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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2014-00970-01

Fecha
11 de abril de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2014-00970-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar el ordinal octavo de la sentencia del 3 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en tanto condenó en costas a la entidad demandada. Segundo. Modificar el ordinal Cuarto de la sentencia del 3 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda incoada por Daniel Pérez Gómez contra la Unidad Nacional de Protección, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, y en su lugar se dispone: «CUARTO: En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, condenar a la Unidad Nacional de Protección (UNP) en calidad de sucesora procesal del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que en favor del señor Daniel Pérez Gómez: 3.1. Reconozca y pague las prestaciones sociales comunes a su cargo, propias de los empleados públicos, tomando como base los salarios y prestaciones devengadas por los trabajadores de planta durante el periodo comprendido entre el 21 de septiembre de 2005 y el 31 de marzo de 2011, en los cuales se demostró la existencia de la relación laboral. 3.2. Pague las cotizaciones legales para la seguridad social, tomando el ingreso base de cotización o IBC pensional del demandante, dentro de los periodos laborados por contrato de prestación de servicios, mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados por el señor Pérez Gómez como contratista y los que se debieron efectuar, deberá cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante en concepto de aportes, pero solo en el porcentaje que le correspondía como empleador. En ese sentido, el demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al Sistema General de Seguridad Social en pensiones durante el tiempo que duró su vinculación, y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, 30 Radicado: 05001-23-33-000-2014-00970-01 (2398-2022) Demandante: Daniel Pérez Gómez deberá cancelar o completar, según sea el caso, el porcentaje que le correspondía como trabajador». Tercero. Adicionar un ordinal a la sentencia proferida el 3 de marzo de 2022 […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2014-00970-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

11 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2014-00970-01 (2398-2022)
Demandante: Daniel Pérez Gómez
Demandado: Nación, Ministerio del Interior y Justicia y Unidad Nacional de
Protección1

Tema: Relación laboral encubierta

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Asunto

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida el 3 de marzo de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

1. Antecedentes
1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

Daniel Pérez Gómez presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad del Oficio 63486, radicado interno 61819 del 20 de diciembre
de 2013, por medio del cual el jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Departamento
Administrativo de Seguridad en proceso de supresión3 le negó la existencia de una
relación laboral y el reconocimiento de las prestaciones sociales que se derivaran
de ella.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó
que: i) se le reintegrara al cargo que venía desempeñando o a un cargo de igual o
superior jerarquía; ii) se reconocieran los conceptos salariales y prestacionales que
de ello se derivan, tales como salario con recargos, trabajo suplementario u horas
extras, vacaciones, primas de servicios, de navidad y vacaciones, cesantías y sus
intereses, con la consecuente nivelación al código y grado del empleo que existe en
la planta de personal; iii) se devolvieran las sumas de dinero pagadas por concepto
de seguridad social en salud y pensión, así como las retenciones efectuadas; iv) se
pagara la indemnización por despido injusto; v) se reconociera como sanción

1 En lo sucesivo UNP.
2 En adelante CPACA.
3 En lo que sigue DAS.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2014-00970-01 (2398-2022)
Demandante: Daniel Pérez Gómez

moratoria el equivalente a un día de salario por cada día de retardo en el pago de
salarios, cesantías, liquidaciones y demás prestaciones de ley; vi) se indexaran las
sumas que resultaren; vii) se condenara en costas a la parte vencida; y viii) se diera
cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 309 de la Ley 1437 de 2011.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

• Entre el 21 de septiembre de 2005 y el 17 de junio de 2011, Daniel Pérez Gómez
se vinculó con el DAS, en forma continua e ininterrumpida como escolta en el
departamento de Antioquia, dentro del programa de «protección a dirigentes sindicales,
organizaciones sociales y defensores de derechos humanos»; prestó sus servicios bajo
la continua subordinación y dependencia de sus superiores, en el horario y fechas
señaladas y en los diferentes lugares y sedes determinadas por el empleador.

• Previo a su vinculación con la entidad, fue sometido a exámenes médicos,
psicológicos y físicos, los cuales debieron ser aprobados para iniciar su vinculación
con el DAS.

• El DAS era la entidad encargada de asignarle las personas a las cuales tenía que
prestar el servicio escolta, le entregaba la dotación necesaria y además era quien
le autorizaba «su salida o no de la ciudad cuando tenía que salir a escoltar a determinada
persona a otro lugar ajeno a la ciudad de Medellín».

• Cuando era enviado a otras ciudades, era obligado a reportarse vía telefónica y
personalmente en la estación de policía del lugar; a su regreso a la ciudad de
Medellín, debía rendir el respectivo informe.

• En aquellos casos en que la persona asignada a su acompañamiento «tuviera que
salir de la ciudad, departamento o del País y no requería servicio escolta» era obligado a
permanecer disponible en las instalaciones del DAS en el horario de 8:00 a.m a
12:00 p.m y de la 1:00 p.m a 6:00 p.m.

• Antes de iniciar labores y al finalizar el día, debía asistir a las instalaciones de la
entidad a recoger su material de dotación y hacer su devolución, respectivamente.

• Los contratos de prestación de servicios celebrados fueron utilizados por la entidad
para ocultar una verdadera relación laboral y así evadir el pago de las prestaciones
y emolumentos que genera una relación laboral.

• El 17 de junio de 2011 el DAS le informó al demandante que su contrato de trabajo
había terminado y que no le seria renovado.

• El 18 de diciembre de 2013, solicitó al DAS el reconocimiento de la existencia de
una relación laboral por el tiempo en que se desempeñó como escolta, y el

2

Radicado: 05001-23-33-000-2014-00970-01 (2398-2022)
Demandante: Daniel Pérez Gómez

consecuente pago de las prestaciones sociales y demás derechos laborales que se
derivaban de ella; sin embargo, esta petición fue negada por la jefe de la oficina
asesora jurídica del DAS en proceso de supresión a través del oficio 63486,
radicado interno 61819 del 20 de diciembre de 2013.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 13 y 53 de la Constitución Política; 1, 5, 8, 12
y 17 de la Ley 6ª de 1945; 5, 6, 8, 9, 11 y 14 del Decreto 3135 de 1968; 42, 52, 58,
59 y 60 del Decreto 1045 de 1978; 1, 2, 3, 5, 8, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 32, 33 y
40 del Decreto 1045 de 1978; y la ley 4ª de 1966.

En cuanto al concepto de violación, expuso que tuvo una vinculación precaria, pues
pese a que prestó sus servicios a la entidad no le fueron reconocidos los derechos
mínimos que le corresponden en vigencia del principio de primacía de la realidad
sobre las formas y el de a trabajo igual salario igual. Lo anterior, toda vez que recibió
órdenes sobre la forma en que debía cumplir con sus funciones y la ciudad en la
que debía hacerlo, los días y el horario estaban previamente señalados, debía tener
disponibilidad de tiempo, la entidad le proporcionaba los elementos oficiales y
recibía comunicaciones y memorandos sobre instrucciones en el uso y manejo de
esa dotación, entre otros

De otra parte, sostuvo que se le vulneró el derecho a la igualdad, toda vez que por
desarrollar las mismas funciones del personal vinculado de forma legal y
reglamentaria debió recibir un trato igual al que reciben los escoltas de planta de la
entidad4.

1.2. Contestación de la demanda5

1.2.1. La Nación, Ministerio del Interior contestó la demanda, para lo cual indicó que,
si bien los contratos de prestación de servicios fueron suscritos en desarrollo de un
programa de protección liderado por esa cartera ministerial, tales documentos
fueron suscritos únicamente con el DAS, en nombre propio, sin la intervención de
ese Ministerio.

Como excepciones propuso: i) falta de legitimación en la causa por pasiva; y ii) la
genérica o innominada6.

1.2.2. La UNP se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con
fundamento en los siguientes argumentos7:

4 Folios 3 al 24.
5 Mediante auto del 28 de abril de 2015 se admitió como sucesora procesal del extinguido DAS a la

UNP, tal y como se advierte a folios 335 y 336.
6 Folios 281 al 290.
7 Folios 341 a 398.

3

Radicado: 05001-23-33-000-2014-00970-01 (2398-2022)
Demandante: Daniel Pérez Gómez

• No se puede imputar responsabilidad administrativa, toda vez que la UNP no
participó directa ni indirectamente en los hechos de la demanda.

• El demandante nunca fue incorporado en la planta de personal de la UNP porque
nunca estuvo vinculado directamente con el DAS.

