Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2015-00817-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2015-00817-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2015-00817-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
17 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá D. C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 52001 23 33 000 2015 00817 01 (3663-2019)
Demandante: Luz Marina Echeverry Montezuma
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Parafiscales de la Protección Social1
Temas: Pensión gracia. Reiteración literal de argumentos de la
contestación de la demanda en el recurso de apelación.
Aplicación del criterio objetivo-valorativo para la condena en
costas.
Decisión: Se revoca parcialmente sentencia en lo concerniente a la
condena en costas y se confirma en todo lo demás.
1. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte accionada
contra la sentencia emitida el 6 de marzo de 2019 por el Tribunal Administrativo de
Nariño, por medio de la cual accedió a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
Demanda2
2. La demandante ejerció el medio de control de la referencia solicitando la
nulidad de las Resoluciones RDP 003403 del 28 de enero de 2015, ADP 002736
del 30 de marzo de 2015 y RDP 026501 del 30 de junio de 2015, a través de las
cuales la entidad demandada le negó el reconocimiento y pago de una pensión
gracia.
3. Como consecuencia de lo anterior, pidió que se condene a la entidad
accionada a lo siguiente: i) reconocer y pagar la referida pensión a partir del 21 de
febrero de 2009 considerando todos los factores salariales, tales como la asignación
básica, la prima de Navidad y la prima de vacaciones; ii) actualizar a valor presente
las sumas reconocidas; iii) indexar los valores adeudados conforme al IPC
certificado por el DANE, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 del
CPACA; iv) dar cumplimiento a la sentencia en virtud del artículo 192 ibidem; v)
pagar las costas y agencias en derecho.
1 En adelante UGPP.
2 Folios 1 al 14.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 52001 23 33 000 2015 00817 01 (3663-2019)
Demandante: Luz Marina Echeverry Montezuma
4. El fundamento de las pretensiones se basó en que, a su juicio, cumplió con
todos los requisitos legales necesarios para el reconocimiento de la pensión gracia.
Esto se debe a su edad, que supera los 50 años, así como por su trayectoria como
docente al servicio del Estado en instituciones educativas de carácter territorial.
Además, por su conducta ejemplar, honradez y el hecho de que no percibe ni ha
percibido otra pensión por parte de la Nación.
Contestación de la demanda3
5. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones
argumentando que no es posible reconocer la pensión gracia debido a las
inconsistencias encontradas en los certificados de tiempos de servicios y de factores
salariales en relación con el tipo de vinculación. En este sentido, el primer certificado
indica que tuvo una relación municipal, mientras que el segundo señala una
vinculación nacional.
6. A su vez, precisó que la actora no demostró el cumplimiento de los requisitos
establecidos por la Ley 114 de 1913 para tal efecto. De acuerdo con los certificados
mencionados y lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, los tiempos
laborados a partir del 1 de enero de 1990 deben considerarse como nacionales. Por
lo tanto, los períodos en que la docente trabajó para el departamento de Nariño a
partir del 20 de febrero de 1991 se clasifican como de carácter nacional, dado que
se trató de una nueva vinculación.
7. Entre tanto, alegó que es necesario verificar si, con posterioridad al 10 de
abril de 1980, los salarios de la docente fueron financiados o no con recursos
provenientes de la Nación, tales como los del Situado Fiscal o del Sistema General
de Participaciones, lo que impediría el reconocimiento de la prestación periódica. Al
respecto, sostuvo que no es suficiente que el docente tenga la condición de docente
territorial; también es necesario cumplir con el requisito de no recibir actualmente,
ni haber recibido anteriormente, otra pensión o recompensa de carácter nacional.
8. Por último, indicó que se encuentran acreditadas las excepciones de
«inexistencia de vulneración de principios constitucionales y legales», «cobro de lo
no debido», «prescripción» y «solicitud de reconocimiento oficioso de excepciones».
