Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2020-00032-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2020-00032-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 63001-23-33-000-2020-00032-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
10 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 63001-23-33-000-2020-00032-01 (2251-2022)
Demandante: Ana María Madrid Cataño
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio1
Temas: Reconocimiento de pensión de jubilación. Congruencia del
recurso de apelación. Apelación fallida
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 28 de octubre de 2021 por el Tribunal Administrativo del
Quindío, Sala Cuarta de Decisión mediante la cual se accedió a las pretensiones
de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Ana María Madrid Cataño presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad del acto ficto configurado por la falta de respuesta a la
petición del 24 de octubre de 2019 en la que solicitó el reconocimiento de una
1 En adelante Fomag.
2 En lo que sigue CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Ana María Madrid Cataño
pensión de jubilación.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a partir del 3 de
septiembre de 2018 en cuantía equivalente al 75% de los salarios y las primas
recibidas anteriores al cumplimiento del estatus, sin exigir el retiro definitivo del
cargo; ii) la inclusión en nómina y el pago de las mesadas adeudadas desde la
fecha de constitución del derecho hasta que se hiciera efectivo el pago
correspondiente y la actualización de los valores objeto de la condena de acuerdo
con la variación del índice de precios al consumidor; iii) el cumplimiento del fallo en
los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; v) los intereses moratorios a
partir del día siguiente de la ejecutoria de la sentencia; y vi) la condena en costas
a la demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Ana María Madrid Cataño nació el 3 de septiembre de 1963 y laboró como
docente i) en la Secretaría de Educación del Guaviare nombrada mediante
Resolución 049 de 1989, del 10 de mayo hasta el 26 de julio de 1989; por Decreto
055 de 1989 del 27 de julio de 1998, desde esa fecha hasta el 31 de enero de
19973 y; ii) en la Secretaría de Educación Departamental del Quindío desde el 10
de agosto de 2004 hasta el 30 de agosto de 2019.
3.2. El 24 de octubre de 2019 presentó ante la Fiduprevisora una petición para que
se le reconociera y pagara una pensión ordinaria de jubilación a partir del 3 de
septiembre de 2018 al cumplir con los requisitos de edad y tiempo de servicio para
su reconocimiento.
3.3. La entidad no dio respuesta a la anterior petición.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 7 de la Ley 71 de 1988; 15 de la Ley 91
de 1989; 6 de la Ley 60 de 1993; 115 de la Ley 115 de 1993; 279 de la Ley 100 de
1993; 81 de la Ley 812 de 2003; y 2 y 3 del Decreto 3752 de 2003.
5. En cuanto al concepto de violación expuso que le eran aplicables las
3 Mediante Resolución 001 de 21 de enero de 1993 le fue concedida licencia ordinaria desde el 21
de enero de 1993 hasta el 20 de abril de 1993, no obstante, se reintegró a sus labores el 1 de
febrero de 1993.
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disposiciones legales de la Ley 71 de 1988 por cuanto inició su vinculación como
docente con anterioridad al 23 de junio de 2003 con aportes realizados al ISS para
efectos de la aplicación del artículo 81 de la Ley 812 de 2003, por lo que consideró
que se debía acceder al reconocimiento de una pensión por aportes conforme con
los postulados jurisprudenciales vigentes4.
1.2. Contestación de la demanda
1.2.1 Colpensiones5
6. En su concepto, existió una falta de legitimación en la causa por pasiva porque
las pretensiones de la demanda están encaminadas a declarar la nulidad del acto
ficto de una entidad diferente de Colpensiones6.
1.2.2 Fomag7
7. Contestó la demanda en los siguientes términos:
«[L]a accionante tendrá derecho al reconocimiento y pago de su pensión de jubilación
por aportes cuando cumpla la edad de 57 años, tal y como lo unificó la Ley 812 de
2003.
Por lo que en virtud de lo allí descrito los actos administrativos demandados adolecen
de nulidad y por tanto solicito se desestimen las pretensiones de la demanda. En estos
términos dejo sentados los alegatos de conclusión dentro de los proceso que se
ventilan en la presente audiencia.
(…)
Se hace necesario precisar que la docente se vinculó como docente oficial en
provisionalidad el 10/08/2004, esto es en vigencia de la Ley 100 de 1993, 812 y 797 de
2003.
