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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-01013-02

Fecha
29 de mayo de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-01013-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. – REVOCAR la sentencia de 31 de julio de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia que negó las pretensiones de la demanda presentada por el señor Jaime Humberto Velásquez Ramírez. SEGUNDO. - DECLARAR la nulidad del oficio No. 2-2015-01683 radicado 5-1010 del 17 de noviembre de 2015, mediante el cual el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), resolvió de manera negativa la petición tendiente a reconocer la existencia de una relación laboral entre las partes y el pago de las correspondientes acreencias laborales, por el tiempo que prestó sus servicios en la entidad demandada. 23 Numero interno: 7820-2023 Demandante: Jaime Humberto Velásquez Ramírez Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA TERCERO. - A título de restablecimiento del derecho ordénese al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA pagar al señor Jaime Humberto Velásquez Ramírez las correspondientes prestaciones sociales de orden legal y vacaciones devengadas por un servidor de la misma categoría [instructor], vinculado laboralmente a la planta de la entidad, liquidadas sobre el salario de estos en proporción a los periodos y horas convenidas en el lapso del 7 de mayo de 2012 al 6 julio de 2013, en que se desarrollaron los contratos, salvo interrupciones. En ese mismo periodo, se ordena al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA reconozca y pague a favor del señor Jaime Humberto Velásquez Ramírez el reajuste salarial, es decir, la diferencia a su favor entre lo percibido por concepto de honorarios y lo devengado por un empleado planta de la misma categoría [instructor]. CUARTO. – A título de restablecimiento del derecho ordénese al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA reconocer y pagar los aportes al sistema de seguridad social en pensión del señor Jaime Humberto Velásquez Ramírez, solo en la suma faltante del porcentaje que le correspondía como empleador, tomando como ingreso base de cotización (IBC) mes a mes el salario de un servidor de la misma categoría [instructor], durante los periodos de tiempo del 2 de febrero al 15 de diciembre del 2000, 20 de marzo al 21 de diciembre del 2001, 19 de diciembre de 2003, 15 de […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2016-01013-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

29 de mayo de 2025

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 05001-2333-000-2016-01013-02 (7820-2023)1
Demandante : Jaime Humberto Velásquez Ramírez
Demandado : Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Tema : Relación laboral encubierta
Decisión : Resuelve apelación sentencia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 31 de julio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquía - Sala Quinta de Decisión 2, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda3.

1.1.1. Pretensiones

El señor Jaime Humberto Velásquez Ramírez, por intermedio de apoderado judicial,
acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
solicitando la nulidad del acto administrativo 2-2015-016831 radicado 5-1010 de 17
de noviembre de 2015, que negó el reconocimiento de la existencia de una relación
laboral con el demandante.

A título de restablecimiento del derecho, pidió que se «declare la existencia de
la relación laboral […]» se condene al demandado a pagarle: (i) las prestaciones
sociales como: auxilio de cesantías y sus intereses, subsidio de alimentación, prima
semestral, prima de navidad, bonificación por servicios prestados, vacaciones,
prima de vacaciones y, bonificación por recreación; ii) los valores que por cotización
debía pagar la demandada por concepto de la seguridad social en salud, riesgos
profesionales y pensiones; iii) Condenar al SENA a las costas procesales.

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

1
Las presentes diligencias reposan en expediente digital contenido en la herramienta electrónica para la gestión judicial
denominada SAMAI – expediente hibrido.
2
Magistrados que conforman la Sala Vannesa Alejandra Pérez Rosales, Juliana Nanclares Márquez y Liliana Patricia
Navarro Giraldo
3
Expediente hibrido– archivo 004

2

Numero interno: 7820-2023
Demandante: Jaime Humberto Velásquez Ramírez
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Que, conforme a lo certificado por el SENA, el demandante prestó servicios al
SENA, a través de contratos de prestación de servicios, desde el 21 de abril de 1994
al 19 de abril de 1996 en el Centro Multicultural de Urabá como instructor, 2 de
febrero al 15 de diciembre del 2000, 20 de marzo al 21 de diciembre del 2001, 9 de
junio de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2007 y del 7 de mayo de 2012 al 6 de
julio de 2013 en Medellín, desempeñando el cargo de docente instructor en la
especialidad de informática y del 27 de diciembre de 2001 al 4 de junio de 2003
administrador del centro de confecciones; tiempo durante el cual debía prestar sus
servicios profesionales de carácter temporal en las modalidades de formación
titulada y complementaria; labor que fue ejercida bajo subordinación.

Señala que, el 21 de octubre de 2015 solicitó al SENA el reconocimiento de la
relación laboral y el pago de las prestaciones sociales, la cual fue despachada
desfavorablemente mediante acto administrativo 2-2015-016831 de 17 de
noviembre de 2015.

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación.

Como normas violadas refiere: s artículos 1, 2, 13, 25, 48, y 53 de la Constitución
Política, 8 y 11 de la Ley 3135 de 1968, 8, 24, y 25 de la ley 1045 de 1978, 15 de la
Ley 100 de 1993, 1 y 2 de la Ley 244 de 1995, 4 de la ley 119 de 1994, 22 del
Decreto 1424 de 1998, 2 del Decreto 1426 de 1998, 1, 2, 36 y 37 de la Ley 115 de
1994, así como, el parágrafo del artículo 42 del Decreto 2277 de 1979.

La entidad demandada al expedir el acto administrativo objeto de nulidad trasgredió
de manera violenta el derecho fundamental al trabajo, toda vez que desconoció que
durante todo el tiempo en que prestó sus servicios, en virtud de la primacía de la
realidad sobre las formas, lo que se configuró fue una verdadera relación laboral.
Señalando además, que las funciones por él desempeñadas son propias de la
función misional del SENA y hubo continuidad en el ejercicio de la labor.

1.2. Contestación de la demanda4.

La entidad accionada se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la
demanda. Aseveró que la vinculación entre las partes se derivó de contratos de
prestación de servicios profesionales; por lo tanto, no se configuró una relación de
carácter laboral, como lo solicita la parte actora.

4
Expediente hibrido – archivo 06

3

Numero interno: 7820-2023
Demandante: Jaime Humberto Velásquez Ramírez
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Señaló que, de acuerdo a los certificados expedidos, el demandante prestó sus
servicios como contratista vinculado a la cooperativa de profesionales de Colombia
– COOPROCOL; también prestó los servicios por contrato de prestación de
servicios regulado por la Ley 80 de 1993, de manera autónoma e interrumpida.

Como excepciones propuso las que denominó: i) inexistencia de relación laboral; ii)
inexistencia de subordinación y relación contractual independiente entre las partes;
iii) pago; iv) buena fe exenta de culpa; v) falta de causa para pedir; vi) inexistencia
de la obligación por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA; vii)
temeridad y mala fe; viii) prescripción; y ix) las demás que resultaren probadas en
el transcurso del proceso.

1.3 Sentencia de primera instancia5

El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia proferida el 31 de julio
de 2023, negó las pretensiones de la demanda (con condena en costas a la parte
demandante). Lo anterior con fundamento en:

Adujo el A- quo que se demostró que las labores las desarrolló el demandante de
manera personal y, en virtud de aquellas, recibía el pago de honorarios,
acreditándose así dos de los elementos necesarios para que surja la relación
laboral; no obstante, respecto del tercer elemento, la subordinación, no hay plena
prueba que la demuestre; indicando que no se acreditó el sometimiento a órdenes
emanadas del SENA, más allá de las necesarias para el cabal cumplimiento del
acuerdo contractual.

