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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-01995-01

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-01995-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: ADICIONAR la sentencia de 29 de agosto de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el sentido de negar las pretensiones de la demanda relacionadas con nivelación salarial, por lo dicho en la motivación. w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 18 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 05001 23 33 000 2017 01995 01 (6728–2024) Demandante: Claudia Natalia Pérez Hernández SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada. TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandante en segunda instancia. CUARTO: Efectuar las anotaciones correspondientes en el Sistema de Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2017-01995-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, DC, nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001 23 33 000 2017 01995 01 (6728–2024)1
Demandante: Claudia Natalia Pérez Hernández
Demandado: E.S.E. Hospital General de Medellín – Luz Castro de
Gutiérrez

Temas: Relación laboral encubierta. Carga de la prueba. Empresas
temporales de servicios. Nivelación salarial. Ley 1437 de 2011.
Decisión: Confirma la sentencia que negó pretensiones de la demanda

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el recurso
de apelación interpuesto por de la parte demandante en contra de la sentencia
proferida el 29 de agosto de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones de la demanda2

2. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la
señora Claudia Natalia Pérez Hernández demandó la nulidad de acto ficto o
presunto negativo, el cual se configuró por el silencio de la E.S.E. Hospital General
de Medellín Luz Castro de Gutiérrez respecto de la petición elevada el 30 de
septiembre de 2016.

3. Como restablecimiento del derecho, reclamó la declaración de una relación
laboral con el Hospital General de Medellín por el período de 1 de septiembre de
2011 a 30 de junio de 2014. Asimismo, solicitó la nivelación de salarios y
prestaciones sociales conforme al código y grado equivalente en la planta de
personal, cobertura que debe alcanzar tanto el lapso de la relación laboral como el
tiempo de vinculación directa iniciado el 1 de julio de 2014.

1
Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede Electrónica de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=050012333000201701995011100103
2
Demanda visible a folios 1 a 23 del expediente físico.

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 1
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001 23 33 000 2017 01995 01 (6728–2024)
Demandante: Claudia Natalia Pérez Hernández

4. De igual manera, el pago de reajustes salariales, dominicales, festivos, horas
extras y prestaciones legales y extralegales, tales como las primas de servicios, vida
cara, vacaciones y navidad, además de la bonificación por recreación, cesantías e
intereses, así como el reajuste de los aportes al sistema de seguridad social integral
y la devolución de las sumas descontadas por concepto de aportes económicos a
las cooperativas y corporaciones de intermediación.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

5. Explicó que prestó laboró en el Hospital General de Medellín desde el 01 de
septiembre de 2011 hasta el 30 de junio de 2014 a través de empresas
intermediarias y, a partir del 1 de julio de 2014, con nombramiento en
provisionalidad. Precisó que el cargo desempeñado durante toda la relación laboral
fue el de terapeuta respiratoria, además, argumentó que existía una diferencia
salarial entre lo devengado y lo que correspondía al cargo de planta de similares
características.

6. Puso de presente que no le fueron canceladas las prestaciones sociales e,
incluso, al finalizar la relación laboral con la Corporación para la Salud Fénix –
Corfenix no le canceló los salarios de los últimos 15 días.

7.Respecto del desarrollo de la actividad señaló que prestó el servicio a través de
un sistema de rotación de turnos de lunes a domingo, incluidos festivos. Indicó,
además, que la labor siempre estuvo supeditada a las órdenes impartidas por
personal de plata del hospital, que eran de carácter permanente y la exigencia del
cumplimiento de horarios estrictos, lo que desvirtúa la presunta autonomía del
contrato estatal.

8. Finalmente, resaltó que la labor por la cual fue vinculada directamente en la
institución de salud el 1 de julio de 2014 era la misma que venía ejecutando a través
de las intermediarias. Por tanto, presentó reclamación administrativa el 30 de
septiembre de 2016 solicitando el reconocimiento y pago de los derechos
reclamados, no obstante, no se le notificó de respuesta alguna, configurando el
silencio administrativo negativo.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

9.Indicó que la actuación de la administración vulneró los artículos 13, 23, 25 y 53
de la Constitución; así como los artículos 8 (inciso tercero) 17 y 16 del Decreto 4588
de 2006 y el Decreto 1042 de 1978, entre otras disposiciones.

10.Argumentó que se vulneraron sus garantías laborales y el principio de igualdad
de trato. Así, consideró que la vinculación a través de cooperativas, corporaciones
y sindicatos de trabajo asociado son un mecanismo para evadir responsabilidades
prestacionales, práctica administrativa que contradice los principios constitucionales
de protección al empleo y desvirtúa la finalidad social de la entidad pública.

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 2
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001 23 33 000 2017 01995 01 (6728–2024)
Demandante: Claudia Natalia Pérez Hernández

11.Finalmente, invocó la aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las
formalidades y exigió que se reconozca la verdadera naturaleza de la relación
laboral a partir de las condiciones materiales de la prestación del servicio y no por
la denominación formal de los contratos utilizados para su vinculación

1.4. Contestación de la demanda3

12.La E.S.E. Hospital General de Medellín se opuso a la prosperidad de las
pretensiones y solicitó negar la totalidad de las súplicas. Argumentó la inexistencia
de un vínculo laboral entre las partes y en la imposibilidad legal de tal declaración
bajo el régimen de la Ley 80 de 1993, además aseguró que no se allegaron pruebas
que acrediten el elemento de la subordinación jurídica frente a la administración.

13.Explicó que la institución suscribió contratos sindicales y de prestación de
servicios especializados con FEDSALUD y la Corporación para la Salud Fénix
(CORFENIX), cuyos objetos consistían en la atención de actividades,
intervenciones y procedimientos, tanto electivos como urgentes, asimismo,
manifestó que estas entidades autónomas asumieron la competencia exclusiva para
la selección, dirección y manejo del personal, sin que existiera injerencia de la
administración pública en dicho recurso humano.

14.Adicionalmente, precisó que la señora Pérez Hernández no ocupó una vacante
en la planta de cargos institucional y recordó que los servidores de las entidades
públicas descentralizadas del orden municipal se vinculan mediante una relación
legal y reglamentaria, la cual resulta incompatible con la naturaleza de un contrato
de trabajo.

15.Finalmente, propuso las excepciones de “falta de causa para demandar”,
“inexistencia de la obligación”, “imposibilidad de relación laboral”, “responsabilidad
de un tercero”, “inexistencia de relación contractual con DARSER” y la
“prescripción”.

1.5. Sentencia de primera instancia4

En sentencia de 29 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo de Antioquia
16.

negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas.

