República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2017-00874-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
29 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2017-00874-01 (0665-2021)
Demandante: Eduardo Silva Orozco
Demandados: Nación, Procuraduría General de la Nación, PGN
Tema: insubsistencia de procurador judicial I designado en provisionalidad, para proveer
el empleo con una persona de la lista de elegibles conformada como resultado del
concurso público de méritos. Subtema 1: naturaleza de los actos administrativos de
retiro del servicio. Subtema 2: publicidad de los actos administrativos que dan por
terminada una vinculación provisional, en los eventos en que la causa de la terminación
es la provisión del cargo por el sistema del mérito.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 13 de
noviembre de 2019 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual
se negaron las pretensiones de la demanda.
I. Síntesis del caso
Eduardo Silva Orozco solicitó que se inaplicaran las resoluciones 040 de 2015, por medio
de la cual la PGN convocó a concurso de méritos para proveer los empleos de
procuradores judiciales, y 338 de 2016, a través de la cual la entidad conformó la lista de
elegibles para el empleo de procurador judicial I. También pretendió que se declarara la
nulidad del Decreto 3592 del 8 de agosto de 2016, por el cual el procurador general de
la Nación nombró en período de prueba a una persona de la lista de elegibles, y dispuso
la terminación de su vinculación laboral en provisionalidad.
En su concepto de violación argumentó: (i) vulneración del principio de reserva legal y
falta de competencia del procurador general de la Nación; (ii) omisión del curso de
formación; (iii) eliminación irregular de las equivalencias para desempeñar el empleo de
procurador judicial; (iv) reglamentación ilegal de la experiencia profesional; (v) regulación
ilegal de la manera de acreditar libros y publicaciones, y (vi) ausencia de notificación
personal del acto de insubsistencia.
El Consejo de Estado confirma la sentencia de primera instancia del 13 de noviembre de
2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, mediante la cual se
negaron las pretensiones de la demanda.
Radicación: 76001-23-33-000-2017-00874-01 (0665-2021)
Demandante: Eduardo Silva Orozco
Demandada: PGN
II. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Eduardo Silva Orozco por conducto de apoderado judicial, presentó1 demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho2 el 3 de abril de 2017, de acuerdo con las
pretensiones, hechos y fundamentos jurídicos que a continuación se expresan3.
2.1.1. Pretensiones
2. Solicitó que se inaplicaran por ilegales las resoluciones 040 del 20 de enero de 2015,
por medio de la cual la PGN convocó a concurso público de méritos para proveer los
empleos de procuradores judiciales, y (ii) 338 del 8 de julio de 2016, a través de la cual
la entidad conformó la lista de elegibles para el empleo de procurador judicial I, adscrito
a la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa.
3.También pretendió que se declarara la nulidad del Decreto 3592 del 8 de agosto de
2016, por el cual el procurador general de la Nación nombró en período de prueba a
Diego Felipe Vivas Tobar en el empleo de procurador judicial I, código 3PJ, grado EG,
en la Procuraduría 60 Judicial I Administrativa, con sede en Cali, y dispuso la terminación
de su vinculación laboral en provisionalidad.
4. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condenara a la PGN a: (i)
reintegrarlo sin solución de continuidad al empleo de procurador judicial I que
desempeñaba en provisionalidad; (ii) pagarle de manera indexada por concepto de
«perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante», los salarios y prestaciones
dejados de percibir desde la fecha de su desvinculación hasta su reintegro efectivo; (iii)
pagarle en forma indexada 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, SMLMV,
por «perjuicios inmateriales, en la modalidad de daño moral».
2.1.2. Hechos
5. Eduardo Silva Orozco laboró al servicio de la PGN desde el 9 de enero de 2009, como
procurador judicial I, código 3PJ, grado EG, en la Procuraduría 60 Judicial I
Administrativa, adscrito a la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa
de Cali.
6. La PGN expidió la Resolución 040 del 20 de enero de 2015, a través de la cual
convocó y reglamentó el concurso público de méritos para proveer 744 empleos de
procurador judicial I y II.
7.A través de la Resolución 338 del 8 de julio de 2016, el procurador general de la Nación
conformó la lista de elegibles de la convocatoria 013-2015, correspondiente a las
vacantes de procurador judicial I, código 3PJ, grado EG, adscritos a la Procuraduría
1
Según el «acta individual de reparto», visible a folio 45 del expediente físico.
2
De acuerdo con el medio de control previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso–administrativo, en adelante CPACA.
3
La demanda consta a folio 11 y siguientes del expediente físico.
2
Radicación: 76001-23-33-000-2017-00874-01 (0665-2021)
Demandante: Eduardo Silva Orozco
Demandada: PGN
Delegada para la Conciliación Administrativa, en la cual el concursante Diego Felipe
Vivas Tobar ocupó el puesto 47.
8.El procurador general de la Nación profirió el Decreto 3592 del 8 de agosto de 2016
por el cual dispuso:
«ARTÍCULO PRIMERO: Nómbrase en periodo de prueba, por un término de cuatro (4)
meses, a DIEGO FELIPE VIVAS TOBAR, identificado(a) con la cédula de ciudadanía
número 10.293.838, en el cargo de Procurador Judicial I Código 3PJ, Grado EG, en la
Procuraduría 60 Judicial I Administrativa, con sede en la ciudad de Cali.
Dicho término se contará a partir de la fecha de posesión en el cargo.
En consecuencia, a partir de la posesión del(la) doctor(a) DIEGO FELIPE VIVAS TOBAR
en el cargo señalado, culminará la vinculación laboral, en provisionalidad, del(la) doctor(a)
EDUARDO SILVA OROZCO, quien se desempeña en este empleo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Culminado el periodo de prueba se evaluará el desempeño
laboral del servidor nombrado, en cumplimiento del artículo 218 del Decreto 262 de
2000.». [sic].
9.A través del Oficio SG No. 4270 del 12 de agosto de 2016 la Secretaría General de la
PGN le comunicó al demandante la terminación de su vinculación en provisionalidad.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
10. El demandante citó como normas violadas las siguientes: los artículos 4, 13, 113, 125,
279 y 280 de la Constitución Política; los artículos 194 y 103 del Decreto 262 de 2000; el
artículo 20 del Decreto 263 de 2000; los artículos 4 y 7 del Decreto 264 de 2000 y la
Resolución 253 del 9 de agosto de 2012 de la PGN.
11. En el concepto de violación expuso los siguientes cinco argumentos contra la
Resolución 040 del 20 de enero de 2015, a través de la cual la PGN convocó y
reglamentó el concurso público de méritos para proveer 744 cargos de procurador judicial
I y II:
a) Vulneración del principio de reserva legal y falta de competencia del procurador
general de la Nación para reglamentar la carrera administrativa especial de los
procuradores judiciales. La convocatoria a concurso público de méritos para proveer
los empleos de procurador judicial es ilegal porque la Resolución 040 de 2015 fue
expedida con «vulneración a la reserva de ley consagrada en los artículos 113, 125
y 279 de la Constitución, en concordancia con la Ley 270 de 1996», puesto que el
procurador general de la Nación reguló aspectos esenciales de la carrera
administrativa especial de los procuradores judiciales que correspondía reglamentar
exclusivamente al Congreso de la República.
b) Omisión del curso de formación. Según el artículo 280 constitucional, los
procuradores judiciales I y II deben tener las mismas calidades, categoría,
remuneración, derechos y prestaciones que los jueces y magistrados de mayor
jerarquía ante quienes ejercen el cargo. Por ello, el concurso que se debe aplicar a
una u otra entidad debe ser el mismo. En consecuencia, el acto administrativo
3
Radicación: 76001-23-33-000-2017-00874-01 (0665-2021)
Demandante: Eduardo Silva Orozco
Demandada: PGN
enjuiciado es el resultado de un concurso de méritos ilegal, en la medida que debía
aplicarse un proceso de selección en el que se exigiera, entre otras condiciones, la
realización y superación de un «curso de formación» como requisito previo para
ingresar a la carrera, así como se hace en la Rama Judicial.
c) Eliminación irregular de las equivalencias para desempeñar el empleo de procurador
judicial. La convocatoria no previó equivalencias para el cumplimiento de los
requisitos para desempeñar los empleos de procurador judicial, contrariando el
artículo 20 del Decreto 263 de 2000 y la Resolución 253 del 9 de agosto de 2012 de
la PGN, que así lo ordenan.
d) Reglamentación ilegal de la experiencia profesional. El concurso público de méritos
convocado por la Resolución 040 de 2015, desconoció los artículos 14 del Decreto
2772 de 2005 y 229 del Decreto 19 de 2012, al señalar que no tendría en cuenta la
experiencia profesional adquirida a partir de la terminación y aprobación de las
materias que conforman el pénsum académico, sino desde la fecha del grado.
e) Regulación ilegal de la acreditación de libros y publicaciones. La Resolución 040 de
2015 de la PGN violó los artículos 84 de la Constitución, 6 de la Ley 527 de 1999, y
9 del CPACA, al no permitir que los concursantes acreditaran sus libros y
publicaciones a través de medios electrónicos.
12. En virtud de los argumentos expuestos señaló que «el acto administrativo particular y
concreto aquí enjuiciado, […] adoptó e hizo suyo el resultado de un concurso viciado de
las ilegalidades anotadas, [por lo tanto] debe ser retirado […] del ordenamiento jurídico»,
ya que «la ilegalidad del acto administrativo general que convocó al concurso
(Resolución 040 de 2015)» produce «la ilegalidad consecuencial del acto administrativo
general que estableció la lista de elegibles para el empleo de Procurador Judicial I
(Resolución 338 de 2016)», y en ese sentido, «el acto administrativo particular y concreto
que decide desvincular [al demandante] de su cargo para designar en su lugar a una
persona de una lista de elegibles ilegal, […] es producto de un concurso de méritos
ilegal», porque «los vicios de aquellos se comuniquen a este».
13. Finalmente, en lo que tiene que ver con el Decreto 3592 del 8 de agosto de 20164,
señaló que no le fue notificado personalmente, pese a que se trata de un acto
administrativo particular y concreto que definió su situación laboral en la entidad. Explicó
sobre el particular, que la entidad demandada se limitó a comunicarle a través del Oficio
SG No. 4270 del 12 de agosto de 2016, la decisión de desvincularlo del cargo que
desempeñaba. Por consiguiente, frente a este aspecto alegó vulneración del principio de
publicidad, de su derecho al debido proceso, y de los artículos 66 y siguientes del
CPACA.
4
Por el cual el procurador general de la Nación nombró en período de prueba a Diego Felipe Vivas Tobar en el cargo
de procurador judicial I, código 3PJ, grado EG, en la Procuraduría 60 Judicial I Administrativa, con sede en Cali, y
dispuso la terminación de su vinculación laboral en provisionalidad.
4
Radicación: 76001-23-33-000-2017-00874-01 (0665-2021)
Demandante: Eduardo Silva Orozco
Demandada: PGN
2.2. Contestación de la demanda
2.2.1. PGN
14. La PGN5 se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que el acto
administrativo censurado no adolece de los vicios señalados por el demandante,
comoquiera que se profirió con estricto cumplimiento de las normas en que debía
fundarse y en ejercicio de una orden judicial.
15. Indicó que la Corte Constitucional en sentencia C-101 de 2013 ordenó a la PGN
convocar a concurso público de méritos, para la provisión en carrera administrativa de
todos los empleos de procurador judicial. En cumplimiento de ello, la entidad profirió la
Resolución 040 del 20 de enero de 2015, por la cual dispuso la apertura del respectivo
proceso de selección.
16. Señaló que el empleo que ocupaba el demandante provisionalmente fue ofertado en
el concurso, a través de la convocatoria 013-2015, que culminó con la lista de elegibles
contenida en la Resolución 338 del 8 de julio de 2016.
17. Explicó que el régimen de carrera aplicable a los jueces y magistrados de la Rama
Judicial no es el mismo establecido para los procuradores judiciales, pues mientras que
el de los primeros se rige por la Ley 270 de 1996, a la PGN corresponde aplicar el Decreto
262 de 2000 para la selección, ingreso, permanencia y retiro de dicho empleo, conforme
lo estableció la Corte Constitucional en sentencia C-101 de 2013.
18. Que comoquiera que el régimen especial de carrera de la PGN está contenido en el
Decreto Ley 262 de 2000, no era necesaria la expedición de una ley previa para regular
las condiciones de ingreso, permanencia y retiro de los procuradores judiciales. Allí se
define el sistema de nomenclatura, clasificación y nivel jerárquico de los procuradores
judiciales, se dispone que tales cargos pertenecen al nivel profesional y se establece el
trámite para los concursos de mérito destinados a la provisión de empleos de carrera.
