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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00550-01

Fecha
29 de mayo de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00550-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR el numeral quinto de la parte resolutiva de la sentencia del 4 de agosto de 2021 emitida por el Tribunal Administrativo de Nariño, en el que se condenó en costas y agencias en derecho a la UGPP. SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia del 4 de agosto de 2021 mediante la cual el Tribunal Administrativo de Nariño accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda promovida por Hernando Grisales Henao contra la UGPP. TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia. CUARTO: Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado —SAMAI— y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2019-00550-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

29 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicado: 52001 23 33 000 2019 00550 01 (2217-2022)
Demandante: Antidio Juan María Goyes Salazar
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP1
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Indebida sustentación del
recurso de apelación. Condena en costas.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 4 de agosto de 2021, mediante la cual el Tribunal Administrativo
de Nariño accedió a las pretensiones de la demanda, anunciando desde ya que dicha
decisión será revocada únicamente en lo que tiene que ver con la condena en costas.

I. ANTECEDENTES

Demanda2

2. En ejercicio del medio de control de la referencia el actor solicitó la declaratoria
de nulidad de las resoluciones 016937 del 5 de junio y 023257 del 1 de agosto del 2019,
a través de las cuales la UGPP le negó el reconocimiento de la pensión gracia.

3. A título de restablecimiento del derecho pidió: a) condenar a la entidad
demandada a reconocerle la pensión gracia de jubilación a partir del 11 de julio de 2012,
en cuantía del 75 % del promedio mensual de la asignación básica y demás factores
salariales que devengó en el año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus
pensional; b) aplicar los aumentos pensionales automáticos anuales; c) indexar los
valores obtenidos de la deuda retroactiva de acuerdo con la variación del IPC,
incluyendo la condena en costas; d) cumplir el fallo que ponga fin al proceso en los
términos de los artículos 189, 192 294 y 195 del CPACA; e) pagar las costas procesales.

4. Como sustento fáctico de sus pretensiones expuso que nació el 10 de julio de
1949 y prestó sus servicios como docente nacionalizado en el departamento de Nariño
de manera honrada y con buena conducta, durante 21 años, 4 meses y 20 días,
discriminados así: a) en virtud del decreto 1424 del 31 de octubre de 1973 en la Escuela
Rural Mixta Andalucía del municipio de Samaniego, hasta el 23 de septiembre de 1974;
b) en atención al decreto departamental 067 del 13 de julio de 1993 en la Escuela Rural
Mixta los Arrayanes del municipio de Túquerres, hasta el 31 de enero de 2014 (fecha

1
En adelante UGPP.
2
Índice 16 del SAMAI del Tribunal Administrativo de Nariño. Archivo «3_002DEMANDAFS1A(.PDF)».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
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Radicado: 52001 23 33 000 2019 00550 01 (2217-2022)
Demandante: Hernando Grisales Henao

en la que se retiró del servicio).

5. De igual modo, explicó que existe un error en un certificado laboral ya que
clasifica el tiempo de vinculación docente con una “X” como nacional en lugar de
nacionalizado, desconociendo que todas las escuelas de primaria, urbanas y rurales
del país —excepto las anexas normales— son nacionalizadas por efectos de la ley 43
de 1975.

Contestación de la demanda3

6. La UGPP se opuso a las pretensiones al considerar que los actos acusados se
ajustaron al ordenamiento superior, sumado a que el actor no reúne el requisito de
haber tenido una vinculación del orden territorial o nacionalizada antes y después del
31 de diciembre de 1980 habida cuenta que los actos de nombramiento aportados son
provenientes del Ministerio de Educación considerando que los suscribieron el
gobernador y el delegado de dicha cartera.

7. Además, precisó que el servicio que prestó el demandante en el municipio de
Túquerres a partir del 13 de julio de 1993 no puede tomarse como territorial, puesto que
así lo certificó la Secretaría de Educación Departamental de Nariño, aunado a que el
artículo 15 de la ley 91 de 1989 es claro en establecer que el carácter del régimen de
los docentes vinculados con posterioridad al 1 de enero de 1990 es del orden nacional.

