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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2014-00065-01

Fecha
9 de abril de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2014-00065-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. AVOCAR conocimiento del proceso de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva. Segundo. REVOCAR la sentencia proferida el doce (12) de abril de dos mil dieciocho (2018) por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se declaró inhibida para fallar. En su lugar, Tercero. DECLARAR LA NULIDAD de las Resoluciones DESAJMR12-5822 del 8 de agosto de 2012 y 3347 del 6 de mayo de 2013, proferidas por la Rama Judicial. Cuarto. A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Nación — Rama Judicial — Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a reconocer y pagar la bonificación por compensación a favor del señor Juan Guillermo Zuluaga Aramburo, en un ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto devengan los magistrados de altas cortes, en concordancia con los ingresos percibidos por los congresistas, incluyendo el auxilio de cesantías que reciben dichos funcionarios como factor para la liquidación de la prima especial de servicios prevista en el artículo 15 de la Ley 4.ta de 1992, por el periodo comprendido entre el 1.° de septiembre de 2008 y el 21 de septiembre de 2011. La demandada deberá pagar únicamente la diferencia entre los valores previamente reconocidos, si existieren, y los que resulten de la liquidación ordenada, así como atender el límite porcentual impuesto por el legislador anualmente, por lo que deberá verificar que, efectuada la liquidación, no se supere el tope del 80% según lo expuesto es la parte motiva de esta sentencia. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 Radicado: 05001-23-33-000-2014-00065-01 (6334-2018) La bonificación por compensación únicamente constituye factor salarial para efectos de cotización a pensión y no incide en la liquidación de prestaciones sociales. La entidad deberá efectuar los aportes a seguridad social, de conformidad con la ley. La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará conforme a las previsiones planteadas en la parte considerativa del fallo. Quinto. Condenar en costas a la demandada en ambas instancias. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2014-00065-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

9 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2014-00065-01 (6334-2018)
Demandante: Juan Guillermo Zuluaga Aramburo
Demandado: Nación — Rama Judicial — Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial

Temas: Bonificación por compensación. REVOCA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala1 el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra de
la sentencia inhibitoria proferida el doce (12) de abril de dos mil dieciocho (2018)
por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

ANTECEDENTES

1. El señor Juan Guillermo Zuluaga Aramburo instauró demanda2 en contra de la
Nación — Rama Judicial — Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad de las Resoluciones DESAJMR12-5822 del 8 de
agosto de 2012 y 3347 del 6 de mayo de 2013, por medio de las cuales la entidad
negó la bonificación por compensación; como restablecimiento del derecho, sea

1 Se precisa que, si bien el 28 de marzo de 2014, en calidad de magistrado del Tribunal Administrativo de

Antioquia, suscribí impedimento para conocer del asunto (art. 150-1 CPC) de manera conjunta con los demás
magistrados de dicha corporación, el cual fue aceptado por el Consejo de Estado, el 21 de agosto del mismo
año, dicha actuación no constituye una gestión en instancia anterior; estuvo dirigida a dar trámite al proceso, no
se enmarca en ninguna causal de impedimento y, en gracia de discusión, actualmente, la Subsección B, en
distintos pronunciamientos, lo ha declarado infundado. De ahí que, es innecesario manifestarlo.
A su vez, se advierte que en del auto del 9 de abril de 2026, se declaró infundado el impedimento presentado
por el Doctor Luis Eduardo Mesa Nieves en este proceso, por la presunta configuración de pleito pendiente con
la entidad demandada; en consecuencia, integra la Sala que resuelve la presente controversia.
2 Folios 39 a 60.

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condenada a pagar las diferencias salariales existentes entre las sumas pagadas
teniendo en cuenta el 70 % de lo devengado por los magistrados de altas cortes
y el 80 % que debió pagársele, entre el 1° de septiembre de 2008 y el 21 de
septiembre de 2011, con los intereses moratorios desde el 18 de julio de 2011.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

3. Que mediante sentencias del 27 de junio de 2009 proferida por el Juzgado 19
Administrativo del Circuito de Medellín y del 12 de julio de 2011 dictada por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, se ordenó el reintegro del actor al cargo de
magistrado del Tribunal Superior de Medellín y el pago de los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir entre el 1.° de septiembre de 2008,
fecha de desvinculación, y el 21 de septiembre de 2011, fecha de reintegro.