19. Señaló que el Decreto 262 de 2000 no prevé la realización de un «curso de formación»
entre las etapas de los concursos de méritos, por lo cual la PGN no podía implementarlo
como lo pretende hacer ver el demandante. Precisó que «el proceso de selección de
empleados de carrera de la PGN se encuentra certificado bajo la norma de calidad ISO
9001:2008, de forma que las actividades y procedimientos tienen una reglamentación
interna, acorde con el Decreto 262 de 2000, y no contempla como uno de los
instrumentos de selección la realización de un curso concurso, instrumento de selección
que nunca ha sido utilizado por la PGN, en los procesos que ha adelantado para proveer
empleos de carrera. […]. Adicionalmente […] la orden que impuso la Corte Constitucional
en sentencia C-101 de 2013, determinó un plazo de no más de un año para poder surtir
todo el proceso de selección desde la planeación, de forma que bajo ese escenario mal
haría la PGN en realizar un curso concurso que no está previsto en el Decreto Ley 262
de 2000 afectando así la legalidad del proceso. Menos aún podría la entidad establecer
condiciones que dilaten el cumplimiento de una orden judicial».
5
Folio 61 y siguientes del expediente físico.
5
Radicación: 76001-23-33-000-2017-00874-01 (0665-2021)
Demandante: Eduardo Silva Orozco
Demandada: PGN
20. Expresó que, en cuanto a las equivalencias, el artículo 20 del Decreto Ley 263 de
2000, establece que estas no aplican en la PGN de manera automática, sino que es una
potestad facultativa «que permite que el procurador general de la Nación adopte la
decisión de aplicarlas a determinados empleos, ya que, en ejercicio de la competencia
de expedir el Manual de Funciones y Requisitos, está autorizado para determinar en qué
empleos se pueden hacer equivalencias».
21. En lo que tiene que ver con la experiencia profesional, señaló que quienes ejerzan los
empleos de procuradores judiciales deben acreditar los mismos requisitos establecidos
para los jueces y magistrados establecidos en la Ley 270 de 1996, régimen legal cuyo
artículo 128 exige que la experiencia sea contada con posterioridad al título de abogado.
22. En lo que concierne a la exigencia de que los libros y las publicaciones que los
concursantes querían hacer valer debieron allegarse en forma física, comentó que
contrario a lo argumentado por la parte activa, dicha forma de presentación no vulnera
derecho alguno, dado que la mayoría de las obras están impresas en papel. Por ello,
imponer a los interesados la obligación de escanear dichos ejemplares representaría una
carga adicional para los participantes. La Procuraduría tiene además oficinas en los 32
departamentos del país, lo cual facilita la entrega y la devolución de los ejemplares físicos
a sus autores al culminar el proceso.
23. Por último, explicó que no hubo indebida notificación del Decreto 3592 de agosto 8 de
2016, comoquiera que el demandante no debía ser notificado personalmente de dicho
acto administrativo, ya que el artículo 37 del CPACA establece que a los terceros se les
debe comunicar las actuaciones administrativas a la dirección o correo electrónico que
se conozca, como en efecto se hizo.
2.2.2. Diego Felipe Vivas Tobar
24. Diego Felipe Vivas Tobar6 en calidad de tercero con interés directo en las resultas del
proceso se opuso a las pretensiones de la demanda, alegando en esencia que carecía
de legitimación en la causa por pasiva, dado que los efectos de la sentencia no podían
serle extensivos.
25. Explicó, que la demanda no está encaminada a obtener la nulidad del acto de su
nombramiento como procurador 60 judicial I para asuntos administrativos de Cali, sino
exclusivamente contra el acto de terminación de la provisionalidad del demandante.
26. Resaltó que es improcedente la solicitud de inaplicación de las Resoluciones 040 de
2015 y 338 de 2016, por estar las mismas ajustadas al ordenamiento jurídico.
27. Señaló que existe cosa juzgada constitucional respecto de los argumentos esbozados
por el demandante en contra de la Resolución 040 de 2015, pues los mismos fueron
resueltos por la Corte Constitucional en la sentencia C-101 de 2013, en la cual se indicó
que la incorporación de los procuradores judiciales a la PGN debe ser a través de
concurso de méritos, conforme lo exige el artículo 125 de la Constitución.
6
Folio 105 y siguientes del expediente físico.
6
Radicación: 76001-23-33-000-2017-00874-01 (0665-2021)
Demandante: Eduardo Silva Orozco
Demandada: PGN
28. Afirmó que los cargos de la demanda, salvo el relacionado con la indebida notificación
del Decreto 3592 de 2016, están dirigidos exclusivamente a atacar la Resolución 040 de
2015, por la cual la PGN convocó al concurso de méritos para proveer los empleos
vacantes de procurador judicial, concluyendo que la eventual anulación de la
convocatoria no invalidaría la expedición del referido decreto. En ese sentido, precisó
que los vicios de legalidad de un acto administrativo general no anulan actos
administrativos de carácter particular que hayan sido proferidos en su virtud, en este
caso, su nombramiento como procurador judicial.
29. Indicó que la indebida notificación de un acto administrativo no afecta su validez ni
constituye causal de nulidad, pues este es un aspecto que tiene que ver con su eficacia.
Por lo tanto, la supuesta falta de notificación personal del Decreto 3592 de 2016 al
demandante, no da lugar a la declaratoria de su nulidad.
30. Arguyó que el concurso de méritos adelantado por la PGN se ajustó a las normas en
que debía fundarse y fue convocado por la entidad competente para hacerlo.
2.3. Sentencia de primera instancia
31. ElTribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 13 de
noviembre de 20197 negó las pretensiones de la demanda, y condenó en costas a la
parte demandante, por los siguientes motivos:
32. Señaló que la Resolución 040 de 2015 se ajustó al ordenamiento jurídico, en tanto fue
expedida por la autoridad competente en cumplimiento de una orden judicial contenida
en la sentencia C-101 de 2013 de la Corte Constitucional, y en atención a lo dispuesto
en el Decreto 262 de 2000.
33. Sostuvo que el régimen de carrera aplicable a los jueces y magistrados de la Rama
Judicial está regulado en la Ley 270 de 1996, mientras que la selección de procuradores
judiciales está regida por el Decreto 262 de 2000. Por lo tanto, no son equiparables y, en
esa medida, no es procedente la realización de un «curso de formación» para ocupar el
cargo de procurador judicial.
34. Precisó que según el Decreto 263 de 2000 las equivalencias de los requisitos para los
cargos de la PGN son potestativas del nominador y deben estar determinadas en el
manual de funciones y competencias laborales. Entonces, dado que en el referido
manual no se encuentran previstas equivalencias para los empleos de procurador judicial
I y II, no podían incluirse en la convocatoria.
35. En cuanto a la exigencia de la convocatoria de que los concursantes debían aportar
la documentación para el concurso tanto por vía electrónica como física, advirtió que el
demandante no probó que la misma le hubiera causado afectación alguna, máxime
cuando no alegó de manera puntual que hubiera participado en el concurso y que por
esa circunstancia no le fue asignado puntaje. Asimismo, resaltó que la convocatoria es
7
Folio 293 y siguientes del expediente físico. Suscrita por los magistrados Zoranny Castillo Otálora (ponente), Ana
Margoth Chamorro Benavides y Víctor Adolfo Hernández Díaz.
7
Radicación: 76001-23-33-000-2017-00874-01 (0665-2021)
Demandante: Eduardo Silva Orozco
Demandada: PGN
la ley del concurso y, por lo tanto, los aspirantes que libremente aspiren se obligan a
cumplir con los requisitos establecidos en la misma.
36. Respecto de la notificación del Decreto 3592 del 8 de agosto de 2018, el tribunal
destacó que en el expediente obra prueba de que el mismo le fue comunicado al
demandante por la PGN, el día 30 de agosto de 2016.
37. En conclusión, consideró que no se había logrado desvirtuar la legalidad del acto
administrativo demandado, ni procedía la inaplicación de las Resoluciones 040 de 2015
y 338 de 2016, por encontrarse ajustadas al ordenamiento jurídico.
2.4. Recurso de apelación
38. El demandante interpuso recurso de apelación8 contra la sentencia de primera
instancia. Manifestó que el Tribunal no tuvo en cuenta que el acto administrativo por el
cual fue desvinculado del cargo que desempeñaba en provisionalidad fue el resultado de
un concurso de méritos ilegal.
39. Puso de presente que el procurador general de la Nación no podía regular aspectos
esenciales y definitivos de la carrera y el concurso de los procuradores judiciales I y II,
porque es competencia exclusiva del Congreso de la República, a través de ley
estatutaria, de conformidad con los artículos 125, 152 y 279 de la Constitución Política y
la Ley 270 de 1996.
40. El Tribunal no tuvo en cuenta que el concurso que dio lugar al acto demandado es
ilegal porque no previó equivalencia alguna para cargos del nivel profesional, como lo
son los de procuradores judiciales I y II, según lo establece el Decreto 263 de 2000.
41. El tribunal no estudió los argumentos relacionados con la ilegalidad del requisito de
cómputo de la experiencia profesional a partir de la fecha de la obtención del título
profesional, el deber de aportar los libros publicados en físico para que fueran tenidos en
cuenta y la ausencia de equivalencia u homologaciones de títulos de posgrado por
experiencia.
42. Reiteró que la PGN al expedir la Resolución 040 de 2015 no tuvo en cuenta los
criterios señalados en la ley referentes al curso de formación judicial como requisito para
ingreso a la carrera de los agentes del Ministerio Público.
43. Indicó que el acto administrativo de insubsistencia censurado, por ser de contenido
particular, debía ser notificado personalmente según lo dispuesto en los artículos 66, 67,
68, 69 y 72 del CPACA, por lo que no podía surtir efectos hasta que se agotara este
trámite.
8
Folio 304 y siguientes del expediente físico.
8
Radicación: 76001-23-33-000-2017-00874-01 (0665-2021)
Demandante: Eduardo Silva Orozco
Demandada: PGN
2.5. Alegatos de conclusión ante el Consejo de Estado
2.5.1. Demandante
44. El demandante no presentó alegatos de conclusión en esta instancia.
2.5.2. PGN
45. La PGN9 reiteró los argumentos que expresó al contestar la demanda y en los alegatos
de conclusión ante el Tribunal. Agregó que con posterioridad a la expedición de la
sentencia de primera instancia, el Consejo de Estado, Sección Segunda, mediante
sentencia de única instancia del 30 de julio de 2021, negó las pretensiones de nulidad
de la Resolución 040 de 2015 formuladas en 8 demandas de nulidad simple acumuladas
al expediente 11001032500020150036600 (0740-2015). Por consiguiente, solicita que
se acojan los considerandos expuestos en la referida providencia.
2.5.3. Diego Felipe Vivas Tobar
46. Diego Felipe Vivas Tobar solicitó que se confirmara la sentencia de primera instancia.
Para tales efectos reiteró los argumentos que expuso en la contestación a la demanda y
en los alegatos de conclusión que presentó ante el Tribunal en primera instancia10.
2.6. Ministerio Público
47. Elprocurador delegado ante el Consejo de Estado no rindió concepto en esta
oportunidad.
III. Consideraciones
3.1. Competencia
48. El presente asunto es de competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso 1 del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado
conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.
3.2. Problemas jurídicos
49. Deacuerdo con lo expuesto, a la Sala le corresponde resolver los siguientes
problemas jurídicos:
1) ¿El procurador general de la Nación estaba facultado para, mediante la Resolución
040 de 2015, convocar a un concurso público de méritos tendiente a la provisión
definitiva de los cargos de procurador judicial, sin que el Congreso de la República
hubiese expedido previamente una ley estatutaria que regulase el régimen de carrera
especial que debía ser aplicado a dichos empleos, luego de que la Corte
9
Samai Consejo de Estado, expediente de la referencia, índice 20.
10
Samai Consejo de Estado, expediente de la referencia, índice 21.
9
Radicación: 76001-23-33-000-2017-00874-01 (0665-2021)
Demandante: Eduardo Silva Orozco
Demandada: PGN
Constitucional señalara en la sentencia C-101 de 2013, que no eran de libre
nombramiento y remoción, sino de carrera?
2) ¿Para proveer los empleos de procurador judicial, la PGN podía convocar a través de
la Resolución 040 de 2015, – y realizar – un concurso público de méritos diferente del
previsto en los artículos 160 y 168 de la Ley 270 de 1996 para la selección de jueces
y magistrados, en los que se establece la realización de un curso de formación?
3) ¿La Resolución 040 de 2015 es violatoria de las normas superiores en las que debía
fundarse, al no prever, en el marco del concurso público de méritos para proveer los
empleos de procurador judicial, el método de valoración de equivalencias previsto en
el artículo 20 del Decreto 263 de 2000 y en el Manual Especifico de Funciones y
Requisitos de la PGN?
4) ¿La PGN desbordó su facultad reglamentaria al establecer, en las bases de la
convocatoria del proceso de selección de los procuradores judiciales, fijadas en la
Resolución 040 de 2015, que la experiencia profesional se cuenta desde el grado y
no desde la terminación y aprobación de las materias que forman el plan de estudios?
5) ¿La PGN incurrió en un exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria con
ocasión de la expedición de la Resolución 040 de 2015, al asignar puntaje a las
publicaciones entregadas en físico, y excluir las registradas a través de medios
digitales?
6) ¿El Decreto 3592 del 8 de agosto de 2018 por medio del cual se nombró en propiedad
a Diego Felipe Vivas Tobar, y se dispuso la desvinculación de Eduardo Silva Orozco,
debió ser notificado de manera personal a este último, para ser considerado válido y
eficaz?
