Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2013-01451-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2013-01451-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2013-01451-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
14 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., catorce (14) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 05001-23-33-000-2013-01451-01 (1474-2018)
Demandantes: Fabiola Grisales de Cardona - María Diana Mergidia Quinchía
Echeverri
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Tema: Sustitución de pensión gracia. Deber de argumentación con reparos
concretos en recursos de apelación. Aplicación de sentencia de
unificación jurisprudencial del 11 de agosto de 2022. Facultades del
Ministerio Público. Criterios para condenar en costas.
Decisión: Se confirma parcialmente la sentencia de primera instancia, dado
que no se desvirtuaron los requisitos para que las demandantes
sean consideradas beneficiarias de la sustitución de la pensión
gracia que percibía el causante. Se revoca la condena en costas.
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la UGPP y la señora María
Diana Mergidia Quinchía Echeverri contra la sentencia de primera instancia del 28 de
septiembre de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La accionante instauró demanda en ejercicio del medio de control de la referencia,
con el objetivo de que se declare la nulidad de las Resoluciones 59882 del 9 de diciembre
de 2008, UGM 5939 del 30 de agosto de 2011 y UGM 37855 del 12 de marzo de 2011,
emitidas por la hoy liquidada CAJANAL EICE, mediante las cuales se negó la sustitución
de la pensión gracia tras la muerte de su cónyuge Gonzalo Cardona Londoño.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicita que se ordene a la entidad
demandada la emisión de un acto administrativo que reconozca y pague a su favor la
mencionada sustitución pensional desde el fallecimiento del causante, ocurrido el 15 de
enero de 2007, equivalente al 100% de la mesada devengada. En caso de que esto no
sea posible, pretende que se reconozca la proporción que establezca la ley aplicable al
1 En adelante, UGPP.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 05001-23-33-000-2013-01451-01 (1474-2018)
Demandante: Fabiola Grisales de Cardona - María Diana Mergidia
Quinchía Echeverri
caso. Adicionalmente, requiere que las sumas sean reajustadas de acuerdo con el Índice
de Precios al Consumidor. Por último, invoca la condena en costas y agencias en derecho
de la parte accionada.
3. Como fundamento de sus pretensiones, expone que contrajo matrimonio católico
con el señor Cardona Londoño el 8 de diciembre de 1953 en el municipio de Águila, Valle
del Cauca; con quien procreó cinco hijos que actualmente son mayores de edad. La
convivencia se extendió desde la fecha mencionada hasta el 20 de septiembre de 1970,
momento en el cual el cónyuge decidió separarse de hecho por razones ajenas a la
voluntad de la actora. Sin embargo, el vínculo matrimonial y la sociedad conyugal
permanecieron vigentes, recibiendo su apoyo económico hasta el día de su fallecimiento.
Se señala que, durante la convivencia con la demandante, el causante contrajo
matrimonio en la República del Ecuador con la señora Orfilia Cardona Téllez el 24 de julio
de 1968.
4. Además, menciona que CAJANAL EICE reconoció al causante la pensión gracia
mediante la Resolución 010286 del 31 de diciembre de 1990, la cual fue modificada por
la Resolución 11708 del 23 de septiembre de 1996 aclarando que la pensión sería
reconocida a partir del 6 de septiembre de 1984, con efectos fiscales desde el 5 de julio
de 1991 debido a la prescripción trienal.
5. Expresa que el 15 de enero de 2007 falleció el señor Cardona Londoño, dejando
la sustitución de la pensión gracia a su favor dado que la separación fue resultado de la
culpa exclusiva de aquel.
6. En virtud de lo anterior, solicitó a CAJANAL EICE el reconocimiento de la
sustitución pensional; no obstante, la entidad negó este derecho a través de los actos
administrativos impugnados argumentando que la justicia ordinaria debía determinar si el
derecho correspondía a la actora (cónyuge) o a la señora María Diana Mergidia Quinchía
Echeverri, quien también había solicitado el derecho alegando su condición de
compañera permanente.
