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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-00068-02

Fecha
31 de julio de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-00068-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (2023), proferida por la Sal de Conjueces del Tribunal Administrativo de Antioquia, adicionada mediante auto del veintiséis (26) de febrero de esa misma anualidad, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia del veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (2023), proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Antioquia, de la siguiente manera: 21 Número Interno: 2117-2024 Demandante: Juan Carlos Ayora Hernández Demandado: Nación – Rama Judicial «TERCERO: Consecuencialmente, condénese a la NACION-. DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, a reliquidar y pagar todos los salarios y prestaciones sociales, así como los aportes a la seguridad social, a que tiene derecho legalmente y que corresponden al Doctor JUAN CARLOS AYORA HERNÁNDEZ como Juez Promiscuo Municipal teniendo en cuenta las sumas causadas desde el 22 de septiembre de 2011. De igual manera, deberá reliquidar y pagar las cotizaciones o aportes efectuados al Sistema General de Seguridad Social en pensiones, en favor de Juan Carlos Ayora Hernández, desde el 4 de octubre de 2001, adicionando al ingreso base de liquidación el 30% de su salario base, correspondiente a la prima especial de servicios, sin perjuicio de que la entidad verifique los pagos realizados con ocasión de la entrada en vigor del Decreto 272 de 2021 y, sin que en ningún caso supere el tope dispuesto por el Gobierno nacional.» TERCERO: Sin condena en costas. CUARTO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2016-00068-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

31 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 05001-23-33-000-2016-00068-02 (2117-20241)
Demandante: Juan Carlos Ayora Hernández
Demandado: Nación – Rama Judicial Judicatura – Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Prima especial de servicios (artículo 14, Ley 4ª de 1992)
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (2023), proferida por la Sala
de Conjueces del Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda2.

1.1. Pretensiones.

El señor Juan Carlos Ayora Hernández, por intermedio de apoderada judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar la anulación de las resoluciones
DESAJMR 14-4957 del 9 de octubre de 2014, la DESAJMR 14- 5091 del 4 de noviembre
de 2014 y de la Resolución No. 4716 del 4 de agosto de 20153, notificada el 11 de febrero
de 2016, actos administrativos mediante los cuales se niega la petición de pago de un
salario en un 30% junto con la liquidación de las prestaciones sociales correspondiente a

1
Expediente híbrido, visible en la herramienta electrónica Samai.
2
Folios 1 al 6 del expediente físico.
3
Acto administrativo agregado al proceso mediante reforma a la demanda.

2

Número Interno: 2117-2024
Demandante: Juan Carlos Ayora Hernández
Demandado: Nación – Rama Judicial

dicho porcentaje y del reconocimiento de las prestaciones sociales que conciernen a
dicha proporción, por concepto de la prima especial que se ha cancelado sin factor
salarial.

A título de restablecimiento del derecho

El demandante solicitó que, se condenara a la demandada a reconocer los efectos
salariales y prestacionales del 30% a título de prima especial de servicios, que le fue
descontado de su remuneración como Juez de la República, entre el año 2001 y la
actualidad.

Asimismo, pidió la reliquidación y pago de las diferencias salariales adeudadas, no
reconocidas por concepto de «prima especial de servicios del 30%» y las que se causen
hacia futuro; la diferencia adeudada sobre las prestaciones sociales causadas y no
reconocidas por dicho concepto, tales como vacaciones, prima de navidad,
bonificaciones, prima especial de servicios, cesantías y sus intereses, aportes a la
seguridad social en pensión, todos estos, causados entre los años 2001 y 2007 y los
periodos no afectados por el fenómeno de la prescripción, esto es 2011 hasta la fecha.

Que se condene al ajuste de las sumas reconocidas conforme al IPC certificado por el
DANE.

Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro de los términos establecidos en la
Ley 1437 de 2011 y se condene a la demandada al pago de las costas y agencias en
derecho.

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

El señor Juan Carlos Ayora Hernández, se desempeña como Juez Promiscuo Municipal
desde el año 2001 hasta la fecha y, durante el tiempo que se ha desempeñado como
Juez de la República, no se le han pagado las diferencias salariales por concepto de
«prima especial de servicios del 30% entre los años 2001 y 2007 y los periodos no afectados por
la prescripción esto es 2011 hasta la fecha y los que se causen a futuro».

Señaló que, el 22 de septiembre de 2014, elevó solicitud de reconocimiento de la prima
especial de servicios ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la cual fue

3

Número Interno: 2117-2024
Demandante: Juan Carlos Ayora Hernández
Demandado: Nación – Rama Judicial

resuelta de manera negativa mediante Resolución DESAJMR14-4957 del 9 de octubre
de 2014.

Añadió que, en contra del referido acto administrativo, interpuso recurso de apelación, lo
cual generó la expedición de la Resolución No. DESAJMR14-5091 del 4 de noviembre
de 2014, que concedió el recurso de apelación.

Finalmente, manifestó que, el recurso de alzada fue resuelto mediante Resolución No.
4716 del 4 de agosto de 2015, en la que se confirmó la negativa de la entidad.

1.2. Concepto de violación.

La parte demandante argumentó que, se vulneró los artículos 1, 13, 23, 53, 150 (numeral
19) y 230 de la Constitución Política.

Los artículos 10, 102, 123, 138, 189, 269, 270, 271 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; los artículos 2 literal a, 3,14,15 de la
Ley 4 de 1992

Expuso que, la Ley 4 de 1992, en su artículo 2, estipuló los criterios y objetivos dentro de
los que el Gobierno Nacional cumple el encargo constitucional, referente a la expedición
de la actividad reglamentaria, reflejando pautas que pese a que su contenido
generalmente abierto, en el literal a), expresa un concepto cerrado en cuanto prohíbe al
Gobierno de manera genérica desmejorar los salarios y las prestaciones sociales de los
servidores del Estado, conforme al principio de equidad plasmado en el artículo 230 de
la Carta, que le exige al Gobierno Nacional, establecer una nivelación salarial justa,
acorde con su realidad jurídica.

Que la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, si constituye factor
salarial y prestacional en el pago de la remuneración, como quiera que constituye salario
toda retribución que reciba el trabajador como contraprestación de sus servicios, en
desarrollo de los principios y valores constitucionales para garantizar el derecho al trabajo
en condiciones justas.