17.Como sustento de la decisión, indicó que, si bien se acreditó la existencia de
varios de los elementos de una relación laboral, no se demostró la subordinación,
así respecto a la prestación personal, precisó que la prueba testimonial confirmó
que la señora Claudia Natalia Pérez Hernández ejecutó sus labores de promotora
en salud y atención a pacientes de manera directa, sin acudir a terceras personas,
además, la remuneración, los contratos y los desprendibles allegados al expediente
evidenciaron el pago de los honorarios pactados.

3
Contestación visible a folios 94 a 107 del expediente físico.
4
Sentencia visible en el índice 48 del expediente digital disponible en SAMAI – Tribunal.

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Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001 23 33 000 2017 01995 01 (6728–2024)
Demandante: Claudia Natalia Pérez Hernández

Al evaluar el elemento de la subordinación reconoció indicios como la prestación
18.

del servicio en las instalaciones del hospital, el cumplimiento de turnos de 44 a 48
horas semanales y la sujeción a las directrices médicas para el tratamiento de los
pacientes.

19.De igual manera, constató que la posición de profesional en terapia respiratoria
para las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) se creó apenas en el año 2014,
fecha en la cual la actora fue vinculada directamente, por lo que para el periodo
demandado (2011-2014), no es posible equiparar las funciones, el horario o el
salario de la contratista con los de un servidor público de planta.

20.Finalmente, determinó que el Hospital General de Medellín acudió a los contratos
de prestación de servicios y a la intermediación de manera justificada, e indicó que
la administración utilizó estas figuras legales para suplir una necesidad
especializada que su propia planta de personal no podía cubrir en ese momento.
Por consiguiente, al no configurarse la subordinación en los términos fijados por las
sentencias de unificación del Consejo de Estado, negó la totalidad de las
pretensiones.

1.6. Recurso de apelación5

21.La señora Claudia Natalia Pérez Hernández reiteró las pretensiones de la
demanda y solicitó revocar la sentencia atacada. Además, puso de presente la
jurisprudencia que considera es aplicable a su caso en concreto, así mismo,
contextualizó la intermediación a través de cooperativas de trabajo asociado y las
agremiaciones sindicales.

22.Advirtió que la sentencia de primera instancia guardó silencio respecto a la
pretensión de nivelación salarial para el período posterior al 1 de julio de 2014, fecha
en la cual se vinculó de manera directa con la entidad, lo que significa una
transgresión directa al derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia.

23.Censuró la falta de valoración del acervo probatorio y afirmó que el expediente
cuenta con suficiente material que demuestra la celebración ininterrumpida de
múltiples contratos durante casi tres años, del 1 de septiembre de 2011 al 30 de
junio de 2014, con el mismo objeto y las mismas partes. Sostuvo que esta sucesión
contractual continua desvirtúa el carácter temporal u ocasional que exige el artículo
32 de la Ley 80 de 1993 y evidencia la necesidad permanente del servicio para el
hospital.

Argumentó que los contratos suscritos con las entidades intermediarias (como
24.

CORFENIX) prueban la existencia de una subordinación material y destacó que los
anexos técnicos de dichos convenios imponían una cobertura presencial,
permanente e ininterrumpida de lunes a domingo, durante las 24 horas, en áreas

5
Escrito remitido por el tribunal en el archivo 12, disponible en el índice 2 de SAMAI.

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Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001 23 33 000 2017 01995 01 (6728–2024)
Demandante: Claudia Natalia Pérez Hernández

críticas como las Unidades de Cuidados Intensivos y los pisos de hospitalización,
situación que desvanece cualquier presunción de autonomía técnica o
administrativa del contratista.

25.Finalmente, afirmó que el Hospital General de Medellín utilizó a estas
organizaciones como simples intermediarios para suministrar mano de obra,
encubrir la verdadera relación laboral y evadir el pago de prestaciones sociales
Concluyó que esta conducta contraviene las prohibiciones legales sobre
intermediación y activa la responsabilidad directa de la entidad pública frente a las
acreencias reclamadas.

1.7. Trámite de segunda instancia

26.En auto de 16 de diciembre de 20246, se admitió el recurso de apelación, el cual
fue notificado en debida forma a las partes intervinientes sin que se pronunciaran
en esta etapa procesal.

27.La Procuraduría Delegada de Intervención Tercera ante el Consejo de Estado
allegó concepto7 en el que solicitó confirmar la sentencia de primera instancia. Al
respecto, afirmó que el expediente carece de pruebas para demostrar que el
hospital sometió a la demandante a un régimen de dependencia en cuanto al modo,
el tiempo o la cantidad de trabajo. Por consiguiente, ante la imposibilidad de
acreditar la imposición de órdenes directas y la subordinación continuada, la
concluyó que se deben desestimar los reparos de la apelación.

Finalmente, al no observarse causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado,
28.

se procede a resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

29.De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo8, el Consejo de Estado es competente para resolver
el recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso9, la competencia del
juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto en el recurso de alzada.

2.2. Problema jurídico

30.De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, el
problema jurídico se contrae a resolver los siguientes interrogantes:

6
Actuación visible en el índice 4 del expediente digital disponible en SAMAI – Consejo de Estado.
7
Escrito visible en el índice 9 del expediente digital disponible en SAMAI – Consejo de Estado.
8
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
9
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»

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Radicación: 05001 23 33 000 2017 01995 01 (6728–2024)
Demandante: Claudia Natalia Pérez Hernández

31.¿Entre la señora Claudia Natalia Pérez Hernández y la E.S.E. Hospital General
de Medellín – Luz Castro de Gutiérrez existió una relación laboral encubierta o
subyacente por el período en que prestó sus servicios? De resultar afirmativo el
anterior interrogante, se deberá analizar si tiene derecho la demandante al
reconocimiento prestacional efectuado, si hubo o no interrupciones laborales y, por
consiguiente, se configuró la prescripción.

De igual manera, se deberá estudiar si procede la nivelación de salarios a partir
32.

del 1 de julio de 2014, fecha en la cual la demandante fue vinculada a la planta de
personal de la entidad demandada como terapeuta respiratoria.

2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente

33.En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional consagra
los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la igualdad de
oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en
normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y primacía de la
realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.

34.En lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios el numeral 3.º
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, señala que no son fuente de una relación
laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
embargo, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración.

