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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-00946-02

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2018-00946-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

30 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2018-00946-02 (5046-2022)
Demandante: María Victoria Soto Buriticá
Demandada: Municipio de Medellín – Secretaría de Educación

Tema: edad de retiro forzoso en docentes de instituciones educativas públicas y
oficiales Subtema 1: publicidad de los actos administrativos de carácter particular.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por María Victoria Soto Buriticá contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, el 22
de junio de 2022, que negó las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

La señora María Victoria Soto Buriticá acudió al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el fin de obtener la nulidad de los actos
administrativos mediante los cuales se le negó el reconocimiento y pago de los
salarios y prestaciones sociales correspondientes al período comprendido entre el 1.º
de febrero y el 26 de abril de 2017, los cuales, según afirma, se causaron con ocasión
de la prestación de sus servicios como docente de la Institución Educativa Asamblea
Departamental, pese a haber sido desvinculada de dicho cargo por cumplimiento de
la edad de retiro forzoso, en tanto la resolución que dispuso su desvinculación no le
fue notificada en debida forma.

El Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que la Resolución 018493 del 22 de diciembre de 2016 fue debidamente
notificada y que, en consecuencia, la desvinculación de la demandante se produjo
válidamente desde el 1.º de febrero de 2017, por lo que no había lugar al
reconocimiento de salarios ni prestaciones sociales por el período reclamado.

Radicación: 05001-23-33-000-2018-00946-02 (5046-2022)
Demandante: María Victoria Soto Buriticá
Demandado: Municipio de Medellín

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmará la
sentencia de primera instancia, tras verificar que la notificación de dicha resolución se
surtió en debida forma.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. María Victoria Soto Buriticá, mediante apoderado, presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el 21 de marzo
de 20181, contra el municipio de Medellín – Secretaría de Educación, con las
siguientes pretensiones2:

2. Se declare la nulidad del acto administrativo expedido por el municipio de
Medellín, el 6 de septiembre de 2017, mediante el cual se negó la solicitud de
reconocimiento y pago de salarios, prestaciones legales y extralegales y
bonificaciones dejadas de percibir entre el 1.º de febrero y el 26 de abril de 2017, así
como de la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías, salarios y prestaciones
sociales, así como las indexaciones correspondientes, a favor de María Victoria Soto
Buriticá.

3. Se declare la nulidad del acto administrativo, expedido por el municipio de
Medellín, el 13 de octubre de 2017, mediante el cual se negó, en los mismos términos
del acto administrativo anterior, la solicitud presentada por la señora María Victoria
Soto Buriticá.

4. A título de restablecimiento del derecho, la accionante solicitó que se ordene al
municipio de Medellín el reconocimiento y pago de los siguientes conceptos: i)
salarios, prestaciones legales y extralegales y bonificaciones dejadas de percibir entre
el 1º de febrero y el 26 de abril de 2017; ii) sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías causadas en ese mismo período; iii) intereses moratorios y sanción
moratoria por el pago tardío de salarios y prestaciones sociales legales y extralegales
causados en ese mismo período; iv) indexación de las sumas a que haya lugar; y v)
costas y agencias en derecho.

2.1.1. Hechos

5. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

6. La señora María Victoria Soto Buriticá se posesionó como docente en una
institución educativa del municipio de Segovia, el 16 de agosto de 1983.

7. Posteriormente, la demandante se desempeñó como docente de tiempo

1 Samai, índice 2, expediente digital, archivo 002ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL, pp. 4 a 11.
2 Samai, índice 2, expediente digital, archivo 002ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL. Pretensiones

visibles p. 4.

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Radicación: 05001-23-33-000-2018-00946-02 (5046-2022)
Demandante: María Victoria Soto Buriticá
Demandado: Municipio de Medellín

completo en la sección de bachillerato de la Institución Educativa Asamblea
Departamental en Medellín, desde el 3 de febrero de 2003 hasta el 26 de abril de
2017.

8. Informa la demanda que el municipio de Medellín no pagó a la demandante los
salarios, prestaciones legales y extralegales ni las bonificaciones causadas entre
febrero y abril de 2017.

9. La señora María Victoria Soto Buriticá, el 27 de julio de 2017, por intermedio de
apoderado, presentó derecho de petición ante el municipio de Medellín, en el que
solicitó el reconocimiento y pago de los salarios, prestaciones sociales legales y
extralegales y bonificaciones causadas entre el 1.º de febrero y el 26 de abril de 2017.

10. El municipio de Medellín, mediante acto administrativo del 6 de septiembre de
2017, dio respuesta a la petición presentada por la demandante y negó lo solicitado,
con fundamento en que ésta había sido desvinculada del cargo de docente a partir del
1.º de febrero de 2017, en virtud de la Resolución 018493 del 22 de diciembre de
2016; por tal razón, consideró que no tenía derecho al reconocimiento de salarios,
prestaciones y bonificaciones con posterioridad a esa fecha.

11. La entidad territorial, en esa misma respuesta, informó que la referida
resolución se intentó notificar personalmente, para lo cual se enviaron citaciones al
correo electrónico, se realizó contacto telefónico y se remitió comunicación a la
dirección física de la docente. Al no lograrse la notificación personal, esta se surtió por
aviso, el cual fue publicado el 25 de enero de 2017 y desfijado el 1.º de febrero del
mismo año.

12. Para la demandante, la notificación de la Resolución 018493 del 22 de
diciembre de 2016 no se surtió en debida forma, en tanto no autorizó el uso del correo
electrónico para tales efectos y, además, la entidad contaba con un medio más eficaz
para realizar la citación para notificación personal, esto es, remitiendo la citación al
lugar de trabajo de la docente, el cual era conocido por la administración.

13. Además, la citación enviada por correo electrónico no cumplió con los requisitos
legales, en la medida en que otorgó un término de tres días para comparecer, cuando
la normativa aplicable establece un plazo de cinco días.

14. No obra constancia de que el correo electrónico hubiera sido recibido por la
destinataria.

15. En este orden, la resolución de desvinculación no fue notificada ni a la
demandante ni a la institución educativa en la que laboraba, razón por la cual solo
tuvo conocimiento de su existencia cuando se produjo su reemplazo en el cargo, el 26
de abril de 2017.

16. En consecuencia, prestó sus servicios como docente hasta el 26 de abril de
2017.

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Demandante: María Victoria Soto Buriticá
Demandado: Municipio de Medellín

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

17. En la demanda se citaron las siguientes normas vulneradas:

La Constitución Política, artículo 53.
La Ley 1437 de 2011, artículos 67, 68 y 69.
El Decreto 277 de 1979, artículo 36.

