Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-00720-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-00720-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2018-00720-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
4 de mayo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000234200020180072001 (3959-2021)
Demandante: Carmenza Enciso Camelo
Demandado: Departamento de Cundinamarca, Secretaría de Educación
Tema: Restablecimiento del derecho. Naturaleza del acto de retiro.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 5 de noviembre de 2020 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, por medio de la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
Carmenza Enciso Camelo, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 1, presentó una
demanda en orden a que se declare la nulidad de las resoluciones 1843 del 1 de
abril de 2016, por medio de la cual se terminó el nombramiento provisional y fue
retirada del cargo, y 4975 del 11 de septiembre de 2017, por la cual se confirmó la
1 En adelante CPACA.
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Radicado: 25000-23-42-000-2018-00720-01 (3959-2021)
Demandante: Carmenza Enciso Camelo
anterior al resolver el recurso de reposición2.
Como consecuencia de lo anterior solicitó, a título de restablecimiento del derecho,
que se ordene: i) el reintegro al cargo de docente en la planta global de los cargos
docentes y directivos de la Secretaría de Educación del departamento de
Cundinamarca; ii) el reconocimiento y pago de los salarios, primas, ajustes o
aumentos de sueldo y demás prestaciones dejadas de percibir, indexadas, desde el
12 de abril de 2016 hasta la fecha en que se reintegre al cargo; y iii) la declaració
de que no existió solución de continuidad en la prestación del servicio.
Como pretensión subsidiaria, pidió que se declare la nulidad de la resolución 4975
del 11 de septiembre de 2017 por medio de la cual se resolvió el recurso de
reposición contra el acto administrativo que retiró a la demandante, por desconocer
el reconocimiento del pago de salarios y prestaciones sociales causados y no
devengados desde el 12 de abril de 2016 hasta el 13 de septiembre de 2017, fecha
en la cual cobró firmeza el acto administrativo; y a título de restablecimiento del
derecho, solicitó que se condenara a la entidad al pago de los salarios, primas,
ajustes o aumentos de sueldo y demás prestaciones dejadas de percibir, indexadas,
desde el 12 de abril de 2016.
1.1.2. Fundamentos fácticos
Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
• Carmenza Enciso Camelo se vinculó a la institución educativa departamental La
Paz sede Francisco de Paula Santander, en Guaduas, como docente de nivel de
primaria, en provisionalidad, mediante la Resolución 003115 del 15 de mayo de
20123, proferida por el secretario de educación del departamento de Cundinamarca.
2 Folios 111 a 118 y archivo 2, índice 2 del expediente digital en SAMAI.
3 Folios 2 y 3.
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Radicado: 25000-23-42-000-2018-00720-01 (3959-2021)
Demandante: Carmenza Enciso Camelo
• Por medio de la Resolución 00942 del 5 de febrero de 20134 fue nombrada en
provisionalidad, en una vacante definitiva, para el cargo de docente de nivel o área
preescolar de la institución educativa departamental La Paz sede Jardín Infantil, en
Guaduas.
• Mediante la Resolución 00720 del 31 de enero de 20145, fue trasladada a la sede
rural Fray José Ledo de Loma Larga, Chaguaní.
• A través de la Resolución 003132 del 9 de marzo de 20156, fue reubicada en la
sede rural Lomalarga.
• A raíz de la hipoacusia sensorial por limitación de la audición padecida por la
demandante se le expidieron varias incapacidades, entre ellas, del 21 de agosto al
5 de octubre de 2015; del 30 de octubre al 11 de diciembre de 2015; y del 29 de
marzo al 7 de abril del 20167.
• El 1.º de abril de 2016, mediante la Resolución 1843 expedida por la Secretaría de
Educación del departamento de Cundinamarca8, se terminó el nombramiento
provisional en vacante definitiva, en razón del estudio técnico 236 del 25 de febrero
de 20169, por medio del cual se indicó un excedente en el área de básica primaria,
por disminución en las matrículas. El 11 de abril de 2016 se notificó la decisión a
Carmenza Enciso Camelo.