35.En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado reiteró ciertos criterios elaborados por la
jurisprudencia para identificar, en el marco de los contratos de prestación de
servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto requisito sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber: i) el
lugar de trabajo, ii) el horario de las labores, iii) la dirección y control efectivo de las
actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi o con la
inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o disciplinario
de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a desarrollar correspondan de
manera idéntica, semejante o equivalente a las que tienen asignadas los servidores
de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos configurativos de la relación
laboral.5

36.En ese orden de ideas, cuando se acredite que el servicio se prestó de manera
personal, fue remunerado y en el desarrollo del mismo se siguieron - en cualquier
momento -órdenes o instrucciones, -en cuanto al modo, tiempo o cantidad de
trabajo-, y/o el contratante impuso reglamentos al contratista, que desbordan la
coordinación que debe existir entre ellos a la hora de ejecutar el objeto contractual,

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Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: Claudia Natalia Pérez Hernández

se da paso a la continuada dependencia propia de los vínculos de trabajo y se
configura la relación laboral encubierta, pues el contratista no ejerció su labor con
independencia.

2.4. De los contratos sindicales

37.El artículo 482 del Código Sustantivo del Trabajo10 define el contrato sindical
como el acuerdo celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o
varios empleadores. Este negocio jurídico tiene por objeto la prestación de servicios
o la ejecución de una obra mediante la participación directa de los afiliados a la
organización sindical.

El artículo 483 de la misma norma consagra la responsabilidad del sindicato
38.

suscriptor. La organización responde por las obligaciones directas derivadas del
acuerdo y por los compromisos estipulados a favor de sus afiliados, en virtud de su
personería jurídica para ejercer derechos y acciones.11

39.El Decreto 1429 de 201012 reglamentó esta figura. Precisó que el contrato
sindical constituye una institución jurídica de derecho colectivo, diseñada para
permitir la participación de los sindicatos en la gestión de las empresas y en la
promoción del trabajo colectivo.

40.La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia13 precisó que esta
tipología contractual busca consolidar un trabajo organizado, cooperativo y
autogestionado. Explicó que, bajo esta figura, un grupo de trabajadores asociados
pone su fuerza de trabajo al servicio de un tercero para ejecutar obras o servicios.
Sin embargo, la jurisprudencia advierte de manera perentoria que los empleadores
tienen prohibido utilizar los contratos sindicales para desconocer los derechos y las
garantías mínimas de los trabajadores.

41.En línea similar, la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado14
explica que la vulneración de las garantías laborales se materializa cuando la
vinculación sindical sirve como fachada para encubrir una relación dependiente.
Esta intermediación ilegal se configura al demostrarse los tres elementos esenciales
del contrato de trabajo entre el tercero beneficiario y el afiliado partícipe: (i) la
prestación personal del servicio, (ii) la remuneración y (iii) la continuada
subordinación.

10
«Artículo 482. Definición: Se entiende por contrato sindical el que celebren uno o varios sindicatos de trabajadores con
uno o varios {empleadores} o sindicatos patronales para la prestación de servicios o la ejecución de una obra por medio de
sus afiliados. Uno de los ejemplares del contrato sindical debe depositarse, en todo caso, en el Ministerio de Trabajo, a más
tardar quince (15) días después de su firma. La duración, la revisión y la extinción del contrato sindical se rigen por las normas
del contrato individual de trabajo.»
11
«Artículo 483. Responsabilidad. El sindicato de trabajadores que haya suscrito un contrato sindical, responde tanto por
las obligaciones directas que surjan del mismo como por el cumplimiento de las que se estipulen para sus afiliados, salvo en
los casos de simple suspensión del contrato, previstos por la ley o la convención, y tiene personería para ejercer tanto los
derechos y acciones que le correspondan directamente, como las que correspondan a cada uno de sus afiliados. Para estos
efectos, cada una de las partes contratantes debe constituir caución suficiente; si no se constituyere, se entiende que el
patrimonio de cada contratante responde de las respectivas obligaciones.»
12
Por medio del cual se reglamentaron los artículos 482, 483 y 484 del Código Sustantivo del Trabajo.
13
Sala de Casación Laboral, Radicación 79229 (SL-3086-2021). Fallo de 30 de junio de 2021.
14
Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 20001-23-39-000-2017-00410-00 (4521-2022). Sentencia del 4 de mayo
de 2023.

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001 23 33 000 2017 01995 01 (6728–2024)
Demandante: Claudia Natalia Pérez Hernández

42.Con fundamento en este criterio, esta Subsección reiteró que las entidades del
Estado incurren en esta práctica al utilizar asociaciones sindicales para ocultar
verdaderas relaciones de trabajo. Al demostrarse la subordinación material, el juez
administrativo debe descorrer el velo contractual y declarar la existencia de una
relación laboral, legal y reglamentaria, directa entre la administración pública y el
trabajador sindicalizado.15

2.5. Cooperativas de Trabajo Asociado

43.De conformidad con la Ley 79 de 198816 y el Decreto 4588 de 200617, las
cooperativas son organizaciones sin ánimo de lucro pertenecientes al sector de la
economía solidaria, que vinculan el trabajo personal de sus asociados, quienes a su
vez son gestores, contribuyen económicamente a la cooperativa y aportan
directamente su capacidad de trabajo para el desarrollo de actividades económicas,
profesionales o intelectuales, esto con la finalidad de producir en común bienes,
prestar servicios o ejecutar obras para satisfacer las necesidades de los asociados
y de la comunidad en general.

Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C-2011 de 2000 al analizar la
44.

exequibilidad del artículo 59 de la Ley 79 de 1988, señaló lo siguiente:

«Las cooperativas de trabajo asociado nacen de la voluntad libre y autónoma
de un grupo de personas que decide unirse para trabajar mancomunadamente,
bajo sus propias reglas contenidas en los respectivos estatutos o reglamentos
internos. Dado que los socios son los mismos trabajadores, éstos pueden pactar
las reglas que han de gobernar las relaciones laborales, al margen del código
que regula esa materia. Todos los asociados tienen derecho a recibir una
compensación por el trabajo aportado, además de participar en la distribución
equitativa de los excedentes que obtenga la Cooperativa. Sólo en casos
excepcionales y en forma transitoria u ocasional se les permite contratar
trabajadores no asociados, quienes se regirán por la legislación laboral
vigente».