• El Decreto 4075 de 2011, que ordenó la supresión de DAS, con el fin de garantizar
la eficiencia de la prestación del servicio público que prestaba la entidad,
redistribuyó y asignó algunas de las funciones a otros entidades y organismos del
gobierno nacional, tales como Migración Colombia, Fiscalía General de la Nación,
Policía Nacional y UNP.

• La protección al grupo poblacional definido como «dirigentes sindicales,
organizaciones sociales y defensores de derechos humanos», inicialmente es una
función propia del «Ministerio del Interior y de Justicia» la cual hace parte del programa
de protección de derechos humanos, regulada por el Decreto 2816 del 22 de agosto
de 2006; posteriormente, se trasladó a la UNP, de conformidad con el Decreto 4912
del 26 de diciembre de 2011, modificado y adicionado parcialmente por el Decreto
1225 de 2012. Así lo expuesto, la función de protección que desempeñó el
demandante no era propia del DAS y, por ende, no le fue asignada a ninguna de las
entidades que, con su supresión, asumieron funciones.

• El demandante solo ejecutó la función contratada en virtud del apoyo que le ofreció
al ente o dependencia encargada, pues dicha actividad dependía de la demanda de
protección que proponían las personas diferentes de los dirigentes señalados en los
decretos 643 de 2004 y 1700 de 2010.

• La relación contractual entre las partes estuvo regulada por las leyes 80 de 1993
y 1150 de 2007, las cuales autorizaron a las entidades públicas para celebrar
contratos de prestación de servicios.

• A la UNP no le fueron entregadas las historias laborales, ni antecedentes
contractuales del personal que estuvo al servicio del DAS, únicamente las del
personal de planta.

Propuso las siguientes excepciones: i) falta de legitimación en la causa por pasiva;
ii) inexistencia de la obligación; iii) ausencia de vínculo de carácter laboral; iv) cobro
de lo no debido; v) prescripción extintiva; vi) enriquecimiento sin causa; y vii) la
genérica e innominada.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia proferida el 3 de marzo de
2022 accedió a las pretensiones de la demanda y en consecuencia dispuso lo
siguiente:

4

Radicado: 05001-23-33-000-2014-00970-01 (2398-2022)
Demandante: Daniel Pérez Gómez

«PRIMERO: Se declara no probadas las excepciones de ‹Inexistencia del derecho y
de la obligación›, ‹Ausencia de vinculo de carácter laboral›, ‹Cobro de lo no debido›,
‹Prescripción extintiva›, ‹Enriquecimiento sin causa e injustificado del actor›, ‹Falta de
legitimación en la causa por pasiva›, ‹Generica o innominada›, propuestas por la
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP- en calidad de sucesora procesal del
extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS, de conformidad con las
consideraciones previamente expuestas.

SEGUNDO: Se declara probada la excepción de ‹Falta de legitimación en la causa
por pasiva›, propuestas por la NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Se declara la nulidad del Oficio No. 63486 radicado interno No. 61819 del
20 de diciembre de 2013, proferido por el Jefe Oficina Asesora Jurídica del
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en lo que atañe a la negación del
reconocimiento y pago de las prestaciones solicitadas reclamadas por el demandante
como consecuencia de la suscripción y ejecución de los diferentes contratos de
prestación de servicios No. 111 del 21 de septiembre de 2005; No. 026 del 1° de marzo
de 2006; No. 096 del 1° de diciembre de 2006; No. 039 del 27 de junio de 2007; No. 104
del 20 de diciembre de 2007; No. 35 del 24 de diciembre de 2008 con prorroga 1 y
adiciones 1 del 26 de junio de 2009, y prorroga 2 y adiciones 2 del 26 de agosto de 2009
; No. 22 del 28 de septiembre de 2009; prorroga y adición 1 del contrato No. 22 del 28
de septiembre de 2009;No. 51 del 18 de diciembre de 2009; No. 17 del 1° de abril de
2010; No. 48 del 30 de julio de 2010; y No. 73 del 28 de diciembre de 2010; teniendo en
cuenta los motivos expuestos en la parte considerativa de la decisión.

CUARTO: En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, se condena a
la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP- en calidad de sucesora procesal
del extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS, que en favor del señor
DANIEL PÉREZ GÓMEZ:

3.1. Reconozca y pague las prestaciones sociales comunes a su cargo, propias de
los empleados públicos, tomando como base los honorarios contractuales derivados de
los contratos de prestación de servicios No. 0 No. 111 del 21 de septiembre de 2005;
No. 026 del 1° de marzo de 2006; No. 096 del 1° de diciembre de 2006; No. 039 del 27
de junio de 2007; No. 104 del 20 de diciembre de 2007; No. 35 del 24 de diciembre de
2008 con prorroga 1 y adiciones 1 del 26 de junio de 2009, y prorroga 2 y adiciones 2
del 26 de agosto de 2009 ; No. 22 del 28 de septiembre de 2009; prorroga y adición 1
del contrato No. 22 del 28 de septiembre de 2009;No. 51 del 18 de diciembre de 2009;
No. 17 del 1° de abril de 2010; No. 48 del 30 de julio de 2010; y No. 73 del 28 de diciembre
de 2010, correspondientes al período comprendido entre el 21 de septiembre de 2005
y el 31 de marzo de 2011, en los cuales se demostró la existencia de la relación laboral.

3.2. Pague las cotizaciones legales para la seguridad social, tomando el ingreso
base de cotización o IBC pensional del demandante, dentro de los periodos laborados
por contrato de prestación de servicios, mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes
realizados por el señor Pérez Gómez como contratista y los que se debieron efectuar,
deberá cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante en concepto de aportes,
pero solo en el porcentaje que le correspondía como empleador.

En ese sentido, el demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al Sistema
General de Seguridad Social en pensiones durante el tiempo que duró su vinculación, y

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Radicado: 05001-23-33-000-2014-00970-01 (2398-2022)
Demandante: Daniel Pérez Gómez

en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra,
deberá cancelar o completar, según sea el caso, el porcentaje que le correspondía como
trabajador.

QUINTO: Negar el reintegro aquellas sumas que el demandante canceló por concepto
de aportes para la Seguridad Social en Salud, conforme con lo expuesto en esta
providencia.

SEXTO: Las sumas resultantes de la condena serán ajustadas en los términos del
artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, hasta la fecha de ejecutoria de la presente providencia, dando aplicación
a la fórmula previamente citada.

SÉPTIMO: Se niegan las demás súplicas de la demanda, teniendo en cuenta las
razones indicadas en la motivación precedente.
OCTAVO: Se condena en costas a la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP,
de conformidad con lo previsto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en armonía
con el artículo 365 del Código General del proceso (…)» (sic).

Para tal efecto se pronunció en estos términos8:

• Daniel Pérez Gómez prestó sus servicios al DAS con funciones de escolta desde
el 21 de septiembre de 2005 hasta el 31 de marzo de 2011 y no tuvo interrupciones
superiores a un mes. Además, pese a vincularse con la entidad mediante contratos
de prestación de servicios, la ejecución de su actividad implicó la prestación directa
y sin independencia en el cumplimiento de su labor, pues todo el tiempo tuvo que
cumplir el horario y las directrices fijadas por el jefe de protección y el director del
DAS.

• Según las órdenes de trabajo allegadas al plenario, el DAS era la entidad que
determinaba la labor que debía desarrollar el demandante. Así las cosas, es
indudable que el demandante se encontraba en las mismas condiciones de los
escoltas vinculados al DAS nombrados en planta, en tanto desempeñaba
personalmente la labor, en un cargo que revestía la característica de permanente,
motivo por el cual estaba sujeto a subordinación y dependencia.

• Las características del contrato de prestación de servicios se desvirtuaron, pues
las actividades que desarrollaba no eran temporales, en tanto la vinculación se
mantuvo por varios años, no contaba con autonomía e independencia en la medida
en que estaba sometido a horarios y turnos, debía seguir las directrices de la entidad
y prestar el servicio con las herramientas de trabajo que le asignaran, esto es
vehículo, chaleco y armas.

• Es improcedente la devolución de los aportes a salud realizados por el contratista,
a pesar de que se haya declarado a su favor la existencia de una relación laboral
encubierta o subyacente, en función de su naturaleza parafiscal.

8 Samai del tribunal, índice 73.

6

Radicado: 05001-23-33-000-2014-00970-01 (2398-2022)
Demandante: Daniel Pérez Gómez

• Se torna improcedente la devolución de los dineros descontados por retención en
la fuente puesto que tales dineros no ingresaron propiamente al patrimonio del
extinto DAS.

