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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-01522-01

Fecha
11 de octubre de 2023
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-01522-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. - Confirmar la sentencia proferida el 24 de febrero de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A que negó las pretensiones de la demanda en el proceso promovido por Mario Fernando Canal Zarama contra la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. - Sin condena en costas en esta instancia. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-01522-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

11 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., once (11) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000234200020170152201(3813-2022)
Demandante: Mario Fernando Canal Zarama
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Temas: Retiro empleado provisional por nombramiento de lista de
elegible

Sentencia de segunda instancia
__________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 24 de febrero de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A que negó las pretensiones de la
demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso - Administrativo1, Mario Fernando Canal Zarama presentó demanda
contra la Procuraduría General del Nación en orden a que i) se inaplicara la
Resolución 40 del 20 de enero de 2015 por medio del cual convocó a concurso de
mérito para proveer en propiedad los cargos de procuradores judiciales I y II y la
Resolución 357 del 11 de julio de 2016 que publicó la lista de elegibles de
procuradores judiciales; ii) se declarara la nulidad del Decreto 3299 del 8 de
agosto de 2016 que dispuso su desvinculación.

1
En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000234200020170152201(3813-2022)
Demandante: Mario Fernando Canal Zarama

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó que i) se ordenara reintegrarlo al cargo de procurador judicial II
administrativo de Pasto en las mismas condiciones laborales, salariales y
prestacionales que tenía con anterioridad a su retiro; ii) se condenara a pagar por
concepto de lucro cesante el valor correspondiente a la sumatoria de los salarios y
prestaciones dejadas de percibir entre la fecha de la desvinculación, esto es, 4 de
septiembre de 2016 y la fecha en que se profiera la sentencia y por daño moral, la
suma equivalente a 100 SMLMV; iii) se ordenara a pagar el valor de la condena
debidamente indexada de acuerdo a lo previsto en el artículo 187 del CPACA y iv)
se condenara a la demandada al pago de costas y agencias en derechos.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes2:

El demandante estuvo vinculado en provisionalidad en la Procuraduría General del
Nación desde el 1 de julio de 2009 hasta el 4 de septiembre de 2016 y su último
cargo fue de procurador 35 judicial II administrativo de Pasto.

Mediante Resolución 747 del 27 de octubre de 2014, la secretaría general de la
entidad ordenó la apertura de la licitación pública 8 de 2014 para seleccionar
contratista que adelantara concurso de mérito, lo que conllevó a que celebrara el
contrato 197-97-2014 del 11 de diciembre de 2014 con la Universidad de
Pamplona para llevar a cabo el aludido proceso meritocrático.

El procurador general de la nación a través de la Resolución 40 del 20 de enero de
2015, ordenó la apertura del proceso de mérito a fin de proveer 744 empleos de
procuradores judiciales I y II. El 7 de octubre de 2015 fue publicado el resultado de
las pruebas de conocimiento y el 4 de noviembre del mismo año, el
correspondiente a la prueba comportamental.

En el interregno entre la elaboración de las pruebas y la publicación de los
resultados fueron presentadas múltiples quejas debido a la falta de garantías e
irregularidades permitidas por la entidad, la Universidad de Pamplona y la
empresa de valores Thomas Greg & Sons encargada de los protocolos de
seguridad del examen, las cuales fueron desestimadas por medio de la Resolución
1440 del 21 de enero de 2016.

El órgano de control demandado continuó con el concurso de mérito y mediante
Resolución 357 del 11 de julio de 2016 publicó la lista de elegibles de la

2
Folios 61 y 62.

2

Radicado: 25000234200020170152201(3813-2022)
Demandante: Mario Fernando Canal Zarama

convocatorio 4 de 2014.

