAS: EI Contratante podrá imponer a El Contratista las
siguientes multas, en los eventos relacionados a continuación: Por no acatar las
órdenes de la Interventoría. El Contratante impondrá a El Contratista una sanción del
cero coma cero cinco por ciento (0,05%) del valor del contrato por cada día que incumpla
una o varias órdenes. Si El Contratista se niega persistentemente a cumplir cualquiera de
las órdenes, El Contratante podrá ordenar la suspensión de los trabajos hasta que El
Contratista cumpla la orden. Por retraso en la entrega de la obra El Contratista pagará
a El Contratante por cada día solar de atraso en el cumplimiento del plazo total, teniendo
en cuenta las modificaciones a que haya lugar de acuerdo con el contrato, una multa
equivalente al cero coma cero uno por ciento (0,01%) del valor total del contrato, sin
sobrepasar el dos por ciento (2%) diario por cada millón o fracción de millón del valor del
contrato de construcción hasta la completa ejecución del proyecto. Por mal uso del

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anticipo, el quince por ciento (15%) de la suma mal utilizada, sin perjuicio de las
sanciones penales a que haya lugar. Por no iniciar o reiniciar, según el caso, la obra en
la fecha determinada, o por suspensión de la misma sin causa justificada, o por causas
imputables al Contratista, y por cada día de mora, se impondrá una multa equivalente al
uno por mil (1%) [sic] del valor total del contrato. El monto total de esta multa no será
superior al tres por ciento (3%) del valor básico del contrato. En los grupos de obra que
presenten atraso superior al veinte por ciento (20%) de la obra programada
mensual, según el programa de trabajo e inversión aprobado por la Interventoría para
cada mes, se impondrán multas equivalentes al dos por ciento (2%) del valor básico de
la obra dejada de ejecutar, sin superar el 5% del valor total del contrato, lo cual no exonera
al contratista de su obligación de ejecutar la obra hasta su terminación, si El
Departamento lo considera conveniente. Por no disponer de ingenieros residentes en
la obra, el Contratista será sancionado con la suspensión de la misma, la cual sólo podrá
ser reanudada cuando se dé cumplimiento a este requisito; la sanción pecuniaria para
este caso, será la aplicación de una multa equivalente al cero punto tres por mil (0.3%)
del valor básico del contrato, por cada día calendario que demore el cumplimiento de este
requisito, una vez se haya dado la orden por escrito por parte del interventor. Las
suspensiones ordenadas por tal motivo se entienden sin perjuicio del plazo pactado en el
contrato. Por cambios en los planos y/o especificaciones, sin previa autorización de
El Departamento, se impondrán multas equivalentes al veinte por ciento (20%) del valor
básico del contrato, lo cual no exonera al Contratista de la obligación de realizar la obra
según lo estipulado en el contrato. Por no suministrar oportunamente el equipo
exigido de acuerdo con el Programa de Utilización de Equipo aprobado, exigido en
este Pliego de Condiciones para el adecuado desarrollo de los trabajos, una multa diaria
equivalente al cero punto cero uno por ciento (0.01%) del valor básico del contrato. Por
no dar cumplimiento a la obligación de mantener limpia la obra y debidamente
señalizada, por cubrir fundiciones, vaciar concretos sin previa aprobación de la
Interventoría y por cada día de mora, contado a partir de la fecha en que se haya dado la
orden por escrito por parte de la interventoría, el Contratista será sancionado con una
multa equivalente al cero punto cero uno por mil (0.01% o) del valor básico del contrato. Por no constituir el seguro de vida colectivo, se impondrá una multa diaria equivalente
al cero punto cero uno por ciento (0.01%) del valor básico del contrato. Si el Contratista
no presenta los documentos exigidos para la liquidación del contrato dentro del
plazo establecido para tal efecto, y según las disposiciones vigentes, El Departamento
elaborará la liquidación de oficio y, en este caso, impondrá una multa equivalente al cero
punto tres por ciento (0.3%) del valor básico del contrato, suma que será deducida de los
dineros a favor del Contratista. Por no constituir a tiempo la garantía única en
cualquiera de sus riesgos amparados, se hará acreedor a una multa equivalente al cinco
por ciento (5%) del valor básico del contrato, valor que será deducido de la primera acta
de pago. Por no prorrogar la garantía única de cumplimiento en cualquiera de sus
riesgos amparados, cuando a ello hubiese lugar, se hará acreedor a una multa
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor básico del contrato en el momento de su
aplicación, valor que será descontado del acta de liquidación final.

En el caso de que El
Contratista se haga acreedor a cualquiera de las multas por incumplimiento su valor será
tomado de cualquier saldo a favor de El Contratista o cubierto por la garantía de
cumplimiento y en ningún caso su aplicación será entendida por El Contratista como
liberatoria o atenuante de cualesquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del
contrato. Las multas se causan por el simple incumplimiento, sin que El Contratante tenga
que demostrarlo y los perjuicios que por ello se causen a El Contratante podrán hacerse
efectivos en forma separada”.

4.1.10. En la cláusula vigésima primera se pactó la pena pecuniaria, así:

“CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento
definitivo de cualquiera de las obligaciones contraídas, o de declaratoria de caducidad, el
Contratista pagará al Departamento, a título de pena, una suma equivalente al quince por

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ciento (15%) del valor total del contrato, suma que el Departamento hará efectiva
mediante el cobro de la garantía única de cumplimiento o, a su elección, de los saldos
que adeude al Contratista, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente
autorizado con la suscripción del contrato; si esto no fuere posible, se cobrará por vía
judicial. La aplicación de la pena pecuniaria no excluye la indemnización de perjuicios”.

4.2. Modificaciones del contrato

4.2.1. El 29 de marzo de 2007, las partes suscribieron acta de inicio 25 , en la que
acordaron que el plazo contractual vencería el 29 de diciembre de 2007.

4.2.2. Mediante adición núm. 1 al contrato 26 , las partes: (i) agregaron “en
aproximadamente tres (3) kilómetros más la meta física establecida en los pliegos de
condiciones 1.6.2.”, apartado referido a la descripción del proyecto; (ii) adicionaron el
precio del contrato en “la suma de tres mil quinientos noventa y seis millones quinientos
sesenta y seis mil quinientos cincuenta y tres pesos m/l ($3.596.566.553)”; y (iii) pactaron
que el Departamento entregaría el 50% de este último valor al contratista como anticipo.

4.2.3. En adición núm. 2 al contrato27, las partes (el Departamento, a través de la SIF)
prorrogaron el plazo del contrato en 4 meses “contados a partir del vencimiento actual
del contrato”, al tomar en consideración que el Consorcio, a través de “la comunicación
158984 del 12 de diciembre de 2007”, había pedido la ampliación del plazo, porque “no
ha[bía] sido posible cumplir con el programa de trabajo e inversión”; solicitud que fue
respaldada por el interventor en razón a

“[…] la incidencia que ha[bía] tenido el invierno imperante en la zona especialmente en el
segundo semestre del año en curso, en el desarrollo de las actividades básicas y
complementarias del proyecto, principalmente en lo referente al acceso y conformación
de las zonas de depósito, humedecimiento y contaminación de los materiales granulares
y en especial concerniente a la colocación de la base granular”.

4.2.4. El 24 de abril de 2008, el Departamento respondió28 a la “solicitud de ampliación
de plazo del contrato” elevada por el contratista29. Manifestó que estudiaría una prórroga
de 165 días, que incluiría “la terminación de la totalidad de las obras incluso las
posteriores a la colocación del pavimento, quedando como nueva fecha de terminación
el 11 de octubre de 2008”. Advirtió que en el plazo mencionado se tendrían en cuenta
“todos los factores de riesgo incluso la afectación por el invierno, de acuerdo con los
resultados de la visita de campo realizada” por el ingeniero de la aseguradora garante
del contrato. En ese mismo oficio, el Departamento indicó que se “congelarán los ajustes”
de la obra “al 29 de abril de 2008, de acuerdo con el programa de trabajo e inversión
vigente a esa fecha”.

25 F. 21-22, c. 1. No aparece la fecha del documento.
26 F. 23-24, c. 1. La fecha de este documento está borrosa.
27 F. 25-26, c. 1. Documento sin fecha.
28 F. 60-61, c. 1.
29 No allegada al expediente.

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4.2.4.1. El 26 de abril de 2008, el entonces Gobernador del Departamento y el Consorcio
suscribieron el otrosí núm. 1 al contrato30, bajo las siguientes consideraciones:

“1.) El plazo solicitado por el Constructor y la Compañía Aseguradora para la terminación
de la totalidad de las obras, incluyendo las posteriores a la colocación del pavimento es
de los 165 días, el cual incluyó entre otros factores el clima y el estado actual del proyecto.
2.) Que como consecuencia de la ampliación del plazo se generaría al Departamento de
Antioquia un sobre costo, en cuanto al pago de los ajustes a la obra ejecutada, razón por
la cual éstos se congelarán al 29 de abril de 2008, fecha de vencimiento del plazo
contractual y se pagarán al contratista de acuerdo con el programa de trabajo e inversión
vigente al 29 de abril de 2008, es decir, 'de acuerdo con el programa de trabajo e inversión
vigente antes de la suscripción del presente Otrosí No. 1 al contrato 2007-CO-20-052. 3.)
El contratista se compromete a realizar todos los cambios y ajustes en la logística del
proyecto, entre los cuales está la designación de un laboratorista de planta para el
contrato, al igual que a realizar los cambios en los procesos constructivos que fueran
necesarios para lograr el normal, oportuno y adecuado desarrollo de las obras con el fin
de terminarlas al 11 de octubre de 2008, fecha en la cual se vencen los 165 días de plazo
otorgados mediante el presente Otrosí No. 1. […]”.

4.2.4.2. En el otrosí, las partes estipularon la prórroga del plazo contractual por “ciento
sesenta y cinco (165) días solares más, contados a partir de la fecha de su actual
vencimiento”.

4.2.4.3. Así mismo, modificaron la cláusula décima primera, congelando el pago de los
ajustes de obra, en estos términos:

“SEGUNDA – AJUSTES: Se modificará el PARAGRAFO SEGUNDO: AJUSTES de la
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: ACTAS DE OBRA, CUENTAS DE COBRO Y AJUSTES,
en el sentido de pactar a partir de la suscripción del presente OTROSÍ, la congelación de
los ajustes al 29 de abril de 2008, los cuales se pagarán al contratista de acuerdo con el
programa de trabajo e inversión vigente al 29 de abril de 2008, es decir, de acuerdo con
el programa de trabajo e inversión vigente antes de la suscripción del presente Otrosí No.
1 al contrato 2007-CO- 20-052. Sigue vigente lo contenido en dicha cláusula en lo
referente al cálculo y liquidación de los mismos”.

4.2.4.4. En cuanto a las obligaciones del contratista respecto de los programas de trabajo
e inversión, y de utilización de equipo, en el otrosí fue pactado lo siguiente:

“TERCERA- PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIÓN: EI Contratista presentará
dentro de los cinco (5) días siguientes al perfeccionamiento del presente Otrosí No. 1, el
programa de trabajo e inversión que indicará la ejecución y la inversión de las obras
faltantes a la fecha hasta su terminación total, dentro del plazo otorgado mediante el
presente documento, de conformidad con lo establecido en el numeral 3.10 del pliego de
condiciones. CUARTA: PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO: El contratista
deberá presentar dentro de los cinco (5) días siguientes al perfeccionamiento del presente
otrosí No. 1, el programa de utilización de equipo, en concordancia con el programa de
trabajo e inversión de que trata la CLAUSULA TERCERA del presente Otrosí No. 1”.

4.2.4.5. A través del oficio 31 252-CB-0423 del 8 de mayo de 2008, el interventor del
contrato requirió al contratista a presentar los documentos relacionados con el “programa
30 F. 65-66, c. 1.
31 F. 67-68, c. 1.

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de trabajo e Inversiones actualizado, de conformidad con la obra faltante por ejecutar y
la última ampliación de plazo”, concertada con la entidad contratante el 28 de abril de
ese año. Igualmente pidió información acerca de la nueva organización del Consorcio
constructor, partiendo de la base de que, en “vista de […] los compromisos adquiridos”,
necesitaban de ese replanteamiento y de “las medidas de contingencia que aseguren la
ejecución de la obra en el nuevo plazo otorgado”.

4.2.4.6. El 14 de mayo de 2008, el interventor se pronunció32 sobre la “reprogramación
N° 3 para la terminación de las obras”, según la prórroga del 26 de abril de ese año.
Indicó que (i) las inversiones programadas debían revaluarse, porque era ilógico que la
inversión del mes de septiembre fuera menor que para 11 días de octubre; (ii) que no
figuraba el “Diagrama de Gantt”, en el cual se aprecie la secuencia de las actividades; y
(iii) que si bien el programa de utilización de equipo es razonable, este será realista
siempre que el funcionamiento del equipo sea “satisfactorio”.

4.2.4.7. El 19 de mayo de 2008, el interventor aprobó el programa de inversiones con
reprogramación núm. 3, corregido33. Allí se formulaban actividades en los grupos de obra
1 a 4, 6 y 9 distribuidos en 165 días entre el 30 de abril y el 11 de octubre de 2008, y se
incluían los cálculos y proyecciones de la reprogramación34:

4.2.5. El 5 de agosto de 2008, la SIF y el Consorcio suscribieron el otrosí núm. 02 al
contrato35, al considerar que: (i) la entidad había entregado el anticipo equivalente al
33,33% del contrato; (ii) el contratista requería “un anticipo adicional” para “incrementar

32 Oficio 252-CB-0426: f. 69-70, c. 1.
33 F. 72, c. 1.
34 F.73-79, c. 1.
35 F. 80-82, c. 1.

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la ejecución de las obras” por una suma de “$1.200.000.000”; (iii) el interventor aprobó
la solicitud del Consorcio, en cuanto esa valor fuera “verdaderamente aplicado al campo
de los suministros”, y que los desembolsos de ese dinero estuvieran controlados por el
interventor, la compañía aseguradora y el Consorcio.

En este otrosí, las partes pactaron, en lo pertinente, que:

“CLÁUSULA PRIMERA. ANTICIPO. EL CONTRATANTE entregará AL CONTRATISTA
un anticipo adicional al ya recibido por valor de $1.2000.000.000 para completar así el
45,90% del valor básico del valor básico del Contrato 2007-CO-20-052 de conformidad
con lo establecido en la cláusula octava del mismo. […] CLÁUSULA TERCERA.
GARANTÍAS: EL CONTRATISTA modificará las garantías otorgadas para el contrato
principal, ajustándolas a lo establecido en la presente Adición N° 2. CLÁUSULA CUARTA
PERFECCIONAMIENTO: La presente Adición N° 2 se entiende perfeccionada con la
suscripción de las partes; para su ejecución y desembolso del anticipo se requiere, (i) se
requiere [sic] la aprobación de la modificación a las garantías por parte de la Secretaría
de Infraestructura Física para la Integración y Desarrollo de Antioquia; (ii) la publicación
en la Gaceta Departamental […] y el registro presupuestal y (iii) la presentación de la
nueva programación de obra detallada en recursos y tiempo, presentado por el
contratista, lo cual garantice las facturaciones de los próximos meses […]”

4.2.5.1. El Consorcio, mediante oficios36 CB-193 y CB-194 del 14 de agosto de 2008,
solicitó al Departamento desembolsar la suma pactada en el otrosí, al afirmar el
cumplimiento de los requisitos para ello, a saber, la modificación de garantías, la
publicación en la gaceta departamental, el registro presupuestal, y la “presentación de la
nueva programación de obra detallada en recursos y tiempo”. Tras hacer varias
anotaciones sobre lo que, a su juicio, alteró la ejecución del contrato, el contratista
concluyó que:

«La fuerte ola invernal, las dificultades en flujo de caja y la necesidad de controlar la
“fallas” [sic] geológica de algunos tramos, hacen necesario que las obras de estabilización
de banca, de manejo de aguas y de mitigación recientemente definidas, no sean
contempladas dentro del plazo contractual, pues la mismas no permiten una
industrialización de la actividad, sino que requieren de una ejecución "artesanal" en la que
también se han de tener en cuenta los tiempos de fraguado y resistencia de los concretos.