• Comoquiera que solo existió una única vinculación laboral con el entidad
demandada -entre el 21 de septiembre de 2005 y el 31 de marzo de 2011- y en
ninguno de los casos entre uno y otro contrato trascurrieron más de 30 días hábiles,
no ocurrió el fenómeno de la prescripción.

• El Ministerio del Interior no está legitimada en la causa por pasiva, pues no fue la
entidad que profirió el acto demandado, no suscribió los contratos de prestación de
servicios con el demandante y no hay pruebas dentro del expediente que permitan
inferir que recibió órdenes «ni le asignó funciones, ni tuvo relación laboral alguna con el
demandante».

• De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso se
procede a la condena en costas a la parte vencida en el proceso.

1.4. Los recursos de apelación

1.4.1. Daniel Pérez Gómez interpuso recurso de apelación única y exclusivamente
para que se modifique parcialmente la sentencia en lo relacionado con la «negación
de la indemnización por despido injusto, la forma en que ordenó el pago de los aportes a la
seguridad social integral y la negación de la retención en la fuente», pues a su juicio: i) un
despido es injusto cuando el trabajador no incurre en causal alguna para provocarlo,
de ahí que la supresión de la entidad no debe ser asumido por «la parte más débil de
la relación laboral»; ii) los aportes a la seguridad social se hicieron del «bolsillo del
demandante a la AFP correspondiente, y no sería lógico volver a pagar al fondo dineros
que ya fueron cancelados»; iii) la devolución de los aportes pagados por concepto de
retención en la fuente es un derecho que surge con ocasión de reconocimiento de
la relación laboral9.

1.4.2. La UNP interpuso recurso de apelación y solicitó que se revocara esa decisión
con fundamento en los siguientes argumentos10:

• La parte demandante no logró demostrar que efectivamente prestó sus servicios
de forma dependiente y subordinada a favor de la entidad demandada, pues las
actividades para las cuales fue contratado debían ser desarrolladas dentro de unos
parámetros mínimos de realización, es decir que se trató de una relación coordinada
entre el contratista y la contratante con el fin de garantizar la adecuada ejecución
de las actividades.

• La relación contractual entre las partes estuvo regulada por el artículo 32 de la Ley

9 Samai del tribunal, índice 79.
10 Samai del tribunal, índice 80.

7

Radicado: 05001-23-33-000-2014-00970-01 (2398-2022)
Demandante: Daniel Pérez Gómez

80 de 1993, la cual autorizó a las entidades públicas a celebrar contratos de
prestación de servicios; no obstante, estos no generan un vínculo laboral ni el
derecho a percibir prestaciones sociales.

• Toda actividad contractual requiere de una vigilancia y control por parte del
contratante, máxime cuando en este caso, la labor contratada es especialísima
puesto que de ella depende la vida de quienes son beneficiaros del programa, lo
que justifica que se hubiese designado un supervisor.

• La UNP no está legitimada en la causa por pasiva, pues en este caso no es
sucesora procesal del DAS, sino que debe responder la Fiduprevisora en los
términos de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley 1753 de 2015. Si bien la UNP
fue asignataria de la función de protección que tenía el DAS, esta no tiene relación
con los hechos demandados, ya que es una netamente operativa y aunque varios
escoltas fueron incorporados a la nueva planta de la unidad, lo cierto es que otras
entidades también fueron receptoras de estos trabajadores.

• El a quo no realizó un análisis de la temeridad o mala fe para condenar en costas.

1.5. Intervenciones en segunda instancia

Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar.

1.6. Concepto del Ministerio Público

El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado emitió concepto en el
cual solicitó confirmar la sentencia apelada y solo modificar el numeral 3.2 « en el
sentido de agregar un inciso aclaratorio sobre la devolución de los pagos realizados en
exceso y que correspondieran al empleador». Lo anterior, con fundamento en que el
demandante prestó personalmente sus servicios de manera continua y en
condiciones de subordinación laboral11.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

Consisten en determinar ¿si entre Daniel Pérez Gómez y el DAS se configuró una
relación laboral?, si ¿aquel tiene derecho al reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales derivadas de esa relación laboral?, y de ser así, ¿cuál es la
entidad que debe responder por las condenas en favor del demandante ante la
supresión del DAS?

11 Samai, índice 8.

8

Radicado: 05001-23-33-000-2014-00970-01 (2398-2022)
Demandante: Daniel Pérez Gómez

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas

El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 posibilita celebrar contratos de
prestación de servicios con las entidades del sector público, así:

«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:

(…)

3º. Contrato de Prestación de Servicios.

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».

Por su parte, el Decreto 2209 de 199812 precisó que «(l)os contratos de prestación de
servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista
personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».

De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas naturales,
la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta. De
allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una relación
laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.

La Corte Constitucional, en la sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta
o» y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales»,
contenidas en el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció
que el ejercicio de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la
administración no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral personal
subordinada y dependiente.

De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución Política
que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia laboral, entre
otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto señala la norma:

12 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».

9

Radicado: 05001-23-33-000-2014-00970-01 (2398-2022)
Demandante: Daniel Pérez Gómez

«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá
en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento
y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador
menor de edad.

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». [Resalta la Sala].

Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)13 que previó una garantía al derecho
a la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor».
En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización14, desarrolló el
principio anterior al establecer que «todo miembro para el cual este Convenio se halle
en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos
adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y
de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación
a este respecto».

Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»15 y que
también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte deben
garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias», y, en
particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

Estas obligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala
los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:

«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1º. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>

13 Aprobada el 11 de abril de 1919.
14 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
15 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.

10

Radicado: 05001-23-33-000-2014-00970-01 (2398-2022)
Demandante: Daniel Pérez Gómez

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;
b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor,
la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o
convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen
al país; y
c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que
existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de
otras condiciones o modalidades que se le agreguen».

Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se establece
en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia laboral
ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del empleador,
caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos o
particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que
intenten develar una relación laboral a través de un contrato de prestación de
servicios.

Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación16 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:

«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.

En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o
instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de
desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales17». (Resalta la Sala).

Así entonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se acrediten
fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo, como son la

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
17 «En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en

sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
000-1998-03542-01(0202-10)».

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Radicado: 05001-23-33-000-2014-00970-01 (2398-2022)
Demandante: Daniel Pérez Gómez

prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la subordinación y
dependencia del trabajador respecto del empleador.

Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación
laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:

«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual,
para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo
53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de
aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el
Estado, en su condición de empleador.

Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios».

Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.

Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es, que solo
es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la labor
contratada.

Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-CE-
S2-2021 del 9 de septiembre de 202118 estableció las siguientes reglas de
unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii) la
delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales de
prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que se
declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la improcedencia
de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud efectuados
por el contratista. Al efecto se señaló:

«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de

septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.

12

Radicado: 05001-23-33-000-2014-00970-01 (2398-2022)
Demandante: Daniel Pérez Gómez

planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con
ánimo de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a
las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.

(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».

En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado
público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el artículo
122 de la Carta Política».

En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que desvirtuar
inicialmente la presunción de legalidad del contrato estatal del artículo 32 de la Ley
80 de 1993. Así que es necesario que se prueben los elementos de la relación
laboral, esto es, la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y
dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar una relación laboral encubierta.

2.3. Caso concreto

En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

2.3.1. Documentales

• Entre el lapso comprendido entre el 21 de septiembre de 2005 y el 31 de marzo
de 2011, Daniel Pérez Gómez estuvo vinculado con el DAS a través de los
siguientes contratos y órdenes de servicios19:

Contrato u orden de Interrupción
Fecha inicio Fecha terminación Duración
servicio en días hábiles
111 del 21 de 21 de septiembre de 28 de febrero de
5 meses 0
septiembre de 2005 2005 2006
026 del 1° de marzo de 30 noviembre de
1° de marzo de 2006 9 meses 0
2006 2006
096 del 1° de diciembre
1° de diciembre de 2006 30 de junio de 2007 7 meses 0
de 2006
039 del 27 de junio de 27 de diciembre de
27 de junio de 2007 6 meses 0
2007 2007

19 Folios 41 al 193 del cuaderno principal. La información consignada en el cuadro se funda en el

plazo señalado en los contratos, sus prórrogas y adiciones, y en las actas de inicio y terminación.