7. La parte demandante considera que le asiste el derecho a la sustitución pensional
fundamentándose en su condición de cónyuge del fallecido, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.
Vinculación de tercero con interés directo
8. Mediante auto del 25 de septiembre de 2013 se admitió la demanda y, con
fundamento en el numeral 3 del artículo 171 de la Ley 1437 de 2011, se ordenó notificar
personalmente a la señora María Diana Mergidia Quinchía Echeverri por tener interés
directo en el resultado del proceso.
Contestación de la demanda
9. La entidad demandada se opuso a la declaratoria de nulidad de los actos
administrativos objeto de juicio. En su argumentación, subrayó que el causante falleció el
15 de enero de 2007, lo que implica que las normas pertinentes al caso son la Ley 71 de
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Radicación: 05001-23-33-000-2013-01451-01 (1474-2018)
Demandante: Fabiola Grisales de Cardona - María Diana Mergidia
Quinchía Echeverri
1988 y el Decreto 1160 de 1989. Dichas normativas establecen que corresponde a la
parte demandante demostrar ante el juez que mantuvo una convivencia ininterrumpida
con el causante durante los cinco años previos a su fallecimiento.
10. Propuso las excepciones de fondo que tituló como «inexistencia de la obligación»
y «prescripción».
Acumulación del proceso 05001-23-33-000-2013-01838-00
11. Mediante providencia del 14 de marzo de 2016, se dispuso la acumulación del
presente proceso con el radicado 05001-23-33-000-2013-01838-00, conocido también
por el Tribunal Administrativo de Antioquia. La demandante en ese caso es la señora
María Diana Mergidia Quinchía Echeverri, quien también interpuso una demanda contra
la UGPP deprecando el reconocimiento de la sustitución pensional.
12. En la demanda del proceso acumulado se solicita la declaratoria de nulidad de la
Resolución 59882 del «2007», emitida por CAJANAL EICE. A título de restablecimiento
del derecho, se pide el reconocimiento de la sustitución de la pensión gracia dada su
calidad de compañera permanente del fallecido. Además, se reclama el pago de las
mesadas causadas desde el 15 de enero de 2007, fecha del deceso del pensionado,
debidamente actualizadas a valor presente. Por último, se requiere la condena en costas
a la parte demandada.
13. La demandante en dicho proceso expone que fue compañera permanente del
difunto desde el año 2000 hasta su fallecimiento el 15 de enero de 2007. Asimismo,
menciona que el señor Cardona Londoño declaró ante notario público y ante la
Gobernación de Antioquia que ella era su compañera permanente, entidad que le
reconoció otra sustitución pensional.
14. Por último, relató que CAJANAL rechazó su solicitud de sustitución pensional
mediante la Resolución 59882 de 2007 arguyendo que existía otra persona reclamando
el derecho, lo que dejó en suspenso el reconocimiento hasta que la justicia se pronuncie
al respecto.
15. La UGPP contestó la demanda en los mismos términos a los que se hizo referencia
en los párrafos 9 y 10 de esta sentencia.
16. La señora Fabiola Grisales de Cardona, quien fue vinculada a este proceso
mediante auto admisorio del 11 de diciembre de 2013, contestó la demanda oponiéndose
a las pretensiones. Argumentó que, en su calidad de cónyuge, posee el derecho a la
sustitución pensional y no reconoce a ninguna otra persona que tenga un mejor derecho
que ella. Asimismo, presentó como excepciones de mérito las siguientes: «falta de causa
para demandar», «prescripción», «buena fe», «mala fe de la actora» y «compensación».
Sentencia apelada
17. El Tribunal Administrativo de Antioquia emitió sentencia el 28 de septiembre de
2017, a través de la cual declaró la nulidad de la Resolución 59882 del 9 de diciembre de
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Radicación: 05001-23-33-000-2013-01451-01 (1474-2018)
Demandante: Fabiola Grisales de Cardona - María Diana Mergidia
Quinchía Echeverri
2007 expedida por CAJANAL. Como consecuencia, condenó a la entidad demandada a
sustituir y pagar la pensión gracia que devengaba el causante a la señora Fabiola
Grisales de Cardona en un 70,83% y a la señora María Diana Mergidia Quinchía
Echeverri en un 29,16%, a partir del 16 de enero de 2007, con las mesadas debidamente
indexadas.