4

Número Interno: 2117-2024
Demandante: Juan Carlos Ayora Hernández
Demandado: Nación – Rama Judicial

2. Contestación de la demanda.

La entidad accionada al contestar la demanda, se opuso a la prosperidad de las
pretensiones, argumentando que, desde el año 1993 coexisten dos ordenamientos en
materia de salarios y prestaciones sociales de sus servidores, claramente definidos en
los decretos que, a partir de esa fecha, ha expedido anualmente el ejecutivo.

Agrego que, la sentencia del 29 de abril de 2014 que declaró la nulidad de los decretos
anuales de salarios de la Rama Judicial de 1993 a 2007, no se pronunció respecto de las
disposiciones consignadas en los decretos posteriores y, en todo caso, aquella
providencia concluyó que la prima especial debe reconocerse como una retribución
adicional, en el equivalente al 30% del valor fijado por el Gobierno Nacional, sin
pronunciarse sobre su carácter salarial.

Aduce la entidad que, el acceder a un pago adicional del 30% de la retribución establecida
anualmente en cada decreto salarial, por concepto de prima especial, implicaría una
remuneración mensual que excede el límite previsto en el Decreto 1251 del 14 de abril
de 2009.

Formuló como excepciones, las que denominó: «integración de Litis consorcio necesario»,
«prescripción», «Ausencia de causa petendi», «legalidad de los actos acusados» y la
«innominada».

3. La sentencia de primera instancia.

La Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia
proferida el veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (2023)4, declaró la nulidad de
los actos acusados y accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, sin imponer
condena en costas.

En la decisión de primera instancia, el A-quo, analizó el alcance de la prima especial para
los funcionarios de la rama judicial y estimo que, conforme con lo establecido en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se debe incorporar la prima especial de servicios al
salario básico del funcionario, en lugar de descontarla, como ocurrió injustificadamente
en el caso del demandante. Por lo tanto, indicó que, la asignación básica debe

4
Samai, índice 00052, Tribunal Administrativo de Antioquia.

5

Número Interno: 2117-2024
Demandante: Juan Carlos Ayora Hernández
Demandado: Nación – Rama Judicial

reconocerse y pagarse en su totalidad, y sobre ese valor debe calcularse el monto de las
prestaciones sociales, ya que la disminución salarial del 30% impactó negativamente
esos derechos.

Explicó que, los servidores públicos beneficiarios de la prima especial de servicios –
incluyendo los integrantes de la Rama Judicial, Fiscalía y Procuraduría, entre otros–
tienen derecho a que esta prima incremente su salario básico, siempre respetando el
límite máximo señalado por el Gobierno Nacional conforme a cada cargo.

En lo que se refiere a la prescripción, adujo que, como la reclamación administrativa fue
presentada ante la demandada el 22 de septiembre de 2014, a partir de ese momento se
debe tener como interrupción de la prescripción trienal adoptada por la jurisprudencia, lo
cual conlleva a que, las sumas causadas con anterioridad al 22 de septiembre de 2011,
hayan sido afectadas por dicho fenómeno jurídico-procesal.

En virtud de lo anterior, señaló que: «el reconocimiento y pago de la prima especial de servicio
como emolumento adicional al 100% del salario básico, en el caso a estudio, serán las causadas
a partir del 22 de septiembre de 2011 y hasta la fecha toda vez que el señor AYORA se encuentra
aun desempeñándose como Juez Promiscuo Municipal vinculado a la Rama Judicial, pues no se
ha allegado al expediente prueba en contrario.»

En atención a lo expuesto, ordenó lo siguiente:

«PRIMERO: DECLARASE PROBADA LA EXCEPCION DE PRESCRIPCIÓN, respecto de las sumas
causadas antes del 22 de septiembre de 2011.

SEGUNDO: Declárase la nulidad de los siguientes actos administrativos: Resolución DESAJMR 14-
4957 del 9 de octubre de 2014. de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Medellín, notificada 21 de octubre de 2014. Resolución DESAJMR 14- 5091 del 4 de noviembre de
2014 de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín. Resolución No.
4716 de 04 de agosto de 2015, notificada el 11 de febrero de 2016, por la cual la Dirección Ejecutiva
de la Administración judicial del Consejo Superior de la Judicatura resolvió la apelación confirmando
las anteriores actuaciones.

TERCERO: Consecuencialmente, condénese a la NACION-.DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, a reliquidar todas las prestaciones sociales que corresponden el
Doctor JUAN CARLOS AYORA HERNÁNDEZ como Juez Promiscuo Municipal teniendo en cuenta
las sumas causadas desde el 22 de septiembre de 2011.

CUARTO: Las sumas debidas se actualizarán de conformidad con las variaciones del índice de
Precios al Consumidor (IPC) registradas durante los períodos correspondientes y certificadas por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, con sus respectivos intereses moratorios. Se
reconocerán y pagarán intereses moratorios desde la ejecutoria de la sentencia hasta la fecha en la
cual se efectúe el pago, liquidados conforme prevé el Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo. […]»

6

Número Interno: 2117-2024
Demandante: Juan Carlos Ayora Hernández
Demandado: Nación – Rama Judicial

3.1 Aclaración de la sentencia5

Mediante escrito del 28 de febrero de 2023 6, la apoderada de la parte demandante
presentó solicitud de adición o complementación de la sentencia de primera instancia,
con el siguiente fin:

«Así las cosas, a pesar de abordar en los considerandos, el tema salarial de la prima especial de
servicios con su interpretación correcta, como plus o adición de salario, la señora Conjuez solo
ordenó reliquidar las prestaciones sociales demandadas en la PRETENSIÓN TERCERA, dejando
sin resolver las PRETENSIONES SEGUNDA, TERCERA Y QUINTA DEL MEDIO DE CONTROL
DEMANDADO, ya que no se tuvo en cuenta lo pedido sobre el reconocimiento y pago de la misma
prima especial de servicios del 30% mensual adicional a su salario básico adeudada a mi mandante,
y el pago de aportes al sistema general de pensiones.

Así que lo que se busca con la adición de sentencia es que se reconozca ese carácter salarial y
pensional adeudado del 30% mensual y no solamente el carácter prestacional que si fue
reconocido.»