El Contratista estima que la nuevas obras [sic], podrán ser entregadas en noviembre de
2008.

El otorgamiento de un nuevo anticipo, la autorización de utilizar base granular de la fuente
de San José y la inminente posibilidad del inicio -de un tiempo de verano, permitirán un
desarrollo armónico de la obra y los avances requeridos en la estructura de base y
pavimento en los tramos que no requieren de tratamientos especiales para su
estabilización.

El plan de contingencia para garantizar el cumplimiento del objeto contractual ha sido:

• La Administración aprobó una nueva fuente de material de Base Granular y otorgó
$1.200.000.000 (mil doscientos millones de pesos) de nuevo anticipo.

36 F. 83-89, c. 1.

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• El contratista incrementará el número de volquetas para el transporte de Base Granular
y Mezcla Asfáltica y el correspondiente equipo de riego y compactación para estas
actividades; siempre y cuando las condiciones climatológicas permitan la existencia de
una suficiente y apropiada pista de base granular para el riego y compactación del
pavimento».

4.2.5.2. Mediante oficio 37 núm. 522826 del 29 de agosto de 2008, el Departamento
respondió con un requerimiento al Consorcio a “dar CUMPLIMIENTO” al otrosí núm. 2.
Esto, porque —en criterio de la entidad— lo expresado en el oficio CB-193:

“[…] contraría abiertamente los fundamentos con los que se estudió y aprobó el otro sí
[sic] mencionado; así como es manifiestamente contraria a lo discutido en las reuniones
del pasado 9 de julio y del día 6 de agosto de 2008 en las oficinas de la secretaría de
infraestructura.

En esta última reunión, uno de los últimos compromisos adquiridos por la compañía de
seguros […] era coadyuvar para que el contratista sincronizara suministros, equipos y
personal de forma tal que lograra la cabal culminación de las obras en el plazo adicional
otorgado, que para nuestros efectos culmina el 11 de octubre de 2008.

La programación de obra presentada en este último oficio, se extiende hasta el mes de
noviembre, contrariando lo recomendado por el interventor, lo aprobado por el contratante
y lo PACTADO entre el departamento y el consorcio […]. Buscando con ello consolidar
una ampliación adicional en plazo que aún no ha sido sometida a estudio situación
inaceptable a todas luces para la administración.

No es de recibo para el contratante que ha [sic] escasos días de haberse otorgado un
plazo adicional se quiera buscar que el departamento sin mejores argumentos y con el
conocimiento de los precarios rendimientos de obra ejecutada ha [sic] la fecha, proceda
a aceptar y consentir en otra ampliación, máxime bajo los mecanismos en que el
contratista pretende acceder a constituir dicha ampliación”.

A lo largo del documento, el Departamento invoca varios apartes del pliego de
condiciones de la licitación pública Núm. LIC-20-031-2006, en lo atinente al anticipo, los
planes de trabajo, y las reclamaciones del contratista. También cita la cláusula sexta del
contrato, atinente al programa de trabajo e inversiones, referida anteriormente 38.

4.2.6. En septiembre de 2008 39, la SIF y el Consorcio suscribieron otrosí núm. 3 al
contrato 40 , considerando que el contratista, en oficio “543543 de septiembre 18 de
2008”, manifestó que “fue la exagerada ola invernal la que constituyó un hecho físico
totalmente imprevisible y ajeno a las partes en la programación de la obra”, por lo que
pidió una nueva ampliación del plazo para cumplir las obligaciones del contrato; y que la
interventoría recomendó aceptar la solicitud hecha por el contratista. Con estas premisas,
pactaron, además de la extensión de las garantías, lo siguiente:

“CLÁUSULA PRIMERA. Adicionar el plazo del contrato 2007-CO-20-052 […] en dos (2)
meses y diez (10) días. CLÁUSULA SEGUNDA: En un término máximo de cinco días
hábiles después de la firma de la presente adición número 3, el contratista constructor
37 F. 99-103, c. 1.
38 Aptado. 4.1.6.
39 No expresa el día.
40 F. 104-105, c. 1.

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CONSORCIO COBACO S.A. – RAMIREZ Y CÍA S.A. deberá presentar a la interventoría
y al Departamento, la respectiva reprogramación de la obra, así como un Plan Estratégico
de Ejecución y de Contingencia. […] CLÁUSULA CUARTA PERFECCIONAMIENTO: La
presente Adición N° 3 se entiende perfeccionada con la suscripción por las partes; para
su ejecución se requiere la aprobación de la modificación a las garantías por parte de la
Secretaría de Infraestructura Física; la publicación en la Gaceta Departamental […] y el
registro presupuestal y la presentación de la reprogramación de la obra, así como un Plan
Estratégico de Ejecución y de Contingencia […]”.

4.2.6.1. Una vez lo solicitó al contratista, mediante41 oficio del 24 de septiembre de 2008,
el interventor aprobó 42 la reprogramación de actividades el 2 de octubre de 2008,
comprendidas entre el 1° de septiembre y el 20 de diciembre de ese año, diagramado
así43:

4.2.6.2. El 6 de octubre de 2008, el contratista allegó a la SIF la documentación para
ejecutar lo pactado en el otrosí núm. 3: la reprogramación aprobada por la interventoría,
la modificación de las garantías y el comprobante de publicación en la Gaceta
Departamental44.

4.2.7. El 12 de diciembre de 2008, el SIF y el Consorcio suscribieron la adición núm. 4
al contrato45, al tomar en consideración las razones del contratista a través del oficio
“con radicado 630708 de diciembre 09 de 2008, solicita a la administración se le

41 F. 106-107, c. 1.
42 F. 108, c. 1.
43 F. 110, c. 1.
44 F. 117, c. 1.
45 F. 191-192, c. 1.

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concedan 45 días de ampliación al plazo, aduciendo la fuerte ola invernal que ha incidido
de manera negativa en la programación de la obra y […] el cierre de la planta peñaliza
[sic]”. La interventoría, si bien avaló los motivos expuestos por el contratista, recomendó
al Departamento realizar la prórroga por 42 días, plazo menor al solicitado por el
Consorcio. Con estos antecedentes, las partes pactaron lo siguiente:

“CLÁUSULA PRIMERA. Adicionar el contrato 2007-CO-20-052 […] en un (1) mes y once
(11) días contados a partir de su fecha actual de terminación (20 de diciembre de 2008).
CLÁUSULA SEGUNDA: GARANTÍAS: - El CONTRATISTA modificará las garantías
otorgadas para el contrato principal, ajustándolas a lo establecido en la presente Adición
N° 4”.

4.3. Correspondencia del interventor durante el período de ejecución del contrato

A lo largo de la ejecución del contrato, el interventor emitió, entre otras, las siguientes
comunicaciones:

# Fecha Núm. (C. 2) Destinatario Contenido
1 15-may-2007 252-ICB-0009 Consorcio – Requerimiento por bajo rendimiento en
(f. 361) Ingeniero la ejecución de las actividades
Residente contractuales. Recurso humano
insuficiente y mínimo. Bajo avance de
obras.
2 15-may-2007 252-ICB-0009 Consorcio – Requerimiento de instalar oficina para el
(f. 362) Ingeniero ingeniero residente; colocar valla
Residente informativa de la obra, y el plan de
manejo ambiental.
3 7-jun-2007 252-ICB-0027 Consorcio – Requerimiento porque las obras
(f. 363-364) Ingeniero presentaban un ritmo lento, por lo que
Residente debían implementarse planes de
trabajos que modifiquen la rutina lenta.
Entre las actividades críticas estaban la
“Conformación de calzada existente,
colección de base granular y afirmado.”

Afirma que no se estaba cumpliendo la
programación de equipo propuesta por
el contratista, ni se estaban disponiendo
los equipos necesarios
(motoniveladora, vibro compactador,
carro tanque de agua y volquetas de 12
m3).
4 9-jul-2007 [sic] 252-ICB-0045 Consorcio – Incumplimiento de (i) la presentación
(f. 365-366 Ingeniero adecuada del programa de trabajo e
Residente inversiones; (ii) el programa de obras
del subcontratista no había sido
cumplido; (iii) la cuenta de cobro del
mes de junio de 2007 y sus cuadros de
avance no habían sido presentados;
una obra de alcantarillado no había sido
terminada. Concluye: “La frecuencia
con que este tipo de situaciones se
están presentando ya es preocupante
porque además de la imagen negativa
que, por descuido e improvisación,
causa en el Contratista, deteriora en

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alto grado el desarrollo normal del
contrato.”
5 14-jun-2007 252-ICB-0029 Consorcio – Afirma que había actividades
(f. 367) Ingeniero ejecutadas en un tramo de la vía, con un
Residente trabajo parcial y equivalente al 23%.
Requiere para “aumentar y re-distribuir
el recurso humano, dotar al personal de
suficientes herramientas y equipo y
hacer una re-programación que permita
optimizar los rendimientos.”
6 21-jun-2007 252-ICB-0032 SIF – Directora de Responde al requerimiento de la
(f. 368-369) Desarrollo y entidad respecto al desarrollo de las
Evaluación obras. Explica que, a la fecha, los
Contractual trabajos estaban concluidos “para el
tramo comprendido entre el K0+420 y el
K4+400. A partir de esta abscisa y hasta
el K3+800 aún no se inician y entre el
K3+800 y el K4+400 se han ejecutado
en un 60%”. Además, describe que, en
un tramo de la obra, donde debían
construirse 3 muros y 6 obras de
alcantarillado: (i) solamente se había
concluido un muro, otro se había
ejecutado en un 50%; y el otro no había
iniciado; y (ii) cuatro alcantarillas
estaban ejecutadas en un 50% y las dos
restantes no habían iniciado.

Al respecto, la interventoría asegura
que la lentitud y el atraso se debían a:
(i) el “[d]escuido, improvisación y falta
de planeación” en los recursos
necesitados; (ii) el “Incumplimiento
manifiesto del Consorcio” en la
presentación de programas y planes.
7 21-jun-2007 252-ICB-0033 Consorcio – Indica que la obra no contaba con la
(f. 370) Ingeniero totalidad del equipo ofrecido por el
Residente contratista, y requiere para que
suministre los elementos
(motoniveladoras, vibrocompactadores,
carrotanque, y volquetas).
8 25-jun-2007 252-ICB-0035 Consorcio – Pese a comunicación del 7 de junio, las
(f. 371) Ingeniero obras continúan con avance lento en
Residente actividades críticas. Tampoco hay
equipo adecuado y suficiente.
9 25-jun-2007 252-ICB-0034 Consorcio – Advierte irregularidades sobre el
(f. 372) Ingeniero cambio del topógrafo en dos ocasiones.
Residente
10 29-jun-2007 252-CB-0218 SIF – Directora de Actualiza comunicación del 21 de junio
(f. 373-377) Desarrollo y de 2007. Afirma que el desarrollo de la
Evaluación obra “adolece [de] serios problemas de
Contractual logística”: (i) el bajo ritmo en la
construcción de obras de drenaje y
contención; (ii) falta de materiales para
afirmado y base; (iii) la insuficiencia de
equipos y (iv) un programa de trabajo e
inversiones adecuado, que cumpla con
su función de ser “herramienta de
control” de las actividades.
11 3-jul-2007 252-ICB-0039 Consorcio – Reitera la preocupación acerca de los
(f. 496) Ingeniero cambios de topógrafo, afirma que la
Residente solicitud planteada “no solo fue

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desatendida [por el contratista] sino que
ha empeorado”, y en vista de que la
comisión propuesta para las obras
carece de este profesional, resulta
inoperante, habrá retraso en las obras,
y ello será responsabilidad del
Consorcio.
12 3-jul-2007 252-ICB-0041 Consorcio – Acusa el retraso en la ejecución de
(f. 378-379) Ingeniero obras, y solicita que exista un análisis
Residente del contratista que permita optimizar los
recursos asignados al contrato, y
replantear sus procesos técnicos y
administrativos.
13 4-jul-2007 252-ICB-0043 Consorcio – No hay topógrafo. Hay parálisis en
(f. 380) Ingeniero zonas de la obra, y aduce que no había
Residente atención médica general y ocupacional
para el personal de topografía. Son
deficiencias derivadas de la
“improvisación y descuido” del
contratista.
14 12-jul-2007 252-ICB-0048 Consorcio – Informa que la carretera Concordia-
(f. 497) Ingeniero Betulia sería cerrada por orden de la
Residente Secretaría de Obras Públicas del
Departamento. Sin embargo, dicha
oportunidad no motivó un incremento en
el ritmo de las obras, y por el contrario
la interventoría nota apatía en el
contratista, por lo que le solicita
proponer mecanismos o cambios para
mejorar el avance contractual.
15 17-jul-2007 252-ICB-0050 Consorcio – El contratista no está cumpliendo con
(f. 381) Ingeniero suministrar todo el equipo ofrecido para
Residente ejecutar las obras.
16 17-jul-2007 252-ICB-0051 Consorcio – Expresa que no hay un topógrafo que
(f. 382) Ingeniero permanezca el tiempo suficiente para
Residente desarrollar el proyecto.
17 19-jul-2007 252-ICB-0054 Consorcio – Reitera la falta de equipo disponible
(f. 383) Ingeniero para la construcción, y solicita que el
Residente contratista atienda definitivamente el
problema.
18 19-jul-2007 252-ICB-0055 Consorcio – Expresa que el contratista ha incurrido
(f. 498) Ingeniero en anomalías en la presentación de las
Residente cuentas de cobro.
19 19-jul-2007 252-ICB-0056 Consorcio – Se realizaron chequeos a los muros en
(f. 499) Ingeniero las abscisas K0+438 y K0+600, y
Residente ninguno de ellos cumple con las
especificaciones técnicas del
porcentaje de compactación mínima.
Por ello, la interventoría ordena realizar
acciones para atender dichos errores.
20 24-jul-2007 252-ICB-0057 Consorcio – Indica que en los trabajos adelantados
(f. 500) Ingeniero por el contratista en el K6+000, donde
Residente funcionaría la planta de trituración de
material, no hay información sobre el
resultado de los ensayos de laboratorio
que permitan precisar la calidad y
“granulométricos” de los materiales.
21 24-jul-2007 252-ICB-0058 Consorcio – Requiere la adecuación de zonas de
(f. 385) Ingeniero depósito.
Residente