3.3. Contexto normativo y antecedentes que dieron lugar a la expedición de los
actos administrativos demandados
50. En virtud del artículo 125 de la Constitución, los empleos en los órganos y entidades
del Estado son de carrera administrativa, salvo los de elección popular, libre
nombramiento y remoción, los trabajadores oficiales y los que disponga la Ley.
51. El artículo 279 Superior dispone, que «[l]a Ley determinará lo relativo a la estructura y
al funcionamiento de la Procuraduría General de la Nación, regulará lo atinente al ingreso
y concurso de méritos y al retiro del servicio, a las inhabilidades, incompatibilidades,
denominación, calidades, remuneración y al régimen disciplinario de todos los
funcionarios y empleados de dicho organismo.».
52. Con la finalidad de regular la carrera administrativa de la PGN, mediante la Ley 573
de 200011, el Congreso otorgó facultades extraordinarias al Presidente de la República,
y en ejercicio de tales facultades, el Gobierno Nacional profirió el Decreto Ley 262 de
11
Mediante la cual se reviste al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias en aplicación del
numeral 10 del artículo 150 de la Constitución.
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Radicación: 76001-23-33-000-2017-00874-01 (0665-2021)
Demandante: Eduardo Silva Orozco
Demandada: PGN
200012, mediante el cual, entre otras, en su artículo 182 determinó la naturaleza de los
empleos de dicha entidad, de la siguiente manera:
«Artículo 182. Clasificación de los empleos. Los empleos, de acuerdo con su naturaleza
y forma de provisión, se clasificarán así:
1) De carrera
2) De libre nombramiento y remoción. Los empleos de la Procuraduría General de la
Nación son de carrera, con excepción de los de libre nombramiento y remoción. Los
empleos de libre nombramiento y remoción son:
• Viceprocurador General
• Secretario General
• Tesorero
• Procurador Auxiliar
• Director
• Jefe de la División Administrativa y Financiera del Instituto de Estudios del Ministerio
Público
• Procurador Delegado
• Procurador Judicial
• Asesor del Despacho del Procurador
• Asesor del Despacho del Viceprocurador
• Veedor
• Secretario Privado
• Procurador Regional
• Procurador Distrital
• Procurador Provincial
• Jefe de Oficina
• Jefe de la División de Seguridad
• Agentes adscritos a la División de Seguridad y demás servidores cuyas funciones
consistan en la protección y seguridad personales de los servidores públicos, cualquiera
sea la denominación del empleo.
3) De periodo fijo: Procurador General de la Nación.».
53. La constitucionalidad de la citada disposición fue objeto de estudio por parte de la
Corte Constitucional en la sentencia C-101 de 2013 cuya parte resolutiva dispuso lo
siguiente:
«Primero.- Declarar la INEXEQUIBILIDAD de la expresión “Procurador Judicial” del
numeral 2), del artículo 182, del Decreto Ley 262 de 2000, por la vulneración del artículo
280 de la Constitución Política.
Segundo.- ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación que en un término máximo
de 6 meses, contados a partir de la notificación de este fallo, convoque a un concurso
público para la provisión en propiedad de los cargos de Procurador Judicial, que deberá
culminar a más tardar en un año desde la notificación de esta sentencia.».
54. La Corte estudió como problema jurídico el siguiente: «¿[l]a inclusión del cargo de
“Procurador Judicial “entre los empleos de libre nombramiento y remoción de la
Procuraduría General de la Nación – y de contera, su exclusión del régimen de carrera–
, vulnera el artículo 280 de la Constitución que ordena la equiparación de sus derechos
12
Por el cual se modifican la estructura y organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de
Estudios del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la Procuraduría General; se dictan normas para
su funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación, el de inhabilidades e
incompatibilidades de sus servidores y se regulan las diversas situaciones administrativas a las que se encuentren
sujetos.
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Radicación: 76001-23-33-000-2017-00874-01 (0665-2021)
Demandante: Eduardo Silva Orozco
Demandada: PGN
con los de las autoridades judiciales ante quienes actúan, entre ellos, el de no ser de
libre nombramiento y remoción y pertenecer a una carrera?».
55. La Corte declaró la inexequibilidad de la expresión «Procurador Judicial» del numeral
2 del artículo 182 del decreto Ley 262 de 2000, por la vulneración del artículo 280 de la
Constitución Política, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
«5.4.3. El artículo 280 constitucional regula situaciones jurídicas de dos tipos de
servidores públicos: los agentes del ministerio público que ejercen su cargo ante la rama
judicial; y los magistrados y jueces ante quienes ellos actúan. Entre los factores
equiparables de unos y otros, se encuentran los “derechos”, al lado de “categoría y
calidades” como de “remuneración y prestaciones”. Ello indica que la acepción “derechos”
adquiere un contenido específico que la diferencia de otros derechos asociados [al]
régimen salarial y prestacional de los procuradores judiciales. Entre “derechos” objeto de
homologación, que no tienen por objeto ni la remuneración ni las prestaciones, se
encuentra el de pertenencia a un régimen de carrera, que entraña para sus titulares
garantías de estabilidad laboral, de acceso a los cargos y promoción a los mismos a
través de la selección y evaluación objetivos, con base en criterios del mérito y las
calidades personales, propios de la carrera administrativa o judicial; de tal pertenencia a
la carrera se deriva, puntualmente, la garantía de que su nombramiento y remoción no
puede ser el resultado de la discrecionalidad del nominador y de gozar de la estabilidad
que tienen los magistrados y jueces ante quienes ejercen sus funciones.
5.4.4. El artículo 280 de la Constitución Política refuerza lo anteriormente señalado,
cuando establece que los agentes del Ministerio Público tendrán la misma “categoría” de
los magistrados y jueces ante los que actúan, vocablo que significa la equivalencia en los
cargos que desempeñan unos y otros, la cual se quebranta con la distinción que realiza
la disposición acusada, al clasificar el cargo de procurador judicial como de libre
nombramiento y remoción, cuando los de los jueces y magistrados ante los que actúan,
son de carrera administrativa, conduciendo a su inexequibilidad.
5.4.5. Así, los procuradores judiciales, en su condición de agentes del Ministerio Público
que actúan ante jueces y tribunales cuyos cargos han sido definidos por el legislador -Ley
270 de 1996- como de carrera, tienen el derecho a ser clasificados igualmente como
carrera administrativa, en aplicación del artículo 280 constitucional. Tal decisión, además,
se aviene con el principio general de la carrera, prevista en el artículo 125 superior.
[…]
5.5.1. La Corte declarará la inexequibilidad de la norma demandada, por vulneración del
artículo 280 de la Constitución que ordena la equiparación en materia de “derechos” entre
magistrados y jueces y los agentes del ministerio público que ejercen el cargo ante ellos,
entendiendo esta Corte que entre los derechos a homologar se encuentra el ser
considerado de carrera administrativa.
5.5.2. Cabe distinguir que una es la carrera judicial administrada por el Consejo Superior
de la Judicatura y otra la carrera administrativa de la Procuraduría General de la Nación.
Por ello, la incorporación que procede respecto de los “procuradores judiciales” es a la
carrera propia de la Procuraduría General de la Nación.
5.5.3. En consecuencia, al declarar inexequible la expresión “procurador judicial”,
contenida en el numeral 2) del artículo 182 del decreto ley 262 de 2000 -que los define
como de libre nombramiento y remoción-, ordenará a la Procuraduría General de la
Nación la convocación de un concurso público de méritos para la provisión de tales
cargos, en un término no mayor de seis (6) meses, de acuerdo con las reglas y
procedimientos que lo regulan.».
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Radicación: 76001-23-33-000-2017-00874-01 (0665-2021)
Demandante: Eduardo Silva Orozco
Demandada: PGN
56. Es del caso reseñar que la Corte Constitucional, mediante Auto 255 del 2013, al
pronunciarse sobre la solicitud de nulidad de la sentencia C-101 del 2013 formulada por
el procurador general de la Nación, puntualizó que dicha entidad incurría en una
equivocación al entender que se había ordenado «la equiparación de los regímenes de
la carrera administrativa de la PGN y el de la carrera judicial propia de los Jueces y
Magistrados (LE.270/96)», pues la equiparación a la que alude esa decisión, en realidad
se refiere a que los empleos de procurador judicial son de carrera, lo cual no significa en
modo alguno que se les deba aplicar el mismo régimen de carrera que rige para la Rama
Judicial.
57. Como consecuencia de la declaratoria de inexequibilidad de la expresión «Procurador
Judicial», contenida en el artículo 182 del Decreto Ley 262 del 2000, y de la orden
impartida por la Corte Constitucional en la referida sentencia, orientada a que en 6 meses
debía adelantarse el respectivo concurso, el procurador general de la Nación de ese
entonces, profirió la Resolución 040 del 20 de enero de 2015, «[p]or medio de la cual se
da apertura y se reglamenta la convocatoria del proceso de selección para proveer
cargos de carrera de procuradores judiciales de la entidad».
58. Los empleos objeto del concurso fueron 744, de los cuales, 317 plazas eran de
procuradores judiciales I, y 427, de procuradores judiciales II, distribuidos en 14
procuradurías delegadas, así:
• Procuraduría Delegada para la Restitución de Tierras (procurador judicial II);
• Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios (procurador judicial II);
• Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles (procurador judicial II);
• Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales (procurador
judicial II);
• Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social (procurador
judicial II);
• Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa (procurador judicial II);
• Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la
Adolescencia y la Familia (procurador judicial II);
• Procuraduría Delegada para la Restitución de Tierras (procurador judicial I);
• Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios (procurador judicial I);
• Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles (procurador judicial I);
• Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales (procurador
judicial I);
• Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social (procurador
judicial I);
• Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa (procurador judicial I); y
• Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la
Adolescencia y la Familia (procurador judicial I).
59. En razón a la distribución de los empleos de procuradores judiciales I y II en 14
procuradurías delegadas, se adelantaron de manera simultánea 14 convocatorias, todas
ellas reguladas por la mencionada Resolución 040 del 20 de enero de 2015.
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Radicación: 76001-23-33-000-2017-00874-01 (0665-2021)
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3.4. Resolución de los problemas jurídicos
3.4.1. Primer problema jurídico
60. Como primer problema jurídico se señaló el siguiente: ¿el procurador general de la
Nación estaba facultado para, mediante la Resolución 040 de 2015, convocar a un
concurso público de méritos tendiente a la provisión definitiva de los cargos de
procurador judicial, sin que el Congreso de la República hubiese expedido previamente
una ley estatutaria que regulase el régimen de carrera especial que debía ser aplicado a
dichos empleos, luego de que la Corte Constitucional señalara en la sentencia C-101 de
2013, que no eran de libre nombramiento y remoción, sino de carrera?
61. Leída la referida sentencia C-101 de 2013, se observa que la Corte Constitucional
declaró la inexequibilidad de la disposición legal que en el Decreto Ley 262 de 2000
incluía a los procuradores judiciales como funcionarios de libre nombramiento y
remoción, porque vulneraba de manera directa el artículo 280 de la Constitución, según
el cual «[l]os agentes del Ministerio Público tendrán las mismas calidades, categoría,
remuneración, derechos y prestaciones de los magistrados y jueces de mayor jerarquía
ante quienes ejerzan el cargo.».
62. De acuerdo con lo expuesto, como el artículo 280 Superior establece que «los agentes
del Ministerio Público tendrán las mismas calidades, categoría, remuneración, derechos
y prestaciones de los magistrados y jueces de mayor jerarquía ante quienes ejerzan el
cargo», para la Corte Constitucional, los empleos de procurador judicial no pueden ser
de libre nombramiento y remoción, sino de carrera, como lo son los cargos de jueces y
magistrados ante los cuales están delegados.
63. En ese sentido, al ser de carrera administrativa, el acceso a los cargos de procurador
judicial, sólo puede producirse por el sistema del mérito, tal como lo establece el artículo
125 de la Constitución, razón por la que en la mencionada sentencia C-101 de 2013, la
Corte Constitucional, además de la inexequibilidad de la expresión «procurador judicial»,
ordenó «a la Procuraduría General de la Nación que en un término máximo de seis
meses, contados a partir de la notificación de este fallo, convoque a un concurso público
para la provisión en propiedad de los cargos de Procurador Judicial, que deberá culminar
a más tardar en un año desde la notificación de esta sentencia.».
64. Así las cosas, para esta Sala, luego de declarar la inexequibilidad de la expresión
«procurador judicial» contenida en el artículo 182 del Decreto Ley 262 de 2000, y en
consecuencia determinar que tales cargos son de carrera, resultaba apenas natural que
la Corte ordenara a la PGN adelantar el respectivo concurso de méritos para proveer en
propiedad dichos empleos, en aplicación del artículo 125 de la Constitución que
establece el principio del mérito como el pilar de la carrera administrativa.
