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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2017-00636-01

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
1 providencia

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 54001-23-33-000-2017-00636-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

12 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 54001-23-33-000-2017-00636-01 (3777-2022)
Demandantes: Carlos Arturo Mutis Flórez y otros1
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación
Tercero interesado: José Ramiro Rodríguez Basante

Tema: desvinculación de procurador judicial II designado en provisionalidad, para
proveer el empleo en uso de la lista de elegibles conformada dentro del respectivo
concurso de méritos. Subtema 1: naturaleza de los actos administrativos de retiro del
servicio. Subtema 2: publicidad de los actos administrativos que dan por terminada
una vinculación provisional en los eventos en que su causa sea la provisión del cargo
por el sistema del mérito.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el 10 de septiembre
de 2021, que negó las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

La parte demandante solicitó inaplicar por ilegalidad los actos administrativos dictados
en el marco del concurso de méritos convocado por la accionada para proveer
empleos de procuradores judiciales I y II y declarar la nulidad del Decreto 3844 del 8
de agosto de 2016, por el cual se le desvinculó al señor Carlos Arturo Mutis Flórez del
cargo de procurador 94 judicial II penal de Cúcuta, al proveerlo con quien integró la
respectiva lista de elegibles. El tribunal negó las pretensiones, al considerar que los

1 Luz Ángela Chaves Duque, Isabella y Sebastián Mutis Chaves.

Radicación: 54001-23-33-000-2017-00636-01 (3777-2022)
Demandantes: Carlos Arturo Mutis Flórez y otros
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

actos cuya inaplicación se pidió fueron objeto de control de legalidad por parte del
Consejo de Estado, que los encontró en su integridad ajustados a derecho; mientras
que la notificación irregular alegada respecto del decreto de retiro no lo invalida, ya
que la parte interesada lo conoció para poder controvertirlo en sede judicial.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. Carlos Arturo Mutis Flórez, Luz Ángela Chaves Duque, Isabella y Sebastián
Mutis Chaves, mediante apoderado, presentaron demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho el 16 de marzo de 20172, en contra
de la Nación, Procuraduría General de la Nación, de conformidad con las
pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a continuación se sintetizan.

2.1.1. Pretensiones

2. La parte actora solicitó que se inaplicaran las resoluciones 040 del 20 de enero
de 2015 y 357 de 2016, por las cuales la Procuraduría General de la Nación,
respectivamente, convocó a concurso de méritos para proveer en propiedad los
cargos de procuradores I y II y conformó la lista de elegibles para el empleo de
procurador judicial II penal, y los demás actos administrativos generales expedidos en
el marco de dicho concurso. De igual modo, se declarara la nulidad del Decreto 3844
del 8 de agosto de 2016, a través del cual se dispuso la desvinculación del señor
Carlos Arturo Mutis Flórez.

3. A título de restablecimiento del derecho, la parte accionante pidió el reintegro
al servicio del señor Carlos Arturo Mutis Flórez en el empleo de procurador judicial II
penal, pagarle todos los emolumentos laborales dejados de devengar y sufragarle a
él y a los demás accionantes los perjuicios morales causados; lo anterior con los
respectivos intereses, la indexación y las costas procesales.

2.1.2. Hechos

4. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

i) El señor Carlos Arturo Mutis Flórez fue vinculado en provisionalidad a la
Procuraduría General de la Nación como procurador 94 judicial II penal de Cúcuta, a
partir del 29 de marzo de 2012.

ii) Mediante la Resolución 040 del 20 de enero de 2015, la Procuraduría convocó
a concurso de méritos para proveer en propiedad los cargos de procuradores I y II, el
cual, en criterio de los demandantes, tuvo varias irregularidades. Luego de agotar las
etapas del concurso, se publicó la lista de elegibles para la convocatoria núm. 4 de

2 Samai, índice 2, ED_CORREO_RV_5400123330002017(.msg), expediente digital, 001Demanda.

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Radicación: 54001-23-33-000-2017-00636-01 (3777-2022)
Demandantes: Carlos Arturo Mutis Flórez y otros
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

2015, a través de la Resolución 357 del 11 de julio de 2016, entre otras.

iii) Por medio del Decreto 3844 del 8 de agosto de 2016, se adoptó la lista de
elegibles y designó al señor José Ramiro Rodríguez Basante para ocupar el cargo de
procurador judicial ll penal de Cúcuta, que el señor Carlos Arturo Mutis Flórez
ocupaba.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

5. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:

La Constitución Política, artículos 4, 13, 113, 125 (inciso 3.°), 279 y 280.
El Decreto 262 del 2000, artículos 194 y 203.
El Decreto 263 de 2000, artículo 20.
El Decreto 264 de 2000, artículos 4 y 7.
La Resolución 253 del 9 de agosto de 2012 de la Procuraduría General de la
Nación, en armonía con la sentencia C-101 de 2013 de la Corte Constitucional.

6. Al explicar el concepto de violación, los demandantes adujeron que los
procuradores judiciales I y II debían tener las mismas calidades de los jueces y
magistrados ante quienes ejercen sus funciones, por lo que, con el fin de garantizar
ese propósito, el concurso debía ser igual que para los empleos de funcionarios
judiciales; por ende, al no cumplir esa identidad, el procedimiento de selección
realizado por la Procuraduría se encontraba viciado por inconstitucionalidad, al
quebrantar el precepto de la igualdad, en particular ante la inexistencia de un curso-
concurso, como criterio de calificación; lo que además desconocía la reserva legal
prevista en los artículos 113, 125, 152 y 279 de la Constitución Política en
concordancia con la Ley 270 de 1996.

7. Arguyeron que, en relación con la experiencia profesional exigida para los
aludidos empleos, en la Resolución 040 de 2015 se estableció que sería la adquirida
con posterioridad al correspondiente título, pese a que los artículos 14 del Decreto
2772 de 2005 y 229 del Decreto 19 de 2012 la prevén después de la terminación y
aprobación de las materias del pénsum académico. Igualmente, se requirió copia
física de las publicaciones de libros, cuando el medio magnético tiene igual valor
jurídico que el original; y no se previó equivalencias para el cumplimiento de requisitos.

8. Afirmaron que al estar viciados de ilegalidad la Resolución 040 del 20 de enero
de 2015 y los demás actos administrativos expedidos en el marco del mencionado
concurso de méritos, también corría la misma suerte el decreto por el cual el señor
Carlos Arturo Mutis Flórez fue desvinculado, al haberse designado en su reemplazo a
la persona inscrita en una de las listas de elegibles «espuria», por haber sido resultado
de un procedimiento abiertamente irregular.

9. Agregaron que el decreto acusado no le fue notificado personalmente al señor
Carlos Arturo Mutis Flórez, con lo que se trasgredieron los artículos 66 a 69 y 72 de la

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Radicación: 54001-23-33-000-2017-00636-01 (3777-2022)
Demandantes: Carlos Arturo Mutis Flórez y otros
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

Ley 1437 de 2011, pues la Procuraduría se limitó a comunicarlo mediante un correo
electrónico; por consiguiente, no podía producir efectos jurídicos.

2.2. Contestación de la demanda

10. La Procuraduría General de la Nación, a través de apoderada, se opuso a las
pretensiones de la demanda y manifestó que, en atención a lo ordenado por la Corte
Constitucional en la sentencia C-101 de 2013, ese organismo convocó a concurso
público de méritos para proveer todos los empleos de procurador judicial, el cual no
podía regirse por la Ley 270 de 1996, sino por el Decreto Ley 626 de 2000, que no
preveía el requisito del curso-concurso.

11. Indicó que el artículo 280 de la Constitución Política establecía que los
requisitos aplicables para el empleo de procurador judicial son los mismos que para
los jueces y magistrados, que no tenían previstas las equivalencias a las que aludía
la parte accionante.

12. Agregó que el decreto de desvinculación le fue comunicado al señor Carlos
Arturo Mutis Flórez, por cuanto al ser un acto de trámite no era obligatoria su
notificación personal3.

13. Aunque el señor José Ramiro Rodríguez Basante fue vinculado al proceso
como tercero interesado4 y notificado del auto admisorio de la demanda, no se
pronunció sobre el particular.

2.3. Sentencia de primera instancia

14. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en la sentencia del 10 de
septiembre de 2021, negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar
en costas a la parte accionante5. Consideró que el Consejo de Estado, por medio del
fallo del 30 de julio de 2021, negó las pretensiones de varias demandas de nulidad
acumuladas que estuvieron orientadas a que se anulara la Resolución 040 de 2015,
cuya inaplicación se solicitó en el presente medio de control.

15. Advirtió que el Consejo de Estado declaró la legalidad de todo el contenido de
la mencionada resolución, a excepción del «inciso 3° del numeral 1 del artículo 17 y
los arts. 5° (inciso 3°), 9° (numeral 2.9) y 17 (parágrafo 1°)», que los condicionó.

16. Sostuvo que no encontraba elementos jurídicos suficientes para analizar la
Resolución 357 de 2016, para determinar su inaplicación, porque en la demanda no
se exponían cargos jurídicos concretos, sino que la parte accionante remitía a las
mismas razones con las que fundamentó la ilegalidad de la Resolución 040 de 2015,
el cual fue encontrado ajustado a derecho por parte del Consejo de Estado en el

3 Samai, índice 2, ED_CORREO_RV_5400123330002017(.msg), expediente digital, 006ContestacionDemanda.

4 Samai, índice 2, ED_CORREO_RV_5400123330002017(.msg), expediente digital, 005Admisorio-NotiAdmisión.
5 Samai, índice 2, ED_CORREO_RV_5400123330002017(.msg), expediente digital, 017SentenciaNyR.

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Radicación: 54001-23-33-000-2017-00636-01 (3777-2022)
Demandantes: Carlos Arturo Mutis Flórez y otros
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

aludido fallo del 30 de julio de 2021, proceso con radicado interno 2015-0740.

17. Por otro lado, en relación con el decreto censurado, señaló que de los siete
cargos formulados en su contra seis corresponden a la legalidad de la Resolución 040
de 2015, que coincidían con los analizados por el Consejo de Estado, en la
mencionada sentencia del 30 de julio de 2021, por lo que se remitió a sus
consideraciones.

18. Por último, en torno al cargo de indebida notificación, arguyó que, si bien el
Decreto 3844 del 8 de agosto de 2016 no fue notificado de manera personal al
interesado, eso no generó irregularidad alguna que afectara sus derechos, porque el
señor Mutis Flórez conoció de su contenido, al punto que pudo presentar la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho. Adicionalmente, como el cargo
desempeñado por él era en la modalidad de provisionalidad, se ejerció una facultad
de libre remoción, que no implicaba la notificación personal del acto, sino su
comunicación, máxime cuando no procedía recurso alguno.

2.4. Recurso de apelación

19. El señor Carlos Arturo Mutis Flórez y otros, mediante su apoderado,
interpusieron recurso de apelación6 para que se revocara la sentencia de primera
instancia y se accediera a las pretensiones de la demanda, con fundamento en los
siguientes razonamientos:

20. Señalaron que el tribunal no realizó el control excepcional respecto de las
resoluciones 040 del 20 de enero de 2015 y 357 de 2016, porque el señor Carlos
Arturo Mutis Flórez fue desvinculado con ocasión de un concurso ilegal, convocado a
través del primer acto administrativo, que se expidió en contravía con lo dispuesto en
los artículos 113, 125, 152 y 279 de la Constitución Política, en concordancia con la
Ley 270 de 1996, que además dispone el curso de formación. En la sentencia recurrida
solo se referenciaron varios acápites de la sentencia del 30 de julio de 2021, proferida
por el Consejo de Estado.