Seguidamente, en cuanto a las compensaciones que perciben los socios de estas
45.

cooperativas, manifestó lo siguiente:

«Ahora bien: los principios mínimos fundamentales que rigen el trabajo
contenidos en el artículo 53 de la Carta que, como se ha dicho, "configuran el
suelo axiológico de los valores materiales expresados en la Constitución
alrededor de la actividad productiva del hombre, a los cuales debe sujetarse el
Congreso en su actividad legislativa, al igual que el aplicador o intérprete de las
disposiciones de ese orden y la sociedad en general (…) "no pretende una ciega
unificación normativa en materia laboral que desconozca la facultad del
legislador de establecer regímenes diferenciados mas no discriminatorios,
atendiendo a las particularidades concretas de las relaciones de trabajo que se
pretenden regular. Su finalidad es la de exigir al legislador la consagración
15
Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 19001 23 33 000 2017 00123 01 (0921–2021). Sentencia del 16 de febrero
de 2023.
16
«Por la cual se actualiza la Legislación Cooperativa».
17
«Artículo 3°. Naturaleza de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado. Son organizaciones sin ánimo
de lucro pertenecientes al sector solidario de la economía, que asocian personas naturales que simultáneamente son
gestoras, contribuyen económicamente a la cooperativa y son aportantes directos de su capacidad de trabajo para el
desarrollo de actividades económicas, profesionales o intelectuales, con el fin de producir en común bienes, ejecutar obras o
prestar servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general».

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 8
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001 23 33 000 2017 01995 01 (6728–2024)
Demandante: Claudia Natalia Pérez Hernández

uniforme en los distintos regímenes de los principios mínimos fundamentales
que protegen a los trabajadores y la manera de garantizarlos, en aras de hacer
efectivo el principio de igualdad ante la ley".
Ello no quiere decir que tales derechos fundamentales no deban ser respetados
o garantizados en las Cooperativas de Trabajo Asociado, pues éstos rigen para
todas las modalidades de trabajo. De no entenderse así, habría que sostener
inválidamente que la Constitución discrimina a los trabajadores, o en otras
palabras, que protege solamente a unos, lo cual no se ajusta con una
interpretación sistemática y teleológica de los artículos 25 y 53 del estatuto
superior. Es que derechos fundamentales como el de la igualdad de
oportunidades, el de una justa y equitativa compensación del trabajo en forma
proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, el principio de favorabilidad a
favor del trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las
fuentes formales de derecho, el derecho a la capacitación, al descanso
necesario, a la seguridad social, entre otros, no son ajenos a ninguna clase de
trabajo».

Igualmente, esta Subsección en sentencia de 15 de julio de 201918, indicó que
46.

«[…] la finalidad, estructura y funcionamiento de las Cooperativas de Trabajo Asociado son
distintas a las de las empresas comerciales y, por consiguiente, es válido que el legislador
defina para ellas un régimen diferente, sin que ello implique el desconocimiento de los
derechos laborales constitucionalmente protegidos. Es decir, que el trabajo asociado no
puede ser utilizado indebidamente para eludir las obligaciones de carácter laboral con los
trabajadores dependientes o subordinados, so pena de comprometer su responsabilidad
ante las autoridades correspondientes», razón por la cual, cuando «[…] el asociado sea
vinculado con otro ente, pero por órdenes puntuales y estrictas de la Cooperativa así como
del tercero, y pretenda que en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre
las formas se reconozca la existencia de una relación laboral, deberá acreditar que se han
consolidado los elementos propios de la misma, a saber, prestación personal del servicio,
remuneración y subordinación».

2.6. Análisis frente al primer problema jurídico

2.6.1. De la relación laboral subyacente o encubierta

47.Revisados los documentos allegados al expediente, con el objeto de demostrar
la prestación personal del servicio por parte de la señora Claudia Natalia Pérez
Hernández en la E.S.E. Hospital General de Medellín – Luz Castro de Gutiérrez, se
allegaron los siguientes contratos interadministrativos:

No.
Objeto contratado Inicio Finalización Intermediario
Contrato
Prestación de servicios de trabajo asociado en
los procesos y subprocesos de enfermería a
nivel profesional, enfermería a nivel
Cooperativa de
profesional vascular, enfermería a nivel
Trabajo
auxiliar, disponibilidad en enfermería a nivel
113 de profesional vascular, perfusión, disponibilidad 01/03/2011 28/02/2012
Asociado –
201119 COOPFENIX
en perfusión, enfermería a nivel profesional
de Servicios
angiografía, disponibilidad en enfermería a
Integrales
nivel profesional en angiografía, enfermería a
nivel auxiliar angiografía, disponibilidad en
enfermería a nivel auxiliar angiografía,

18
Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado 76001-23-31-000-2011-01249-01(2164-2018).
19
Copia del contrato visible a folios 111 a 118 del expediente físico.

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Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001 23 33 000 2017 01995 01 (6728–2024)
Demandante: Claudia Natalia Pérez Hernández

vacunación a nivel auxiliar, digitación de
vacunación y registro de vacunación.
Prestación de servicios de trabajo asociado en
los procesos y subprocesos de enfermería a
nivel profesional, enfermería a nivel
profesional vascular, enfermería a nivel
auxiliar, disponibilidad en enfermería a nivel
Corporación
profesional vascular, perfusión, disponibilidad
271 de en perfusión, enfermería a nivel profesional 01/08/2011 31/01/2012
para la Salud
201120 Fénix –
angiografía, disponibilidad en enfermería a
CORFENIX
nivel profesional en angiografía, enfermería a
nivel auxiliar angiografía, disponibilidad en
enfermería a nivel auxiliar angiografía,
vacunación a nivel auxiliar, digitación de
vacunación y registro de vacunación.
Prestar los servicios especializados para
Corporación
atender las actividades, intervenciones y
23 de procedimientos tanto electivos como urgentes 01/03/2012 01/03/2013
para la Salud
201221 Fénix –
en varios subprocesos, indicando que sería de
CORFENIX
forma presencial permanente e ininterrumpida.
Corporación
Prestar los servicios especializados para
266 de atender las actividades, intervenciones y 01/12/2012 01/02/2013
para la Salud
201222 Fénix –
procedimientos ambulatorios.
CORFENIX
Federación
Prestar los servicios especializados para
Gremial de
66 de atender las actividades, intervenciones y
01/03/2013 15/04/2014 Trabajadores
201323 procedimientos, tanto electivos como
de la Salud –
urgentes, en varios subprocesos.
FEDSALUD
Prestar los servicios especializados para
atender las actividades, intervenciones y
Corporación
procedimientos tanto electivos como urgentes
67 de en varios subprocesos, indicando en su 01/03/2014 31/08/2013
para la Salud
201324 Fénix –
mayoría que sería de forma presencial
CORFENIX
permanente e ininterrumpida, y en algunos
otros sujeto a disponibilidad por evento.
Prestar los servicios especializados para
atender las actividades, intervenciones y
procedimientos ambulatorios, en los
Corporación
subprocesos de enfermería a nivel auxiliar en
105 de vacunación extramural, registro de vacunación 01/04/2013 31/08/2013
para la Salud
201325 Fénix –
extramural, digitación de bases de datos de
CORFENIX
vacunación extramural, en el proceso de
actividad extramural de presupuesto
participativo.
Prestar los servicios especializados para
Federación
atender las actividades, intervenciones y
Gremial de
260 de procedimientos tanto electivos como urgentes,
01/10/2013 31/12/2013 Trabajadores
201326 en distintos subprocesos, como
de la Salud –
hospitalización, ayudas diagnósticas, cirugía y
FEDSALUD
unidad de cuidados intensivos.
Prestar los servicios especializados para Corporación
242 de atender las actividades, intervenciones y
01/09/2013 01/10/2013
para la Salud
201327 procedimientos, tanto electivos como Fénix –
urgentes, en varios subprocesos. CORFENIX
Federación
Prestar los servicios especializados para
Gremial de
32 de atender las actividades, intervenciones y
01/02/2014 26/06/2014 Trabajadores
201428 procedimientos, tanto electivos como
de la Salud –
urgentes, en varios subprocesos.
FEDSALUD