La Procuraduría General del Nación por medio de la Resolución 3299 del 8 de
agosto de 2016 adoptó la lista de elegibles y designó a Diego Fernando Burbano
en el cargo de procurador 35 judicial II administrativo de Pasto y dispuso en
consecuencia, la cesación del vinculó que tenia el actor con dicha entidad.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 4, 13, 113, 125, 279 y 280 de la
Constitución Política; 20 el Decreto 262 de 2000; 4 y 7 del Decreto 263 de 2000 y
la Resolución 253 del 9 de agosto de 2012.

En cuanto al concepto de violación, se expusieron los siguientes argumentos3:

La convocatoria a concurso realizada por la demandada a través de la Resolución
40 del 20 de enero de 2015, no tuvo en cuenta los criterios que son aplicados en
los concurso para funcionarios judiciales, es decir, pese a que existe igualdad
salarial entre los cargos de procuradores judiciales I y II respecto de los jueces y
magistrados, lo cierto es que el concurso no se hizo con los mismos criterios que
rige a los funcionarios judiciales, comoquiera que en él se dejó de exigir el curso
de formación como instrumento de selección que es requerido en los concurso de
jueces y magistrados.

El procurador general a través de la Resolución 40 del 20 de enero de 2015 no
podía regular aspectos esenciales y definitivos de la carrera y el concurso de los
procuradores judiciales I y II, pues para ello se requería de una ley que garantizara
la igualdad del derecho de acceso a la carrera como la tienen los jueces y
magistrados. Tampoco podía establecer homologaciones o equivalencias en el
concurso comoquiera que se requería que estuvieran incluidas en el manual de
funciones y requisitos específicos ni llevar a cabo la divulgación del concurso por
medio de un reglamento como ocurrió con la expedición de tal resolución. En esa
medida, el aludido acto desconoció la cláusula de reserva de ley de la carrera de
los agentes del Ministerio Público que se aplica a los funcionarios de la rama
judicial.

La entidad demandada no podía cambiar la forma de contabilizar la experiencia
profesional que según el Decreto 2772 de 2005, debe hacerse a partir de la
terminación de materias y no desde la fecha del grado como lo indicó la

3 Folios 16 al 47

3

Radicado: 25000234200020170152201(3813-2022)
Demandante: Mario Fernando Canal Zarama

convocatoria; así como tampoco resultaba válido pedir que además de la
inscripción electrónica, se aportaran documentos en físico, pues ello contravino lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 e hizo imposible el acceso los cargos ofertados.

El acto administrativo que lo retiró del servicio es nulo debido a que no se efectuó
su notificación personal, sino que solo le fue comunicado a través de un correo
electrónico.

1.2. Contestación de la demanda

La Procuraduría General de la Nación se opuso a la prosperidad de las
pretensiones, por las razones que se expresan a continuación4:

El concurso de mérito convocado a través de la Resolución 40 de 2015 fue
producto del cumplimiento de la orden impartida por la Corte Constitucional en la
sentencia C-101 de 2013 que dispuso que en un término de 6 meses se debía
llevar a cabo el concurso para la provisión de los cargos de procuradores
judiciales I y II. Dicha corporación en la sentencia aludida no modificó las normas
de carrera de la Procuraduría General de la Nación para asimilarlos a los jueces y
magistrados, sino que consideró que tales cargos eran de carrera administrativa.

En esa medida, no se requería de una ley que determinara un sistema de ingreso
para los cargos de procuradores judiciales I y II, como tampoco se hacia necesario
establecer una fase del curso de formación judicial que es exclusivo del sistema
de carrera de la rama judicial para jueces y magistrados, comoquiera que el
régimen de carrera en la entidad es el regido por el Decreto Ley 262 de 2000 al
cual se dio cumplimiento en el concurso cuestionado.

En cuanto a las equivalencias, de acuerdo con el artículo 20 del Decreto Ley 263
de 2000, no se adquieren de forma automática, sino que el procurador es
autónomo para determinar en que casos proceden. Así mismo, se tiene que el
artículo 195 del Decreto Ley 262 de 2000, la convocatoria es ley para las partes y
adicionalmente, en la Resolución 40 de 2015 no se reconoció la posibilidad de
equivalencias, las cuales tampoco están previstas para los cargos de jueces y
magistrados.