13

Radicado: 05001-23-33-000-2014-00970-01 (2398-2022)
Demandante: Daniel Pérez Gómez

104 del 20 de diciembre 20 de diciembre de 21 de diciembre de
1 año 0
de 2007 2007 2008
035 del 24 de diciembre 24 de diciembre de 24 de agosto de
8 meses 0
de 2008 2008 2009
Prorroga y adición 1 del
26 de junio de 2009 al 26 de agosto de 60 días
26 de junio de 2009 0
Contrato 035 del 24 de 2009 calendario
diciembre de 2008
Prorroga y adición 2 del
26 de agosto de 2009 al 26 de septiembre de 30 días
26 de agosto de 2009 0
Contrato 035 del 24 de 2009 calendario
diciembre de 2008

22 del 28 de septiembre 28 de septiembre de 28 de noviembre de 60 días
0
de 2009 2009 2009 calendario

Prorroga y adición del
28 de noviembre de 18 de diciembre de 20 días
Contrato 22 del 28 de 0
2009 2009 calendario
septiembre de 2009
051 del 18 de diciembre 18 de diciembre de 103 días
31 de marzo de 2010 0
de 2009 2009 calendario
017 del 1° de abril de
1° de abril de 2010 30 de junio de 2010 3 meses 0
2010
048 del 30 de julio de 31 de diciembre de
30 de julio de 2010 5 meses 0
2010 2010
073 del 28 de diciembre 28 de diciembre de
31 de marzo de 2011 3 meses 0
de 2010 2010

El objeto de los contratos relacionados siempre se contrajo a lo siguiente: «prestar
sus servicios de protección; con sede principal en la ciudad de Medellín y eventualmente
en la ciudad donde se asigne el esquema protectivo, dentro del componente seguridad a
personas del programa de protección a dirigentes sindicales, organizaciones sociales y
defensores de derechos humanos, conforme a las medidas de seguridad aprobadas por el
comité de reglamentación y evaluación de riesgos del Ministerio del Interior y de Justicia».

Además, al expediente se aportaron los siguientes documentos:

• Certificaciones de permanencia del contratista del DAS20.

• Comunicaciones suscritas por los protegidos en las cuales autorizan al
demandante algunos días de descanso y en las que solicitan su acompañamiento
fuera de la cabecera departamental y municipal21.

• Órdenes de trabajo22.

• Actas de entrega de armamento23

20 Folios 129 al 135, y 195.
21 Folios 136 al 162.
22 Folios 172 al 192.
23 Folios 198 al 203.

14

Radicado: 05001-23-33-000-2014-00970-01 (2398-2022)
Demandante: Daniel Pérez Gómez

• Memorandos en los cuales se le informa al demandante los trámites de viáticos y
requisitos para la contratación24.

• Certificación expedida el 11 de abril de 2016 por la tesorera pagadora de la
Coordinación de Gestión Financiera del Archivo General de la Nación en la que se
indicó que «de acuerdo con la base de datos de la coordinación de Tesorería del extinto
DAS en proceso de supresión» desde el 31 de octubre de 2005 hasta el 15 de julio de
2011, se le realizaron unos pagos a favor de Daniel Pérez Gómez y unos
descuentos por ley «por concepto de prestación de servicios en el programa de protección
del Ministerio del Interior y de Justicia»25.

• Con los antecedentes administrativos se aportaron, además de los contratos de
prestación de servicios, sus actas de inicio y liquidación, certificaciones de la entidad
en las que se justifica la necesidad de la prestación de servicios profesionales para
el programa especial de seguridad, órdenes de pago a favor del demandante,
autoliquidaciones mensuales de aportes al sistema de seguridad social integral,
comunicaciones, certificados de permanencia del actor en las diferentes localidades
o municipios, constancias de cumplimiento de las actividades previstas en las
diferentes órdenes de trabajo dirigidas a aquel, actas de entrega y de compromiso
para porte de armamento26.

• El 18 de diciembre de 2013, Daniel Pérez Gómez le solicitó al DAS el
reconocimiento de la existencia de una relación laboral entre el 21 de septiembre
de 2005 y el 17 de junio de 2011, y el pago de las prestaciones sociales que se
derivaran de ello27.

• Mediante el Oficio 63486, radicado interno 61819 del 26 de diciembre de 201328,
el jefe de la Oficina Asesora Jurídica del DAS le negó la solicitud anterior, por
considerar que, entre las partes únicamente hubo varias relaciones contractuales
cuyo objeto fue la prestación de servicios de protección por parte del contratista a
personas amenazadas por la situación de violencia del país.

2.3.2. Testimonios, declaraciones e interrogatorio de parte

En la audiencia de pruebas celebrada el 6 de abril de 201629, se recibieron los
testimonios de Alexander Galvis Morales, Félix Horacio Bernal Betancourt, Didier
Édison Berrio Pérez, Juan Raúl Ortiz Rodríguez, quienes compartieron sitio de
trabajo con el demandante y en particular señalaron lo siguiente:

Alexander Galvis Morales, bachiller con cursos de seguridad privada, no tiene
parentesco con el demandante y entre los años 2006 y 2008 estuvo vinculado como

24 Folios 204 al 214.
25 Folios 484 al 489, CD # 5.
26 CDS #5, 3 y 1.
27 Folios 36 al 39.
28 Folios 31 al 34.
29 Folios 470 al 479 y CD #4.

15

Radicado: 05001-23-33-000-2014-00970-01 (2398-2022)
Demandante: Daniel Pérez Gómez

escolta al servicio de DAS, tiempo en el cual tuvo contacto él.

Estuvo tercerizado y vinculado directamente con el DAS, el Ministerio y la UNP.

El DAS dotaba a su personal escolta de elementos de trabajo, tales como
armamento, carnés, chalecos antibalas, radios, entre otros.

Los escoltas vinculados mediante contratos de prestación de servicios con el DAS
devengaban una suma inferior al personal vinculado directamente con la entidad.

Mientras permanecieron vinculados al DAS se les asignó tareas de protección y en
los momentos en que se encontraban libres debían cumplir otro tipo de actividades,
escolta y administrativas, las cuales eran asignadas por su jefe inmediato, Héctor
Henry Ramírez.

Cuando se debía realizar operaciones fuera de la cabecera de Medellín, se debía
presentar ante el correspondiente director del lugar donde se dirigían, y en caso de
en dicho lugar la entidad no tuviese representación debían presentarse ante el
comando de policía.

Félix Horacio Bernal Betancourt psicólogo de profesión, actualmente pensionado.
Durante 22 años trabajó al servicio del DAS «hasta el cierre de la entidad». Conoce
laboralmente al demandante porque durante su vinculación con la entidad, este era
contratista de seguridad, «a raíz del trabajo lo conozco, cuando yo estuve laborando en
la oficina de documentación había un personal que se llamaba disponible, cuando no tenían
una labor asignada los mandaban a esa oficina a ayudar con diferentes tareas (…) expedir
certificados, requisar, tomar huellas, entre otras».

El DAS siempre tuvo suficiente personal para atender el servicio escolta, «las
escuelas de la entidad suplían la demanda»; no obstante, por necesidades del servicio,
la entidad contrataba personal por prestación del servicio el cual desarrollaba las
iguales funciones.

Daniel Pérez Gómez trabajó como «escolta mixtas», es decir prestar el servicio de
seguridad de sindicales y servicios propios de la entidad «vigilancia, seguridad,
expedición de certificados, atención al público». Por lo cual, durante la prestación del
servicio debía tener un chaleco antibalas, carné, vehículos, distintivo de la entidad,
armamento, radios, entre otros.

Por el compromiso, la calidad del personal cuidado, y por la función desarrollada
por el personal vinculado directa e indirectamente con el DAS, los contratistas no
podían subcontratar sus servicios ni disponer de un horario fijo.

Didier Édison Berrio Pérez, bachiller con 2 semestres tecnológicos en
criminalística; entre el 2003 hasta el 2011, fue contratista del DAS, allí conoció a
Daniel Pérez.

16

Radicado: 05001-23-33-000-2014-00970-01 (2398-2022)
Demandante: Daniel Pérez Gómez

En el tiempo en que laboró en el DAS siempre vio a Daniel Pérez Gómez prestando
sus servicios como escolta contratista de la entidad.

Entre los funcionarios vinculados directamente con la entidad y los contratistas, las
únicas diferencias que existieron fue su forma de vinculación y la remuneración,
toda vez que cumplían un horario idéntico, compartían jefes inmediatos y «tratados
con el mismo racero».

El personal del DAS tenía un horario el cual estaba a disposición «del personaje
cuidado» y en aquellos casos en los cuales se estaba disponible debían asistir en
horario de oficina, pero también sábados, domingos y festivos.

Juan Raúl Ortiz Rodríguez, bachiller académico, para la época de su testimonio
fungía como escolta al servicio de empresas privadas adscritas a la UNP. Desde el
2002 al 2011 fue vinculado como contratista al servicio del DAS. Conoció a Daniel
Pérez Gómez desde que entró a laborar en la entidad, pues fueron compañeros de
trabajo.