• El 20 de abril de 2016, la actora interpuso recurso de reposición contra la
resolución precitada, en virtud de la vulneración del derecho al trabajo, al mínimo
vital y a la seguridad social en salud.
4 Folios 4 y 5.
5 Folio 6.
6 Folio 7.
7 Folio 93.
8 Folio 8.
9 Archivo 13, índice 2 del expediente digital en Samai.
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Radicado: 25000-23-42-000-2018-00720-01 (3959-2021)
Demandante: Carmenza Enciso Camelo
• Debido a la falta de decisión frente al recurso presentado, el 24 de julio de 2017
interpuso acción de tutela contra el departamento de Cundinamarca, Secretaría de
Educación, con el fin de que se desatara la reposición. El Juez Quinto Civil de
Ejecución de Sentencias resolvió tutelar el derecho fundamental de petición y
ordenó a la entidad dirimir el recurso.
• En cumplimiento de lo ordenado se profirió la Resolución 4975 el 11 de septiembre
de 201710, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición y se confirmó
en todas sus partes la Resolución 1843 del 1.º de abril de 2016.
• El 29 de noviembre de 2016 el personero municipal de Ríoseco, como agente
oficioso, solicitó a la Secretaría de Educación del departamento de Cundinamarca11
que ordenara una valoración por la ARL a la demandante con el fin de establecer el
tipo de enfermedad de la que padece, toda vez que esta fue desvinculada de la
planta de personal de la Secretaría de Educación encontrándose en situación de
indefensión por su incapacidad. La solicitud no fue atendida por la entidad
demandada.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 78 y 87 del CPACA y el 26 de la Ley 361 de
1997.
En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos12:
• Las resoluciones demandadas están viciadas de nulidad por falsa motivación,
desviación de poder y son contrarias a la ley, al desconocer el estado de debilidad
manifiesto por razones de salud de Carmenza Enciso Camelo.
10 Folios 9 a 11.
11 Folio 106.
12 Folios 115 y 116.
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Radicado: 25000-23-42-000-2018-00720-01 (3959-2021)
Demandante: Carmenza Enciso Camelo
• Se desconoció que la edad de la demandante le imposibilita poder emplearse
nuevamente, a lo que se agrega su condición de salud. Por ende, su desvinculación
del cargo implica la desprotección total, porque se afecta su mínimo vital, no puede
acceder al servicio de salud para el tratamiento requerido para recuperar la audición
y no tiene la expectativa de adquirir una pensión.
• La accionante fue desvinculada de su cargo automáticamente el .1º de abril de
2016, aún sin haberse resuelto la reposición interpuesta de manera oportuna en
contra de la Resolución 1843 de esa fecha.
1.2. Contestación de la demanda13
El departamento de Cundinamarca, Secretaría de Educación, contestó la demanda
y expuso los siguientes argumentos:
• Tal y como consta en la parte considerativa de la Resolución 1843 del 1 de abril
de 2013, la terminación del nombramiento en provisionalidad de la demandante
tiene fundamento en la garantía efectiva de la prestación del servicio público
educativo, debido a la falta de carga laboral en la Institución Educativa Distrital
donde prestaba sus servicios. De manera que no se justificaba el pago de salarios
a docentes sin asignación académica en detrimento del patrimonio estatal.
• Respecto de la firmeza de los actos administrativos, alegó que de conformidad con
el artículo 83 del CPACA la demandante pudo optar por acudir a la jurisdicción sin
esperar respuesta efectiva de la entidad toda vez que se configuró el silencio
negativo y con ello, se desvirtúa el «estado de incertidumbre» al que supuestamente
la sometió la administración.