21. Expresaron que el Congreso de la República era el que tenía la competencia
para dictar las leyes que regularan este tipo de situaciones generales que afectan a la
colectividad, por lo que el procurador general de la Nación, a través de la Resolución
040 del 20 de enero de 2015 no podía fijar aspectos esenciales y definitorios de la
carrera y el concurso de los procuradores judiciales. Lo anterior, por cuanto, al igual
que para los jueces, magistrados y fiscales, se requería una ley que garantizara a los
aspirantes al cargo de agentes del Ministerio Público los mismos derechos de acceso
a la carrera de los funcionarios judiciales. Tema tratado en el salvamento de voto
expresado respecto de la aludida providencia del 30 de julio de 2021, que debió tener
presente el tribunal al decidir el asunto.

6 Samai, índice 2, ED_CORREO_RV_5400123330002017(.msg), expediente digital, 018RecursoApelacion 17-

00636.

5

Radicación: 54001-23-33-000-2017-00636-01 (3777-2022)
Demandantes: Carlos Arturo Mutis Flórez y otros
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

22. Reiteraron que en la Resolución 040 del 20 de enero de 2015 se establecieron
limitaciones y restricciones para acceder al cargo de procurador judicial I y II, porque,
por ejemplo, se estableció que la experiencia profesional solo sería contabilizada a
partir de la obtención del título, que los libros publicados únicamente serían tenidos
en cuenta en ejemplares impresos y no se dispuso nada referente a equivalencias u
homologaciones de títulos de posgrado por experiencia. Aspectos que debían ser
regulados por el legislador, como lo hizo a través de la Ley 270 de 1996.

23. Añadieron que el Decreto 3844 del 8 de agosto de 2016, como acto
administrativo de contenido particular, debía ser notificado personalmente al
destinatario, pero el tribunal desestimó este argumento, al avalar que por contar con
la oportunidad de demandar se suplía esa irregularidad, pese a haber sido solo
comunicado, situación que impedía que produjera efectos jurídicos.

24. Por otra parte, aunque no fue motivo de censura en el capítulo de concepto de
violación de la demanda y, por ello, el tribunal no emitió pronunciamiento al respecto,
indicaron que, en atención a la temporalidad y permanencia de los procuradores
judiciales para la justicia transicional, como lo eran los de justicia y paz, quienes
contaban con una protección especial, dada su naturaleza temporal y por la vigencia
limitada de la Ley 1448 de 2011, la convocatoria realizada con la Resolución 040 de
2015 menoscabó los derechos de tales procuradores judiciales, como el señor Mutis
Flórez, quien desempeñaba el empleo de procurador judicial penal II para el sistema
de justicia y paz.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

25. Mediante auto del 29 de septiembre de 20227, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 247 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante
CPACA), modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

26. El procurador delegado de intervención nueve (9) ante el Consejo de Estado
emitió concepto, en el sentido de solicitar que se confirmara la sentencia de primera
instancia, que negó las pretensiones de la demanda, por cuanto para la fecha en que
se emitió el acto acusado los cargos de procurador judicial I y II, que ejercen sus
funciones en la procuraduría delegada en asuntos penales, tenían el carácter de
permanente y debían ser provistos por concurso de méritos, por lo que el organismo
podía retirar al señor Mutis Flórez para dar aplicación a la lista de elegibles.

27. Agregó que el acto por el cual se convocó a dicho proceso de selección se emitió
en cumplimiento de la sentencia C-101 de 2013 de la Corte Constitucional, en la que
en ninguna parte se excluyeron los cargos de procurador judicial I y II, que cumplían
sus funciones en el marco de los asuntos penales. Igualmente, el Decreto Ley 262 de
22 de febrero de 2000 regulaba el régimen especial de carrera de la Procuraduría
General de la Nación y su regente estaba facultado para expedir normas en materia

7 Samai, índice 4.

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Demandantes: Carlos Arturo Mutis Flórez y otros
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

de convocatoria para proveer cargos al interior de la entidad, sin que se requiriera que
sea una nueva ley la que regule la materia y señale los procedimientos8.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

28. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.

3.2. Cuestión preliminar

29. Resulta oportuno precisar que, en el recurso de apelación, entre otros reparos,
se arguyó que, dada la temporalidad y permanencia de los procuradores judiciales
para la justicia transicional, con la convocatoria al concurso de méritos de tales
empleos se quebrantaron los derechos de quienes los ocupaban.

30. No obstante, ese aspecto no fue aducido ni en los hechos de la demanda ni en
el acápite del concepto de violación de las normas que se estimaban desconocidas
por los actos administrativos censurados, por lo que tampoco fue objeto de
pronunciamiento en la contestación de la demanda y en la sentencia de primera
instancia.

31. Por lo tanto, la Sala se abstendrá de resolver dicho argumento, de conformidad
con el principio de congruencia y en garantía del derecho al debido proceso de la
entidad demandada y el tercero vinculado.

3.3. Problemas jurídicos

32. De acuerdo con la precisión anterior y los demás argumentos expuestos en el
recurso de apelación contra el fallo de primera instancia que negó las pretensiones de
la demanda y en razón a la competencia del juez de segunda instancia, de
conformidad con el artículo 3289 del Código General del Proceso (CGP), corresponde
a la Sala definir si:

i) ¿El procurador general de la Nación estaba facultado para convocar a un
concurso público de méritos tendiente a la provisión definitiva de los cargos de
8 Samai, índice 10.
9 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente

sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».

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Demandantes: Carlos Arturo Mutis Flórez y otros
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procurador judicial I y II, mediante la Resolución 040 de 2015, sin que el Congreso de
la República hubiese expedido previamente una ley estatutaria que regulara el
régimen de carrera especial que debía ser aplicado a dichos empleos?

ii) ¿Para proveer los empleos de procurador judicial I y II, era indispensable
establecer en la correspondiente convocatoria al proceso de selección el curso de
formación que prevé la Ley 270 de 1996 para la selección de jueces y magistrados?

iii) ¿La Resolución 040 de 2015 es violatoria de las normas superiores en las que
debía fundarse, al no prever, en el marco del concurso público de méritos para proveer
los empleos de procurador judicial I y II, el método de valoración de equivalencias
dispuesto en el artículo 20 del Decreto 263 de 2000 y en el Manual Específico de
Funciones y Requisitos de la Procuraduría General de la Nación (en adelante PGN)?

iv) ¿La PGN desbordó su facultad reglamentaria al establecer, en las bases de la
convocatoria del proceso de selección de los procuradores judiciales I y II, fijadas en
la Resolución 040 de 2015, que la experiencia profesional se cuenta desde el grado y
no a partir de la terminación y aprobación de las materias que forman el plan de
estudios?

v) ¿La PGN incurrió en un exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria con
ocasión de la expedición de la Resolución 040 de 2015, al asignar puntaje a las
publicaciones entregadas en físico y excluir las registradas a través de medios
digitales?

vi) ¿El acto administrativo por medio del cual se desvinculó al señor Carlos Arturo
Mutis Flórez debió ser notificado de manera personal, para ser considerado válido y
eficaz?

33. Para resolver los anteriores interrogantes, la Sala abordará los siguientes
temas: (i) contexto normativo y antecedentes que dieron lugar a la expedición de los
actos administrativos demandados, y (ii) la resolución de los problemas jurídicos;
reiteración jurisprudencial.

3.4. Contexto normativo y antecedentes que dieron lugar a la expedición de
los actos administrativos demandados.

34. El artículo 279 de la Constitución Política dispone que «[l]a Ley determinará lo
relativo a la estructura y al funcionamiento de la Procuraduría General de la Nación,
regulará lo atinente al ingreso y concurso de méritos y al retiro del servicio, a las
inhabilidades, incompatibilidades, denominación, calidades, remuneración y al
régimen disciplinario de todos los funcionarios y empleados de dicho organismo».

35. Con la finalidad de regular la carrera administrativa de la PGN, mediante la Ley

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573 de 200010, el Congreso otorgó facultades extraordinarias al presidente de la
República, y en ejercicio de tales facultades, el Gobierno nacional profirió el Decreto
Ley 262 de 200011, mediante el cual en su artículo 182 determinó la naturaleza de los
empleos de dicha entidad, de la siguiente manera:

Artículo 182. Clasificación de los empleos. Los empleos, de acuerdo con su naturaleza
y forma de provisión, se clasificarán así:

1) De carrera

2) De libre nombramiento y remoción. Los empleos de la Procuraduría General de la
Nación son de carrera, con excepción de los de libre nombramiento y remoción. Los
empleos de libre nombramiento y remoción son:

• Viceprocurador General
• Secretario General
• Tesorero
• Procurador Auxiliar
• Director
• Jefe de la División Administrativa y Financiera del Instituto de Estudios del Ministerio
Público
• Procurador Delegado
• Procurador Judicial
• Asesor del Despacho del Procurador
• Asesor del Despacho del Viceprocurador
• Veedor
• Secretario Privado
• Procurador Regional
• Procurador Distrital
• Procurador Provincial
• Jefe de Oficina
• Jefe de la División de Seguridad
• Agentes adscritos a la División de Seguridad y demás servidores cuyas funciones
consistan en la protección y seguridad personales de los servidores públicos,
cualquiera sea la denominación del empleo.

3) De periodo fijo: Procurador General de la Nación.

36. La constitucionalidad de la citada disposición fue objeto de estudio por parte de
la Corte Constitucional en la sentencia C-101 de 2013, en cuya parte resolutiva
dispuso lo siguiente:

Primero.- Declarar la INEXEQUIBILIDAD de la expresión “Procurador Judicial” del
numeral 2), del artículo 182, del Decreto Ley 262 de 2000, por la vulneración del

10 Mediante la cual se reviste al presidente de la República de precisas facultades extraordinarias en aplicación del

numeral 10 del artículo 150 de la Constitución.
11 Por el cual se modifican la estructura y organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de

Estudios del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la Procuraduría General; se dictan normas
para su funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación, el de
inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y se regulan las diversas situaciones administrativas a las
que se encuentren sujetos.

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Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

artículo 280 de la Constitución Política.

Segundo.- ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación que, en un término
máximo de 6 meses, contados a partir de la notificación de este fallo, convoque a un
concurso público para la provisión en propiedad de los cargos de Procurador Judicial,
que deberá culminar a más tardar en un año desde la notificación de esta sentencia.

37. La Corte estudió como problema jurídico el siguiente: «¿[l]a inclusión del cargo
de “Procurador Judicial “entre los empleos de libre nombramiento y remoción de la
Procuraduría General de la Nación – y de contera, su exclusión del régimen de
carrera–, vulnera el artículo 280 de la Constitución que ordena la equiparación de sus
derechos con los de las autoridades judiciales ante quienes actúan, entre ellos, el de
no ser de libre nombramiento y remoción y pertenecer a una carrera?».