(…)
Ciertamente en el presente caso la demandante prima facie, no es destinataria ni
beneficiaria de régimen de transición alguno, por ello, no existe sustento jurídico para
acceder a lo peticionado, pues no está probado que cumpla los presupuesto
establecidos en el AL, para acceder al reconocimiento y pago de la pensión por
aportes» (sic).
4 Índice 4 de Samai, expediente digital – Archivo denominado 1. Demanda páginas 5 a 19.
5
Índice 4 de Samai, expediente digital – Archivo denominado 9. CONTESTACIÓN_DDA.pdf.
6
Mediante auto del 1 de marzo de 2021 se resolvió declarar probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva propuesta por la vinculada Colpensiones. Índice 4 de Samai,
expediente digital – Archivo denominado 029 Auto Resuelve Excepciones.pdf.
7
Índice 4 de Samai, expediente digital – Archivo denominado 13. ContestaciónDdaFomag.pdf.
3
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Demandante: Ana María Madrid Cataño
8. Asimismo,propuso como excepciones las que denominó ineptitud de la
demanda por carencia de fundamento jurídico y el cobro de lo no debido.
1.3. La sentencia apelada
9. El Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión, profirió
sentencia el 28 de octubre de 2021 mediante la cual accedió a las pretensiones de
la demanda. En consecuencia, declaró la nulidad del acto acusado y dispuso lo
siguiente:
«PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD del acto ficto configurado el 24 de enero de
2020, frente a la petición presentada por la demandante el día 24 de octubre de 2019,
en cuanto le negó el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación por aportes.
SEGUNDO: Como restablecimiento del derecho, se ordena a la NACIÓN –
MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO, reconocer, liquidar y pagar una pensión de jubilación
por aportes a la señora ANA MARÍA MADRID CATAÑO, con el 75% del promedio de
los factores devengados en el año de servicio anterior a la adquisición del status
pensional, esto es, a partir del 4 de septiembre de 2018 y, sin exigir el retiro definitivo
del servicio, es decir, de forma simultánea con su ejercicio docente. Las sumas
reconocidas, deberán ser indexadas mes a mes, de conformidad con la fórmula
indicada en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: ORDENAR a la Nación- Ministerio de Educación - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio que promueva el proceso administrativo de
recaudo de la parte que corresponda como empleador al Departamento del Guaviare
en proporción a los tiempos de servicios de la señora Ana María Madrid Cataño y,
AUTORIZAR que descuente de las sumas adeudadas a la demandante en virtud de la
condena, los valores pendientes de recaudo o la diferencia en su contra (si se
presenta), por el porcentaje que le incumbía como trabajadora, sólo de no haber
realizado tales cotizaciones.
CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia.
QUINTO: ORDÉNASE la actualización o ajuste al valor de las condenas económicas
dejadas de cancelar, en los términos del artículo 187 del CPACA y deberá cumplirse en
la forma prescrita en el artículo 192 del CPACA.
SEXTO: En firme esta decisión, archívese el expediente, previa anotación del Sistema
Siglo XXI»
10. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos8:
10.1. Ana María Madrid Cataño se vinculó como docente adscrita a la Secretaría
Departamental de Educación del Guaviare desde el 10 de mayo de 1989 de
8 Índice 4 de Samai, expediente digital – Archivo denominado 046 Sentencia1Instancia.pdf.
4
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Demandante: Ana María Madrid Cataño
conformidad con las certificaciones aportadas en el expediente, por lo que se
encuentraba acreditado que fue beneficiaria del régimen transitorio pensional del
sector docente previsto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y en el parágrafo
transitorio 1 del Acto Legislativo 1 de 2005, condición sine qua non para la
aplicación de la Ley 71 de 1988.
10.2. Tiene más de 55 años y los tiempos de servicio certificados en el Fomag y la
Secretaría Departamental de Educación del Guaviare, sumaron en total 22 años, 9
meses y 15 días, que equivalen a 1172 semanas, razón por la cual, cumplió con
los requisitos de edad y tiempo de servicio para acceder a la pensión ordinaria de
jubilación por aportes el 3 de septiembre de 2018.