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22 24-jul-2007 252-ICB-0059 Consorcio – Informa de un cierre de vía, y solicita al
(f. 386) Ingeniero contratista que implemente las
Residente modificaciones necesarias para mejorar
el avance de los trabajos y disminuir los
retrasos.
23 25-jul-2007 252-ICB-0063 Consorcio – Reitera comunicaciones anteriores
(f. 501) Ingeniero sobre reparaciones y/o modificaciones
Residente en obras y estructuras (0056),
conminando a la solución y ejecución de
los mismos.
24 25-jul-2007 252-ICB-0064 Consorcio – Solicita que, al margen de los
(f. 387 - 388) Ingeniero inconvenientes ocasionados por el
Residente clima, realice actividades para mitigar
dichas dificultades: retiro de escombros,
mantenimiento de los pasos sobre las
obras de alcantarillado e instalación de
señalización.
25 1-ago-2007 252-ICB-0066 Consorcio – Detalla que obras de alcantarillas,
(f. 501) Ingeniero construcción de filtros y el muro de
Residente concreto al K1+320 alcanzaron un
porcentaje muy bajo de ejecución, y
solicita que el Consorcio incremente el
ritmo de estas obras, consideradas
críticas.
26 4-ago-2007 252-CB-0238 Consorcio – Rep. Afirma el incumplimiento del contratista
(f. 389 - 390) Legal porque: (i) no reanudó actividades de
explanación como se había acordado
en el comité de obra; (ii) no se llevó la
“tercera retro-cargadora” para acelerar
las obras de drenaje; (iii) faltaban otros
elementos de equipo. Solicita “revisar la
logística de sus equipos y hacer, cuanto
antes, los ajustes requeridos para que
la obra adquiera el ritmo compatible con
los compromisos de plazo vigentes.”
27 6-ago-2007 252-ICB-0068 Consorcio – Precisa que se encuentran suspendidas
(f. 503) Ingeniero actividades de explanación de la vía
Residente porque “las dos retroexcavadoras de
oruga que las ejecutaban fueron
destinadas a otros frentes de trabajo”.
Afirma que el contratista no ha cumplido
otros compromisos requeridos, y que
continúa pendiente la entrega de acta
de obra correspondiente al mes de
junio. La interventoría solicita solucionar
estos aspectos.
28 7-ago-2007 252-ICB-0069 Consorcio – Indica que el contratista no había
(f. 391) Ingeniero cumplido los siguientes compromisos
Residente adquiridos en reuniones del comité de
obra: (i) la ejecución de 6 obras de
alcantarillado semanales; (ii) suministro
de otra retroexcavadora para mejorar el
avance; (iii) otro equipo para la
conformación de la banca. Agrega que
el ritmo en la construcción de filtros es
bajo.
29 13-ago-2007 252-ICB-0071 Consorcio – No se ha cumplido el compromiso de
(f. 504) Ingeniero realizar los ensayos de material.
Residente
30 16-ago-2007 252-ICB-0072 Consorcio – El avance de los trabajos estaba
(f. 392-393) Ingeniero afectado por el estado defectuoso y la
Residente

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escasa disponibilidad de equipo, en
particular de las retroexcavadoras.
31 16-ago-2007 252-ICB-0064 Consorcio – Hecho un control de llenos
(f. 507) Ingeniero correspondientes a las estructuras
Residente comprendidas entre las abscisas
K0+450 y K2+470, ninguna de estas
cumple con las condiciones técnicas,
por lo tanto, deberá removerse el
volumen de material que permita
realizar un nuevo chequeo.
32 23-ago-2007 252-ICB-0075 Consorcio – Refiere que la falta de equipo adecuado
(f. 394) Ingeniero y suficiente para la “compactación de
Residente llenos estructurales”. Por lo tanto, hay
obras de alcantarillado suspendidas e
inconclusas, y no habían iniciado las
obras de construcción de muros sobre
las abscisas K0+645 Y K2+597.
33 4-sep-2007 252-ICB-0084 Consorcio – Enlista una serie de situaciones que
(f. 395 – 396) Ingeniero denotan la falta de organización en los
Residente trabajos: escombros en la vía, arrumes
de materiales, entre otros.
34 10-sep-2007 252-ICB-0087 Consorcio – Anomalías en la construcción de filtros.
(f. 397) Ingeniero
Residente
35 10-sep-2007 252-ICB-0088 Consorcio – Requerimiento para corregir llenos
(f. 398-399) Ingeniero estructurales, para lo cual solicita que el
Residente contratista suministre recursos
(personal y equipos).
36 24-sep-2007 252-ICB-0094 Consorcio – Afirma que el Consorcio ha incumplido
(f. 508) Ingeniero con sus obligaciones laborales, lo que
Residente se refleja en el descontento y la
deserción del personal. Solicita que el
contratista de solución pronta.
37 8-oct-2007 252-ICB-0102 Consorcio – Advierte que se produjo una “sensible
[sic] (f. 400) Ingeniero disminución” de personal para ejecutar
Residente obras de drenaje y protección de
taludes.
38 3-oct-2007 252-CB-261 (f. Consorcio – Responde a las justificaciones ofrecidas
401-402) Ingeniero por el contratista para realizar las obras
Residente de colocación de base. Concluye que
estas son inexactas e inaceptables, y
denotan la falta de colaboración del
contratista.
39 8-oct-2007 252-CB-262 (f. SIF – Coord. del Explica los retrasos del contratista en la
406-407) proyecto colocación y compactación de base
granular que, a su juicio, se debe a: (i)
carencia de material suficiente y
adecuado y (ii) falta de condiciones
técnicas y falencias en la disponibilidad
de equipo.

La interventoría informó sus acciones
ante la situación: (i) solicitudes
reiteradas al contratista; (ii) asesoría y
apoyo al personal de laboratorio para
ensayos de materiales y búsqueda de
alternativas; (iii) seguimiento a los
procesos del contratista; y (iv) el envío
al contratista de “12 comunicaciones
ordenándole la terminación de obras
inconclusas o retrasadas, 4
comunicaciones solicitando

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reorganización en las obras y 5
comunicaciones pidiendo
reprogramación de los trabajos sin que,
hasta la fecha, se haya permitido enviar
una sola comunicación de respuesta.”

Concluyó la comunicación indicando
que, hasta la fecha, el contratista no
había formulado alternativas para
solucionar los atrasos.
40 30-oct-2007 252-ICB-0110 Consorcio – Afirma que la ejecución de llenos
(f. 410) Ingeniero estructurales no tenía equipo adecuado
Residente y suficiente para garantizar la calidad de
este aspecto de la obra.
41 30-oct-2007 252-ICB-0111 Consorcio – La interventoría solicita recursos para
(f. 514) Ingeniero atender las demoliciones y reemplazos
Residente de estructuras con resultados negativos
en ensayos de compresión, y destruidas
por derrumbes.
42 30-oct-2007 252-ICB-0112 Consorcio – Acusa la disminución del personal para
(f. 411) Ingeniero construir alcantarillas, muros y filtros.
Residente
43 1-nov-2007 252-ICB-0114 Consorcio – Reitera la deserción del personal,
(f. 412) Ingeniero “establecida en el 64%”, y la
Residente indisponibilidad de equipos.
44 3-nov-2007 252-ICB-0115 Consorcio – Acusa que el contratista dispuso el
(f. 515) Ingeniero contenido de dos viajes de material
Residente desde “Peñalisa” en un terreno
enfangado, contra las normas y
exigencias técnicas. Requiere el retiro
del material defectuoso.
45 12-nov-2007 252-CB-305 Consorcio – Rep. Detalla el desarrollo del contrato
(F. 413-415) Legal “durante el último mes”, y halló: (i) que
la obra está retrasada, con un notorio
desfase con la programación realizada;
(ii) no se ha elaborado un programa de
trabajo e inversiones acorde a la adición
del contrato hecha en junio de 2007, por
lo que solicitaría al Departamento la
aplicación de la cláusula vigésima
(multas); (iii) pese a reconocer “las
dificultades generadas por la actual
época invernal”, no se ha efectuado la
colocación de la base granular al ritmo
adecuado, y conmina al Consorcio a
conseguir materiales adecuados.
46 20-nov-2007 252-ICB-0131 Consorcio – Indica que las obras no “muestran el
(f. 421) Ingeniero ritmo y la dinámica que sería de
Residente esperar, considerando su notorio
retraso con relación al inminente
vencimiento del plazo contractual”.
47 10-dic-2007 252-ICB-0145 Consorcio – Indica que el procedimiento de
Ingeniero suministro y colocación de la base
Residente granular fue iniciada sin que la
interventoría fuese informada. La
calidad del material no fue avalada por
la interventoría, y su instalación fue
realizada sin cumplir con normas
técnicas básicas. Solicita el retiro
inmediato del material mal instalado, el
cual será costeado por el contratista.

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47 12-dic-2007 252-ICB-0146 Consorcio – Indica la ocurrencia de un accidente de
(f. 518) Ingeniero trabajo, y afirma que el contratista no
Residente atendió oportunamente el evento.
48 14-dic-2007 252-ICB-0150 Consorcio – Dio cuenta de obras que, a la fecha, e
(f. 423) Ingeniero “inexplicablemente” se encontraban
Residente suspendidas: Box-culvert, alcantarillas
y voladuras en peñasco, además de
obras que “deberán ser demolidas,
reparadas o reubicadas” de acuerdo a
requerimientos anteriores.
49 4-ene-2008 252-ICB-0154 Consorcio – Adjunta copia de resultados de
(f. 519) Ingeniero laboratorio, indica que las estructuras
Residente no cumplen con lo requerido en las
especificaciones técnicas y que es
deber del contratista atender las
reparaciones a que haya lugar.
50 8-ene-2008 252-ICB-0156 Consorcio – Le indica al contratista que hay obras
(f. 424) Ingeniero con “apariencia de descuido y
Residente desorganización”: materiales
diseminados en la vía, acumulación de
escombros, desechos y señalización
inadecuada.
51 9-ene-2008 252-ICB-0158 Consorcio – Solicita al contratista contar con una
(f. 425) Ingeniero motoniveladora de respaldo, ya que la
Residente dispuesta por el Consorcio había
presentado fallas mecánicas y
ocasionado traumatismos en el normal
desarrollo de la obra.
52 15-ene-2008 252-ICB-0159 Consorcio – Afirma que, por falta de un carrotanque
(f. 426) Ingeniero de agua no se pudo llevar a cabo la
Residente conformación de pista de base granular.
Recuerda que, de acuerdo con el
programa de suministro de equipo, el
carrotanque debía estar disponible
desde el 2 de junio de 2007.
53 16-ene-2008 252-ICB-0162 Consorcio – Llama la atención sobre el descuido en
(f. 427) Ingeniero la señalización de obras, aspecto
Residente requerido en “reiteradas ocasiones”, en
particular en las obras para
alcantarillas.
54 4-feb-2008 252-ICB-0170 Consorcio – Requiere al contratista para “disponer
(f. 430) Ingeniero adecuadamente la distribución y
Residente conformación del material acopiado en
la Zona de Depósito”, acciones que
venían exigiéndose desde el 20 de
noviembre de 2007.
55 7-feb-2008 252-ICB-0348 Consorcio – Rep. Previa recordación de las
(f. 431 - 432) Legal comunicaciones dirigidas al ingeniero
residente en obra, relativas al
cumplimiento del equipo mínimo del
constructor, y a las fallas mecánicas de
la “única motoniveladora existente en
obra”, que han representado un
incumplimiento del pliego de
condiciones y un “desacato sistemático
de las órdenes de la interventoría que
están afectando significativamente el
desarrollo de los trabajos”, anuncia que
solicitó al Departamento sancionar al
contratista aplicando la cláusula
vigésima sobre multas del contrato.

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56 8-feb-2008 252-ICB-0173 Consorcio – Indica que el proceso de pista y
(f. 433) Ingeniero colocación de base granular fue
Residente suspendido el 31 de enero y reanudado
el 5 de febrero, perdiendo además de
recursos, la oportunidad de avanzar en
la obra, que ya experimenta un “notorio
retraso”, y que manifiesta la “urgente
necesidad” de incorporar a las obras la
motoniveladora y el vibro-compactador
faltantes.
57 8-feb-2008 252-ICB-0349 SIF – Directora de Solicitud de aplicación de multas al
(f. 434-435) Desarrollo y contratista por falta de equipo.
Evaluación
Contractual
58 13-feb-2008 252-ICB-0352 Departamento – Complementa el oficio 0349 indicando
(f. 441-442) Dir. de que, con el plazo vigente, el contratista
Construcción de debía ejecutar el 84,93% del contrato
Vías entre el 1 de enero y el 29 de abril de
2008, y entre el 1 de febrero y el 29 de
abril debía ejecutar el 78,87% del valor
básico. Por ende, “el Consorcio
Constructor va a incumplir el contrato” y
debían adoptarse medidas
administrativas, entre las que enlista la
imposición de multas, la declaratoria de
caducidad del contrato y la cesión del
contrato.
59 26-feb-2008 252-ICB-0185 SIF Expresa que el Consorcio nuevamente
(f. 444) incumplió el contrato porque, respecto
de los compromisos asumidos respecto
al suministro de equipos faltantes para
conformar tres parejas de
motoniveladora y vibrocompactador, y
de un buldócer, únicamente había
proporcionado una motoniveladora para
conformar la segunda de las tres
parejas comprometidas.
60 27-feb-2008 252-ICB-0187 Consorcio – Ing. En esa fecha llegó la tercera
(f. 444) Residente motoniveladora, pero la segunda llegó
averiada y no había podido utilizarse.
Tampoco llegaron la tercera
vibrocompactadora ni el buldócer.
61 3-mar-2008 252-ICB-0190 Consorcio – Pese al retraso de las obras, el
(f. 522) Ingeniero contratista ha desperdiciado los fines de
Residente semana y mantenido su decisión de
paralizar los trabajos entre las tardes de
los sábados y el lunes. Esto no ha
contribuido a dinamizar el avance de las
obras.
62 3-mar-2008 252-ICB-0192 Consorcio – Ing. Enlista obras que, bien por retraso o por
(f. 446) Residente ser defectuosas, debían ser atendidas
por el contratista: reparación de
pocetas, cabezotes de alcantarillas,
corrección de tramos de muro.
63 17-mar-2008 252-ICB-0202 Consorcio – Ing. Enlista actividades pendientes:
(f. 451) Residente ejecución de muro, ensayos de
laboratorio y filtros defectuosos.
64 18-abr-2008 252-ICB-0222 Consorcio – Ing. Solicita reiniciar frentes de obra
(f 452) Residente suspendidos por el contratista.
65 22-abr-2008 252-ICB-0224 Consorcio – Ing. Manifiesta que la obra: (i) “presenta
(f. 454-455) Residente escasez total de cemento”; (ii) las
actividades del muro “K2+920 están

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completamente paralizadas”; (iii)
suspendió las excavaciones para
soportar el muro en K10+950, y los
trabajos para prolongar dos muros entre
K1+670 y K2+600; y (iii) el vaciado de la
superestructura para el puente K0+400
estaba paralizado por la escasez de
cemento y acero de refuerzo. El
interventor aduce que estas situaciones
se deben al descuido e improvisación
del Consorcio, sumado a una “discutible
programación y limitada atención” a las
obras.
66 27-may-2008 252-ICB-0243 Consorcio – Ing. Disminuyó el avance de las obras: se
(f. 456-457) Residente suspendió el suministro y colocación de
material de base granular, estaba
suspendido el “proceso de
imprimación”, y hay obras pendientes
de ejecución en el muro del K0+530.
Llama la atención del contratista sobre
la “necesidad de implementar […] los
suministros que las obras requieren
para su ejecución y entrega oportuna,
de acuerdo con la reactivación que el
compromiso contractual exige.”
67 16-jun-2008 252-ICB-0251 Consorcio – Ing. Si bien se recibió la información del
(f. 458-459) Residente registro pluviométrico y el archivo
fotográfico del contratista que dan
cuenta de la temporada invernal de
mayo de 2008, la interventoría advierte
que: (i) no era cierto que “los
abastecimientos oportunos de material
granular para base y triturados hayan
sido imposibilitados por las
inundaciones ocurridas en la Planta de
Peñalisa. Si bien estas ocurrieron, en
ningún momento afectaron la
producción, acopio, cargue y suministro
de estos materiales producidos en la
Planta”; (ii) si bien el invierno afecta la
“nivelación de subrasante y la
colocación de afirmado y base”, esta no
fue la única causa que alteró el normal
desarrollo de las actividades, también lo
fue el “hecho de que el cargador está
varado desde el pasado […] 22 de Mayo
de 2008”, lo que no ha permitido
conformar las mezclas; (iii) las obras en
que el Consorcio dijo concentrar sus
esfuerzos eran “su única alternativa”,
toda vez que desde el día 13 de mayo
el contratista no había suministrado
obras de base granular, hierro, triturado
y cemento.