Referente al cómputo de la experiencia profesional, el artículo 280 de la
Constitución Política establece que los agentes del Ministerio Público tendrán las
mismas calidades de los jueces y magistrados ante quienes ejerzan el cargo y por
tanto, como a estos últimos se les contabiliza su experiencia profesional a partir de

4 Folios 76 al 92

4

Radicado: 25000234200020170152201(3813-2022)
Demandante: Mario Fernando Canal Zarama

la obtención del título de abogados, en el sentido que la Resolución 40 de 2015
determinó que se contabilizaba la experiencia para los procuradores.

La mencionada resolución no estableció de manera alguna un sistema de
calificación para los procuradores judiciales, sino de evaluación de antecedentes
para los aspirantes al cargo. No es cierto que sólo el legislador pueda establecer
los parámetros de un concurso de méritos, pues dicha facultad está dada al
procurador general en el artículo 205 del Decreto 262 de 2000.

La entidad actuó en debida forma al comunicar la decisión a través de la cual se le
informó al demandante su desvinculación en el cargo que ocupaba en
provisionalidad, toda vez que los actos de trámite se comunican sin que sea
obligatoria su notificación personal.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante sentencia proferida el 24 de febrero de 2022, negó las pretensiones de
la demanda. Para tal efecto, se pronunció en estos términos5:

La analogía que pretendió plantear el demandante de los cargos de procuradores
judiciales I y II respecto de los jueces y magistrado en cuanto a calidades,
categoría, remuneración y derechos no tiene asidero jurídico, pues el régimen de
carrera de la rama judicial esta reglado por la Ley Estatutaria de Administración de
Justicia, entretanto, el Decreto Ley 262 de 2000 se encarga de dicha materia para
la Procuraduría General de la Nación.

La Corte Constitucional en la sentencia C -101 de 2013 no dispuso crear un nuevo
régimen de carrera para los procuradores judiciales, lo que sería de competencia
del legislador, ni aplicarles el régimen existente para los funcionarios de la rama
judicial, sino incorporarlos dentro de la planta de personal con derechos de carrea
ya existentes dentro del órgano de control disciplinario, por lo cual, el concurso
convocado por la Resolución 40 de 2015 debió ceñirse al Decreto Ley 262 de
2000 y no a otra norma. Por lo tanto, al no existir en el citado decreto una fase de
curso de formación, no estaba obligado el procurador a establecerla en la aludida
resolución. Idéntica suerte corre lo relativo a las equivalencias que según el actor
debieron ser permitidas en aplicación de lo dispuesto en el Decreto 263 de 2000,
toda vez que el manual de funciones de la entidad acogió los criterios de la LEAJ
de manera que, la experiencia profesional se computa a partir de la obtención del
grado y no desde la terminación de materias como lo alegó el demandante.

5 Folios 271 al 279.

5

Radicado: 25000234200020170152201(3813-2022)
Demandante: Mario Fernando Canal Zarama

Erró el demandante al considerar que la Resolución 40 de 2015 reguló aspectos
de la calificación de desempeño, comoquiera que en la etapa de análisis de
antecedentes no es que se califique a un empleado, cuyas normas no pueden ser
dispuesta en un acto administrativo como este, sino que reguló una etapa del
concurso de méritos donde se revisa la hoja de vida del aspirante en aplicación de
lo previsto en los artículos 203 y 205 del Decreto 262 de 2000.

El actor alegó indebida notificación del acto administrativo que lo retiró del servicio,
pero no aportó copia o constancia del correo electrónico por medio del cual se
surtió la comunicación, lo que impidió valorar las particularidades de dicho
procedimiento de publicidad y oponibilidad. Si bien la demandada en su escrito de
contestación aseveró que la decisión que retiró al actor del servicio era un acto de
trámite, toda vez que la decisión principal fue la de nombrar a Diego Fernando
Burbano Muñoz en el cargo de procurador 35 judicial II administrativo de Pasto y
por tanto, con la toma de posesión cesaba el vínculo del actor, lo cierto es que la
aludida decisión generó la ruptura de la relación con la entidad de manera que
produjo efectos al extinguir la relación laboral que existía. Sin embargo, el defecto
en la notificación no tiene la entereza de invalidar la decisión.