• Las resoluciones demandadas se expidieron bajo los parámetros legales y
constitucionales, fueron debidamente motivadas, con base en el procedimiento
13 Folios 140 a 147 118 y archivo 3, índice 2 del expediente digital en SAMAI.
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Demandante: Carmenza Enciso Camelo
previsto por la entidad, esta actuó en su legítimo deber de terminar la provisionalidad
de la solicitante al advertir el excedente en la planta de personal; por consiguiente,
la «supuesta incapacidad» de Carmenza Enciso Camelo carece de sustento fáctico
legal en la medida en que no se informó sobre alguna condición de salud adversa.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
mediante sentencia proferida el 5 de noviembre de 2020, accedió parcialmente a
las súplicas de la demanda. En tal sentido, declaró la nulidad parcial de la
Resolución 4975 del 11 de septiembre de 2017 que resolvió el recurso de reposición
interpuesto contra el acto que terminó el nombramiento en provisionalidad y, como
consecuencia de lo anterior, ordenó el pago de los salarios y las prestaciones
sociales causadas y no devengadas, desde el 12 de abril de 2016, fecha del retiro,
hasta el 13 de septiembre de 2017, fecha de ejecutoria del acto de retiro, y como
colofón, negó las demás pretensiones de la demanda; esto al considerar que la
entidad debió resolver el recurso de reposición interpuesto por la demandante para
que la decisión de dar por terminado el nombramiento produjese efectos jurídicos,
por lo siguiente14:
• La Resolución 1843 del 1.º de abril de 2016 fue debidamente motivada, ya que en
su parte considerativa la entidad consignó las razones por las cuales se dio por
terminado el nombramiento en provisionalidad de la vacante definitiva de la
demandante; siendo este el excedente en el área de básica primaria por disminución
en la matrícula.
• La reubicación de la accionante no procedía en virtud de que la entidad adelantó
el procedimiento necesario para determinar si podía efectuarse, como consta en el
estudio técnico 236 del 25 de febrero de 2016, pero no existió necesidad de las
demás escuelas al no reportar requerimiento de docentes en el área de básica
14 Folios 486 a 501 y archivo 16, índice 2 del expediente digital en SAMAI.
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Demandante: Carmenza Enciso Camelo
primaria. Además, se certificó por la entidad que para el año 2015 se matricularon
3 niños en la institución y, para el año 2016, no se matriculó ninguno. En
consecuencia, al no haber necesidad del servicio, la administración podía terminar
el nombramiento ante la imposibilidad de reubicar a la accionante.
• La protección especial de estabilidad laboral reforzada alegada por la demandante
no procede, en tanto la pérdida auditiva considerable a raíz de otitis media aguda
bilateral e hipoacusia neurosensorial no están probadas como enfermedades que la
pongan en situación de salud que impida o dificulte el desempeño de las labores
educativas de forma regular. Asimismo, a pesar de que la resolución se emitió el 1.º
de abril de 2016, fecha para la cual la demandante tenía incapacidad médica, esta
última ya había terminado para el 12 de abril de 2016, cuando se ejecutó el retiro
definitivo.
• La pretensión subsidiaria de pago de acreencias laborales indexadas dejadas de
percibir desde el 12 de abril de 2016 hasta el 13 de septiembre de 2017 fue
concedida en virtud de que la demandante debía continuar sus labores por no
haberse resuelto aún el recurso de reposición. Por ello, la decisión de dar por
terminado el nombramiento no surtía efectos jurídicos; en consecuencia, a
Carmenza Enciso Carmelo le asiste el derecho al reconocimiento y pago de los
salarios y prestaciones sociales dejadas de devengar desde el 12 de abril de 2016
hasta el 13 de septiembre de 2017, fecha de la firmeza del acto administrativo.
1.4. El recurso de apelación
El departamento de Cundinamarca, Secretaría de Educación, interpuso recurso de
apelación15 en el cual solicitó que se revocara parcialmente el fallo, en los siguientes
términos:
• Operó el silencio administrativo negativo frente a la interposición del recurso de
15 Archivo 18, índice 2 del expediente digital en SAMAI.
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Demandante: Carmenza Enciso Camelo
reposición en contra de la Resolución 1843 del 1.º de abril de 2016 y por ello, la
demandante, una vez transcurrido el término de 2 meses señalados en la sentencia
C-875 de 2011 para desatar el recurso, pudo demandar la resolución en cuestión y
el acto ficto producto del silencio administrativo originado por ley; motivo por el cual
no resulta procedente acoger la pretensión subsidiaria de la demanda.