Dando alcance al citado requerimiento, mediante auto del veintiséis (26) de febrero de
dos mil veinticuatro (2024), la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Antioquia,
se pronuncia en los siguientes términos:

«PRIMERO: Aclarase parcialmente el numeral TERCERO de la parte resolutiva del fallo de 23 de
febrero de 2023, con la precisión que esta decisión tiene efectos salariales, prestacionales y
pensiónales, con lo cual también se resuelven las pretensiones segunda, tercera y quinta, así;

TERCERO: Consecuencialmente, condénese a la NACION-. DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, a reliquidar y pagar todos los salarios y prestaciones sociales,
así como los aportes a la seguridad social, a que tiene derecho legalmente y que corresponden
al Doctor JUAN CARLOS AYORA HERNÁNDEZ como Juez Promiscuo Municipal teniendo en
cuenta las sumas causadas desde el 22 de septiembre de 2011.»

4. El recurso de apelación

La Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura,7 solicitó la
revocatoria de la sentencia de primera instancia, para lo cual refirió que, el propio artículo
14 de la Ley 4 de 1992, contempló el carácter no salarial de la prima allí establecida y
que, este criterio fue reafirmado por la Corte Constitucional en la sentencia C-279 de
1996, en la que declaró la exequibilidad del aparte “sin carácter salarial”, razón por la
cual, ese porcentaje no constituye factor de salario para la liquidación de las prestaciones

5
Samai, índice 00058, Tribunal Administrativo de Antioquia.
6
Samai, índice 00054, Tribunal Administrativo de Antioquia.
7
Samai, índice 00055, Tribunal Administrativo de Antioquia.

7

Número Interno: 2117-2024
Demandante: Juan Carlos Ayora Hernández
Demandado: Nación – Rama Judicial

sociales, aunque sí lo sea para efectos de liquidar el ingreso base de cotización al sistema
de seguridad social en pensiones y en salud.

Por otra parte, indicó que, si bien el fallo reprochado reconoció la prescripción de las
prestaciones reclamadas con anterioridad al 22 de septiembre de 2011, no se aplicó en
su totalidad, la sentencia SUJ 016-CE-S2-2019 del 2 de septiembre de 2019, por cuanto
se inobservó que, la prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, no tiene carácter
salarial, lo cual implica que, dicho porcentaje no constituye factor de salario para la
liquidación de las primas de servicios, prima de navidad, vacaciones, auxilio de cesantía,
y bonificación por servicios prestados.

En lo referente a los aportes al Sistema General de Seguridad Social, el recurso de alzada
indicó que, de acuerdo por el concepto emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público a la Dirección de Regulación Económica de la Seguridad Social, la acción de
cobro de las cotizaciones dejadas de pagar al sistema, prescriben a los 5 años conforme
lo prevé el artículo 817 del Estatuto Tributario, lo cual da alcance a la posición de
imprescriptibilidad de las contribuciones parafiscales.

El recurso alude a la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, del 02 de septiembre de 2019, del
H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala
Plena de Conjueces y luego a los efectos vinculantes de ella, sin que frente a estos,
manifieste inconformidad o reparo alguno, de cara a la decisión apelada.

Expuso que, mediante el Decreto 272 de 2021, el cual entró en vigor el 1.º de enero de
2021, la entidad procedió al pago mensual, por nómina, de la prima especial del 30%
como valor adicional a la asignación básica. No obstante, indicó que no cuenta con el
presupuesto necesario para cubrir las obligaciones causadas con anterioridad al 1.º de
enero de 2021, toda vez que no se cuenta con la apropiación de recursos por parte del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público que permita cubrir el reconocimiento de dichas
acreencias laborales.

Finalmente, en cuanto a la imposibilidad presupuestal de la entidad para reconocer a los
jueces las diferencias reconocidas, la alzada indica:

« En acatamiento de la sentencia de unificación de 2 de septiembre de 2019, dictada por el Consejo
de Estado dentro del expediente No. 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018), y el Decreto 272

8

Número Interno: 2117-2024
Demandante: Juan Carlos Ayora Hernández
Demandado: Nación – Rama Judicial

del 11 de marzo de 2021, “Por el cual se establece la prima especial de que trata el artículo 14 de la
Ley 4ª de 1992”, el cual fue proferido acogiendo las sentencias de la Sala de Conjueces del Consejo
de Estado y en especial la de mencionada sentencia de Unificación del 2 de septiembre de 2019, el
Comité Nacional de Defensa Judicial y Conciliación de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial en sesión del Comité No. 13 del 13 de abril de 2021, ha expresado que la entidad tiene el
deber de extender los efectos de la sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-016-CE-S2-2019
expedida por el H. Consejo de Estado, para que se reconozca y pague: i) las diferencias causadas
por concepto de reliquidación de prestaciones sociales y laborales con la base en el 100% del salario
básico mensual; y ii) el 30% adicional, calculado sobre el 100% del salario básico, por concepto de
prima especial del artículo 14 Ley 4ta. de 1992, sin carácter salarial; a los funcionarios judiciales que
señala el artículo primero del último decreto mencionado.

Por lo anterior cabe mencionar que conforme con el Decreto 272 de 2021 ya citado, con efectos
fiscales a partir del 1 de enero de 2021, es preciso anotar, que fue a partir del mes de abril de 2021
se procedió al pago por nómina mensual de la prima especial del 30%, como valor adicional a la
asignación básica; empero, como se ha mencionado, resulta presupuestalmente inviable presentar
fórmula conciliatoria para las obligaciones anteriores al 1 de enero de 2021, toda vez que a la fecha
no se cuenta con la apropiación presupuestal por parte del Ministerio Hacienda y Crédito Público que
permita cubrir el reconocimiento de dichas acreencias laborales, lo que por un lado imposibilita el
establecimiento de fórmulas conciliatorias que no cuenta con ningún respaldo presupuestal además
de ir en contravía a los dispuesto en el artículo 71 del Decreto 111 de 19964 , según el cual
“ARTÍCULO 71. Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar
con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender
estos gastos. Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos
con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el valor y
el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos
actos administrativos. En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones
inexistentes, o en exceso del saldo disponible, o sin la autorización previa del Confis o por quien éste delegue,
para comprometer vigencias futuras y la adquisición de compromisos con cargo a los recursos del crédito
autorizados. Para las modificaciones a las plantas de personal de los órganos que conforman el presupuesto
general de la Nación, que impliquen incremento en los costos actuales, será requisito esencial y previo la
obtención de un certificado de viabilidad presupuestal, expedido por la dirección general del presupuesto
nacional en que se garantice la posibilidad de atender estas modificaciones. Cualquier compromiso que se
adquiera con violación de estos preceptos creará responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma
estas obligaciones (L. 38/89, art. 86; L. 179/94, art. 49).” (Se destaca)
Resulta inviable asumir obligaciones sin respaldo presupuestal y teniendo en cuenta que a la fecha
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha asignado recursos de presupuesto para cancelar
los mayores valores que se generarían para conciliar la prima especial del 30%, sin carácter salarial,
derivados de la sentencia de unificación mencionada y del Decreto 272 citado.