Por lo tanto, la interventoría consideró
que los planteamientos del contratista
no eran “objetivos” ni reflejaban con
“seriedad y veracidad la situación real
que presentan las obras”.
68 18-jul-2008 252-ICB-0265 Consorcio – Ing. Solicita al contratista “disponer los
(f. 460) Residente recursos” para continuar la ejecución de

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obras de vaciado en portón en el
K4+350, y en el muro K0+025,
pendientes desde el 27 de junio y el 4
de julio respectivamente.
69 19-jul-2008 252-ICB-0267 Consorcio – Ing. Detalla situaciones sobre el suministro
(f. 461) Residente de concreto asfáltico. Informa que en la
planta “Peñalisa” no habría suministro
normal durante el lapso comprendido
entre el 28 de julio y el 3 de agosto de
ese año, y que antes no hubo suministro
de material porque no fue solicitado a la
planta. Además, hay un
“funcionamiento defectuoso” de la
“unidad terminadora de asfalto”.
Requiere al contratista para
implementar los recursos que
demandan estas obras.
70 21-jul-2008 252-ICB-0268 Consorcio – Ing. Informa que desde el 12 de julio fue
(f. 462) Residente suspendida la construcción “de cunetas
en concreto, por falta de cemento”.
Requiere solucionar esta situación a la
mayor brevedad.
72 23-jul-2008 252-ICB-0501 Consorcio – Rep. Indica que de acuerdo a los “informes
(f. 463-464) Legal diarios de obra” se está produciendo
una “parálisis práctica de los trabajos” a
pesar de que desde el 18 de julio hay
“un fuerte verano en la zona de los
trabajos”. Situación manifiesta en que:
(i) no hay suministro de mezcla
asfáltica; (ii) estaba suspendida la
construcción de cunetas desde el 12 de
julio, la construcción de “ALETAS
PONTÓN K4+350” desde el 27 de junio,
y el muro de contención en el K0+025
desde el 4 de julio por falta de acero.

Por estos motivos, expresa que la
inversión del mes de julio será inferior a
la programada, y requiere al contratista
adoptar las medidas necesarias para
recuperar el atraso en el contrato.
73 28-jul-2008 271-F-0001 (f. Consorcio – Rep. Contesta las observaciones del
465-466) Legal contratista al oficio anterior (0501),
indicando que no comparte que la
parálisis de los tramos de obra sea
ajena al contratista. Además, afirma que
la ubicación de la planta de Peñalisa no
afectó los accesos del proyecto.
74 13-ago-2008 271-F-ICB- Consorcio – Ing. Detectó anomalías en pocetas y tramos,
0001 (f. 467) Residente y requiere al contratista para realizar las
respectivas reparaciones.
75 26-ago-2008 271-F-ICB- Consorcio – Ing. Hace acopio de requerimientos
0006 (f. 468- Residente anteriores que, según indica, no
469) cumplen con lo requerido por normas
técnicas de porcentajes de asfalto,
vacío y granulometría, siendo necesario
que el contratista proponga soluciones
alternativas y conformes con las
exigencias técnicas. Indica que el
contratista deberá retirar el material
colocado a su costo, de acuerdo con el
pliego de condiciones. A esto agrega la

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colocación deficiente del material por
“fallas reiteradas en los equipos
utilizados para este fin”. Por ende,
solicita implementar controles que
garanticen la calidad de la mezcla
asfáltica, y verificar el estado y
adecuado funcionamiento de los
equipos.
76 26-ago-2008 271-F-ICB- Consorcio – Ing. Solicita al contratista “re-distribuir el
0006 (f. 470) Residente personal disponible con el fin de atender
la reanudación de varias obras,
inexplicablemente suspendidas”, en
diferentes frentes, desde el 27 de junio,
2, 5 y 15 de agosto del 2008.
77 30-ago-2008 271-F-ICB- Consorcio – Ing. Refiere que la construcción de cunetas
0009 (f. 471- Residente está siendo adelantada con deficiencias
472) técnicas referidas al material y al no uso
de equipo de compactación.
78 2-sep-2008 Memorando Departamento - Detalla retrasos en la ejecución de las
271-F-ICB- SIF obras: en la construcción de aletas,
0009 (f. 473- suspensión de dos meses; en la
474) construcción de muro en concreto sobre
pilas en el K0+025 cumplido en un 60%;
en la construcción de muro en gaviones
para botadero núm. 3 (K10+850),
suspensión por falta de personal; en el
muro de concreto del K9+900,
suspensión desde el 15 de agosto por
“escasez de personal y falta de acero”.
79 10-sep-2008 271-F-ICB- Consorcio – Ing. Solicita que el contratista cumpla con
0009 (f.475) Residente las obligaciones laborales, cuya
insatisfacción ha causado
inconformidad y rechazo del personal, y
constituye el incumplimiento del pliego
de condiciones.
80 23-sep-2008 271-F-ICB- Consorcio – Ing. Acusa la escasez de personal en
0019 (f. 476) Residente algunos sectores de la obra, y que pese
a no estar ubicados en una ruta crítica,
sí ponen en entredicho el rendimiento
adecuado de las pruebas, la
reactivación que necesitan esos frentes
de obra. Requiere al contratista a que
adopte los correctivos necesarios.
81 2-oct-2008 271-F-ICB- Consorcio – Ing. Enlista una serie de trabajos que están
0023 (f. 479- Residente pendientes o suspendidos, y pese a no
480) integrar la “ruta crítica”, tampoco es
posible considerarlas menos
importantes hasta el punto de dilatar su
conclusión. Afirma que fueron
“numerosas las ocasiones en las que La
Interventoría ha requerido al Contratista
para que ordene lo pertinente,
necesario para ejecutar” esas obras, e
insiste en requerir la “re-distribución del
personal”.
82 11-oct-2008 271-F-ICB- Consorcio – Ing. Sostiene que hay incumplimiento en el
0027 (f. 482) Residente trámite previsto en el contrato para
presentar cuentas de cobro, lo que
alteraba el programa de inversión e
impedía medir el rendimiento real de
ejecución y el cumplimiento de las
metas físicas concertadas.

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83 14-oct-2008 271-F-ICB- Consorcio – Ing. Reitera comunicaciones anteriores
0028 (f. 483) Residente respecto de las anomalías en el proceso
de construcción y acabados de las
cunetas en concreto, e insiste en la
reorganización de la distribución de
personal.
84 14-oct-2008 271-F-ICB- Consorcio – Ing. Reitera comunicaciones sobre obras
0029 (f. 484) Residente pendientes y/o suspendidas, y llama la
atención del contratista para que corrija
la situación.
85 30-oct-2008 271-F-ICB- Departamento – Reporta el estado de las obras.
0015 (f. 485- SIF
487)
86 10-nov-2008 271-F-ICB- Consorcio – Ing. Relata que siguen pendientes trabajos
0029 (f. 484) Residente de reparación del vástago de un muro y
del cabezote de una alcantarilla, y
solicita al contratista “proponer la
alternativa que estime más conveniente
para atender este compromiso a la
mayor brevedad” tomando en cuenta el
vencimiento del plazo contractual.
87 20-nov-2008 271-F-ICB- Consorcio – Ing. Afirma que desde el 28 de octubre
0046 (f. 488) Residente estaba suspendida la construcción del
muro de gaviones, a la altura de
K9+100, por “carencia de canastas
metálicas”. Anota que el retraso en la
ejecución de dicha estructura puede
afectar otros trabajos, por lo que
requiere al contratista para atender el
insumo.
88 21-nov-2008 271-F-ICB- Consorcio – Ing. Indica anomalías en la colocación de
0048 (f. 489) Residente mezcla asfáltica: escasez de personal,
falta de herramientas y equipo, y
reparaciones en algunas piezas del
vibrocompactador. Requiere al
contratista para corregir la situación.
89 24-nov-2008 271-F-ICB- Consorcio – Ing. Refiere el atraso en los trabajos en la
0053 (f. 490) Residente vía de acceso al botadero núm. 1,
indicado “reiteradas ocasiones”, y
conmina al contratista a efectuar las
obras.
90 5-ene-2009 271-F-ICB- Consorcio – Ing. Solicita al contratista disponer de “los
0068 (f. 492) Residente recursos que permitan concluir”
determinadas obras: taponamiento de
grietas, conformación de accesos y
rampas y reubicación de tuberías.
91 20-ene-2009 271-F-ICB- Consorcio – Ing. Solicita incrementar los recursos
0077 (f. 493) Residente asignados a la mano de obra de la
confección de obras que tienen lento
avance: construcción de cárcamo en
K7+900, realce de muros en concreto y
“empradización” [sic] de taludes en el
sector K7+600/800
92 26-ene-2009 271-F-ICB- Consorcio – Ing. Reitera el oficio anterior (0077)
0081 (f. 494) Residente indicando que el recurso humano
asignado a las obras allí señaladas no
es suficiente por lo que “la posibilidad
de ejecutar y entregar a satisfacción las
obras anteriores […] dentro de un breve
plazo, parece cada vez más remota.”

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4.4. El procedimiento administrativo de imposición de multa

4.4.1. El 8 de febrero de 2008, la SIF comunicó al representante legal del Consorcio la
iniciación de un proceso sancionatorio motivado en el incumplimiento del contrato 46.

4.4.2. Según las actas de la audiencia de descargos47, el 28 de febrero de 2008 se
suspendió la diligencia porque el representante legal del Consorcio manifestó a la SIF
que no podía asistir a la diligencia, “toda vez que para la fecha había adquirido
compromisos ineludibles”. Consta que la entidad admitió la excusa, para garantizar el
debido proceso, y reprogramó la diligencia para el 11 de marzo de 2008.

4.4.2.1. El 11 de marzo de 2008, se reanudó la audiencia, con la asistencia del contratista
y del representante de la compañía aseguradora. En esta ocasión, la entidad precisó que
el incumplimiento contractual imputado al contratista consistía en el “desacato de las
órdenes de la interventoría, no tener en obra el equipo mínimo exigido y presentar en los
grupos de obra atrasos mensuales mayores a 20%”. De manera más detallada, así
constan las razones para iniciar el trámite, expuestas por la ingeniera Beatriz Acosta
Ángel, en su calidad de “coordinadora del proyecto”:

«PRIMERO: “Por no acatar las órdenes de la Interventoría […]48

En relación con la causal invocada en primer lugar, se expresó que la interventoría tiene
en sus archivos copia de todas y cada una de las comunicaciones por medio de las cuales
se ha ordenado al contratista y de la [sic] cuales hasta la fecha no se tiene respuesta o
acción que demuestre el acatamiento de la orden, o en caso contrario, el fundamento por
parte del contratista para no acatar o cumplir dicha orden. A manera de ejemplo se citó la
instrucción referente a los resultados de algunos concretos de las obras ejecutadas, las
cuales no cumplen con lo exigido en las normas y especificaciones técnicas de
construcción.

SEGUNDA: “En los grupos de obra que presenten atraso superior al veinte por
ciento (20%) [...]

Respecto a la anterior causal se realiza un análisis del programa de trabajo e inversión
por grupos, debido a que la Administración no cuenta con el programa de trabajo e
inversión por grupos de obra con los correspondientes ítemes vigente [sic] a la fecha, esto
debido a que se han tenido contratiempos en la entrega por parte del contratista a la
interventoría de dicho programa para su aprobación. No obstante lo anterior, se hace una
lectura del programa de trabajo e inversión para cada grupo de obra, en donde se muestra
el valor programado y ejecutado para cada uno de ellos. Realizada la lectura del
documento citado, se aclara que los datos que se revelan del grupo de obra No. 1 “obras
de explanación”¸ no se presentan en obra atraso real y por el contrario, este grupo se ha
ejecutado oportunamente, en este sentido, el contratista interviene y expone que el
programa de trabajo e inversiones en lo concerniente a la inversión ejecutada en el grupo
de obra No. 1. “Obras de explanación” no refleja la realidad del avance en obra, situación
que se atribuye a que a la fecha no se han realizado las mediciones conjuntas entre la
interventoría y el contratista que permitan obtener los datos de las cantidades reales del
movimiento de tierra ejecutado al mes de febrero de 2008, no siendo el mismo caso para

46 F. 27, c. 1.
47 F. 28-35, c. 1
48 Cita la cláusula vigésima.

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los demás grupos de obra en especial para el Grupo 2 “Sub-bases y bases” y el Grupo 9
“Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles y neopreno.

TERCERA: Por no suministrar oportunamente el equipo exigido […]

De acuerdo con el plan de condiciones –el contrato- el programa de utilización de trabajo
e inversión – el programa de utilización de equipo- comités de obra y teniendo en cuenta
las necesidades de la obra, se tenía programado como mínimo un equipo de nivelación y
compactación para las actividades de conformación de subrasante y un segundo equipo
de nivelación y compactación para desarrollar la actividad de nivelación y compactación
de base granular, actividades éstas que debe desarrollarse en forma simultánea. Se
tienen registros de las comunicaciones enviadas por la interventoría del proyecto en las
cuales se evidencia que iniciada la actividad de base granular y adelantada la
conformación de la subrasante paralelamente, el segundo equipo de nivelación y
compactación no se llevó a la obra y, por el contrario, con el mismo equipo se
desarrollaban ambas actividades lo que obligaba a suspender una de ellas para adelantar
la otra».

4.4.2.2. En la audiencia, el interventor del contrato informó lo siguiente:

«- De acuerdo con comunicación enviada a la Secretaría de Infraestructura Física el 8 de
febrero de 2008 la interventoría solicita a la Entidad se adelanten las gestiones a que
haya lugar y se tome una decisión sobre la obra ya que a diciembre presenta una
ejecución del 15% y el plazo se ha agotado en un 85%.

• Hacia el mes de agosto de 2007, el contrato […] fue adicionado […] y su meta física se
amplió […]

• Afirma que durante el período invernal se presentaron dos derrumbes de grandes
magnitudes que afectaron el desarrollo de las obras.

• En diciembre de 2007 y dado el invierno imperante en la región, fue ampliado el plazo
del contrato en 4 meses más.