• Con base en lo resuelto por el Tribunal, al estar motivado y fundamentado el acto
administrativo contenido en la Resolución 1843 del 1.º de abril de 2016, es
consecuente y lógico que la administración no estaba en la posibilidad de continuar
con la vinculación de la demandante, pues no había forma para que continuara su
labor o siguiera en el ejercicio de sus actividades, por la disminución de la matrícula
de los estudiantes; por ello, proceder al pago de salarios conllevaría a un
enriquecimiento sin causa de la docente y un detrimento patrimonial para el Estado.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
El departamento de Cundinamarca, Secretaría de Educación, allegó memorial vía
correo electrónico16, mediante el cual insistió en los argumentos presentados en la
apelación, en relación con que no es procedente acceder a una petición de
reconocimiento o resarcimiento de daños basado en un acto administrativo que
goza de plena validez jurídica, de manera que es improcedente el pago de
emolumentos que no se reconocieron en el acto demandado.
La parte demandante, el Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado guardaron silencio.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
16 Visible a índice 17 de SAMAI.
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Radicado: 25000-23-42-000-2018-00720-01 (3959-2021)
Demandante: Carmenza Enciso Camelo
Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante: ¿Carmenza Encizo Carmelo
tiene derecho al pago de las acreencias laborales indexadas dejadas de percibir
desde el 12 de abril de 2016 hasta el 13 de septiembre de 2017, a pesar de que se
mantuvo la legalidad de la Resolución 1843 del 1.º de abril de 2016?
2.2. Marco Normativo
2.2.1. La naturaleza de los actos administrativos de retiro de empleados
públicos
El acto administrativo es una manifestación unilateral de voluntad emanada de una
autoridad o de un particular en el ejercicio de las funciones administrativas
otorgadas por la Constitución Política y las leyes, mediante el cual se producen
ciertos efectos jurídicos. En la teoría del acto del acto administrativo es importante
distinguir los presupuestos de su existencia, de los de su validez y de los de su
eficacia.
Un acto administrativo es eficaz si y solo si ha sido puesto en conocimiento de su o
sus destinatarios por el mecanismo legalmente previsto en el ordenamiento jurídico,
es decir si se ha observado plenamente el principio funcional de “publicidad”,
señalado en el artículo 209 de la Constitución Política.
En ese orden, la eficacia de las decisiones de la administración tiene que ver
directamente con el componente de obligatoriedad, respecto de sus destinatarios,
cuestión que varía en razón de su naturaleza general o concreta; es decir,
cuandoquiera que se está en presencia de un acto general o abstracto la
vinculatoriedad, por regla general, se predica desde el momento mismo de su
publicación, en tanto que si se trata del segundo, es oponible desde que se produce
la notificación, comunicación o ejecución, según sea el caso. De tal suerte que, a
partir de su conocimiento, pueden ejercer su derecho de defensa o contradicción,
incluso de acción, en sede administrativa o judicial. Es así como el artículo 87 del
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Demandante: Carmenza Enciso Camelo
CPACA describe los eventos en los cuales los actos administrativos adquieren
firmeza, en los siguientes términos:
«1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su
notificación, comunicación o publicación según el caso.
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión
sobre los recursos interpuestos.
3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos,
si estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos.
4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de
los recursos.
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el
silencio administrativo positivo.»
Los anteriores son los eventos en los cuales la publicidad del acto le confiere el
atributo de ejecutoriedad (art. 89 del CPACA). Pero, existen otras decisiones que se
adoptan en ejercicio de la función administrativa que no causan efectos jurídicos
con su sola notificación, comunicación o publicación, sino que su perfeccionamiento
supone el cumplimiento de una condición.