18. Al explicar el concepto de violación, la parte demandante sostuvo que los actos
administrativos demandados se encuentran viciados de nulidad por falsa motivación y
por desconocimiento del derecho de contradicción y defensa.

19. Señaló que la administración fundamentó la negativa en la supuesta
desvinculación de la docente a partir del 1º de febrero de 2017, con base en la
Resolución 018493 del 22 de diciembre de 2016, sin que dicho acto hubiera sido
debidamente notificado a la interesada.

20. Indicó que la notificación no se surtió conforme a lo previsto en la Ley 1437 de
2011, en tanto la entidad acudió al envío de citaciones al correo electrónico sin que
existiera autorización para ello y pese a contar con un medio más eficaz para lograr la
comparecencia, como lo era remitir la citación al lugar de trabajo de la docente, que
era conocido por la administración.

21. Afirmó que, además, la citación remitida por correo electrónico no cumplió con
los requisitos legales, dado que otorgó un término de 3 días para comparecer a la
notificación personal, cuando la normativa establece un plazo de 5 días, además de
que no existe constancia de su efectiva recepción por parte de la destinataria.

22. Sostuvo que, en tales condiciones, tampoco resultaba procedente acudir a la
notificación por aviso, pues no se configuraban los supuestos legales para ello, lo que
refuerza la irregularidad en la forma en que se dio a conocer el acto administrativo de
desvinculación.

23. En ese sentido, concluyó que la Resolución 018493 de 2016 no adquirió
eficacia frente a la demandante, por lo que esta continuó prestando sus servicios hasta
el 26 de abril de 2017, fecha en la cual tuvo conocimiento de su reemplazo en el cargo.

24. Con fundamento en lo anterior, afirmó que los actos administrativos
demandados se sustentan en una situación fáctica inexistente, esto es, la
desvinculación efectiva desde el 1° de febrero de 2017, lo que configura falsa
motivación y conlleva la vulneración de los derechos al debido proceso y al trabajo en
condiciones dignas, por lo que solicitó su nulidad y el correspondiente restablecimiento
del derecho.

2.2. Contestación de la demanda

25. El municipio de Medellín, Secretaría de Educación, a través de apoderado, se
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Demandante: María Victoria Soto Buriticá
Demandado: Municipio de Medellín

opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que los actos administrativos
demandados fueron expedidos conforme a la Constitución, la ley y la jurisprudencia
aplicable3.

26. Adujo que la desvinculación de la demandante se produjo en virtud de la
Resolución 018493 del 22 de diciembre de 2016, mediante la cual se dispuso su retiro
del servicio por cumplimiento de la edad de retiro forzoso, decisión que, a su juicio,
fue debidamente notificada, primero mediante citaciones enviadas al correo
electrónico y a la dirección registrada en la hoja de vida, y posteriormente a través de
aviso.

27. Que la demandante no compareció a notificarse pese a haber sido citada en
varias oportunidades, por lo que la administración agotó los mecanismos previstos en
la Ley 1437 de 2011 para surtir la notificación del acto administrativo.

28. Indicó que, en consecuencia, no hay lugar al reconocimiento de salarios,
prestaciones ni bonificaciones con posterioridad al 1º de febrero de 2017, fecha en la
cual quedó ejecutoriado el acto de retiro.

29. Señaló, además, que no se configuró mora en el pago de cesantías, por lo que
no procede el reconocimiento de sanciones o intereses asociados a dicho concepto.

30. De otra parte, sostuvo que los oficios del 6 de septiembre y 13 de octubre de
2017 no constituyen actos administrativos susceptibles de control, en la medida en
que se limitaron a dar respuesta a la petición presentada por la demandante y a
reiterar lo decidido en la Resolución 018493 de 2016, por lo que no contienen una
decisión autónoma que afecte o cree una situación jurídica para la demandante.

31. Propuso como excepción la caducidad del medio de control, al señalar que la
demanda fue presentada por fuera del término de cuatro meses previsto en el artículo
164 de la Ley 1437 de 2011, contado a partir de la notificación del acto administrativo,
así como la improcedencia de las pretensiones.

32. Finalmente, adujo la falta de conformación del litisconsorcio necesario,
argumentando que la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio es la entidad llamada a asumir el pago de una
eventual condena, en tanto es quien gira los recursos al ente territorial, a través del
Sistema General de Participaciones, para el pago de los emolumentos de los
docentes. En consecuencia, solicitó su vinculación al proceso.

2.3. Vinculación de la Nación – Ministerio de Educación Nacional

33. El Tribunal Administrativo de Antioquia, en la audiencia inicial celebrada el 26
de marzo de 20194, dispuso la vinculación de la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, como litisconsorte necesario, al advertir que la demandante ostentaba la

3 Samai, índice 2, expediente digital, archivo 002ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL, pp. 122 a 141.
4 Samai, índice 2, expediente digital, archivo 002ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL, pp. 205 a 210.

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Demandante: María Victoria Soto Buriticá
Demandado: Municipio de Medellín

condición de docente nacionalizada y que, en consecuencia, dicha entidad tenía la
calidad de nominadora y la responsabilidad en el pago de los salarios y prestaciones
reclamados, financiados con recursos del Sistema General de Participaciones.

34. Precisó que la vinculación del municipio de Medellín se mantiene en el proceso
en su calidad de administrador de los recursos y de la planta de personal docente, sin
que ello excluya la responsabilidad que le asiste a la Nación en los términos
señalados.

35. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, a través de apoderado, se opuso
a las pretensiones de la demanda y solicitó su desestimación5.

36. Manifestó que, en virtud del proceso de descentralización del servicio educativo
previsto en la Ley 715 de 2001, corresponde a las entidades territoriales certificadas
asumir la prestación del servicio, así como la administración de la planta docente y el
reconocimiento de los derechos laborales derivados de dicha relación.

37. En ese sentido, indicó que no le asiste competencia para reconocer ni pagar
los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos reclamados, en tanto tales
obligaciones recaen en la entidad territorial como nominadora del personal docente.

38. Informó que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio tiene a
su cargo el pago de prestaciones sociales en los términos legales, pero no de factores
salariales ni de acreencias como las reclamadas en la demanda.

39. Finalmente, propuso como excepciones la caducidad del medio de control, la
falta de legitimación en la causa por pasiva y el cobro de lo no debido.