18. Como fundamento de la decisión, estableció que la norma aplicable para este
conflicto es el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. Esta norma establece que si un
pensionado fallece dejando una compañera permanente, pero mantiene una sociedad
conyugal vigente o no disuelta, la pensión se dividirá entre estas personas en proporción
al tiempo de convivencia con el finado.
19. En ese orden, conforme a las pruebas documentales, declaraciones de parte y
testimoniales, determinó que el señor Gonzalo Cardona convivió desde el 2000 hasta el
2007 con su compañera Diana Quinchía, lo que acredita una convivencia durante los
últimos 5 años previos a su deceso; por lo tanto, según el fallo, tiene derecho a la
sustitución pensional.
20. En cuanto a la señora Fabiola Grisales, el a quo concluyó que no convivió con el
causante bajo el mismo techo hasta antes de su fallecimiento. Empero, la convivencia se
produjo desde su vinculación matrimonial en 1953 hasta 1970, es decir, en promedio 17
años. Esto permitió acceder a la sustitución pensional, dado que se demostró una
convivencia superior a los 5 años con sociedad conyugal no disuelta, los cuales no
necesariamente deben ser inmediatamente anteriores al fallecimiento dada la calidad de
cónyuge.
21. En virtud de lo anterior, la pensión se distribuyó proporcionalmente al tiempo
convivido, a saber, para la señora Fabiola Grisales el 70,83% y para la señora Diana
Quinchía el 29,16%.
22. Se declaró no probada la prescripción trienal, dado que el derecho a reclamar
nació en 2007 y ese mismo año se presentaron las solicitudes de reconocimiento
pensional. Además, se condenó en costas a la UGPP.
Recursos de apelación
23. La UGPP interpuso recurso de apelación con el objetivo de que se revoque la
sentencia mencionada, cimentado en que los actos acusados no presentan vicio alguno.
Aseguró que las demandantes no aportaron en la instancia administrativa los documentos
necesarios que acreditaran su derecho y sostuvieron una convivencia simultánea con el
causante sin justificaciones válidas.
24. Mencionó la muerte en el 2013 de un individuo llamado Félix Reina (quien no es
el causante en este caso), lo que implica que la norma aplicable es la Ley 797 de 2003.
Asimismo, afirmó de manera genérica que existen inconsistencias respecto a la duración
de la convivencia efectiva del causante con cada una de las demandantes.
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Radicación: 05001-23-33-000-2013-01451-01 (1474-2018)
Demandante: Fabiola Grisales de Cardona - María Diana Mergidia
Quinchía Echeverri
25. La señora María Diana Mergidia Quinchía Echeverri presentó recurso de
apelación contra la sentencia cuestionando el razonamiento del Tribunal respecto a la
distribución proporcional de la pensión entre la compañera permanente y la cónyuge. En
este contexto, citó la sentencia del 12 de junio de 2014, emitida por la Subsección B de
esta Sección del Consejo de Estado2, afirmando que en esta se aplica un concepto
material en torno a las relaciones familiares en estos casos.
26. Según la apelante, dicha sentencia establece que lo verdaderamente relevante es
el compromiso de apoyo afectivo mutuo entre la pareja en el momento del fallecimiento,
así como la convivencia efectiva. Por lo tanto, sostiene que, dado que fue ella quien
mantuvo una relación familiar con el causante antes de su deceso, debe ser reconocida
como la beneficiaria de la sustitución pensional.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
27. Mediante auto del 3 de mayo de 2018, se admitieron los recursos de apelación.
Luego, a través de auto del 25 de agosto de 2018, se corrió traslado a las partes para
que presentaran sus alegatos de conclusión en segunda instancia y al Ministerio Público
para que rindiera concepto.