II. SENTENCIA APELADA4
9. El Tribunal Administrativo de Nariño dictó sentencia del 6 de marzo de 2019
mediante la cual se reconoció a la accionante el derecho a la pensión gracia,
equivalente al 75 % del promedio de los factores salariales devengados durante el
año anterior a la obtención del estatus pensional, comprendido entre el 21 de febrero
de 2008 y el 21 de febrero de 2009; pero con efectos a partir del 26 de septiembre
3 Folios 150 al 154.
4 Folios 325 al 333.
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Demandante: Luz Marina Echeverry Montezuma
de 2011, debido a la prescripción trienal. Además, se condenó en costas a la parte
demandada.
10. En los considerandos se expuso que, tras un exhaustivo análisis del acervo
probatorio y la aplicación de las reglas de unificación establecidas en la sentencia
del 21 de junio de 2018, la accionante demostró haber tenido una vinculación de
naturaleza territorial anterior al 31 de diciembre de 1980 y por más de 20 años. Esto
se fundamenta en que los actos administrativos de nombramiento fueron expedidos
por el alcalde de Pasto y el gobernador de Nariño, además de que acreditó tener
más de 50 años de edad y haber desempeñado sus funciones con honradez y buena
conducta.
11. Asimismo, se consideró que el certificado de salarios contenía información
errónea, cuestionando la actuación de la entidad al negar la pensión solicitada sin
considerar que el hecho de que los salarios se paguen con recursos del situado
fiscal o del sistema general de participaciones no transforma la vinculación en
nacional. En caso de inconsistencias, la autoridad debe revisar los actos
administrativos de nombramiento para determinar la realidad de la situación.
12. Para finalizar, declaró probada la excepción de prescripción de las mesadas
causadas con anterioridad al 26 de septiembre de 2011 y condenó en costas a la
entidad demandada por resultar vencida en el juicio.
III. RECURSO DE APELACIÓN5
13. La parte demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia
reiterando la falta de certeza respecto al tipo de vinculación del docente con el
municipio de Pasto durante el periodo comprendido entre el 20 de febrero de 1991
y el 28 de febrero de 2015. Esta afirmación se basa en la inconsistencia de la
información contenida en las certificaciones de historia laboral del 22 de septiembre
de 2014 y de salarios del 11 de septiembre de 2014. Mientras que la primera
certificación clasifica la vinculación como de naturaleza territorial-municipal, la
segunda la clasifica como nacional.
14. Asimismo, la demandada argumentó, en los mismos términos que en su
contestación a la demanda, que la parte actora recibió recursos provenientes de la
Nación habida cuenta que sus salarios y emolumentos fueron financiados con
fondos del Situado Fiscal y del Sistema General de Participaciones. Esta
circunstancia, en su sentir, impide el reconocimiento de la pensión gracia ya que no
es suficiente que el docente tenga la condición de territorial; es necesario que no
haya recibido ni reciba actualmente pensión o recompensa de carácter nacional.
15. Finalmente, cuestionó la decisión de condena en costas alegando que su
actuación no fue temeraria ni se llevaron a cabo conductas fraudulentas. Por el
contrario, su comportamiento se ajustó a criterios de buena fe, además de que la
5 Folios 142 al 151.
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Demandante: Luz Marina Echeverry Montezuma
parte actora no demostró haber incurrido en gasto alguno.
IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
16. Mediante auto del 5 de marzo de 20206 se admitió el recurso de apelación y
el 28 de enero de 20217 se ordenó correr traslado a las partes para que presentaran
sus alegatos de conclusión. En el mismo sentido, se estableció poner a disposición
el expediente del Ministerio Público para que emitiera el correspondiente concepto.
17. En cumplimiento de lo anterior, la parte actora8 solicitó confirmar la decisión
de primera instancia, arguyendo que, tal como concluyó el a quo, se ha demostrado
el cumplimiento de todos los requisitos legales necesarios para beneficiarse de la
pensión gracia. Además, cuestionó la insistencia de la entidad en afirmar, sin
fundamento y desconociendo las pruebas que obran en el expediente, que su
vinculación era de carácter nacional, alegando inconsistencias en las certificaciones
y señalando que sus salarios se financiaron con recursos del situado fiscal y del
sistema general de participaciones.