Precisamente, ello ocurre con el acto de nombramiento de los servidores públicos,
el cual ha sido identificado por la jurisprudencia tanto del Consejo de Estado17 como
de la Corte Constitucional18 como un acto condición. Este tipo de actos se formaliza
y produce los efectos de generar una situación objetiva e impersonal de poner a la
persona designada en la condición de empleado público con su posesión; en
consecuencia, es a partir de ese momento que adquiere los derechos y deberes
inherentes al cargo, lo que conlleva a que el sujeto destinatario de dicho estatus
entienda que se ha modificado su situación particular y concreta.
Ahora bien, la jurisprudencia del Consejo de Estado explicó que los actos de retiro
de servidores públicos, como regla general, son de ejecución19. Ello es así, por
17
Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 24 de junio de 2021,
radicación: 08001-23-33-000-2012-00215-01 (2803-2014); y de la Subsección B, sentencia del 9 de septiembre
de 2021, radicación: 760012331000200403075 01 (0544-2019).
18
Corte Constitucional, sentencias T-003 de 1992 y T-457 de 1992.
19 Ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, autos del 4 de febrero 2016, radicación:
15001233300020130022001 (2874-13).
10
Radicado: 25000-23-42-000-2018-00720-01 (3959-2021)
Demandante: Carmenza Enciso Camelo
cuanto los efectos de la decisión del nominador se consuman en un momento dado,
de manera que sujetar la ejecución a los recursos propios del procedimiento
administrativo reñiría con tal efecto, dado que se tramitan en el efecto suspensivo
(art. 79 del CPACA). No obstante, lo anterior encuentra excepciones previstas en la
ley, entre ellas, la declaratoria de insubsistencia del nombramiento por calificación
no satisfactoria, prevista en el artículo 43 de la Ley 909 de 2004 en concordancia
con el artículo 2.2.19.4.2 del Decreto 1083 de 2015, contra la cual procede el recurso
de reposición o la destitución como consecuencia de una sanción disciplinaria (art.
130 de la Ley 1952 de 2019).
Es de anotar que, esta corporación ha entendido que la decisión del retiro no
requiere de notificación20, sino que basta con su comunicación al interesado.
Incluso, existen situaciones en las cuales se advierte que la voluntad de
desvinculación del servidor público está contenida en la comunicación misma, tal y
como ocurre en algunos casos de reestructuración administrativa21. Adicionalmente,
a pesar de no ser uno de los medios señalados en el artículo 8722 del CPACA como
uno de aquellos que permiten la firmeza de los actos administrativos, lo cierto es
que tiempo atrás, la ejecución ha sido la forma por la cual algunas personas se
enteran de la adopción de decisiones administrativas de aplicación inmediata23.
De ahí que, la ejecución del acto se tenga como referente para el término de
20 Ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia del 3 de
septiembre de 1996, radicado: S-636, demandante: Hernán Vega Vargas, magistrado ponente doctor
Carlos Betancur Jaramillo.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, radicación:
08001-23-31-000-2002-00181-01(2357-15).
22 «1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación,
comunicación o publicación según el caso.
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los
recursos interpuestos.
3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no
fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos.
4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos.
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio
administrativo positivo.»
23 Ver: Corte Constitucional, sentencia SU-447 de 2011.
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Radicado: 25000-23-42-000-2018-00720-01 (3959-2021)
Demandante: Carmenza Enciso Camelo
caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 24, según
el artículo 164 del CPACA, norma que concede al interesado un término de 4 meses
«contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o
publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en
otras disposiciones legales».
2.3. Caso concreto
2.3.1. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
• La señora Carmenza Enciso Camelo se vinculó a la institución educativa
departamental la Paz sede Francisco de Paula Santander, en Guaduas, como
docente de nivel de primaria, en provisionalidad, mediante la Resolución 003115 del
15 de mayo de 201225, proferida por el secretario de educación del departamento
de Cundinamarca.
• Por medio de la Resolución 00942 del 5 de febrero de 201326 la accionante fue
nombrada en provisionalidad, en una vacante definitiva, para el cargo de docente
de nivel o área preescolar de la institución educativa departamental la Paz sede
jardín infantil, en Guaduas.