28. La UGPP presentó sus alegatos de conclusión en los que reiteró los argumentos
expuestos en el recurso de apelación.
29. El Ministerio Público conceptuó que se debe confirmar el fallo apelado habida
cuenta que las demandantes acreditaron los requisitos para que se les sustituya la
pensión gracia que percibía el causante, es decir, probaron su calidad de cónyuge
supérstite y compañera permanente, respectivamente.
30. Frente al reparo de la apelante Diana Quinchía aseguró que existe providencia
posterior del 23 de septiembre de 2015, en la que esta Corporación consideró procedente
para un caso similar la aplicación del literal b) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, esto
es, la distribución proporcional de la sustitución pensional en función del tiempo de
convivencia con el causante. Destacó que el caso analizado en esa ocasión no presenta
similitudes fácticas con el presente, ya que se trataba de una sustitución pensional por
invalidez relacionada con un miembro de la fuerza pública, lo que está sujeto a una
normativa diferente a la que se está considerando en este análisis. Finalmente, estimó
que se debe revocar la condena en costas a la accionada.
31. Por su parte, las demandantes guardaron silencio en esta etapa.
32. Finalmente, mediante auto del 14 de septiembre de 2023 3, se aceptó el
impedimento manifestado por el consejero de Estado Dr. Jorge Iván Duque Gutiérrez,
debido a que, en su calidad de magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia,
suscribió la sentencia que es objeto de apelación. Esta situación se encuentra
contemplada dentro de la causal 2.ª del artículo 141 del CGP.
2 Rad. 54001-23-31-000-2003-01297-01 (2336-13), C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
3 SAMAI, índice 34.
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Quinchía Echeverri
III. CONSIDERACIONES
Competencia
33. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente
para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.
Problemas jurídicos
34. De acuerdo con los cargos específicos presentados por la UGPP, la Sala evaluará
si procede revocar la sentencia dado que se alega que las demandantes no aportaron
durante la fase administrativa los documentos necesarios que respaldaran su derecho.
Asimismo, se examinará la certeza de la afirmación de que mantuvieron una convivencia
simultánea con el causante.
35. Igualmente, se determinará si es suficiente la declaración genérica que sugiere la
existencia de inconsistencias respecto a la duración de la convivencia efectiva del
causante con una de las demandantes.
36. También se analizará si es procedente el criterio aplicado por el a quo de distribuir
proporcionalmente la sustitución pensional en función del tiempo de convivencia que las
demandantes lograron probar con el causante.
37. Finalmente, es necesario establecer si el agente del Ministerio Público que actúa
ante esta Corporación tiene la facultad para impugnar la condena en costas establecida
en la sentencia a través de su concepto. De ser así, se procederá a evaluar la validez de
su argumento.
Análisis de los problemas jurídicos
38. La Sala anticipa que el sentido de la decisión es confirmar parcialmente la
sentencia de primera instancia toda vez que los argumentos presentados en los recursos
de apelación carecen de la solidez necesaria para desvirtuar el derecho a la sustitución
pensional en favor de las demandantes. Este derecho, conforme a lo establecido por la
ley y la jurisprudencia de esta Corporación, debe ser distribuido de manera proporcional
al tiempo de convivencia con el causante. Se revocará la condena en costas en primera
instancia por no aplicarse el criterio objetivo-valorativo.
39. Los problemas jurídicos anunciados se desarrollaron en los subcapítulos
siguientes.
¿Debe revocarse la sentencia porque las demandantes no aportaron todos los
documentos en sede administrativa?
40. En relación con este problema jurídico, es menester señalar que la parte
demandada no especificó cuáles pruebas documentales dejaron de presentarse en la
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Radicación: 05001-23-33-000-2013-01451-01 (1474-2018)
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fase administrativa, ni cómo su ausencia afectaría negativamente la valoración realizada
por el juez de primera instancia respecto a las que sí fueron decretadas y practicadas en
la fase judicial. Esta orfandad argumentativa impide al juez de segunda instancia
comprender claramente los motivos de inconformidad de la apelante.