20
Copia del contrato visible a folios 120 a 128 del expediente físico.
21
Copia del contrato visible a folios 129 a 142 del expediente físico.
22
Copia del contrato visible a folios 143 a 154 del expediente físico.
23
Copia del contrato visible a folios 155 a 175 del expediente físico.
24
Copia del contrato visible a folios 176 a 194 del expediente físico.
25
Copia del contrato visible a folios 195 a 205 del expediente físico.
26
Copia del contrato visible a folios 206 a 219 del expediente físico.
27
Copia del contrato visible a folios 220 a 231 del expediente físico.
28
Copia del contrato visible a folios 232 a 247 del expediente físico.

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001 23 33 000 2017 01995 01 (6728–2024)
Demandante: Claudia Natalia Pérez Hernández

Federación
Prestar los servicios especializados para
Gremial de
95 de atender las actividades, intervenciones y
09/04/2014 30/06/2014 Trabajadores
201429 procedimientos, tanto electivos como
de la Salud –
urgentes, en varios subprocesos.
FEDSALUD
Federación
Prestar los servicios especializados para
Gremial de
128 de atender las actividades, intervenciones y
30/05/2014 31/08/2014 Trabajadores
201430 procedimientos, tanto electivos como
de la Salud –
urgentes, en varios subprocesos.
FEDSALUD
Federación
Prestar los servicios especializados para
Gremial de
148 de atender las actividades, intervenciones y
01/06/2014 01/09/2014 Trabajadores
201431 procedimientos, tanto electivos como
de la Salud –
urgentes, en varios subprocesos.
FEDSALUD
Federación
Prestar los servicios especializados para
Gremial de
150 de atender las actividades, intervenciones y
01/07/2014 01/10/2014 Trabajadores
201432 procedimientos, tanto electivos como
de la Salud –
urgentes, en varios subprocesos.
FEDSALUD

Ahora bien, la Corporación para la Salud Fénix – CORFENIX certificó el 22 de
48.

abril de 2014 que la señora Claudia Natalia Pérez Hernández «prestó sus servicios
[…] como terapeuta respiratoria en el Hospital General de Medellín desde el 01 de
septiembre de 2011 hasta el 30 de septiembre de 2013»33; en similares circunstancias,
el 30 de octubre de 2018, el Sindicato de Profesiones y Oficios de la Salud –
FEDSALUD / DARSER certificó que la demandante estuvo afiliada «desde el 01 de
octubre de 2013 hasta el 01 de julio de 2014», tiempo en el cual participó en el contrato
suscrito por FEDSALUD con el Hospital General de Medellín.34

49.Lo anterior, corrobora que la señora Pérez Hernández desempeñó labores de
terapeuta respiratoria en el Hospital General de Medellín por el lapso comprendido
entre septiembre de 2011 y junio de 2014 a través de la intermediación de
cooperativas y sindicatos.

50.En cuanto a la contraprestación o remuneración por los servicios ejecutados,
de la copia de uno de los contratos de trabajo suscrito por la demandante y la
Corporación para la Salud Fénix – CORFENIX, cuya clausula segunda indica el
salario y forma de pago35; adicional a ello, se anexaron copias de desprendibles de
nómina de CORFENIX36, con los cuales se especifican las acreencias laborales
reconocidas a favor de la señora Pérez Hernández tales como salario, recargo
nocturno, festivo y primas a favor de la contratista, circunstancia que acredita que
el segundo elemento de la relación laboral fue cumplido a través de las empresas
intermediarias.

Respecto de la continuada subordinación y dependencia, se recuerda que la
51.

Sala sobre este elemento ha afirmado que «implica una superioridad jerárquica en el
esquema organizacional de quien se atribuye esta facultad sobre el subordinado»,

29
Copia del contrato visible a folios 248 a 258 del expediente físico.
30
Copia del contrato visible a folios 259 a 270 del expediente físico.
31
Copia del contrato visible a folios 271 a 283 del expediente físico.
32
Copia del contrato visible a folios 284 a 299 del expediente físico.
33
Documento visible en el folio 31 del expediente físico.
34
Documento visible en el archivo funciones, del CD llamado Oficio 6280 anexado al expediente físico.
35
Documento visible a folios 33 a 35 del expediente físico.
36
Documento visible a folios 53 a 55 del expediente físico.

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001 23 33 000 2017 01995 01 (6728–2024)
Demandante: Claudia Natalia Pérez Hernández

mientras que la coordinación «más que una facultad es una obligación que el estatuto
de contratación estatal, por medio de las normas que lo rigen, impone a los entes públicos
que desarrollen cualquier tipo de convenio con rubros oficiales, y que deben realizar para
garantizar la correcta ejecución del objeto contractual. Dicha obligación incluye facultades
de carácter administrativo, que implican regularizar algunas funciones, el definir horarios en
la prestación del servicio contratado e incluso el suministro de algunos elementos, que
identifiquen al contratista con la comunidad; empero, coordinar de ningún modo lleva
implícita la superioridad jerárquica contenida de la subordinación».

52.En el caso concreto, corresponde analizar las pruebas con el fin de establecer si
la contratista estuvo subordinado al demandado durante la ejecución de los
contratos. Para ello, se tendrán en cuenta los criterios determinados por esta
Corporación en la sentencia de unificación SUJ-025-CES2- 2021.