1.4. El recurso de apelación

Mario Fernando Canal Zamara interpuso recurso de apelación6 y lo sustentó así:

La PGN a través de la Resolución 40 de 2015 no podía regular aspectos
esenciales y definitivos de la carrera y el concurso de procuradores judiciales I y II,
por cuanto, al igual que para jueces y magistrados, se requería una ley que
garantizara a los aspirantes los mismos derechos de acceso a la carrera de los
funcionarios judiciales. Era necesario la previa expedición de una ley que regulara
los elementos trascendentales de la carrera y del concurso que garantizara los
derechos de carrera, idénticas exigencias respecto de los jueces y magistrados,
requisitos, calidades, sistema de acceso y formación entre otras.

La demandada no tiene facultad para cambiar la naturaleza de las funciones de
los cargos que fueron creados por el presidente de la República mediante decreto
especial, que, como aceptó la entidad demandada, se profirió en ejercicio de sus
facultades extraordinarias y en respuesta a disposiciones legales de carácter
especial. Entonces, si el cargo se ofertó debido a un error por parte de la entidad,
las consecuencias de ello no debieron recaer en quien se encontraba vinculado al
empleo que precisamente no se ofertó.

6 Folios 281 al 288.

6

Radicado: 25000234200020170152201(3813-2022)
Demandante: Mario Fernando Canal Zarama

Insistió en que los procuradores judiciales I y II se encuentran en el nivel
profesional de la planta de personal de la entidad, por lo que le son aplicables las
equivalencias consagradas en el artículo 20 del Decreto 263 de 2000, sin que en
el concurso se hubieran establecido, de manera que adoleció de uno de los
requisitos que se impone en el mencionado decreto y ante esa omisión, el
concurso y todos los demás actos administrativos se encuentran viciados de
nulidad por no cumplir con los requisitos previstos en el ordenamiento y de manera
concreta, el Decreto 3299 de 2016 que determinó su desvinculación.

Todo acto de contenido particular debe ser notificado personalmente, de manera
que, ante su inobservancia invalida la decisión y por otra parte, impide que la
decisión produzca efectos legales. La obligación legal de la entidad demandada
era llevar a cabo la diligencia de notificación personal al demandante, la cual fue
obviada lo que generó la inoponibilidad del acto que lo desvinculó.

La resolución demandada no explicitó razones objetivas que sustentaran la
decisión de nombrar en el cargo que ocupaba el actor a otra persona que se
encontraba en lista de elegible, lo que trasgredió sus derechos fundamentales.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

Las partes guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

1.6. El Ministerio Público

El procurador delegado ante el Consejo de Estado no rindió concepto.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer lo siguiente: ¿el procurador general de la Nación
estaba facultado para expedir la Resolución 40 de 2016 y, en virtud de ello, regular
el proceso de selección y fijar las reglas de calificación, homologación y
experiencia o dichos aspectos solo los podía reglar la ley y, por tanto, debe ser
inaplicada y anulados los actos que de ella se derivaron?

¿el Decreto 3299 del 8 de agosto de 2016 por medio del cual se nombró en

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Radicado: 25000234200020170152201(3813-2022)
Demandante: Mario Fernando Canal Zarama

propiedad a Diego Fernando Burbano Muñoz y se dispuso la desvinculación de
Mario Fernando Canal Zarama, debió ser notificado de manera personal a este
último para ser considerado válido y eficaz?

2.2. Marco normativo

Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Régimen de carrera administrativa de la Procuraduría General de la
Nación. Facultades del procurador general para convocar y reglamentar los
concursos de méritos de la entidad.