2.4. Sentencia de primera instancia

40. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, mediante
sentencia del 22 de junio de 2022, negó las pretensiones de la demanda y condenó
en costas a la parte demandante6, en los siguientes términos:

PRIMERO. SE NIEGAN las pretensiones de la demanda,

SEGUNDO. SE CONDENA EN COSTAS a la parte demandante de conformidad con
los parámetros definidos en la parte motiva de la presente decisión.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente.

41. Señaló que la controversia se centraba en determinar si la demandante tenía
derecho al reconocimiento y pago de salarios y prestaciones sociales por el período
comprendido entre el 1º de febrero de 2017 y el 26 de abril de 2017, lo cual dependía
de establecer si el acto de desvinculación por cumplimiento de la edad de retiro

5 Samai, índice 2, expediente digital, archivo 030ED_C03_01 OTROS-CUADERNO 03 PRINCIPAL, pp. 20 a 26.
6 Samai, índice 67, expediente 05001-23-33-000-2018-00946-00 de primera instancia.

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forzoso fue debidamente notificado.

42. Indicó que, si bien se encontraba acreditada la vinculación de la señora María
Victoria Soto Buriticá como docente desde el 16 de agosto de 1983, existía discusión
en torno a la fecha de retiro definitivo del servicio, en tanto la parte actora insistió en
que continuó ejerciendo la labor hasta el 26 de abril de 2017, mientras que la entidad
demandada afirmó que la desvinculación se produjo el 1º de febrero de 2017, con
ocasión de la notificación por aviso del acto administrativo correspondiente.

43. Destacó que, en principio, quien ejerce funciones públicas tiene derecho a
percibir la remuneración correspondiente, conforme a los principios mínimos laborales
previstos en el artículo 53 de la Constitución Política; no obstante, dicho
reconocimiento depende de la existencia de una vinculación vigente.

44. De esta manera, analizó la eficacia del acto administrativo de desvinculación
contenido en la Resolución 018493 del 22 de diciembre de 2016, y resaltó que, aunque
un acto administrativo puede cumplir los requisitos de validez, su eficacia depende de
su debida notificación, en tanto esta garantiza el conocimiento de la decisión y la
posibilidad de ejercer el derecho de defensa.

45. Concluyó que en el caso concreto la entidad demandada agotó los mecanismos
previstos en la Ley 1437 de 2011 para surtir la notificación del acto, pues intentó la
notificación personal mediante el envío de citaciones al correo electrónico y a la
dirección física de la demandante, y, ante la falta de comparecencia, procedió a la
notificación por aviso, la cual se surtió con la desfijación el 1.º de febrero de 2017.

46. Consideró que la demandante tenía conocimiento del trámite de notificación,
incluso desde el envío del correo electrónico del 2 de enero de 2017, y que la entidad
acreditó haber desplegado las actuaciones necesarias para comunicar el acto
administrativo, por lo que no se configuró irregularidad en la notificación.

47. En consecuencia, determinó que la desvinculación de la demandante del
servicio docente se hizo efectiva el 1º de febrero de 2017, fecha a partir de la cual no
existía vínculo laboral que diera lugar al reconocimiento de salarios y prestaciones.

48. Adicionalmente, advirtió que la demandante comenzó a percibir de manera
efectiva la mesada pensional a partir de esa misma fecha, lo que reafirma la
terminación del vínculo laboral y la improcedencia de los pagos reclamados.

49. Con fundamento en lo anterior, en su criterio, no se configuraban los vicios de
nulidad alegados y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.

2.5. Recurso de apelación

50. La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia, bajo los

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Demandante: María Victoria Soto Buriticá
Demandado: Municipio de Medellín

siguientes argumentos7:

51. Cuestionó la conclusión del fallador de primera instancia según la cual el acto
administrativo contenido en la Resolución 018493 del 22 de diciembre de 2016 fue
debidamente notificado, pues consideró que dicha apreciación desconoció las
pruebas obrantes en el expediente.

52. Sostuvo que la entidad demandada no realizó una notificación personal
efectiva, en tanto las comunicaciones fueron enviadas a una dirección física en la que
la demandante no residía desde hacía varios años, lo que impidió su recepción.

53. Indicó, además, que la citación para notificación personal fue remitida a una
dirección de correo electrónico errónea, pese a que la administración contaba con la
información correcta, por lo que dicha comunicación no pudo ser conocida por la
interesada.

54. En ese sentido, no era posible inferir el conocimiento del acto administrativo a
partir de tales actuaciones, ni considerar válidos los intentos de notificación realizados
a direcciones incorrectas.

55. De otra parte, controvirtió la validez de la notificación por aviso, al señalar que
no se cumplieron los presupuestos legales para acudir a este mecanismo, en la
medida en que la administración no agotó adecuadamente la notificación personal ni
se encontraba ante un caso de desconocimiento de la dirección del destinatario.

56. En esa línea, sostuvo que la demandante solo tuvo conocimiento de la decisión
de retiro el 26 de abril de 2017, cuando se produjo su reemplazo en el cargo, por lo
que la administración incurrió en una indebida notificación que vicia la actuación
administrativa.

57. Finalmente, a su juicio, el fallador de primera instancia incurrió en un error en
la valoración de las pruebas al concluir que la notificación se surtió en debida forma,
con lo cual descartó la configuración de la falsa motivación alegada. En consecuencia,
solicitó revocar la sentencia apelada y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la
demanda, en particular al reconocimiento y pago de los salarios, prestaciones y demás
acreencias reclamadas.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

58. Mediante auto del 26 de enero de 20238, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada conforme a lo previsto en el
numeral 3 del artículo 247 del CPACA.

7 Samai, índice 69, expediente 05001-23-33-000-2018-00946-00 de primera instancia.
8 Samai, índice 6.

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Radicación: 05001-23-33-000-2018-00946-02 (5046-2022)
Demandante: María Victoria Soto Buriticá
Demandado: Municipio de Medellín

3. Consideraciones

3.1. Competencia

59. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

60. De acuerdo con los argumentos expuestos por la parte demandante en el
recurso de apelación y los fundamentos que sustentaron la decisión de primera
instancia, corresponde a la Sala definir si:

61. ¿La notificación de la Resolución 018493 del 22 de diciembre de 2016 se surtió
en debida forma o, por el contrario, presentó irregularidades que afectan su eficacia
y, en consecuencia, la legalidad de los actos administrativos que negaron el
reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales reclamados entre el 1º
de febrero y el 26 de abril de 2017?

62. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes
aspectos: (i) la edad de retiro forzoso en docentes de instituciones educativas públicas
y oficiales; (ii) hechos probados; y (iii) en el acápite de análisis del caso concreto se
resolverá el problema jurídico formulado.

3.4. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.4.1. La edad de retiro forzoso en docentes de instituciones educativas
públicas y oficiales

63. El Decreto Ley 2400 de 1968, dispone en su artículo 31 que «todo empleado
que cumpla la edad de 65 años será retirado del servicio y no podrá ser reintegrado
[…]».

64. Esta disposición fue reglamentada mediante el Decreto 1950 de 1973, que en
su artículo 122 prevé que «la edad de 65 años constituye impedimento para
desempeñar cargos públicos, salvo para los empleos señalados en el inciso segundo
del artículo 29 del Decreto 2400 de 1968».

65. Al respecto, la Corte Constitucional9 ha considerado que la edad de retiro
forzoso constituye un límite legítimo al ejercicio de la función pública, cuya fijación
corresponde al legislador, orientado a garantizar la eficiencia del servicio, la
renovación generacional en los cargos y el acceso de nuevas personas al empleo

9 Corte Constitucional, sentencia C-351 de 1995. En esta oportunidad la Corte estudió la constitucionalidad del

artículo 31 del Decreto 2400 de 1968.

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Demandante: María Victoria Soto Buriticá
Demandado: Municipio de Medellín

público, sin que ello comporte una medida discriminatoria que deje desprotegido al
servidor, en tanto se acompaña del reconocimiento del derecho a la pensión.

66. Por su parte, la Sección Segunda del Consejo de Estado10 indicó que «esta
figura radica en la necesidad de permitir un acceso en igualdad de condiciones a los
cargos de la administración pública y garantizar el derecho al trabajo de quienes
aspiran a acceder a dichos cargos por un relevo generacional que concrete los
mandatos constitucionales contenidos en los artículos 54 y 334 de la Carta Política,
que imponen al Estado la obligación de promover la ubicación laboral de las personas
que se encuentran en edad de trabajar y lo autorizan para intervenir con miras a
alcanzar el pleno empleo de los recursos humanos».

67. En relación con el régimen aplicable a los docentes, el Decreto 2277 de 1979
establece en su artículo 31 que «el educador tiene derecho a permanecer en el
servicio mientras no haya sido excluido del escalafón o no haya alcanzado la edad de
65 años para su retiro forzoso».

68. En esa misma línea, el Decreto 1278 de 2002, prevé en su artículo 63:

«[…] Artículo 63. Retiro del servicio. La cesación definitiva de las funciones docentes
o directivos docentes de los educadores estatales se produce en los siguientes casos:
[…]
i) Por edad de retiro forzoso.

69. En este punto, resulta pertinente precisar que la posibilidad de diferir la edad
de retiro forzoso hasta por diez años adicionales, prevista en el artículo 19 de la Ley
344 de 1996, constituye una excepción al régimen general aplicable a los servidores
públicos y se circunscribe exclusivamente a los docentes universitarios vinculados
como empleados públicos en instituciones de educación superior. En consecuencia,
dicha prerrogativa no resulta extensible a los docentes de educación básica y media,
quienes continúan sometidos a la regla general de retiro forzoso prevista en el
ordenamiento jurídico11.

70. Ahora bien, la Ley 1821 de 2016 aumentó la edad máxima de retiro forzoso a
70 años para quienes desempeñan funciones públicas.

71. En desarrollo de lo anterior, el Decreto 1083 de 2015, modificado por el artículo
2 del Decreto 648 de 2017 estableció, en su artículo 2.2.11.1.7.:

Artículo 2.2.11.1.7 Edad de retiro forzoso. A partir de la entrada en vigencia de la
Ley 1821 de 2016, la edad de setenta (70) años constituye impedimento para
desempeñar cargos públicos, salvo las excepciones señaladas en el artículo
2.2.11.1.5.

10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de junio de 2018, radicado 54001-23-31-

000-2006-00766-01 (2048-13).
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de junio de 2018, radicado 54001-23-31-

000-2006-00766-01 (2048-13).

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Radicación: 05001-23-33-000-2018-00946-02 (5046-2022)
Demandante: María Victoria Soto Buriticá
Demandado: Municipio de Medellín

Las personas que antes de la entrada en vigencia de la Ley 1821 de 2016 tuvieren 65
años o más y continúan vinculadas al servicio público, deberán ser retiradas del
servicio. Lo anterior, por cuanto no son destinatarias de la regulación de que trata la
citada ley.

72. A su turno, la Sección Segunda del Consejo de Estado12, sobre la referida ley
indicó «La disposición transcrita se aplica a “las personas que desempeñen funciones
públicas”, es decir, en principio a todos los servidores públicos de todas las ramas del
poder público, con excepción de “los funcionarios de elección popular”, y también “los
mencionados en el Artículo 29 del Decreto-ley 2400 de 1968, modificado por el Artículo
1o del Decreto-ley 3074 de 1968”, que alude a quienes prestan al Estado servicios
ocasionales como los peritos obligatorios, los jurados de votación, los técnicos y
obreros contratados por el tiempo de ejecución de un trabajo o una obra, considerados
por la ley como meros auxiliares de la administración pública».

73. En suma, la edad de retiro forzoso constituye una causal objetiva de
desvinculación del servicio, que opera por el cumplimiento de la edad legalmente
establecida —actualmente 70 años— y que, en principio, produce el retiro definitivo
del cargo, sin perjuicio de las excepciones de origen legal o jurisprudencial que puedan
resultar aplicables en casos concretos.

3.5. Hechos probados relevantes para la solución del caso concreto

74. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede
establecer lo siguiente:

75. La señora María Victoria Soto Buriticá nació el 24 de diciembre de 1951, según
consta en la cédula de ciudadanía número 32.482.06313.

76. La demandante tomó posesión del cargo de docente en el municipio de Segovia
(Antioquia), en el mes de noviembre de 1981, conforme al acta de posesión suscrita
por la autoridad municipal competente14.

77. En la hoja de vida del Fondo Prestacional del Magisterio, diligenciada el 13 de
abril de 1991, se consignó que la señora María Victoria Soto Buriticá residía en la
carrera 45 #65-45 de Medellín y su número de contacto era 254581515.

78. Según la base de datos de la planta de personal de la Secretaría de Educación
de Medellín, la señora María Victoria Soto Buriticá registraba como dirección de
residencia la carrera 45 #65-45 de Medellín y como números de contacto el 2602130
y el 300700994116.