4. Que el 3 de julio de 2012 solicitó a la entidad el pago correspondiente al 80 %
de los ingresos de los magistrados de altas cortes, pero su petición fue negada
mediante los actos acusados.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

5. Considera violados el artículo 150 de la Constitución Política; las Leyes 10 de
1987 y 63 de 1988, y el Decreto 610 de 1998. Que los actos demandados
desconocieron la realidad legal y fáctica, pues tiene derecho a la bonificación
por compensación del Decreto 610 de 1998.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

6. La demanda fue admitida el 3 de septiembre de 20153. La entidad manifestó4
que el derecho a la bonificación por compensación no se encuentra en discusión,
pero sí su prescripción, la cual operó para el derecho causado con anterioridad
al 3 de julio de 2009.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5

7. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 12 de abril de
2018 se declaró inhibido para fallar. A su juicio, los actos demandados no
constituían decisiones definitivas que crearan o modificaran una situación
jurídica en particular, y que el actor no demandó la Resolución 4819 de 2012

3 Folios 83 a 84.
4 Folios 94 a 100.
5 Folios 144 a 160.

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que fue el acto de ejecución donde efectivamente se liquidaron los valores y se
concretó el perjuicio alegado.

8. Además, señaló que el demandante se acogió voluntariamente a los beneficios
del Decreto 4040 de 2004, y por ello recibió una suma de dinero por concepto
de bonificación por gestión judicial en febrero de 2005, y para acceder a dicho
pago, debió suscribir o un contrato de transacción o desistir de un proceso
judicial previo, lo cual generaría efectos de cosa juzgada o una excepción de
transacción, lo que impide una decisión de mérito en el proceso.

RECURSO DE APELACIÓN

9. La parte demandante6 interpuso recurso de apelación por considerar
improcedente el fallo inhibitorio, argumentando que los actos demandados no
son de mero juicio, sino decisiones definitivas que negaron su petición. Al
respecto, precisó que solicitó a la entidad la liquidación de salarios y
prestaciones para el periodo comprendido entre el 1.° de septiembre de 2008 y
21 de septiembre de 2011, correspondiente al 80 % de lo devengado por los
magistrados de altas cortes. Esta pretensión fue trasladada por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial mediante oficio DEAJRH12-5593 del 17 de
julio de 2012, a la Dirección Seccional de Medellín, la cual, negó el derecho a
través de la Resolución DESAJMR12-5822 del 8 de agosto de 21012, decisión
confirmada posteriormente en la Resolución 3347 del 6 de mayo de 2013.

10. A su vez, cuestionó la valoración del tribunal de origen sobre la aceptación
voluntaria del Decreto 4040 de 2004 exponiendo que los derechos laborales no
son renunciables. Sostuvo que la decisión apelada desconoció la nulidad de
dicha norma, la cual es inaplicable por ser regresiva respecto del 610 de 1998,
lo que implica que los derechos de sus destinatarios deben permanecer
incólumes.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

11. El 3 de diciembre de 20197 se admitió el recurso. El demandante reiteró los
argumentos expuestos en la demanda y en la apelación. La demandada y el
Ministerio público guardaron silencio.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES
Avoca conocimiento

6 Folios 162 a 171.
7 Folio 193.

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12. De conformidad con lo previsto en el artículo 116 del CPACA, cuando se
modifica la integración de la sala, los nuevos magistrados desplazan a los
conjueces, siempre que respecto de aquellos no se predique causal de
impedimento o recusación, tal como ocurre en este caso8 y por ello se avocará
conocimiento del proceso.

13. La Sala debe determinar si resultaba procedente el fallo inhibitorio de primera
instancia por no demandar el acto de ejecución contenido en la Resolución 4819
de 2012, y en caso contrario, determinar si el actor tiene derecho a la bonificación
por compensación del Decreto 610 de 1998 durante el periodo reclamado.