Señala que, de la sola lectura de los contratos de prestación de servicios, no se
advierte que el señor Jaime Humberto Velásquez Ramírez hubiese prestado sus
servicios a la institución demandada en forma subordinada, máxime cuando en las
cláusulas siempre se pactó «mantener su autonomía e independencia sobre la
forma de cumplir el objeto del contrato». Como tampoco se puede tener por
demostrada aquella con los testimonios recaudados, dado que aquellos precisaron
que el demandante bien podía irse a su casa una vez terminara de dictar las clases,
sin que fuera necesario que estuviera presente en las instalaciones de la entidad al
cabo de las mismas o cumpliera estrictamente el horario de 8 a 5; además,
señalaron que la metodología no era impuesta por los coordinadores, para ella se
creaba una oferta académica; sumado a lo anterior, se dijo que no se acreditó que
las funciones desarrolladas fueran idénticas al personal de planta.

5
Expediente hibrido – archivo 052

4

Numero interno: 7820-2023
Demandante: Jaime Humberto Velásquez Ramírez
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Considera que las versiones de los testigos son contradictorias, no lograron
diferenciar los tiempos en que el demandante desempeñó sus actividades como
contratista o empleado de planta, la declarante Sonia Eugenia Álzate manifestó que
no estuvo enterada de las condiciones en que el actor prestó sus servicios entre los
años 2001 a 2006, pues se encontraba en una dependencia distinta.

Así las cosas, considera que el elemento de la subordinación no fue acreditado.

1.4 Recurso de apelación6.

La parte demandante presentó recurso de apelación. Precisó que, el análisis que
hizo el A-quo sobre lo dicho por los testigos no fue el adecuado,
descontextualizando lo por ellos dicho y se tomó solo partes de sus declaraciones,
en las cuales no se favorecen los intereses del actor.

También erró el Tribunal al no dar plena aplicación a la sentencia de unificación del
9 de septiembre de 2021, según la cual es posible inferir subordinación cuando la
labor desempeñada se asemeja o es equivalente a las indicadas en el manual de
funciones o a las establecidas en la ley. Desconoció el a quo el precedente
constitucional en materia de derechos laborales.

1.5. Trámite del recurso de la Ley 2080 de 2021

Con auto de 15 de abril de 20247, este Despacho admitió el recurso de apelación
conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021; sin
embargo, por no existir pruebas que decretar en segunda instancia, se prescindió del
periodo para que las partes alegaran de conclusión.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

De conformidad con el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo
25 de Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones
contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.

2.2. Problema jurídico.

6
Folios 285 a 298
7
SAMAI – índice 004

5

Numero interno: 7820-2023
Demandante: Jaime Humberto Velásquez Ramírez
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

De acuerdo a los argumentos expuestos por el recurrente el problema jurídico se
contrae a determinar si es posible revocar la sentencia de primera instancia que
negó las súplicas de la demanda, al considerar que no se configuraron los
elementos de la relación laboral entre las partes. Para el efecto, se analizará si se
demostró la existencia de una relación laboral, especialmente si se acreditó el
elemento de la subordinación, que fue el motivo para negar las pretensiones en
primera instancia, al considerarse que aquél no había sido demostrado.

2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial de la relación en cubierta.

En principio, cabe precisar que, respecto de los contratos estatales de prestación
de servicios, la Ley 80 de 1993, en su artículo 32 (numeral 3), dispone:

“Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.

En ningún caso estos contratos general relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable”.

Es decir, que el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula
excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
desarrollar labores especializadas que no pueden asumir el personal de planta y
que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez que
debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del contrato
y de la ley contractual.

Por su parte, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de las
expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o» y «en ningún caso
[…] general relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en el precitado
numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en sentencia C-154 de 1997, precisó
las diferencias entre el contrato de prestación de servicios y el de carácter laboral,
así:

“Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de prestación
de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure se requiere la
existencia de la prestación personal del servicio, la continuada subordinación laboral y
la remuneración como contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de
prestación de servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de una
persona jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación laboral o
dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor
contratada.

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de prestación
de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos son bien diferentes, de
manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se hacen

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Numero interno: 7820-2023
Demandante: Jaime Humberto Velásquez Ramírez
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los
mismos.

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la
diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano
legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el
previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad
de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu,
en caso que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente
consistente en la actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes
a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como
la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato
de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la
denominación de un contrato de prestación de servicios independiente.

Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o dependencia al
contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos del contrato, ni pretender
el pago de un salario como contraprestación de los servicios derivados del contrato
de trabajo, sino, más bien, de honorarios profesionales a causa de la actividad del
mandato respectivo”.

Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 2400 de 1968 8, «[p]or el cual se modifican las
normas que regulan la administración del personal civil […]», dispone:

“Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la Constitución, la
ley, el reglamento o asignadas por autoridad competente que deben ser atendidas por
una persona natural.
Empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un empleo y que ha
tomado posesión del mismo.

Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio civil de la República.

Quienes presten al Estado Servicios ocasionales como los peritos obligatorios, como
los jurados de conciencia o de votación; temporales, como los técnicos y obreros
contratadas por el tiempo de ejecución de un trabajo o una obra son meros auxiliares
de la Administración Pública y no se consideran comprendidos en el servicio civil, por
no pertenecer a sus cuadros permanentes.
Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos
correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de
servicios para el desempeño de tales funciones”.

La parte subrayada de la precitada disposición fue declarada exequible por la
Corte Constitucional, en sentencia C-614 de 2009, al señalar la permanencia,
entre otros criterios, como un elemento más que indica la existencia de una
relación laboral. Frente al tema, expuso:

“La Corte encuentra que la prohibición a la administración pública de celebrar
contratos de prestación de servicios para el ejercicio de funciones de carácter
permanente se ajusta a la Constitución, porque constituye una medida de protección
a la relación laboral, ya que no sólo impide que se oculten verdaderas relaciones
laborales, sino también que se desnaturalice la contratación estatal, pues el contrato
de prestación de servicios es una modalidad de trabajo con el Estado de tipo
excepcional, concebido como un instrumento para atender funciones ocasionales, que
no hacen parte del giro ordinario de las labores encomendadas a la entidad, o siendo
parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados de planta o se requieran
conocimientos especializados. De igual manera, despliega los principios
constitucionales de la función pública en las relaciones contractuales con el Estado,
en tanto reitera que el ejercicio de funciones permanentes en la administración pública
debe realizarse con el personal de planta, que corresponde a las personas que

8
Modificado por el Decreto 3074 del mismo año.

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Numero interno: 7820-2023
Demandante: Jaime Humberto Velásquez Ramírez
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ingresaron a la administración mediante el concurso de méritos”.

De lo anterior se colige que, el contrato de prestación de servicios se desfigura
cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral,
esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada
subordinación, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor
del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo
53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los
derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de la
materia.

En otras palabras, el denominado «relación en cubierta» aplica cuando se constata
en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de
la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias
dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de
órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de
coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar
dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales 9.
De igual manera, la subsección B de esta sección segunda10 recordó que (i) la
subordinación o dependencia es la situación en la que se exige del servidor público
el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o
cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos, la cual debe mantenerse
durante el vínculo; (ii) le corresponde a la parte actora demostrar la permanencia,
es decir, que la labor sea inherente a la entidad, y la equidad o similitud, que es el
parámetro de comparación con los demás empleados de planta, requisitos
necesarios establecidos por la jurisprudencia, para desentrañar de la apariencia
del contrato de prestación de servicios una verdadera relación laboral; y (iii) por el
hecho que se declare la existencia de la relación laboral y puedan reconocerse
derechos económicos laborales a quien fue vinculada bajo la modalidad de
contrato de prestación de servicios que ocultó una verdadera relación laboral, no
se le puede otorgar la calidad de empleado público.