10.3. La pensión equivaldrá al 75% de los factores salariales señalados en la Ley
62 de 1985 y cotizados en el año inmediatamente anterior a la consolidación de su
estatus pensional, ocurrido el 3 de septiembre de 2018, la cual es compatible con
el sueldo.
10.4. No se configuró el fenómeno de la prescripción de las mesadas pensionales
toda vez que de conformidad con el material probatorio se acreditó que la
demandante solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación el 24 de octubre
de 2019.
1.4. El recurso de apelación
11. El Fomag presentó recurso de apelación contra de la decisión anterior en el que
solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia con fundamento en que
al acceder a las pretensiones de la demanda, se transgredió la Constitución
Política y la jurisprudencia por implicar una carga excesiva a la nación al tener en
cuenta todo lo devengado por la demandante y toda vez que esta no realizó la
respectiva cotización.
12. Agregó que en la pensión reconocida a la demandante se incluyeron los
factores salariales de ley y por lo tanto no le asistía derecho a su reliquidación.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
13. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar9.
9 Tal y como se indicó en el auto de 26 de octubre de 2023 visto en el índice 5 de Samai.
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Demandante: Ana María Madrid Cataño
13.1. No obstante, la demandante presentó un escrito en el que señaló que «[e]n el
argumento expuesto por la entidad demandada pareciese que (…) no hubiera revisado el
contenido de la demanda» por cuanto en el expediente y sus anexos, se pudo
evidenciar que lo que se pretendió es un reconocimiento pensional por aportes y
no una reliquidación por factores salariales.
13.2. En tal sentido, solicitó mantener incólume el fallo de primera instancia toda
vez que cumplió con los parámetros establecidos en las leyes 71 de 1988 y 33 de
1985 para ser beneficiaria del reconocimiento pensional pretendido.
1.6. El Ministerio Público
El procurador delegado ante el Consejo de Estado no rindió concepto.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
14. Se circunscribe a establecer si ¿los argumentos de la apelación expuestos por
el Fomag guardan congruencia con lo decidido en la sentencia recurrida?
2.1.1 Principio de la doble instancia y el marco del recurso de apelación.
Apelación fallida
15. El principio de la doble instancia, elevado a canon constitucional en el artículo
31 de la Carta Política10, prevé que toda sentencia judicial podrá ser apelada,
salvo las excepciones que prevea la ley. Esta garantía del derecho de
impugnación, como posibilidad de controvertir una decisión judicial, exige la
presencia de un superior funcional, quien participa como autoridad independiente,
imparcial y de distinta categoría en la revisión de una actuación previa. En suma,
el principio de la doble instancia encierra una de las más altas garantías
establecidas en la Carta Superior, por ello, es deber del juez, salvo las
excepciones expresamente señaladas por el legislador, procurar su realización y
plena efectividad como garantía de los derechos de impugnación y de
contradicción.
16. No obstante, el acceso al mencionado derecho no opera de manera deliberada.
Por ello, el legislador ha establecido algunos requisitos de oportunidad y
procedencia para su efectividad que deben ser satisfechos a cabalidad, so pena
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ARTICULO 31. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones
que consagre la ley.
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de que el recurso de apelación fracase, requisitos que dentro del procedimiento
contencioso administrativo quedaron preceptuados en los artículos 24311 y 24712
de la Ley 1437 de 2011. El primero, prevé que serán apelables las sentencias de
primera instancia dictadas por los jueces y tribunales administrativos; el segundo
establece el trámite bajo el cual ha de surtirse la apelación y señaló el término
para su sustentación.
17. Por su parte, la Ley 1564 de 2012, aplicable al procedimiento contencioso
administrativo por remisión del artículo 306 del CPACA, precisa los fines y el
alcance de la apelación, como también el interés para interponerla, en los
siguientes términos:
«Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el
superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos
concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la
decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia
[…].
[…]
Artículo 322. Oportunidad y requisitos. El recurso de apelación se propondrá de
acuerdo con las siguientes reglas:
[…]
Cuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la
audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) días siguientes a su
finalización o a la notificación de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia,
deberá precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisión,
sobre los cuales versará la sustentación que hará ante el superior.»