Así, en cuanto al lugar de trabajo, no hay discusión que la señora Claudia
53.

Natalia Pérez Hernández desempeñó sus labores en las instalaciones del Hospital
General de Medellín como terapeuta respiratoria, circunstancia que fue corroborada
por la testigo Alba Rocio Montoya, enfermera de la institución de salud, quien
mencionó que la conoce «desde el 2008, porque he trabajado en las unidades de
cuidados intensivos y en ese servicio la conocí en UCI pediátrica, como tal, a ella como
terapeuta respiratoria.»37

54. SI bien se demuestra que la demandante prestaba sus servicios en las
instalaciones físicas de la entidad, en los elementos probatorios no se acredita que
el lugar de ejecución de la labor que desempeñaba Claudia Natalia Pérez Herández
haya sido impuesto directamente por el Hospital General de Medellín; al respecto,
vale la pena mencionar que de la lectura de los contratos interadministrativos
suscritos entre el hospital y CORFENIX y FEDSALUD / DARSER, se determina que
la prestación de servicios sería en las instalaciones de la entidad de salud, sin
embargo, no se menciona de manera particular a la hoy demandante.

55.
Frente al cumplimiento de un horario de labores, los contratos
interadministrativos determinaron una “cobertura” de «lunes a domingo las 24 horas»,
franja que es se estableció como necesaria para la ejecución del contrato suscrito
con CORFENIX Y FEDSALUD, no obstante, del contrato suscrito entre la
demandante y FEDSALUD / DARSER las empresas intermediarias no se especificó
una franja horaria. Adicionalmente, del testimonio de la señora Alba Rocío Montoya
se extrae que la labor de terapia respiratoria se desarrollaba por turnos mensuales.

56.En ese sentido, aunque es posible que ella ejecutara su labor en un horario, la
jurisprudencia de esta Corporación38 ha considerado que el cumplimiento de un
horario, analizado de manera aislada, resulta insuficiente para declarar la existencia
de un vínculo laboral. En los contratos de prestación de servicios estatales, la
exigencia de disponibilidad temporal constituye un parámetro lógico de

37
Audiencia de pruebas realizada el 20 de agosto de 2019. Visible en el archivo 1 del CD anexo al expediente físico.
38
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de 3 de octubre de 2022. Radicado: 25000-23-42-000-2013-04575-01
(2611-2016).

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Radicación: 05001 23 33 000 2017 01995 01 (6728–2024)
Demandante: Claudia Natalia Pérez Hernández

coordinación, medida con la que se busca garantizar la correcta ejecución del objeto
convenido y la armonía con el funcionamiento institucional, por tanto, la jornada
señalada por las testigos carece de la contundencia necesaria para probar, de forma
autónoma e inequívoca, la sujeción disciplinaria propia de la subordinación.

57.La dirección y el control efectivo de las labores constituyen requisitos
fundamentales para constatar la subordinación. Para demostrar la relación laboral
encubierta, la parte demandante asume la carga de acreditar su inserción en el
círculo rector, disciplinario y organizativo de la entidad. El acervo probatorio debe
evidenciar que la administración dirigió las actividades de forma directa y anuló la
autonomía propia del contratista independiente.

58.En ese orden, la sentencia apelada expresó que no se acreditó el elemento de la
subordinación en este asunto, argumento que comparte esta Sala por las siguientes
razones.

59.La señora Alba Rocío Montoya, quien era enfermera, rindió testimonio en donde
manifestó, desde su punto de vista, como se desarrollaba la labor de las terapeutas
respiratorias en el hospital, sin dar detalles específicos de la señora Claudia Natalia
Pérez Hernández. Al respecto, indicó que «las funciones de las terapeutas son cuando
van a entubar el paciente, ella es la que organiza el equipo como tal para entubar el
paciente, o sea, la máquina como tal. Fuera de eso, ellas hacen terapias al paciente con
frecuencia para que mejore su estado respiratorio y visualizan que el paciente no se le tape
el tubo, aspiran el paciente en caso de ser necesario», funciones que, para ella,
corresponden al giro ordinario de la entidad de salud.

60.En cuanto a la autonomía en el desarrollo de su labor, a la pregunta realizada por
el apoderado de la demandante, si la demandante «¿podía ejercerlas de una manera
autónoma, es decir, cuando ella quisiera o ella tenía que obedecer órdenes, procedimientos
respecto a la ejecución de esa función?», la testigo respondió «hay algunas funciones
que son específicas, o sea, dentro de las funciones el médico le ordena de pronto la
intensidad de la terapia respiratoria que le debe hacer, o si hay que cambiarle algo al
paciente, o si los parámetros del ventilador hay que modificarlos, entonces como es un
grupo interdisciplinario en esos servicios, ellas cumplen órdenes del médico y también le
dicen al doctor, doctor yo sugiero que debiéramos de mejorar el paciente en estas
condiciones».

61.Y a la pregunta «¿usted sabe, que trabajó con la señora Claudia Natalia, si ella era la
persona encargada de diferenciar qué tipo de terapia debía hacerle o no a un paciente?»
la testigo contestó: «Según su condición. Pues como tal, ella no lo hacía, el médico de
pronto le decía, ¿por qué no mejoramos esto con el paciente? Y ella decía, doctor, pienso
que pronto esto mejora algo, pero siempre la palabra la hace el médico como tal».
Nuevamente se le cuestionó sobre la autonomía en la labor así: «¿el médico le decía
si hacer, por ejemplo, puño percusión, incentivo inspiratorio, incentivo respiratorio?» y
respondió que «el médico es el que dice qué tipo de terapia respiratoria. Pues no tanto
como dice, pero sí da órdenes y directrices para que ellas cumplan esas funciones, porque
se supone que es el grupo interdisciplinario que trabaja en conjunto».

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62.Finalmente, se le preguntó si «¿podría manifestarle al despacho si la actividad de
terapia respiratoria era propia de los conocimientos de la señora Natalia?», a lo que
respondió que es la demandante «quien podría decir específicamente qué tipo de terapia
podría incentivarle de acuerdo a los pacientes. Pues hasta allá no sabría decirte, pero me
supongo que ella y el doctor son los que más, o sea, hablan más del paciente como tal en
esas funciones».