• En la misma vía, existe un contrato adyacente que tiene a manera general las mismas
actividades, y que además a enero de 2008 tenía que ejecutar la misma inversión que el
contrato 2007-CO-20-052, el cual ha obtenido desde el mes de enero de 2008 mejores
rendimientos y avance de obra y por ende su facturación está muy por encima de la
obtenida por el Consorcio Cobaco S.A. – Ramírez y Cía. S.A., al respecto el ingeniero
[…] advierte que se desperdiciaron los días de verano que se tuvieron desde inicio del
mes de enero de 2008.

• El ingeniero […] presenta análisis de la obra y proyección de la misma para lograr su
terminación. Esto es el ingeniero […] muestra que el programa de trabajo e inversión
presentado por el Consorcio, a partir de la ampliación de plazo de diciembre de 2007, es
aceptable desde el punto de vista teórico, lo cual quiere decir que matemáticamente está
bien logrado, sin embargo, desde el punto de vista de desarrollo del proyecto las
facturaciones programadas son imposibles de cumplir, así mismo presenta un análisis del
equipo que se requiere para ejecutar dichas inversiones programadas, el cual luego del
estudio realizado arrojó un número de equipo que no sería visible por las condiciones de
longitud del proyecto y el gran número de equipo que sería necesario tener en obra, por
lo que el ingeniero concluye que con el equipo actual no se terminará el proyecto en el
plazo contractual vigente».

4.4.2.3. Según el acta de la audiencia, el representante legal del Consorcio intervino en
estos términos:

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«- El plazo contractual determinado para la licitación pública LIC-20-031-2006, lo
consideró corto, aunque no recuerda haber expuesto este tema en la Audiencia de
Aclaraciones del proceso, de igual forma manifiesta que el contrato fue adicionado en el
mes de agosto de 2007 y ampliada la meta física en 3 kilómetros, situación que la anterior
administración no tuvo en cuenta para la ampliación del plazo del contrato, es decir, el Dr.
manifiesta que el plazo otorgado para la ejecución del proyecto obedeció más bien a un
plazo político impuesto por la anterior Administración, basado en los compromisos que
debía cumplir el anterior Gobernador en cuanto a la terminación de las obras, situación
ésta que él no objetó en el momento de aceptar la adición del contrato, aun cuando fue
conversado internamente con el otro contratista de la zona. la imposibilidad de cumplir
con la meta física en el plazo pactado Al respecto dice el Dr. […]: "Por bobada aceptamos
aunque todos sabíamos que no íbamos a cumplir"

• El invierno y los derrumbes han afectado el desarrollo normal de los trabajos. Respecto
a estos últimos el Dr. […] dice “he tenido que desplazar la maquinaria de los frentes de
explanación para atender los derrumbes”.

• En cuanto al avance de las actividades objeto del contrato, el Dr. […] expone:

Grupo I correspondiente al grupo de explanación, se encuentra completamente terminado
y los datos reportados en el programa de trabajo e inversión se encuentran
completamente distorsionados en cuanto al porcentaje de avance. No se visualiza en las
actas porque el movimiento de tierra no se ha cobrado.

• Las cantidades estimadas están por encima de lo realmente ejecutado

• Se debe medir los volúmenes explanados conjuntamente se deben tomar las secciones
finales de explanación. Al respecto la seria [sic] de Infraestructura Física pregunta porque
a la fecha no se tienen las secciones finales definitivas, cuando se había observado tanto
al contratista como a la interventoría en comités de obra anteriores desde octubre de
2007, al respecto el contratista […] manifiesta que la interventoría no ha realizado las
mediciones, a esto el […] Director de la interventoría aclara que la comisión de topografía
de la interventoría a [sic] estado dispuesta a realizar las mediciones, sin embargo, la
comisión de topografía del contratista no se ha presentado cuando se ha programado
dicha actividad, razón por la cual expone el [interventor] no se han realizado las
mediciones conjuntas de las secciones finales para obtener los volúmenes de
explanación.

• El contratista de obra […] manifiesta que ha tenido dificultades con el suministro de
materiales de la fuente de Peñalisa, ya que se presentaron problemas el año pasado con
las trituradoras, y no fue posible obtener un suministro continuo de material. También
manifiesta que algunas veces tuvo que acoplar material de base sin tener pista para
colocarlo.

• De igual forma manifiesta el Dr. […] que inconsistencias entre las comisiones de
topografía retrasaron el inicio en la colocación de la base granular, lo cual fue posible a
finales del mes de octubre de 2007.

[…] - El [contratista] también analiza el tema del personal de obra y dice que es conciente
[sic] que el ingeniero residente que tiene en este momento no está cumpliendo con las
expectativas del contrato y manifiesta la intensión [sic] de cambiarlo, lo que no ha hecho
hasta la fecha ya que no ha encontrado una persona idónea según él, para que esté al
frente del proyecto en obra».

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4.4.2.4. El representante legal del Consorcio, y el abogado de la aseguradora garante de
las obligaciones del contrato solicitaron al Departamento considerar “la ampliación del
plazo para terminar las obras objeto del contrato como un asunto paralelo al proceso
sancionatorio”.

4.4.3. El 25 de marzo de 2008 el Consorcio formuló descargos49, y concluyó que debía
archivarse el trámite administrativo porque, para ese momento, había cumplido con sus
obligaciones contractuales y atendido los requerimientos del interventor.

4.4.4. Previa solicitud de comparecencia del representante del Consorcio para efectuar
la notificación personal del acto, mediante oficio 50 del 2 de octubre de 2008, el
Departamento profirió, con fundamento en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, y en el
artículo 87 del Decreto 2474 de 2008, la Resolución 017429 del 29 de septiembre de
2008 “Por medio de la cual se impone una multa”51, que resolvió, en lo pertinente:

“ARTICULO PRIMERO: Imponer al Consorcio […] por el incumplimiento de sus
obligaciones en la ejecución del contrato N° 2007-CO-20-052 […] en el equivalente a
Doscientos noventa y ocho millones cuatrocientos sesenta y seis mil seis cientos setenta
y nueve pesos m/l ($298.466.679), por las razones aducidas en los considerandos […],
suma que será deducida de los saldos a favor del Departamento”.

4.4.4.1. El acto, en su parte considerativa, expresa que la Dirección Jurídica del
Departamento, “mediante el oficio 516173, de agosto 22 de 2008”52 concluyó que era
“consecuente la imposición de la multa como mecanismo que conmina al contratista a
culminar el objeto del contrato”. También destaca que la entidad:

“[…] puso a disposición las actas de las audiencias del afectado, para ser firmadas,
situación que les comunicó mediante los oficios 520682, 520678, citación a la que solo
atendió [sic] el […], director de interventoría, quien fue el único que compareció a la firma.
El Dr. [representante legal del Consorcio], por medio de su apoderada comunicó su
imposibilidad de asistir debido a que se encuentra fuera del país hasta el 20 de septiembre
del presente año. El representante legal de la aseguradora guardó silencio”.

4.4.4.2. Recapituló las audiencias llevadas a cabo el 28 de febrero y el 11 de marzo de
2008, en las que se imputaron incumplimientos al contratista, por no acatar las órdenes
de la interventoría, mantener un atraso superior al 20% en los grupos de obra, y por no
suministrar oportunamente el equipo exigido, de acuerdo con el programa de utilización
de equipo aprobado. Así mismo, citó los descargos del contratista, y la intervención de
la aseguradora dentro del mismo trámite.

4.4.4.3. A continuación, la resolución efectúa el “cálculo de la multa”, considerando lo
siguiente:

49 F. 40-59, c. 1.
50 F. 126, c. 1.
51 F. 127-137, c. 1.
52 No obra en el expediente.

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“Que mediante oficios con radicados 252-ICB-0063 de Julio 25 de 2007, 252- ICB-0091
de Septiembre 19 de 2007, 252-ICB-0111 de Octubre 30 de 2007, 252-ICB-0115 de
Noviembre 3 de 2007, 252-ICB-0140 de Diciembre 3 de 2007, 252-ICB-0145 de
Diciembre 10 de 2007, 252-ICB-0161 de Enero 16 de 2008, la Interventoría del proyecto
requirió al contratista. Que en cuanto al atraso en los grupos de obra, éstos se verifican
mediante programa de trabajo e inversión vigente al 28 de abril de 2008. Que de acuerdo
con registros de la obra el inicio de la colocación de la base granular fue el 31 de octubre
de 2007 y el equipo requerido para ésta [sic] actividad (segundo equipo en obra) llegó de
la siguiente manera: vibrocompactador febrero 14 de 2008, motoniveladora: febrero 25
de 2008, pruebas las anteriores que una vez verificadas por la Secretaría de
Infraestructura dan origen a la imposición de las multas estipuladas en el considerando
2”53.

4.4.4.4. Al constatar, en esos términos, el “incumplimiento de las obligaciones
estipuladas”, la cuantificación de la multa a imponer fue efectuada en estos términos:

“Por no acatar las órdenes de la Interventoría
Número de días 33
Multa por día 0,05%
Valor del contrato original + adición 1 $10.789.699.820
Valor Multa por día $5.394.849,91

Valor total de la multa $178.030.047

En los grupos de obra que presenten atraso superior al veinte por ciento (20%)

a) Bases y Subbases [sic] Valor

Programado en el mes de marzo de 2008
43.10% $596.552.012
Ejecutado en el mes de Marzo de 2008 9.14% $126.547.141
Valor básico de la obra dejada de facturar $470.004.871
Multa: 2% del valor básico de la obra dejada de ejecutar 0,2%
Valor de la multa por el grupo de subbases [sic] y bases $9.400.097,42

b) Pavimento
Programado en el mes de marzo de 2008 27% $549.270.803
Ejecutado en el mes de marzo de 2008 0.51% $10.357.731
Multa: 2% del valor básico de la obra dejada de ejecutar 0,2%
Valor Básico de la obra dejada de facturar. $538.913.072
Valor de la multa por el grupo Pavimentaciones con asfalto $10.778.261,44
Valor total de la multa (a+b). 0,02% $20.178.358,86
Por no suministrar oportunamente el equipo exigido de acuerdo con el Programa
de Utilización de Equipo aprobado
Número de días 105
Multa por día 0.01% del valor básico del contrato 0,01%
Valor básico del contrato $9.548.406.920
Valor total de la multa $954.840,69

Valor total de la multa $100.258.272,70

Para un total de $298.466.679”

53 El “considerando 2” del acto cita textualmente la cláusula vigésima del contrato, sobre multas.

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4.4.5. El 4 de noviembre de 2008, el Consorcio presentó recurso de reposición54 contra
la resolución anteriormente expuesta. En líneas generales, acusó al acto de violar el
debido proceso y de ignorar la realidad del contrato porque, a su juicio, las obligaciones
del contrato sí estaban siendo cumplidas. Además, lo cuestiona por omitir que “a la par
del Proceso Sancionatorio” se acordó ampliar el plazo en el otrosí 1, y de pasar por alto
la suscripción de los otrosíes 2 y 3. Aduce que estas modificaciones del contrato son
muestra de que el contratista sí estaba cumpliendo sus obligaciones, porque de otro
modo no sería comprensible que la Administración accediera a ampliar el plazo,
incrementar el anticipo o adicionar el contrato.

4.4.6. Durante el trámite de la reposición, el interventor transmitió un concepto jurídico55,
según el cual, si bien estaba demostrado el incumplimiento de las obligaciones
contractuales del Consorcio, no es menos cierto que: (i) las “sanciones no pueden
imponerse sino cuando hay incumplimiento, no cuando el incumplimiento es solucionado
por la vía de los acuerdos entre las partes”; y (ii) la entidad no podía “ir contra sus propios
actos y menos contra los acuerdos válidamente celebrados con el Contratista, para,
posteriormente, cuando dichos actos y acuerdos se han dado y se vienen ejecutando,
ante nuevas situaciones volver a revivir sanciones que no tienen relación directa con
ellas sino con incumplimientos anteriores”. Por lo que, en conclusión, la interventoría
debía ser “clara en su concepto”, debido a que avaló las reprogramaciones en la obra y
“fue testigo de un nuevo anticipo entregado al Contratista”.

4.4.7. El Departamento, mediante la resolución núm. 001736 del 27 de enero de
2009[56], notificada el 20 de febrero de 2009[57], confirmó la resolución núm. 017429 de
2008.

4.4.7.1. En relación con la falta de competencia legal, e inaplicación del artículo 17 de la
Ley 1150 de 2007, la entidad argumenta que este precepto sí la habilita para imponer
multas, porque en el contrato (i) se pactaron las multas, (ii) en el parágrafo del
mencionado del artículo 17 está contemplada la competencia para imponerlas, y (iii) para
la fecha de la decisión, el plazo de ejecución estaba vigente.

4.4.7.2. Respecto al debido proceso, sostuvo que fue garantizado, porque se adelantó la
audiencia preceptiva y el contratista fue escuchado. En ese sentido, se considera que la
Administración no estaba obligada a tener en cuenta todas las afirmaciones del
contratista. También precisa que la notificación del acto fue correcta.

4.4.7.3. En relación con la falsa motivación, en esta resolución se asevera que “no es
clara la posición presentada por el consorcio contratista y no se entiende su sustentación
fáctica, puesto que no se observa la prueba que permita señalar la existencia de tal vicio”.
Se agrega que el interventor sí le comunicó al contratista una serie de requerimientos no
obedecidos por el Consorcio, que en algunos ítems de la obra “se presentó un atraso

54 F. 138-183, c. 1.
55 Firmado por el abogado Jaime Rojas López: f. 208-209, c. 1.
56 F. 201-204, c. 1
57 Según constancia de notificación personal: F. 205, c. 1.

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superior al 20% en relación con el cronograma de obra”, y que la propia interventoría
certificó que el “contratista no tuvo en el sitio de obra el equipo requerido y que esta
situación fue causante de posibles retrasos en la ejecución de la obra”, última
circunstancia que controvierte incorrectamente el contratista, con fundamento en una
certificación expedida por él mismo.

4.5. Testimonios

Durante el trámite del proceso, se practicaron los siguientes testimonios:

4.5.1. Laura Rosa Mejía Jiménez58, afirmó desempeñarse en el Departamento como
Directora Territorial y luego como Directora de Asuntos Legales de la SIF entre
febrero de 2008 y septiembre de 2010. Dijo conocer el contrato núm. 2007-CO-20-052,
y que, a partir del “texto de la contestación de la demanda y de los documentos anexos”
a dicha escrito, “se puede colegir irrefutablemente el sin número de veces en que se
trabaron documentos de exigencias contractuales de parte de la firma de interventoría
por los incumplimientos e irregularidades en el desarrollo del objeto contractual”.
Además, basándose igualmente en los documentos de la contestación de la demanda,
afirmó que el contratista sí tuvo oportunidad de controvertir las imputaciones que
condujeron a la imposición de la multa, y que el Departamento no manifestó
expresamente, a través de las modificaciones bilaterales del contrato, haber subsanado
las circunstancias generadoras de la multa.

4.5.2. Beatriz Elena Acosta Ángel 59 expresó que desde 1992 y 2008 laboró con el
Departamento, y el último cargo ejercido fue el de Coordinadora de Proyectos.
Sostuvo que se encargó de la coordinación del proyecto vial objeto del contrato núm.
2007-CO-20-052. Manifestó que el desempeño del contratista fue:

“[…] muy deficiente en el sentido que le faltó en principio, falta de una buena dirección de
obra, de recursos de maquinaria y equipo, de una buena conformación de equipo de
trabajo en obra y la disposición de recursos propios para adelantar las obras, es decir,
dependía de algunos terceros para disponer de los insumos de la obra, como el caso de
los materiales granulares y la mezcla asfáltica para el pavimento”.