8. Entre tanto, expuso que los dineros con los que se le pagaron los salarios y
prestaciones sociales al docente provenían del situado fiscal y del sistema general de
participaciones, los cuales no eran recursos propios de los entes territoriales, sino que
debían administrarlos a través de los Fondos Educativos Regionales (FER).

9. Para finalizar, estimó que no está probada la buena conducta del actor porque
no se aportó al proceso una certificación emitida en ese sentido por la entidad territorial.

10. Debido a lo anterior, propuso las excepciones de fondo que tituló como
«inexistencia de vulneración de principios constitucionales y legales», «cobro de lo no
debido» y «prescripción».

II. SENTENCIA APELADA4

11. El Tribunal Administrativo de Nariño expidió sentencia del 23 de junio de 2021
mediante la cual declaró la nulidad de los actos administrativos acusados y ordenó a la
UGPP reconocer y pagar al demandante una pensión gracia de jubilación desde el 11
de julio de 2012, equivalente al 75 % del promedio de lo devengado durante el año
anterior al cumplimiento de los requisitos. No obstante, declaró prescritas las mesadas
causadas con anterioridad al 21 de febrero de 2016.

3
Ibidem. Archivo «10_009CONTESTACIONDEMANDA(.PDF)».
4
Ibidem. Archivo «34_032SENTENCIAFAVOR(.PDF)».

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Demandante: Hernando Grisales Henao

12. Para fundamentar su decisión, el a quo sostuvo que el vínculo laboral del actor
entre el 31 de octubre de 1973 y el 22 de octubre de 1974 en la Escuela Rural Mixta
Andalucía del municipio de Samaniego (Nariño) tenía carácter departamental por
haberse originado antes de la entrada en vigor de la ley 43 de 1975. A su vez, consideró
como nacionalizado el periodo de servicios comprendido entre el 13 de julio de 1993 y
el 31 de enero de 2014 en la Escuela Rural Mixta Los Arrayanes del municipio de
Túquerres, complementando así el requisito de 20 años de servicios como docente
territorial o nacionalizado exigido para el reconocimiento de la prestación solicitada.

13. Igualmente, concluyó que el demandante cumplió 50 años de edad el 10 de julio
de 1999, no registra sanciones disciplinarias —lo que acredita su buena conducta y
honradez— ni percibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional.

14. Finalmente, condenó en costas y agencias en derecho a la entidad demandada,
conforme a lo dispuesto en los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso.

III. RECURSO DE APELACIÓN5

15. La UGPP presentó recurso de apelación contra el aludido fallo sosteniendo que
en caso de aceptar la vinculación del actor mediante el decreto 1424 del 31 de octubre
de 1973, ésta se debe considerar de carácter nacional dado que el nombramiento fue
realizado con la intervención del delegado del Ministerio de Educación Nacional.
Argumentó que el tiempo laborado por el actor antes del 31 de diciembre de 1980 debe
ser considerado nacional y no territorial, lo que implica que no se cumplen los requisitos
exigidos por la ley para ser beneficiario de la pensión gracia. Además, aseveró que no
es relevante para el reconocimiento de la pensión gracia el tiempo de servicio prestado
por el gestor del litigio en el Municipio de Túquerres a partir del 13 de julio de 1993, ya
que corresponde a una nueva vinculación.

16. Enfatizó que los salarios percibidos por el actor provienen de recursos del
Sistema General de Participaciones y del Situado Fiscal, lo que impide el
reconocimiento pensional. Es decir, debido a que los salarios fueron financiados con
recursos de la Nación, no puede acceder a la pensión gracia, ya que no cumple con el
requisito de no haber recibido otra pensión o recompensa de carácter nacional.