41. Sin perjuicio de lo anterior, no existe impedimento normativo para que los
demandantes presenten nuevas pruebas o mejoren las que ya fueron aportadas en la
sede administrativa. Esto se debe a que el proceso contencioso-administrativo concede
a las partes el derecho de demostrar los hechos que sustentan sus afirmaciones a través
de la libertad probatoria que les otorgan los artículos 165 y 167 del CGP.
42. Igualmente, no se evidencia en el expediente que las pruebas que se alegan como
faltantes en la etapa administrativa hayan sido presentadas extemporáneamente en la
fase judicial, ni que el juez de primera instancia haya realizado una valoración indebida
de las mismas o la ausencia de documentos esenciales para emitir el fallo que resultó
favorable a las demandantes.
43. Todas estas razones son suficientes para desestimar este reparo de la recurrente.
¿Está probado en el expediente que las demandantes sostuvieron convivencia
simultanea con el causante?
44. En relación con la supuesta convivencia simultánea, es diáfano que las pruebas
obrantes en el expediente demuestran de manera suficiente que tal situación no ocurrió.
45. Se comprobó mediante el registro civil de matrimonio que la señora Fabiola
Grisales contrajo nupcias bajo el rito católico con el fallecido Gonzalo Cardona el 8 de
diciembre de 19534. Las testigos Lucila y María Cecilia Tenorio Cardona confirmaron que
en esa fecha los esposos iniciaron su convivencia, la cual se interrumpió por la separación
de cuerpos acaecida en 1970. Este hecho, inclusive, es confesado por la demandante en
los hechos de la demanda. Por lo tanto, es indiscutible que entre 1953 y 1970 (17 años)
se mantuvo la convivencia entre ellos.
46. En lo que respecta a la señora Diana Quinchía, las mismas testigos, junto con
documentos como la declaración extraprocesal presentada por el señor Gonzalo Cardona
en 2003 ante la Notaría Única de Marinilla5 y la Resolución 011881 del 22 de mayo de
20076, que le reconoció una pensión de sobreviviente, evidencian que su convivencia con
el causante se llevó a cabo de manera ininterrumpida desde el año 2000 hasta su
fallecimiento en 2007, es decir, durante 7 años.
47. Por lo tanto, este reparo tampoco prospera debido a que no es cierta la afirmación
de una convivencia simultánea entre las dos demandantes con el hoy occiso, dado que
para el año 2000, cuando comenzó su convivencia la señora Diana Quinchía, ya habían
transcurrido cerca de 30 años desde la separación de cuerpos con su cónyuge.
4 Folio 23.
5 Folio 17, cuaderno 2.
6 Folio 10, cuaderno 2.
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¿Es suficiente la declaración genérica que sugiere la existencia de inconsistencias
respecto a la duración de la convivencia efectiva del causante con cada una de las
demandantes para revocar el fallo?
48. Examinado el recurso, es claro que la entidad apelante no formuló objeciones
concretas o específicas en relación con el análisis efectuado por el Tribunal acerca de la
duración de la convivencia efectiva entre el causante y las demandantes. Se limitó a
plantear de manera abstracta la existencia de «inconsistencias» en este aspecto.
49. Sobre el particular, conviene indicar que esta Corporación7 ha sostenido que —en
virtud de los artículos 3208, 3229 y 32810 del CGP, aplicables a esta jurisdicción por
remisión del artículo 306 del CPACA— es deber del recurrente sustentar de manera
adecuada y concreta la apelación.
50. Para ello, el interesado debe señalar de forma específica las discrepancias que
tiene respecto a los razonamientos, consideraciones o conclusiones contenidas en la
providencia cuestionada, habida cuenta que dichas inconformidades delimitan el ámbito
de competencia del juez de segunda instancia para decidir si confirma, modifica o revoca
la decisión impugnada.