18. Una lectura sistemática de las anteriores normas lleva a concluir que, al
sustentar la apelación, el recurrente debe señalar al ad quem las inconformidades
11 «ARTÍCULO 243. APELACIÓN. Artículo modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021. El
nuevo texto es el siguiente: Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes
autos proferidos en la misma instancia…»
12«ARTÍCULO 247. TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIAS. <Artículo
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El recurso de
apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el
siguiente procedimiento:
1. El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia,
dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación. Este término también aplica para las
sentencias dictadas en audiencia.
[…]
3. Si el recurso fue sustentado oportunamente y reúne los demás requisitos legales, se concederá
mediante auto en el que se dispondrá remitir el expediente al superior. Recibido el expediente por
el superior, este decidirá sobre su admisión si encuentra reunidos los requisitos.
4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la admite
en segunda instancia, los sujetos procesales podrán pronunciarse en relación con el recurso de
apelación formulado por los demás intervinientes.
[…]
7. La sentencia se dictará dentro de los veinte (20) días siguientes. En ella se ordenará devolver el
expediente al juez de primera instancia para su obedecimiento y cumplimiento».
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Demandante: Ana María Madrid Cataño
frente a la decisión del a quo para que el superior revise los posibles errores en
que se haya podido incurrir en la primera instancia. Frente al punto, la
jurisprudencia se ha referido a la carga procesal de indicar los motivos de
inconformidad frente a la decisión de primera instancia, para precisar13:
«Esta Corporación ha sostenido que la competencia funcional del juez de segunda
instancia está limitada por las razones de inconformidad expresadas por el recurrente
en el recurso de apelación. Lo anterior significa que las competencias funcionales del
juez de la apelación, cuando el apelante es único, no son irrestrictas, pues están
limitadas, en primer lugar, por el principio de la non reformatio in pejus (art. 31 de la
Constitución Política y 328 del C.G.P), y en segundo, por el objeto mismo del recurso,
cuyo marco está definido, a su vez, por los juicios de reproche esbozados por el
apelante, en relación con la situación creada por el fallo de primera instancia.
Así pues, al ad quem le está vedado, en principio y salvo las excepciones hechas por
el legislador, revisar temas del fallo de primera instancia que no fueron objeto de
impugnación, como quiera que los mismos quedan excluidos del siguiente debate y,
por lo tanto, debe decirse que, frente a dichos aspectos, termina por completo la
controversia […]»
19. En ese orden, cuando los argumentos expuestos en el recurso de apelación no
se dirigen contra el fondo de la decisión recurrida, al no existir correspondencia
lógica ni jurídica con los presupuestos del asunto que se resuelve, se presenta la
apelación fallida, lo que trae como consecuencia que permanezca incólume lo
resuelto en primera instancia. Ello materializa el debido proceso, teniendo en
cuenta que la decisión que debe adoptar el ad quem necesariamente debe
guardar congruencia con lo resuelto por el juez de primera instancia, razón por la
cual, los argumentos que se presenten en el recurso de apelación son los que
eventualmente darán lugar a que la providencia sea confirmada, revocada o
modificada, según el caso.
20. También resulta importante hacer referencia al artículo 328 del CGP el cual
señala la competencia del superior en los siguientes términos:
«Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio
de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el
recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en
razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados
con ella.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 9 de marzo de 2017,
radicación: 08001-23-31-000-2006-00420-01(1832-15).
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En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación.
Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
21. En esas condiciones, debe concluirse que la competencia del superior se
supedita o limita al estudio de aquellos argumentos que fueron expuestos por el
apelante, de ahí que, si esos planteamientos no hacen referencia al tema de fondo
que decidió el a quo, no puede en segunda instancia efectuarse pronunciamiento
alguno, lo que trae como consecuencia que la apelación sea fallida. Frente al
punto, esta sección ha explicado lo siguiente:
«[…] Se debe precisar, a la altura de lo enunciado, que al no respetar el principio de
congruencia el recurso de apelación presentado por el apoderado del Ministerio de
Educación frente a la sentencia de primera instancia, la apelación es fallida y por
consiguiente se tiene por no presentado.