12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de septiembre de 2019, radicado 05001-

23-33-000-2018-01750-01 (4134-19).
13 Samai, índice 2, expediente digital, archivo 030ED_C03_01 OTROS-CUADERNO 03 PRINCIPAL, pp. 163.
14 Samai, índice 2, expediente digital, archivo 030ED_C03_01 OTROS-CUADERNO 03 PRINCIPAL, pp. 14.
15 Samai, índice 2, expediente digital, archivo 030ED_C03_01 OTROS-CUADERNO 03 PRINCIPAL, pp. 157 a

159.
16 Samai, índice 2, expediente digital, archivo 030ED_C03_01 OTROS-CUADERNO 03 PRINCIPAL, pp. 169.

11

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Demandante: María Victoria Soto Buriticá
Demandado: Municipio de Medellín

79. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Regional Antioquia,
mediante la Resolución 30913 del 2 de febrero de 2004, reconoció y ordenó el pago a
favor de María Victoria Soto Buriticá de una pensión mensual vitalicia de jubilación,
por valor de $1.339.712, al acreditar su estatus pensional desde el 18 de septiembre
de 2003, tras cumplir 20 años de servicio como docente nacionalizada en la Institución
Educativa Asamblea Departamental. La Resolución fue notificada personalmente a la
interesada el 6 de febrero de 200417.

80. La Alcaldía de Medellín, a través de Resolución 06666 del 3 de julio de 2008,
ajustó la Resolución 30913 del 2 de febrero de 2004, por medio de la cual se reconoció
la pensión de jubilación a favor de la señora María Victoria Soto Buriticá, en el sentido
de incluir en la liquidación la prima de vida correspondiente a los años 2002 y 2003,
así como el incremento salarial aplicado a las primas de 2003, fijando el valor de la
mesada pensional en $1.493.936. La Resolución fue notificada personalmente a la
interesada el 9 de julio de 200818.

81. Mediante Resolución 018493 del 22 de diciembre de 2016, la Secretaría de
Educación de Medellín dispuso el retiro del servicio activo de la señora María Victoria
Soto Buriticá, quien se desempeñaba como docente de ciencias sociales en la
Institución Educativa Asamblea Departamental, núcleo educativo 925 de Medellín, por
encontrarse incursa en la causal de retiro forzoso a partir del 24 de diciembre de 2016,
fecha en la que cumplió 65 años. En el referido acto, la entidad indicó que la docente
contaba con reconocimiento pensional mediante la Resolución 30913 del 2 de febrero
de 2004, por lo que consideró garantizado su mínimo vital19.

82. La Secretaría de Educación de Medellín remitió, el 2 de enero de 2017, al correo
electrónico «vicysoto90@gmail.com», citación para notificación personal, con el fin de
que la señora María Victoria Soto Buriticá compareciera dentro de los 3 días hábiles
siguientes, para ser notificada de la Resolución 018493 del 22 de diciembre de 201620.

83. Dado que la señora María Victoria Soto Buriticá no compareció para ser
notificada personalmente, la Secretaría de Educación de Medellín procedió a notificar
por aviso la Resolución 018493 del 22 de diciembre de 2016, de conformidad con los
artículos 68 y 69 del CPACA, mediante oficio publicado el 25 de enero de 2017 y
desfijado el 1º de febrero del mismo año21.

84. De acuerdo con el «control del proceso de notificación», de la Secretaría de
Educación de Medellín, el 2 de enero de 2017 se remitió al correo electrónico
«vickysoto90@gmail.com» citación para notificación personal; el 3 de enero de 2017
se intentó establecer contacto telefónico a los números 3007009941 y 2602130, sin

17 Samai, índice 2, expediente digital, archivo 030ED_C03_01 OTROS-CUADERNO 03 PRINCIPAL, pp. 179 a

181.
18 Samai, índice 2, expediente digital, archivo 030ED_C03_01 OTROS-CUADERNO 03 PRINCIPAL, pp. 182 a

185.
19 Samai, índice 2, expediente digital, archivo 030ED_C03_01 OTROS-CUADERNO 03 PRINCIPAL, pp. 22 a 24.
20 Samai, índice 2, expediente digital, archivo 030ED_C03_01 OTROS-CUADERNO 03 PRINCIPAL, pp. 25.
21 Samai, índice 2, expediente digital, archivo 030ED_C03_01 OTROS-CUADERNO 03 PRINCIPAL, pp. 26.

12

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obtener respuesta, por lo que se dejó mensaje de voz en el celular; finalmente, se
advierte que también se envió citación por correo certificado a la dirección carrera 45
#65-45 de Medellín, el 16 de enero de 201722.

85. La Institución Educativa Asamblea Departamental certificó que la señora María
Victoria Soto Buriticá prestó sus servicios como docente de tiempo completo en la
sección de bachillerato, desde el 3 de febrero de 2003 hasta el 26 de abril de 2017 23.

86. María Victoria Soto Buriticá, a través de apoderado, presentó petición ante la
Secretaría de Educación de Medellín en la que solicitó el pago de salarios,
prestaciones sociales y extralegales y bonificaciones desde el 2 de febrero de 2017
hasta el 26 de abril de 2017, cuando se retiró efectivamente del servicio como docente
de la Institución Educativa Asamblea Departamental24.

87. La Secretaría de Educación de Medellín respondió, mediante comunicación del
6 de septiembre de 2017, la petición presentada por María Victoria Soto Buriticá,
radicada bajo el número 201710196929. Le indicó que, de conformidad con el Decreto
2277 de 1979, todo servidor público que cumpla la edad de 65 años debe ser retirado
del servicio, por constituir un impedimento para desempeñar cargos públicos. En ese
sentido, advirtió que, para diciembre de 2016, la peticionaria ya se encontraba incursa
en la causal de retiro del servicio por haber alcanzado dicha edad.

88. Agregó que la Secretaría de Educación adelantó el trámite de notificación del
acto administrativo de desvinculación conforme a la Ley 1437 de 2011, mediante
citaciones remitidas al correo electrónico de la docente y, ante la imposibilidad de surtir
la notificación personal, tal diligencia se surtió mediante aviso que se publicó el 25 de
enero de 2017 y se desfijó el 1º de febrero del mismo año, fecha a partir de la cual se
hizo efectiva la desvinculación, sin que se interpusieran recursos, por lo que no
procede el reconocimiento de salarios y prestaciones con posterioridad25.