51. Esta es una verdadera carga procesal del apelante, quien debe cuestionar la
decisión judicial exponiendo razones de inconformidad puntuales o precisas que habiliten
la competencia del juez de segunda instancia. Por tanto, al a quem le está vedado asumir
las cargas argumentativas que corresponden a las partes procesales toda vez que
hacerlo comprometería su imparcialidad en el proceso.
52. En consecuencia, esta Subsección no puede entrar en suposiciones para decidir
sobre asuntos que no han sido debidamente impugnados o cuya sustentación haya sido
deficiente, por lo que se desestimará la alusión genérica de la demandada sobre
presuntas inconsistencias en la extensión temporal de la convivencia de las demandantes
con el causante11.
¿Es procedente el criterio aplicado por el a quo de distribuir proporcionalmente la
sustitución pensional en función del tiempo de convivencia que las demandantes
lograron probar con el causante?
7 Al respecto, ver, entre otras, las siguientes providencias: i) auto del 4 de marzo de 2010, proferido por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, dentro del expediente 25000 23 27 000 1999 00875 01(15328); ii) sentencia del 10 de
octubre de 2019, emitida por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, en el proceso 13001 23 33
000 2015 00035 01 (4719-2016); iii) sentencia del 10 de octubre de 2024, dictada por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, expediente 63001 23 33 000 2020 00032 01 (2251-2022); sentencia del 21 de marzo
de 2025, emanada de la Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado, en el proceso 25000 23 26 2011
00549 01 (61936).
8 «El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con
los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión». (Se resalta)
9 Inciso 2 del numeral 3: «Cuando se apele una sentencia, el apelante […] deberá precisar, de manera breve, los
reparos concretos que le hace a la decisión, sobre los cuales versará la sustentación que hará ante superior». (Se
resalta)
10 «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante».
(Se resalta)
11 Esta posición fue adoptada por esta Subsección en un caso análogo, a través de la sentencia calendada el 29 de
mayo de 2025, radicado 52001 23 33 000 2019 00550 01 (2217-2022), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
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Radicación: 05001-23-33-000-2013-01451-01 (1474-2018)
Demandante: Fabiola Grisales de Cardona - María Diana Mergidia
Quinchía Echeverri
53. La señora Diana Quinchía recurre la decisión de primera instancia manifestando
su desacuerdo con la distribución proporcional de la pensión basada en el tiempo de
convivencia que tuvo cada una de las demandantes con el difunto Gonzalo Cardona.
Para ello, cita la sentencia 12 de junio de 2014 emitida por la Subsección B de esta
Sección del Consejo de Estado12, en la que, en su sentir, se adopta una posición distinta
a la desarrollada por el a quo sobre el mismo asunto.
54. La sentencia invocada refleja que el causante en ese proceso falleció en 1994, es
decir, antes de la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003. En este sentido, la normativa
que se aplicó en ese proceso fue el Decreto Ley 1214 de 1990, el cual se encuentra
dentro del régimen exceptuado correspondiente al personal civil del Ministerio de Defensa
y la Policía Nacional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 279 de la Ley 100 de
1993. Es menester señalar que dicha norma especial no contemplaba el derecho a la
compañera permanente para ser beneficiaria de la sustitución pensional, pero era
reconocido jurisprudencialmente.
55. Sin embargo, no puede perderse de vista que a este caso se aplican las
disposiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó los
artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, y no las del régimen especial para el personal
civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional como pasa a explicarse.
56. En efecto, mediante sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-029-CE-S2 del
11 de agosto de 202213, la Sala Plena de esta Sección unificó el criterio respecto a que
la norma aplicable sobre el requisito de convivencia para el cónyuge supérstite o el
compañero permanente en materia de sustitución de pensión gracia es la vigente a la
fecha del deceso del causante. Esto se encuentra en armonía con lo dispuesto en el Acto
Legislativo 01 de 2005, que remite a las leyes del Sistema General de Pensiones, sin
menoscabo de los derechos adquiridos bajo normativas anteriores.