38. La Corte declaró la inexequibilidad de la expresión «Procurador Judicial» del
numeral 2 del artículo 182 del Decreto Ley 262 de 2000, por la vulneración del artículo
280 de la Constitución Política, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

5.4.3. El artículo 280 constitucional regula situaciones jurídicas de dos tipos de
servidores públicos: los agentes del ministerio público que ejercen su cargo ante la
rama judicial; y los magistrados y jueces ante quienes ellos actúan. Entre los factores
equiparables de unos y otros, se encuentran los “derechos”, al lado de “categoría y
calidades” como de “remuneración y prestaciones”. Ello indica que la acepción
“derechos” adquiere un contenido específico que la diferencia de otros derechos
asociados [al] régimen salarial y prestacional de los procuradores judiciales. Entre
“derechos” objeto de homologación, que no tienen por objeto ni la remuneración ni las
prestaciones, se encuentra el de pertenencia a un régimen de carrera, que entraña
para sus titulares garantías de estabilidad laboral, de acceso a los cargos y promoción
a los mismos a través de la selección y evaluación objetivos, con base en criterios del
mérito y las calidades personales, propios de la carrera administrativa o judicial; de tal
pertenencia a la carrera se deriva, puntualmente, la garantía de que su nombramiento
y remoción no puede ser el resultado de la discrecionalidad del nominador y de gozar
de la estabilidad que tienen los magistrados y jueces ante quienes ejercen sus
funciones.

5.4.4. El artículo 280 de la Constitución Política refuerza lo anteriormente señalado,
cuando establece que los agentes del Ministerio Público tendrán la misma “categoría”
de los magistrados y jueces ante los que actúan, vocablo que significa la equivalencia
en los cargos que desempeñan unos y otros, la cual se quebranta con la distinción que
realiza la disposición acusada, al clasificar el cargo de procurador judicial como de
libre nombramiento y remoción, cuando los de los jueces y magistrados ante los que
actúan, son de carrera administrativa, conduciendo a su inexequibilidad.

5.4.5. Así, los procuradores judiciales, en su condición de agentes del Ministerio
Público que actúan ante jueces y tribunales cuyos cargos han sido definidos por el
legislador -Ley 270 de 1996- como de carrera, tienen el derecho a ser clasificados
igualmente como carrera administrativa, en aplicación del artículo 280 constitucional.
Tal decisión, además, se aviene con el principio general de la carrera, prevista en el
artículo 125 superior.

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Radicación: 54001-23-33-000-2017-00636-01 (3777-2022)
Demandantes: Carlos Arturo Mutis Flórez y otros
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

[…]

5.5.1. La Corte declarará la inexequibilidad de la norma demandada, por vulneración
del artículo 280 de la Constitución que ordena la equiparación en materia de
“derechos” entre magistrados y jueces y los agentes del ministerio público que ejercen
el cargo ante ellos, entendiendo esta Corte que entre los derechos a homologar se
encuentra el ser considerado de carrera administrativa.

5.5.2. Cabe distinguir que una es la carrera judicial administrada por el Consejo
Superior de la Judicatura y otra la carrera administrativa de la Procuraduría General
de la Nación. Por ello, la incorporación que procede respecto de los “procuradores
judiciales” es a la carrera propia de la Procuraduría General de la Nación.

5.5.3. En consecuencia, al declarar inexequible la expresión “procurador judicial”,
contenida en el numeral 2) del artículo 182 del decreto ley 262 de 2000 -que los define
como de libre nombramiento y remoción-, ordenará a la Procuraduría General de la
Nación la convocación de un concurso público de méritos para la provisión de tales
cargos, en un término no mayor de seis (6) meses, de acuerdo con las reglas y
procedimientos que lo regulan.

39. La Corte Constitucional, mediante auto 255 del 2013, al pronunciarse sobre una
solicitud de nulidad de la sentencia C-101 del 2013 formulada por el procurador
general de la Nación, puntualizó que dicha entidad incurría en una equivocación al
entender que se había ordenado «la equiparación de los regímenes de la carrera
administrativa de la PGN y el de la carrera judicial propia de los Jueces y Magistrados
(LE.270/96)», pues esa equiparación en realidad se refiere a que los empleos de
procurador judicial son de carrera, lo cual no significa en modo alguno que se les deba
aplicar el mismo régimen de carrera que rige para la Rama Judicial.

40. Como consecuencia de la declaratoria de inexequibilidad de la expresión
«Procurador Judicial», contenida en el artículo 182 del Decreto Ley 262 del 2000, y
de la orden impartida por la Corte Constitucional en la referida sentencia, orientada a
que en seis (6) meses debía adelantarse el respectivo concurso, el entonces
procurador general de la Nación profirió la Resolución 040 del 20 de enero de 2015,
«[p]or medio de la cual se da apertura y se reglamenta la convocatoria del proceso de
selección para proveer cargos de carrera de procuradores judiciales de la entidad».

41. Los empleos objeto del concurso fueron 744, de los cuales 317 plazas eran de
procuradores judiciales I, y 427, de procuradores judiciales II, distribuidos en catorce
(14) procuradurías delegadas, así:

• Procuraduría Delegada para la Restitución de Tierras (procurador judicial II).
• Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios (procurador judicial II).
• Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles (procurador judicial II).
• Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales (procurador
judicial II).
• Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social (procurador
judicial II).
• Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa (procurador judicial II).

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Radicación: 54001-23-33-000-2017-00636-01 (3777-2022)
Demandantes: Carlos Arturo Mutis Flórez y otros
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

• Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la
Adolescencia y la Familia (procurador judicial II).
• Procuraduría Delegada para la Restitución de Tierras (procurador judicial I).
• Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios (procurador judicial I).
• Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles (procurador judicial I).
• Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales (procurador
judicial I).
• Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social (procurador
judicial I).
• Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa (procurador judicial I).
• Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la
Adolescencia y la Familia (procurador judicial I).

42. En razón a la distribución de los empleos de procuradores judiciales I y II en 14
procuradurías delegadas, se adelantaron de manera simultánea catorce (14)
convocatorias; todas reguladas por la mencionada Resolución 040 del 20 de enero de
2015.

3.5. Resolución de los problemas jurídicos; reiteración jurisprudencial12

3.5.1. Primer problema jurídico

43. Como primer problema jurídico se señaló el siguiente: ¿el procurador general
de la Nación estaba facultado para convocar a un concurso público de méritos
tendiente a la provisión definitiva de los cargos de procurador judicial I y II, mediante
la Resolución 040 de 2015, sin que el Congreso de la República hubiese expedido
previamente una ley estatutaria que regulara el régimen de carrera especial que debía
ser aplicado a dichos empleos?

44. En la referida sentencia C-101 de 2013, la Corte Constitucional declaró la
inexequibilidad de la disposición legal que en el Decreto Ley 262 de 2000 incluía a los
procuradores judiciales como empleados de libre nombramiento y remoción, porque
vulneraba de manera directa el artículo 280 de la Constitución, según el cual «[l]os
agentes del Ministerio Público tendrán las mismas calidades, categoría, remuneración,
derechos y prestaciones de los magistrados y jueces de mayor jerarquía ante quienes
ejerzan el cargo».

45. De acuerdo con lo expuesto, como el artículo 280 superior establece que «los
agentes del Ministerio Público tendrán las mismas calidades, categoría, remuneración,
derechos y prestaciones de los magistrados y jueces de mayor jerarquía ante quienes
ejerzan el cargo», para la Corte Constitucional, los empleos de procurador judicial no
pueden ser de libre nombramiento y remoción, sino de carrera, como lo son los cargos
de jueces y magistrados ante los cuales están delegados.

46. En ese sentido, al ser de carrera administrativa, el acceso a los cargos de
procurador judicial, solo puede producirse por el sistema del mérito, tal como lo
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29 de enero de 2026, proceso con radicado

76001-23-33-000-2017-00874-01 (0665-2021).

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Radicación: 54001-23-33-000-2017-00636-01 (3777-2022)
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Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

establece el artículo 125 de la Constitución, razón por la que en la mencionada
sentencia C-101 de 2013, la Corte Constitucional, además de la inexequibilidad de la
expresión «procurador judicial», ordenó «a la Procuraduría General de la Nación que
en un término máximo de seis meses, contados a partir de la notificación de este fallo,
convoque a un concurso público para la provisión en propiedad de los cargos de
Procurador Judicial, que deberá culminar a más tardar en un año desde la notificación
de esta sentencia».

47. Así las cosas, para esta Sala, luego de declarar la inexequibilidad de la
expresión «procurador judicial» contenida en el artículo 182 del Decreto Ley 262 de
2000 y determinar que tales cargos son de carrera, resultaba oportuno que la Corte
ordenara a la PGN adelantar el respectivo concurso de méritos para proveer en
propiedad dichos empleos, en aplicación del artículo 125 de la Constitución, que
establece el principio del mérito como el pilar de la carrera administrativa.

48. Por lo tanto, en criterio de esta Sala, no era necesario esperar a que el
Congreso de la República expidiese una ley o que nuevamente confiriese facultades
extraordinarias al presidente de la República para regular lo relacionado con el acceso
al cargo de procurador judicial, pues el principio de aplicación directa e inmediata de
la Constitución, contenido en el artículo 4 de la Carta Política, habilitaba a la Corte
para ordenar el desarrollo del concurso con el objeto de garantizar el cumplimiento del
artículo 125 superior, cuando señala que el ingreso a los cargos de carrera se hará
por mérito.

49. Como se indicó anteriormente, este tema fue objeto de análisis por la Corte
Constitucional, mediante la sentencia C-101 de 2013, en la cual determinó que los
cargos de procuradores judiciales debían ser catalogados en el régimen de carrera de
la PGN y no de la Rama Judicial, al señalar:

La Corte declara la inexequibilidad de la norma demandada, por vulneración del
artículo 280 de la Constitución que ordena la equiparación en materia de derechos
entre Magistrados y jueces y los agentes del ministerio público que ejercen el cargo
ante ellas, entendiendo este Corte que entre los derechos a homologar se encuentra
el ser considerado de carrera administrativa. Cabe distinguir que una es la carrera
judicial administrada por el Consejo Superior de la Judicatura y otra la carrera
administrativa de la PGN, Por ello, la incorporación que procede respecto de los
"procuradores judiciales" es a la carrera propia de la PGN.

50. Lo anterior fue reiterado por la Corte Constitucional en el auto 255 del 6 de
noviembre de 2013, en el que ratificó que la igualdad de derechos que había sido
dispuesta mediante la sentencia C-101 de 2013 se limitada a su ingreso a través de
concurso público de méritos, pero que ello no implicaba un régimen especial distinto
al que ya regía en la PGN. En dicha providencia, la Corte sostuvo:

3.2.4. Ahora bien, frente a la afirmación de la Procuraduría de la imposibilidad de
cumplir el mandato de igualdad del artículo 280 constitucional debido a la divergencia
entre los regímenes de la carrera de la procuraduría y la carrera judicial, encuentra la
Corte que ella surge como consecuencia de la interpretación errada que hace la

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Demandantes: Carlos Arturo Mutis Flórez y otros
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

solicitante, al considerar que el mandato de igualdad contenido en el artículo 280
constitucional, se refiere a la equiparación de los regímenes de la carrera
administrativa de la PGN y el de la carrera judicial propia de los Jueces y Magistrados
(LE.270/96), y no al "derecho" a que los cargos de los Procuradores Judiciales sean
considerados de carrera, como lo indicó esta Corporación en la providencia
impugnada.

2.3.5. Es por ello que la Corte fue clara en el pronunciamiento acusado, al establecer
• en su numeral 5.5.2. - la necesidad de distinguir entre la carrera judicial administrada
por el Consejo Superior de la Judicatura y la carrera administrativa de la PGN y que
por ello, la incorporación que procedía respecto de los Procuradores Judiciales era a
la carrera propia de la PGN, en tanto "entre los "derechos" de los jueces y magistrados,
que en virtud del artículo 280 constitucional deben ser extendidos a los agentes del
ministerio público que ejercen su cargo ante ellos, se encuentra de no ser catalogado
su empleo por el Legislador como de libre nombramiento y remoción es decir, ser
reconocido como cargo de carrera.