17. Adicionalmente, solicitó revocar lo relacionado con la condena en costas y
agencias en derecho que se le impuso en primera instancia, bajo el criterio de que su
actuación no ha sido temeraria o de mala fe, ni se probó que el actor hubiese incurrido
en gastos procesales. A más que prosperó la excepción de prescripción y que no se
concedieron todas las pretensiones deprecadas; sin perjuicio que bajo la égida de la
ley 1437 de 2011, la condena en costas no procede de manera automática contra la

5
Ibidem. Archivo «36_034RECURSOAPELACI(.PDF)». Sobre este punto, conviene precisar que el apoderado judicial de la UGPP
se limitó a transcribir de manera literal lo expuesto en la contestación de la demanda respecto de la naturaleza de la vinculación
laboral que el actor sostuvo como docente en el departamento de Nariño, sin indicar en qué consistía su discrepancia frente a las
consideraciones del Tribunal. En consecuencia, tal como se expondrá más adelante, dichos argumentos no serán tenidos en cuenta
para resolver el presente asunto.

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Radicado: 52001 23 33 000 2019 00550 01 (2217-2022)
Demandante: Hernando Grisales Henao

parte vencida, sino que debe considerarse la naturaleza del conflicto y la existencia o
no de abuso del derecho y/o desgaste judicial innecesario.

II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

12. Mediante auto del 3 de noviembre de 20226 se admitió el recurso de apelación y
se le advirtió a la parte demandada que tenía hasta la ejecutoria de dicha providencia
para pronunciarse. Igualmente, se le informó al Ministerio Público que disponía hasta
antes de que el expediente ingresara al despacho para fallo para emitir concepto.

13. A pesar de lo anterior, la UGPP y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

Cuestión previa

14. Revisado el recurso de apelación interpuesto, la Sala advierte que solo tendrá
por debidamente sustentado el reparo relacionado con la condena en costas en primera
instancia. Lo anterior, por cuanto la apelante no formuló reparos concretos o específicos
contra el análisis realizado por el Tribunal respecto a la naturaleza jurídica de las
vinculaciones laborales o los periodos servidos por el demandante, limitándose a
reiterar literalmente los mismos argumentos contenidos en la contestación de la
demanda, los cuales ya fueron objeto de pronunciamiento por el a quo.

15. Efectivamente, la demandada reiteró que el vínculo generado por el decreto 1424
de 1973 es nacional porque en el nombramiento intervino el Ministerio de Educación
Nacional, que el tiempo servido al municipio de Túquerres es nacional por vincularse
después de 1990 y que los salarios y prestaciones sociales fueron pagados con
recursos del situado fiscal o sistema general de participaciones.

16. Sobre el particular, conviene indicar que esta Corporación Judicial7 ha sido clara
y reiterativa en señalar que —en virtud de los artículos 320,8 3229 y 32810 del CGP,
aplicables a esta jurisdicción por remisión expresa del artículo 306 del CPACA— es
deber del recurrente sustentar en debida y concreta forma la apelación. Para ello, se
ha establecido que el interesado debe señalar de manera específica las discrepancias
que tiene frente a los razonamientos, consideraciones o conclusiones contenidas en la

6
Índice 6 de SAMAI del Consejo de Estado.
7
Al respecto, ver, entre otras, las siguientes providencias: i) auto del 4 de marzo de 2010, proferido por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, dentro del expediente 25000 23 27 000 1999 00875 01(15328); ii) sentencia del 10 de octubre de 2019, emitida
por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, en el proceso 13001 23 33 000 2015 00035 01 (4719-2016); iii)
sentencia del 10 de octubre de 2024, dictada por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, expediente 63001
23 33 000 2020 00032 01 (2251-2022); sentencia del 21 de marzo de 2025, emanada de la Sección Tercera, Subsección A, del
Consejo de Estado, en el proceso 25000 23 26 2011 00549 01 (61936).
8
«El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos
concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión». (Se resalta)
9
Inciso 2 del numeral 3: «Cuando se apele una sentencia, el apelante […] deberá precisar, de manera breve, los reparos
concretos que le hace a la decisión, sobre los cuales versará la sustentación que hará ante superior». (Se resalta)
10
«El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante». (Se
resalta)