Los contratistas del DAS trabajaban igual que los empleados de planta, porque
podían ser asignados a igual esquema de seguridad sin distinción alguna. Además,
suscribían los contratos de manera regular e ininterrumpida y cumplían similares
labores a alas ejecutadas al personal de planta, compartían horario y exigencia.

La única diferencia entre los escoltas contratistas y los vinculados era que estos
últimos se vinculaban luego de realizar el curso en una de las escuelas del DAS, en
donde los formaban como escoltas, mientras que a los contratistas sólo se les exigía
tener acreditado un curso en seguridad en cualquier academia privada.

Al escolta contratista del DAS se le asignaba una o varias personas a si cuidado y
su misión debía ejecutarse con elementos de trabajo dotados por la entidad, para
tal efecto, particularmente, se le recordaba el deber de cumplir con las normas y
medidas preventivas de seguridad.

2.4. Análisis sustancial del caso concreto

2.4.1. Sobre los elementos que permiten configurar una relación laboral

Con fundamento en lo expuesto, la Sala analizará si en el sub judice se acreditaron
los elementos que permiten configurar una relación de trabajo entre Daniel Pérez
Gómez y el DAS:

2.4.1.1. Prestación personal del servicio

De las pruebas relacionadas, se tiene que entre el 21 de septiembre y el 31 de
marzo de 2011 el demandante ejerció las labores de escolta, mediante contratos de

17

Radicado: 05001-23-33-000-2014-00970-01 (2398-2022)
Demandante: Daniel Pérez Gómez

prestación de servicios. En virtud de lo señalado en tales documentos «[e]l contratista
en virtud de sus condiciones personales se compromet[ió] con el DAS a prestar los servicios
de protección» y se estableció una cláusula de expresa prohibición de ceder el
contrato «sin la autorización previa, expresa y escrita del DAS», lo que permite advertir
que fue él y no a través de otras personas quien ejecutó la labor contratada.

2.4.1.2. Remuneración

Ahora bien, Daniel Pérez Gómez percibió una remuneración por el trabajo cumplido,
tal y como se evidencia en las cláusulas contractuales que señalan un valor y una
forma de pago, así como en las órdenes de pago por los servicios prestados que
obran en el expediente administrativo, lo que se entiende como la remuneración
pactada por el servicio o el trabajo prestado, independientemente de su
denominación (honorarios o salario).

2.4.1.3. Continuada subordinación o dependencia

En este punto, la Sala encuentra que las funciones desempeñadas por el
demandante no se realizaron de forma autónoma e independiente, sino que este
estuvo sujeto a horarios y órdenes, propias de la naturaleza de una relación
subordinada pues atienden al control de un superior para llevar acabo la ejecución
de los contratos, por lo que existe una sujeción de aquel hacia la entidad accionada
y, en tal sentido, esta contaba en todo momento con la posibilidad de disponer de
su servicio, quien a su vez tenía la obligación correlativa de obedecerle, lo que
evidencia el ejercicio del ius variandi por parte del DAS.

En efecto, el empleador impuso las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive
con sus propios elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrollara sus
labores, sin que le hubiere asistido ningún tipo de independencia.

Esto se advierte luego de contrastado el objeto y las obligaciones que se
establecieron en los contratos de prestación de servicios suscritos entre los
extremos procesales, de las certificaciones aportadas, de las órdenes de servicio o
misiones, de los testimonios que fueron recaudados al expediente y se describieron
en el apartado anterior. En ellos se aprecian actividades que exigen para su
ejecución necesaria dependencia y subordinación, por lo que la Sala, al realizar una
valoración bajo las reglas de la sana crítica de tales pruebas, encuentra que es
posible determinar la existencia de una relación laboral subordinada, siendo
incuestionable el ánimo de la entidad contratante de emplear de modo permanente
y continuo los servicios del demandante, pues la labor se desarrolló por espacio de
6 años aproximadamente.

Lo expuesto se funda en que Daniel Pérez Gómez estuvo obligado a prestar sus
servicios como escolta, para lo cual se comprometió, entre otros, a lo siguiente:

18

Radicado: 05001-23-33-000-2014-00970-01 (2398-2022)
Demandante: Daniel Pérez Gómez

«Cumplir con las actividades de protección en el lugar que le sea asignado por el DAS o
por su protegido. […] Realizar las actividades de índole protectivo previa autorización
para cumplir con la actividad encomendada, o destinación del funcionario
competente del Departamento Administrativo de Seguridad […] Presentar para su
revisión en la dependencia de Control de Armamento, Radios y Vehículos del DAS, o en
la que haga sus veces, los elementos logísticos de dotación, dentro de los últimos cinco
(5) días de cada mes. […] Cuando por alguna circunstancia, el CONTRATISTA no se
encuentre prestando el servicio para el cual fue contratado deberá hacer entrega de los
elementos en la misma dependencia. […] Informar oportunamente a la Oficina de
Protección Especial del DAS, los desplazamientos que por la naturaleza del contrato
deba hacer a otras ciudades y las novedades que se presenten en el servicio. […]
Observar en forma permanente las instrucciones impartidas en lo relacionado con
el uso de armas, técnicas protectivas y las demás que se relacionen con las
actividades propias del objeto del presente contrato. […] Informar al Supervisor del
contrato las novedades de servicio relacionadas con permisos, incapacidades u otras
circunstancias que suspendan o interrumpan la ejecución del contrato, caso en el cual
se efectuarán los descuentos correspondientes al valor diario por el tiempo en que
no se preste el servicio. Estos descuentos podrán hacerse efectivos durante el
tiempo de ejecución del contrato o en la liquidación del mismo, previa certificación
del supervisor […] Observar las medidas de seguridad preventivas para el manejo de
las armas de fuego, evitando poner en riesgo la vida e integridad física de los
ciudadanos. […] Presentar en forma oportuna la documentación mensual al Supervisor
del contrato, la cual se requerirá para expedir la certificación del pago de los honorarios
y gastos de viaje estipulados en la cláusula tercera del presente contrato». [Resalta la
Sala].

Las anteriores obligaciones ponen en evidencia que no realizó sus labores en forma
autónoma e independiente, pues estas tienen relación de correspondencia con el
ejercicio del poder subordinante por parte del empleador, quien incluso podía
realizar descuentos durante el tiempo de ejecución del contrato, como consecuencia
de la solicitud de permisos o incapacidades.

Aunado a lo expuesto, la Sala encuentra que en las órdenes de trabajo, el DAS le
indicó a su escolta contratista, las condiciones en que debía desarrollar el objeto
contractual, esto es, si lo debía hacer por vía aérea o terrestre, el vehículo previsto
para la misión, le recordó el deber de dar estricto cumplimiento a las normas y
medidas preventivas de seguridad; coordinar con las autoridades civiles, policiales
y la Fuerza Pública, el apoyo necesario para llevar a cabo la misión; presentarse
ante el correspondiente director del DAS en el lugar a donde se dirigían, y en caso
de que la entidad no tuviera representación, ante el comando de policía de la
jurisdicción; una vez finalizado el servicio debían devolver la misión con el
correspondiente informe de cumplimiento; tenían que legalizar las misiones u
órdenes de trabajo el día de su finalización o, a más tardar el día hábil siguiente,
con el cumplido o certificación de permanencia, so pena de que no se les
reconocerían viáticos.

En este punto, se aclara que la situación descrita en el sub judice no corresponde a
la que es propia del principio de coordinación, que «consiste en la sincronización de

19

Radicado: 05001-23-33-000-2014-00970-01 (2398-2022)
Demandante: Daniel Pérez Gómez

las actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante para
la ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una
concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, pero en
armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las
cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»30.

Otra es la subordinación, «en virtud de la cual existe una sujeción del trabajador hacia su
empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento con la posibilidad de disponer
del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación correlativa de obedecerle. En efecto,
el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios
elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que a este
respecto le asista ningún tipo de independencia»31.

Así las cosas, la situación descrita permite evidenciar que, para ejecutar las labores
contratadas, Daniel Pérez Gómez no tuvo independencia, pues debía seguir las
precisas instrucciones en cuanto a las condiciones de modo, tiempo y lugar, toda
vez que el éxito de la misión dependía de la observancia del esquema de seguridad
propuesto por sus superiores, lo cual desdibuja la figura de la coordinación y, por
tanto, desvirtúa el carácter autónomo propio de un contratista.