51. Por lo anterior, no le asiste razón a la parte demandante en cuanto a la
necesidad de tramitar una ley para establecer un nuevo sistema de carrera para los
procuradores judiciales. Tampoco resulta posible que el concurso de procuradores
judiciales se rija por las disposiciones de la Ley 270 de 1996, pues este estatuto solo
aplica para los empleos de la Rama Judicial. En este contexto, la Resolución 040 de
2015 se rige por lo dispuesto en el Decreto Ley 262 de 2000, que es la norma que
regula los concursos para el ingreso a los empleos de carrera de la PGN.

52. En igual sentido se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, en la
sentencia del 30 de julio de 2021, que negó las pretensiones de nulidad de la
Resolución 040 de 2015, en el proceso con radicado 11001-03-25-000-2015-00366-00
(0740-2015), así:

En ese orden de ideas, el proceso de selección convocado a través de la Resolución
040 de 20 de enero de 2015, fue realizado dentro de los parámetros de la legalidad
preexistente y en cumplimiento de una orden judicial que ya hizo tránsito a cosa
juzgada constitucional y que, por lo mismo, obliga a todas las autoridades y a los
particulares, tal como lo disponen los arts. 21 del Decreto 2067 de 1991 y 48 de la Ley
270 de 1997.

Ha de tenerse en cuenta que las decisiones contenidas en La Resolución 040 de 2015,
no tuvieron la pretensión de regular de manera general “todos” los concursos que
ulteriormente deba convocar la Procuraduría General de la Nación para la provisión
de los empleos de procuradores judiciales I y II, pues lo que se dispone en esa
Resolución tan solo aplica al trámite de las 14 convocatorias mencionadas en su texto,
al definir los requisitos y condiciones de cada una ellas e instrumentalizar los
respectivos procesos de selección, con el objeto de dar cumplimiento a la orden
emitida por la Corte Constitucional en la Sentencia C-101 del 28 de febrero de 2013.

Todo ello conduce a desvirtuar el cargo formulado, más aún cuando el Artículo 7º,
numeral 45 del Decreto Ley 262 de 2000, que es una ley en sentido material, le asignó
esas funciones al Procurador General de la Nación como supremo director y
administrador del sistema de carrera de la entidad.

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El aludido numeral 45 le atribuyó al Procurador la competencia para definir las políticas
para la elaboración y aplicación de las pruebas que se utilizarán en los concursos y
determinar los parámetros para su calificación; adoptar los instrumentos necesarios
para el cumplimiento de los fines de cada una de las etapas del proceso de selección;
designar a las personas que integrarán el jurado encargado de elaborar y calificar las
pruebas de pregunta abierta y la entrevista y de resolver las reclamaciones
relacionadas con estas pruebas y definir las condiciones de las convocatorias para los
concursos de méritos y suscribirlas.

Lo expuesto hasta aquí, permite inferir que era totalmente innecesaria la expedición
de una nueva ley de carrera para ser aplicada a los concursos públicos de mérito
dirigidos a la provisión de los cargos de procurador judicial, pues estando en vigencia
el Decreto Ley 262 de 2000, ello llevaría al absurdo de permitir la coexistencia de dos
sistemas de carrera administrativa distintos en el seno de la Procuraduría General de
la Nación, uno de los cuales sería aplicable a los concursos para la selección por
mérito de los procuradores judiciales y otro para los demás concursos que deba
adelantar ese organismo de control.

Si bien la Sentencia C-878 de 2008 declaró la inexequibilidad de los Artículos 54, 56,
60, 65, 66 y 71 de la Ley 938 de 2004, en virtud de los cuales el legislador le otorgó
facultades a la Comisión Nacional de Administración de Carrera de la Fiscalía General
de la Nación, para regular aspectos trascendentales del concurso como los relativos a
la inscripción y la convocatoria, también lo es, que esa decisión de la Corte
Constitucional tuvo como fundamento la vulneración del principio de reserva de ley
“por omisión relativa”, pues en lugar de ocuparse el Congreso de regular la materia,
dejó en manos de dicha Comisión “la adopción de decisiones trascendentales que
competen exclusivamente al legislador”.

En el caso bajo examen dicha situación no se presenta, pues es absolutamente claro
que el legislador extraordinario sí reguló ampliamente en los Artículos 197 y 198 del
Decreto Legislativo 262 de 2000 los aspectos básicos y esenciales de los concursos
de la carrera que deba adelantar la Procuraduría, incluyendo los asuntos referidos a
la convocatoria y la inscripción. En últimas, el Procurador General de la Nación no hizo
nada distinto a instrumentalizar el desarrollo de las 14 convocatorias mencionadas en
el concurso, sin que sea válido entender que con ello haya usurpado las funciones
propias del legislador, como equivocadamente lo interpretan los demandantes.

53. Las razones que anteceden son suficientes para resolver desfavorablemente el
cargo de ilegalidad asociado a este problema jurídico, ya que no era necesario la
promulgación de una ley estatutaria para regular de manera especial la incorporación
de los procuradores judiciales a la carrera administrativa de la PGN; por lo tanto, el
procurador general de la Nación, en virtud de las facultades que le confiere el artículo
7 (numeral 40) del Decreto Ley 262 de 2000, sí tenía competencia, en cumplimiento
de la sentencia C-101 de 2013, para convocar al concurso público de méritos para su
designación en propiedad.

3.5.2. Segundo problema jurídico

54. El segundo problema jurídico es el siguiente: ¿para proveer los empleos de

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procurador judicial I y II, era indispensable establecer en la correspondiente
convocatoria al proceso de selección el curso de formación que prevé la Ley 270 de
1996 para la selección de jueces y magistrados?

55. En relación con la omisión de prever el curso de formación propio del sistema
de ingreso para jueces y magistrados de la Rama Judicial al proceso de selección de
los procuradores judiciales a la PGN, como una actividad de formación y evaluación,
se reitera lo dicho por la Corte Constitucional en la sentencia C-101 de 2013 y en el
auto 255 del mismo año, en el sentido de que esta equiparación u homologación entre
unos y otros empleos no implicaba que el régimen de carrera de los agentes del
Ministerio Público fuera el de la Rama Judicial.

56. Con base en lo anterior, el concurso de méritos para proveer los empleos de
procuradores judiciales en la PGN se rige por las etapas previstas en el artículo 194
del Decreto Ley 262 del 2000, así:

1) Convocatoria.
2) Reclutamiento: inscripción y lista de admitidos y no admitidos.
3) Aplicación de pruebas o instrumentos de selección: etapa eliminatoria y
etapa clasificatoria.
4) Conformación de la lista de elegibles.
5) Período de prueba.
6) Calificación del período de prueba.

57. Estas etapas están expresamente señaladas en la Resolución 040 de 2015,
que se referencian en el siguiente cuadro:

Decreto Ley 262 de 2000 Resolución 040 de 2015
Convocatoria Artículo 3
Reclutamiento Artículos 4 al 11
Aplicación de pruebas e instrumentos de selección Artículos 12 al 19
Conformación de listas de elegibles Artículo 20
Período de prueba y calificación de período de prueba Artículo 22

58. Como se observa, la Resolución 040 de 2015 desarrolla todas las etapas del
concurso de méritos con base en las normas en que debe fundarse, esto es, el Decreto
Ley 262 de 2000, disposición que no señala el curso de formación como una fase en
este proceso. Al revisar la Ley 270 de 1996, que regula los concursos de la Rama
Judicial, se encuentra que el curso de formación sí está allí establecido como una
etapa del proceso de selección; sin embargo, carece de fundamento normativo
establecer esta fase en el proceso de selección que se cuestiona. Al respecto, el
Consejo de Estado, Sección Segunda, en la mencionada sentencia del 30 de julio de
2021, también se pronunció en los siguientes términos:

Según el criterio de la Sala, la homologación en términos de igualdad de los
procuradores judiciales y los funcionarios de la rama judicial, dispuesta en el art. 280
Constitucional, no supone una igualdad en el régimen de carrera. Además de ello, no

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puede soslayarse que la Corte Constitucional en su Sentencia C-101 de 2013, fue
clara al expresar que debía acudirse al régimen específico de carrera de la
Procuraduría General de la Nación en el cual no está previsto el curso concurso.

El argumento esgrimido por los demandantes, parte de un supuesto totalmente
equivocado, al entender que el art. 280 constitucional busca la homologación total de
los regímenes aplicables a los funcionarios y procuradores judiciales que intervienen
ante ellos.

Si bien el régimen de carrera aplicable a los jueces y magistrados establece de manera
expresa la realización de un curso-concurso, que tiene por objeto formar profesional y
científicamente al aspirante para el adecuado desempeño de la función judicial, tal
como lo establece la Ley 270 de 1996, estatutaria de la justicia, ese curso no se
encuentra previsto en el régimen especial de carrera regulado por las disposiciones
del Decreto Ley 262 de 2000 para los servidores de la Procuraduría General de la
Nación.

El hecho de que los procuradores judiciales desarrollen funciones de intervención ante
los jueces y magistrados de las distintas jurisdicciones, no los integra automáticamente
a la estructura de la rama judicial, ni hace obligatoria la aplicación de las normas de
carrera establecidas para el sector de la justicia, como lo afirma erradamente la parte
actora. Como se explicó al comienzo de estas consideraciones, la misma Constitución
Política de 1991 le reconoció a la Procuraduría General de la Nación el carácter de
órgano autónomo e independiente respecto de las demás ramas del poder público,
motivo por el cual los concursos de ingreso a la carrera de la entidad no tienen por qué
ser dirigidos, organizados y administrados por la Comisión Nacional del Servicio Civil
ni por el Consejo Superior de la Judicatura, y tampoco se rigen por estatutos de carrera
distintos del previsto en el DECRETO LEY 262 de 2000. Por ello, la incorporación que
procede respecto de los “procuradores judiciales” es a la carrera propia de la
Procuraduría General de la Nación y no a la carrera de la rama judicial.

No sobra reiterar aquí que “la autonomía e independencia” que el constituyente de
1991 le reconoció a la Procuraduría General de la Nación, implica, tal como se anotó
en las consideraciones preliminares de esta providencia, que esa autonomía e
independencia se predica igualmente del régimen de carrera administrativa aplicable
a sus servidores públicos, sin que exista la más mínima posibilidad de que las ramas
ejecutiva y judicial puedan intervenir o interferir en la dirección o administración de los
concursos que deba adelantar el ministerio público y sin que las disposiciones que
regulan el régimen general de carrera administrativa previsto en la Ley 909 de 2014 ni
las normas especiales que regulan el régimen de carrera judicial deban aplicarse de
manera preferente u obligatorio en la Procuraduría General de la Nación. Lo anterior,
sin perjuicio de que las normas del primero de los regímenes citados “pueda” aplicarse
de manera “supletoria”, para llenar los vacíos que se adviertan en las normas del
Decreto Ley 262 de 2000.

En suma, el hecho de que el régimen de carrera de la rama judicial contemple la
realización de un curso-concurso, no significa en modo alguno que esa misma
exigencia deba ser replicada en los concursos de mérito que adelante la Procuraduría
General de la Nación, simple y llanamente porque su régimen especial de carrera no
lo establece.