Adicionalmente,
resulta necesario indicar que de conformidad con la Ley 640 de 2001, artículo 1 numeral 5, “El
acuerdo logrado por las partes con indicación de la cuantía, modo, tiempo y lugar de cumplimiento
de las obligaciones pactadas.”, en este caso, la entidad ante la inviabilidad presupuestal, pues no
podría indicar el tiempo o plazo de pago, toda vez que, como está establecido en las políticas de
conciliación en las controversias salariales se pone un plazo de 4 meses para pagar dichos acuerdos
conciliatorios una vez sea probado y la parte interesada radique la totalidad de los documentos ante
el Grupo de Sentencias de la DEAJ y transcurridos esos 4 meses, a partir del día siguiente se
generarían intereses corrientes, pero en este caso, no se podría dar una fecha establecida para el
pago, hasta tanto no se cuente con la apropiación presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público; para ello, la entidad está realizando las gestiones pertinentes con el fin de poder
conciliar estas controversias, tal como se evidencia en los Oficios DEAJO21-252 de fecha 11 de
mayo de 2021 y DEAJO22-526 del 08 de julio de 2022 remitidos a la ANDJE y, en solicitud de apoyo
con la Procuraduría General de la Nación, en oficio DEAJO22-528 del 08 de julio de 2022. »

5. Trámite de segunda instancia

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Número Interno: 2117-2024
Demandante: Juan Carlos Ayora Hernández
Demandado: Nación – Rama Judicial

Mediante auto del 18 de marzo de 20258, el despacho sustanciador admitió el recurso de
apelación y, al no existir pruebas que decretar en segunda instancia, el proceso ingresó al
despacho para fallo.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de
conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el
artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)9, el Juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, le
corresponde a la Sala, establecer si revoca o no, la sentencia de la Sala de Conjueces
del Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda.

Para el efecto, se analizará lo relativo a la procedencia de la reliquidación de las
prestaciones sociales y salariales de la demandante, con la incorporación de la prima
especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como consecuencia de la orden
impartida en primera instancia y, el término de contabilización del fenómeno prescriptivo
respecto de los aportes al Sistema General de Seguridad Social.

Asimismo, deberá determinar si la imposibilidad presupuestal de la entidad para el pago
de la prima especial es una causa justa para negar el reconocimiento de este derecho
previsto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos:

8
índice 0005 de Samai.
9
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia.”

10

Número Interno: 2117-2024
Demandante: Juan Carlos Ayora Hernández
Demandado: Nación – Rama Judicial

2.1. Marco normativo y jurisprudencial; 2.2. Hechos probados; y 2.3. Caso concreto.

2.1. Marco normativo y jurisprudencial de la Prima Especial de Servicios prevista
en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: prerrogativas y generalidades.

Conforme lo prevé el artículo 150 (numeral 19, literal e) de la Constitución Política,
corresponde al Congreso de la República hacer las leyes y, por medio de ellas, dictar las
normas generales, y señalar los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el
Gobierno nacional para «[f]ijar el régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública».

En cumplimiento de la mencionada competencia constitucional, el legislador expidió la
Ley 4 de 1992, la cual, en el artículo 14 creó la prima especial de servicios como un
emolumento «[…] no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter
salarial», para los magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial y Contencioso Administrativo, agentes del Ministerio Público delegados ante la
Rama Judicial, y para los jueces de la República, incluidos los magistrados y fiscales del
Tribunal Superior Militar, auditores de Guerra y jueces de Instrucción Penal Militar,
excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con
efectos a partir del primero 1° de enero de 1993.

Posteriormente, el Gobierno nacional mediante el Decreto No. 57 de 1993 10, estableció
un nuevo régimen salarial y prestacional para los servidores públicos vinculados a la
Rama Judicial y a la Justicia Penal Militar en Colombia, por lo que, en su artículo 2° otorgó
a dichos funcionarios la posibilidad de optar, por una sola vez y dentro de un plazo
determinado, por acogerse a las nuevas condiciones establecidas. En su tenor literal, el
artículo 2° refiere lo que a continuación se cita:

«ARTÍCULO 2º. Los servidores públicos vinculados a la Rama Judicial y a la Justicia Penal
Militar podrán optar por una sola vez, antes del 28 de febrero de 1993, por el régimen salarial
y prestacional establecido en el presente Decreto. Los servidores públicos que no opten por
el régimen aquí establecido continuarán rigiéndose por lo dispuesto en las normas legales
vigentes a la fecha»

Por su parte, el artículo 6 del referido decreto sostuvo que: «se considerará como prima,
sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los

10
«Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama judicial y de la justicia
penal militar y se dictan otras disposiciones».

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Número Interno: 2117-2024
Demandante: Juan Carlos Ayora Hernández
Demandado: Nación – Rama Judicial

magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso
Administrativo, de los jueces de la República, de los magistrados y fiscales del Tribunal
Superior Militar, los auditores de guerra y jueces de Instrucción Penal Militar».