La Constitución Política en su artículo 113 prescribió que además de los órganos
que forman parte de las tres ramas del poder público «[…] existen otros,
autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del
Estado». Dentro de estos se encuentra la Procuraduría General de la Nación,
pues por voluntad del constituyente dejó de formar parte de la rama ejecutiva y se
ubicó dentro de la estructura del Estado en la categoría de órgano autónomo e
independiente, lo que se evidencia, por ejemplo, con la forma de elección del
procurador general de la Nación independiente de la administración central y con
la calidad de jefe supremo del Ministerio Público que le otorgó el artículo 275
ibidem. En razón de lo anterior y por virtud del artículo 279 ejusdem que ordenó al
legislador regular, entre otras materias, «[…] lo atinente al ingreso y concurso de
méritos y al retiro del servicio […]» y a que la Ley 909 de 2004 la excluyó de su
aplicación, tal entidad cuenta con un régimen propio de carrera administrativa
reglado en el Decreto Ley 262 de 2000.

Lo regulado en dicha norma acata la orden del artículo constitucional citado,
puesto que fue expedida por el presidente de la República en ejercicio de las
facultades otorgadas por el Congreso de la República a través del artículo 1,
numeral 4 de la Ley 573 de 2000. A su vez, esta ley la profirió el órgano legislativo
en virtud de la competencia atribuida por el artículo 150, numeral 10 de la
Constitución Política que prevé la expedición de leyes ordinarias de concesión de
facultades extraordinarias al presidente de la República para que expida «normas
con fuerza de ley», jerarquía que tiene el Decreto Ley 262 de 2000.

En ese sentido se pronunció esta sección en el proceso de simple nulidad
interpuesto contra la Resolución 40 de 2016 de 2016, en el que se examinaron las
competencias del procurador general de la Nación para reglamentar el concurso
de méritos para la provisión de los cargos de procuradores judiciales I y II. Al
respecto, consideró que «[…] la ley que regula esa materia no es otra distinta al

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Demandante: Mario Fernando Canal Zarama

Decreto Ley 262 de 2000, expedido por el Presidente de la República en ejercicio
de las precisas facultades extraordinarias conferidas por el Congreso mediante la
Ley 573 de 2000, para modificar tanto la estructura de la Procuraduría General de
la Nación como su régimen de carrera administrativa. En tal sentido, esa y no otra
es la ley previa aplicable en cuyo articulado se regulan todos los asuntos
mencionados en el problema jurídico»7 . Y añadió que el decreto «[…] es una ley
en sentido material».

La Sala expuso que el acto administrativo no se expidió para regular «todos» los
concursos públicos de la Procuraduría General de la Nación, sino solo los que
ordenó la sentencia C-101 de 2013 que dispuso la convocatoria de este para la
provisión de los empleos de procuradores judiciales y que, por tanto, dio
cumplimiento a esta. Agregó que el artículo 7, numeral 40 del Decreto Ley 262 de
2000, le dio la potestad al procurador general de la Nación para definir el sistema
de calificación y para «[…] adoptar los instrumentos necesarios para el
cumplimiento de los fines de cada una de las etapas del proceso de selección
[…]»8 y, en general, para «[…] definir las condiciones de las convocatorias para
los concursos de méritos y suscribirlas».

Dicho lo anterior, concluyó que era innecesario la expedición de una nueva ley de
carrera para ser aplicada a los concursos públicos de mérito dirigidos a la
provisión de los cargos de procurador judicial, pues está vigente el Decreto Ley
262 de 2000, con fuerza de ley, en el que el legislador, en sus artículos 197 y 198,
determinó «[…] los aspectos básicos y esenciales de los concursos de la carrera
que deba adelantar la Procuraduría, incluyendo los asuntos referidos a la
convocatoria y la inscripción. En últimas, el Procurador General de la Nación no
hizo nada distinto a instrumentalizar el desarrollo de las 14 convocatorias
mencionadas en el concurso, sin que sea válido entender que con ello haya
usurpado las funciones propias del legislador […]».