2.2.2. Lo probado en el proceso.

1) En el plenario se encuentra probado que el señor Jaime Humberto Velásquez
Ramírez y el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA suscribieron los siguientes

9
En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en sentencia de 27 de enero de
2011, expediente: 5001-23-31-000-1998-03542-01 (202-10).
10
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 4 de febrero de 2016, expediente: 81001-23-33-000-
2012-00020-01 (316-2014).

8

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Demandante: Jaime Humberto Velásquez Ramírez
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

contratos de prestación de servicios; lo anterior, conforme a los contratos y la
certificación allegada al plenario11:

N.° contrato Objeto Fecha de inicio Fecha de Interrupción
terminación
206-2000- 02-01 Prestación de servicios como 2/2/2000 15/12/2000 68 días hábiles
docente en la especialidad de
informática y en los términos y
condiciones previamente
acordados con el respectivo jefe
del centro de confecciones
668- 2001/03/20 Prestación de servicios como 20/3/2001 21/12/2001 3 días hábiles
docente en la especialidad
informática y en los términos y
condiciones previamente
acordados con el respectivo jefe
del centro de confecciones
1419- 2001/12/26 Prestación de servicios como 27/12/2001 16/02/2002 9 días hábiles
contratista administrador de
sistemas del centro de
confecciones
184- 2002/02/2 Prestación de servicios como 1/3/2002 4/6/2003 2 días hábiles
contratista administrador de
sistemas del centro de
confecciones
400- 2003/06/05 Prestación de servicios como 9/6/2003 25/9/2003 2 días hábiles
instructor de informática básica
del centro de confecciones
834- 2003/09/25 Prestación de servicios como 29/9/2003 19/12/2003 17 días hábiles
instructor de informática básica
del centro de confecciones
1379- 2003/12/26 Prestación de servicios como 15/1/2004 1/10/2004 12 días hábiles
docente en el área de informática
básica en el centro de
confecciones
1154- 2004/10/15 Prestación de servicios como 20/10/2004 31/12/2004 10 días hábiles
docente en el área de informática
básica en el centro de
confecciones
2232- 2004/12/30 Prestación de servicios como 17/1/2005 15/06/2005 2 días hábiles
instructor de informática básica
del centro de confecciones
32- 2005/06/15 Prestación de servicios como 20/6/2005 27/01/2006 0 día
instructor de informática básica
del centro de confeccione
39- 2006/01/19 Prestación de servicios como 28/1/2006 2/10/2006 0 día
instructor en área de informática
básica por competencias
laborales del centro de
confecciones
88- 2006/09/01 Prestación de servicios como 3/10/2006 29/11/2006 0 día
instructor en área de informática
básica por competencias
laborales del centro de
confecciones
131- 2006/11/22 Prestación de servicios como 30/11/2006 27/03/2007 0 día
instructor de informática básica
del centro de confecciones
39- 2007/03/12 Prestación de servicios como 28/3/2007 17/9/2007 0 día
instructor de informática básica
del centro de confecciones
98- 2007/08/31 Prestación de servicios como 18/9/2007 3/12/2007 4 años, 4 meses y 4
instructor de informática básica días12
del centro de confecciones

11
Expediente físico fl. 17-19 certificación y fl. 20-20 contratos.
12
Vinculación con el SENA.

9

Numero interno: 7820-2023
Demandante: Jaime Humberto Velásquez Ramírez
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

99- 2012/05/03 Prestación de servicios como 7/5/2012 30/06/2012 5 días
instructor de informática básica
del centro de confecciones
174- 2012/07/05 Prestación de servicios 10/7/2012 15/12/2012 23 días hábiles
profesionales de carácter
temporal, para impartir formación
profesional integral por
competencias laborales a través
de metodología por proyectos, de
forma presencial y/o virtual en las
modalidades de formación titulada
y complementaria
1021- 2013/01/17 Prestación de servicios 21/01/2013 6/7/2013 -
profesionales de carácter
temporal, para impartir formación
profesional integral por
competencias laborales, a través
de metodología por proyectos, de
forma presencial y/o virtual en las
modalidades de formación titulada
y complementaria

Obligaciones establecidas en los contratos 1379 de 2003, 1154 de 2004, 0032
de 2005, 0039 de 2006, 0088 de 2006, y 39 de 2007: «El contratista se obliga: a)
Cumplir el objeto del contrato; b) responder por la buena calidad d ellos servicios
contratados; c) Mantener su autonomía e independencia sobre la forma de cumplir
el objeto del contrato y, d) mantener actualizados los pagos de afiliación a los
sistemas de salud y de pensión que trata la Ley 100 de 1993».

Obligaciones establecidas en los contratos N° 099 y 0174 de 2012, 101 de 2013:
«1) Cumplir con las especificaciones esenciales contempladas en el Anexo 1
"Estudio previo y de necesidad para determinar la conveniencia y oportunidad de la
contratación, como son: i) Estar inscrito en el banco de instructores del Sistema
Nacional de Recurso Humano del SENA; ii) Cumplir con el objeto contractual
pactado, en los programas y lugares que el SENA indique, prestar los servicios con
seriedad, responsabilidad, profesionalidad y eficiencia; iii) Efectuar los pagos al
sistema general de seguridad social integral, lo cual será un requisito para el pago
de los honorarios, así como para la legalización del contrato acreditar su afiliación
al sistema general de seguridad social en salud y pensiones; iv) Desarrollar las
actividades de acuerdo a los programas de trabajo que se elaborarán previamente
y con personal que cumpla con las exigencias de formación académica y
Pedagógica que EL SENA determine; v) Seleccionar estrategias de enseñanza
aprendizaje — evaluación según el Programa de Formación Profesional y el
enfoque metodológico adoptado. ambientes de aprendizaje con hace en los
resultados propuestos y en las características y requerimientos de los aprendices;
vi) Orientar los procesos de aprendizaje según las necesidades detectadas en los
procesos de evaluación, metodologías de aprendizaje y programas curriculares
vigentes; vii) Programar las actividades de enseñanza - aprendizaje - evaluación de
conformidad con los proyectos formativos y el calendario de formación institucional,
haciendo uso de las plataformas y herramientas tecnológicas dispuestas por el
SENA para tal fin; viii) Reportar la información académica y administrativa, requerida
dentro del proceso de formación; ix) Presentar mensualmente los informes
estadísticos y de actividades, inherentes al objeto contractual; xii) Responder por
los bienes y elementos puestos a su disposición para el cumplimiento del objeto
contratado; xiii) conformar los equipos de desarrollo curricular interdisciplinarios por
programa o conjunto de programas por redes tecnológicas, para garantizar
integralidad en la formulación de proyectos para formativos, el diseño de actividades
de aprendizaje, el diseño de talleres e Items que alimentarán los bancos de pruebas
para la selección el de diseño aprendices, de actividades entre otras; ivx) Reportar
en el sistema Sofia Plus en un plazo máximo de 3 días, todas las actividades que
de acuerdo con los procesos que son de su responsabilidad, garantizando la calidad
de la información y su coherencia con el proceso formativo, tales como: Registro de

10

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los juicios evaluativos, Creación de rutas y asociación de aprendices, Registro de
juicios evaluativos del reconocimiento de aprendices de aprendizajes previos,
Comunicar al Coordinador Académico oportunamente anomalías, inconsistencias,
novedades de aprendices y hallazgos en el registro de la información; xv) Apoyar la
programación y seguimiento de la formación por proyecto o conjunto de proyectos
por redes tecnológicas que garanticen la integralidad en la ejecución del proceso de
aprendizaje».