Sostuvo que el contratista no mantuvo la disponibilidad de equipos y de personal pactada
en el contrato, y que, por ello, la interventoría le formuló múltiples requerimientos, Hasta
donde dijo saber, el Departamento no había declarado expresamente la subsanación de
los hechos que dieron pie a la multa. Además, expresó que las causas justificativas de
la multa “ya se habían cumplido”, que los otrosíes tuvieron en cuenta la situación
climática y que, en las “actas de reunión con la aseguradora”, el Departamento se reservó
la facultad de “imponer algún tipo de multa al contratista”.

58 F. 579-582, c. 2.
59 F. 583-584, c. 2.

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4.5.3. Edir Amparo Graciano Gómez60 dijo ser ingeniera y haberse desempeñado como
Directora de Desarrollo y Evaluación Contractual del Departamento desde el 5 de
febrero de 2008. En esa condición, advirtió que conoció del contrato y de su desarrollo.
En tal sentido, afirmó que “a febrero de 2008” el contrato presentaba “solo un avance del
15%, cuando a esa fecha ya estaba sobre el 85% del plazo contractual”; situación que
fue informada por la coordinadora Beatriz Acosta, soportada en documentos y en la
información de la interventoría, junto con las quejas de la comunidad. Agregó que al
Consorcio le fue garantizado el debido proceso.

También explicó que las decisiones administrativas adoptadas por el Departamento,
concretamente las contenidas en las resoluciones demandadas, buscaron terminar las
obras y no perjudicar a los pobladores de los municipios que necesitaban de la vía. En
ese sentido, a partir de la constatación del bajo desempeño contractual, la Gobernación
del Departamento aceptó el “acompañamiento permanente de la aseguradora”, y
consintió que el contrato contara con liquidez, aumentando el porcentaje de anticipo.
Desde las modificaciones del contrato, los pagos al Consorcio “fueron autorizados por la
aseguradora y la interventoría”, lo que, a su juicio, denotaba la incapacidad administrativa
del contratista. De allí que el otrosí hubiera sido suscrito para:

“Garantizar el cumplimiento del proyecto y para ello se requería de adicionar plazo porque
el contractual [sic] estaba vencido y además entregar recursos que permitiera dinamizar
el proyecto, de no haberse dado este otro sí [sic], el Departamento habría tenido que
decretar un incumplimiento al contratista o la caducidad del contrato”.

Explicó que era imposible que el Departamento hubiera condonado la multa, porque ello
generaría un detrimento para el patrimonio estatal.

4.5.4. Carlos Alberto Muñoz Montoya 61 dijo desempeñarse como coordinador del
contrato. Aseguró que:

“El desempeño del COBACO [sic] fue enmarcado dentro de un entorno de constantes
requerimientos de la interventoría por varias razones, las que yo más recuerdo son por
incumplimiento en el equipo ofrecido, por el atraso en el cronograma de ejecución del
contrato y algunas otras por caso omiso a las indicaciones de la interventoría”.

En relación con las razones que motivaron la firma de los otrosíes, aseguró:

“[…] existieron que yo recuerde tres prórrogas significativas, la primera antes del inicio
del procedimiento de imposición de la multa y que obedeció básicamente a los mayores
valores aportados al contrato, de tal forma que a mayor cantidad de obra por ejecutar por
efectos de los mayores recursos, debería ser un mayor tiempo, como efectivamente
sucedió y fue pactado; la segunda prórroga que yo recuerdo importante, sucedió
efectivamente luego del trámite de imposición de la multa y se hizo con efectos de lograr
enderezar el contrato y fue pactado entre las partes con presencia activa de la Compañía
aseguradora, como lo manifesté; y otra prórroga importante sucedió casi finalizando el
año 2008 y se hizo por condiciones muy objetivas fundamentadas básicamente en las
condiciones climáticas”.
60 F. 585-588, c. 2.
61 F. 648-650, c. 2.

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4.5.5. Margarita María Gil Quintero expresó que se desempeñó en la SIF como
coordinadora del contrato después del retiro del señor Muñoz Montoya. Afirmó que el
desempeño del contratista fue:

“Malo, porque desde el primer momento, el contrato inició el 29 de marzo de 2007 y
digamos que a la primer semana de ejecución, ya la interventoría estaba oficiando al
contratista porque no tenía el equipo mínimo que él mismo ofreció en la propuesta,
tampoco no [sic] había llevado los material [sic], insumos, y el personal para iniciar las
actividades de obra y eso fue de siempre, eso fue de casi a diario, que la interventoría
manifestó los retrasos que el contratista venía presentando frente a la ejecución”.

En esa dirección, expresó que el interventor sí efectuó requerimientos al contratista sobre
la disposición de personal, equipos y materiales aptos para cumplir con el programa de
la obra, lo cual fue “reiterativo durante toda la ejecución del contrato”.

Afirmó que sí hubo citación al contratista y a la aseguradora, que se produjeron
modificaciones al contrato, entre ellas, la del valor del anticipo “con el fin de que el
contrato tuviera fluidez, tuviera recursos para continuar con las obras y adicional a esto
se le incrementó el plazo al contrato para que éste pudiera terminarlas”. No obstante, el
contratista siempre demostró carencias de recursos y, por lo tanto, “siempre siguió
retrasado”.

De otra parte, sostuvo que el Departamento, pese al incumplimiento pronunciado del
contratista, no aplicó sanciones más drásticas, más exactamente la caducidad del
contrato:

“[…] pensando en la comunidad que se vería afectada por la no entrega oportuna de la
obra, es decir, un proceso de licitación dura aproximadamente cuatro o cinco meses, esto
implicaría retrasos mayores para la continuación de la obra y si de pronto quedara una
obra iniciada y se decreta la caducidad del contrato es un detrimento patrimonial por
posibles obras que hayan quedado inconclusas y que se deteriore por agentes externos.
Lo del detrimento patrimonial es que al quedar las obras incompletas, que no llegaron a
su fin y que no se dan al servicio de la forma como están diseñadas, pueden presentar
en un menor tiempo deterioro y quedar inservibles, por ende esos recursos que se dieron
para esas obras se pierden”.

Agregó que la prórroga del contrato no beneficiaba al Departamento sino a la comunidad,
en la que siempre pensó la Administración, y que adelantar una nueva licitación
requeriría un mayor plazo y los recursos a destinar no serían los mismos, sino que
deberían buscarse nuevamente. Por último, manifestó que su conocimiento se debía
porque estuvo encargada de la liquidación unilateral del contrato.

4.5.6. Los testimonios aquí citados serán valorados tomando en cuenta que, si bien en
virtud de su relación laboral con la entidad demandada podrían considerarse como
sospechosos en torno a la causa, esta circunstancia no les resta valor probatorio, sino

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que obliga una valoración más severa por parte del juez62. Por lo demás, las versiones
no exhiben un lenguaje artificioso o premeditado, resultan creíbles por su experiencia
cercana con los hechos declarados, y no son contradictorias internamente ni con la
versión de los demás deponentes.

4.6. Conciliación extrajudicial

El 17 de julio de 2009, la parte demandante radicó solicitud de conciliación extrajudicial
ante la Procuraduría 30 Judicial II Administrativa ante el Tribunal Administrativo de
Antioquia. Dicha dependencia adelantó la respectiva audiencia el 15 de octubre de 2009,
que concluyó con el trámite fallido por no existir ánimo conciliatorio.63

V. PRESUPUESTOS DE LA SENTENCIA DE MÉRITO

5.1. Competencia

Esta Sala se considera competente para conocer del asunto, en virtud del artículo 82
del Código Contencioso Administrativo (“CCA”) vigente para la fecha de presentación de
la demanda 64 , porque la demandada es un Departamento. Además, según el
mencionado código, esta Corporación conoce de la segunda instancia de las sentencias
proferidas por los tribunales administrativos 65 , en procesos que por el factor cuantía
tienen doble instancia, como el presente66.

5.2. Oportunidad

Como se precisará más adelante (infra. aptdo. 6.1.), el marco de juzgamiento de esta
providencia atañe única y exclusivamente al juicio de legalidad de las resoluciones

62 “La ley no impide que se reciba la declaración de un testigo sospechoso, pero la razón y la crítica del testimonio

aconsejan que se la aprecie con mayor severidad, que al valorarla se someta a un tamiz más denso de aquél por el
que deben pasar las declaraciones de personas libres de sospecha. // Cuando existe un motivo de sospecha respecto
del testigo, se pone en duda que esté diciendo la verdad al declarar; se desconfía de su relato o de que sus respuestas
correspondan a la realidad de lo que ocurrió; se supone que en él pesa más su propio interés en determinado sentido
que prestar su colaboración a la justicia para esclarecer los hechos debatidos. El valor probatorio de toda declaración
de un testigo sospechoso de antemano se halla contrarrestado por la suposición de que sus afirmaciones no son
verídicas y por consiguiente, por sí solas, jamás pueden producir certeza en el juez.”: CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 12 de febrero de 1980. G.J. núm. 2407, p. 21.
63 F. 217, c. 1.
64 CCA. Artículo 82, modificado por la Ley 1107 de 2006: “Artículo 82. Objeto de la jurisdicción de lo contencioso

administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios
originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público
superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado.
Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con
la Constitución y la ley”
65 CCA. Artículo 129 (subrogado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998): “El Consejo de Estado, en Sala de lo

Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación,
así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión.”
66 Según el artículo 132-5 del CCA, la competencia de los Tribunales en primera instancia para conocer de

controversias relativas a contratos era de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para el año 2010, ese
valor equivalía a $257.500.000, suma inferior al de la cuantía de este asunto, esto es, el monto de la multa (aptdo.
4.4.4.).

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017429 de 2008 y 001736 de 2009, por las cuales el Departamento ordenó al Consorcio
el pago de una multa contractual, dentro del contrato de obra 2007-CO-20-052.

En este contexto, al tener cuenta la fecha de notificación del acto que concluyó el
procedimiento administrativo de imposición de la multa67, (aptdo. 4.4.7.), el término de
dos años previsto por la norma procesal para formular en tiempo la reclamación judicial
respecto de los motivos de hecho o de derecho que fundamentan la demanda (CCA –
Artículo 136, núm. 10) habría concluido, sin solución de continuidad, el veintidós (22) de
febrero de dos mil once (2011). Bajo este entendido, incluso sin observar el tiempo de
suspensión del término de caducidad producto del trámite de conciliación extrajudicial
(aptdo. 4.6.), la Sala concluye que la demanda fue oportunamente presentada, el
dieciséis (16) de marzo de dos mil diez (2010)68.

5.3. Legitimación en la causa

Este presupuesto de la sentencia de mérito está satisfecho, tanto en activa como en
pasiva, considerando que el Consorcio, compuesto por las sociedades actoras69, y el
Departamento son las partes del contrato 2007-CO-20-052. Así mismo, esta entidad
territorial fue la autoridad que profirió la multa contractual al demandante.

VI. ANALISIS DE LA SALA

6.1. Aspecto preliminar sobre la materia del juzgamiento

6.1.1. No puede dejarse de lado, antes de resolver los problemas jurídicos planteados,
que el Departamento informó, después de la contestación de la demanda, que resolvió
liquidar unilateralmente el contrato (aptdo. 2.2.3.)70.

6.1.2. Según la información pública que consta en el Sistema de Gestión Judicial
(SAMAI)71, el Consorcio demandó en ejercicio del medio de control de controversias
contractuales al Departamento. Pretendió la nulidad de la citada liquidación unilateral y,
además, formuló otras pretensiones declarativas y de condena en contra de la entidad
contratante.

67 El presente caso podría dar lugar a debatir el momento a partir del cual inicia el cómputo de la caducidad, porque el

contrato núm. 2007-CO-20-052 estaba sometido legal y contractualmente a liquidación. Sin embargo ―como se
explica, a continuación, en al acápite 6.1, en esta providencia― el consorcio demandante demandó el acto de
imposición de multa contractual como un acto independiente al acto de liquidación del contrato. Por lo tanto, en función
de las pretensiones de la demanda, en la que el acto de imposición de multa es abordado como el motivo de hecho y
de derecho que las fundamenta, el término de caducidad será contado de acuerdo con la regla general de caducidad
de la acción de controversias contractuales, prevista el numeral 10 del artículo 136 del CCA, no con fundamento en la
subregla establecida en el literal d) del mismo artículo y numeral.
68 Aptado. 2.1.1.
69 Aptdo. 2.1.1.
70 Aptdo. 2.2.3.
71 Página web:
https://samairj.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=050012333000201300905000500123
(fecha de consulta: 6-mar-2023)

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En dicho proceso, el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia de primera
instancia, la cual fue apelada por el extremo actor y el recurso fue concedido72. Según
informa el fallo judicial de esa causa, las pretensiones propuestas por el Consorcio en
dicho proceso, fueron las siguientes:

“[Que] se declare la nulidad de: i) Resolución 000775 de 14/1/ 2011, por medio de la cual
se liquidó de manera unilateral el contrato de obra pública Nro. 2007-CO- 20-052, ii)
Resolución No. 015861 de 25/5/2011, por medio de la cual se resolvió un recurso de
reposición confirmando la resolución anterior y se declare que el departamento de
Antioquia, incumplió el contrato de obra pública Nro. 2007-CO-20-052 de 22/3/2007, iii)
se declare que existió un desequilibrio económico del contrato de obra pública Nro. 2007-
CO-20-052 de 22/03/2007, iv) se ordene una nueva liquidación del contrato, la cual
restablezca la ecuación económica o financiera del contrato, que incluya el
reconocimiento y pago a los demandantes de los perjuicios económicos causados, de
conformidad con los términos contractuales y las disposiciones legales aplicables v) que
se condene al departamento de Antioquia a pagar a la parte demandante la suma de
$1.639.723.659, con la finalidad de restablecer el equilibrio económico y financiero del
contrato, así:

• Por la administración durante la mayor permanencia en obra: $761.856.054;
• Por la mayor permanencia de los equipos de la obra: $603.629.620;
• Por los ajustes de precio: $274.237.984.
• Actualización, intereses y perjuicios morales”.

6.1.3. Así, el Consorcio entabló, por decisión propia y de manera sucesiva, dos
controversias judiciales relacionadas con el mismo negocio jurídico: la primera, sobre la
legalidad de la multa impuesta por el Departamento, con fundamento en eventuales
falencias procesales en el proceso sancionatorio, su extemporaneidad y la solución de
los incumplimientos que habría operado con las modificaciones al contrato; y la segunda,
sobre la validez de la liquidación unilateral, por una eventual omisión del reconocimiento
de costos por mayor permanencia en obra y ajustes del precio, que no se relaciona con
la imposición de la multa.

Ambos procesos, aunque consonantes en sus antecedentes fácticos, tienen objetos
diferenciables, ya que una cuestión es la impugnación del acto administrativo de multa y
otra la que compromete al acto de liquidación unilateral; decisiones administrativas
unilaterales que, por su alcance y finalidades, no guardan identidad fáctica y jurídica
entre sí. Mientras que la multa es un mecanismo unilateral de apremio al contratista, para
constreñirlo a ceñir su comportamiento a las obligaciones del contrato, y tiene lugar
durante su vigencia; la liquidación unilateral es el balance o corte de cuentas definitivo
del negocio que adopta la Administración en la forma y tiempos que el ordenamiento
prevé, y tiene como efecto inmediato el finiquito de la relación jurídica contractual.