89. La señora María Victoria Soto Buriticá recurrió la anterior decisión y la
Secretaría de Educación de Medellín, mediante comunicación del 13 de octubre de
2017, la resolvió informando que la respuesta fue emitida por funcionaria competente
de la Secretaría de Educación, en virtud de las facultades delegadas para atender
peticiones y recursos. En ese sentido, precisó que, por tratarse de un acto proferido
por una autoridad del orden territorial, no procedía el recurso de apelación y reiteró la
posición expuesta en la comunicación del 6 de septiembre de 2017 frente a la
improcedencia de las pretensiones formuladas26.

90. De acuerdo con el certificado de historia laboral expedido el 23 de julio de 2018
por la Secretaría de Educación de Medellín, la señora María Victoria Soto Buriticá

22 Samai, índice 2, expediente digital, archivo 030ED_C03_01 OTROS-CUADERNO 03 PRINCIPAL, pp. 171 a

172.
23 Samai, índice 2, expediente digital, archivo 030ED_C03_01 OTROS-CUADERNO 03 PRINCIPAL, pp. 21.
24 Samai, índice 2, expediente digital, archivo 030ED_C03_01 OTROS-CUADERNO 03 PRINCIPAL, pp. 177 a

178.
25 Samai, índice 2, expediente digital, archivo 030ED_C03_01 OTROS-CUADERNO 03 PRINCIPAL, pp. 15 a 17.
26 Samai, índice 2, expediente digital, archivo 030ED_C03_01 OTROS-CUADERNO 03 PRINCIPAL, pp. 18 a 20.

13

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laboró como docente desde el 16 de agosto de 1983 hasta el 1º de febrero de 2017,
fecha en la cual se registró su retiro del servicio por cumplimiento de la edad de retiro
forzoso, con fundamento en la Resolución 018493 del 22 de diciembre de 2016 27.

91. De conformidad con el certificado de salarios expedido por la Secretaría de
Educación de Medellín, la señora María Victoria Soto Buriticá devengó asignación
básica y prestaciones sociales como docente de la Institución Educativa Asamblea
Departamental, conforme a los factores salariales allí discriminados, correspondientes
al tiempo en que estuvo vinculada al servicio, esto es, desde el 16 de agosto de 1983
hasta el 1º de febrero de 201728.

92. Obra en el expediente copia de los comprobantes de nómina expedidos por la
Fiduprevisora S.A., en calidad de administradora del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril
de 2017, en los cuales se registra el pago de la mesada pensional a favor de la señora
María Victoria Soto Buriticá29.

3.6. Caso concreto

93. En el asunto bajo análisis, la controversia se centra en establecer si la
notificación de la Resolución 018493 del 22 de diciembre de 2016 se surtió en debida
forma y, en consecuencia, si resulta procedente el reconocimiento y pago de los
salarios y prestaciones sociales reclamados para el período comprendido entre el 1.º
de febrero y el 26 de abril de 2017.

94. La parte demandante argumentó que la notificación del referido acto
administrativo presentó irregularidades, en tanto las citaciones para notificación
personal fueron remitidas a direcciones, física y electrónica, que no correspondían a
su información actual, lo que le impidió conocer oportunamente la decisión de retiro.
Asimismo, cuestionó la validez de la notificación por aviso, al considerar que la
administración no agotó de manera adecuada los mecanismos previos de notificación
personal, por lo que afirma que solo tuvo conocimiento del acto el 26 de abril de 2017.

95. Por su parte, el Tribunal consideró que la entidad demandada agotó los
mecanismos previstos en la Ley 1437 de 2011, al intentar la notificación personal
mediante el envío de citaciones al correo electrónico y a la dirección física registrada
y, ante la no comparecencia de la interesada, acudir a la notificación por aviso, surtida
con su desfijación del mismo, el 1º de febrero de 2017. En ese orden, concluyó que la
desvinculación se hizo efectiva desde dicha fecha, razón por la cual no había lugar al
reconocimiento de salarios ni prestaciones con posterioridad.

96. En el recurso de apelación, la demandante reiteró los cuestionamientos sobre

27 Samai, índice 2, expediente digital, archivo 030ED_C03_01 OTROS-CUADERNO 03 PRINCIPAL, pp. 149 a

152.
28 Samai, índice 2, expediente digital, archivo 030ED_C03_01 OTROS-CUADERNO 03 PRINCIPAL, pp. 153 a

156.
29 Samai, índice 54, expediente 05001-23-33-000-2018-00946-00 de primera instancia.

14

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la indebida notificación del acto administrativo y la errada valoración probatoria
efectuada por el Tribunal, al considerar que las actuaciones adelantadas por la
administración no permitían tener por acreditado el conocimiento del acto, por lo que
solicitó revocar la decisión de primera instancia.

97. En ese estado de cosas, se procederá a resolver el problema jurídico
propuesto.

98. Sea lo primero decir que esta Corporación ha definido el acto administrativo
como «toda manifestación de voluntad de una entidad pública, o de un particular en
ejercicio de funciones públicas, capaz de producir efectos jurídicos», que se
caracteriza, en términos generales, porque «i) constituye una declaración unilateral de
voluntad; ii) se expide en ejercicio de la función administrativa, por parte de una
autoridad estatal o de particulares; iii) se encamina a producir efectos jurídicos «por sí
misma, de manera directa sobre el asunto o la situación jurídica de que se trate y, por
ende, vinculante»; iv) los efectos del acto administrativo consisten en la creación,
modificación o extinción de una situación jurídica general o particular, que impacta los
derechos u obligaciones de los asociados»30.

99. La jurisprudencia de esta Sección ha precisado en reiteradas oportunidades
que «un acto administrativo es eficaz si y solo si ha sido puesto en conocimiento de
su o sus destinatarios por el mecanismo legalmente previsto en el ordenamiento
jurídico»31, esto es, en cumplimiento del principio de publicidad previsto en los
artículos 209 de la Constitución Política y 3 del CPACA.

100. El principio de publicidad tiene como finalidad que las autoridades den a
conocer sus decisiones. Específicamente, el artículo 3, numeral 9 del CPACA,
dispone:

«9. En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y
a los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna,
sus actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y
publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan
difundir de manera masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en este
Código. Cuando el interesado deba asumir el costo de la publicación, esta no podrá
exceder en ningún caso el valor de la misma.»

101. En ese contexto, la eficacia de los actos administrativos se encuentra
estrechamente vinculada al debido proceso administrativo y al deber de la
administración de garantizar la seguridad jurídica y la transparencia en sus
actuaciones. Por esta razón, la obligatoriedad de las decisiones administrativas frente
a sus destinatarios depende de que estas sean puestas en su conocimiento a través
de los mecanismos de publicidad previstos en la ley, pues solo a partir de ello resulta

30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 14 de mayo de 2020, proceso con radicado

25000-23-42- 000-2017-06031-01 (5554-18).
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de octubre de 2023, proceso con radicado

25000-23- 42-000-2017-01522-01 (3813-2022).