2) Certificación laboral expedida por el jefe del SENA el 30 de julio de 1999, donde
hace constar que el señor Humberto Velásquez Ramírez prestó los servicios en el
Centro Multisectorial de Urabá en los siguientes periodos de tiempo: del 21 de abril
de 1994 al 19 de abril de 1996, a través de la empresa Cooprocol y, del 20 de abril
de 1996 al 30 de julio de 1999, mediante órdenes de servicios 13.

3) Certificación expedida el 4 de junio de 201314 donde quedó establecido la
prestación del servicio entre el demandante y el SENA, en el Centro de Formación
en Diseño, Confección y Moda regional Antioquia, mediante contrato de prestación
de servicios.

4) Respuesta de la Comisión Nacional de Servicio Civil en la que certifica que “[…]
en los procesos de selección adelantados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, se constató
que el ciudadano JAIME HUMBERTO VELÁSQUEZ RAMÍREZ […], asistió a las pruebas el día 10
de diciembre de 2006 y su estado fue aprobado, por ende, fue inscrito a la convocatoria 001 de 2005
para el empleo 51025 del nivel técnico Sena, donde llegó a la etapa de antecedentes y obtuvo una
calificación de Estudio: 61.0 y Experiencia: 81.8”

5) Obra documento dirigido al subdirector del Centro de Formación en Diseño,
Confección y Moda de Itagüí, mediante la cual el demandante renunció al contrato
de Prestación de Servicios No. 1021 de 2013, para tomar posesión en el cargo de
Instructor Regional Cundinamarca en el Centro de Formación Gestión de
Mercados, Logística y Tecnologías de la Información15.

6)Testimonios rendidos por Gabriel Jaime Guerra y Sonia Eugenia Álzate Martínez,
sobre los hechos objeto de controversia. (audiencia pruebas):

GABRIEL JAIME GUERRA: declaró que conoce a Jaime Velásquez como compañero de
trabajo desde hace 14 años, desde el 2007 cuando el testigo ingresó a trabajar como
contratista en el SENA, actividad que todavía ejerce, momento en el cual Jaime ya estaba
vinculado con la entidad. Sostuvo que el demandante realizaba actividades como instructor
en informática en la sede Itagüí y Calatrava y actividades administrativas en el área de
informática; en cuanto a estas últimas, resaltó que tenían que ver con todo el manejo de
gestión educativa, manejo de aplicaciones, como la de Sofia Plus, que es por medio de la cual
se hace todo el proceso de la formación desde la oferta educativa, el proceso de inscripciones,
certificaciones; sumado a lo anterior, el demandante ejerció como homólogo de sistemas
(encargado de esa área, responsable de la parte de sistema del centro).

Refirió el testigo que, el actor inicialmente fue instructor, pero en los últimos años ejerció
actividades en la parte administrativa, siendo la mano derecha del jefe y coordinadores
académicos; manifestó que aquél tuvo diferentes vinculaciones con la entidad, como

13
Fl 16
14
Fl 20-22
15
Anexos consecutivos – expediente hibrido

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contratista y ahora está vinculado por ganar un concurso; en virtud del cual, estuvo en Bogotá
en periodo de prueba.

Manifestó que el actor realizaba funciones que tenían que ver con la formación de los
aprendices, cada año desde finales de enero o principios de febrero hasta diciembre, que
termina la formación. Dicha formación se da por medio de clases que inician entre las 6 a 8
de la mañana, dependiendo de la jornada, orientando en la parte de informática y luego
realizaba las actividades administrativas. Los jefes eran Jhon Jairo Gómez y coordinador Jhon
Jairo Jaramillo, además que si lo necesitan un fin de semana el respondía a los compañeros
y a los jefes, pues también les ayudaba a los instructores en todo lo que tiene ver con la
creación de fichas, con inscripciones y matrículas. No leyó ninguno de los contratos, eso es
personal. Además señaló que, ante la solicitud de algún permiso debía comunicarla al
coordinador académico; respecto al pago de honorarios afirmó que primero eran cada 15 días,
luego esto cambió de forma mensual, se realizaba una planilla de pago y se adjuntaba un
soporte con las actividades del mes con visto bueno; afirmó que el demandante también
ejercía actividades complementarias dando cursos cortos de informática básica, Excel, toda
la parte de ofimática, actividades en las cuales el SENA no tenía profesores vinculados de
planta, sólo estaba el demandante.

Aseguró que el demandante estuvo vinculado desde el año 2007 en el centro de formación de
Itagüí, para los años 2012 y 2013 estuvo en Bogotá, y regresó nuevamente al centro de
formación; afirmó que, el actor tenía horarios establecidos y una programación fijados por el
coordinador académico, la cual no era impuesta, simplemente se hacía una oferta, además
que, una vez terminaba las clases podía irse del establecimiento; en cuanto a las
evaluaciones, afirmó que éstas eran realizadas de forma escrita por el coordinador a través
de una lista de chequeo. Concluyó su testimonio indicando que la metodología debe ser
enfocada en la formación por proyectos, el cual debe estar encaminado a las temáticas que
se van a tratar, cada instructor debe estar en pro de esa formación.

SONIA EUGENIA ALZATE MARTÍNEZ: indicó que lleva aproximadamente 23 años al servicio
del SENA, vinculada como contratista en el área de informática y manejaba la gestión
educativa de los docentes, conoce al demandante desde el año 2001, quien era instructor en
informativa, aclarando que cuando ella ingresó al centro de calzado ya él estaba en el centro
de confecciones; posteriormente, trabajaron juntos como instructores. En el año 2006
trabajaron en la parte administrativa, el señor Ramírez era homólogo de sistemas en gestión
educativa, también dictó clases presenciales en horarios diferentes de los administrativos;
señaló que, daba dos horas en la parte de formación y de resto en la parte administrativa, el
horario del demandante siempre era de 8 horas, de 8 am a 5:30 pm, las clases las dictaba en
la jornada de la mañana o tarde en promedio dos horas.

Agregó que, el accionante en las horas en que no estaba dictando clases, estaba dando
soporte en las instalaciones del SENA de manera obligatoria y cuando requería de algún
permiso debía informarle al coordinador; adicionalmente, manifestó que el demandante debía
presentar un informe mensual para el seguimiento de la prestación de sus servicios, el cual
era diferente al seguimiento que se le hacía a los empleados de planta, pues ellos debían
presentar una evaluación de desempeño; en cuanto a la funciones que desarrollaba el
demandante, afirmó que éstas eran asignadas por el coordinador académico.

Actuación administrativa

• Petición incoada por el demandante, a través de apoderado judicial, el 23 de
octubre de 2015, radicación N° 1-2015-028979, mediante la cual solicitó al
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA el reconocimiento de la relación
laboral y pago de las prestaciones sociales16.

• Oficio No. 2-2015-016831 de 17/11/2015, a través del cual se dio respuesta
negativa por parte del SENA a la petición incoada por el actor17.

2.2.3. Caso concreto

16
Fl. 3-9
17
Fl. 11-12

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El señor Jaime Humberto Velásquez Ramírez ha solicitado el reconocimiento de
una relación laboral durante el tiempo en que prestó sus servicios al SENA, a través
de contratos de prestación de servicios. Por su parte, la entidad demandada se
opuso a las pretensiones aduciendo que no se configuraron los elementos
necesarios para que surja la alegada relación. En ese orden de ideas, habrá de
analizarse si se configuró o no dicho vínculo.