63.No obstante, el Director de Gestión Humana de la entidad demandada, Jorge
Uriel Urrego Herrera39, al ser cuestionado sobre si la hoy demandante «¿recibía
órdenes por parte del hospital? ¿Tenía jefes al interior del hospital? ¿Tenía quien le
impartiera órdenes al interior del hospital?» indicó que «la terapia respiratoria ni siquiera
es un proceso que lo paguen, ese es un valor agregado que se le da al paciente […] es un
proceso fundamental, pero es totalmente autónomo». A renglón seguido, precisó que
«la terapista tiene protocolos para el paciente entubado, para el paciente sedado, para el
paciente en estado de coma, inducido o no, es totalmente independiente de ello. De hecho,
ellas son las que generan la política de atención dentro de sus protocolos»

64.Para la Sala las manifestaciones de la testigo Alba Rocío Montoya no son
consistentes respecto a las condiciones de modo en que la demandante ejecutaba
su labor; pues si bien confirmó que ella prestó sus servicios como terapeuta
respiratoria, no fue clara a la hora de indicar si recibía órdenes, mandatos o
instrucciones de personal directivo de la entidad demandada. De manera
contradictoria sostuvo que las decisiones sobre la atención de los pacientes que
requerían de terapias provenían de ella, luego dijo que eran consensuadas con los
médicos y finalmente por parte de un grupo interdisciplinario del que hacía parte la
terapeuta. Mientras que el otro testigo de manera general afirmó que la actora no
recibía órdenes.

65.De tal manera que, no se advierte que la demandada hubiese definido el modo
en que la señora Claudia Natalia Pérez desarrollaría su labor o la forma en que
debía cumplir sus tareas en cada una de las dependencias en las que laboró o que
recibió direccionamientos efectivos en su actividad.

66.Para la Sala la circunstancia de que la demandante no pudiera conseguir un
reemplazo en caso de ausencia, o que debiera cumplir el objeto contractual de
forma estrictamente personal e indelegable, no conlleva a la configuración de la
subordinación, pues esta es una característica del contrato de prestación de
servicios, a menos que se acredite continua dependencia del contratista con la
contratante, lo que no ocurrió en este caso.

67.Asimismo, el ordenamiento jurídico permite que las entidades del Estado
cumplan con el cometido que les fue asignado excepcionalmente con personas
distintas a las que integran su planta de personal, mediante la suscripción de
contratos de prestación de servicios, cuando: (i) las actividades requieran
conocimientos especializados o (ii) no puedan realizarse con el personal
empleado.

39
Audiencia de pruebas realizada el 20 de agosto de 2019. Visible en el archivo 1 del CD anexo al expediente físico.

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Demandante: Claudia Natalia Pérez Hernández

68.Por lo tanto, siguiendo lo establecido en el artículo 167 del Código General del
Proceso «[…] incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen»; por lo que era la parte demandante a
quien le correspondía probar los supuestos de hecho de la configuración de la
relación encubierta que alegó que existió entre su persona con la entidad
enjuiciada a través de las pruebas pertinentes, suficientes y útiles del caso, tal y
como se ha sostenido la Subsección en casos anteriores.

69.Lo anterior, pues si bien no puede decirse que existe una prueba principal para
demostrar el elemento de la subordinación y dependencia continuada, esta Sala si
ha considerado que para acreditar este elemento de la relación laboral, deben
aportarse aquellas que permitan acreditar fehacientemente que el contratista no
ejercía su actividad, para la cual fue contratado, en forma autónoma e
independiente, sino que debía someterse ineludiblemente a las órdenes e
instrucciones de funcionarios de la entidad, en las circunstancias de tiempo, modo
y lugar que estos impusieran.

70.En conclusión, las pruebas aportadas no lograron determinar la existencia de una
verdadera relación laboral entre la señora Claudia Natalia Pérez Hernández y el
Hospital General de Medellín, pues la testigo de la parte demandada no acreditó de
manera clara y contundente como se desarrolló el desempeño de la labor de la
demandante, pues su cuestionario se centró en la labor de una terapeuta
respiratoria en general, además, en ciertas respuestas no tenía la certeza de que lo
contestado correspondiera a la verdad. Adicionalmente, en elementos como la
contraprestación, se evidenció que las empresas intermediarias se encargaron de
realizar los pagos de salarios y demás prestaciones de ley, situación que no se
controvirtió por la demandante.

71.Por tanto, se confirmará la sentencia de primera instancia en este aspecto,
denegando el reconocimiento de una relación laboral subyacente o encubierta entre
la señora Pérez Hernández y el Hospital General de Medellín.

2.7. Análisis frente al segundo problema jurídico

72. La Sala advierte que, tal como lo señaló el recurso de apelación, el Tribunal en
primera instancia omitió el estudio de la pretensión de nivelación salarial. Frente a
esta circunstancia, la demandante argumentó que percibió un salario y unas
prestaciones sociales inferiores a los asignados a los servidores de la planta
permanente, a partir de su nombramiento en un cargo de la planta temporal el 1 de
julio de 2014.

Advirtió que con las planillas de pago se evidencia una brecha económica en
73.

contra de la actora entre los años 2015 y 2018, pues atribuyó esta afectación a las
escalas salariales desiguales fijadas en los acuerdos institucionales de la entidad.
Bajo esta premisa, afirmó que la administración vulneró el principio constitucional
de «a trabajo igual, salario igual» y solicitó la revocatoria del fallo para ordenar la

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Demandante: Claudia Natalia Pérez Hernández

nivelación integral desde el 1 de julio de 2014, por todo el tiempo de permanencia
en la planta temporal del Hospital General de Medellín.

Como sustento de su pretensión, se allegó al expediente la Resolución 269 de
74.

20 de junio de 201440, suscrita por el gerente de la E.S.E. Hospital General de
Medellín – Luz Castro de Gutiérrez, por medio de la cual se realizó el nombramiento
de personal en la planta creada por Acuerdo 101 de 2013, entre ellos, el de la señora
Claudia Natalia Pérez Hernández en el cargo de Profesional Área Salud (Terapia
Respiratoria), código 237. El 1 de julio de 2014, del cual tomó posesión del cargo.41

75.De igual manera, se observa que el 30 de septiembre de 2016, la demandante
radicó petición ante la entidad de salud en la que, además de pedir el
reconocimiento de una verdadera relación laboral, solicitó «reconocer y pagar la
nivelación salarial y prestacional entre lo percibido por la actora, mesa a mes, desde el 1
de julio de 2014 y hacia futuro, en las mismas condiciones en que se le está reconociendo
a los demás funcionarios de planta del Hospital General Medellín.»42

Adicional a ello, se encuentra la copia de los manuales de funciones y
76.

competencias de los cargos “Profesional Universitario Área Salud 1 (Terapía
Respiratoria), código 237, Grado 1”43 y “Profesional Universitario Área Salud 1
(Terapía Respiratoria), código 237”.44

Y, finalmente, se anexaron copias de plantillas de nómina de las señoras Claudia
77.