Marco normativo y jurisprudencial

Actos administrativos susceptibles de control judicial

14. Son susceptibles de control de legalidad aquellos actos administrativos que
concluyen la actuación administrativa y producen efectos jurídicos definitivos, es
decir, los que «crean, modifican o extinguen una situación jurídica en particular».
El artículo 43 del CPACA define los actos definitivos, como aquellos que «(…)
decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar
la actuación».

15. Los actos administrativos denominados como de cumplimiento o ejecución son
aquellos en los cuales no se contiene una expresión de voluntad proveniente de
la administración, sino la orden concreta de un juez que, para cobrar ejecución,
requiere de su puesta en práctica por la autoridad que está obligada a cumplirla.
Es entonces este acto, el instrumento jurídico a través del cual la administración
materialmente cumple la orden dada por un funcionario judicial dentro de una
providencia.

16. La jurisprudencia9 ha definido que es procedente el estudio de los actos de
ejecución de sentencias, de forma excepcional, cuando: i) la decisión de la
administración va más allá de lo ordenado por el juez, y ii) crea, modifica o
extingue una determinada relación jurídica entre el Estado y el particular, la cual
no fue objeto de debate judicial.

17. En relación con la última consideración, esta Sección indicó:10

8 La Sección Segunda, actualmente, declara infundados los impedimentos manifestados por los integrantes de

la Sala, en los casos en que no se demuestre un interés actual directo o indirecto. En efecto, así se observa en
la siguiente decisión: Consejo de Estado. Auto del 6 de febrero de 2025. C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
41001-23-33-000-2012-00203-04 (1969-2022).
9 Corte Constitucional. Sentencia T- 923 del 7 de diciembre de 2011 M.P: Humberto Antonio Sierra Porto;

Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 6 de marzo de 2014, Exp. 2012-00103-01
(3986-2013). M.P: Alfonso Vargas Rincón.
10 Consejo de Estado. Sección Segunda. Exp: 2014-00651-01 (3529-15). M.P: Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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«(…) La jurisprudencia ha señalado reiteradamente que el acto de ejecución
carece de control por vía de acción, lo cual se adecúa a la definición ya
expuesta, y así mismo a su tratamiento procesal dentro del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuyas reglas
adjetivas impiden que este tipo de decisiones sean susceptibles de discusión
gubernativa.11

Bajo este entendido, el acto de ejecución no es pasible por regla general de
control jurisdiccional. Sin embargo, esta Corporación ha admitido que si el acto
de ejecución excede, parcial o totalmente lo dispuesto en la sentencia o en otro
acto administrativo que se pretende ejecutar – en otras palabras, si contempla
aspectos nuevos de la decisión a ejecutar -, es procedente ejercer el medio de
control de nulidad y de restablecimiento, al haberse creado, modificado o
extinguido una situación jurídica diferente y, por ende, al haberse generado un
verdadero acto administrativo susceptible del control de legalidad12.

Entonces, si bien los actos administrativos de ejecución no son demandables
por regla general, si la administración al proferirlo se aparta del verdadero
alcance de la decisión, agregando o suprimiendo algo, resulta incuestionable
que el acto no es de simple ejecución como quiera que nace a la vida jurídica
una nueva decisión de la administración que sería controvertible ante la
jurisdicción».

Bonificación por compensación

18. La bonificación por compensación fue creada mediante el Decreto 610 de 1998
tras el reconocimiento de una brecha salarial entre los magistrados de tribunal y
otros funcionarios frente a los magistrados de altas cortes, pues para ese
momento aquellos percibían apenas el 46 % de la remuneración de estos
últimos.

19. Con tal finalidad, la norma adoptó un esquema de nivelación salarial progresiva,
mediante el cual se dispuso un incremento gradual de los ingresos laborales de
los funcionarios destinatarios del decreto13, iniciando en 1999 con un
reconocimiento equivalente al 60% de lo percibido por los magistrados de las
altas cortes y alcanzando el 80% en el 2001. Con ese propósito, la norma
dispuso una nivelación progresiva de sus ingresos, hasta alcanzar el 80 % de lo
devengado por estos últimos.