Debe recordarse que, para que se configure la relación laboral es necesario que se
acrediten tres elementos a saber: prestación de servicios, remuneración y
subordinación. Respecto de los dos primeros, no hubo discusión en este asunto,
entendiéndose que se encuentra acreditados, pero aclarando que solo durante el
periodo de tiempo del 2 de febrero al 15 de diciembre del 2000, 20 de marzo al 21
de diciembre del 2001, 9 de junio de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2007 y del 7
de mayo de 2012 al 6 de julio de 2013.

Sí bien el actor en la demanda sostuvo que, su relación con el SENA inició el 21 de
abril de 1994 al 19 de abril de 1996 y luego desde el 20 de abril de 1996 hasta el 30
de julio de 1999, desempeñándose como instructor; sobre estos periodos de tiempo
no hay plena prueba que respalde dicha afirmación, contando tan solo con un
certificado del Centro Multisectorial de Urabá expedido el 30 de julio de 199918del
cual no se logra tener certeza sobre cuál era las funciones desempeñadas, ni los
honorarios percibidos, como tampoco cuales eran las órdenes de servicio en virtud
de las cuales prestaba aquellos, sin hacer precisión acerca de la labor desarrollada,
comoquiera que en ella tan solo se indica que se desempeñó como instructor y
administrador de sistemas, sin indicar los extremos en que desarrolló cada función;
adicionalmente, los testigos escuchados en el juicio nada dijeron sobre este periodo
de tiempo. Ante las citadas falencias probatorios, no es posible acceder a las
pretensiones por este periodo de tiempo dado que el escaso material probatorio
conlleva a no tener acreditado durante aquel tiempo ninguno de los elementos que
configuran la relación laboral.

Diferente ocurre con los periodos reclamados del 2 de febrero al 15 de diciembre
del 2000, 20 de marzo al 21 de diciembre del 2001, 9 de junio de 2003 hasta el 31
de diciembre de 2007 y del 7 de mayo de 2012 al 6 de julio de 2013; puesto que los
contratos allegados dan certeza que era el aquí demandante quien prestaba los
servicios de forma personal, al igual que lo precisaron los dos testigos escuchados;
en la referida prueba documental también se evidencia el pago de una remuneración
-honorarios- como contraprestación de la labor ejercida; en ese orden de ideas, sobre
aquellos periodos de tiempo, como ya se expuso, sí están acreditados dos de los

18 Expediente físico, folio 26

13

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elementos necesarios para la configuración de la relación laboral, siendo estos, la
prestación del servicios de forma personal y la remuneración.

Ahora, respecto al tercer elemento, el de la subordinación y dependencia, se
considera importante traer como referencia lo estipulado por la Conferencia
General de la Organización Internacional del Trabajo en su nonagésima quinta
reunión del 31 de mayo de 200619, según la cual se determina en el punto II la
recomendación número 13, literal a), en la cual referente a la determinación de la
existencia de una relación laboral se dijo:

«13. Los Miembros deberían considerar la posibilidad de definir en su legislación, o por otros
medios, indicios específicos que permitan determinar la existencia de una relación de
trabajo. Entre esos indicios podrían figurar los siguientes:

(a) el hecho de que el trabajo: se realiza según las instrucciones y bajo el control de otra
persona; que el mismo implica la integración del trabajador en la organización de la
empresa; que es efectuado única o principalmente en beneficio de otra persona; que
debe ser ejecutado personalmente por el trabajador, dentro de un horario determinado,
o en el lugar indicado o aceptado por quien solicita el trabajo; que el trabajo es de cierta
duración y tiene cierta continuidad, o requiere la disponibilidad del trabajador, que
implica el suministro de herramientas, materiales y maquinarias por parte de la persona
que requiere el trabajo, […]»

Así mismo, teniendo en cuenta que en los contratos allegados se evidencian dos
objetos contractuales diferentes, es necesario hacer el análisis de cada uno por
aparte.

En primera medida, se analizará la subordinación respecto de los contratos donde
se indicó como labor la de docente o instructor. Respecto de ellos debe precisarse
que:

El SENA fue creado mediante Decreto Ley 118 de 1957 y sus funciones iniciales
consistían en brindar formación profesional a los trabajadores de la industria, el
comercio, la agricultura, la minería y la ganadería, según el Decreto 164 de 6 de
agosto de 1957.

Posteriormente, la Ley 119 de 199420 dispuso que el SENA es un establecimiento
público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e
independiente y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio del Trabajo, cuya

19
Recomendación sobre la relación de trabajo, 2006 Adopción: Ginebra, 95ª reunión CIT (15 junio 2006) - Estatus:
Instrumento actualizado.
20
«Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y se dictan
otras disposiciones».

14

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misión, según su artículo 2, consiste en «[…] cumplir la función que le corresponde
al Estado de intervenir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores
colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la
incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que
contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país».

Así las cosas, la misión especial encomendada a esa entidad consiste en formar y
capacitar a los trabajadores, funciones de carácter permanente que cumple en
desarrollo de su actividad.

Acreditado está que el demandante ejerció como instructor o docente de formación
en sistemas y metodología de proyectos desde el 2 de febrero al 15 de diciembre
del 2000, 20 de marzo al 21 de diciembre del 2001, 9 de junio al 25 de septiembre
de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2007 y del 7 de mayo de 2012 al 6 de julio de
2013. En dichos periodos se presume que el contratista no tenía autonomía pues
dicha labor debe ejercerse conforme al cronograma académico estipulado por la
entidad.

Adicionalmente, los testigos escuchados manifestaron que el accionante prestó los
servicios, inicialmente, en el centro de formación como instructor y dictó clases
presenciales según la programación otorgada por el coordinador académico. Vale
indicar que los declarantes también afirmaron que durante el tiempo que aquél
prestó sus servicios en la parte administrativa en el área de informática, también se
desempeñaba como docente durante dos horas, aproximadamente; sin embargo,
de estas actividades no existe más pruebas que las respalden, ante ello, para la
Sala no fueron debidamente acreditadas, téngase en cuenta que en los contratos
suscritos en donde se consignó dichas funciones, esto es, los contratos 1419 y 184,
suscritos entre el 27 de diciembre de 2001 al 4 de junio de 2003 –con interrupciones-,
nada se dice al respecto de tener actividades adicionales como formador, instructor
y/o docente.

Retomando, en cuanto a las funciones como instructor, los testigos manifestaron
que las clases se dictaban en la jornada de la mañana o tarde; que durante dicha
contratación si el demandante requería ausentarse debía solicitar permiso al
coordinador académico, señor Jhon Jairo Jaramillo.

En este punto debe aclarar la Sala que, contrario a lo expuesto por el Tribunal, los
testimonios de los señores Gabriel Jaime Guerra y Sonia Eugenia Álzate
escuchados durante el proceso, son prueba idónea de las condiciones de modo,
tiempo y lugar en que se desarrolló la labor por parte del demandante; lo anterior,

15

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comoquiera que aquellos fueron compañeros de trabajo y por ello, se considera,
son conocedores de tales aspectos; además, sus declaraciones son coherentes,
sólidas y congruentes y, analizadas estas con base en la sana crítica, confrontadas
con las demás pruebas generan credibilidad para esta instancia.

Entonces, acreditado está que el demandante realizó labores que resultan similares
a los instructores de planta de la entidad, lo cual ha sido para esta Subsección, un
argumento contundente para declarar la existencia de una relación encubierta; pues
en virtud de la función, se presume no tenía autonomía para ejercer la labor, debía
estar supeditado, se insiste, al cronograma académico y a las instrucciones de la
entidad demandada.