18. Por su parte, la entidad demandada solicitó revocar la decisión apelada
basándose en los motivos expuestos en el recurso de apelación9. Además, solicitó
la emisión de una sentencia de unificación que defina y concrete el concepto de
«plaza docente», así como los requisitos y lineamientos que permitan esclarecer las
condiciones que debe cumplir "la plaza" mencionada en la sentencia de unificación
SUJ-11-S2 DE 21-06-2018 para ser considerada como nacional, nacionalizada o
territorial. Sin embargo, esta solicitud fue rechazada mediante auto del 17 de
noviembre de 202210.
V. CONSIDERACIONES
Cuestión previa
13. Tras un análisis del recurso de apelación, la Sala concluye que únicamente
considerará debidamente fundamentado el argumento relacionado con la condena
en costas en primera instancia. Esto se debe a que la apelante no presentó
objeciones concretas o específicas respecto al análisis realizado por el Tribunal
sobre la naturaleza de las vinculaciones laborales o los períodos de servicio de la
demandante, limitándose a reiterar de manera literal los mismos argumentos
expuestos en la contestación de la demanda, los cuales ya habían sido objeto de
pronunciamiento por el a quo.
14. Efectivamente, la demandada reiteró en la alzada que existen inconsistencias
en las certificaciones de tiempo de servicios y salarios presentadas en el
6 Folio 398.
7 Folio 429.
8 Índice 25 del aplicativo SAMAI.
9 Índice 26 ibidem.
10 Folios 431 al 436.
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Demandante: Luz Marina Echeverry Montezuma
expediente. La primera certificación indica que la vinculación de la actora se produjo
entre el 20 de febrero de 1991 y el 28 de febrero de 2015 con un carácter territorial-
municipal, mientras que la segunda la clasifica como nacional. Además, señala que
los salarios y prestaciones sociales fueron pagados con recursos del situado fiscal
o del sistema general de participaciones.
15. Sobre el particular, conviene indicar que esta Corporación11 ha sido clara y
reiterativa al establecer que —en virtud de los artículos 320,12 32213 y 32814 del
CGP, aplicables a esta jurisdicción por remisión del artículo 306 del CPACA— es
deber del recurrente sustentar de manera adecuada y concreta la apelación. Para
ello, se ha determinado que el interesado debe señalar de forma específica las
discrepancias que tiene respecto a los razonamientos, consideraciones o
conclusiones contenidas en la providencia cuestionada, ya que dichas
inconformidades delimitan el ámbito de competencia del juez de segunda instancia
para decidir si confirma, modifica o revoca la decisión impugnada. Esta es una
verdadera carga procesal del apelante, quien debe cuestionar la decisión judicial
exponiendo razones de inconformidad puntuales o precisas que habiliten la
competencia del juez de segunda instancia.
16. Por tanto, al a quem le está vedado asumir las cargas argumentativas que
corresponden a las partes procesales toda vez que hacerlo comprometería su
imparcialidad en el proceso. En consecuencia, esta Subsección no puede suponer
ni decidir sobre asuntos que no han sido debidamente impugnados o cuya
sustentación haya sido deficiente, por lo que se abstendrá de revisar los argumentos
mencionados que han sido reproducidos nuevamente por el demandado en su
recurso de apelación15.
Problema jurídico
17. Desatado lo anterior, le corresponde a esta Sala determinar si hay lugar o no
a revocar la condena en costas que le impuso el Tribunal Administrativo de Nariño
a la parte demandada, de conformidad con los reparos contenidos en su recurso de
apelación.