Vale recordar que, el Gobierno nacional ha expedido una serie de decretos salariales
(entre ellos los Decretos N° 106 de 1994, 43 de 1995, 36 de 1996 y así sucesivamente
hasta el 594 de 202511), mediante los cuales reafirmó que la prima especial del 30%
otorgada a ciertos funcionarios judiciales no tiene carácter salarial. Esta prima,
establecida conforme al artículo 14 de la Ley 4 de 1992, se reconoció como un pago
adicional al salario básico de magistrados, jueces, fiscales del Tribunal Superior Militar y
otros cargos judiciales y administrativos, sin que formara parte del salario para efectos
como cesantías o liquidaciones ordinarias.

De igual manera, los Decretos 106 de 1994, 43 de 1995 y 36 de 1996 dispusieron que
para determinados servidores públicos del Consejo Superior de la Judicatura, la Corte
Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, tales como el
secretario general, magistrado auxiliar, jefe de control interno, directores (administrativo,
de planeación, del Registro Nacional de Abogados, de unidad), secretario de sala o
sección y relator; de la Dirección Nacional de Administración Judicial, directores nacional,
administrativo y seccional; y de los tribunales judiciales, abogado asesor; el treinta por
ciento (30 %) de la remuneración mensual tendría la naturaleza de prima especial sin
carácter salarial.

De acuerdo con este contexto, surgió una primera interpretación que sostenía que la
prima especial creada por el Congreso de la República en virtud de la Ley 4 de 1992
equivalía al 30 % de la asignación básica, suma que debía considerarse adicional al
100 % de dicha asignación, resultando en un total del 130% [producto de adicionar la
prima al salario básico]; y, una segunda interpretación que, afirmaba que la asignación
mensual básica debía entenderse como el 70% del ingreso, siendo el 30% restante el
valor correspondiente a la prima especial de servicios recientemente instituida, de modo
que ambos componentes conformaban el 100 % de la remuneración laboral del servidor
público; es decir que, se deducía del total el porcentaje reconocido como prima.

11
“ARTÍCULO 4. Prima especial. Los funcionarios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, con excepción de los señalados
en el parágrafo de dicho artículo, tendrán derecho a percibir a partir del 1 de enero de 2025, una prima especial, sin carácter salarial,
equivalente al treinta por ciento (30%) del salario básico.”

12

Número Interno: 2117-2024
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Atendiendo a las diferencias interpretativas sobre el alcance de la mencionada prima
especial, esta Sección, a través de la sentencia proferida el 29 de abril de 2014 12, declaró
la nulidad de algunas normas que reglamentaban la prima especial, al considerar que,
«de acuerdo con los criterios establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es
claro que el Gobierno nacional contravino los criterios fijados por el legislador con la
expedición de los decretos demandados, pues como se pudo observar, el literal a) del
artículo 2 de la mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían desmejorar
los salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos demandados interpretaron
erróneamente y aplicaron indebidamente la Ley 4 de 1992 al haber mermado el salario
de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios
a la Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad».

Con posterioridad, esta vez a través de la Sala Plena de Conjueces, la Sección Segunda
de la Corporación, profirió la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 del 2 de septiembre de
2019, en la cual, analizó la naturaleza y alcance de la prima especial de servicios
contemplada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, precisando que, corresponde a un
valor adicional al ingreso de los servidores, que implica un aumento en la remuneración
derivada del vínculo laboral y no puede entenderse, en ningún caso, como un elemento
de deducción que afecte negativamente los derechos del trabajador. En la sentencia, se
fijaron los siguientes parámetros, que sirven de parámetro de interpretación para definir
los casos en los que se discute el reconocimiento de dicha prima especial.

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La
prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de
jubilación.

“SEGUNDO. Declárase la nulidad, con los efectos previstos en la parte motiva de esta sentencia, de los siguientes Artículos: 9º del
12

Decreto 51 de 1993; 9º y 10º del Decreto 54 de 1993; 6º del Decreto 57 de 1993; 9º del Decreto 104 de 1994; 6º del Decreto 106 de
1994; 9º y 10º del Decreto 107 de 1994; 10º y 11º del Decreto 26 de 1995; 7º del Decreto 43 de 1995; 9º del Decreto 47 de 1995; 9º
del Decreto 34 de 1996; 10º, 12º y 14º del Decreto 35 de 1996; 6º del Decreto 36 de 1996; 9º del Decreto 47 de 1997; 9º, 11º y 13º
del Decreto 56 de 1997; 6º del Decreto 76 de 1997; 6º del Decreto 64 de 1998; 9º del Decreto 65 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto
67 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 37 de 1999; 9º del Decreto 43 de 1999; 6º del Decreto 44 de 1999; 9º, 11º y 13 del Decreto 2734
de 2000; 9º del Decreto 2739 de 2000; 7º del Decreto 2740 de 2000; 9º del Decreto 1474 de 2001; 7º del Decreto 1475 de 2001; 9º,
11º y 13º del Decreto 1482 de 2001; 7º del Decreto 2720 de 2001; 9º del Decreto 2724 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto 2730 de
2001; 6º del Decreto 673 de 2002; 9º del Decreto 682 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto 683 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto 3548
de 2003; 9º del Decreto 3568 de 2003; 6º del Decreto 3569 de 2003; 8º, 10º y 12º del Decreto 4169 de 2004; 9º del Decreto 4171 de
2004; 6º del Decreto 4172 de 2004; 8º, 10º y 12º del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005; 6º del Decreto 936 de 2005;
9º del Decreto 388 de 2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8º, 10º y 12º del Decreto 392 de 2006; 9º del Decreto 617 de 2007; 6º del
Decreto 618 de 2007; 8º, 10º y 12º del Decreto 621 de 2007; y los Arts. 8º, 9º, y 11 del Decreto 3048 de 2007.”

13

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2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía,
Procuraduría, entre otros, tienen derecho a la prima especial de servicios como un
incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere
el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional, atendiendo el cargo
correspondiente.

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la
Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el
100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30%
que había sido excluido a título de prima especial.

4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos
a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno nacional.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás,
nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.

6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no
podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto
reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un
techo.

Con fundamento en los derroteros trazados por la jurisprudencia de unificación del
Consejo de Estado, se procede a decidir el presente caso.