Como se expuso en precedencia, la labor del SENA es impartir capacitación. Para
ello, dentro de su planta de personal está el cargo de instructor, el cual, según el
manual específico de funciones, requisitos mínimos y competencias laborales para
los empleos de la planta de personal del Sena, contenido en la Resolución 0986 de
27 de mayo de 2007 (vigente entre 2007 y 2015) y su anexo21, desarrolla las
siguientes funciones:

“(…)
II. PROPOSITO [sic] PRINCIPAL

Desarrollar procesos de Formación Profesional de conformidad con las Políticas
Institucionales, la Normatividad vigente y la Programación de la Oferta Educativa.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES INSTRUCTOR:

1. Seleccionar estrategias de enseñanza - aprendizaje - evaluación según el
programa de Formación Profesional y el enfoque metodológico adoptado.
2. Seleccionar ambientes de aprendizaje con base en los resultados propuestos y
en las características y requerimientos de los aprendices.
3. Orientar los procesos de aprendizaje según las necesidades detectadas en los
procesos de evaluación, metodologías de aprendizaje y programas curriculares
vigentes.
4. Programar las actividades de enseñanza - aprendizaje - evaluación de
conformidad con los módulos de formación y el calendario institucional y el Manual de
Procedimientos para la ejecución de acciones de Formación Profesional.
5. Reportar información académica y administrativa según las responsabilidades
institucionales asignadas.
6. Evaluar la formación de los aprendices durante el proceso educativo de acuerdo
con le [sic] Manual de Evaluación vigente.
Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el
nivel, la naturaleza y el área del desempeño del empleo.

(…)”22.

De las obligaciones de los contratos se desprende que el demandante debía cuidar
y responder por los bienes y elementos puestos a su disposición para el
cumplimiento del objeto contratado, reportar en el sistema Sofia Plus todas las

21
Extraído de la página virtual del SENA, https://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/manua-funciones.aspx -
https://www.sena.edu.co/es-co/sena/MF/manual_de_funciones_y_competencias_laborales_986_07_08_06_2007.zip,
archivo número 20 Instructores.
22
Información consultada en la página electrónica: http://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/manua-funciones.aspx.

16

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actividades realizadas, garantizando la calidad de la información y su coherencia
con el proceso formativo, tales como: creación de rutas y asociación de aprendices,
registro de juicios evaluativos del reconocimiento de aprendices de aprendizajes
previos, comunicar al coordinador académico oportunamente anomalías,
inconsistencias, novedades de aprendices y hallazgos en el registro de la
información.

Las actividades realizadas por el actor, se itera, guardan relación con las funciones
que deben desarrollar los instructores de planta; aquellas denotan una sujeción y
dependencia de quien ejerce el empleo comoquiera que el demandante no era libre
de decidir en qué momento las ejercía pues para ello dependía de los horarios de
clases establecidos por la entidad; además, estas son inherentes a la misión del
SENA. Todo ello conlleva a concluir que en estos contratos si se demostró la
subordinación.

Así las cosas, se acreditaron los elementos de la relación laboral en los periodos en
que el demandante prestó sus servicios como docente y/o instructor o a fines con la
docencia; por tanto, concluye la Sala que la entidad demandada utilizó
equívocamente la figura contractual para encubrir la naturaleza real de la labor
desempeñada, por lo que se configura en este caso la relación laboral encubierta,
en aplicación de los principios constitucionales consagrados en los artículos 13 y
53.

La jurisprudencia de esta sección ha sostenido que cuando el objeto del contrato
versa sobre el desempeño de funciones de carácter permanente y en el proceso se
demuestra que hubo subordinación y dependencia respecto del empleador, surge
el derecho al pago de prestaciones, porque de lo contrario se afectan los derechos
del trabajador23.

Por tanto, se revocará la sentencia apelada ya que, se insiste, en el sub lite se
probaron los tres elementos configurativos de un contrato realidad, quedando
demostrado que el SENA evadió las obligaciones laborales respecto del
demandante, toda vez que ejerció atribuciones propias de un empleador a través de
contratos de prestación de servicios que versaban sobre funciones ínsitas de la
entidad, que, además, no fueron temporales.

Diferente ocurre con los periodos en los cuales el demandante se vinculó para
ejercer actividades de administrador de sistemas del centro de confecciones, esto

23
Providencia 13001-23-33-000-2013-00646-01(0442-20) del 8 de julio de 2021, CP: Carmelo Perdomo Cuéter.

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es, en los contratos 1419 y 184, suscritos entre el 27 de diciembre de 2001 al 4 de
junio de 2003 –con interrupciones-; en donde no es posible concluir que hubiera
existido subordinación, dado el escaso material probatorio reinante en el proceso.
Ante ello, durante estos lapsos de tiempo no es posible acceder a las pretensiones;
téngase en cuenta que no hubo precisión por parte de los testigos en lo referente a
este periodo de tiempo y el cómo se ejercía la subordinación por parte del SENA
durante aquel; por el contrario, el testigo Gabriel Jaime Guerra manifestó que el
demandante en el ejercicio de esta actividad era la mano derecha del jefe y
coordinadores académicos, sin precisar sí le daban órdenes, debía cumplir horario,
o cualquier otra circunstancia de la cual se pudiera inferir la referida subordinación
o dependencia.

Finalmente, respecto al periodo de tiempo donde se acreditó la relación laboral, debe
analizarse lo atinente a la extinción de los derechos que se derivan de la declaratoria
de existencia de la relación laboral, en la sentencia de unificación de 25 de agosto de
201624, esta Sección estimó:

«quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en consecuencia,
el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de la primacía de
la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de tres años
contados a partir de la terminación de su vínculo contractual (…) Sin embargo, no
aplica el fenómeno prescriptivo frente a los aportes para pensión, en atención a la condición
periódica del derecho pensional y en armonía con los derechos constitucionales a la
igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales y los principios de in dubio
pro operario, no regresividad y progresividad» [se resalta].

Ahora bien, de acuerdo a la sentencia del 9 de septiembre de 2021 de la Sección
Segunda de esta Corporación25, se indicó sobre el término y el momento a partir del
cual debe computarse la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones
contractuales consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el
fin de establecer si se presentó o no la solución de continuidad en la relación laboral
declarada. En ese sentido, la Sala considera adecuado establecer un periodo de
treinta (30) días hábiles como indicador temporal de la no solución de
continuidad entre contratos sucesivos de prestación de servicios, sin que este,
se itera, constituya una «camisa de fuerza» para el juez contencioso que, en cada
caso y de acuerdo con los elementos de juicio que obren dentro del plenario, habrá
de determinar si se presentó o no la rotura del vínculo que se reputa laboral.

Acorde con lo anterior, con los contratos allegados y con lo resumido en el cuadro
inserto en el punto i) del acápite “2.2.2. Hechos probados”, se percibe que

24
Expediente 23001-23-33-000-2013-00260-01 (88-2015), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
25
Expediente 05001-23-33-000-2013-01143-01(1317-16), C. P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

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existieron interrupciones considerables de más de 30 días hábiles entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, referente a la prestación del
servicio y por tanto hubo solución de continuidad entre los siguientes periodos
contractuales: el contrato No. 98 que finalizó el 31 de diciembre de 2007 y el inicio
del nuevo contrato No. 174 que ocurrió el 7 de mayo de 2012 - interrupción de 4 años,
4 meses y 4 días-.

En dichos periodos la interrupción supera ampliamente los parámetros establecidos
en la sentencia SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021, respecto de los
cuales no se encuentran circunstancias probadas que permitan su flexibilización.

Por lo anterior, se puede concluir que entre los periodos contractuales determinados
anteriormente se rompió la continuidad y solo es posible concluir que no hubo
solución de continuidad durante los últimos tres contratos, esto es, los números 99,
174, y 1021, que iniciaron el 7 de marzo de 2012 y finalizaron el 6 de julio de 2013
–con interrupciones que no superaron los 23 días-.