Lo anterior por cuanto el recurso de apelación demarca la competencia del juez de
segunda instancia y, por lo mismo, cuando los fundamentos de la apelación son
extraños al debate del sub judice por no corresponder a los mismos hechos analizados
por el a quo, se entiende como una apelación fallida, según lo ha sostenido el Consejo
de Estado, así: […] En conclusión, se observa que los argumentos esgrimidos por el
recurrente como sustentación del recurso, en verdad, no están dirigidos contra el fondo
de la sentencia apelada, por no corresponder al caso que se juzga, lo cual impide en el
fondo desatar la apelación, es decir, ésta resulta fallida porque es imposible confrontar
la sentencia con una apelación de la misma que no lo es.
Así, realmente no existe apelación de la sentencia. Y esta situación impide conocer de
fondo el caso por la vía de la apelación. […]»14.
2.2. Caso en concreto
22. El Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión, en sentencia
proferida el 28 de octubre de 2021, accedió a las pretensiones de la demanda y
declaró la nulidad del acto ficto acusado porque consideró que Ana María Madrid
Cataño acreditó su vinculación como docente desde el 10 de mayo de 1989, por
consiguiente, se benefició del régimen transitorio pensional previsto en el artículo
81 de la Ley 812 de 2003 y por tanto, tenía derecho a una pensión de jubilación
bajo el régimen previsto en la Ley 71 de 1988 al cumplir con los requisitos de edad
y semanas de cotización exigidos.
23. Por su parte, el Fomag solicitó que se revocara la sentencia de primera
instancia con fundamento en que:
«[P]ara el caso en concreto, son aplicables las leyes 33 y 62 del año 1985, normas en
las cuales se coincide con el fallador, no obstante la interpretación realizada por el
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de octubre de 2017,
radicado: 19001-23-33-000-2013-00214-01 (1392-2016).
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Demandante: Ana María Madrid Cataño
A-quo no guarda coherencia con los principios constitucionales de sostenibilidad
financiera y solidaridad.
(…)
[N]o es dable acceder a la petitum de la demanda, pues hacerlo transgrede
abiertamente lo dispuesto por la Constitución Política y el reciente precedente
jurisprudencial, implicando para la Nación una carga excesiva que vulnera el principio
de solidaridad del sistema de pensiones, aunado aque existe una flagrante
desfinanciación del mismo al tener en cuenta todo lo devengado y que la parte actora
no realizó la respectiva cotización, razón por la cual solcito a su H. despacho se
denieguen las pretensiones de la demanda, toda vez que en la pensión de la actora
se incluyeron los factores salariales de ley y por lo tanto no le asiste derecho a
su reliquidación sumado a que el acto administrativo acusado está sujeto a derecho y
a las normas que tratan el tema de la Litis»(sic) [Se resalta].
24. En esas condiciones, una confrontación de los argumentos contenidos en el
recurso respecto de lo decidido por el Tribunal Administrativo del Quindío permite
advertir que no existe congruencia entre uno y otro. En efecto, la parte demandada
fundamentó el recurso de apelación en que no le asiste derecho a la demandante
a que se reliquide su pensión con la inclusión de nuevos factores en el entendido
de que en su parecer se incluyeron todos los factores dispuestos en la ley, no
obstante, en el presente asunto no se discutió ninguna reliquidación pensional sino
la nulidad del acto ficto mediante el cual se le negó a Ana María Madrid Cataño el
reconocimiento de una pensión de jubilación.
25. Adicionalmente se resalta que el a quo, reconoció la pensión de la demandante
con los factores salariales señalados en la Ley 62 de 1985 y cotizados en el año
inmediatamente anterior a la consolidación de su estatus pensional.
26. De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que, la entidad demandada no
expuso razonamiento alguno tendiente a controvertir los argumentos según los
cuales Ana María Madrid Cataño tenía derecho a una pensión de jubilación al
cumplir con los requisitos previstos en las normas anteriores a la Ley 100 de 1993
que beneficiaban a los docentes oficiales, por virtud de lo dispuesto en la Ley 812
de 2003; es decir, las afirmaciones de su escrito se alejan sustancialmente de lo
expuesto por el a quo.