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Radicación: 54001-23-33-000-2017-00636-01 (3777-2022)
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Esa misma razón también sirve para justificar que el Artículo 12 de la Resolución 040
de 2000 haya distribuido, en los términos en que lo hizo, el valor porcentual de
calificación entre las pruebas de conocimientos y comportamentales y el análisis de
documentos, sin que de ello pueda derivarse una transgresión del Artículo 280 de la
Constitución, pues es evidente que lo dispuesto en esa norma superior no supone la
equiparación absoluta de los regímenes de carrera establecidos para la rama judicial
y la Procuraduría.

59. En conclusión, el mandato de igualdad contenido en el artículo 280
constitucional no se refiere a la equiparación de los regímenes de la carrera
administrativa de la PGN y de la carrera judicial propia de los jueces y magistrados,
sino al «derecho» a que los cargos de los procuradores judiciales sean considerados
de carrera. De manera tal que se debe distinguir entre la carrera judicial administrada
por el Consejo Superior de la Judicatura y la carrera administrativa de la PGN.

60. Por consiguiente, en atención a la citada decisión constitucional, los
procuradores judiciales fueron incorporados a la carrera propia de la PGN, en tanto
entre los derechos de los jueces y magistrados, que en virtud del artículo 280
constitucional deben ser extendidos a los agentes del Ministerio Público que ejercen
su cargo ante ellos, se encuentra el de no ser catalogado su empleo por el legislador
como de libre nombramiento y remoción, es decir, ser reconocido como cargo de
carrera, sin que ello implique, en ningún momento, que deba aplicarse el mismo
régimen de carrera de la Rama Judicial.

61. De acuerdo con lo expuesto, la Sala concluye que los procesos de selección
de los procuradores judiciales se rigen por el Decreto Ley 262 de 2000, y no por la
Ley 270 de 1996, por lo que no era viable incluir un curso de formación como una
etapa dentro del concurso adelantado para proveer las vacantes de procurador
judicial; en consecuencia, el cargo de ilegalidad asociado a este problema jurídico se
resuelve desfavorablemente.

3.5.3. Tercer problema jurídico

62. El tercer problema jurídico es el siguiente: ¿la Resolución 040 de 2015 es
violatoria de las normas superiores en las que debía fundarse, al no prever, en el
marco del concurso público de méritos para proveer los empleos de procurador judicial
I y II, el método de valoración de equivalencias dispuesto en el artículo 20 del Decreto
263 de 2000 y en el Manual Específico de Funciones y Requisitos de la PGN?

63. En efecto, la parte demandante ha insistido a lo largo de este proceso, que la
Resolución 040 de 2015 desconoció el artículo 20 del Decreto 263 de 2000, en tanto
no previó equivalencias entre formación académica y experticia, para los cargos de
nivel profesional. Al respecto, la Sala encuentra que el primer inciso de esta norma
establece: «Los requisitos de que trata el presente decreto no podrán ser disminuidos.
Sin embargo, de acuerdo con la jerarquía, las funciones y las responsabilidades de
cada empleo, podrán hacerse las siguientes equivalencias».

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64. Por lo tanto, las aludidas equivalencias no operan de manera inmediata y, en
tal sentido, el parágrafo del mismo artículo señala que «[l]as equivalencias deberán
establecerse, de conformidad con lo señalado en el presente artículo, directamente
en el manual específico de funciones y de requisitos que se adopte e igualmente
deberán señalarse en las respectivas convocatorias». De manera que el procurador
general de la Nación está facultado para determinar en el manual de funciones y en
las convocatorias a qué cargos les aplican las citadas equivalencias.

65. Ahora bien, en uso de esta potestad el procurador general de la Nación,
mediante la Resolución 253 de 2012, modificada por las resoluciones 413 de 2014 y
321 de 2015, adoptó el «Manual Específico de Funciones por Competencias
Laborales y Requisitos de los empleos de la Planta de Personal de la Procuraduría
General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público», el cual no
contiene equivalencias para los cargos de procuradores judiciales13.

66. Así las cosas, es claro que no era obligatorio señalar en la Resolución 040 de
2015 equivalencias entre estudio y experiencia. Además de haberlo hecho, se hubiese
desconocido el mandato contenido en el artículo 280 superior, que establece que los
agentes del Ministerio Público deben tener las mismas calidades que los magistrados
y jueces ante quienes ejerzan el cargo; requisitos regulados en la Ley 270 de 1996,
artículo 128, en la versión vigente14 al momento de los hechos de la demanda, de la
siguiente manera:

Para ejercer los cargos de funcionario de la Rama Judicial deben reunirse los
siguientes requisitos adicionales, además de los que establezca la ley:
1. Para el cargo de Juez Municipal, tener experiencia profesional no inferior a dos
años.
2. Para el cargo de Juez de Circuito o sus equivalentes: tener experiencia profesional
no inferior a cuatro años.
3. Para el cargo de Magistrado de Tribunal: tener experiencia profesional por lapso no
inferior a ocho años.
[…].

67. A similares conclusiones arribó el Consejo de Estado, Sección Segunda, en la
precitada sentencia del 30 de julio de 2021, así:

Para la Sala, la no inclusión de las equivalencias en el concurso para Procuradores
Judiciales I y II, tiene un fundamento jurídico claro, pues el Artículo 20 del Decreto Ley
263 de 2000 establece que aquellas “podrán” establecerse de acuerdo con la jerarquía,
las funciones y responsabilidades de cada empleo, dando a entender que su
consagración no es obligatoria ni aplica tampoco de manera automática, dejando en
manos del Procurador General de la Nación la facultad de establecerlas o no en el
manual específico de funciones y requisitos y en las respectivas convocatorias.

13 https://www.procuraduria.gov.co/procuraduria/conozca-entidad/Pages/manual-funciones-requisitos.aspx.
14 Artículo modificado por el artículo 66 de la Ley 2430 de 2024: «Para ejercer los cargos de funcionario de la Rama

Judicial deben reunirse los siguientes requisitos adicionales, además de los que establezca la ley: / 1. Para el cargo
de Juez Municipal, tener experiencia profesional no inferior a tres (3) años. / 2. Para el cargo de Juez de Circuito
o sus equivalentes: tener experiencia profesional no inferior a cinco (5) años. / 3. Para el cargo de Magistrado de
Tribunal: tener experiencia profesional por lapso no inferior a diez (10) años».

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Con todo, no puede perderse de vista que el Artículo 280 de la Constitución Política,
establece que los agentes del Ministerio Público tendrán las mismas calidades,
categoría, remuneración, derechos y prestaciones de los magistrados y jueces, lo cual
concuerda con lo previsto en el Artículo 11 del Decreto Ley 263 de 2000 en donde se
dispone que para el desempeño de los empleos correspondientes a los diferentes
niveles jerárquicos que tengan requisitos establecidos en la Constitución Política o en
leyes, necesariamente deberán acreditarse los allí señalados. Lo previsto en esas
normas superiores se reitera en la Resolución 413 de 11 de diciembre de 2014,
mediante la cual se definen los requisitos exigidos para acceder a los empleos de la
Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público,
en donde de manera rotunda e inequívoca se reitera lo previsto en los Artículos de
estirpe constitucional y legal mencionados en este mismo párrafo.

Al erigirse entonces como regla inmodificable del concurso la no aplicación de las
equivalencias para acceder a tales empleos, mal puede prosperar una pretensión
como la planteada por la parte actora máxime cuando tales equivalencias no están
previstas en los Artículos 127 y 128 de la Ley 270 de 1996 para la provisión de los
empleos de jueces y magistrados.

68. Las razones expuestas son suficientes para concluir que la decisión adoptada
por el procurador general de la Nación en este caso, en el sentido de omitir un régimen
de equivalencias para la provisión de los empleos aludidos en la Resolución 040 de
2015, encuadra dentro de los parámetros de la legalidad.

3.5.4. Cuarto problema jurídico

69. El cuarto problema se estructuró así: ¿la PGN desbordó su facultad
reglamentaria al establecer, en las bases de la convocatoria del proceso de selección
de los procuradores judiciales I y II, fijadas en la Resolución 040 de 2015, que la
experiencia profesional se cuenta desde el grado y no a partir de la terminación y
aprobación de las materias que forman el plan de estudios?

70. Para resolver el planteamiento expuesto, la Sala precisa que, en relación con
la experiencia profesional exigida para los cargos de funcionarios de la rama Judicial,
el artículo 128 de la Ley 270 de 1996 preceptúa que «deberá ser adquirida con
posterioridad a la obtención del título de abogado en actividades jurídicas ya sea de
manera independiente o en cargos públicos o privados o en el ejercicio de la función
judicial. En todo caso, para estos efectos computará como experiencia profesional la
actividad como empleado judicial que se realice con posterioridad a la obtención del
título de abogado» (parágrafo).

71. De igual manera, la Sala recuerda que el artículo 280 de la Carta Política
estipula que «[l]os agentes del Ministerio Público tendrán las mismas calidades,
categoría, remuneración, derechos y prestaciones de los magistrados y jueces de
mayor jerarquía ante quienes ejerzan el cargo».

72. En consecuencia, como los procuradores judiciales deben acreditar «las

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mismas calidades» exigidas a los funcionarios judiciales ante los cuales actúan, solo
les es computable la experiencia obtenida después de la obtención del título, como lo
ordena el parágrafo del artículo 128 de la Ley 270 de 1996.

73. Este aspecto también fue abordado por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, en la sentencia del 30 de julio de 2021, que negó las pretensiones de nulidad
de la Resolución 040 de 2015, de la siguiente manera:

La Sala negará el cargo endilgado, pues la disposición que se cuestiona tiene un
fundamento Constitucional y legal indiscutible, tal como se muestra a continuación:

Al respecto debe tenerse en cuenta que la Corte Constitucional, en su sentencia C-
037 de 1996, al declarar la exequibilidad del Artículo 128 de la Ley 270 de 1996,
expresó:

“La facultad de determinar requisitos especiales para el ejercicio de ciertos cargos
dentro de la administración de justicia, como el de juez o magistrado, tiene
fundamento en los Artículos 122 y siguientes de la Carta Política. Asimismo, no
encuentra la Corte objeción al hecho de que el legislador considere que la
experiencia profesional se debe contar a partir de la obtención del título de abogado
(Art. 26 C.P.), pues es realmente desde ese momento que la persona adquiere el
reconocimiento jurídico, por parte de la autoridad competente, de que es apto para
desempeñarse en ese campo profesional.”

La Sección Quinta de esta Corporación, en sentencia de 29 de enero de 2014, sostuvo
en un sentido similar, que la experiencia profesional susceptible de valoración es, por
regla general, la adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas las materias
que hacen parte del programa de formación respectivo, a menos que las normas
aplicables al caso dispongan que solo es evaluable la adquirida después de la
obtención del título. En ese orden de ideas, no puede soslayarse que el parágrafo del
Artículo 128 de la Ley estatutaria de administración de justicia establece que la
experiencia computable es la “adquirida con posterioridad a la obtención del título de
abogado en actividades jurídicas ya sea de manera independiente o en cargos
públicos o privados o en el ejercicio de la función judicial”, norma que por su diafanidad
no se presta para equívocos.

En concordancia con lo anterior, la Resolución 413 de 2014, mediante la cual se
estableció el manual específico de funciones y requisitos por competencias laborales
de los empleos de la planta de personal de la Procuraduría General de la Nación
ratificó la misma disposición. Siendo ese el marco normativo, resulta fácil concluir que
la Resolución 040 de 2015, se ajusta plenamente a las normas en las que debía
fundarse.