El que haya habido solución de continuidad impide reconocer los emolumentos
laborales causados durante el desarrollo de los contratos que se ejecutaron entre el
2 de febrero de 2000 al 31 de diciembre de 2007 (Contratos n.°s 206, 668, 400, 834,
1379, 1154, 2232, 32, 39, 88, 131, 39 y 98); téngase en cuenta que la reclamación
de aquellos se hizo el 21 de octubre de 2015, esto es, mucho tiempo después de
los tres años de finalización de los vínculos laborales y por tanto, en estos se
configuró el fenómeno de la prescripción, debiéndose entonces que declarar
probada dicha excepción respecto de aquellos.

Diferente ocurre con las acreencias laborales surgidas en los tres contratos donde
se determinó que no hubo solución de continuidad (contratos n.°s 99, 174 y 1021);
puesto que respecto de ellos la reclamación si se hizo oportunamente y como tal se
interrumpió el fenómeno de la prescripción, resultando procedente reconocer las
prestaciones correspondientes, reiterando que solo es viable en el periodo
comprendido entre 7 de mayo de 2012 al 6 de julio de 2013.

No obstante, para los demás contratos se aplicará la tesis planteada por la Sala de
Sección en sentencia de unificación de 25 de agosto de 201626, en lo que se refiere
a la imprescriptibilidad de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones,
como más adelante se precisará.

26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Consejero Ponente: Carmelo Perdomo
Cuéter. Demandante: Lucinda María Cordero Causil. Radicado: 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-2015).

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Por lo expuesto, esta Sala de decisión revocará la sentencia de primera instancia
proferida por el Tribunal Administrativo del Antioquia y en su lugar accederá
parcialmente a las pretensiones de la demanda, ordenando la nulidad del acto
administrativo acusado y el restablecimiento del derecho que se pasa a enunciar.

2.2 .5 Restablecimiento del derecho cuando se reconoce la existencia de la
relación laboral con fundamento en el principio de la primacía de la realidad.

La Sala debe destacar que su posición sobre el restablecimiento del derecho en
casos como el que nos ocupa, en los cuales logra establecerse el encubrimiento de
una relación laboral subordinada a través de contratos administrativos de prestación
de servicios, consiste en que deben ser reconocidas las diferencias entre lo
percibido por concepto de honorarios y lo devengado por un empleado de planta en
un cargo que guarde equivalencia funcional, junto con las prestaciones sociales de
orden legal o reglamentario que a este corresponden.

En estos eventos, conforme se indicó en precedencia en la planta de personal del
SENA existe el cargo de instructor, ante ello, para el restablecimiento del derecho
se deberá tomar el valor del salario por ellos devengados.

Así las cosas, lo primero es que se debe condenar a la entidad al pago del reajuste
salarial, es decir, de la diferencia entre lo percibido por concepto de honorarios y lo
devengado por un empleado de planta durante el tiempo que se precisó se configuró
la relación laboral y no operó el fenómeno de la prescripción (salvo interrupciones).

En lo referente al pago de las prestaciones sociales, esta Sala, en sentencia de 4
de febrero de 201627, precisó que «con el fin de determinar cuáles son las prestaciones
sociales que se deberán reconocer […] al declararse una relación de carácter laboral, […] acude a
la clasificación que se ha hecho de estas prestaciones sobre la base de quien debe asumirlas. En
ese orden de ideas, se encuentran las que son asumidas por el empleador directamente y las que
se prestan o se reconocen de forma dineraria por el Sistema de Seguridad Social Integral. Dentro de
las prestaciones sociales que están a cargo directamente del empleador se encuentran las
ordinarias o comunes como son entre otras las primas, las cesantías; y las prestaciones sociales
que se encuentran a cargo del Sistema Integral de Seguridad Social son la salud, la seguridad social,
los riesgos profesionales y el subsidio familiar, que para ser asumidas o reconocidas por cada
sistema debe mediar una cotización» [negrillas para resaltar]. Asimismo, en providencia de 6 de
octubre siguiente28, aclaró que «el reconocimiento de la primacía de la realidad sobre la formalidades
que conlleva a la declaración de existencia de una relación laboral subyacente de un contrato de
prestación de servicio, no puede otorgar al accionante la calidad de empleado público, por lo que no
es posible reconocer prestaciones sociales de carácter extralegal que devenguen otros

27
Expediente 81001-23-33-000-2012-00020-01 (316-2014).
28
Expediente 66001-23-33-000-2013-00091 01 (237-2014).

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Demandante: Jaime Humberto Velásquez Ramírez
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funcionarios de la planta de personal del ente territorial demandado, máxime cuando el accionante
no acreditó dentro del proceso cuales son las prestaciones a las que considera tener derecho ni el
origen de las mismas» [negrillas de la Sala].

En ese orden de ideas, se ordenará el pago a favor del demandante de las
prestaciones sociales legales causadas durante el periodo en que se configuró la
relación laboral y no operó el fenómeno de la prescripción (salvo interrupciones).

Respecto de las vacaciones, el artículo 8° del Decreto 1045 de 1978 determina que
corresponde a quince (15) días hábiles de vacaciones por cada año de servicios,
salvo lo que se disponga en normas o estipulaciones especiales. Por lo anterior, al
declararse la existencia de la relación laboral, procede la compensación en dinero
del derecho al descanso, en virtud de las previsiones de los artículos 20 del Decreto
Ley 1045 de 197829 y la Ley 995 de 200530.

Ahora, respecto al pago de la seguridad social debe precisarse:

No obstante, la declaratoria de la prescripción parcial que se hizo en precedencia
respecto del periodo de tiempo en que el actor prestó sus servicios como instructor
del 2 de febrero al 15 de diciembre del 2000, 20 de marzo al 21 de diciembre del
2001, 19 de diciembre de 2003, 15 de enero al 1 de octubre de 2004, 20 de octubre
al 31 de diciembre de 2004, 17 de enero al 15 de junio de 2005, 20 de junio de 2005
al 27 de enero de 2006, 28 de enero al 2 de octubre de 2006, 3 de octubre al 29 de
noviembre de 2006, 30 de noviembre de 2006 al 27 de marzo de 2007, 28 de marzo
al 17 de septiembre de 2007, 18 de septiembre al 3 de diciembre de 2007, a través
de los Contratos n.°s 206, 668, 400, 834, 1379, 1154, 2232, 32, 39, 88, 131, 39 y
98, es necesario indicar que, conforme a lo dispuesto en la sentencia de unificación
de 25 de agosto de 2016, el fenómeno prescriptivo no aplica frente a los aportes
para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional y en
armonía con los derechos constitucionales a la igualdad e irrenunciabilidad a los
beneficios mínimos laborales y los principios de in dubio pro operario, no
regresividad y progresividad; por tanto, a pesar de tal declaración, la entidad
demandada deberá realizar los aportes pensionales, en el evento en que haya
habido diferencia entre lo pagado por la demandante en su calidad de contratista y
lo que se debió pagar por el SENA en calidad de empleador, teniendo en cuenta
para ello, el salario devengado en cada periodo por un instructor de planta.

29
«Artículo 20º.- De la compensación de vacaciones en dinero. Las vacaciones solo podrán ser compensadas en dinero en
los siguientes casos:
a) Cuando el jefe del respectivo organismo así lo estime necesario para evitar perjuicios en el servicio público, evento en el
cual solo puede autorizar la compensación en dinero de las vacaciones correspondientes a un año;
b) Cuando el empleado público o trabajador oficial quede retirado definitivamente»
30
«Artículo 1°. Del reconocimiento de vacaciones en caso de retiro del servicio o terminación del contrato de trabajo. Los
empleados públicos, trabajadores oficiales y trabajadores del sector privado que cesen en sus funciones o hayan terminado
sus contratos de trabajo, sin que hubieren causado las vacaciones por año cumplido, tendrán derecho a que estas se les
reconozcan y compensen en dinero proporcionalmente por el tiempo efectivamente trabajado».