27. Así las cosas, si el propósito principal de ese medio impugnatorio es el de
controvertir los argumentos del juez de primera instancia que a la postre
redundaron en una decisión desfavorable a sus intereses, era necesario que los
argumentos expuestos en el escrito de apelación permitieran controvertir la
sentencia apelada.
28. Sin embargo, al no existir correspondencia lógica ni jurídica con los
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Radicado: 63001-23-33-000-2020-00032-01 (2251-2022)
Demandante: Ana María Madrid Cataño
presupuestos del asunto que se resuelve, se presenta la apelación fallida, lo que
trae como consecuencia que permanezca incólume lo resuelto en primera
instancia. Ello materializa el debido proceso, teniendo en cuenta que la decisión
que debe adoptar el ad quem necesariamente debe guardar congruencia con lo
resuelto por el juez de primera instancia, razón por la cual, los argumentos que se
presenten en el recurso de apelación son los que eventualmente darán lugar a que
la providencia sea confirmada, revocada o modificada, según el caso.
29. En efecto, esta corporación ha advertido que no le es dable al juez asumir
cargas que corresponden a las partes procesales, pues, ello desvirtuaría su papel
imparcial en el juicio. Si una de las partes está inconforme con la sentencia, es su
responsabilidad atacar la decisión poniendo a disposición, tanto del juez como de
la parte favorecida con la sentencia, las razones que, en su criterio, dejan sin
fundamento la providencia judicial15; en tal sentido el apelante debe exponer los
argumentos que sirven de soporte para modificar total o parcialmente la decisión
de primera instancia y que, a la vez, constituye el marco para cumplir con la
función, que no es oficiosa, de decidir la apelación16. En este sentido, la
jurisprudencia de lo contencioso - administrativo ha sido constante en precisar que
«en la sustentación de la apelación frente a la providencia de primer grado, al impugnante
o recurrente le asiste el deber o carga procesal de señalar las discrepancias que tiene
frente a la sentencia que ataca por la vía del recurso de alzada, pues dichas objeciones
son las que realmente deben ser analizadas y resueltas en la providencia de segunda
instancia»17.
30. De acuerdo con los anteriores razonamientos, cuando los argumentos
expuestos en el recurso de apelación no se dirigen contra el fondo de la decisión
recurrida, al no existir correspondencia con los presupuestos del asunto que se
resuelve, se presenta la apelación fallida, lo que trae como consecuencia que
permanezca incólume lo resuelto en primera instancia.
31. En consecuencia, es notoria la incongruencia de las razones expuestas por el
Fomag y, por tal motivo, la Sala encuentra que en el caso bajo estudio no era
posible ahondar en consideraciones adicionales comoquiera que los argumentos
de la apelación se dirigen a cuestionar una situación que no guarda coherencia
con la realidad fáctica del proceso; de modo que carece de razón y sentido la
apelación interpuesta y además limita a esta Sala de Subsección para emitir un
pronunciamiento de fondo, por lo que se declarará fallida la apelación y se
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 7 de abril de 2011.
Radicación 13001-23-31-000-2004-00202-02(0417-10).
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Providencia del 13
de septiembre de 2012. Radicación 25000-23-27-000-2006-00825-01(17343).
17 Véase la sentencia del 10 de octubre de 2019, expediente 4719-16, M.P. William Hernández
Gómez
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Radicado: 63001-23-33-000-2020-00032-01 (2251-2022)
Demandante: Ana María Madrid Cataño
mantendrá incólume la sentencia de primera instancia.
2.3. Costas
32. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
33. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.
34. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma18.
35. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
36. En el caso concreto, como no se evidenció actuación temeraria o mala fe, ni se
advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del trámite procesal, la
Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
37. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que no era procedente
examinar los argumentos planteados por el a quo en la primera instancia, en la
medida en que no existe congruencia entre los razonamientos de la apelación
presentada por la entidad demandada y aquellos señalados en la decisión
18En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 63001-23-33-000-2020-00032-01 (2251-2022)
Demandante: Ana María Madrid Cataño
controvertida, por consiguiente, la Sala mantendrá incólume la sentencia del 28 de
octubre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta
de Decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Mantener incólume la sentencia proferida el 28 de octubre de 2021 por el
Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión, mediante la cual
accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Ana María Madrid
Cataño contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Ausente con excusa
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
ACCR
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