Natalia Pérez Hernández45 y de Liliana Marluni Mojica Arango.46

78.Ahora bien, la jurisprudencia del Consejo de Estado47 ha sido clara en señalar
que la sola existencia de diferencias salariales entre servidores públicos no
configura, por sí misma, una vulneración del principio de igualdad, ni da lugar a la
nivelación pretendida, en especial cuando los cargos no son equivalentes en sus
funciones, requisitos y responsabilidades. Así, se exige, para la procedencia de la
nivelación, la demostración de una identidad absoluta en cuanto a la denominación,
el código, el grado, las funciones y las responsabilidades de los cargos comparados.
Además, la demandante no se encontraba en la misma situación jurídica de la
servidora escogida como referente de comparación. La actora fue nombrada en un
cargo de la planta temporal creada por los Acuerdos 100 y 101 de 2013, mientras
que la comparación se dirige frente a una servidora de planta permanente. Esa
diferencia no es meramente formal, pues incide en el régimen de ingreso,
permanencia, clasificación del empleo, estructura salarial, componentes
prestacionales y finalidad institucional de la vinculación. Por tanto, aun si existiera

40
Resolución visible en los folios 475 y 476 del expediente físico.
41
Posesión visible en el folio 477 del expediente físico.
42
Petición visible a folios 28 a 30 del expediente físico.
43
Documento visible a folios 466 a 468 del expediente físico.
44
Documento visible a folios 469 y 470 del expediente físico.
45
Planilla visible a folios 471 a 474 del expediente físico.
46
Planilla visible a folios 483 y 484 del expediente físico.
47
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencias del 21 de mayo de 2020, radicado 63001-23-33-000-2017-00288-
01(3962-2018); del 24 de septiembre de 2020, radicado 63001-23-33-000-2017-00248-01 (2436-2018); del 5 de noviembre
de 2020, radicado 63001-23-33-000-2017-00289-01(3434-2018); del 25 de febrero de 2021, radicado 63001-23-33-000-2017-
00292-01(2930-2018).

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 16
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001 23 33 000 2017 01995 01 (6728–2024)
Demandante: Claudia Natalia Pérez Hernández

semejanza en algunas actividades asistenciales, ello no conduce automáticamente
a la nivelación salarial, pues era necesario demostrar identidad funcional,
equivalencia de responsabilidades, igualdad de requisitos y ausencia de una causa
objetiva que justificara la diferencia retributiva.

79.En ese orden, la demandante no acreditó que su cargo en la planta temporal y el
empleo de la servidora de planta permanente fueran jurídicamente equivalentes, ni
demostró que ambas tuvieran idéntica jornada, intensidad de turnos,
responsabilidades, requisitos, componentes de remuneración, antigüedad, recargos
o factores prestacionales. En esas condiciones, la diferencia salarial alegada puede
encontrar explicación en la estructura institucional y retributiva definida para la
planta temporal, sin que sea posible ordenar la nivelación pretendida a partir de una
comparación incompleta.

En este caso, si bien en el expediente se incorporó el manual de funciones del
80.

empleo que ocupa la demandante, no existe certeza del cargo que desempeña la
señora Liliana Mojica Arango, y, por tanto, cual es el cargo que desempeña en la
entidad demandada y, en consecuencia, las funciones que le corresponden.

81.Al respecto, se recuerda que la nivelación salarial no opera de forma automática
por el simple hecho de compartir una profesión; requiere la acreditación de que
ambos servidores ejecutan exactamente el mismo rol dentro de la estructura
institucional, carga que la parte demandante incumplió.

82.La disparidad en las sumas totales consignadas en las planillas de pago no
constituye por si sola una prueba de desigualdad, toda vez que las asignaciones de
los servidores públicos se componen de diversos factores que pueden variar por
razones objetivas. En el expediente se omite detallar los componentes de la
remuneración de la funcionaria de planta permanente, tales como la antigüedad, los
sobresueldos por turnos de horas diurnas y nocturnas, el recargo por trabajo en días
dominicales o festivos, y las evaluaciones de desempeño que inciden en ciertos
incentivos.

83.La demandante no aportó pruebas que demuestren que su jornada laboral, la
intensidad de sus turnos y la calidad de su servicio resultan idénticas a las del
referente de comparación. Sin esta claridad, se advierte que la diferencia económica
puede obedecer a factores prestacionales legítimos y propios del cargo y no a una
discriminación caprichosa de la administración.

84.La Sala reitera que las autoridades territoriales gozan de autonomía para fijar sus
escalas salariales, siempre que respeten los límites máximos establecidos por el
Gobierno Nacional. La creación de una planta temporal con una estructura
remuneratoria propia, en virtud de los Acuerdos 100 y 101 de 2013, responde a
criterios de sostenibilidad fiscal y planeación técnica que se presumen ajustados al
ordenamiento. Por lo tanto, ante la falta de pruebas sobre la equivalencia material
del trabajo, la Sala denegará la nivelación salarial y prestacional solicitada.

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Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001 23 33 000 2017 01995 01 (6728–2024)
Demandante: Claudia Natalia Pérez Hernández

2.8. Conclusión

85. En virtud de las consideraciones expuestas, la Sala confirmará la sentencia de
primera instancia en cuanto negó la existencia de una relación laboral encubierta
entre la señora Claudia Natalia Pérez Hernández y la E.S.E. Hospital General de
Medellín, toda vez que no se acreditó el elemento de la subordinación. De igual
forma, se adicionará, para negar la pretensión de nivelación salarial por no probarse
la identidad de los cargos.

2.9. De la condena en costas

86. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

87. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

88. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

89. Bajo ese entendido, se condenará a pagar las costas a la parte vencida, es
decir, a la demandante. Para el efecto, conforme con el artículo 366 del CGP las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia
y las expensas serán liquidadas por la secretaría del a quo que conoció de este
proceso.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: ADICIONAR la sentencia de 29 de agosto de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, en el sentido de negar las pretensiones de la
demanda relacionadas con nivelación salarial, por lo dicho en la motivación.

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Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001 23 33 000 2017 01995 01 (6728–2024)
Demandante: Claudia Natalia Pérez Hernández

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandante en segunda instancia.

CUARTO: Efectuar las anotaciones correspondientes en el Sistema de Gestión
Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver
el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI. https://samai.consejodeestado.gov.co/

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