No sobra precisar en todo caso, que si bien el Artículo 6º del Decreto Ley 263 de 2000
establece de manera expresa que la experiencia profesional computable es la
“adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas las materias que conforman
el pensum académico de pregrado de la respectiva formación profesional, o de
especialización tecnológica”, debe tenerse en cuenta que esa disposición aplica
solamente a quienes aspiren a desempeñar cualquier empleo en la Procuraduría
General de la Nación que no tenga asignado el cumplimiento de funciones de

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ministerio público.

El Artículo 280 de la Carta establece que “Los agentes del Ministerio Público tendrán
las mismas calidades, categoría, remuneración, derechos y prestaciones de los
magistrados y jueces de mayor jerarquía ante quienes ejerzan el cargo”, disposición
que debe leerse conjuntamente con el Artículo 118 ejusdem, según el cual, “El
Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el
Defensor del Pueblo, por los procuradores delegados y los agentes del ministerio
público, ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los
demás funcionarios que determine la ley. Al Ministerio Público corresponde la guarda
y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia
de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas.”.

Comoquiera que según las voces del Decreto Ley 262 de 2000, los “procuradores
judiciales” ejercen funciones de intervención ante los jueces y magistrados, resulta
claro, […], que ellos deben acreditar “las mismas calidades”, exigidas a los funcionarios
judiciales ante los cuales actúan, lo cual permite entender el por qué solo les es
computable la experiencia obtenida después de la obtención del título, mientras que a
los demás servidores de la Procuraduría General de la Nación solo les es computable
la experiencia obtenida a partir de la terminación y aprobación de todas las materias
que conforman el pensum académico de pregrado […].

74. De acuerdo con lo expuesto, la Sala concluye que la experiencia que se exige
para desempeñar el empleo de procurador judicial es la misma que deben acreditar
los jueces y magistrados ante quienes van a intervenir, la cual, según el parágrafo del
artículo 128 de la Ley 270 de 1996, es la adquirida con posterioridad a la obtención
del título de abogado.

3.5.5. Quinto problema jurídico

75. El quinto problema es el siguiente: ¿la PGN incurrió en un exceso en el ejercicio
de la potestad reglamentaria con ocasión de la expedición de la Resolución 040 de
2015, al asignar puntaje a las publicaciones entregadas en físico y excluir las
registradas a través de medios digitales?

76. Sobre el particular, es importante señalar que el Consejo de Estado, Sección
Segunda, en la anotada sentencia del 30 de julio de 2021, declaró la «legalidad
condicionada» de los apartes relacionados con la valoración de los libros aportados
en original y físico, contenidos en los artículos 5.3, 9.2.9 y 17 (parágrafo 1) de esa
resolución, a partir de los siguientes razonamientos:

Para la época en que fue expedido el acto demandado, ya se encontraba vigente la
Ley 527 de 1999 en cuyas normas, siguiendo una tendencia universal, se reconocen
plenos efectos a los documentos digitales y por ello se consagraron los principios de
neutralidad tecnológica y equivalencia funcional, según los cuales, los mensajes de
datos tienen la misma eficacia y valor jurídico que los documentos físicos. En la misma
vía, el Código General del Proceso ratificó que los mensajes de datos se encuentran
dentro de la categoría de documentos (art. 243) y por ellos tienen plena validez
probatoria (arts. 165, 244, 247).

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Es importante poner de relieve que la potestad reglamentaria asignada al Procurador
General de la Nación en los Artículos 275 Superior y 7º (numeral 45) del Decreto
Legislativo 262 de 2000, debía desarrollarse en los precisos términos y límites
dispuestos por el legislador, sin soslayar de manera alguna la aptitud probatoria de los
documentos digitales.

Si la Procuraduría General de la Nación quería facilitar a los aspirantes la acreditación
de las publicaciones, tal como lo argumentan su apoderado judicial y la agente del
Ministerio Público, ese propósito en realidad no se consigue con la restricción que aquí
se censura, pues ésta resulta excluyente de otros medios alternativos y restringe el
derecho de acceso a los cargos públicos. En definitiva, la citada exigencia no es
proporcional en sentido estricto, pues lejos de buscar la plena realización de ese
derecho y la optimización del principio del mérito, establece una limitación arbitraria e
injustificada. Si lo que se busca con la aportación de las publicaciones es la
demostración de la suficiencia académica de los aspirantes, el hecho de descartar los
trabajos intelectuales por venir presentados en un medio digital, es una medida que
no supera los test de proporcionalidad y razonabilidad. En esa misma línea, no puede
perderse de vista que muchas obras intelectuales se elaboran desde sus orígenes en
medios digitales, sin llegar [a] tener versiones impresas.

La disposición demandada tiene importantes repercusiones respecto de quienes
superaron la prueba de conocimientos, pues les impide acreditar la experiencia
adicional relacionada, justo en una etapa del concurso en donde obtener o no puntos
adicionales resulta crucial y definitivo. En este orden de ideas, la entidad demandada
ha debido dejar abierta la opción de presentar las obras en medio físico o digital, para
hacerlas valer en la prueba de análisis de antecedentes, lo cual estaría acorde con el
marco normativo previamente esbozado y con el mandato de realización del derecho
de acceso a los cargos públicos y el principio del mérito.

Siendo así, la Sala concluye que le asiste razón a los demandantes y, por tal motivo
se procederá a declarar la legalidad condicionada de los apartes relacionados con la
valoración de los libros aportados en original y físico, contenidos en los Artículos 5º
(inciso 3º), 9º (numeral 2.9) y 17 (parágrafo 1º) de la Resolución 040 de 2015, bajo el
entendido que los libros que dan lugar a puntaje en la prueba de análisis de
antecedentes pueden presentarse en original y físico o en forma digital por quienes
superen la prueba de conocimientos, siempre y cuando los derechos de autor de las
publicaciones elaboradas y/o presentadas en físico o en medios digitales se
encuentren debidamente registrados y cuenten con el respectivo ISBN (International
Standard Book Number), tal como se exige en el numeral 2º del art. 17 del acto
demandado.

77. En la referida sentencia se determinó que los «efectos de las declaratorias de
ilegalidad condicionada» serían hacia el futuro, de la siguiente manera:

La decisión de la Sala de declarar la legalidad condicionada de los Artículos 5º inciso
3º; 9º numeral 2.9 y 17 parágrafo 1º y del Artículo 17, numeral 1º. Inciso 3º. de la
Resolución 040 de 2015, tal como se expresó en los numerales 3.9 y 3.11 de esta
providencia, solamente producirá efectos ex nunc, esto es, hacia futuro, teniendo en
cuenta las posibles consecuencias jurídicas que pudieron derivarse de tales
disposiciones mientras se mantuvo vigente la presunción de su legalidad.

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Dicho efecto es el que mejor garantiza la protección de los principios de seguridad
jurídica, buena fe y confianza legítima y el que mejor se articula con el respeto por las
situaciones jurídicas consolidadas y la protección del derecho de acceso por mérito a
los cargos públicos, pues, quienes participaron y superaron las etapas propias del
concurso, lo hicieron confiados en la regularidad y legalidad de los requisitos y
exigencias establecidos en la Resolución 040 de 2015.

De otra parte, en el caso de que existan listas de elegibles pendientes de elaborar,
deberá darse estricta aplicación a las disposiciones cuya legalidad condicionada se
declara en esta providencia, en el sentido de asignar puntaje en las diferentes pruebas
y análisis de antecedentes, a los posgrados de maestría, doctorado y posdoctorado
cuyos títulos no reflejen un área específica del derecho, pero de los cuales se pueda
derivar que se cuenta con los conocimientos específicos de la convocatoria a la cual
aspira. En cuanto a los libros se tendrán como válidos tanto los aportados en físico
como aquellos que se presenten en forma digital, siempre y cuando los derechos de
autor de unos y otros se encuentren debidamente registrados y las publicaciones
cuenten con el respectivo ISBN (International Standard Book Number), tal como se
exige en el numeral 2º del art. 17 del acto demandado.

78. Con fundamento en lo expuesto, esta Sección resolvió:

TERCERO: DECLARAR la legalidad condicionada de los arts. 5º (inciso 3º), 9º
(numeral 2.9) y 17 (parágrafo 1º) de la Resolución 040 de 2015, en el entendido que
las publicaciones de libros que dan lugar a puntaje en la prueba de análisis de
antecedentes se pueden presentar en original y físico o en forma digital por quienes
superen la prueba de conocimientos, en la fecha y lugares que se establezcan
mediante aviso en la página web institucional, los cuales deberán calificarse bajo los
mismos criterios y parámetros en términos de igualdad, siempre y cuando los derechos
de autor de unos y otros se encuentren debidamente registrados y las publicaciones
cuenten con el respectivo ISBN (International Standard Book Number), tal como se
exige en el numeral 2º del art. 17 del acto demandando.

CUARTO: Las decisiones contenidas en los dos numerales precedentes, tendrán el
efecto que se menciona a continuación:

1. La legalidad condicionada de los Artículos 5º inciso 3º; 9º numeral 2.9 y 17 parágrafo
1º y del Artículo 17, numeral 1ª. Inciso 3ª de la Resolución 040 de 2015, tal como se
expresó en los numerales 3.9 y 3.11 de esta providencia, solamente producirá efectos
ex nunc, esto es, hacia futuro, con el propósito de salvaguardar las situaciones
jurídicas y los derechos individuales ya consolidados.

2. En el caso de que existan listas de elegibles pendientes de elaborar, deberá darse
estricta aplicación a las disposiciones cuya legalidad condicionada se declara en esta
providencia, en el sentido de asignar puntaje en las diferentes pruebas y análisis de
antecedentes, a los posgrados de maestría, doctorado y posdoctorado cuyos títulos
no reflejen un área específica del derecho, pero de los cuales se pueda derivar que se
cuenta con los conocimientos específicos de la convocatoria a la cual se aspira. En
cuanto a los libros, se tendrán como válidos tanto los aportados en físico como
aquellos que se presenten en forma digital, siempre y cuando los derechos de autor
de unos y otros se encuentren debidamente registrados y las publicaciones cuenten

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con el respectivo ISBN (International Standard Book Number), tal como se exige en el
numeral 2º del art. 17 del acto demandando.

3. Respecto de aquellos asuntos que se estén ventilando en procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho que se encuentren en trámite y que tengan que ver con
los problemas jurídicos mencionados en los numerales 3.9 y 3.11 de esta providencia,
el efecto será retrospectivo, siempre y cuando las decisiones que se adopten no
afecten las situaciones jurídicas y los derechos individuales ya consolidados.

79. Así las cosas, pese a que esta corporación, en la sentencia del 30 de julio de
2021, declaró la «legalidad condicionada» de los apartes relacionados con la
valoración de los libros aportados en original y físico, contenidos en los artículos 5.3,
9.2.9 y 17 (parágrafo 1) de la Resolución 040 de 2015, ello no implica de manera
automática la nulidad de todo el proceso de selección, ni mucho menos de la lista de
elegibles o de los nombramientos en período de prueba o de los retiros de los
provisionales que se derivaron a continuación.