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Radicado: 52001 23 33 000 2019 00550 01 (2217-2022)
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providencia cuestionada, pues dichas inconformidades son las que delimitan el ámbito
de competencia del juez de segunda instancia a fin de decidir si se confirma, modifica
o revoca la decisión impugnada. Es una verdadera carga procesal del apelante, pues
es menester que cuestione la decisión judicial exponiendo razones de inconformidad
puntuales y así habilitar la competencia del juez de segunda instancia.

17. Por tanto, al juez de segunda instancia le está vedado asumir las cargas
argumentativas que corresponden a las partes procesales pues hacerlo comprometería
su imparcialidad en el proceso. En consecuencia, esta Subsección no puede suponer
ni decidir sobre asuntos que no han sido debidamente impugnados o cuya sustentación
haya resultado deficiente, de modo que se abstendrá de revisar los aludidos
argumentos reproducidos una vez más por el demandado en su recurso de apelación.

Problema jurídico

18. Desatado lo anterior, le corresponde a esta Sala determinar si hay lugar o no a
revocar la condena en costas y agencias en derecho que le impuso el Tribunal
Administrativo de Nariño a la UGPP, de conformidad con los reparos contenidos en su
recurso de apelación.

Solución del caso concreto

19. La accionada cuestionó la decisión del tribunal de imponerle condena en costas
y agencias en derecho al considerar que el a quo no tuvo en cuenta que su actuación
no ha sido temeraria o de mala fe, ni se probó que el actor hubiese incurrido en gastos
procesales; por lo demás, porque prosperó la excepción de prescripción y no se
concedieron todas las pretensiones deprecadas.

20. Al respecto, conviene precisar que para la fecha en que se dictó el fallo apelado
(4 de agosto de 2021) ya se encontraba vigente la ley 2080 de 2021 (25 de enero de
2021), cuyo artículo 47 adicionó el artículo 188 del CPACA estableciendo como deber
del juez verificar si la demanda fue presentada con una manifiesta carencia de
fundamento legal para efectos de imponer costas.

21. En ese sentido, se observa que el Tribunal Administrativo de Nariño no aplicó el
citado precepto, sino que adoptó un criterio estrictamente objetivo, sin valorar si los
argumentos planteados por la demandada contaban con sustento legal y jurisprudencial
suficiente para justificar su pretensión y procurar un pronunciamiento favorable. Por
consiguiente, al no avizorarse la ausencia de argumentos legales razonables en las
actuaciones del extremo demandado en el curso de la primera instancia, la Sala
revocará el numeral quinto de la parte resolutiva de la providencia apelada.
Condena en costas en segunda instancia

22. Realizada ahora la aludida valoración en la segunda instancia, la Sala tampoco
advierte la carencia de fundamento legal en el recurso de apelación en razón a que a

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Radicado: 52001 23 33 000 2019 00550 01 (2217-2022)
Demandante: Hernando Grisales Henao

la UGPP le prosperó el reparo relacionado con la condena en costas en primera
instancia. Por tanto, esta Sala se abstendrá de imponer la condena en costas en esta
instancia.

IV. DECISIÓN

23. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR el numeral quinto de la parte resolutiva de la sentencia del 4 de
agosto de 2021 emitida por el Tribunal Administrativo de Nariño, en el que se condenó
en costas y agencias en derecho a la UGPP.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia del 4 de agosto de 2021
mediante la cual el Tribunal Administrativo de Nariño accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda promovida por Hernando Grisales Henao contra la UGPP.

TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia.

CUARTO: Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del Consejo de Estado —SAMAI— y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA.: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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