11 Artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.
12 Al respecto ver: Consejo de Estado. Sección Cuarta. Providencia del 30 de marzo de 2006. Exp. 25000-23-

27-000-2005-01131-01(15784); Providencia de fecha 6 de agosto de 2015. Exp. 41001-23-33-000-2012-00137-
01(4594-13).
13 Artículo 2.°, Decreto 610 de 1998: «La Bonificación por Compensación de que trata el artículo anterior, se

aplicará a los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo,
Nacional y Superior Militar; a los Magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional,
y el Consejo Superior de la Judicatura; a los Abogados Auxiliares del Consejo de Estado; a los Fiscales y Jefes
de Unidad ante el Tribunal Nacional; a los Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Fiscales ante el Tribunal de
Distrito, y los jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito.»
Adicionado por el artículo 1 del Decreto 1239 de 1998: «a los Secretarios Generales de la Corte Suprema de
Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y al Secretario Judicial de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.»

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20. Con la expedición del Decreto 2668 de 1998 se derogaron los Decretos 610 de
1998 y el 1239 del mismo año—que lo había adicionado—, lo que impedía la
posibilidad de reclamar la Bonificación por Compensación. Sin embargo, dicha
disposición fue declarada nula mediante sentencia de la Sala de Conjueces de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, del 25 de septiembre de 200114, con
lo cual recobraron vigencia los decretos derogados y se restableció la mentada
bonificación, configurándose este como un primer momento en que la asignación
resultó plenamente exigible.

21. No obstante, en el año 2004, mediante el Decreto 4040 el Gobierno Nacional
creó la denominada «Bonificación de Gestión Judicial», destinada a los mismos
beneficiarios del Decreto 610 de 1998, con el propósito de nivelar sus
emolumentos hasta en un 70% de lo devengado, por todo concepto, por los
magistrados de las altas cortes.

22. Esta medida se adoptó pese a la existencia previa de la Bonificación por
Compensación, que perseguía el mismo objetivo de subsanar la desigualdad
salarial, lo que dio lugar a la concurrencia de dos regímenes salariales aplicables
a un mismo grupo de servidores públicos. En ese contexto, el régimen
introducido por el Decreto 4040 de 2004 (incompatible con la Bonificación por
Compensación) reconoció un porcentaje inferior de nivelación salarial y
condicionó su acceso al desistimiento de las acciones judiciales promovidas con
ocasión de la bonificación del Decreto 610 de 1998 o, en su defecto, a la
suscripción de contratos de transacción cuando no se hubieran formulado
reclamaciones previas.

23. El Decreto 4040 de 2004 fue objeto de control jurisdiccional y, mediante
sentencia del 14 de diciembre de 201115, la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró su nulidad al considerar que el Gobierno
nacional excedió su potestad reglamentaria por establecer un régimen salarial
regresivo frente a uno previamente reconocido y vigente, en desconocimiento de
los principios de igualdad, progresividad y favorabilidad aplicables en materia
salarial para los beneficiarios de la norma.

24. Como consecuencia, el régimen previsto en el Decreto 4040 de 2004 fue
excluido del ordenamiento jurídico, y en su lugar, recobró vigencia el esquema
de la Bonificación por Compensación, sin las limitaciones, incompatibilidades ni
condicionamientos introducidos por la norma anulada, consolidándose
nuevamente la posibilidad de hacer efectiva dicha remuneración.

25. Ahora bien, lo cierto es que mientras coexistieron ambos regímenes no era
viable determinar con certeza cuál de ellos resultaba aplicable, y, en todo caso,

14 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 25 de septiembre de 2001. Exp.

CE-SEC2-EXP2001-N395-99. Radicado. 395-99. CP. Alvaro Lecompte Luna.
15 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 14 de diciembre de 2011. Exp.

11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-2005). CP. Carlos Arturo Orjuela Góngora.

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una vez declarada la nulidad de la Bonificación de Gestión Judicial, tampoco
había claridad del momento a partir del cual era exigible la Bonificación por
Compensación.

26. En atención a lo anterior, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante sentencia del 18 de mayo de 2016 16, desarrolló
una interpretación sobre la aplicación del Decreto 610 de 1998 y la prescripción
trienal, precisando que esta última solo comienza a contarse a partir de la
exigibilidad del derecho una vez superada la dualidad de normas presentada, la
cual se configuró con la ejecutoria de la sentencia que excluyó del ordenamiento
jurídico el Decreto 4040 de 2004, esto es, desde el 28 de enero de 2012.