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Dicho pago, en iguales condiciones, deberá hacerse por el periodo de tiempo donde
se ordena el pago de las acreencias laborales, es decir donde no se configuró la
prescripción. En conclusión, el pago de aportes pensionales deberá realizarse
durante todos los periodos en que el demandante prestó sus servicios como
instructor, capacitador o funciones de docencia (salvo sus interrupciones).

En este punto, como también es obligación del demandante realizar aportes, en
caso de existir diferencia en su contra, conforme lo indicado en la citada sentencia
de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021 se dispondrá que
el actor acredite las cotizaciones que realizó al Sistema General de Seguridad Social
en pensiones durante el tiempo que duró su vinculación, y en la eventualidad que
no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, deberá pagar o completar,
según sea el caso, el porcentaje que le correspondía como trabajador.

En lo relacionado a la devolución de los aportes efectuados por el actor a
pensión y salud, lo cierto es que, en criterio de la Sala mayoritaria31, esos recursos
del sistema integral de seguridad social son de obligatorio pago y recaudo para fines
específicos y no constituyen un crédito a favor del contratista, por lo tanto, no es
dable que se le sufraguen directamente al interesado. En consecuencia, resulta
improcedente que se disponga el reembolso por los mencionados conceptos.

Por último, sin perjuicio que pueda declararse la existencia de la relación laboral y
puedan reconocerse derechos económicos laborales a quien fue vinculada bajo la
modalidad de contrato de prestación de servicios que ocultó una verdadera relación
laboral, debe aclararse que por este sólo hecho no se le puede otorgar la calidad
de empleado público.

Las sumas que resulten a favor del demandante deberán actualizarse de acuerdo
con la fórmula según la cual, el valor presente (R) se determina multiplicando el
valor histórico (Rh) por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de la sentencia) por el índice
inicial (vigente para la fecha en que debió hacerse el pago), así:

R = Rh Índice inicial
Índice final

Finalmente, sobre la condena en costas debe recordarse que su regulación está
consagrada en el artículo 188 del CPACA norma que prevé que, salvo en los

31
Sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 de 21 de septiembre de 2021.

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procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso.

La condena en costas no se impone por el hecho de haber sido vencido en juicio o,
por haber actuado de mala fe durante la contratación de la demandante, como lo
pretende dicho extremo procesal, sino que se debe examinar si existió alguna
maniobra dilatoria o temeraria que trastocara las etapas del proceso.

En este asunto, no evidencia la Sala que la parte vencida hubiese actuado con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, razón por la cual no se impondrá condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

III. DECISIÓN

La Sala revocará la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo del
Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda y en su lugar accederá
parcialmente a las pretensiones declarando la existencia de una relación laboral
durante el tiempo en que el demandante prestó sus servicios como instructor o en
actividades afines con la docencia, conforme a lo indicado en precedencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. – REVOCAR la sentencia de 31 de julio de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia que negó las pretensiones de la demanda presentada
por el señor Jaime Humberto Velásquez Ramírez.

SEGUNDO. - DECLARAR la nulidad del oficio No. 2-2015-01683 radicado 5-1010
del 17 de noviembre de 2015, mediante el cual el Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA), resolvió de manera negativa la petición tendiente a reconocer la existencia
de una relación laboral entre las partes y el pago de las correspondientes acreencias
laborales, por el tiempo que prestó sus servicios en la entidad demandada.

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TERCERO. - A título de restablecimiento del derecho ordénese al Servicio Nacional
de Aprendizaje – SENA pagar al señor Jaime Humberto Velásquez Ramírez las
correspondientes prestaciones sociales de orden legal y vacaciones devengadas
por un servidor de la misma categoría [instructor], vinculado laboralmente a la planta
de la entidad, liquidadas sobre el salario de estos en proporción a los periodos y
horas convenidas en el lapso del 7 de mayo de 2012 al 6 julio de 2013, en que se
desarrollaron los contratos, salvo interrupciones.

En ese mismo periodo, se ordena al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
reconozca y pague a favor del señor Jaime Humberto Velásquez Ramírez el
reajuste salarial, es decir, la diferencia a su favor entre lo percibido por concepto de
honorarios y lo devengado por un empleado planta de la misma categoría
[instructor].

CUARTO. – A título de restablecimiento del derecho ordénese al Servicio Nacional
de Aprendizaje – SENA reconocer y pagar los aportes al sistema de seguridad social
en pensión del señor Jaime Humberto Velásquez Ramírez, solo en la suma faltante
del porcentaje que le correspondía como empleador, tomando como ingreso base
de cotización (IBC) mes a mes el salario de un servidor de la misma categoría
[instructor], durante los periodos de tiempo del 2 de febrero al 15 de diciembre del
2000, 20 de marzo al 21 de diciembre del 2001, 19 de diciembre de 2003, 15 de
enero al 1 de octubre de 2004, 20 de octubre al 31 de diciembre de 2004, 17 de
enero al 15 de junio de 2005, 20 de junio de 2005 al 27 de enero de 2006, 28 de
enero al 2 de octubre de 2006, 3 de octubre al 29 de noviembre de 2006, 30 de
noviembre de 2006 al 27 de marzo de 2007, 28 de marzo al 17 de septiembre de
2007, 18 de septiembre al 3 de diciembre de 2007 y del 7 de mayo de 2012 al 6 julio
de 2013 (salvo sus interrupciones).

El señor Jaime Humberto Velásquez Ramírez deberá acreditar las cotizaciones que
realizó al Sistema General de Seguridad Social en pensiones durante el mismo
periodo de tiempo señalado anteriormente, y en la eventualidad que no las hubiese
hecho o existiese diferencia en su contra, deberá pagar o completar, según sea el
caso, el porcentaje que le correspondía como trabajadora.

QUINTO. - DECLARAR probada la excepción de prescripción extintiva del derecho
en cuanto a los derechos laborales causados en virtud de los contratos n.°s 206,
668, 400, 834, 1379, 1154, 2232, 32, 39, 88, 131, 39 y 98, desarrollados del 2 de
febrero al 15 de diciembre del 2000, 20 de marzo al 21 de diciembre del 2001, 19
de diciembre de 2003, 15 de enero al 1 de octubre de 2004, 20 de octubre al 31 de
diciembre de 2004, 17 de enero al 15 de junio de 2005, 20 de junio de 2005 al 27

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de enero de 2006, 28 de enero al 2 de octubre de 2006, 3 de octubre al 29 de
noviembre de 2006, 30 de noviembre de 2006 al 27 de marzo de 2007, 28 de marzo
al 17 de septiembre de 2007, 18 de septiembre al 3 de diciembre de 2007,
respectivamente, conforme lo indicado en la parte motiva; no obstante, en tales
fechas se deberán reconocer y pagar las diferencias en los aportes pensionales,
como se indicó en el numeral anterior.

SEXTO. - ORDENAR al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA realizar sobre los
valores que resulten de la presente condena la actualización referida en la parte
motiva de esta sentencia.

SÉPTIMO. - NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas.

OCTAVO. - Sin condena en costas en esta instancia.

NOVENO. - DAR cumplimiento a este proveído dentro de los términos establecidos
para ello por los artículos 192 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

DÉCIMO. - Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Ausente con permiso Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-
00472-01 (1251-2024)

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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