Pero, ante todo, las pretensiones formuladas en el otro proceso en nada tocan lo atinente
a la imposición de la multa. Por lo tanto, siguiendo ese marco de las pretensiones, el fallo
sobre la legalidad de la multa no necesariamente condiciona lo que, en el futuro, la
judicatura decida sobre la validez de la liquidación; y viceversa, no viene estrictamente

72 Ibíd. Índices SAMAI núm. 159, 161 y 163.

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necesario aguardar la conclusión del litigio sobre la liquidación unilateral, para que se
pueda adoptar en el presente proceso una decisión respecto de la multa. De esta
manera, cada decisión tendrá alcances distintos en cuanto corresponden a dos
actuaciones contractuales diferentes, y las súplicas formuladas por el demandante en
uno y en otro litigio también son distintas.

6.1.4. Por lo tanto, el preciso marco de juzgamiento de este fallo de segunda instancia lo
compone solamente el análisis legalidad de la multa impuesta por el Departamento en
las resoluciones demandadas, situación independiente a lo que acontezca con el otro
proceso en curso sobre la liquidación unilateral y las demás declaraciones que allí
formuló el Consorcio.

6.2. Solución de los dos primeros problemas jurídicos 73 : El estado de las
obligaciones cuyo incumplimiento dio lugar a la imposición de la multa

6.2.1. El recurrente insiste en el cargo de falsa motivación 74 y acusa la sentencia de
primera instancia75 de malinterpretar el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, porque no
podría imponérsele al contratista la multa contractual, si sus obligaciones, que con las
modificaciones convenidas habían sido sustituidas por unas nuevas, no estaban así
“pendientes de cumplimiento”, razón por la cual la imposición de la sanción se oponía a
sus fines.

6.2.2. En primer lugar, la Sala advierte que en el contrato núm. 2007-CO-20-052 fueron
pactadas las cláusulas de multa y la facultad del contratante de imponerla76; razón por la
cual, de acuerdo con lo previsto en el parágrafo transitorio del artículo 17 de la Ley 1150
de 2007, el ente contratante tenía las facultades previstas en dicha norma. Ahora, en
relación con los cargos de la apelación, está probado que, desde el inicio del
procedimiento administrativo sancionatorio, fueron tres las causas de imposición de
multa contempladas en la cláusula vigésima del contrato77 que fueron endilgadas por la
entidad para sancionar al Consorcio, a saber: (i) no acatar las órdenes de la interventoría;
(ii) tener atrasos superiores al 20% en grupos de obra y; (iii) no disponer de los equipos
comprometidos en el programa respectivo para construir las obras.

6.2.3. Si lo que persigue el demandante es invalidar la multa, por haber cumplido las
obligaciones pactadas en el contrato, este debía probar 78-79 que su comportamiento
honró el acuerdo de voluntades, por haber ejecutado las prestaciones a su cargo de
manera íntegra, efectiva y oportuna80. Sin embargo, más allá de las afirmaciones del
73 Aptdo. 3.1. y 3.2.
74 Aptdo. 2.1.3.2., 2.4.2. a 2.4.2.2.2.
75 Aptdo. 2.4.1.
76 Aptado. 4.1.9.
77 Aptdo. 4.1.9.
78 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – Artículo 176: “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las

normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. // Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones
indefinidas no requieren prueba.” Norma reproducida los incisos primero y cuarto del artículo 167 de la Ley 1564 de
2012 (Código General del Proceso, “CGP”).
79 CÓDIGO CIVIL – Artículo 1757: ““Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta.”
80 De antaño, estas son las características que debe tener el cumplimiento contractual según la jurisprudencia: “Es

principio general de derecho civil que los contratos se celebran para cumplirse y, en consecuencia, que el deudor debe

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propio Consorcio en sus intervenciones dentro del procedimiento administrativo, no fue
practicada prueba alguna en este proceso que dé cuenta del cumplimiento de las tres
obligaciones contractuales relacionadas en el procedimiento de imposición de multa. Es
decir que:

6.2.3.1. No hay pruebas de que el Consorcio hubiera acatado oportunamente cada
requerimiento que le hizo el interventor durante la ejecución del contrato 81 , ni
siquiera aquellos mencionados expresamente en la Resolución 017429 al
momento de cuantificar la multa82.

6.2.3.2. No fue arrimado ningún medio de prueba que dé cuenta de que no hubo
grupos de obra atrasados en más de un 20%, o que estos retardos hubieran sido
ocasionados por causas extrañas o ajenas a la voluntad del Consorcio. Nada
controvierta así los múltiples requerimientos formulados por el interventor al
contratista, que daban cuenta de un ritmo inadecuado de las obras,
particularmente aquellos emitidos hasta el momento en que se adelantaron las
audiencias 83 , pronunciamientos que fueron replicados por el propio acto
administrativo.

6.2.3.3. Tampoco hay prueba de que, en los meses mencionados en la actuación
administrativa previa a la imposición de la multa (agosto y diciembre de 2007, y
febrero de 2008), e incluso en etapas de le ejecución posteriores a las aludidas,
el contratista hubiera dispuesto permanentemente de los equipos de maquinaria
que exigía la construcción de la obra, según el programa de utilización de equipo,
en los términos planteados en el contrato84.

6.2.3.4. Contrario a la afirmación del demandante, los oficios del interventor,
dirigidos tanto al Consorcio como a la entidad, hasta la fecha en que inició la
audiencia, expresaron que esta falencia fue una conducta frecuente del
contratista85. Esto, además, se desprende de las versiones de los funcionarios que
conocieron del desarrollo contractual 86 que, al margen de su vínculo con la
demandada, son coherentes con la correspondencia del interventor. De otra parte,
el demandante no aportó ni suscitó la práctica de algún medio probatorio capaz
de refutar la información contenida en estas pruebas.

6.2.4. Ahora, el apelante plantea que los débitos contractuales cuyo incumplimiento le
reprochó la entidad en el procedimiento administrativo y en los actos de imposición de
estar dispuesto a ejecutarlos íntegra, efectiva y oportunamente. La integridad está referida a la totalidad de la
prestación debida, hecho o cosa; la efectividad dice relación a solucionar la obligación en la forma pactada; y la
oportunidad alude al tiempo convenido.”: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 3
de julio de 1963. En Gaceta Judicial núm. 2268-2269, p. 79.
81 Aptdo. 4.3.
82 Aptdo. 4.4.4.3.
83 Es decir, entre el inicio del contrato y el 28 de febrero de 2008 en que dieron inicio las diligencias: Aptdo. 4.3.,

correspondencia oficios núm. 1, 3 a 5, 8, 9, 11 a 15, 24 a 27, 29, 35, 36, 38, 44, 55 y 56
84 Aptdo. 4.2.4.4.
85 Aptdo. 4.3. cuadro de correspondencia oficios núm. 3, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 17, 20, 25 a 27, 29, 31, 34, 38, 39, 42, 51,

52, 55 y 56.
86 Aptdo. 4.5.2. a 4.5.5.

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multa desaparecieron, porque, por voluntad de las partes —mediante los otrosíes y
adiciones del contrato 87 — surgieron nuevas cláusulas contractuales que habrían
extinguido las obligaciones iniciales y, con ello, despojarían el fundamento de la medida
contractual sancionatoria que le fue impuesta. En otras palabras, el recurrente aduce que
las tres obligaciones contractuales cuya insatisfacción fue increpada por la
Administración expiraron por novación.

6.2.4.1. Pues bien, según el Código Civil (“CC”), aplicable al asunto por formar parte del
régimen jurídico de los contratos estatales88, la novación es un modo de extinción de las
obligaciones89, que consiste en “la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la
cual queda por tanto extinguida” (artículo 1687). Denota así esta definición legal que,
inexorablemente, deben existir dos obligaciones válidas (artículo 1689), y ambas,
aunque diferentes, se consideran íntimamente ligadas entre sí90.

Aparte, la novación puede ser subjetiva 91 u objetiva 92 , dependiendo de si el cambio
repercute en las personas del acreedor o del deudor, o si recae en la prestación. En este
último caso, para que se extinga la obligación primigenia, la de reemplazo debe
transformar los aspectos esenciales de aquella sustituida de manera radical, por lo que
no hay efectos extintivos con el cambio de elementos meramente accidentales de la
obligación inicial93. Además, el Código Civil prevé específicamente que la ampliación o
reducción del plazo no constituye novación de las obligaciones94.

87 Aptdo. 4.2.
88 Ley 80 de 1993. “Artículo 13. De la normatividad aplicable a los contratos estatales. Los contratos que celebren las

entidades a que se refiere el artículo 2o. del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles
pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley.” (Se subraya).
89 CC. Artículo 1625, núm. 2.
90 Dice la jurisprudencia civil que “en la novación la obligación anterior es la causa generadora o la causa eficiente de

la nueva. Por lo tanto, como causa, la obligación extinguida requiere las condiciones de validez propuestas en la ley
para toda obligación. De lo contrario, la nueva relación jurídica será también inválida. Porque las dos obligaciones no
pueden desvincularse, ya que la anterior le da precisamente nacimiento a la nueva”: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
Sala de Casación Civil. Sentencia del 3 de marzo de 1938. En: G.J. Tomo XLVI n°. 1933, p. 121-122.
91 CC. Artículo 1690, núm. 2 y 3.
92 Ibíd. Núm. 1: “Sustituyéndose una nueva obligación a otra, sin que intervenga nuevo acreedor o deudor.”
93 La jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha aludido a este aspecto en varias

oportunidades, entre las cuales cabe destacar las siguientes: (i) “Para dar por extinguida, pues, una primera obligación
por otra, en cuanto a los mismos contratantes se refieren ambas, es indispensable que la segunda obligación varíe
radicalmente lo que fue objeto de la primera, o altere alguna de sus condiciones principales. No habrá novación en
cambio cuando la segunda obligación limitase a hacer alteraciones accidentales a la primera, sin variar con ellas en
lo sustancial la anterior contraída” (sent. 3-mar-38, antes citada); (ii) “[…] la nueva obligación debe diferenciarse de la
antigua en cierta medida, en una cuestión que ataña a la obligación en sí misma considerada, como la simple mutación
de lugar para el pago, o la ampliación o reducción del plazo” (sentencia del 31 de mayo de 1940, G.J. Tomo XLIX n°.
1957–1958, p. 498); (iii) “[…] si la obligación anterior es modificada mediante acuerdo entre las partes, pero por
aspectos no relacionados con sus elementos esenciales o constitutivos, sino con elementos accidentales o accesorios
suyos, no se produce novación. A ese criterio obedece que no haya de suyo novación en el caso de que siendo la
obligación antigua pura y simple, la nueva se someta a una condición, o viceversa; ni que tampoco constituye novación
la simple mutación del lugar donde deba hacerse el pago, o la mera ampliación del plazo para el cumplimiento de la
obligación, o la reducción del mismo […]. A estos casos no configurativos de novación, expresamente previstos por la
Ley, cabe agregar otros, como otorgamiento de garantías personales o reales, la reducción o eliminación de éstas, la
remisión parcial de una deuda, etc., pues en todos estos casos la obligación ya existente queda vida en sí misma, no
es sustituida en sí misma, no es sustituida por otra diferente, y ello explica que no haya allí novación” (sentencia del
10 de abril de 1970, G.J. Tomo CXXXIV núm. 2326, 2327 y 2328, p. 22).
94 CC. “Artículo 1708. La mera ampliación del plazo de una deuda no constituye novación; pero pone fin a la

responsabilidad de los fiadores y extingue las prendas e hipotecas constituidas sobre otros bienes que los del deudor;
salvo que los fiadores o los dueños de las cosas empeñadas o hipotecadas accedan expresamente a la ampliación. ||
Artículo 1709. Tampoco la mera reducción del plazo constituye novación; pero no podrá reconvenirse a los codeudores
solidarios o subsidiarios, sino cuando expire el plazo primitivamente estipulado”.

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Otro presupuesto de la novación95, como modo de extinción de las obligaciones, es que
las partes expresen la intención de novar la obligación del contrato, es decir que haya
animus novandi. De acuerdo con el artículo 1693 del CC:

“Para que haya novación es necesario que lo declaren las partes, o que aparezca
indudablemente que su intención ha sido novar, porque la nueva obligación envuelve la
extinción de la antigua.

Si no aparece la intención de novar, se mirarán las dos obligaciones como coexistentes,
y valdrá la obligación primitiva en todo aquello en que la posterior no se opusiere a ella,
subsistiendo en esa parte los privilegios y cauciones de la primera”.

Si bien la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que en los contratos regidos
por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP) la
novación de las obligaciones contractuales únicamente admite la forma escrita 96 , en
virtud de la solemnidad a la que se someten estos negocios jurídicos97, cabe advertir que
la formalidad no riñe con que el juez del contrato estatal halle la intención novatoria tácita,
porque esta consiste en la manifiesta incompatibilidad entre la obligación primitiva y la
nueva, conforme al entendimiento doctrinario98 y jurisprudencial99 de la norma civil. En

95 Según la jurisprudencia citada (Sent. 31-may-1940) son tres elementos: (i) el animus novandi, (ii) la diferenciación

en las obligaciones y (iii) la capacidad de las partes. Por su parte, la doctrina enuncia cinco condiciones: “1a) existencia
de dos obligaciones sucesivas; 2a) validez de la causa de ambas obligaciones; 3a) diferencia entre ambas obligaciones;
4a) capacidad de las partes y, 5a) intención de novar”: OSPINA FERNANDEZ, Guillermo. Régimen General de las
Obligaciones. 8a. ed. (3ra. Reimp.) Temis. Bogotá D.C. 2014, p. 408.
96 “La integración de la Ley 80 de 1993 al régimen del contrato de arrendamiento tiene varias implicaciones para la

solución del caso. En primer lugar, supone que la novación de las obligaciones del Área Metropolitana no podía
perfeccionarse salvo que el acuerdo entre las partes se elevara a escrito. Como lo indica el artículo 1690 del Código
Civil, una de las modalidades de la novación consiste en que se sustituye una obligación por otra nueva, sin que
intervenga un nuevo acreedor o deudor. Esta clase de novación, llamada real u objetiva, es un acto jurídico complejo
porque participa de la naturaleza de una convención extintiva, en cuanto soluciona una obligación preexistente del
deudor; pero también es un contrato, en cuanto da nacimiento a una obligación nueva. Como la novación objetiva
implica la celebración de un contrato y el nacimiento de una nueva obligación que sustituye una anterior, para que
esta se perfeccione se requiere que el acuerdo se eleve a escrito, tal y como lo disponen los artículos 39 y 41 de la
Ley 80 de 1993”: CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección A.
Sentencia del 21 de mayo de 2021. Rad. 05001-23-31-000-2010-01744-01 (49483)
97 LEY 80 DE 1993. Artículo 39, inciso primero; y artículo 41 inciso primero: “Artículo 39. De la forma del contrato

estatal. Los contratos que celebren las entidades estatales constarán por escrito y no requerirán ser elevados a
escritura pública, con excepción de aquellos que impliquen mutación del dominio o imposición de gravámenes y
servidumbres sobre bienes inmuebles y, en general, aquellos que conforme a las normas legales vigentes deban
cumplir con dicha formalidad.” “Artículo 41. Del perfeccionamiento del contrato. Los contratos del Estado se
perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito”.
98 “La doctrina posterior de los civilistas atenuó semejante rigor [que el “animus novandi” siempre debía ser expreso,

conforme al derecho romano] y admitió, como lo hace nuestro ordenamiento, que la intención novatoria puede ser
expresa, o también tácita cuando aparezca indudable que la nueva obligación envuelve la extinción de la antigua (art.
1693). Esta restricción legal para la apreciación del ánimo novatorio tácito delimita el campo de acción de las partes
para disponer a su arbitrio cuándo hay o no novación, pues si entre la obligación primitiva y la nueva se ofrece
manifiesta incompatibilidad, como si aquella tiene por objeto la dación de un caballo y esta la entrega de una suma de
dinero, tal incompatibilidad determina una novación, aunque dichas partes equivocadamente declaren lo contrario.
Además, la mencionada precisión legal, que reduce la intención novatoria tácita a la incompatibilidad entre la obligación
primitiva y la nueva, impide devaneos judiciales al respecto, ya que excluye la autonomía del juzgador para resolver
discrecionalmente si hay o no ánimo novatorio, circunscribiéndola a la comprobación de si existe o no dicha
incompatibilidad entre las obligaciones”: OSPINA. Ob. cit. p. 412.
99 “En los casos en que las partes no declaren en ninguna forma que hacen novación, pero aparece esa intención

indudable en el nuevo contrato, porque la nueva obligación envuelve necesariamente la extinción de la antigua, a tal
punto que las dos obligaciones no pueden coexistir conjuntamente, hay novación. Así lo declara terminantemente el
artículo 1693, en homenaje a la voluntad de las partes que en nuestra legislación civil es la suprema ley de sus
convenciones, mientras esa voluntad no atente contra los derechos ni lesione la moral o el orden público. Más en tal
caso esa intención debe haberse manifestado por signos inequívocos, como haciendo incompatibles las dos
obligaciones, de tal manera que se vea de modo indudable que la segunda obligación fue creada con el ánimo de
cancelar la primera, y no simplemente de modificarla o adicionarla. // No habiendo novación expresa ni tácitamente