Esta Sala no puede desconocer que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 del
Decreto 512 de 1989 la misión del DAS era «suministrar a las dependencias oficiales
que lo requieran, según la naturaleza de sus funciones, las informaciones relacionadas con
la seguridad interior y exterior del Estado y la integridad del régimen constitucional;
colaborar en la protección de las personas residentes en Colombia, y prestar a las
autoridades los auxilios operativos y técnicos que soliciten con arreglo a la ley» y, como
consecuencia de ello, le correspondía «prestar servicios de seguridad personal a
quienes por razón del cargo, posición, funciones o motivos especiales puedan ser objeto
de atentados contra su persona o bienes, cuando de ellos pudieren derivarse
perturbaciones del orden público»32. Con fundamento en lo anterior y luego de
contrastarlo con las obligaciones contractuales de Daniel Pérez Gómez, se advierte
que este realizó funciones propias de la misión institucional del DAS y que tales
labores ostentaron el carácter de permanencia, lo que evidencia la necesidad del
servicio.

Echa de menos la Sala que pese a las disposiciones contenidas en la Ley 909 de
2004, la entidad no hubiese hecho uso de la creación de plantas temporales que
atiendan a la oferta y la demanda en la prestación del servicio. Por consiguiente, la
ausencia de personal suficiente que ejecute las obligaciones para las cuales fue
contratado el demandante no es un argumento que enerve las consideraciones
expuestas en esta decisión, pues no justifica la ausencia de planeación por parte de
la entidad y desconoce que las labores desarrolladas se ejercieron bajo la
subordinación de la entidad.

30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022,

radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
31 Ibidem.
32 Decreto 512 de 1989

20

Radicado: 05001-23-33-000-2014-00970-01 (2398-2022)
Demandante: Daniel Pérez Gómez

Así las cosas, para el periodo comprendido entre el 21 de septiembre de 2005 y el
31 de marzo de 2011 se encuentran acreditados los elementos de la relación
laboral.

2.4.2. En torno a la prescripción de los derechos en litigio

Establecido lo anterior, la Sala procederá con el análisis de la prescripción de las
prestaciones sociales a que tiene derecho el demandante, en consonancia con la
declaratoria del reconocimiento de la relación laboral encubierta.

Respecto del término de interrupción o solución de continuidad esta
corporación en sentencia de unificación33 dispuso que:

«150. Como se indicó en el apartado anterior, aunque en la actualidad la Sección
Segunda aplica el criterio pacífico sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones contractuales
consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el fin de establecer
si se presentó o no la solución de continuidad en la relación laboral declarada. En ese
sentido, la Sala considera adecuado establecer un periodo de treinta (30) días hábiles
como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos
sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa
de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos
de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura
del vínculo que se reputa laboral.

151. Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:

152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una
auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el
contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie
la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y
cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos
son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades.(Subrayado fuera de texto)

153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de
haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el
evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto
de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el
reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de aquellos hubiesen
podido generarse».

33Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, nueve (9) de
septiembre de dos mil veintiuno (2021), Asunto: SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DE
JURISPRUDENCIA CONFORME AL ARTÍCULO 271 DE LA LEY 1437 DE 2011, Medio de control:
Nulidad y restablecimiento del derecho, Radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016),
Demandante: Gloria Luz Manco Quiroz.

21

Radicado: 05001-23-33-000-2014-00970-01 (2398-2022)
Demandante: Daniel Pérez Gómez

Esta decisión fue aclarada mediante auto del 11 de noviembre de 2021, en el que
la Sección Segunda de esta corporación precisó que «el término de treinta (30) días
hábiles, a que alude la segunda regla de unificación, tal como se dijo en la sentencia del 9
de septiembre de 2021, debe entenderse como un indicador temporal para inferir que no
hay solución de continuidad entre un contrato y otro sucedáneo, y solo para efectos de la
prescripción de derechos laborales».

Asimismo, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 201634, proferida por
el Consejo de Estado, se dispuso lo siguiente:

«En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios.
Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que
los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser
pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales (…).». (Subrayado fuera de texto).

Así, a juicio de la Sala, «[q]uien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el
Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación
del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro
del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo contractual»35.

En consideración a lo anterior, en el sub judice, al verificarse que la solicitud del
reconocimiento fue presentada ante la entidad demandada el 18 de diciembre de
2013, se establece que no acaeció el fenómeno jurídico de la prescripción, pues no
transcurrió un lapso superior a tres años para solicitar por vía administrativa el
reconocimiento de la relación laboral y por ende el pago de los salarios y
prestaciones, toda vez que la relación culminó el 31 de marzo de 2011. Por tanto,
la Sala confirmará en este punto la decisión de primera instancia.

2.4.3. Sobre los salarios y prestaciones objeto del restablecimiento del
derecho

En primer lugar, esta Sala advierte que el a quo ordenó la liquidación de la condena
con base en los honorarios contractuales; sin embargo, se resalta que, si bien, tal y
como se expuso en la sentencia del 4 de febrero de 201636, los honorarios son el

34 SUJ2-005-16.
35 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el

Consejo de Estado.
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de febrero de 2016, radicado

81001-23-33-000-2012-00020-01(0316-14), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.

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Radicado: 05001-23-33-000-2014-00970-01 (2398-2022)
Demandante: Daniel Pérez Gómez

criterio imperante únicamente cuando el cargo desempeñado por el contratista no
existe en la planta de personal, pues en razón a la inexistencia del cargo, dichos
emolumentos son la única forma de tasar objetivamente la indemnización de
perjuicios. Esto señaló en aquella oportunidad:

«[L]a Sala, ha acudido a los honorarios pactados, como punto de partida para la
reparación de los daños en este tipo de controversias, siendo este el criterio imperante
cuando el cargo desempeñado por el contratista no existe en la planta de personal, pues
en razón a la inexistencia del cargo en la planta de personal, dichos emolumentos son
la única forma de tasar objetivamente la indemnización de perjuicios, ya que de otra
forma se incurría en subjetivismos por parte de la administración, a la hora de definir la
identidad o equivalencia con otro empleo existente en la planta de la entidad, con el
riesgo de reabrir la controversia al momento de ejecutar la sentencia.

No obstante, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso, las Subsecciones A
y B de la Sección Segunda, también han tenido en cuenta, de manera excepcional, como
criterio para la reparación del daño, el salario devengado por un empleado de planta de
la entidad, en aquellos casos en que se ha demostrado que el empleo desarrollado por
el contratista demandante existe en la planta de personal y es desempeñado en igualdad
de condiciones que los servidores públicos de planta37, o cuando los honorarios pactados
son inferiores al salario devengado por un empleado de planta de la entidad con las
mismas funciones desarrolladas38.

En este orden de ideas, la Sala considera oportuno y necesario precisar cuál es el criterio
imperante para el reconocimiento de la reparación de los daños derivados de la
existencia del contrato realidad, dependiendo si las actividades contratadas bajo la
modalidad de prestación de servicios son iguales a las funciones asignadas a empleos
existentes en la planta de personal de la entidad o si no lo son, pues según el caso, el
parámetro objetivo para la tasación de perjuicios podrá variar, en aplicación de los
principios laborales de igualdad de oportunidades y remuneración proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, derivados del artículo 53 de la C.P.

En tal sentido, dirá la Sala que los honorarios pactados son el criterio imperante cuando
el cargo desempeñado por el contratista no existe en la planta de personal, pues en
razón a la inexistencia del cargo, dichos emolumentos son la única forma de tasar
objetivamente la indemnización de perjuicios».

Por lo expuesto, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 39, la
Sección Segunda dispuso que «en lo que atañe al ingreso sobre el cual han de calcularse
las prestaciones dejadas de percibir por el docente vinculado por contrato de prestación de
servicios, cabe anotar que este corresponderá a los honorarios pactados, ya que no es
dable tener en cuenta, en este caso, el empleo de planta, pues los docentes oficiales
se encuentran inscritos en el escalafón nacional docente que implica

37 Ver entre otras: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. C.P. Gerardo Arenas
Monsalve. Sentencia de 27 de noviembre de 2014, Expediente: 05001-23-33-000-2012-00275-01,
Referencia: 3222-2013, Actor: David Alejandro Jaramillo Arbeláez; Subsección A, sentencia de 4 de
junio de 2009, Referencia 1221-08, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Subsección A,
sentencia de 21 de octubre de 2009, referencia 2725-08, C.P. Luis Rafael Vergara.
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 11 de marzo de 2010,

Referencia: 2168-08, C.P. Alfonso Vargas Rincón.
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado 23001-23-

33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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Radicado: 05001-23-33-000-2014-00970-01 (2398-2022)
Demandante: Daniel Pérez Gómez

remuneraciones diferenciadas según el grado en el que estén40», esto es, dada la
imposibilidad de calcular la condena con el empleo de planta.