• El 1.º de abril de 2016, por virtud de la Resolución 1843, expedida por la Secretaría
de Educación del departamento de Cundinamarca27, se dio por terminado “el
nombramiento provisional en vacante definitiva”, en razón del estudio técnico 236
del 25 de febrero de 201628 que justificó tal determinación al observar que había un
excedente en el área de básica primaria por disminución en las matrículas; esta
decisión se le notificó personalmente a la demandante el 11 de abril de la misma
24 Entre muchas otras, se pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 4 de febrero de 2021, radicación: 18001-23-33-000-2019-00177-01(1446-20) y de la
Subsección B, auto del 6 de agosto de 2008, radicación: 08001-23-31-000-2007-00886-01(1389-08).
25 Cita n° 3.
26 Cita n° 4.
27 Cita n° 8.
28 Cita n° 9.
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Demandante: Carmenza Enciso Camelo
anualidad y, en el numeral tres de la parte resolutiva, se le indicó que contra dicho
acto procedía el recurso de reposición, el cual debía presentarse dentro de los 10
días hábiles siguientes a su notificación.
• El 20 de abril de 2016, Carmenza Enciso Camelo interpuso recurso de reposición
contra la resolución precitada, en consideración a que se le habían vulnerado el
derecho al trabajo, al mínimo vital y a la seguridad social en salud.
• En cumplimiento de lo ordenado por un juez de tutela, se profirió el 11 de
septiembre de 2017 la Resolución 497529, por medio de la cual se resolvió el recurso
de reposición y se confirmó en todas sus partes la Resolución 1843 del 1.º de abril
de 2016.
2.3.2. Valoración probatoria
La sentencia de primera instancia denegó la nulidad de la Resolución 1843 del 1.º
de abril de 2016, por el cual se dispuso el retiro de la demandante. Sin embargo,
declaró la nulidad parcial de la Resolución 4975 del 11 de septiembre de 2017 y
ordenó el pago de acreencias laborales indexadas dejadas de percibir desde el 12
de abril de 2016 hasta el 13 de septiembre de 2017, por considerar que durante este
tiempo el acto citado no había quedado en firme, toda vez que no se había resuelto
el recurso de reposición que interpuso la demandante.
Por su parte, la entidad demandada estima que la consecuencia lógica de mantener
la legalidad de la Resolución 1843 del 1.º de abril de 2016 es que no haya lugar al
pago de salarios a la demandante.
De las pruebas aportadas al expediente, se observa que el acto por medio del cual
se dio por terminada la vinculación en provisionalidad fue la Resolución 1843 del 1.º
de abril de 2016. Según se precisó anteriormente, la decisión en ella expuesta no
29 Folios 9 a 11.
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Demandante: Carmenza Enciso Camelo
era susceptible de recursos, dada su naturaleza de acto de ejecución. A pesar de
ello, se advierte que dicha resolución ordenó su notificación y le informó a la docente
que podía interponer el recurso de reposición.
En criterio de la Sala, este hecho no modifica la naturaleza del acto de retiro de la
demandante, ni de allí puede desprenderse que hubiese quedado suspendida su
firmeza, pues aquel podía ejecutarse en el momento allí dispuesto, sin que se
observe norma alguna que consagre la procedencia de recursos ante la
administración. De esta manera, no puede admitirse que tales aspectos quedan al
arbitrio de la administración, teniendo en cuenta que en sus actuaciones debe dar
cumplimiento a la ley, lo cual sirve de fundamento para entender que sus decisiones
están investidas por la presunción de legalidad.
Ahora bien, en relación con la Resolución 4975 del 11 de septiembre de 2017,
declarada parcialmente nula en primera instancia, se advierte que aquella no
contenía la manifestación de la administración que hubiere causado efectos
jurídicos respecto de la remoción de la servidora y, esto es así, porque con este
instrumento jurídico se resolvió un recurso que no era procedente. Por tanto, el
pronunciamiento respecto de aquella no puede producir los efectos pretendidos de
restablecimiento, puesto que la cesación de pagos producto de la relación laboral
fue una consecuencia de la Resolución 4975 del 11 de septiembre de 2017. Así las
cosas, el acto expedido en el año 2017 no podía considerarse como uno definitivo,
al tenor del artículo 43 del CPACA.