80. Lo anterior, porque la Sección Segunda señaló que los efectos de esa decisión
serían los siguientes: (i) hacia el futuro, (ii) en el caso de que al momento de la
expedición del aludido fallo existiesen listas de elegibles pendientes de elaborar, debía
darse estricta aplicación a las disposiciones que fueron declaradas condicionalmente
legales, en el sentido de tener como válidos los libros aportados en físico, y también
los que se presentaron en forma digital, siempre y cuando los derechos de autor de
unos y otros se encuentren debidamente registrados y las publicaciones cuenten con
el respectivo ISBN, y (iii) respecto de aquellos asuntos que se encuentren en trámite,
el efecto será retrospectivo, siempre que las decisiones que se adopten no afecten las
situaciones jurídicas individuales ya consolidadas.

81. En el caso concreto, debe señalarse que al momento de proferirse la referida
sentencia del 30 de julio de 2021, que declaró la «legalidad condicionada» de los
apartes de la Resolución 040 de 2015, relacionados con la valoración de los libros
aportados en original y físico, ya estaba en firme y ejecutada la Resolución 357 del 11
de julio de 2016, a través de la cual la entidad conformó la lista de elegibles para el
empleo de procurador judicial II, código 3PJ, grado EC15, así como el Decreto 3844
del 8 de agosto de 2016, por el cual el procurador general de la Nación nombró en
período de prueba a una persona de la lista de elegibles y dispuso la terminación del
vínculo laboral en provisionalidad del señor Mutis Flórez16.

82. Por lo tanto, cuando la Sección Segunda profirió dicha sentencia ya se habían
consolidado situaciones jurídicas concretas y derechos individuales. Adicionalmente,
en la presente demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor Carlos
Arturo Mutis Flórez no explicó por qué este aspecto de la Resolución 040 de 2015,
declarado legal de manera condicionada por esta corporación, afectaba o modificaba
su situación, pues no indicó que hubiese participado en el concurso y que hubiere

15 Samai, índice 2, ED_CORREO_RV_5400123330002017(.msg), expediente digital, 008ExpedienteAdtvo, pp. 28

a 38.
16 Samai, índice 2, ED_CORREO_RV_5400123330002017(.msg), expediente digital, 012Pruebas, pp. 277 y 278.

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perdido puntaje porque no le tuvieron en cuenta publicaciones o libros en formato
digital de su autoría.

83. De conformidad con lo expuesto, a juicio de la Sala, este argumento carece
fundamento, y al igual que las equivalencias y el cómputo de la experiencia, no se
encuentra probatoriamente establecida la manera cómo perjudicó la aspiración del
señor Carlos Arturo Mutis Flórez de permanecer en el empleo.

3.5.6. Sexto problema jurídico

84. El sexto problema jurídico es el siguiente: ¿el acto administrativo por medio del
cual se desvinculó al señor Carlos Arturo Mutis Flórez debió ser notificado de manera
personal, para ser considerado válido y eficaz?

3.5.6.1. Eficacia y validez de los actos administrativos

85. Esta corporación ha definido el acto administrativo como «toda manifestación
de voluntad de una entidad pública, o de un particular en ejercicio de funciones
públicas, capaz de producir efectos jurídicos», que se caracteriza, en suma, porque
«i) constituye una declaración unilateral de voluntad; ii) se expide en ejercicio de la
función administrativa, por parte de una autoridad estatal o de particulares; iii) se
encamina a producir efectos jurídicos «por sí misma, de manera directa sobre el
asunto o la situación jurídica de que se trate y, por ende, vinculante»; iv) los efectos
del acto administrativo consisten en la creación, modificación o extinción de una
situación jurídica general o particular, que impacta los derechos u obligaciones de los
asociados»17.

86. Jurisprudencialmente se ha precisado en reiteradas oportunidades que «un
acto administrativo es eficaz si y solo si ha sido puesto en conocimiento de su o sus
destinatarios por el mecanismo legalmente previsto en el ordenamiento jurídico»18, es
decir, si se ha dado plena observancia al principio de publicidad previsto en los
artículos 209 de la Constitución Política y 3 del CPACA.

87. Al respecto, se encuentra que el principio de publicidad tiene como finalidad
que las autoridades den a conocer sus decisiones, lo que constituye un pilar del debido
proceso administrativo. Puntualmente, el artículo 3, numeral 9, del CPACA se refiere
a este principio en los siguientes términos:

9. En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a
los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna,
sus actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y
publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan
difundir de manera masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en este
Código. Cuando el interesado deba asumir el costo de la publicación, esta no podrá

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 14 de mayo de 2020, proceso con radicado 25000-23-42-

000-2017-06031-01 (5554-18).
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de octubre de 2023, proceso con radicado 25000-23-

42-000-2017-01522-01 (3813-2022).

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exceder en ningún caso el valor de la misma.

88. Ahora bien, se ha determinado que el aludido principio encuentra su génesis
en el debido proceso administrativo y en el deber de las autoridades de otorgar
seguridad jurídica y transparencia a la actividad estatal, de tal forma que la eficacia de
las decisiones de la administración tiene que ver directamente con el componente de
obligatoriedad, respecto de sus destinatarios. Por lo tanto, al determinar el medio por
el cual se ha de garantizar la publicidad de los actos administrativos, la ley debe tener
en cuenta la naturaleza y características de la decisión, pues será a partir de ese
momento que el ciudadano puede ejercer su derecho de defensa o contradicción,
incluso de acción, en sede administrativa o judicial.

89. Es por ello que el CPACA diferenció los mecanismos de publicidad aplicables
a los actos administrativos de contenido general y abstracto de aquellos a los que se
encuentran sometidas las decisiones de naturaleza particular. Mientras que en los
primeros la publicidad y, por ende, la ejecutoria está dada por su publicación, en los
segundos, este requisito se satisface a través de la notificación y el respectivo ejercicio
del derecho de contradicción que garantizan los recursos del procedimiento
administrativo.

90. Entonces, por regla general los actos administrativos se publicitan a través de
la notificación, comunicación o publicación, de acuerdo con los artículos 65 y
siguientes del CPACA y, una vez surtida su publicidad, conforme a los artículos 87 y
89 de este código, adquieren firmeza y ejecutoriedad y, por ende, la administración
los puede ejecutar de inmediato. No obstante, existen otras decisiones que se adoptan
en ejercicio de la función administrativa que no causan efectos jurídicos o no pueden
ejecutarse con solo cumplirse con el trámite de su publicidad, sino que su
perfeccionamiento supone el acontecer de una condición que conlleva la creación de
la situación jurídica particular que no existe antes de su ocurrencia19.

91. Precisamente, un acto administrativo de este tipo es el de nombramiento de los
servidores públicos, el cual ha sido identificado por la jurisprudencia del Consejo de
Estado20 y de la Corte Constitucional21 como un acto condición. Estos actos existen
de manera formal, puesto que su expedición genera una situación objetiva e
impersonal que consiste en poner a la persona designada en la condición de empleado
público; sin embargo, solo con la posesión y la previa acreditación de los requisitos,
este adquiere los derechos y deberes inherentes al cargo22.
19 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 18 de febrero de 2016, proceso con radicado 81001-23- 33-

000-2012-00039-04.
20 Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 24 de junio de 2021, proceso

con radicado 08001-23-33-000-2012-00215-01 (2803-2014). Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con radicado 76001-23-31-000-2004-03075-01 (0544-2019).
21 Corte Constitucional, sentencias T-003 de 1992 y T-457 de 1992.
22 Al respecto se puede consultar la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,

sentencia del 25 de noviembre de 2021, proceso con radicado 25000-23-42-000-2016-05421-01 (1116-19): «De
igual forma, ha advertido que el «acto condición» de designación no otorga per se derecho alguno a su destinatario,
puesto que para su formalización siempre estará sujeto a la verificación de los requisitos legales para el ingreso a
la función pública, precisamente porque no atiende a intereses individuales, sino a la satisfacción de necesidades
colectivas. (…) el acto de designación no crea o modifica la situación jurídica particular, ni reconoce un derecho de
igual categoría, motivo por el cual el titular solo adquiere los derechos del cargo al momento de su posesión, toda

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92. Entonces, se concluye que al ser la publicidad del acto administrativo el
requisito para que pueda surtir sus efectos, su inobservancia no configura una causal
de nulidad, pues no es un presupuesto de su validez23. En efecto, su legalidad requiere
que en su producción se cumpla el ordenamiento jurídico y las formalidades
sustanciales que exige, esto es, que se expida con respeto de la competencia, el
objeto, la forma, la causa y la finalidad que permiten las normas24, cuya vulneración el
artículo 137 del CAPACA estableció como causales de nulidad.

3.5.6.2. La naturaleza de los actos administrativos de retiro de empleados
públicos

93. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha explicado que los actos de retiro
de servidores públicos, como regla general, son de ejecución inmediata, salvo que
contengan una condición25. Ello es así, por cuanto los efectos de la decisión del
nominador se consumen en un momento dado, de manera que sujetar la ejecución de
las determinaciones sobre el retiro de los servidores a los recursos propios del
procedimiento administrativo reñiría con tal efecto, dado que se tramitan en el efecto
suspensivo (artículo 79 del CPACA).

94. No obstante, se encuentran las excepciones previstas en la ley, entre ellas, la
declaratoria de insubsistencia del nombramiento por calificación no satisfactoria,
prevista en el artículo 43 de la Ley 909 de 2004, en concordancia con el artículo
2.2.19.4.2 del Decreto 1083 de 2015, contra la cual procede el recurso de reposición,
o la destitución como consecuencia de una sanción disciplinaria (artículo 130 de la
Ley 1952 de 2019), decisión que también admite los correspondientes recursos. En
ese sentido, en términos generales la corporación también ha entendido que la
decisión del retiro no requiere de notificación26, sino que basta con su comunicación
al interesado.

95. Adicionalmente, a pesar de no ser señalados en el artículo 87 del CPACA 27
como uno de los medios que permiten la firmeza de los actos administrativos, lo cierto

vez que el acto condición no atribuye ningún derecho subjetivo, solo decide que una persona, la nombrada,
quedará sometida a un determinado régimen general, legal y reglamentario. La revocación y la derogatoria del
nombramiento autorizan a la Administración a desaparecerlo del espectro legal cuando el beneficiario no satisface
las condiciones para desempeñar el cargo por unas causales específicas, tales como la falta de comunicación de
esa decisión y la omisión del interesado de aceptar el nombramiento o posesionarse de manera oportuna».
23 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de septiembre de 1996, expediente 2.431.
24 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 18 de febrero de 2016, proceso con radicado 81001-23- 33-

000-2012-00039-04.
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 4 de febrero 2016, proceso con radicado 15001-

23-33-000-2013-00220-01 (2874-13). Tesis que fue reiterada por la Sección Segunda, Subsección B, en las
sentencias del 9 de junio de 2022, proceso con radicado 25000-23-42-000-2015-05433-01(4271-2019), y del 4 de
mayo de 2023, proceso con radicado 25000-23-42-000-2018-00720-01 (3959-2021).
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso–Administrativo, providencia del 3 de septiembre de 1996,

radicado: S-636, demandante: Hernán Vega Vargas, magistrado ponente doctor Carlos Betancur Jaramillo. Tesis
que fue reiterada en la sentencia del 4 de mayo de 2023, proferida por esta Subsección B, en el proceso con
radicado 25000-23-42-000-2018-00720-01 (3959-2021).
27 «1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o

publicación según el caso. 2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión
sobre los recursos interpuestos. 3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los
recursos, si estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos. 4. Desde el día siguiente
al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos. 5. Desde el día siguiente al de la
protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo.»