65. Por lo tanto, en criterio de esta Sala, no era necesario esperar a que el Congreso de
la República expidiese una ley o que nuevamente confiriese facultades extraordinarias
al Presidente de la República para regular lo relacionado con el acceso al cargo de
procurador judicial, pues, el principio de aplicación directa e inmediata de la Constitución,
contenido en el artículo 4 de la Carta, habilitaba a la Corte para ordenar el adelantamiento
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Radicación: 76001-23-33-000-2017-00874-01 (0665-2021)
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del concurso con el objeto de garantizar el cumplimiento del artículo 125 superior, cuando
señala que el ingreso a los cargos de carrera se hará por mérito.
66. Como se indicó anteriormente, este tema fue objeto de análisis por la Corte
Constitucional, mediante la sentencia C-101 de 2013, en la cual determinó que los cargos
de procuradores judiciales debían ser catalogados en el régimen de carrera de la PGN y
no de la Rama Judicial, al señalar: «[l]a Corte declara la inexequibilidad de la norma
demandada, por vulneración del articulo 280 de la Constitución que ordena la
equiparación en materia de derechos entre Magistrados y jueces y los agentes del
ministerio público que ejercen el cargo ante ellas, entendiendo este Corte que entre los
derechos a homologar se encuentra el ser considerado de carrera administrativa. Cabe
distinguir que una es la carrera judicial administrada por el Consejo Superior de la
Judicatura y otra la carrera administrativa de la PGN, Por ello, la incorporación que
procede respecto de los "procuradores judiciales" es a la carrera propia de la PGN.».
67. Lo anterior fue reiterado por la Corte Constitucional en auto A-255/13 del 6 de
noviembre de 2013, en el cual resolvió una solicitud de nulidad propuesta por la PGN en
la que se peticionó claridad a la Corte acerca de la necesidad de adecuar el sistema de
los procuradores judiciales al de los jueces y magistrados. La Corte ratificó que la
igualdad de derechos que había sido dispuesta mediante sentencia C-101 de 2013 se
limitada a su ingreso a través de concurso público de méritos pero que ello no implicaba
un régimen especial distinto al que ya regía en la PGN. En dicha providencia, la Corte
sostuvo:
«3.2.4. Ahora bien, frente a la afirmación de la Procuraduría de la imposibilidad de cumplir
el mandato de igualdad del articulo 280 constitucional debido a la divergencia entre los
regímenes de la carrera de la procuraduría y la carrera judicial, encuentra la Corte que
ella surge como consecuencia de la interpretación errada que hace la solicitante, al
considerar que el mandato de igualdad contenido en el artículo 280 constitucional, se
refiere a la equiparación de los regímenes de la carrera administrativa de la PGN y el de
la carrera judicial propia de los Jueces y Magistrados (LE.270/96), y no al "derecho" a que
los cargos de los Procuradores Judiciales sean considerados de carrera, como lo indicó
esta Corporación en la providencia impugnada.
2.3.5. Es por ello que la Corte fue clara en el pronunciamiento acusado, al establecer - en
su numeral 5.5.2. - la necesidad de distinguir entre la carrera judicial administrada por el
Consejo Superior de la Judicatura y la carrera administrativa de la PGN y que por ello, la
incorporación que procedía respecto de los Procuradores Judiciales era a la carrera
propia de la PGN, en tanto "entre los "derechos" de los jueces y magistrados, que en
virtud del artículo 280 constitucional deben ser extendidos a los agentes del ministerio
público que ejercen su cargo ante ellos, se encuentra de no ser catalogado su empleo
por el Legislador como de libre nombramiento y remoción es decir, ser reconocido como
cargo de carrera».
68. Por lo anterior, no le asiste razón al demandante en cuanto a la necesidad de tramitar
una ley para establecer un nuevo sistema de carrera para los procuradores judiciales.
Tampoco resulta posible que el concurso de procuradores judiciales se rija por las
disposiciones de la Ley 270 de 1996, pues este estatuto solo aplica para los empleos de
la Rama Judicial. En este contexto, la Resolución 040 de 2015 se rige por lo dispuesto
en el Decreto Ley 262 de 2000, que es la norma que regula los concursos para el ingreso
a empleos de carrera de la PGN.
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Radicación: 76001-23-33-000-2017-00874-01 (0665-2021)
Demandante: Eduardo Silva Orozco
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69. En igual sentido se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, en la sentencia
de única instancia del 30 de julio de 2021, que negó las pretensiones de nulidad de la
Resolución 040 de 2015, en el expediente 11001032500020150036600 (0740-2015):
«La Sala le concede la razón al apoderado de la parte demandada y al Ministerio Público,
cuando señalan que la ley que regula esa materia no es otra distinta al Decreto Ley 262
de 2000, expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las precisas
facultades extraordinarias conferidas por el Congreso mediante la Ley 573 de 2000, para
modificar tanto la estructura de la Procuraduría General de la Nación como su régimen
de carrera administrativa. En tal sentido, esa y no otra es la ley previa aplicable en cuyo
articulado se regulan todos los asuntos mencionados en el problema jurídico.
La Corte Constitucional ordenó convocar un concurso público para la provisión en
propiedad de todos los cargos de Procurador Judicial y precisó que el sistema de carrera
aplicable al concurso sería el sistema especial de carrera de la Procuraduría, argumento
que reiteró en el Auto 255 del 2013, en el cual explicó que la Sentencia C-101 de 2013
no homologó los sistemas de carrera de la rama judicial y el del ministerio público -tal
como lo entiende la parte actora-, sino el “derecho de acceso a la carrera” mediante
concurso público.
En ese orden de ideas, el proceso de selección convocado a través de la Resolución 040
de 20 de enero de 2015, fue realizado dentro de los parámetros de la legalidad
preexistente y en cumplimiento de una orden judicial que ya hizo tránsito a cosa juzgada
constitucional y que, por lo mismo, obliga a todas las autoridades y a los particulares, tal
como lo disponen los arts. 21 del Decreto 2067 de 1991 y 48 de la Ley 270 de 1997.
Ha de tenerse en cuenta que las decisiones contenidas en La Resolución 040 de 2015,
no tuvieron la pretensión de regular de manera general “todos” los concursos que
ulteriormente deba convocar la Procuraduría General de la Nación para la provisión de
los empleos de procuradores judiciales I y II, pues lo que se dispone en esa Resolución
tan solo aplica al trámite de las 14 convocatorias mencionadas en su texto, al definir los
requisitos y condiciones de cada una ellas e instrumentalizar los respectivos procesos de
selección, con el objeto de dar cumplimiento a la orden emitida por la Corte Constitucional
en la Sentencia C-101 del 28 de febrero de 2013.
Todo ello conduce a desvirtuar el cargo formulado, más aún cuando el Artículo 7º,
numeral 45 del Decreto Ley 262 de 2000, que es una ley en sentido material, le asignó
esas funciones al Procurador General de la Nación como supremo director y
administrador del sistema de carrera de la entidad.
El aludido numeral 45 le atribuyó al Procurador la competencia para definir las políticas
para la elaboración y aplicación de las pruebas que se utilizarán en los concursos y
determinar los parámetros para su calificación; adoptar los instrumentos necesarios para
el cumplimiento de los fines de cada una de las etapas del proceso de selección; designar
a las personas que integrarán el jurado encargado de elaborar y calificar las pruebas de
pregunta abierta y la entrevista y de resolver las reclamaciones relacionadas con estas
pruebas y definir las condiciones de las convocatorias para los concursos de méritos y
suscribirlas.
Lo expuesto hasta aquí, permite inferir que era totalmente innecesaria la expedición de
una nueva ley de carrera para ser aplicada a los concursos públicos de mérito dirigidos a
la provisión de los cargos de procurador judicial, pues estando en vigencia el Decreto Ley
262 de 2000, ello llevaría al absurdo de permitir la coexistencia de dos sistemas de carrera
administrativa distintos en el seno de la Procuraduría General de la Nación, uno de los
cuales sería aplicable a los concursos para la selección por mérito de los procuradores
judiciales y otro para los demás concursos que deba adelantar ese organismo de control.
Si bien la Sentencia C-878 de 2008 declaró la inexequibilidad de los Artículos 54, 56, 60,
65, 66 y 71 de la Ley 938 de 2004, en virtud de los cuales el legislador le otorgó facultades
a la Comisión Nacional de Administración de Carrera de la Fiscalía General de la Nación,
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Radicación: 76001-23-33-000-2017-00874-01 (0665-2021)
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para regular aspectos trascendentales del concurso como los relativos a la inscripción y
la convocatoria, también lo es, que esa decisión de la Corte Constitucional tuvo como
fundamento la vulneración del principio de reserva de ley “por omisión relativa”, pues en
lugar de ocuparse el Congreso de regular la materia, dejó en manos de dicha Comisión
“la adopción de decisiones trascendentales que competen exclusivamente al legislador”.
En el caso bajo examen dicha situación no se presenta, pues es absolutamente claro que
el legislador extraordinario sí reguló ampliamente en los Artículos 197 y 198 del Decreto
Legislativo 262 de 2000 los aspectos básicos y esenciales de los concursos de la carrera
que deba adelantar la Procuraduría, incluyendo los asuntos referidos a la convocatoria y
la inscripción. En últimas, el Procurador General de la Nación no hizo nada distinto a
instrumentalizar el desarrollo de las 14 convocatorias mencionadas en el concurso, sin
que sea válido entender que con ello haya usurpado las funciones propias del legislador,
como equivocadamente lo interpretan los demandantes».
70. Las razones que anteceden son suficientes para resolver desfavorablemente el cargo
de ilegalidad asociado a este problema jurídico, ya que, no era necesario la promulgación
de una ley estatutaria para regular de manera especial la incorporación de los
procuradores judiciales a la carrera administrativa de la PGN, y por lo tanto, el procurador
general de la Nación, sí tenía competencia para, en cumplimiento de la sentencia C-101
de 2013, convocar a concurso público de méritos para su designación en propiedad.
3.4.2. Segundo problema jurídico
71. El segundo problema jurídico es el siguiente: ¿para proveer los empleos de procurador
judicial, la PGN podía convocar a través de la Resolución 040 de 2015, – y realizar – un
concurso público de méritos diferente del previsto en los artículos 160 y 168 de la Ley
270 de 1996 para la selección de jueces y magistrados, en los que se establece la
realización de un curso de formación?
72. En relación con la no aplicación del curso de formación propio del sistema de ingreso
para jueces y magistrados de la Rama Judicial, al proceso de selección de los
procuradores judiciales a la PGN, como una actividad de formación y evaluación, se
reitera lo dicho por la Corte Constitucional en la sentencia C-101 de 2013 y en el Auto
255 del mismo año, providencias en las que la Corte dejó claro que esta equiparación u
homologación entre unos y otros empleos no implicaba que el régimen de carrera de los
agentes del Ministerio Público fuera el de la Rama Judicial.
73. Conbase en lo anterior, el concurso de méritos para proveer los empleos de
procuradores judiciales en la PGN se rige por las etapas previstas en el artículo 194 del
Decreto Ley 262 del 2000, así:
1) Convocatoria.
2) Reclutamiento: inscripción y lista de admitidos y no admitidos.
3) Aplicación de pruebas o instrumentos de selección: etapa eliminatoria y etapa
clasificatoria.
4) Conformación de la lista de elegibles.
5) Periodo de prueba.
6) Calificación del periodo de prueba.
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74. Estas etapas están expresamente señaladas en la Resolución 040 de 2015, de la
siguiente manera:
Tabla 1
Decreto Ley 262 de 2000 Resolución 040 de 2015
Convocatoria Artículo 3
Reclutamiento Artículos 4 al 11
Aplicación de pruebas e instrumentos de Artículos 12 al 19
selección
Conformación de listas de elegibles Artículo 20
Periodo de prueba y calificación de periodo de Artículo 22
prueba
Fuente: elaboración de la Sala.
75. Como se observa, la Resolución 040 de 2015 desarrolla todas las etapas del concurso
de méritos con base en las normas en que debe fundarse, esto es, el Decreto Ley 262
de 2000, disposición que no señala el curso de formación como una fase en este proceso.
Al revisar la Ley 270 de 1996, que regula los concursos de la Rama Judicial se encuentra
que el curso de formación sí está allí establecido como una etapa del proceso de
selección. Los artículos 160 y 168 de la Ley Estatutaria regula el curso de formación
como una fase y un requisito mínimo para acceder a los empleos en carrera. Esta etapa
y dicho requisito para acceder a un empleo en la PGN no está prevista en el Decreto Ley
262 de 2000.
76. En este caso se reitera que la etapa del curso de formación que está señalada en los
artículos 160 y 168 de la Ley 270 de 1996 para los procesos de selección de empleados
de carrera de la Rama Judicial no está prevista en el Decreto Ley 262 de 2000 para los
concursos que adelante la PGN, por tanto, carece de fundamento normativo establecer
esta fase en el proceso de selección que se cuestiona.
77. ElConsejo de Estado, Sección Segunda en la mencionada sentencia de única
instancia del 30 de julio de 2021, que negó las pretensiones de nulidad de la Resolución
040 de 2015, expediente 11001032500020150036600 (0740-2015), también se
pronunció sobre este aspecto:
«Según el criterio de la Sala, la homologación en términos de igualdad de los
procuradores judiciales y los funcionarios de la rama judicial, dispuesta en el art. 280
Constitucional, no supone una igualdad en el régimen de carrera. Además de ello, no
puede soslayarse que la Corte Constitucional en su Sentencia C-101 de 2013, fue clara
al expresar que debía acudirse al régimen específico de carrera de la Procuraduría
General de la Nación en el cual no está previsto el curso concurso.