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posible el ejercicio efectivo del derecho de defensa, contradicción y, en su caso, de
acceso a la jurisdicción32.

102. Bajo esa lógica, el CPACA distingue entre los mecanismos de publicidad
aplicables a los actos de carácter general y aquellos de naturaleza particular. Mientras
que los primeros adquieren publicidad mediante su publicación, los segundos
requieren de su notificación, como presupuesto para garantizar la posibilidad de
controvertir la decisión a través de los recursos procedentes.

103. Así, conforme a los artículos 65 y siguientes del CPACA, los actos
administrativos deben darse a conocer mediante notificación, comunicación o
publicación, según corresponda, y una vez cumplido dicho requisito, adquieren
firmeza y ejecutoriedad en los términos previstos en los artículos 87 y 89 del mismo
estatuto, lo que habilita a la administración para su cumplimiento.

104. Expuesto lo anterior, es preciso indicar que la Resolución 018493 del 22 de
diciembre de 2016, expedida por la Secretaría de Educación de Medellín, mediante la
cual se dispuso el retiro del servicio de la señora María Victoria Soto Buriticá por
encontrarse incursa en la causal de retiro forzoso a partir del 24 de diciembre de 2016,
fecha en la que cumplió 65 años, constituye un acto administrativo de carácter
particular, cuya eficacia y ejecutoriedad se encuentran condicionadas a su debida
notificación a la interesada.

105. De conformidad con el artículo 67 del CPACA, la notificación de los actos
administrativos de carácter particular puede surtirse mediante diligencia personal, en
la que se entregará al interesado copia íntegra, auténtica y gratuita del acto, o a través
de otros mecanismos previstos en la ley, tales como: i) medios electrónicos, siempre
que el interesado haya autorizado este canal, y ii) en estrados, cuando se trate de
decisiones adoptadas en audiencia pública.

106. A su vez, el artículo 68 del CPACA dispone que, cuando no exista otro medio
más eficaz para informar al interesado, se le enviará una citación a la dirección, al
número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente, con el fin de que
comparezca a la diligencia de notificación personal. Dicha citación deberá remitirse
dentro de los 5 días siguientes a la expedición del acto, y de esta actuación se dejará
constancia en el expediente.

107. A su turno, el artículo 69 del CPACA prevé que, si no es posible surtir la
notificación personal dentro de los 5 días siguientes al envío de la citación, esta deberá
realizarse mediante aviso, el cual se remitirá a la dirección, al número de fax o al
correo electrónico que figuren en el expediente, acompañado de copia íntegra del acto
administrativo.

108. Dicho aviso deberá contener, entre otros aspectos, la identificación del acto que

32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de marzo de 2026, radicado 54001-23-

33-000-2017-00636-01 (3777-2022).

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se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos procedentes, las autoridades ante
quienes deben interponerse y los términos para hacerlo, así como la advertencia sobre
el momento en que se entenderá surtida la notificación.

109. Cuando se desconozca la información del destinatario, el aviso deberá
publicarse en la página electrónica de la entidad o en un lugar de acceso al público
por el término de 5 días. En todo caso, deberá dejarse constancia en el expediente
tanto de la remisión o publicación del aviso como de la fecha en que, por este medio,
se entiende surtida la notificación.

110. Fijados los parámetros que rigen la notificación de los actos administrativos de
carácter particular, corresponde a la Sala verificar si la entidad demandada los observó
en el caso concreto.

111. De la citación para notificación personal remitida vía correo electrónico se
observa que la Secretaría de Educación de Medellín envió, el 2 de enero de 2017, una
comunicación a la dirección «vicysoto90@gmail.com», con el fin de que la señora
María Victoria Soto Buriticá compareciera, dentro de los 3 días hábiles siguientes, para
ser notificada de la Resolución 018493 del 22 de diciembre de 2016. No obstante,
según la base de datos de la misma entidad, la dirección electrónica de la interesada
correspondía a «vickysoto90@gmail.com», por lo que se evidencia una inconsistencia
en este primer intento de citación, en la medida en que el correo utilizado no coincidía
con el registrado a su nombre.

112. A su turno, según consta en el «control del proceso de notificación» adelantado
por la Secretaría de Educación de Medellín respecto de la resolución en cuestión, el
3 de enero de 2017, a las 2:29 p.m., la entidad intentó realizar la citación para
notificación personal mediante llamadas telefónicas al número de celular 3007009941
y al número fijo 2602130. Sin embargo, al no obtener respuesta, se dejó constancia
de haber registrado un mensaje de voz en el buzón del número celular.

113. De igual forma, la entidad remitió citación para notificación personal a la
dirección de residencia de la señora María Victoria Soto Buriticá, esto es, carrera 45
#65-45 de Medellín, el 16 de enero de 2017, en la cual se le indicó que debía
comparecer ante la Secretaría de Educación dentro de los 5 días hábiles siguientes a
su recibo, con el fin de ser notificada personalmente de la Resolución 018493 del 22
de diciembre de 2016. En dicha comunicación también se dejó constancia de que, en
caso de no comparecer, se procedería a surtir la notificación por aviso, de conformidad
con el artículo 69 del CPACA.

114. Finalmente, se advierte que la Secretaría de Educación de Medellín procedió a
notificar por aviso la Resolución 018493 del 22 de diciembre de 2016, mediante
publicación fijada desde el 25 de enero de 2017 hasta el 1.º de febrero del mismo año,
en la que se indicó que la notificación se entendería surtida al momento de su
desfijación.

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115. Ahora bien, frente al reparo de la demandante según el cual no podía ser
notificada por correo electrónico, por cuanto el artículo 67 del CPACA exige la
autorización del interesado para tal efecto, es preciso aclarar que, en el caso concreto,
la Secretaría de Educación de Medellín no pretendió surtir la notificación del acto
administrativo por ese medio. Al efecto, debe distinguirse entre la notificación personal
a través de medios electrónicos, que efectivamente requiere la autorización previa del
interesado, y la citación para que este comparezca a la diligencia de notificación
personal, la cual, conforme al artículo 68 del CPACA, puede remitirse a la dirección
de residencia, número telefónico o correo electrónico que figure en el expediente. En
ese orden, el uso del correo electrónico en este caso tuvo como única finalidad
convocar a la interesada para que acudiera a la entidad y fuera notificada
personalmente de la Resolución 018493 del 22 de diciembre de 2016.