2.2 Hechos probados.

A continuación, procede la Sala a analizar las particularidades del caso objeto de
juzgamiento frente al marco normativo que rige la materia. En ese sentido, y con base en

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el material probatorio aportado al plenario y de conformidad con los hechos constatados
por esta Corporación, se destaca:

a) Resolución No. DESAJMR 14-4957 del 9 de octubre de 2014, proferida por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia, y su notificación13, mediante
el cual resolvió el derecho de petición de la demandante, en el sentido de negar, entre
otros derechos reclamados, el pago de salario en un 30%, con liquidación de las
prestaciones sociales y el reconocimiento del 30% de la prima especial.

b) Recurso de reposición y en subsidio apelación, formulado por la parte demandante, en
contra del acto administrativo del 9 de octubre de 201414.

c) Resolución No. DESAJMR 14-5091 del 4 de noviembre de 201415, suscrita por el
Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Antioquia, por medio de la cual
decide no reponer la decisión contenida en la resolución del 9 de octubre de 2014 y,
concede recurso de apelación ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

d) El área de talento humano de la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Antioquia – Chocó, certifica el lapso de vinculación y los conceptos devengados por el
señor Juan Carlos Ayora Hernández, entre los años 2001 a 2015, en los que se detalla
el periodo liquidado, cargo desempeñado, tiempo de servicios y los descuentos
efectuados16. Se destaca que, en dicho documento, se refleja el valor devengado por el
actor (mes a mes), durante el referido periodo, por concepto de la prima especial de
servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

e) Constancia suscrita por el Procurador 32 Judicial II para Asuntos Administrativos17, en
la cual se consigna que, la audiencia de conciliación celebrada el 3 de septiembre de
2015, se declaró fallida por falta de ánimo conciliatorio de las partes.

2.3 Caso concreto.

La Sala procede a resolver el primer problema jurídico planteado por la demandada, esto

13
Folios 12 a 17 del expediente físico.
14
Folio 24 a 29 ibidem.
15
Notificada el 3 de noviembre de 2014. Documentos visibles de folios 18 a 22 del expediente físico.
16
Folio 171 a 198 ibidem.
17
Folio 11 y anverso del expediente físico.

15

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es, analizar si la prima especial consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992,
reconocida por el A-quo, constituye factor salarial para la liquidación de las prestaciones
sociales.

Aquí debe precisarse que, conforme se dijo en precedencia, la jurisprudencia del Consejo
de Estado ha sido enfática en señalar que la prima especial debe ser un factor adicional
al 100% del salario básico y/o asignación básica, y no una parte de este, como se
venía liquidando por la entidad accionada; así mismo, ha quedado sentado que aquella
– prima especial de servicios- solo es factor salarial para el pago de aportes pensionales
y, en consecuencia, no sirve de base para la liquidación de prestaciones sociales; no
obstante, tales prestaciones sociales deben ser liquidadas teniendo en cuenta el 100%
de la asignación básica, sin sumarle o restarle el 30% de la prima especial de servicios.

En el sub examine, de acuerdo con el material probatorio allegado legal y oportunamente
al proceso se evidencia que, el señor Juan Carlos Ayora Hernández, se vinculó a la Rama
Judicial desde el 4 de octubre de 2001 y se ha desempeñado como Juez Promiscuo
Municipal desde entonces, según certificación expedida por la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Antioquia.

De manera que, al caso del demandante, le resultan aplicables las reglas
jurisprudenciales establecidas por la Sala Plena de Conjueces de la Sección Segunda,
mediante sentencia SUJ-016-CE-S2-2019; concluyéndose que, en los periodos en que
ha prestado sus servicios como Juez; le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la
diferencia pretendida, esto es, a que se le pague un valor adicional a su salario básico
mensual equivalente al 30% por prima especial establecida en el artículo 14 de la Ley 4
de 1992, aclarándose que en ningún caso se podrá superar el tope máximo fijado por el
Gobierno Nacional.

Ahora bien, en cuanto a la reliquidación de prestaciones sociales es preciso reiterar que,
la prima especial de servicios no es factor salarial, por ende, no puede servir de base
para liquidar aquellas. No obstante, tales prestaciones deben ser pagadas sobre el 100%
de la asignación básica, se insiste, sin incluir el 30% de la prima especial de servicios.

Sobre el particular, la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Antioquia, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, disponiendo declarar la nulidad de las
resoluciones DESAJMR 14-4957 del 9 de octubre de 2014 y DESAJMR 14- 5091 del 4

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Demandante: Juan Carlos Ayora Hernández
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de noviembre de 2014, expedidas por de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Medellín y, de la Resolución No. 4716 de 04 de agosto de
2015, emanada de la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial.

En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, condenó a la Nación –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a «reliquidar todas las prestaciones sociales
que corresponden el Doctor JUAN CARLOS AYORA HERNÁNDEZ como Juez Promiscuo
Municipal teniendo en cuenta las sumas causadas desde el 22 de septiembre de 2011» (sic)

Como se ha señalado en esta providencia, la prima especial no puede ser entendida
como una parte sustraída del salario básico, sino como una suma adicional al mismo, por
tanto, en cumplimiento del mandato contenido en la Ley 4ª de 1994, esta se debe
adicionar respecto del 100% de la asignación de la demandante y partiendo de ese
porcentaje, liquidar las prestaciones sociales de la demandante, sin reducir el salario en
un 30%, como ocurrió en el caso de la demandante.

Así las cosas, de los apartes normativos y jurisprudenciales citados en precedencia, la
Sala estima que, no le asiste razón a la parte apelante, toda vez que, como se ha
señalado en esta providencia, la prima especial de servicios no es factor salarial, por
ende, no puede servir de base para liquidar aquellas. No obstante, tales prestaciones
deben ser pagadas sobre el 100% de la asignación básica, se insiste, sin incluir el 30%
de la prima especial de servicios, como se ordenó en primera instancia.

Ahora, dicho reconocimiento tendrá lugar durante el tiempo en que el demandante ha
ejercido el empleo que le permite percibir la mencionada prestación. En ningún caso las
sumas de dinero que se reconozcan podrán exceder el tope salarial fijado por el gobierno
nacional.

Por otra parte, en el recurso de alzada, la entidad demandada sostiene que, el cómputo
de la prescripción para la acción de cobro de aportes al sistema de seguridad social debe
computarse bajo el parámetro de cinco (5) años, previsto en el artículo 817 del Estatuto
Tributario.