No es menos cierto que, siempre que se acredite la existencia del cargo en la planta
de personal, las prestaciones sociales derivadas de la relación laboral reconocida
deben liquidarse con fundamento en los salarios devengados por tales empleados,
pues esto le otorga vigencia al principio de «salario igual por un trabajo de igual
valor» que se deriva del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales41 frente al cual la Corte Constitucional ha señalado que la
remuneración de los trabajadores en general debe estar acorde con los criterios de
proporcionalidad, cantidad y calidad del trabajo, entre quienes se encuentren en
igualdad de condiciones, sin desconocer la admisión de diversidad de reglas cuando
se trata de hipótesis distintas42.

En tal sentido, en atención a que con esta decisión judicial se otorga vigencia al
principio de primacía de la realidad sobre las formas, corresponde reconocer que la
labor desempeñada por Daniel Pérez Gómez debía ser remunerada conforme con
lo devengado por un empleado de planta que realizara iguales funciones a las
suyas.

Así las cosas, y por las razones expuestas esta Sala considera necesario modificar
la orden proferida por el Tribunal para efectos de precisar que el pago de las
prestaciones sociales reconocidas deberá realizarse tomando como base los
salarios devengados por el personal de planta.

Es importante aclarar que frente al reconocimiento de las prestaciones que deberán
ser reconocidas al demandante se sostuvo en anterior providencia43 que «el
reconocimiento de la primacía de la realidad sobre las formalidades que conlleva a la
declaración de existencia de una relación laboral subyacente de un contrato de prestación

40 Decreto 2277 de 1979, “por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente”,

artículo 36: “Derechos de los educadores. Los educadores al servicio oficial gozarán de los siguientes
derechos:
(…)
b. Percibir oportunamente la remuneración asignada para el respectivo cargo y grado del escalafón;
(…)”:
41 «Artículo 7 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al

goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en
particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres,
con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del
presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que
les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos». (Resalta la Sala).
42 Sentencia SU-519 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
43 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016, radicado

66001 23 33 000 2013 00091 01 (0237 2014).

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Radicado: 05001-23-33-000-2014-00970-01 (2398-2022)
Demandante: Daniel Pérez Gómez

de servicio, no puede otorgar al accionante la calidad de empleado público (…)», lo que no
impide que se reconozcan las prestaciones sociales reclamadas en virtud del
aludido principio de «a trabajo igual salario igual».

En consideración a esto, el demandante le asiste el derecho al reconocimiento de
las prestaciones sociales de carácter legal que devengara un empleado de planta
de la entidad demandada que desarrollaba iguales funciones a las suyas, tales
como vacaciones, primas, bonificaciones y cesantías, entre otras.

Ahora, si bien el demandante no solicitó expresamente que se reajustaran los
salarios percibidos, esto es las diferencias entre lo recibido por concepto de
honorarios y lo devengado por un empleado de planta, la Sala encuentra necesario
exponer las siguientes consideraciones al advertir que es un aspecto que se
encuentra íntimamente ligado con el consecuente restablecimiento del derecho
cuando se reconoce la existencia de una relación laboral pues de las pretensiones
no puede escindirse el reconocimiento del reajuste salarial al estar este íntimamente
ligado con el de las prestaciones, en tanto que estas se componen entre otros de la
asignación básica.

Pese a que en oportunidades anteriores esta Subsección ha señalado que por el
reconocimiento de una relación laboral «no surge el derecho al reconocimiento y pago
de las diferencias salariales»44; esta Sala modifica su postura para señalar que en
estos asuntos el restablecimiento del derecho comporta, además, el
reconocimiento y pago de la diferencia que pueda existir entre lo devengado por los
empleados de planta de la entidad y los honorarios que le fueron pagados a los
contratistas.

Lo anterior tiene soporte en las garantías de orden constitucional que impone a las
autoridades proteger los principios de igualdad de oportunidades para los
trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad
de trabajo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas
laborales; y la primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los
sujetos de las relaciones laborales45, en virtud de los cuales le corresponde al juez
proteger a los trabajadores de las arbitrariedades que se puedan presentar en sus
condiciones laborales.

En efecto situaciones como las planteadas en el sub judice plantean un dilema que
debe resolverse a la luz de los principios y derechos garantizados por la
Constitución Política de manera que el debate jurídico imponga un análisis que evite
vaciar el contenido y alcance los derechos en pugna, que no son otros que los de
los trabajadores en el marco de un Estado social de derecho, en el que debe existir

44 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016, radicado

66001-23-33-000-2013-00091-01 (0237 2014), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
45 Artículo 53 de la Constitución Política.

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Radicado: 05001-23-33-000-2014-00970-01 (2398-2022)
Demandante: Daniel Pérez Gómez

proporcionalidad entre el servicio y su remuneración, «puesto que ello es una lógica
consecuencia de la naturaleza sinalagmática y conmutativa de la relación laboral»46.

Así las cosas, en casos como el que es objeto de estudio por la Sala, a pesar de
tratarse de funciones similares a las de los empleados de planta, los contratistas no
reciben la remuneración correspondiente al ejercicio de esa función pública, pues la
retribución por los servicios prestados es denominado honorarios, los cuales son
consecuencia del ejercicio irregular de una figura contractual que se desnaturalizó,
lo que desconoce el carácter fundamental del derecho al trabajo y la especial
protección que ordena la Constitución y que está estrechamente ligada con la
dignidad humana y la justicia material.

Aunado a lo expuesto, reconocer iguales condiciones laborales a los contratistas
que acrediten que prestaron sus servicios a la entidad en el marco de una verdadera
relación laboral, implica darle eficacia a ese principio constitucional al que se ha
aludido a lo largo de esta decisión y aplicarlo en su integridad para así eliminar las
diferencias surgidas en esa relación contractual que encubría una laboral.

De esta manera el juez de lo contencioso administrativo en material laboral, al
advertir que la carga de igualdad se rompió, pues el contratista fue remunerado en
forma disímil a los demás empleados de planta, debe utilizar los mecanismos
necesarios para combatir esa situación de inequidad y garantizar así la movilidad
salarial.

Sobre el particular, valga señalar que la Corte Constitucional ha indicado que en
«tratándose de derechos fundamentales de aplicación inmediata, el juez administrativo a
efecto de asegurar su vigencia y goce efectivos debe aplicar la correspondiente norma
constitucional, en forma oficiosa, así la demanda no la haya invocado expresamente»47,
esto efectiviza y asegura la defensa de los derechos fundamentales. En tal sentido,
la necesidad de proteger los derechos constitucionales fundamentales impone un
cambio en el papel del juez que se sustenta entre otras en la «aplicación preferente
de la Constitución frente a las demás normas jurídicas y así mismo el efecto integrador que
debe dársele a sus disposiciones con respecto a las demás normas del ordenamiento
jurídico (…) La necesidad de dar prevalencia al derecho sustancial (art. 228 C.P.), más aún
cuando este emana de la Constitución y busca hacer efectivas la protección y la vigencia
de los derechos fundamentales»48.

Así las cosas, la negativa a reconocer el reajuste salarial constituye no solo una
vulneración a la legislación laboral contenida en el ordenamiento interno, sino
también a los tratados internacionales ratificados por Colombia, los cuales al tenor
del artículo 93 de la Constitución hacen parte del bloque de constitucionalidad.

46 Sentencia T-102 de 1995.
47 Sentencia C-197 de 1999.
48 Sentencia SU-039 de 1997.

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Radicado: 05001-23-33-000-2014-00970-01 (2398-2022)
Demandante: Daniel Pérez Gómez

De acuerdo con lo anterior, es procedente el reconocimiento y pago de las
diferencias que resulten entre lo que recibió el demandante por concepto de
honorarios y lo que debió recibir, en igualdad de condiciones de dicho cargo de la
entidad. En este sentido, se adicionará la sentencia de primera instancia para así
ordenarlo.

En segundo lugar, en lo que respecta al motivo de inconformidad planteado por el
demandante relacionado con la forma en que el tribunal «ordenó el pago de los aportes
a la seguridad social integral», esta Sala precisa que dichos conceptos no son
procedentes toda vez que, tal y como se dispuso en la sentencia de unificación CE-
SUJ2 5 de 25 de agosto de 2016, los recursos del sistema integral de seguridad
social son de obligatorio pago y recaudo para fines específicos y no constituyen un
crédito a favor del contratista. No obstante, lo que corresponde es que la entidad
realice los aportes adeudados por tales conceptos al sistema de seguridad social.