57. Igualmente, se estableció que, en caso de que se encuentre vigente el artículo 47
de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, se exige al
cónyuge o al compañero acreditar un mínimo de 5 años de convivencia con el docente o
pensionado.
58. La Sala Plena subrayó que estas reglas jurisprudenciales constituyen un
precedente obligatorio conforme al artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, aplicable a todos
los casos en discusión, tanto en la vía administrativa como judicial, dado que los efectos
de dicha sentencia de unificación son de carácter retrospectivo.
59. Así, se evidencia que las mencionadas reglas jurisprudenciales son pertinentes
para este caso, considerando que, al momento de emitirse la citada sentencia de
unificación, este asunto aún se encontraba en discusión en sede judicial.
60. En relación con lo anterior y teniendo en cuenta que el demandante falleció en
2007, se confirma que la norma aplicable es el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. Esta
12 Rad. 54001-23-31-000-2003-01297-01 (2336-13), C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena, sentencia del 11 de agosto de 2022, rad. 23001-23-33-000-2014-
00444-01.
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Radicación: 05001-23-33-000-2013-01451-01 (1474-2018)
Demandante: Fabiola Grisales de Cardona - María Diana Mergidia
Quinchía Echeverri
normativa establece que, en caso de que un pensionado o pensionada tuviera un
compañero o compañera permanente, con una unión conyugal no disuelta, este último
tendría derecho a recibir una parte de la pensión, la cual se dividiría entre ambos en
proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.
61. De igual manera, tanto la señora Fabiola Grisales como la señora Diana Quinchía
demostraron haber convivido con el causante por un período superior a cinco años; la
primera durante 17 años y la segunda durante 7 años.
62. En conclusión, el problema jurídico abordado en este apartado se resolverá
afirmando que el criterio utilizado por el Tribunal para distribuir proporcionalmente la
sustitución pensional entre las demandantes es conforme a la ley y al precedente judicial
del Consejo de Estado. Esto se debe a que el causante no disolvió la sociedad conyugal
con la señora Fabiola Grisales.
¿Cuenta el agente del Ministerio Público que actúa ante esta Corporación con la
facultad de impugnar la condena en costas establecida en la sentencia mediante
su concepto?
63. El artículo 303 del CPACA establece que el Ministerio Público tiene la facultad de
actuar como demandante o como sujeto procesal especial. Su intervención es válida en
todos los procesos e incidentes que se desarrollen en esta jurisdicción, con el propósito
de defender el orden jurídico, el patrimonio público y los derechos y garantías
fundamentales.
64. Como se puede observar, el Ministerio Público ejerce una función constitucional
que es autónoma e independiente, cuyo objetivo primordial es el control de la actuación
pública. Por lo tanto, su participación en los procesos judiciales, especialmente en
aquellos de naturaleza contencioso-administrativa, busca garantizar la legalidad en un
sentido material, proteger el patrimonio público en respeto al principio de primacía del
interés general y asegurar la concreción de los derechos fundamentales de las personas
que participan en los procesos como partes o sujetos procesales.
65. Así, lejos de ser considerada su intervención como una simple coadyuvancia
respecto a las partes, esta trasciende la mera presentación o emisión de conceptos
dentro del proceso. Por ende, implica una dinámica activa en la que el Procurador
General de la Nación o sus delegados mantienen una permanente dialéctica con el juez,
las partes y los intervinientes, siendo responsables de velar por el respeto a los cánones
constitucionales y legales, así como por la protección del erario y de los derechos
inherentes y esenciales a la persona14.
66. En ese orden de ideas, la intervención del Ministerio Público en el proceso
contencioso-administrativo es fundamental y significativa. No obstante, el Juez de lo
Contencioso Administrativo debe verificar, por un lado, la existencia de un interés15 en la
14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 17 de septiembre de 2014, rad. 08001-23-31-000-
2008-00557-01(44541)A, C.P. Enrique Gil Botero.
15
Que debe estar orientado materialmente a la defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los
derechos y garantías fundamentales, independientemente de la forma que lo rodee.