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Para resolver la impugnación formulada por el extremo pasivo, debe recordarse que la
sección segunda de esta corporación ha sostenido de manera reiterada18 que los aportes
a pensión son imprescriptibles, toda vez que, atendiendo al carácter periódico del derecho
pensional y su naturaleza como prestación fundamental, las contribuciones pensionales
pueden ser reclamadas en cualquier tiempo y no están sujetas a prescripción extintiva, a
diferencia de otros derechos laborales o prestaciones sociales que sí prescriben.

En pronunciamientos recientes, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo
de Estado19, indicó:

En efecto, como bien fue precisado en reciente pronunciamiento de esta Sección al abordar un
asunto similar20, el fenómeno de la prescripción no opera sobre derechos que recaigan sobre las
cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, por tratarse este de
un derecho cierto, irrenunciable e imprescriptible que se reconoce a favor de los funcionarios que
prestan sus servicios laborales al Estado. Este precepto corresponde a la postura unificada de la
Sección Segunda del Consejo de Estado relativa a la prescripción extintiva de los aportes a pensión,
según la cual:
«(…) la Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar frente a los aportes para pensión, en
atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan
día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y
salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el carácter
de emolumentos económicos temporales. (…)
En este orden de ideas, las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema integral de
seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de imprescriptibles y prestaciones periódicas,
están exceptuadas no solo de la prescripción extintiva sino de la caducidad del medio de control (de acuerdo
con el artículo 164, numeral 1, letra c, del CPACA), y por ende, pueden ser solicitados y demandados en
cualquier momento, puesto que la Administración no puede sustraerse al pago de los respectivos aportes al
sistema de seguridad social en pensiones, cuando ello puede repercutir en el derecho de acceso a una pensión
en condiciones dignas y acorde con la realidad laboral, prerrogativa que posee quien ha servido al Estado
mediante una relación de trabajo. (…)”21

Así las cosas, no le asiste razón a la parte demandada al considerar que, para efectos
de la prescripción, se debe acudir al artículo 817 del Estatuto Tributario comoquiera que
es una norma que no se extiende a escenarios en los que se discutan derechos laborales
y de la seguridad social. No puede perderse de vista que, el carácter de imprescriptible
de los aportes a la seguridad social en pensiones está dado en la protección económica
que se prodiga al afiliado o su núcleo familiar en los eventos de vejez, invalidez o muerte.
Además, como lo dijo la Sección22 : «…se advierte que el Estatuto Tributario tiene una
delimitación de su objeto, pues se refiere únicamente al derecho de recobro de cuotas
partes pensionales que no puede extenderse a los aportes parafiscales en pensión que

18
Entre otras decisiones: SU 00260 del 25 de agosto de 2016; sentencia del 12 de septiembre de 2019, C.P. Rafael Francisco
Suarez Vagras, expediente No. 47001-23-33-000-2014-00092-01(0583-15)
19
Consejo de Estado, Sala de Conjueces, sentercia del 6 de junio de 2023, C.P. Juan Camilo Morales Trujillo, expediente No. 73001-
23-33-000-2017-00228-01 (5613-2018)
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 11 de abril de
2023, Rad. No. 73001-23-33-000-2017-00229-01 (5637-2018). C.P. Hugo Alberto Marín Hernández.
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de Unificación del 25 de agosto de 2016,
Rad. No. 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-15). C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
22
Subsección A, Consejero Ponente: William Hernández Gómez, ocho (8) de abril de dos mil veintiuno (2021), Radicación Número:
63001-23-33-000-2016-00499-01(0783-18), Actor: Guillermo Antonio Aguirre Gallego, Demandado: Administradora Colombiana De
Pensiones

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Demandante: Juan Carlos Ayora Hernández
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se analizan en este caso.». Por tal razón, el recurso de alzada no está llamado a
prosperar.

Resulta relevante señalar que, si bien, en las consideraciones de la decisión de primera
instancia, la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Antioquia, anunció la
procedencia del reconocimiento y pago de la prima especial consagrada en el artículo 14
de la Ley 4ª de 1992 en favor del demandante, aclarando que, dicho emolumento
constituye factor salarial solo para el sistema de seguridad social, esta postura no quedó
consignada específicamente en la parte resolutiva de la sentencia.

Por tal motivo y, en atención a la solicitud de aclaración presentada por la parte
demandante, mediante auto del 26 de febrero de 2024, el Tribunal de Primera Instancia,
se pronunció en los siguientes términos:

«PRIMERO: Aclarase parcialmente el numeral TERCERO de la parte resolutiva del fallo de 23 de
febrero de 2023, con la precisión que esta decisión tiene efectos salariales, prestacionales y
pensiónales, con lo cual también se resuelven las pretensiones segunda, tercera y quinta, así;

TERCERO: Consecuencialmente, condénese a la NACION-. DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, a reliquidar y pagar todos los salarios y prestaciones sociales,
así como los aportes a la seguridad social, a que tiene derecho legalmente y que corresponden
al Doctor JUAN CARLOS AYORA HERNÁNDEZ como Juez Promiscuo Municipal teniendo en
cuenta las sumas causadas desde el 22 de septiembre de 2011.»

Por lo tanto, la Sala confirmará parcialmente el fallo recurrido, en el sentido de modificar
el numeral tercero, para ordenar a la entidad demandada, a reliquidar y pagar las
cotizaciones o aportes efectuados al Sistema General de Seguridad Social en pensiones,
en favor de Juan Carlos Ayora Hernández, desde el 4 de octubre de 2001, adicionando
al ingreso base de liquidación el 30% de su salario base, correspondiente a la prima
especial de servicios, como quiera que, respecto de esos, no recae el fenómeno
prescriptivo.

Lo anterior, sin perjuicio de que la entidad verifique los pagos realizados con ocasión de
la entrada en vigor del Decreto 272 de 2021, por medio del cual se establece la prima
especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

Por último, la Sala resolverá la inconformidad que enrostró la entidad cuando alegó la
imposibilidad de pagar el reajuste aquí concedido.

Así las cosas, afirmó que, no cuenta con apropiación presupuestal por parte del Ministerio

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de Hacienda y Crédito Público, para el reconocimiento de las acreencias laborales
reclamadas.