El argumento esgrimido por los demandantes, parte de un supuesto totalmente
equivocado, al entender que el art. 280 constitucional busca la homologación total de los
regímenes aplicables a los funcionarios y procuradores judiciales que intervienen ante
ellos.
Si bien el régimen de carrera aplicable a los jueces y magistrados establece de manera
expresa la realización de un curso-concurso, que tiene por objeto formar profesional y
científicamente al aspirante para el adecuado desempeño de la función judicial, tal como
lo establece la Ley 270 de 1996, estatutaria de la justicia, ese curso no se encuentra
previsto en el régimen especial de carrera regulado por las disposiciones del Decreto Ley
262 de 2000 para los servidores de la Procuraduría General de la Nación.
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Radicación: 76001-23-33-000-2017-00874-01 (0665-2021)
Demandante: Eduardo Silva Orozco
Demandada: PGN
El hecho de que los procuradores judiciales desarrollen funciones de intervención ante
los jueces y magistrados de las distintas jurisdicciones, no los integra automáticamente a
la estructura de la rama judicial, ni hace obligatoria la aplicación de las normas de carrera
establecidas para el sector de la justicia, como lo afirma erradamente la parte actora.
Como se explicó al comienzo de estas consideraciones, la misma Constitución Política
de 1991 le reconoció a la Procuraduría General de la Nación el carácter de órgano
autónomo e independiente respecto de las demás ramas del poder público, motivo por el
cual los concursos de ingreso a la carrera de la entidad no tienen por qué ser dirigidos,
organizados y administrados por la Comisión Nacional del Servicio Civil ni por el Consejo
Superior de la Judicatura, y tampoco se rigen por estatutos de carrera distintos del
previsto en el DECRETO LEY 262 de 2000. Por ello, la incorporación que procede
respecto de los “procuradores judiciales” es a la carrera propia de la Procuraduría General
de la Nación y no a la carrera de la rama judicial.
No sobra reiterar aquí que “la autonomía e independencia” que el constituyente de 1991
le reconoció a la Procuraduría General de la Nación, implica, tal como se anotó en las
consideraciones preliminares de esta providencia, que esa autonomía e independencia
se predica igualmente del régimen de carrera administrativa aplicable a sus servidores
públicos, sin que exista la más mínima posibilidad de que las ramas ejecutiva y judicial
puedan intervenir o interferir en la dirección o administración de los concursos que deba
adelantar el ministerio público y sin que las disposiciones que regulan el régimen general
de carrera administrativa previsto en la Ley 909 de 2014 ni las normas especiales que
regulan el régimen de carrera judicial deban aplicarse de manera preferente u obligatorio
en la Procuraduría General de la Nación. Lo anterior, sin perjuicio de que las normas del
primero de los regímenes citados “pueda” aplicarse de manera “supletoria”, para llenar
los vacíos que se adviertan en las normas del Decreto Ley 262 de 2000.
En suma, el hecho de que el régimen de carrera de la rama judicial contemple la
realización de un curso-concurso, no significa en modo alguno que esa misma exigencia
deba ser replicada en los concursos de mérito que adelante la Procuraduría General de
la Nación, simple y llanamente porque su régimen especial de carrera no lo establece.
Esa misma razón también sirve para justificar que el Artículo 12 de la Resolución 040 de
2000 haya distribuido, en los términos en que lo hizo, el valor porcentual de calificación
entre las pruebas de conocimientos y comportamentales y el análisis de documentos, sin
que de ello pueda derivarse una transgresión del Artículo 280 de la Constitución, pues es
evidente que lo dispuesto en esa norma superior no supone la equiparación absoluta de
los regímenes de carrera establecidos para la rama judicial y la Procuraduría.».
78. En conclusión, el mandato de igualdad contenido en el artículo 280 constitucional, no
se refiere a la equiparación de los regímenes de la carrera administrativa de la PGN y el
de la carrera judicial propia de los jueces y magistrados, sino al «derecho» a que los
cargos de los procuradores judiciales sean considerados de carrera. De manera tal que
se debe distinguir entre la carrera judicial administrada por el Consejo Superior de la
Judicatura y la carrera administrativa de la PGN y por ello, en virtud de la citada decisión
constitucional, los procuradores Judiciales fueron incorporados a la carrera propia de la
PGN, en tanto entre los derechos de los jueces y magistrados, que en virtud del artículo
280 constitucional deben ser extendidos a los agentes del ministerio público que ejercen
su cargo ante ellos, se encuentra el de no ser catalogado su empleo por el legislador
como de libre nombramiento y remoción, es decir, ser reconocido como cargo de carrera,
sin que ello implique, en ningún momento, que deba aplicarse el mismo régimen de
carrera de la Rama Judicial.
79. De acuerdo con lo expuesto, en respuesta al segundo problema jurídico, la Sala
concluye que los procesos de selección de los procuradores judiciales se rigen por el
Decreto Ley 262 de 2000, y no por la Ley 270 de 1996, por lo que no era viable incluir un
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Demandada: PGN
curso de formación como una etapa dentro del concurso adelantado para proveer las
vacantes de procurador judicial, en consecuencia, el cargo de ilegalidad asociado a este
problema jurídico se resuelve desfavorablemente.
3.4.3. Tercer problema jurídico
80. El tercer problema jurídico es el siguiente: ¿la Resolución 040 de 2015 es violatoria
de las normas superiores en las que debía fundarse, al no prever, en el marco del
concurso público de méritos para proveer los empleos de procurador judicial, el método
de valoración de equivalencias previsto en el artículo 20 del Decreto 263 de 2000 y en el
Manual Específico de Funciones y Requisitos de la PGN?
81. En efecto, la parte demandante ha insistido a lo largo de este proceso, que la
Resolución 040 de 2015 desconoció el artículo 20 del Decreto 263 de 2000, «[p]or el cual
se establecen los requisitos de los empleos de la Procuraduría General de la Nación»,
en tanto, no previó equivalencias entre formación académica y experticia, para los cargos
de nivel profesional.
82. Al respecto la Sala encuentra que el primer inciso de esta norma establece:
«Artículo 20. Equivalencias. Los requisitos de que trata el presente decreto no podrán ser
disminuidos. Sin embargo, de acuerdo con la jerarquía, las funciones y las
responsabilidades de cada empleo, podrán hacerse las siguientes equivalencias […]».
83. Por tanto, las señaladas equivalencias no operan de manera inmediata, ya que son
potestativas del nominador, por lo que el parágrafo del mismo artículo señala que «[l]as
equivalencias deberán establecerse, de conformidad con lo señalado en el presente
artículo, directamente en el manual específico de funciones y de requisitos que se adopte
e igualmente deberán señalarse en las respectivas convocatorias». De manera que el
procurador general de la Nación está facultado para determinar tanto en el Manual de
Funciones como en las convocatorias a que cargos les aplican las citadas equivalencias,
las cuales deben ser las contenidas en dicha norma.
84. Ahora bien, en uso de esta potestad el procurador general de la Nación, mediante
Resolución 253 de 2012, modificada mediante las Resoluciones 413 de 2014 y 321 de
2015, adoptó el «Manual Específico de Funciones por Competencias Laborales y
Requisitos de los empleos de la Planta de Personal de la Procuraduría General de la
Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público», el cual no contiene
equivalencias para los cargos de procuradores judiciales, como lo muestra su revisión
exhaustiva13.
85. Así las cosas, es claro que no era obligatorio señalar en la Resolución 040 de 2015,
equivalencias entre estudio y experiencia. Además de haberlo hecho se hubiese
contravenido el mandato contenido en el artículo 280 Superior, que establece que los
agentes del Ministerio Público deben tener las mismas calidades que los magistrados y
jueces ante quienes ejerzan en cargo, requisitos que están regulados en la Ley 270 de
13
https://www.procuraduria.gov.co/procuraduria/conozca-entidad/Pages/manual-funciones-requisitos.aspx.
20
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1996, artículo 128, en la versión vigente14 al momento de los hechos, de la siguiente
manera:
«Para ejercer los cargos de funcionario de la Rama Judicial deben reunirse los siguientes
requisitos adicionales, además de los que establezca la ley:
1. Para el cargo de Juez Municipal, tener experiencia profesional no inferior a dos años.
2. Para el cargo de Juez de Circuito o sus equivalentes: tener experiencia profesional no
inferior a cuatro años.
3. Para el cargo de Magistrado de Tribunal: tener experiencia profesional por lapso no
inferior a ocho años.
[…].».
86. A
similares conclusiones arribó el Consejo de Estado, Sección Segunda, en la
mencionada sentencia de única instancia del 30 de julio de 2021:
«Para la Sala, la no inclusión de las equivalencias en el concurso para Procuradores
Judiciales I y II, tiene un fundamento jurídico claro, pues el Artículo 20 del Decreto Ley
263 de 2000 establece que aquellas “podrán” establecerse de acuerdo con la jerarquía,
las funciones y responsabilidades de cada empleo, dando a entender que su
consagración no es obligatoria ni aplica tampoco de manera automática, dejando en
manos del Procurador General de la Nación la facultad de establecerlas o no en el manual
específico de funciones y requisitos y en las respectivas convocatorias.
Con todo, no puede perderse de vista que el Artículo 280 de la Constitución Política,
establece que los agentes del Ministerio Público tendrán las mismas calidades, categoría,
remuneración, derechos y prestaciones de los magistrados y jueces, lo cual concuerda
con lo previsto en el Artículo 11 del Decreto Ley 263 de 2000 en donde se dispone que
para el desempeño de los empleos correspondientes a los diferentes niveles jerárquicos
que tengan requisitos establecidos en la Constitución Política o en leyes, necesariamente
deberán acreditarse los allí señalados. Lo previsto en esas normas superiores se reitera
en la Resolución 413 de 11 de diciembre de 2014, mediante la cual se definen los
requisitos exigidos para acceder a los empleos de la Procuraduría General de la Nación
y del Instituto de Estudios del Ministerio Público, en donde de manera rotunda e
inequívoca se reitera lo previsto en los Artículos de estirpe constitucional y legal
mencionados en este mismo párrafo.
Al erigirse entonces como regla inmodificable del concurso la no aplicación de las
equivalencias para acceder a tales empleos, mal puede prosperar una pretensión como
la planteada por la parte actora máxime cuando tales equivalencias no están previstas en
los Artículos 127 y 128 de la Ley 270 de 1996 para la provisión de los empleos de jueces
y magistrados.».
87. Las razones expuestas son suficientes para concluir que la decisión discrecional
adoptada por el procurador general de la Nación en este caso, en el sentido de omitir un
régimen de equivalencias para la provisión de los empleos aludidos en la Resolución 040
de 2015, encuadra perfectamente dentro de los parámetros de la legalidad.
3.4.4. Cuarto problema jurídico
88. El cuarto problema se estructuró así: ¿la PGN desbordó su facultad reglamentaria al
establecer, en las bases de la convocatoria del proceso de selección de los procuradores
14
Artículo modificado por el artículo 66 de la Ley 2430 de 2024. El nuevo texto es el siguiente: «Para ejercer los cargos
de funcionario de la Rama Judicial deben reunirse los siguientes requisitos adicionales, además de los que establezca
la ley: / 1. Para el cargo de Juez Municipal, tener experiencia profesional no inferior a tres (3) años. / 2. Para el cargo
de Juez de Circuito o sus equivalentes: tener experiencia profesional no inferior a cinco (5) años. / 3. Para el cargo de
Magistrado de Tribunal: tener experiencia profesional por lapso no inferior a diez (10) años.».
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Demandante: Eduardo Silva Orozco
Demandada: PGN
judiciales, fijadas en la Resolución 040 de 2015, que la experiencia profesional se cuenta
desde el grado y no desde la terminación y aprobación de las materias que forman el
plan de estudios?
89. Para resolver el planteamiento expuesto, la Sala reitera, que de acuerdo con el artículo
128 de la Ley 270 de 1996, en la versión vigente a la fecha de expedición de los actos
demandados, «[p]ara ejercer los cargos de funcionario de la Rama Judicial deben
reunirse los siguientes requisitos adicionales, además de los que establezca la ley: / 1.
Para el cargo de Juez Municipal, tener experiencia profesional no inferior a dos años. /
2. Para el cargo de Juez de Circuito o sus equivalentes: tener experiencia profesional no
inferior a cuatro años. / 3. Para el cargo de Magistrado de Tribunal: tener experiencia
profesional por lapso no inferior a ocho años. […]».
90. A renglón seguido, el parágrafo de la referida disposición establece, además, que «[l]a
experiencia de que trata el presente artículo, deberá ser adquirida con posterioridad a la
obtención del título de abogado en actividades jurídicas ya sea de manera independiente
o en cargos públicos o privados o en el ejercicio de la función judicial. En todo caso, para
estos efectos computará como experiencia profesional la actividad como empleado
judicial que se realice con posterioridad a la obtención del título de abogado.».