Bajo estos parámetros, el Decreto Ley 262 de 2000 es el régimen de carrera
administrativa de la Procuraduría General de la Nación vigente, ya que al
expedirse por el presidente de la República en ejercicio de las facultades
otorgadas por la Ley 573 de 2000 se acató el mandato del artículo 279
Constitucional, máxime cuando desarrolló los aspectos esenciales para adelantar
los procesos de selección de los servidores públicos de tal entidad. En efecto, en
los artículos 7, numeral 45, 82, 88, 97, inciso 2, 99, numeral 2, 158, numeral 1,
159, 164, 170, 182, numerales 1 y 2, y el Título XIV se establecieron las

7 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 30 de julio de 2021, radicación: 11001-03-

25-000-2015-00366-00(0740-15), demandante: Héctor Alfonso Carvajal Londoño y otros.
8 Ibidem

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Demandante: Mario Fernando Canal Zarama

competencias y las reglas que se deben seguir para efectos de la convocatoria a
tales procesos de selección.

Así, respecto del concurso de méritos regló, en el artículo 194, sus fases, entre las
que se incluyó: la convocatoria; el reclutamiento; la aplicación de pruebas e
instrumentos de selección; la conformación de lista de elegibles; el periodo de
prueba y su calificación. En los artículos siguientes fijó las pautas para desarrollar
cada una de las etapas. De este modo, definió el contenido de la convocatoria, los
tiempos para el reclutamiento, la finalidad y conformación y forma de validación de
las pruebas, los recursos contra los resultados y facultó al procurador general para
que «adoptará los instrumentos y parámetros de puntuación de los factores
valorados en el análisis de antecedentes»9 .

De igual manera, en el numeral 40 de su artículo 7 señaló que al procurador
general de la Nación le compete «[e]jercer la suprema dirección y administración
del sistema de carrera de la entidad» y que en ejercicio de esta función puede
realizar, entre muchas, las siguientes actuaciones:

«a. Definir las políticas para la elaboración y aplicación de las pruebas que se
utilizarán en los concursos y determinar los parámetros para su calificación. b.
Adoptar los instrumentos necesarios para el cumplimiento de los fines de cada una
de las etapas del proceso de selección.
[…]
d. Definir las condiciones de las convocatorias para los concursos de méritos y
suscribirlas […]»

De esta manera, el procurador general de la Nación tiene la potestad no solo de
fijar las políticas para el proceso de selección, sino también de reglar los
instrumentos para cumplir cada etapa del concurso de méritos, los parámetros de
calificación y los requisitos de las convocatorias. La habilitación deriva del decreto
con fuerza material de ley, norma que fija las pautas generales a la que debe
sujetarse tal funcionario para regular esos aspectos.

Dicho lo anterior, conviene precisar que la existencia del régimen de carrera
administrativa previsto en el decreto aludido descarta la posibilidad de que para el
ingreso al servicio público de los empleados de la Procuraduría General de la
Nación sean aplicables normas de otros regímenes, salvo el común, en caso de
que contenga algún vacío, pues de este modo lo dispuso en el artículo 3, numeral
2, de la Ley 909 de 2004 al prever que «[l]as disposiciones contenidas en esta ley
se aplicarán, igualmente, con carácter supletorio, en caso de presentarse vacíos

9
Artículo 205.

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Demandante: Mario Fernando Canal Zarama

en la normatividad que los rige, a los servidores públicos de las carreras
especiales […]».

Lo anterior es concordante con lo considerado por la Corte Constitucional en la
sentencia C-101 de 2013, en la que declaró inexequible la expresión «Procurador
Judicial» del numeral 2 del artículo 182 del Decreto Ley 262 de 2000, que
clasificaba tales cargos como de libre nombramiento y remoción y ordenó la
celebración del concurso de méritos para su vinculación, en cuyo cumplimiento fue
proferida la Resolución 40 de 2015 que lo convocó y regló. En tal ocasión, la
corporación manifestó que la entidad cuenta con su propio régimen previsto en
ese decreto y, por tanto, no le es aplicable el de la Ley 270 de 1996 que rige para
los funcionarios de la rama judicial. Lo que reiteró en el auto 255 de 2013 que
resolvió la nulidad propuesta contra la sentencia.