116. Pero, ante la imposibilidad de concretar la citación mediante correo electrónico,
la entidad procedió a intentar la citación para notificación personal a través de
llamadas telefónicas, efectuadas a los números de celular y fijo registrados en la base
de datos de la planta de personal de la Secretaría de Educación de Medellín.

117. Posteriormente, al no obtener respuesta por esta vía, el 16 de enero de 2017
la entidad remitió citación para notificación personal a la dirección de residencia
registrada en dicha base de datos, sin que la interesada compareciera.

118. Así las cosas, si bien se acreditó que el correo electrónico utilizado en el primer
intento de citación no correspondía al registrado a nombre de la demandante, lo cierto
es que la entidad acudió a los distintos medios previstos en el artículo 68 del CPACA
para lograr su comparecencia, esto es, el contacto telefónico y la remisión de citación
a su dirección física. Además, dichas gestiones se adelantaron una vez transcurrido
el término de 5 días siguientes a la expedición del acto administrativo, conforme a lo
previsto en la norma. En consecuencia, se concluye que la administración desplegó
las actuaciones necesarias para surtir la citación para notificación personal conforme
a los parámetros legales.

119. No obstante, lo anterior, la demandante sostuvo que tanto los números
telefónicos como la dirección de residencia utilizados por la entidad no correspondían
a su información personal, por lo que, en su criterio, no era posible tener por
válidamente surtidos los intentos de citación.

120. Sobre este punto, es pertinente agregar que el artículo 8 de la Ley 1581 de
201233, dispone, sobre los derechos de los titulares de los datos personales que estos
podrán «a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los
Responsables del Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá
ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que
induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya
sido autorizado […]»

33 «Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales».

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121. En ese contexto, el principio de veracidad o calidad34 en el tratamiento de datos
personales impone a las entidades la obligación de adoptar medidas razonables para
garantizar la exactitud de la información que administran, sin que ello implique un
deber absoluto de verificación permanente frente a datos que dependen de la
información disponible en sus bases de datos.

122. Así, en ausencia de elementos que permitan advertir la existencia de
inconsistencias en los datos registrados, la entidad se encuentra habilitada para
emplear la información que reposa en sus sistemas para efectos de adelantar las
actuaciones correspondientes.

123. En el caso concreto, se advierte que la Secretaría de Educación de Medellín
utilizó de manera consistente los datos de contacto que reposaban en sus registros,
tanto para las llamadas telefónicas como para el envío de la citación a la dirección
física.

124. En consecuencia, la actuación de la entidad se ajustó a un estándar de
razonabilidad en el uso de la información disponible, sin que pueda exigírsele conocer
oficiosamente eventuales cambios en los datos de contacto de la interesada.

125. De otro lado, en cuanto al argumento relativo a que la entidad debió adelantar
la citación en su lugar de trabajo, se advierte que el artículo 68 del CPACA circunscribe
la actuación de la administración al envío de la citación a la dirección, número
telefónico o correo electrónico que figuren en el expediente. La norma no impone la
realización de diligencias adicionales de localización, como la citación en el lugar de
trabajo. Por consiguiente, habiendo acudido la entidad a los datos de contacto
disponibles en sus registros (correo electrónico, contacto telefónico y dirección de
residencia), no resulta exigible que hubiera desplegado actuaciones distintas a las
previstas en la norma.

126. Finalmente, frente al reparo de la demandante según el cual la notificación por
aviso no se surtió de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 del CPACA, por
cuanto, a su juicio, solo se habría efectuado por 3 días, es preciso señalar que, de la
prueba documental allegada al expediente, se verifica que el aviso estuvo fijado desde
el 25 de enero de 2017 hasta el 1º de febrero del mismo año, esto es, por el término
de 5 días exigido por la norma.

127. Adicionalmente, se advierte que la notificación por aviso se produjo una vez
transcurrido el término previsto para lograr la comparecencia de la interesada a la
notificación personal, de modo que también se satisface el supuesto habilitante
previsto en el artículo 69 del CPACA para acudir a este mecanismo. Así las cosas, no
se evidencia irregularidad alguna en la forma en que se surtió la notificación por aviso
en el caso concreto.

34 Ley 1581 de 2012. «Artículo 4. Principios para el tratamiento de datos personales […] d) Principio de veracidad

o calidad: La información sujeta a tratamiento debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y
comprensible. Se prohíbe el tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error.»

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Radicación: 05001-23-33-000-2018-00946-02 (5046-2022)
Demandante: María Victoria Soto Buriticá
Demandado: Municipio de Medellín

128. En suma, la Resolución 018493 del 22 de diciembre de 2016 se entiende
debidamente notificada y, en consecuencia, adquirió firmeza, desde el 1° de febrero
de 2017, al haberse surtido el procedimiento previsto en los artículos 68 y 69 del
CPACA sin que se evidencien irregularidades que afecten su eficacia.

3.7. Conclusión

129. Con fundamento en lo expuesto, la Resolución 018493 del 22 de diciembre de
2016 fue debidamente notificada, en tanto la Secretaría de Educación de Medellín
adelantó las actuaciones necesarias para surtir la citación para notificación personal
conforme a lo dispuesto en el artículo 68 del CPACA y, ante la no comparecencia de
la interesada, procedió válidamente a efectuar la notificación por aviso en los términos
del artículo 69 ibidem. En ese sentido, no se advierten irregularidades que afecten la
eficacia del acto administrativo, por lo que este adquirió firmeza y produjo efectos
jurídicos frente a la demandante.

130. En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia, que negó
las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte
considerativa de esta providencia.

3.8. Costas

131. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario35 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.

132. En ese contexto, pese a que no fue un aspecto apelado, la Sala revocará la
condena en costas impuesta en primera instancia porque esta no se sustentó en la
acreditación de una conducta dilatoria o de mala fe del ente demandado.

35 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones a saber: (1) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (2) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (3) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (4) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (5) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).

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Radicación: 05001-23-33-000-2018-00946-02 (5046-2022)
Demandante: María Victoria Soto Buriticá
Demandado: Municipio de Medellín

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso –
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Confirmar el ordinal primero de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, el 22 de junio de 2022, que negó
las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

Segundo: Revocar el ordinal segundo de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, el 22 de junio de 2022.

Tercero: Sin condena en costas en las dos instancias.

Cuarto: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones
pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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