91. De igual manera, la Sala recuerda que el artículo 280 de la Carta establece que «[l]os
agentes del Ministerio Público tendrán las mismas calidades, categoría, remuneración,
derechos y prestaciones de los magistrados y jueces de mayor jerarquía ante quienes
ejerzan el cargo».
92. En consecuencia, como los procuradores judiciales deben acreditar «las mismas
calidades», exigidas a los funcionarios judiciales ante los cuales actúan, solo les es
computable la experiencia obtenida después de la obtención del título, como lo ordena
el parágrafo del artículo 128 de la Ley 270 de 1996.
93. Este aspecto también fue abordado por el Consejo de Estado, Sección Segunda, en
la sentencia de única instancia del 30 de julio de 2021, que negó las pretensiones de
nulidad de la Resolución 040 de 2015, expediente 11001032500020150036600 (0740-
2015), de la siguiente manera:
«La Sala negará el cargo endilgado, pues la disposición que se cuestiona tiene un
fundamento Constitucional y legal indiscutible, tal como se muestra a continuación:
Al respecto debe tenerse en cuenta que la Corte Constitucional, en su sentencia C-037
de 1996, al declarar la exequibilidad del Artículo 128 de la Ley 270 de 1996, expresó:
“La facultad de determinar requisitos especiales para el ejercicio de ciertos cargos
dentro de la administración de justicia, como el de juez o magistrado, tiene
fundamento en los Artículos 122 y siguientes de la Carta Política. Asimismo, no
encuentra la Corte objeción al hecho de que el legislador considere que la
experiencia profesional se debe contar a partir de la obtención del título de
abogado (Art. 26 C.P.), pues es realmente desde ese momento que la persona
adquiere el reconocimiento jurídico, por parte de la autoridad competente, de que
es apto para desempeñarse en ese campo profesional.”
La Sección Quinta de esta Corporación, en sentencia de 29 de enero de 2014, sostuvo
en un sentido similar, que la experiencia profesional susceptible de valoración es, por
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Radicación: 76001-23-33-000-2017-00874-01 (0665-2021)
Demandante: Eduardo Silva Orozco
Demandada: PGN
regla general, la adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas las materias
que hacen parte del programa de formación respectivo, a menos que las normas
aplicables al caso dispongan que solo es evaluable la adquirida después de la obtención
del título. En ese orden de ideas, no puede soslayarse que el parágrafo del Artículo 128
de la Ley estatutaria de administración de justicia establece que la experiencia
computable es la “adquirida con posterioridad a la obtención del título de abogado en
actividades jurídicas ya sea de manera independiente o en cargos públicos o privados o
en el ejercicio de la función judicial”, norma que por su diafanidad no se presta para
equívocos.
En concordancia con lo anterior, la Resolución 413 de 2014, mediante la cual se
estableció el manual específico de funciones y requisitos por competencias laborales de
los empleos de la planta de personal de la Procuraduría General de la Nación ratificó la
misma disposición. Siendo ese el marco normativo, resulta fácil concluir que la Resolución
040 de 2015, se ajusta plenamente a las normas en las que debía fundarse.
No sobra precisar en todo caso, que si bien el Artículo 6º del Decreto Ley 263 de 2000
establece de manera expresa que la experiencia profesional computable es la “adquirida
a partir de la terminación y aprobación de todas las materias que conforman el pensum
académico de pregrado de la respectiva formación profesional, o de especialización
tecnológica”, debe tenerse en cuenta que esa disposición aplica solamente a quienes
aspiren a desempeñar cualquier empleo en la Procuraduría General de la Nación que no
tenga asignado el cumplimiento de funciones de ministerio público.
El Artículo 280 de la Carta establece que “Los agentes del Ministerio Público tendrán las
mismas calidades, categoría, remuneración, derechos y prestaciones de los magistrados
y jueces de mayor jerarquía ante quienes ejerzan el cargo”, disposición que debe leerse
conjuntamente con el Artículo 118 ejusdem, según el cual, “El Ministerio Público será
ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los
procuradores delegados y los agentes del ministerio público, ante las autoridades
jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás funcionarios que
determine la ley. Al Ministerio Público corresponde la guarda y promoción de los derechos
humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes
desempeñan funciones públicas.”.
Comoquiera que según las voces del Decreto Ley 262 de 2000, los “procuradores
judiciales” ejercen funciones de intervención ante los jueces y magistrados, resulta claro,
[…], que ellos deben acreditar “las mismas calidades”, exigidas a los funcionarios
judiciales ante los cuales actúan, lo cual permite entender el por qué solo les es
computable la experiencia obtenida después de la obtención del título, mientras que a los
demás servidores de la Procuraduría General de la Nación solo les es computable la
experiencia obtenida a partir de la terminación y aprobación de todas las materias que
conforman el pensum académico de pregrado […].».
94. De acuerdo con lo expuesto, la Sala concluye que la experiencia que se exige para
desempeñar el empleo de procurador judicial es la misma que deben acreditar los jueces
y magistrados ante quienes van a intervenir, la cual, según el parágrafo del artículo 128
de la Ley 270 de 1996, es la adquirida con posterioridad a la obtención del título de
abogado.
3.4.5. Quinto problema jurídico
95. El quinto problema es el siguiente: ¿la PGN incurrió en un exceso en el ejercicio de la
potestad reglamentaria con ocasión de la expedición de la Resolución 040 de 2015, al
asignar puntaje a las publicaciones entregadas en físico, y excluir las registradas a través
de medios digitales?
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Radicación: 76001-23-33-000-2017-00874-01 (0665-2021)
Demandante: Eduardo Silva Orozco
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96. Sobre el particular, es importante señalar que el Consejo de Estado, Sección
Segunda, en la anotada sentencia de única instancia del 30 de julio de 2021, que negó
las pretensiones de nulidad de la Resolución 040 de 201515, declaró la «legalidad
condicionada» de los apartes relacionados con la valoración de los libros aportados en
original y físico, contenidos en los artículos 5.3, 9.2.9 y 17 (parágrafo 1) de la Resolución
040 de 2015, en virtud de los siguientes razonamientos:
«La Sala considera que los argumentos expuestos por el apoderado de la Procuraduría
están edificados a partir de unas premisas insostenibles e impertinentes, cuando al
defender la legalidad de la norma asegura que la exigencia de aportar los libros en físico
se justifica porque “de ordinario” las obras se encuentran impresas y resulta más fácil
presentarlas en físico que escaneadas, entregarlas o devolverlas en distintas oficinas
periféricas que tiene la entidad a nivel nacional. En este punto es importante tener en
cuenta que el reparo formulado por la parte actora, en realidad no está dirigido a
controvertir el hecho de que los concursantes puedan aportar sus libros en medio
impreso, sino que no puedan hacerlo en medio digital.
Si bien es un hecho notorio que la gran mayoría de publicaciones se encuentran impresas
en papel, no puede pasarse por alto que en los últimos lustros la producción y
comercialización de publicaciones digitales han venido en aumento. Además de ello, las
reglas de la experiencia enseñan que las obras intelectuales valen por sí mismas,
independientemente del formato o la presentación que tengan. Adicionalmente, si de lo
que [se] trata es de poder medir la idoneidad y la suficiencia profesional de una persona
través de sus obras, ninguna relevancia tiene el hecho de que se encuentren impresas
en papel o grabadas en un medio digital.
En tales circunstancias, el hecho de que se haya dispuesto la exclusión de las obras que
sean aportadas en medios digitales, resulta lesivo del derecho de participar en los
concursos que tienen por objeto la provisión de los empleos a partir del mérito, desconoce
la validez de los documentos digitales, y en suma, es una medida contraria al
ordenamiento jurídico.
Para la época en que fue expedido el acto demandado, ya se encontraba vigente la Ley
527 de 1999 en cuyas normas, siguiendo una tendencia universal, se reconocen plenos
efectos a los documentos digitales y por ello se consagraron los principios de neutralidad
tecnológica y equivalencia funcional, según los cuales, los mensajes de datos tienen la
misma eficacia y valor jurídico que los documentos físicos. En la misma vía, el Código
General del Proceso ratificó que los mensajes de datos se encuentran dentro de la
categoría de documentos (art. 243) y por ellos tienen plena validez probatoria (arts. 165,
244, 247).
Es importante poner de relieve que la potestad reglamentaria asignada al Procurador
General de la Nación en los Artículos 275 Superior y 7º (numeral 45) del Decreto
Legislativo 262 de 2000, debía desarrollarse en los precisos términos y límites dispuestos
por el legislador, sin soslayar de manera alguna la aptitud probatoria de los documentos
digitales.
Si la Procuraduría General de la Nación quería facilitar a los aspirantes la acreditación de
las publicaciones, tal como lo argumentan su apoderado judicial y la agente del Ministerio
Público, ese propósito en realidad no se consigue con la restricción que aquí se censura,
pues ésta resulta excluyente de otros medios alternativos y restringe el derecho de
acceso a los cargos públicos. En definitiva, la citada exigencia no es proporcional en
sentido estricto, pues lejos de buscar la plena realización de ese derecho y la optimización
del principio del mérito, establece una limitación arbitraria e injustificada. Si lo que se
busca con la aportación de las publicaciones es la demostración de la suficiencia
académica de los aspirantes, el hecho de descartar los trabajos intelectuales por venir
presentados en un medio digital, es una medida que no supera los test de
15
Expediente 11001032500020150036600 (0740-2015).
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Demandada: PGN
proporcionalidad y razonabilidad. En esa misma línea, no puede perderse de vista que
muchas obras intelectuales se elaboran desde sus orígenes en medios digitales, sin llegar
[a] tener versiones impresas.
La disposición demandada tiene importantes repercusiones respecto de quienes
superaron la prueba de conocimientos, pues les impide acreditar la experiencia adicional
relacionada, justo en una etapa del concurso en donde obtener o no puntos adicionales
resulta crucial y definitivo. En este orden de ideas, la entidad demandada ha debido dejar
abierta la opción de presentar las obras en medio físico o digital, para hacerlas valer en
la prueba de análisis de antecedentes, lo cual estaría acorde con el marco normativo
previamente esbozado y con el mandato de realización del derecho de acceso a los
cargos públicos y el principio del mérito.
Siendo así, la Sala concluye que le asiste razón a los demandantes y, por tal motivo se
procederá a declarar la legalidad condicionada de los apartes relacionados con la
valoración de los libros aportados en original y físico, contenidos en los Artículos 5º (inciso
3º), 9º (numeral 2.9) y 17 (parágrafo 1º) de la Resolución 040 de 2015, bajo el entendido
que los libros que dan lugar a puntaje en la prueba de análisis de antecedentes pueden
presentarse en original y físico o en forma digital por quienes superen la prueba de
conocimientos, siempre y cuando los derechos de autor de las publicaciones elaboradas
y/o presentadas en físico o en medios digitales se encuentren debidamente registrados y
cuenten con el respectivo ISBN (International Standard Book Number), tal como se exige
en el numeral 2º del art. 17 del acto demandado.».
97. En la referida sentencia se determinó que los «efectos de las declaratorias de
ilegalidad condicionada» serían ex nunc, de la siguiente manera:
«La decisión de la Sala de declarar la legalidad condicionada de los Artículos 5º inciso 3º;
9º numeral 2.9 y 17 parágrafo 1º y del Artículo 17, numeral 1º. Inciso 3º. de la Resolución
040 de 2015, tal como se expresó en los numerales 3.9 y 3.11 de esta providencia,
solamente producirá efectos ex nunc, esto es, hacia futuro, teniendo en cuenta las
posibles consecuencias jurídicas que pudieron derivarse de tales disposiciones mientras
se mantuvo vigente la presunción de su legalidad.
Dicho efecto es el que mejor garantiza la protección de los principios de seguridad
jurídica, buena fe y confianza legítima y el que mejor se articula con el respeto por las
situaciones jurídicas consolidadas y la protección del derecho de acceso por mérito a los
cargos públicos, pues, quienes participaron y superaron las etapas propias del concurso,
lo hicieron confiados en la regularidad y legalidad de los requisitos y exigencias
establecidos en la Resolución 040 de 2015.
De otra parte, en el caso de que existan listas de elegibles pendientes de elaborar, deberá
darse estricta aplicación a las disposiciones cuya legalidad condicionada se declara en
esta providencia, en el sentido de asignar puntaje en las diferentes pruebas y análisis de
antecedentes, a los posgrados de maestría, doctorado y posdoctorado cuyos títulos no
reflejen un área específica del derecho, pero de los cuales se pueda derivar que se cuenta
con los conocimientos específicos de la convocatoria a la cual aspira. En cuanto a los
libros se tendrán como válidos tanto los aportados en físico como aquellos que se
presenten en forma digital, siempre y cuando los derechos de autor de unos y otros se
encuentren debidamente registrados y las publicaciones cuenten con el respectivo ISBN
(International Standard Book Number), tal como se exige en el numeral 2º del art. 17 del
acto demandado.».