2.2.2. Eficacia y validez de los actos administrativos

El acto administrativo es una manifestación unilateral de voluntad emanada de una
autoridad o de un particular en el ejercicio de las funciones administrativas
otorgadas por la Constitución Política y las leyes, mediante el cual se producen
ciertos efectos jurídicos.

En la teoría del acto administrativo es importante distinguir los presupuestos de su
existencia, de los de su validez y de los de su eficacia. Un acto administrativo es
eficaz si y solo si ha sido puesto en conocimiento de su o sus destinatarios por el
mecanismo legalmente previsto en el ordenamiento jurídico, es decir si se ha
observado plenamente el principio funcional de «publicidad», señalado en el
artículo 209 de la Constitución Política.

En ese orden, la eficacia de las decisiones de la administración tiene que ver
directamente con el componente de obligatoriedad, respecto de sus destinatarios,
cuestión que varía en razón de su naturaleza general o concreta; es decir,
cuandoquiera que se está en presencia de un acto general o abstracto la
vinculatoriedad se predica desde el momento mismo de su publicación, en tanto
que si se trata del segundo, es oponible desde que se produce la notificación,
comunicación o ejecución, según sea el caso. De tal suerte que, a partir de su
conocimiento, pueden ejercer su derecho de defensa o contradicción, incluso de
acción, en sede administrativa o judicial. Al ser entonces la publicidad del acto
administrativo el requisito para que pueda surtir sus efectos, su inobservancia no
configura una causal de nulidad, pues no es un presupuesto de su validez10. En

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 26 de

septiembre de 1996, expediente 2.431.

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Radicado: 25000234200020170152201(3813-2022)
Demandante: Mario Fernando Canal Zarama

efecto, su legalidad requiere que en su producción se cumpla el ordenamiento
jurídico y las formalidades sustanciales que exige, esto es, que se expida con
respeto de la competencia, el objeto, la forma, la causa y la finalidad que permiten
las normas11, cuya vulneración el artículo 137 del CAPACA estableció como
causales de nulidad.

Por regla general, los actos administrativos se publicitan a través de la notificación,
comunicación o publicación, de acuerdo con los artículos 65 y siguientes del
CPACA. Surtidas su publicidad adquieren, en los términos de los artículos 87 y 89
ibidem, firmeza y ejecutoriedad y, por tanto, la administración los puede ejecutar
de inmediato. Pero existen otras decisiones que se adoptan en ejercicio de la
función administrativa que no causan efectos jurídicos o no pueden ejecutarse con
solo cumplirse con el trámite de su publicidad, sino que su perfeccionamiento
supone el acontecer de una condición que conlleva la creación de la situación
jurídica particular que no existe antes de su ocurrencia12 .

Precisamente, un acto administrativo de este tipo es el de nombramiento de los
servidores públicos, el cual ha sido identificado por la jurisprudencia del Consejo
de Estado13 y de la Corte Constitucional14 como un acto condición. Estos actos
existen de manera formal, puesto que su expedición genera una situación objetiva
e impersonal que consiste en poner a la persona designada en la condición de
empleado público; sin embargo, solo con la posesión y la previa acreditación de
los requisitos, este adquiere los derechos y deberes inherentes al cargo no
antes15.

Es esta última situación la que lleva a los destinatarios de la decisión a entender
que para ellos se han creado, modificado o extinguido derechos de carácter
individual. Con todo, el interés general que conlleva el acto de nombramiento de
los servidores públicos también se ve reflejado en el hecho de que el parágrafo del
artículo 65 del CPACA dispone que estos se deben publicar, tal y como se prevé
para los actos de contenido general.