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Radicación: 05001-23-33-000-2013-01451-01 (1474-2018)
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actuación realizada por el agente o procurador correspondiente, y por el otro, que el
instrumento procesal ejercido sea procedente conforme a la ley adjetiva
67. En el presente caso, el agente del Ministerio Público que actúa ante el tribunal de
primera instancia optó por no interponer recurso de apelación contra la sentencia. Sin
embargo, en el concepto presentado por el procurador delegado ante el Consejo de
Estado, se solicita la revocatoria de la condena en costas impuesta por el a quo a la
entidad demandada, justificando su interés en la necesidad de proteger el patrimonio
público.
68. Así las cosas, la Sala considera que, a pesar de que el procurador judicial delegado
ante esta Corporación posee el interés para actuar en virtud de la defensa del patrimonio
público, no está facultado para impugnar la condena en costas a la entidad estatal
demandada. Esto se debe a que su homólogo ante el Tribunal Administrativo de Antioquia
debió presentar oportunamente el recurso de apelación contra la decisión de condenar
en costas. Es decir, aunque el Ministerio Público cuenta con facultades de intervención
en el proceso contencioso-administrativo como sujeto especial, ello no lo exime de
cumplir con las normas procesales que regulan el presente trámite, específicamente la
procedencia del recurso de apelación contra la sentencia, de acuerdo con los artículos
247 del CPACA y 328 del CGP.
69. De otra parte, dado que en el recurso de apelación la parte demandada ha pedido
la revocatoria de la sentencia de primera instancia, la Sala considera que esta solicitud
también abarca la condena en costas, por lo que se procederá a verificar su procedencia.
70. Es menester señalar que en el momento en que se dictó la sentencia apelada (28
de septiembre de 2017), se aplicaba el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 en su versión
original, el cual remitía a los artículos 365 y 366 del CGP. En ese entonces estaba vigente
el criterio objetivo-valorativo adoptado por esta Subsección desde la providencia del 7 de
abril de 201616, que establece que se debe verificar: i) que la parte haya resultado vencida
y ii) que se hayan causado las costas, siendo comprobable dicha causación sin
considerar la conducta de las partes, como la mala fe o la temeridad.
71. Por lo tanto, en aplicación del criterio objetivo-valorativo vigente para la época en
que fue emitido el fallo apelado, esta Sala procederá a revocar la condena en costas, ya
que en el expediente no se evidencia su causación durante el trámite de la primera
instancia.
Condena en costas en segunda instancia
72. No obstante, en la actualidad, es necesario que dicha postura se ajuste a lo
estipulado en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, que añadió un inciso al artículo 188
del CPACA. En este inciso se establece que la condena en costas procede cuando se
determine que la demanda fue presentada con una manifiesta carencia de fundamento
legal.
73. Esto implica que es obligatorio examinar si los argumentos expuestos en la
actuación procesal correspondiente carecen de un sustento legal plausible. Tal situación
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Radicación: 05001-23-33-000-2013-01451-01 (1474-2018)
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Quinchía Echeverri
se presenta, por ejemplo, cuando las normas en las que se basa la tesis del caso no son
aplicables o cuando se ignoran reglas jurídicas consolidadas, derivadas de los
precedentes establecidos por esta Corporación.
74. En el transcurso de esta instancia, la señora Diana Quinchía cuestionó las
conclusiones del Tribunal a través de argumentos razonables y serios, al punto que
llevaron a un análisis argumentativo y probatorio visible en la parte considerativa de esta
sentencia. Por lo tanto, esta Sala se abstendrá de imponerle el pago de las costas en
segunda instancia, porque no se observa la carencia palmaria de fundamento legal en
sus argumentos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR el numeral séptimo de la parte resolutiva de la sentencia del 28
de septiembre de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en lo que
tiene que ver con la condena en costas en primera instancia a la UGPP.
SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia del 28 de septiembre de 2017
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del proceso de la referencia.
TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
(Con impedimento)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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