27. Además, precisó que, al momento de fijar el monto de la bonificación, las sumas
reconocidas a los congresistas por concepto de cesantías constituyen ingresos
laborales permanentes, por lo que integran la base de liquidación de la prima
especial de servicios de los magistrados de altas cortes, criterio que también
aplica a la bonificación por compensación, en la medida en que esta se
determina con base en lo que por todo concepto devenguen dichos funcionarios.

Resolución del caso concreto

28. Se encuentra probado que la Resolución 4819 del 16 de noviembre 201217 fue
expedida en cumplimiento de las órdenes contenidas en la sentencia del 12 de
julio de 201118 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por la cual
se confirmó la sentencia del 25 de junio de 200919 proferida por el Juzgado 19
Administrativo del Circuito de Medellín.

29. En aquella providencia se puso fin a la controversia surtida entre el señor Juan
Guillermo Zuluaga Aramburo y la Nación — Rama Judicial, por la que se
pretendía la nulidad de los actos administrativos que dispusieron su retiro del
cargo de magistrado del Tribunal Superior de Medellín, así como su reintegro y
el pago de las sumas dejadas de percibir entre la fecha de desvinculación y de
reintegro.

30. Se observa que la mentada Resolución 4819, en cumplimiento de la orden
judicial, liquidó los salarios dejados de percibir durante el periodo reconocido,
por lo que se considera que dicho acto administrativo se trata de un acto de
ejecución que no es susceptible de control judicial, tal como lo estimó el
demandante, quien no lo incluyó dentro de los actos acusados.

31. En su lugar, acertó al estimar que la entidad modificó su situación jurídica con la

16 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 18 de mayo de 2016. Exp. 25000-

23-25-000-2010-00246-02(0845-15). CP. Jorge Iván Acuña Arrieta.
17 Folio 46.
18 Folio 11.
19 Folio 3.

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expedición de las Resoluciones DESAJMR12-5822 del 8 de agosto de 2012 y
3347 del 6 de mayo de 2013, que negaron la solicitud de liquidación de salarios
y prestaciones entre el 4.° de septiembre de 2008 y 21 de septiembre de 2011
con base en el 80 % de lo que devengan los magistrados de altas cortes, pues,
a juicio de la entidad, al actor se le pagó la bonificación por gestión judicial
prevista en el Decreto 4040 de 2004, conforme a la normativa vigente en ese
momento, y que la sentencia que declaró la nulidad del mencionado decreto
produjo efectos hacia futuro sin ordenar pagos retroactivos.

32. Por lo anterior, no había lugar a proferir un fallo inhibitorio, por lo que deberá
revocarse y estudiar de fondo el asunto.

33. Pues bien, en relación con el reajuste de la remuneración, para la Sala resulta
procedente su reconocimiento, toda vez que para el actor, según las sentencias
del 25 de junio de 2009 y del 12 de julio de 2011, no existió solución de
continuidad en la labor ejercida por el demandante en el cargo de magistrado
del Tribunal Superior de Medellín. Por tanto, debe considerarse que este es
beneficiario de la bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de
1998, entre el 1.° de septiembre de 2008 y el 21 de septiembre de 2011, cuyo
objeto es equiparar su remuneración al ochenta por ciento (80 %) de lo que
perciben anualmente los magistrados de las altas cortes.

34. Debe precisarse que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación20, la
bonificación por compensación se fija como un porcentaje de lo que por todo
concepto reciben los magistrados de altas cortes, razón por la cual su cuantía
depende también de la base utilizada para el cálculo de la prima especial de
servicios reconocida a dichos funcionarios. Dicha prima, a su vez, se liquida con
fundamento en la equiparación de la totalidad de los emolumentos percibidos
por los congresistas, dentro de los cuales las cesantías han sido reconocidas21
como ingresos laborales anuales de carácter permanente, y, por tanto,
consideradas como factor de liquidación.

35. Sobre el particular, se advierte que dicho emolumento no podrá superar el 80 %
previsto en el Decreto 610 de 1998 y que únicamente se pagará la diferencia
entre los valores ya reconocidos, si los hubiere, y los que resulten de la
liquidación ordenada.