98. Con fundamento en lo expuesto, en la sentencia de única instancia del 30 de julio de
2021, esta Sección resolvió:
«[…]
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Radicación: 76001-23-33-000-2017-00874-01 (0665-2021)
Demandante: Eduardo Silva Orozco
Demandada: PGN
TERCERO: DECLARAR la legalidad condicionada de los arts. 5º (inciso 3º), 9º (numeral
2.9) y 17 (parágrafo 1º) de la Resolución 040 de 2015, en el entendido que las
publicaciones de libros que dan lugar a puntaje en la prueba de análisis de antecedentes
se pueden presentar en original y físico o en forma digital por quienes superen la prueba
de conocimientos, en la fecha y lugares que se establezcan mediante aviso en la página
web institucional, los cuales deberán calificarse bajo los mismos criterios y parámetros en
términos de igualdad, siempre y cuando los derechos de autor de unos y otros se
encuentren debidamente registrados y las publicaciones cuenten con el respectivo ISBN
(International Standard Book Number), tal como se exige en el numeral 2º del art. 17 del
acto demandando.
CUARTO: Las decisiones contenidas en los dos numerales precedentes, tendrán el
efecto que se menciona a continuación:
1. La legalidad condicionada de los Artículos 5º inciso 3º; 9º numeral 2.9 y 17 parágrafo
1º y del Artículo 17, numeral 1ª. Inciso 3ª de la Resolución 040 de 2015, tal como se
expresó en los numerales 3.9 y 3.11 de esta providencia, solamente producirá efectos ex
nunc, esto es, hacia futuro, con el propósito de salvaguardar las situaciones jurídicas y
los derechos individuales ya consolidados.
2. En el caso de que existan listas de elegibles pendientes de elaborar, deberá darse
estricta aplicación a las disposiciones cuya legalidad condicionada se declara en esta
providencia, en el sentido de asignar puntaje en las diferentes pruebas y análisis de
antecedentes, a los posgrados de maestría, doctorado y posdoctorado cuyos títulos no
reflejen un área específica del derecho, pero de los cuales se pueda derivar que se cuenta
con los conocimientos específicos de la convocatoria a la cual se aspira. En cuanto a los
libros, se tendrán como válidos tanto los aportados en físico como aquellos que se
presenten en forma digital, siempre y cuando los derechos de autor de unos y otros se
encuentren debidamente registrados y las publicaciones cuenten con el respectivo ISBN
(International Standard Book Number), tal como se exige en el numeral 2º del art. 17 del
acto demandando.
3. Respecto de aquellos asuntos que se estén ventilando en procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho que se encuentren en trámite y que tengan que ver con los
problemas jurídicos mencionados en los numerales 3.9 y 3.11 de esta providencia, el
efecto será retrospectivo, siempre y cuando las decisiones que se adopten no afecten las
situaciones jurídicas y los derechos individuales ya consolidados.». (Subraya la Sala).
99. Así las cosas, pese a que esta corporación, en la sentencia de única instancia del 30
de julio de 2021, expediente 11001032500020150036600 (0740-2015), declaró la
«legalidad condicionada» de los apartes relacionados con la valoración de los libros
aportados en original y físico, contenidos en los artículos 5.3, 9.2.9 y 17 (parágrafo 1) de
la Resolución 040 de 2015, ello no implica de manera automática o consecuencial, la
nulidad de todo el proceso de selección, ni mucho menos de la lista de elegibles, o de
los nombramientos en periodo de prueba, o de las insubsistencias de los provisionales
que se derivaron a continuación.
100. Ello porque en la misma providencia, la Sección Segunda señaló que los efectos
de esa decisión serían los siguientes: (i) hacia el futuro, es decir, ex nunc, (ii) en el caso
de que al momento de la expedición del aludido fallo existiesen listas de elegibles
pendientes de elaborar, debía darse estricta aplicación a las disposiciones que fueron
declaradas condicionalmente legales, en el sentido de tener como válidos los libros
aportados en físico, y también los que se presentaron en forma digital, siempre y cuando
los derechos de autor de unos y otros se encuentren debidamente registrados y las
publicaciones cuenten con el respectivo ISBN, y (iii) respecto de aquellos asuntos que
se estén ventilando en procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que se
26
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encuentren en trámite, el efecto será retrospectivo, siempre y cuando las decisiones que
se adopten no afecten las situaciones jurídicas y los derechos individuales ya
consolidados.
101. En el caso concreto, lo primero que debe señalarse es que al momento de
proferirse la referida sentencia de única instancia del 30 de julio de 2021, expediente
11001032500020150036600 (0740-2015), que declaró la «legalidad condicionada» de
los apartes de la Resolución 040 de 2015, relacionados con la valoración de los libros
aportados en original y físico, lo cierto es que ya estaba en firme y ejecutada la
Resolución 338 de 2016, a través de la cual la entidad conformó la lista de elegibles para
el empleo de procurador judicial I, así como el Decreto 3592 del 8 de agosto de 2016,
por el cual el procurador general de la Nación nombró en período de prueba a una
persona de la lista de elegibles, y dispuso la terminación de la vinculación laboral en
provisionalidad del demandante. Por lo tanto, cuando la Sección Segunda profirió la
referida sentencia, es claro que ya se habían consolidado situaciones jurídicas concretas
y derechos individuales.
102. Aunado a ello, en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que
originó el proceso de la referencia, el accionante no explicó por qué este aspecto de la
Resolución 040 de 2015, declarado legal de manera condicional por esta corporación,
afecta o modifica su situación, pues, no señaló que hubiese participado en el concurso,
y que hubiere perdido puntaje porque no le tuvieron en cuenta publicaciones o libros en
formato digital de su autoría.
103. De conformidad con lo expuesto, a juicio de la Sala, este argumento carece
fundamento, y al igual que las equivalencias y el cómputo de la experiencia, no se
encuentra probatoriamente establecida la manera en que perjudicó la aspiración del
demandante de permanecer en el empleo.
3.4.6. Sexto problema jurídico
104. El sexto problema jurídico es el siguiente: ¿el Decreto 3592 del 8 de agosto de
2018 por medio del cual se nombró en propiedad a Diego Felipe Vivas Tobar, y se
dispuso la desvinculación de Eduardo Silva Orozco, debió ser notificado de manera
personal a este último, para ser considerado válido y eficaz?
3.4.6.1. Eficacia y validez de los actos administrativos
105. Esta corporación ha definido el acto administrativo como «toda manifestación de
voluntad de una entidad pública, o de un particular en ejercicio de funciones públicas,
capaz de producir efectos jurídicos», que se caracteriza, en suma, porque «i) constituye
una declaración unilateral de voluntad; ii) se expide en ejercicio de la función
administrativa, por parte de una autoridad estatal o de particulares; iii) se encamina a
producir efectos jurídicos «por sí misma, de manera directa sobre el asunto o la situación
jurídica de que se trate y, por ende, vinculante»; iv) los efectos del acto administrativo
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consisten en la creación, modificación o extinción de una situación jurídica general o
particular, que impacta los derechos u obligaciones de los asociados»16.
106. Así las cosas, el acto administrativo consiste en la manifestación unilateral de una
autoridad o de un particular en el ejercicio de las funciones administrativas otorgadas por
la Constitución Política y las leyes, mediante el cual se producen ciertos efectos jurídicos.
107. Jurisprudencialmente se ha precisado en reiteradas oportunidades que «un acto
administrativo es eficaz si y solo si ha sido puesto en conocimiento de su o sus
destinatarios por el mecanismo legalmente previsto en el ordenamiento jurídico»17, es
decir, si se ha dado plena observancia al principio de publicidad previsto en los artículos
209 de la Constitución Política y 3 del CPACA.
108. Al respecto, se encuentra que el principio de publicidad tiene como finalidad que
las autoridades den a conocer sus decisiones, constituyéndose como un pilar del debido
proceso administrativo. Puntualmente, el artículo 3 numeral 9 del CPACA se refiere a
este principio en los siguientes términos:
«9. En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los
interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus
actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y
publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan
difundir de manera masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en este
Código. Cuando el interesado deba asumir el costo de la publicación, esta no podrá
exceder en ningún caso el valor de la misma.».
109. Ahora bien, se ha determinado que el aludido principio encuentra su génesis en
el debido proceso administrativo y en el deber de las autoridades de otorgar seguridad
jurídica y transparencia a la actividad estatal, de tal forma que la eficacia de las
decisiones de la administración tiene que ver directamente con el componente de
obligatoriedad, respecto de sus destinatarios. Por lo tanto, al determinar el medio por el
cual se ha de garantizar la publicidad de los actos administrativos, la ley debe tener en
cuenta la naturaleza y características de la decisión respectiva, pues será a partir de ese
momento que el ciudadano pueda ejercer su derecho de defensa o contradicción, incluso
de acción, en sede administrativa o judicial.
110. Es por ello que el CPACA diferenció los mecanismos de publicidad aplicables a
los actos administrativos de contenido general y abstracto de aquellos a los que se
encuentran sometidas las decisiones de contenido particular y concreto. Mientras que,
en los primeros, la publicidad y, por ende, la ejecutoria está dada por su publicación, en
los segundos, este requisito se satisface a través de la notificación y el respectivo
ejercicio del derecho de contradicción que garantizan los recursos del procedimiento
administrativo.
111. Entonces, por regla general los actos administrativos se publicitan a través de la
notificación, comunicación o publicación, de acuerdo con los artículos 65 y siguientes del
16
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 14 de mayo de 2020, expediente 25000-23-42-000-2017-
06031-01(5554-18).
17
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de octubre de 2023, expediente
25000234200020170152201(3813-2022).
28
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CPACA y, una vez surtida su publicidad, conforme a los artículos 87 y 89 ibídem,
adquieren firmeza y ejecutoriedad y, por tanto, la administración los puede ejecutar de
inmediato. No obstante, existen otras decisiones que se adoptan en ejercicio de la
función administrativa que no causan efectos jurídicos o no pueden ejecutarse con solo
cumplirse con el trámite de su publicidad, sino que su perfeccionamiento supone el
acontecer de una condición que conlleva la creación de la situación jurídica particular
que no existe antes de su ocurrencia18.
112. Precisamente, un acto administrativo de este tipo es el de nombramiento de los
servidores públicos, el cual ha sido identificado por la jurisprudencia del Consejo de
Estado19 y de la Corte Constitucional20 como un acto condición. Estos actos existen de
manera formal, puesto que su expedición genera una situación objetiva e impersonal que
consiste en poner a la persona designada en la condición de empleado público; sin
embargo, solo con la posesión y la previa acreditación de los requisitos, este adquiere
los derechos y deberes inherentes al cargo no antes21:
«De igual forma, ha advertido que el «acto condición» de designación no otorga per se
derecho alguno a su destinatario, puesto que para su formalización siempre estará sujeto
a la verificación de los requisitos legales para el ingreso a la función pública, precisamente
porque no atiende a intereses individuales, sino a la satisfacción de necesidades
colectivas. (…) el acto de designación no crea o modifica la situación jurídica particular,
ni reconoce un derecho de igual categoría, motivo por el cual el titular solo adquiere los
derechos del cargo al momento de su posesión, toda vez que el acto condición no atribuye
ningún derecho subjetivo, solo decide que una persona, la nombrada, quedará sometida
a un determinado régimen general, legal y reglamentario. La revocación y la derogatoria
del nombramiento autorizan a la Administración a desaparecerlo del espectro legal
cuando el beneficiario no satisface las condiciones para desempeñar el cargo por unas
causales específicas, tales como la falta de comunicación de esa decisión y la omisión
del interesado de aceptar el nombramiento o posesionarse de manera oportuna.»22.
113. Es esta última situación la que lleva a los destinatarios de la decisión a entender
que para ellos se han creado, modificado o extinguido derechos de carácter individual.
Con todo, el interés general que conlleva el acto de nombramiento de los servidores
públicos también se ve reflejado en el hecho de que el parágrafo del artículo 65 del
CPACA dispone que estos se deben publicar, tal y como se prevé para los actos de
contenido general.
114. Se concluye, entonces que, al ser la publicidad del acto administrativo el requisito
para que pueda surtir sus efectos, su inobservancia no configura una causal de nulidad,
pues no es un presupuesto de su validez23. En efecto, su legalidad requiere que en su
producción se cumpla el ordenamiento jurídico y las formalidades sustanciales que exige,
esto es, que se expida con respeto de la competencia, el objeto, la forma, la causa y la
18
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 18 de febrero de 2016, expediente 81001-23- 33-000-2012-
00039-04.
19
Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 24 de junio de 2021, expediente
08001-23-33-000-2012-00215-01 (2803-2014); y Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
9 de septiembre de 2021, expediente 760012331000200403075 01 (0544-2019).
20
Corte Constitucional, sentencias T-003 de 1992 y T-457 de 1992.
21
Al respecto se puede consultar la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 25 de noviembre de 2021, expediente 25000-23-42-000-2016-05421- 01(1116-19).
22
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2021, expediente 25000-23-42-000-2016-
05421-01(1116-19).
23
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de septiembre de 1996, expediente 2.431.
29
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finalidad que permiten las normas24, cuya vulneración el artículo 137 del CPACA
estableció como causales de nulidad.