11 Al respecto, ver, entre otras, las siguientes providencias: i) auto del 4 de marzo de 2010, proferido por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, dentro del expediente 25000 23 27 000 1999 00875 01(15328); ii)
sentencia del 10 de octubre de 2019, emitida por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado,
en el proceso 13001 23 33 000 2015 00035 01 (4719-2016); iii) sentencia del 10 de octubre de 2024, dictada
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, expediente 63001 23 33 000 2020 00032
01 (2251-2022); sentencia del 21 de marzo de 2025, emanada de la Sección Tercera, Subsección A, del Consejo
de Estado, en el proceso 25000 23 26 2011 00549 01 (61936).
12 «El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación
con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión». (Se
resalta)
13 Inciso 2 del numeral 3: «Cuando se apele una sentencia, el apelante […] deberá precisar, de manera breve,
los reparos concretos que le hace a la decisión, sobre los cuales versará la sustentación que hará ante
superior». (Se resalta)
14 «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el
apelante». (Se resalta)
15 Esta posición fue adoptada por esta Subsección en un caso análogo, a través de la sentencia calendada el
29 de mayo de 2025, radicado 52001 23 33 000 2019 00550 01 (2217-2022), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
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Demandante: Luz Marina Echeverry Montezuma
Solución del caso concreto
18. La accionada cuestionó la condena en costas al considerar que el a quo no
tuvo en cuenta que su actuación no ha sido temeraria o de mala fe, ni se probó que
la demandante hubiese incurrido en gastos procesales.
19. Sobre el particular, la Sala advierte que para el momento en que fue dictada
la sentencia apelada (6 de marzo de 2019) se aplicaba el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011 original —que remitía al 365 y 366 del CGP— con el criterio objetivo-
valorativo adoptado por esta Subsección desde providencia del 7 de abril de 2016 16,
según el cual debía verificarse: i) que la parte resultara vencida y ii) que se hubieran
causado las costas y que fuera comprobable dicha causación, sin tener en
cuenta la conducta de las partes —mala fe y temeridad—.
20. Por tanto, desde la óptica del aludido criterio, esta Sala revocará la condena
en costas efectuada por el a quo al no avizorarse su causación durante el trámite
de la primera instancia.
Condena en costas en segunda instancia
21. El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil». Con base en esa regla legal, esta Subsección venía sosteniendo que, para
imponer la condena en costas en vigencia del CPACA, era necesario realizar una
valoración objetiva17 donde el juez, una vez comprobaba su causación, y sin atender
a factores subjetivos como la buena fe o la temeridad de las partes, podía
ordenarlas.
22. No obstante, dicha postura debe adecuarse a lo dispuesto por artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021 que adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA, en el que se
introdujo la condena en costas procede cuando se establezca que se presentó la
demanda con manifiesta carencia de fundamento legal, lo que implica que sea
forzoso examinar si los fundamentos vertidos en la actuación procesal
correspondiente se encuentran huérfanos de sustento legal plausible, lo que
acontece, por ejemplo, cuando las normas en que se fundamente la tesis del caso
no sean aplicables o se desconozcan reglas jurídicas pacíficas producto de los
precedentes fijados por esta Corporación.
23. En el transcurso de esta instancia, la entidad demandada presentó su
defensa cuestionando la condena en costas que le fue impuesta en primera
instancia. Los argumentos expuestos fueron razonables y serios, al punto que
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 7 de abril de 2016, proferida dentro del
expediente 13001-23-33-000-2013-00022-01(1291-14), con ponencia del magistrado William Hernández
Gómez.
17 Ibidem.
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Demandante: Luz Marina Echeverry Montezuma
llevaron a la revocación de dicha condena. Por lo tanto, esta Sala se abstendrá de
imponer el pago de las costas en segunda instancia, dado que no se evidenció la
falta de fundamento legal en sus argumentos.
VI. DECISIÓN
24. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR el numeral quinto de la parte resolutiva de la sentencia del
6 de marzo de 2019 emitida por el Tribunal Administrativo de Nariño, en el que se
condenó en costas a la UGPP.
SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia del 6 de marzo de 2019
mediante la cual el Tribunal Administrativo de Nariño accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda promovida por Luz Marina Echeverry Montezuma
contra la UGPP.
TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO: Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado —SAMAI— y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA.: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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