28

Radicación: 54001-23-33-000-2017-00636-01 (3777-2022)
Demandantes: Carlos Arturo Mutis Flórez y otros
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es que la ejecución ha sido la forma por la cual algunas personas se enteran de la
adopción de decisiones administrativas de aplicación inmediata28. De ahí que la
ejecución del acto administrativo también se tenga como referente para el término de
caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 29, según el
artículo 164 del CPACA, norma que concede al interesado un término de cuatro (4)
meses «contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación,
ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones
establecidas en otras disposiciones legales».

96. Por consiguiente, el acto por medio del cual se da por terminado un
nombramiento provisional, en aquellos eventos en que la causa sea el sistema del
mérito, no es de aquellos que requieran notificación personal.

97. Lo anterior, por cuanto el acto que finaliza un nombramiento provisional en los
referidos eventos en que la causa de la terminación es la provisión del cargo por el
sistema del mérito, si bien extingue el vínculo jurídico con el servidor provisional, no
hace cosa distinta que declarar una consecuencia jurídica que surge, no como
resultado de una actuación administrativa, sino de la aplicación directa del régimen de
carrera. Como se sabe, los nombramientos provisionales en los cargos de carrera se
llaman así porque su vigencia en el tiempo depende del acaecimiento de una situación
que opera como su condición extintiva: la provisión del cargo por el sistema del mérito.

98. Luego, en caso de cumplirse dicha condición, a la administración no le queda
camino distinto que declarar la terminación de nombramiento provisional como
consecuencia de la esperada provisión, sin que para ello deba adelantar actuación
administrativa alguna.

3.5.6.3. Hechos probados.

99. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

100. Carlos Arturo Mutis Flórez laboró al servicio de la PGN desde el 8 de abril de
2005 hasta el 17 de septiembre de 2011 se desempeñó como procurador 94 judicial
II penal de Cúcuta, del 18 de septiembre de 2011 al 28 de marzo de 2012 en condición
de procurador 175 judicial II penal de Valledupar y entre el 29 de marzo de 2012 y el
8 de septiembre de 2016 en calidad nuevamente de procurador 94 judicial II penal de
Cúcuta. Igualmente, fue objeto de una sanción de suspensión del 11 de agosto al 9
de septiembre de 201130.

101. La PGN expidió la Resolución 040 del 20 de enero de 2015, a través de la cual
convocó y reglamentó el concurso público de méritos para proveer 744 cargos de
procurador judicial I y II, en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia C-101 de

28 Corte Constitucional, sentencia SU-447 de 2011.
29 Entre muchas otras, se pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 4

de febrero de 2021, proceso con radicado 18001-23-33-000-2019-00177-01(1446-20), y de la Subsección B, auto
del 6 de agosto de 2008, proceso con radicado 08001-23-31-000-2007-00886-01(1389-08).
30 Samai, índice 2, ED_CORREO_RV_5400123330002017(.msg), expediente digital, 008ExpedienteAdtvo, p. 10.

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Radicación: 54001-23-33-000-2017-00636-01 (3777-2022)
Demandantes: Carlos Arturo Mutis Flórez y otros
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

201331.

102. A través de la Resolución 357 del 11 de julio de 2016, el procurador general de
la Nación conformó la lista de elegibles de la convocatoria 004-2015, correspondiente
a las vacantes de procurador judicial II, código 3PJ, grado EC, adscritos a la
Procuraduría Delegada para la Restitución de Tierras, en la cual el concursante José
Ramiro Rodríguez Basante ocupó el puesto 19832.

103. El procurador general de la Nación profirió el Decreto 3844 del 8 de agosto de
2016, por el cual dispuso nombrar en período de prueba a José Ramiro Rodríguez
Basante, en el cargo de procurador judicial II, código 3PJ, grado EC, en la
Procuraduría 94 Judicial II Penal, con sede en la ciudad de Cúcuta, y que, en
consecuencia, a partir de su posesión culminaría la vinculación laboral en
provisionalidad de Carlos Arturo Mutis Flórez, quien se desempeñaba en ese
empleo33.

104. Por medio del oficio SG 4270 del 12 de agosto de 201634, emanado de la
secretaría general de la PGN, se le comunicó al señor Carlos Arturo Mutis Flórez la
terminación de su vinculación en provisionalidad, en los siguientes términos:

De manera atenta me permito comunicarle que el Procurador General de la Nación,
mediante el Decreto 3844 de Agosto 8 de 2016, en aplicación de la lista de elegibles
contenida en la Resolución 357 de 11 de Julio de 2016, nombró al(a) señor(a) JOSÉ
RAMIRO RODRÍGUEZ BASANTE, en el cargo de Procurador Judicial II, Código 3PJ,
Grado EC, que actualmente ocupa usted en provisionalidad.

En consecuencia, a partir de la posesión de dicha persona culmina su vinculación
laboral con esta entidad. Lo anterior sin perjuicio de que, en aplicación del artículo 188
del Decreto Ley 262 de 2000, la provisionalidad finalice en fecha anterior.

3.5.6.4. Análisis sustancial de la Sala

105. Luego de estudiar el material probatorio a la luz de los parámetros legales y
jurisprudenciales expuestos, la Sala considera que el Decreto 3844 del 8 de agosto
de 2016, por el cual el procurador general de la Nación nombró en período de prueba
a una persona de la lista de elegibles y dispuso la terminación de la vinculación laboral
en provisionalidad del señor Carlos Arturo Mutis Flórez, aunque no le fue notificado
personalmente, sí le era oponible; en primer lugar, ya que la jurisprudencia de lo
contencioso - administrativo tiene definido que, salvo las excepciones legales, los
actos administrativos de retiro son de ejecución inmediata y no requieren notificación
personal, por lo que la sola comunicación es suficiente.

106. Pero, en la medida en que el acto censurado no solo dispuso el retiro del

31 Samai, índice 2, ED_CORREO_RV_5400123330002017(.msg), expediente digital, 008ExpedienteAdtvo, pp. 11

a 27.
32 Samai, índice 2, ED_CORREO_RV_5400123330002017(.msg), expediente digital, 008ExpedienteAdtvo, pp. 28

a 38.
33 Samai, índice 2, ED_CORREO_RV_5400123330002017(.msg), expediente digital, 012Pruebas, p. 278.
34 Samai, índice 2, ED_CORREO_RV_5400123330002017(.msg), expediente digital, 002AnexosDemanda, p. 8.

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Radicación: 54001-23-33-000-2017-00636-01 (3777-2022)
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demandante, sino que también se supeditó a que se efectuara la posesión de quien
designó con base en la lista de elegibles, el Decreto 3844 del 8 de agosto de 2016
solo podía producir efectos respecto de la desvinculación del señor Carlos Arturo Mutis
Flórez una vez se cumpliera tal requisito. En ese sentido, también se concluye que su
eficacia, solo se generó cuando se cumplió ese requerimiento.

107. De manera tal que, aunque el acto administrativo no le fue notificado
personalmente al señor Carlos Arturo Mutis Flórez, la comunicación que recibió y, de
manera específica, su ejecución en virtud de la posesión de la persona designada en
período de prueba, le permitieron conocer su contenido y efectos.

108. Por consiguiente, el Decreto 3844 del 8 de agosto de 2016 le fue comunicado
en debida forma al señor Carlos Arturo Mutis Flórez, y no era necesaria la notificación
personal por tratarse de un acto de retiro, que, además, también comporta la
naturaleza de acto condición al supeditar su desvinculación del servicio a la posesión
de la persona de la lista de elegibles que tenía derecho a ser nombrada en el cargo
que el desempeñaba.

109. La Sala considera importante reiterar que, en todo caso, como la publicidad del
acto administrativo es requisito para que pueda surtir sus efectos, su inobservancia
no configura una causal de nulidad, pues no es un presupuesto de su validez35.

3.6. Conclusión

110. Con fundamento en lo expuesto, y en respuesta a cada uno de los problemas
jurídicos formulados, la Sala concluye lo siguiente:

i) No era necesario la promulgación de una ley estatutaria para regular de manera
especial la incorporación de los procuradores judiciales a la carrera administrativa de
la PGN; por lo tanto, el procurador general de la Nación sí tenía competencia para
convocar a concurso público de méritos para su designación en propiedad, en
cumplimiento de la sentencia C-101 de 2013.

ii) Los procesos de selección de los procuradores judiciales se rigen por el
Decreto Ley 262 de 2000 y no por la Ley 270 de 1996, por lo que no era viable incluir
un curso de formación como una etapa dentro del concurso adelantado para proveer
tales empleos, que no prevé la primera de las mencionadas normativas.

iii) El artículo 20 del Decreto 263 de 2000 señala que la posibilidad de establecer
equivalencias al interior en la planta de personal de la PGN es una potestad del
procurador general de la Nación, y en todo caso, los procuradores judiciales deben
reunir las calidades que se exigen a los jueces y magistrados ante quienes van a
actuar, sin lugar a equivalencias.

iv) La experiencia que se exige para desempeñar el empleo de procurador judicial

35 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de septiembre de 1996, expediente 2.431.

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Radicación: 54001-23-33-000-2017-00636-01 (3777-2022)
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es la misma que deben acreditar los jueces y magistrados ante quienes van a
intervenir, la cual es la adquirida con posterioridad a la obtención del título de abogado.

v) Si bien los apartes de la Resolución 040 de 2015, relacionados con la valoración
de los libros aportados en original y físico, fueron declarados legales de manera
condicionada por esta corporación, en la sentencia del 30 de julio de 2021, ello no
genera la nulidad de los actos demandados porque estos fueron expedidos con
anterioridad, por lo que se consolidaron situaciones jurídicas particulares y derechos
adquiridos; en todo caso, el señor Carlos Arturo Mutis Flórez no explicó en qué medida
lo perjudicaron esas disposiciones administrativas declaradas condicionalmente
legales.

vi) Por último, en lo relativo a la indebida notificación del Decreto 3844 del 8 de
agosto de 2016, este le fue comunicado en debida forma al señor Carlos Arturo Mutis
Flórez y no era necesaria la notificación personal, por tratarse de un acto de retiro,
que también tiene la connotación de acto condición, al supeditar su desvinculación a
la posesión de la persona de la lista de elegibles que fue nombrada en el cargo que él
desempeñaba en provisionalidad.

111. En consecuencia, se confirmará la sentencia apelada, que negó las
pretensiones de la demanda.

3.7. Costas

112. La presente providencia, por razones de seguridad jurídica e igualdad, acoge
el criterio de interpretación mayoritario36 de la Subsección sobre el artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011, consistente en que para decretar la condena en costas debe
verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto,
no hay lugar en el caso bajo estudio a imponer dicha condena, en atención a que no
se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores conductas.

3.8. Renuncia de poder

113. El abogado Gustavo Quintero Navas presentó renuncia al poder conferido por

36 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).

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Radicación: 54001-23-33-000-2017-00636-01 (3777-2022)
Demandantes: Carlos Arturo Mutis Flórez y otros
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

los demandantes, para lo cual adjunta copia de la comunicación enviada a su
poderdante37, de conformidad con lo previsto en el artículo 76 del Código General del
Proceso, según el cual «La renuncia pone término al poder sino cinco (5) días después
de presentado el memorial de renuncia en el juzgado, acompañado de la
comunicación enviada al poderdante en tal sentido».

4. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, del 10 de septiembre de 2021, que negó las pretensiones de la demanda,
de conformidad con la parte motiva.

Segundo: Sin condena en costas en segunda instancia.

Tercero: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones
pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

37 Samai, índice 12.

33

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