Este argumento no tiene ánimo de prosperidad por cuanto, la falta de presupuesto de una
entidad no es justificación para que no se reconozcan los derechos salariales y
prestacionales de sus trabajadores. Recordando que, el salario hace parte del derecho
fundamental al trabajo, el cual está ligado con el también derecho fundamental al mínimo
vital, los cuales deben ser garantizados por el Estado.

De tiempo atrás, ha dicho la jurisprudencia de la Corte Constitucional que la situación
económica del empleador no justifica el incumplimiento al deber legal y constitucional de
retribuir en debida forma y oportunamente el trabajo que ofrecen sus trabajadores 23. En
ese sentido, la Corte Constitucional también ha señalado que el desorden administrativo,
las deficiencias presupuestales o económicas no eximen al empleador público de
responder por sus acreencias laborales24.

En esa dirección, sobre este reparo la Subsección se remite a lo indicado recientemente
en otro proceso con los mismos contornos al aquí discutido25:

“43. En lo atinente a la imposibilidad presupuestal para incluir en la nómina el pago
adicional correspondiente a la prima especial, es del caso señalar que las limitaciones
presupuestales no constituyen una causal válida para negar el reconocimiento de un derecho
salarial debidamente causado.
44. Lo anterior, porque el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 prevé claramente la obligación
de reconocimiento y pago de la prima especial, la cual forma parte del ingreso base
únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación. En ese marco, la
denegación de reconocimiento y pago de la prima especial con el argumento de la
imposibilidad presupuestal, además de desconocer el derecho salarial establecido en la citada
norma, también afecta los aportes que por mandato de la misma norma se deben realizar al
Sistema de Seguridad Social en Pensiones.
45. Por tanto, la entidad demandada tiene el deber de gestionar los recursos necesarios

23
«La situación económica del empleador, sea este público o privado, los argumentos económicos, presupuestales o financieros no
justifican el incumplimiento del deber legal y constitucional de pagar oportunamente los salarios de los trabajadores. No obstante, si
la deudora es una entidad pública, la orden del juez de tutela deberá ser que, en un término razonable fijado por el juez, se cree una
partida presupuestal, si no existiere, o se realicen los trámites correspondientes para obtener los fondos, bajo el entendido de que
los créditos laborales vinculados al mínimo vital, gozan de prelación constitucional» Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-
995 de 1999. Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz.
24
«En esta línea, entonces, el desorden administrativo o los indebidos manejos de los recursos públicos no son ni podrían ser óbice
para impedir el pago puntual de los salarios y prestaciones de los empleados que se encuentran al servicio de la administración. Es
más, el que la situación económica, presupuestal o financiera de un empleador público o privado no sea producto de su negligencia
o desidia, tampoco lo exime de responder por la protección y respeto de los derechos mínimos y fundamentales de sus empleados.
La intencionalidad de quien incurre en el desconocimiento de un derecho fundamental, no puede tenerse como elemento relevante
para definir la procedencia o improcedencia del amparo impetrado. Si existe vulneración, amenaza o desconocimiento de un derecho
fundamental, así debe declararlo el juez, pues lo que se busca es la defensa de estos derechos y no la definición de responsabilidades,
pues ni es su objeto y existen vías judiciales apropiadas para el efecto». Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-484 de 2008.
Magistrado Ponente: Jaime Araújo Rentería.
25
C.P.: Elizabeth Becerra Cornejo, diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025), radicación:76001-23-33-004-2016-01696-02 (3631-
2024), demandante: Héctor Chica Torres, demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

20

Número Interno: 2117-2024
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Demandado: Nación – Rama Judicial

para cumplir la obligación impuesta en la ley, sin que sea válido desconocer el derecho laboral
y prestacional que la Constitución Política protege (arts. 48 y 53), bajo el argumento de la
planificación presupuestal, máxime porque el aporte para pensión constituye un derecho
irrenunciable e imprescriptible. Al respecto, la Corte Constitucional ha reiterado que «la
situación económica y presupuestal que afrontan un gran número de entidades públicas no
justifica el incumplimiento de las obligaciones laborales».
46. Por tanto, la denegación del derecho laboral y prestacional por la imposibilidad de
establecer una partida presupuestal involucra la planeación de recursos que en ningún caso
puede incidir en el reconocimiento de la prima especial que se analiza en este caso, tampoco
condicionar su pago, menos aún afectar los aportes al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones. Así, la respuesta al segundo problema jurídico es negativa.”

Por tal razón, acogiendo íntegramente esta tesis, la Sala desestimará este reparo
formulado con la alzada.

En virtud de lo hasta aquí expuesto, se modificará la sentencia de la Sala Transitoria,
ordenando el pago de los aportes pensionales en la forma indicada anteriormente.

2.4 Condena en costas.

Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala temeridad
o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios intereses, es decir, no se cumplen
los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, por tanto, no se
impondrá condena en costas.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del veintitrés (23) de febrero de
dos mil veintitrés (2023), proferida por la Sal de Conjueces del Tribunal Administrativo de
Antioquia, adicionada mediante auto del veintiséis (26) de febrero de esa misma
anualidad, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia del veintitrés (23) de febrero
de dos mil veintitrés (2023), proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo
de Antioquia, de la siguiente manera:

21

Número Interno: 2117-2024
Demandante: Juan Carlos Ayora Hernández
Demandado: Nación – Rama Judicial

«TERCERO: Consecuencialmente, condénese a la NACION-. DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, a reliquidar y pagar todos los salarios y prestaciones
sociales, así como los aportes a la seguridad social, a que tiene derecho legalmente y que
corresponden al Doctor JUAN CARLOS AYORA HERNÁNDEZ como Juez Promiscuo
Municipal teniendo en cuenta las sumas causadas desde el 22 de septiembre de 2011.

De igual manera, deberá reliquidar y pagar las cotizaciones o aportes efectuados al Sistema
General de Seguridad Social en pensiones, en favor de Juan Carlos Ayora Hernández,
desde el 4 de octubre de 2001, adicionando al ingreso base de liquidación el 30% de su
salario base, correspondiente a la prima especial de servicios, sin perjuicio de que la entidad
verifique los pagos realizados con ocasión de la entrada en vigor del Decreto 272 de 2021
y, sin que en ningún caso supere el tope dispuesto por el Gobierno nacional.»

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-00472-01
(1251-2024)

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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