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otras palabras, que en el contexto legal del EGCAP se exija que las obligaciones
contractuales del Estado consten por escrito no le impide al intérprete del contrato hallar
la intención de novar cuando la obligación inicial y posterior sean lógica o jurídicamente
contradictorias entre sí.

6.2.4.2. A partir de las anteriores premisas, es evidente que no le asiste razón a la
apelante, ya que las obligaciones de acatamiento de las órdenes del interventor, de
disposición de maquinaria y de equipos, y de confección oportuna de las obras conforme
a la programación pactada no sufrieron variación alguna por las adiciones y otrosíes dado
que, ni expresa ni tácitamente modificaron estructuralmente dichos compromisos.

Nótese que ninguna de las modificaciones al contrato tuvo expresamente el propósito de
modificar la esencia o naturaleza de las obligaciones cuyo incumplimiento fue imputado
al contratista a lo largo del procedimiento de imposición de multa contractual. Con las
modificaciones surtidas al momento de iniciar las audiencias, es decir, con las adiciones
núm. 1 y núm. 2 del contrato se incrementó el precio100 y se prorrogó el plazo101 del
contrato, aspectos que no reemplazaron ni alteraron radicalmente los deberes pactados
y de incumplimiento acusado en la imposición de la sanción, y su repercusión únicamente
tocó elementos meramente accidentales.

Lo mismo ocurre con las modificaciones posteriores a la audiencia de imposición de
multa: no novaron expresa ni tácitamente las obligaciones contractuales que fueron
objeto de la multa. Así, el otrosí núm. 1 prorrogó el plazo, ajustó una cláusula relacionada
con el pago de los ajustes de obra e impuso nuevos términos a los programas de trabajo
e inversión y de utilización de equipo102, como consecuencia de la variación del término
contractual103.

6.2.4.3. No pasa por alto la Sala que, de acuerdo con lo manifestado por el Departamento
en las negociaciones previas a la suscripción del otrosí núm. 1 y lo considerado en este
convenio104, en la prórroga de 165 días que en este se acordó, se tuvieron en cuenta las
condiciones climáticas del momento y el lugar de los trabajos; y el contratista se obligó a
realizar los ajustes operativos y logísticos necesarios para ejecutar las obras en el plazo
consensuado, pese a tales condiciones atmosféricas.

Cuando fue suscrito el anterior convenio modificatorio, el consorcio contratista había sido
reconvenido en más de sesenta (60) oportunidades, por la interventoría y el ente
contratante, por: mano de obra escasa, equipos insuficientes y deficientes, retrasos en
la ejecución del programa de obra, irregularidades en la sustitución del personal en obra,
anomalías en las cuentas de cobro, falencias en la información técnica, atrasos en la
entrega de actas de obra, suspensión injustificada de labores, desorden operacional,

indudable, las dos obligaciones coexisten, modificando la última a la primera en lo que sean incompatibles. Tal es el
sentido del segundo miembro [sic] del artículo 1693.”: Sent. 3-mar- 1938, ya citada.
100 Aptdo. 4.2.2.
101 Aptdo. 4.2.3.
102 Aptados. 4.2.4. a 4.2.4.4.
103 Aptdo. 4.2.4.7.
104 Aptados. 4.2.4 y 4.2.4.1.

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incumplimiento de sus obligaciones laborales como empleador, deserción del personal,
carencia y baja calidad de materiales, y defectos en las obras ejecutadas, entre otros105.

Dos meses y catorce días después de que fuera firmada la anterior prórroga, fue suscrito
el otrosí núm. 2, con el que el ente contratante le entregó al consorcio contratista un
anticipo adicional de $1.200’000.000, que, junto al anticipo recibido anteriormente,
sumaban el 45,90% del precio del contrato núm. 2007-CO-20-052, bajo la condición —
tautológica— de que este fuera “verdaderamente aplicado al campo de los suministros”,
y que los desembolsos de ese dinero estuvieran controlados por el interventor, la
compañía aseguradora y el Consorcio106; estipulación a partir de la cual cabe inferir que
el anticipo no venía siendo empleado de esa manera.

La anterior conclusión se refuerza con los nueve (9) requerimientos que recibió el
Consorcio en el lapso que transcurrió entre la suscripción de los otrosíes núm. 1 y 2, en
los cuales se observa que, tras la suscripción del primer convenio modificatorio, el
avance de las obras se ralentizó por la ausencia de materiales, que no se explicaba por
las circunstancias climáticas de la zona, ni por la inundación de una fuente de materiales,
además de haberse hallado defectos en las obras entregadas107.

Ahora, pese a que en la prórroga del contrato núm. 2007-CO-20-052 que se produjo con
la suscripción del otrosí núm. 1, el contratista había asumido los riesgos derivados del
estado del tiempo y se obligó a hacer los ajustes técnicos y operativos necesarios para
darle cumplimiento oportuno108, y a que, con el otrosí núm. 2, se había modificado el
contrato con el objeto de entregarle al Consorcio un anticipo adicional para que fuera
invertido en los suministros 109 , este último solicitó, catorce (14) días después de la
celebración de este último convenio modificatorio, una nueva prórroga del contrato y la
entrega de recursos adicionales, en razón a las condiciones climáticas y a dificultades,
que —dijo— hacían necesarios ajustes técnicos y operativos110; solicitud a la cual el
departamento respondió negativamente, al considerar que, como era previsible, ello
contrariaba lo estipulado111.

Sin embargo, el mes siguiente, con el otrosí núm. 3, fue acordada una nueva prórroga
del contrato, de dos (2) meses y diez (10) días adicionales, en razón a “la exagerada ola
invernal la que constituyó un hecho físico totalmente imprevisible y ajeno a las partes en
la programación de la obra”112. Como esta convención fue fechada sin referir el día de
septiembre en el que fue suscrita, se desconoce el momento exacto de su celebración.
No obstante, se aprecia que, después de la suscripción del otrosí núm. 2, durante el mes
de agosto de 2008, la interventoría requirió al Consorcio por la suspensión inexplicable
de labores en varios frentes y deficiencias técnicas en las obras realizadas113
105 Aptado. 4.3, numerales 1 a 66.
106 Aptado. 4.2.5.
107 Aptado. 4.3, numerales 67 a 75.
108 Aptados. 4.2.4 y 4.2.4.1.
109 Aptado. 4.2.5.
110 Aptado. 4.5.2.1.
111 Aptado. 4.2.5.2.
112 Aptado. 4.2.6.
113 Aptado. 4.3, numerales 76 y 77.

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Luego, cuando habían trascurrido dos (2) meses y diecisiete (17) días desde que la
reprogramación de los trabajos había sido aprobada114, fue pactada una nueva prórroga
de cuarenta y dos (42) días adicionales, mediante el otrosí núm. 4, en razón al clima y al
cierre de una fuente de suministros115. Entre la fecha de suscripción de este y el anterior
otrosí, la interventoría requirió en diez (10) ocasiones al contratista, por: retrasos
adicionales en la ejecución de varias obras, el incumplimiento de sus obligaciones como
empleador que causaba insatisfacción en los trabajadores, la escasez de personal, la
suspensión de labores y anomalías en las obras ejecutadas, entre otros116.

6.2.5. En consecuencia, como no hay prueba de que las obligaciones cuyo
incumplimiento fue acusado por la Administración en el trámite de aplicación de la multa
se hubieran extinguido por cumplimiento o por novación; y, por el contrario, existen
múltiples medios de convicción que indican un reiterado desacato de las órdenes de
interventoría, la carencia de equipos, materiales y personal, y constantes retrasos en la
ejecución del programa de obras e inversiones, la respuesta al primer y segundo
problemas jurídicos es negativa.

6.3. Solución al tercer problema jurídico117: el análisis de la sentencia de primera
instancia acerca del valor probatorio de los testimonios, y de los documentos que
sirvieron de marco temporal a la multa impuesta

6.3.1. La apelante censuró el fallo de primera instancia por considerar que valoró
incorrectamente los testimonios de los señores Carlos Alberto Muñoz Montoya y Laura
Rosa Mejía Grisales. El primero porque, en su entender, demuestra que los convenios
modificatorios suscritos sí extinguieron las obligaciones cuyo incumplimiento ocasionó la
multa. El segundo, porque considera que debió apreciarse de manera rigurosa al ser una
versión parcializada y favorable a los intereses del Departamento. Estas dos razones de
la impugnación no están llamadas a prosperar por los siguientes motivos:

6.3.1.1. El testimonio del señor Muñoz Montoya 118 no afirma lo que conjetura la
demandante, sino que este declarante sindica al Consorcio de un incumplimiento
constante de las obligaciones contractuales en cabeza suya, respecto de la
disponibilidad de equipos y el cumplimiento del cronograma de actividades, y además
ratifica los motivos que condujeron a las modificaciones contractuales. En ninguna de las
afirmaciones de este testigo refiere a la extinción de las obligaciones por novación y, en
todo caso, la intención de las partes para darle esos efectos debió ser patente, bien sea
expresa o tácitamente, en el texto de los acuerdos modificatorios, lo que —se insiste—
no ocurrió en este asunto.

114 Aptado. 4.2.6.1.
115 Aptado. 4.2.7.
116 Aptado. 4.3, numerales 78 a 89.
117 Aptdo. 3.3.
118 Aptdo. 4.5.4.

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6.3.1.2. De otra parte, el reproche sobre la valoración del testimonio de la señora Mejía
Grisales sugiere que se aprecie como un testimonio sospechoso por la cercanía con su
empleador. No obstante, ha de reiterarse 119 que los motivos para sospechar de la
declaración no sustraen por completo su mérito probatorio, sino que provocan una
apreciación más severa, además de concordante con los demás medios de prueba a la
luz de la sana crítica. En este caso, en particular, la sola vinculación de la testigo con el
Departamento no les resta peso a sus dichos. En cambio, el mérito suasorio de este
testimonio puede verse atenuado por el solo hecho de que sus afirmaciones se limitan a
repetir lo que ya consta en documentos120, por lo que su información es exigua y, de
cualquier manera, secundaria dentro del elenco de pruebas que soportan esta decisión,
sin que ello afecte su sentido.

6.3.2. De otra parte, la sentencia de primera instancia es censurada por el apelante quien
sostiene que el Tribunal valoró documentos ajenos al procedimiento administrativo.

6.3.2.1. Por un lado, como quedó dicho antes 121 , que la Administración solo haya
mencionado unos requerimientos del interventor, no limitaba la labor del juez en
determinar si la motivación estaba ajustada a derecho, es decir, si era el resultado del
incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista y obedecía al
carácter su conminatorio.

6.3.2.2. Al respecto se observa que, si bien la Resolución 017429 de 2008 enuncia, al
momento de calcular la multa 122 , unos ciertos y determinados requerimientos del
interventor123 producidos entre el 25 de julio de 2007 y el 16 de enero de 2008, el motivo
del procedimiento administrativo de multa no estaba ceñido estrictamente al tiempo en
que fueron proferidos esos actos, como sí lo estaba para forzar el cumplimiento de las
tres obligaciones contractuales que, como se ha dicho reiteradamente, fungieron como
causales para la imposición de la multa de acuerdo a la cláusula vigésima del contrato.

De allí que el razonamiento del Tribunal, al analizar incluso los requerimientos
posteriores al adelantamiento de la audiencia, y de las modificaciones al contrato, sea
coherente con la función conminatoria de la multa, tantas veces reiterada por la
jurisprudencia124, y así logre constatar que lejos de allanarse al cumplimiento de las
obligaciones, el Consorcio siguió siendo requerido constantemente por la interventoría,
por estos y otros motivos, como puede advertirse también en la relación hecha de la
correspondencia enviada por el interventor en el presente fallo 125 y que ratifican los
testimonios practicados126.

119 Aptdo. 4.5.6.
120 Aptdo. 4.5.1.
121 Aptdo. 6.2.3.4.
122 Aptdo. 4.4.4.3.
123 Algunos de ellos relacionados en el cuadro de correspondencia del aptdo. 4.3. núm. 23, 40, 43, 46
124 Entre otras, ver: CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencias del

28 de abril de 2005. Rad. 25000-23-26-000-1994-09985-01(14393), del 13 de noviembre de 2008. Rad. 68001-23-31-
000-1996-02081-01(17009), y Subsección C. Sentencia del 1 de junio de 2020. Rad. 08001-23-33-000-2012-00254-
01(48945)
125 Aptdo. 4.3., cuadro de correspondencia núm. 59 a 90.
126 Aptdo. 4.5.2. a 4.5.5.

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Radicado: 05001-23-31-000-2010-00494-02 (58893)
Demandante: Consorcio COBACO S.A.–Ramírez y Cía. S.A.

6.3.3. Entonces, como el fallo de primera instancia no erró en los aspectos censurados
por el apelante, el tercero y último problema jurídico es respondido negativamente.

6.4. En consecuencia, la sentencia de primera instancia será confirmada.

VII. CONDENA EN COSTAS

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se encuentra en el caso concreto
actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la
Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma127-128.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el Magistrado
Nicolás Yepes Corrales.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia apelada proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, del siete (7) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), por las razones
expuestas en esta providencia.

TERCERO: SIN CONDENA EN COSTAS por no ser procedente.

CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez esta providencia esté
en firme.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

VF

127 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 18 de febrero de 1999, exp. 10775.
128 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-043 de 2004.

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