Para lo anterior, debe tenerse como fundamento el IBC de cotización del
demandante, mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados por él
como contratista y los que se debieron efectuar, tendrá la obligación de cotizar al
respectivo fondo de pensiones la suma faltante, y la entidad empleadora deberá
hacerlo, pero solo en el porcentaje que le correspondía en tal calidad. En
consecuencia, Daniel Pérez Gómez deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
sistema durante sus vínculos contractuales y, de ser el caso, completar la suma que
le concernía como trabajador.

Por otra parte, en lo que respecta al «despido injusto», tal y como se expuso en
párrafos atrás, el reconocimiento de la primacía de la realidad sobre las
formalidades que conlleva a la declaración de existencia de una relación laboral
subyacente de un contrato de prestación de servicio no otorga al trabajador la
calidad de empelado público, de ahí que, no puede otorgar al accionante la calidad
de empleado público y reconocer que hubo una terminación de la relación laboral
sin justa causa.

En lo referente a la devolución de aportes por concepto de «retención en la fuente»,
la Sala advierte, que contrario a lo apelado por el demandante, dicha reclamación
sí fue resuelta por la primera instancia, la cual de manera acertada resolvió no
reconocer dicha petición, por considerar que dada su naturaleza y comoquiera que
tales dineros no ingresaron propiamente al patrimonio del DAS resulta improcedente
su reconocimiento.

Ahora, en relación con la entidad obligada a restablecer el derecho que se ordena
en sede judicial, la Sala advierte que contrario a lo señalado por el recurrente, las
obligaciones laborales del DAS fueron asumidas por la UNP, lo que lo acredita como
sucesor procesal, y en tal calidad, deberá ocuparse de las condenas resultantes en
el sub judice.

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Radicado: 05001-23-33-000-2014-00970-01 (2398-2022)
Demandante: Daniel Pérez Gómez

Al respecto, resulta necesario precisar que el artículo 3 del Decreto 4065 de 2011
señaló que el objetivo de la UNP es «articular, coordinar y ejecutar la prestación del
servicio de protección a quienes determine el Gobierno Nacional que por virtud de sus
actividades, condiciones o situaciones políticas, públicas, sociales, humanitarias, culturales,
étnicas, de género, de su calidad de víctima de la violencia, desplazado, activista de
derechos humanos, se encuentren en situación de riesgo extraordinario o extremo de sufrir
daños contra su vida, integridad, libertad y seguridad personal o en razón al ejercicio de un
cargo público u otras actividades que pueden generar riesgo extraordinario, como el
liderazgo sindical, de ONG y de grupos de personas desplazadas, y garantizar la
oportunidad, eficiencia e idoneidad de las medidas que se otorgan».

Lo anterior, toda vez que mediante el Decreto Ley 4057 del 31 de octubre de 2011,
el gobierno nacional suprimió el DAS, y en el artículo 3 dispuso que «[l]as funciones
[...] que corresponden al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), contempladas
en el Capítulo I, numerales 10, 11, 12 y 14 del artículo 2°, del Decreto 643 de 2004, y las
demás que se desprendan de las mismas se trasladan a las siguientes entidades y
organismos, así: [...] 3.4. La función comprendida en el numeral 14 del artículo 2.° del
Decreto 643 de 2004, en el Decreto 1700 de 2010 y las demás que se desprendan de la
misma, se traslada a la Unidad Administrativa denominada Unidad Nacional de
Protección que se creará en decreto separado». [Se resalta].

Por su parte, el artículo 9 del Decreto 1303 de 2014, señaló que los procesos
judiciales, reclamaciones de carácter administrativo, laboral y contractual, en los que
sea parte el DAS y/o su Fondo Rotatorio al cierre de la supresión del primero, serán
notificados a las entidades que hayan asumido las funciones, de acuerdo con la
naturaleza, objeto o sujeto procesal y que si aquellas no fueron atribuidas a alguna
de las entidades de la Rama Ejecutiva, corresponderán a la Agencia de Defensa
Jurídica del Estado.

Finalmente, se observa que la Unidad Nacional de Protección intervino en el
proceso de la referencia, ante esta Corporación, como sucesor procesal del DAS,
en virtud de lo dispuesto en el auto del 28 de abril de 2015. En igual sentido se ha
pronunciado esta corporación al concluir que «la competencia de la Fiduprevisora es
de carácter residual, y atiende a que el proceso o las funciones no se hayan trasladado a
ninguna otra entidad llamada a suceder procesalmente al extinto DAS»49.

En este orden de ideas, con fundamento en los elementos de juicio expuestos, se
concluye que la entidad que debe responder por las condenas proferidas en el sub
examine es la Unidad Nacional de Protección, de conformidad con lo previsto en el
artículo 68 del Código General del Proceso.

Por último, en la providencia apelada el tribunal, con fundamento en los artículos
188 del CPACA y 365 del CGP, condenó en costas a la entidad demandada,
decisión que fue objeto del recurso de apelación.

49 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 6 de septiembre de 2018, radicado
250002342000201201137-01 y del 18 de marzo de 2021, radicado 76001-23-33-000-2014-00204-
01 (4087-2018),

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Radicado: 05001-23-33-000-2014-00970-01 (2398-2022)
Demandante: Daniel Pérez Gómez

Así las cosas, se advierte que el a quo, de manera restrictiva condenó en costas a
la parte demandante sin realizar un examen de aspectos relevantes para su
imposición, como la temeridad o la mala fe en que pudo haber incurrido la parte
vencida, pese a que para ello debió tener certeza de la conducta desplegada por
aquella y comprobar si se causaron dichas costas, razón por la cual, al no predicarse
el mal proceder del demandante, se revocará la decisión del juez de primera
instancia en lo que respecta a este punto.

2.4. Costas

La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no
presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.

Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma50.

Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de la condena en costas a la parte
demandada.

50En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

29

Radicado: 05001-23-33-000-2014-00970-01 (2398-2022)
Demandante: Daniel Pérez Gómez

3. Conclusión

Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que existió una relación laboral
entre Daniel Pérez Gómez y el DAS entre el 21 de septiembre de 2005 y el 31 de
marzo de 2012; En consecuencia, tiene derecho al reconocimiento y pago de las
prestaciones de orden legal devengadas por los trabajadores de planta de la
entidad, la diferencia salarial y el pago de los aportes pensionales tal y como lo
dispuso el a quo. La entidad que debe responder por las condenas en favor del
demandante ante la supresión del Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS), es la Unidad Nacional de Protección (UNP).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar el ordinal octavo de la sentencia del 3 de marzo de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en tanto condenó en costas a
la entidad demandada.

Segundo. Modificar el ordinal Cuarto de la sentencia del 3 de marzo de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda incoada por Daniel Pérez Gómez contra la Unidad
Nacional de Protección, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia, y en su lugar se dispone:

«CUARTO: En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, condenar a
la Unidad Nacional de Protección (UNP) en calidad de sucesora procesal del
extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que en favor del señor
Daniel Pérez Gómez:

3.1. Reconozca y pague las prestaciones sociales comunes a su cargo, propias de
los empleados públicos, tomando como base los salarios y prestaciones devengadas por
los trabajadores de planta durante el periodo comprendido entre el 21 de septiembre
de 2005 y el 31 de marzo de 2011, en los cuales se demostró la existencia de la relación
laboral.

3.2. Pague las cotizaciones legales para la seguridad social, tomando el ingreso
base de cotización o IBC pensional del demandante, dentro de los periodos laborados
por contrato de prestación de servicios, mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes
realizados por el señor Pérez Gómez como contratista y los que se debieron efectuar,
deberá cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante en concepto de aportes,
pero solo en el porcentaje que le correspondía como empleador.

En ese sentido, el demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al Sistema
General de Seguridad Social en pensiones durante el tiempo que duró su vinculación, y
en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra,

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Radicado: 05001-23-33-000-2014-00970-01 (2398-2022)
Demandante: Daniel Pérez Gómez

deberá cancelar o completar, según sea el caso, el porcentaje que le correspondía como
trabajador».

Tercero. Adicionar un ordinal a la sentencia proferida el 3 de marzo de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, para ordenar a la Unidad
Nacional de Protección el reconocimiento y pago de las diferencias que resulten
entre lo que recibió el demandante por concepto de honorarios y lo que debió recibir,
en igualdad de condiciones de un empleado de planta que desarrollaba sus
funciones.

Cuarto. Confirmar en lo demás la sentencia recurrida, de conformidad con lo
expuesto en esta decisión.

Quinto. No condenar en costas en esta instancia.

Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

DMGT

31

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