36. Además, se aclara que, conforme a lo dispuesto en el inciso 2.° del artículo 1.°
del Decreto 610 de 1998, la bonificación por compensación únicamente

20 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 4 de septiembre de 2025. Exp. 47001 -

23-33-000-2014-00057-02 (4173-2023). C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves. Consejo de Estado. Sección Segunda.
Sala de Conjueces. Sentencias proferidas el 18 de mayo de 2016. Exp. 25000-23-25-000-2010-00246-02 (0845-
2015). C.P. Jorge Iván Acuña Arrieta; el 3 de diciembre de 2024. Exp. 25000-23-42-000-2018-00716-02 (0499-
2022). C.P. Clara Elisa Cifuentes Ortiz Bogotá; el 8 de octubre de 2024. Exp 17001-23-33-000-2012-00115-02
(4006-2015). C.P. Miguel Arcángel Villalobos Chavarro.
21 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 4 de mayo de 2009. 25000-23-25-

000-2004-05209-02(0552-07). CP. Luis Fernando Velandia Rodríguez.

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Radicado: 05001-23-33-000-2014-00065-01 (6334-2018)

constituye factor salarial para efectos de cotización a pensión y no para
liquidación de las prestaciones sociales, y, deberá la entidad efectuar los aportes
a seguridad social, de conformidad con la ley.

37. En virtud de lo expuesto, se declarará la nulidad de las Resoluciones
DESAJMR12-5822 del 8 de agosto de 2012 y 3347 del 6 de mayo de 2013 y a
título de restablecimiento del derecho se dispondrá el reajuste de la bonificación
por compensación en los términos de esta providencia.

38. La suma de dinero que resulte de la condena se ajustará al valor presente de
acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo de
Estado, según la cual:

R= RH Índice Final
Índice inicial

39. En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por la parte demandante por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por
el índice vigente a la fecha en que la parte actora obtuvo el estatus pensional.
Por tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse
mes por mes.

De la condena en costas en ambas instancias

40. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

41. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás
asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

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Radicado: 05001-23-33-000-2014-00065-01 (6334-2018)

42. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

43. En consecuencia, se impondrán costas en ambas instancias en contra de la
parte demandada, por cuanto se accede totalmente a las peticiones del recurso
de apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 de la misma
norma, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del tribunal
de origen.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. AVOCAR conocimiento del proceso de la referencia, por las razones
expuestas en la parte motiva.

Segundo. REVOCAR la sentencia proferida el doce (12) de abril de dos mil
dieciocho (2018) por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual
se declaró inhibida para fallar. En su lugar,

Tercero. DECLARAR LA NULIDAD de las Resoluciones DESAJMR12-5822 del 8
de agosto de 2012 y 3347 del 6 de mayo de 2013, proferidas por la Rama Judicial.

Cuarto. A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Nación — Rama
Judicial — Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a reconocer y pagar la
bonificación por compensación a favor del señor Juan Guillermo Zuluaga Aramburo,
en un ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto devengan los
magistrados de altas cortes, en concordancia con los ingresos percibidos por los
congresistas, incluyendo el auxilio de cesantías que reciben dichos funcionarios
como factor para la liquidación de la prima especial de servicios prevista en el
artículo 15 de la Ley 4.ta de 1992, por el periodo comprendido entre el 1.° de
septiembre de 2008 y el 21 de septiembre de 2011.

La demandada deberá pagar únicamente la diferencia entre los valores previamente
reconocidos, si existieren, y los que resulten de la liquidación ordenada, así como
atender el límite porcentual impuesto por el legislador anualmente, por lo que deberá
verificar que, efectuada la liquidación, no se supere el tope del 80% según lo
expuesto es la parte motiva de esta sentencia.

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Radicado: 05001-23-33-000-2014-00065-01 (6334-2018)

La bonificación por compensación únicamente constituye factor salarial para efectos
de cotización a pensión y no incide en la liquidación de prestaciones sociales. La
entidad deberá efectuar los aportes a seguridad social, de conformidad con la ley.

La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará conforme a las
previsiones planteadas en la parte considerativa del fallo.

Quinto. Condenar en costas a la demandada en ambas instancias.

Sexto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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