3.4.6.2. La naturaleza de los actos administrativos de retiro de empleados públicos
115. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha explicado que los actos de retiro de
servidores públicos, como regla general, son de ejecución inmediata, salvo que
contengan una condición25. Ello es así, por cuanto los efectos de la decisión del
nominador se consuman en un momento dado, de manera que sujetar la ejecución de
las determinaciones sobre el retiro de los servidores a los recursos propios del
procedimiento administrativo reñiría con tal efecto, dado que se tramitan en el efecto
suspensivo (artículo 79 del CPACA). No obstante, lo anterior se encuentran las
excepciones previstas en la ley, entre ellas, la declaratoria de insubsistencia del
nombramiento por calificación no satisfactoria, prevista en el artículo 43 de la Ley 909 de
2004 en concordancia con el artículo 2.2.19.4.2 del Decreto 1083 de 2015, contra la cual
procede el recurso de reposición, o la destitución como consecuencia de una sanción
disciplinaria (artículo 130 de la Ley 1952 de 2019), decisión que también admite los
correspondientes recursos.
116. En ese sentido, en términos generales la corporación también ha entendido que
la decisión del retiro no requiere de notificación26, sino que basta con su comunicación
al interesado.
117. Adicionalmente, a pesar de no ser señalados en el artículo 87 del CPACA27 como
uno de los medios que permiten la firmeza de los actos administrativos, lo cierto es que
la ejecución ha sido la forma por la cual algunas personas se enteran de la adopción de
decisiones administrativas de aplicación inmediata28. De ahí que, la ejecución del acto
administrativo también se tenga como referente para el término de caducidad del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho29, según el artículo 164 del CPACA,
norma que concede al interesado un término de 4 meses «contados a partir del día
siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto
administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones
legales».
24
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 18 de febrero de 2016, expediente 81001-23- 33-000-2012-
00039-04, demandante.
25
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 4 de febrero 2016, expediente
15001233300020130022001 (2874-13). Tesis que fue reiterada por la Sección Segunda, Subsección B, en las
sentencias del 9 de junio de 2022, expediente 25000-23-42-000-2015-05433-01(4271-2019), y del 4 de mayo de 2023,
expediente 25000234200020180072001 (3959-2021).
26
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso–administrativo, providencia del 3 de septiembre de 1996,
radicado: S-636, demandante: Hernán Vega Vargas, magistrado ponente doctor Carlos Betancur Jaramillo. Tesis que
fue reiterada en la sentencia del 4 de mayo de 2023, proferida por la Subsección B, en el expediente
25000234200020180072001 (3959-2021).
27
«1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o
publicación según el caso. 2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre
los recursos interpuestos. 3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos
no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos. 4. Desde el día siguiente al de la notificación
de la aceptación del desistimiento de los recursos. 5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el
artículo 85 para el silencio administrativo positivo.»
28
Corte Constitucional, sentencia SU-447 de 2011.
29
Entre muchas otras, se pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 4 de
febrero de 2021, radicación: 18001-23-33-000-2019-00177-01(1446-20) y de la Subsección B, auto del 6 de agosto de
2008, radicación: 08001-23-31-000-2007-00886-01(1389-08).
30
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118. Por consiguiente, el acto por medio del cual se da por terminado un nombramiento
provisional, en aquellos eventos en que la causa de la terminación es la provisión del
cargo por el sistema del mérito, no es de aquellos actos que requieran notificación
personal, pues no se trata de una decisión con la que se ponga término a una actuación
administrativa, tal como lo exige el artículo 67 del CPACA al definir el tipo de actos de
contenido particular y concreto que requieren notificación personal.
119. El acto por medio del cual se da por terminado un nombramiento provisional en
los referidos eventos en que la causa de la terminación es la provisión del cargo por el
sistema del mérito, si bien extingue el vínculo jurídico con el servidor provisional, no hace
cosa distinta que declarar una consecuencia jurídica que surge, no como resultado de
una actuación administrativa, sino de la aplicación directa del régimen de carrera. Como
se sabe, los nombramientos provisionales en los cargos de carrera se llaman así porque
su vigencia en el tiempo depende del acaecimiento de una situación que opera como
condición extintiva del mismo: la provisión del cargo por el sistema del mérito.
120. Luego, en caso de cumplirse dicha condición a la administración no le queda
camino distinto que declarar la terminación de nombramiento provisional como
consecuencia de la esperada provisión, sin que para ello deba adelantar actuación
administrativa alguna.
3.4.6.3. Hechos probados.
121. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
121.1. Eduardo Silva Orozco laboró al servicio de la PGN desde el 9 de enero de 2009,
desempeñándose como procurador judicial I, código 3PJ. Grado EG, en la Procuraduría
60 Judicial I Administrativa adscrito a la Procuraduría Delegada para la Conciliación
Administrativa con sede en la ciudad de Cali.
121.2. La PGN expidió la Resolución 040 del 20 de enero de 2015, a través de cual
convocó y reglamentó el concurso público de méritos para proveer 744 cargos de
procurador judicial I y II, en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia C-101 de 2013.
121.3. A través de la Resolución 338 del 8 de julio de 2016, el procurador general de la
Nación conformó la lista de elegibles de la Convocatoria 013-2015, correspondiente a las
vacantes de procurador judicial I, código 3PJ. grado EG, adscritos a la Procuraduría
Delegada para la Conciliación Administrativa, en la cual el concursante Diego Felipe
Vivas Tobar ocupó el puesto 47.
121.4. El procurador general de la Nación profirió el Decreto 3592 del 8 de agosto de
201630 por el cual dispuso nombrar en periodo de prueba a Diego Felipe Vivas Tobar, en
el cargo de Procurador Judicial | Código 3PJ, Grado EG, en la Procuraduría 60 Judicial |
Administrativa, con sede en la ciudad de Cali, y que, en consecuencia, a partir de su
posesión culminaría la vinculación laboral, en provisionalidad de Eduardo Silva Orozco,
quien se desempeñaba en este empleo.
30
Folio 5 del expediente físico.
31
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121.5. A través del Oficio SG No. 4270 del 12 de agosto de 201631 emanado de la
Secretaría General de la PGN se le comunicó al demandante de la terminación de su
vinculación en provisionalidad:
«De manera atenta me permito comunicarle que el Procurador General de la Nación,
mediante el Decreto 3592 de agosto 8 de 2016, en aplicación de la lista de elegibles
contenida en la Resolución 338 de 8 de Julio de 2016, nombró al(a) señor(a) DIEGO
FELIPE VIVAS TOBAR, en el cargo de Procurador Judicial I, Código 3PJ, Grado EG, que
actualmente ocupa usted en provisionalidad.
En consecuencia, a partir de la posesión de dicha persona culmina su vinculación laboral
con esta entidad. Lo anterior sin perjuicio de que, en aplicación del artículo 188 del
Decreto Ley 262 de 2000, la provisionalidad finalice en fecha anterior. […]».
121.6. De acuerdo con el certificado del 22 de enero de 2019, expedido por la División de
Gestión Humana de la PGN, Diego Felipe Vivas Tobar se posesionó del empleo de
procurador judicial el 2 de septiembre de 201632.
3.4.6.4. Análisis sustancial de la Sala
122. Luego de estudiar el material probatorio a la luz de los parámetros legales y
jurisprudenciales expuestos, la Sala considera que, el Decreto 3592 del 8 de agosto de
201633, por el cual el procurador general de la Nación nombró en período de prueba a
una persona de la lista de elegibles, y dispuso la terminación de la vinculación laboral en
provisionalidad del demandante, aunque no le fue notificado personalmente, sí le es
oponible, en primer lugar porque la jurisprudencia de lo contencioso–administrativo tiene
definido que, salvo las excepciones legales, los actos administrativos de retiro son de
ejecución inmediata y no requieren notificación personal, por lo que la sola comunicación
es suficiente.
123. Pero, además, porque el referido Decreto 3592 del 8 de agosto de 201634, también
envuelve la connotación de acto condición, debido a que como primera medida nombró
en período de prueba, en el empleo que al accionante ocupaba en provisionalidad, a una
persona de la lista de elegibles, la cual se posesionó el 2 de septiembre de 2016, según
certificó la PGN.
124. En ese orden, en la medida en que no solo dispuso el retiro del demandante, sino
que también lo supeditaba a que se efectuara la posesión de quien designó con base en
la lista de elegibles, el Decreto 3592 del 8 de agosto de 2016 solo podía producir efectos
respecto de la desvinculación del demandante una vez se cumpliera tal requisito. En ese
sentido, también se concluye que su eficacia, solo se generó cuando se cumplió ese
requerimiento.
125. De manera tal que, aunque el acto administrativo no le fue notificado
personalmente al demandante, la comunicación que recibió y, de manera específica, su
31
Folio 4 del expediente físico.
32
Folio 127 del expediente físico.
33
Folio 5 del expediente físico.
34
Folio 5 del expediente físico.
32
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ejecución en virtud de la posesión de la persona designada en periodo de prueba, le
permitieron conocer su contenido y efectos.
126. Por consiguiente, el Decreto 3592 del 8 de agosto de 2016 le fue comunicado en
debida forma al demandante, y no era necesaria la notificación personal por tratarse de
un acto de retiro, que, además, también comporta la naturaleza de acto condición al
supeditar su desvinculación del servicio a la posesión de la persona de la lista de
elegibles que tenía derecho a ser nombrada en el cargo que el desempeñaba.
127. Finalmente, la Sala considera importante reiterar que, en todo caso, como la
publicidad del acto administrativo es requisito para que pueda surtir sus efectos, su
inobservancia no configura una causal de nulidad, pues no es un presupuesto de su
validez35.
3.5. Conclusión
128. Con fundamento en lo expuesto, y en respuesta a cada uno de los problemas
jurídicos formulados, la Sala concluye que:
a) No era necesario la promulgación de una ley estatutaria para regular de manera
especial la incorporación de los procuradores judiciales a la carrera administrativa de
la PGN, y por lo tanto, el procurador general de la Nación, sí tenía competencia para,
en cumplimiento de la sentencia C-101 de 2013, convocar a concurso público de
méritos para su designación en propiedad;
b) Los procesos de selección de los procuradores judiciales se rigen por el Decreto Ley
262 de 2000, y no por la Ley 270 de 1996, por lo que no era viable incluir un curso de
formación como una etapa dentro del concurso adelantado para proveer las vacantes
de procurador judicial;
c) El artículo 20 del Decreto 263 de 2000 señala que el establecimiento de equivalencias
al interior en la planta de personal de la PGN es una potestad o prerrogativa
facultativa del PGN, y en todo caso, los procuradores judiciales deben reunir las
calidades que se exigen a los jueces y magistrados ante quienes van actuar, sin lugar
a equivalencias;
d) La experiencia que se exige para desempeñar el empleo de procurador judicial, es la
misma que deben acreditar los jueces y magistrados ante quienes van intervenir, la
cual, según el artículo 128 de la Ley 270 de 1996, es la adquirida con posterioridad a
la obtención del título de abogado;
e) Si bien, los apartes de la Resolución 040 de 2015, relacionados con la valoración de
los libros aportados en original y físico, fueron declarados legales de manera
condicional por esta corporación, en sentencia de única instancia del 30 de julio de
2021, ello no genera la nulidad de los actos demandados porque estos fueron
expedidos con anterioridad, consolidándose situaciones jurídicas y derechos
35
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de septiembre de 1996, expediente 2.431.
33
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adquiridos, y en todo caso, el accionante no explicó en qué medida le perjudicaron
esas disposiciones administrativas declaradas condicionalmente legales.
f) Finalmente, en lo que tiene que ver con la indebida notificación, la Sala concluye que
el Decreto 3592 del 8 de agosto de 2016 le fue comunicado en debida forma al
demandante, y no era necesaria la notificación personal por tratarse de un acto de
retiro, que además también tiene la connotación de acto condición al supeditar su
desvinculación del servicio a la posesión de la persona de la lista de elegibles que
tenía derecho a ser nombrada en el cargo que el desempeñaba en provisionalidad.
129. Por consiguiente, en la parte resolutiva de esta providencia se confirmará la
sentencia de primera instancia proferida el 13 de noviembre de 2019 por el Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca, a través de la cual se negaron las pretensiones de la
demanda.
3.6. Costas
130. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario36 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de la
conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en la parte
resolutiva de esta providencia se ordenará revocar la condena en costas impuesta a la
parte demandante en la sentencia de primera instancia, porque no se advierte que haya
incurrido en las anteriores conductas. En ese sentido, tampoco se condenará en costas
en esta oportunidad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
36
La magistrada ponente en cambio considera, que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso–administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por
el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad
patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no elimina el criterio
objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila un interés público,
antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son producto de una interpretación
finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del
CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito
del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, expediente 13001-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-14).
34
Radicación: 76001-23-33-000-2017-00874-01 (0665-2021)
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Demandada: PGN
Falla:
Primero: Confirmar la sentencia de primera instancia proferida el 13 de noviembre de
2019 por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, a través de la cual se negaron
las pretensiones de la demanda.
Segundo: Revocar la condena en costas impuesta en la sentencia de primera instancia.
Tercero: No condenar en costas en esta instancia.
Cuarto: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas
las anotaciones en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
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