En suma, no se estima viable mantener la decisión de acceder la pretensión
subsidiaria, por lo siguiente:
i) Al haberse mantenido la legalidad del acto de retiro en la sentencia de
primera instancia, no era procedente disponer un restablecimiento
económico del derecho derivado de su ejecución, como lo hizo el a quo
al ordenar el pago de acreencias laborales indexadas dejadas de percibir,
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Demandante: Carmenza Enciso Camelo
desde el 12 de abril de 2016 hasta el 13 de septiembre de 2017, pues la
demandante ni siquiera tenía la posibilidad de desarrollar funciones, si se
tiene en cuenta que esa fue precisamente la razón de la terminación de
la provisionalidad.
ii) En manera alguna puede considerarse que el acto de retiro no podía
ejecutarse hasta que se resolviera el recurso de reposición interpuesto
por la demandante, puesto que aquel no era susceptible de recurso
alguno ante la administración, puesto que su firmeza no estaba sujeta a
tal condición.
iii) La Resolución 4975 del 11 de septiembre de 2017 no contiene una
decisión definitiva sobre sus derechos, es decir, no creó, modificó ni
extinguió su situación jurídica, así esta se hubiese proferido como
consecuencia de una decisión de tutela, pues lo que allí se ordenó era
que se le ofreciera una respuesta a la demandante, como ha debido
hacerse desde el momento mismo en que ella presentó el recurso de
reposición.
iv) Si la decisión de desvinculación de la función pública quedó en firme el
11 de abril de 2016 y a partir de ese momento se produjo su retiro efectivo
del servicio, no habría lugar al reconocimiento de salarios y prestaciones
con posterioridad a esa fecha, pues se generaría un pago de lo no debido.
Máxime si al interponerse el recurso de reposición -se insiste, claramente
improcedente- y al resolverse este no se hubiesen suspendido los efectos
jurídicos de la Resolución 1843 del 1 de abril de 2016, ni se ejecutaron
materialmente sus funciones como docente.
Por lo anterior, se revocará la sentencia que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
2.4. Costas
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Demandante: Carmenza Enciso Camelo
La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA, la cual dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no
presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.
Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma30.
Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte
demandante.
30En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Demandante: Carmenza Enciso Camelo
3. Conclusión
Con fundamento en lo expuesto, la Sala de Subsección encuentra que Carmenza
Encizo Carmelo no tiene derecho al pago de las acreencias laborales indexadas
dejadas de percibir con posterioridad a su retiro del servicio, dispuesto por la
resolución 1843 del 1 de abril de 2016, puesto que esta decisión no era susceptible
de recurso alguno, dado que estaba dirigido a producir efectos a partir de la fecha
en la que efectivamente se ejecutó. En esas condiciones, la Resolución 4975 el 11
de septiembre de 2017 no contiene una decisión definitiva sobre los derechos de la
demandante, por lo tanto, su nulidad no conlleva al pago de acreencias laborales
causadas después de la separación del servicio, puesto que no se ejecutaron
materialmente sus funciones como docente.
En consecuencia, se revocará la sentencia proferida el 5 de noviembre de 2020 por
la Subsección D, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por medio de la cual se accedió parcialmente a las súplicas de la demanda y en su
lugar, denegará las pretensiones.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia proferida 5 de noviembre de 2020 por la Subsección
D, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por
Carmenza Enciso Camelo contra el departamento de Cundinamarca, Secretaría de
Educación, y en su lugar,
Negar las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
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Demandante: Carmenza Enciso Camelo
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. Reconocer personería jurídica a Epifanio Israel Cárdenas Cerpa, con
cédula de ciudadanía 19.372.217 Bogotá y Tarjeta Profesional No. 99.347 del
Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado judicial del departamento de
Cundinamarca, Secretaría de Educación, conforme al poder allegado vía correo
electrónico31.
Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Con salvamento de voto
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
31 Índice 19 de SAMAI.
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