11 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 18 de febrero de 2016, radicación: 81001-23-

33-000-2012-00039-04, demandante: Departamento de Arauca.
12 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 18 de febrero de 2016, radicación: 81001-23-

33-000-2012-00039-04, demandante: Departamento de Arauca
13 Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 24 de junio

de 2021, radicación: 08001-23-33-000-2012-00215-01 (2803-2014); y de la Subsección B,
sentencia del 9 de septiembre de 2021, radicación: 760012331000200403075 01 (0544-2019).
14 Corte Constitucional, sentencias T-003 de 1992 y T-457 de 1992.
15 Al respecto se puede consultar la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sección Segunda,

Subsección B, sentencia del 25 de noviembre de 2021, radicación: 25000-23-42-000-2016-05421-
01(1116-19), demandante: Efraín Torrado García.

12

Radicado: 25000234200020170152201(3813-2022)
Demandante: Mario Fernando Canal Zarama

2.3. Caso concreto

En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

Mediante Resolución 40 del 20 de enero de 201516, la Procuraduría General de la
Nación dio apertura y reglamentó «la convocatoria del proceso de selección para
proveer los cargos de carrera de procuradores judiciales de la entidad», en
cumplimiento de lo ordenado en la sentencia C-101 de 2013. La resolución dividió
el concurso por cargos y para la provisión de los de procurador judicial II lo hizo a
través de diversas convocatorias.

La Resolución 345 del 8 de julio de 2016 definió la lista de elegibles
correspondientes a la convocatoria 6-2015. Diego Fernando Burbano Muñoz
ocupó el puesto 63 de los 94 ofertados de procurador judicial II, código 3PJ, grado
EG, para conciliación administrativa.

La Procuraduría General de la Nación a través del Decreto 3299 del 8 de agosto
de 201617, dispuso el nombramiento de Diego Fernando Burbano Muñoz en el
empleo aludido con sede en la ciudad de Pasto. En el acto administrativo se indicó
que a partir de su posesión culminaría la vinculación laboral de Mario Fernando
Canal Zamara, quien ocupaba el cargo. Con el Oficio 4197 del 12 de agosto de
201642 el secretario general de la entidad le comunicó al demandante la decisión
antedicha.

Resolución 1440 del 18 de diciembre de 201518 que resolvió las presuntas
irregularidades presentadas en el concurso de méritos para proveer los cargos de
Procuradores judiciales I y II denunciadas mediante escritos anónimos.

2.3.1. Análisis de la Sala

El apelante alegó que el procurador general de la Nación no estaba facultado para
expedir la Resolución 40 de 2016 y, en virtud de ello, fijar las reglas de calificación,
homologación, experiencia y, en general, la regulación del proceso de selección y
sus componentes, pues, por mandato de los artículos 125 y 279 de la Constitución
Política, ello le correspondía al legislador. Con base en lo anterior, afirmó que tal
resolución debe ser inaplicada de acuerdo con el artículo 148 del CPACA por
vulnerar las normas en que debía fundarse y que, en consecuencia, se debe

16 Folios 106 al 114
17 Folios 2 y 3
18
Folios 119 al 136

13

Radicado: 25000234200020170152201(3813-2022)
Demandante: Mario Fernando Canal Zarama

declarar la nulidad de los actos administrativos que de ella se derivaron, incluido el
Decreto 3299 de 2016 que lo desvinculó del servicio.

La Sala no comparte el planteamiento de la parte actora, puesto que el artículo
279 Constitucional se desarrolló tanto por el Congreso de la República como por el
presidente. Respecto del primero, porque expidió la Ley 573 de 2000 y en su
artículo 1, numeral 4, le dio potestad al jefe de gobierno para regular el régimen de
carrera administrativa de la Procuraduría General de la Nación. Por el segundo,
toda vez que en el ejercicio de tales facultades expidió el Decreto Ley 262 de
2000, norma con fuerza material de ley en la que regló los aspectos esenciales del
proceso de selección de los servidores públicos de tal entidad. De este modo, se
cumplió el mandato de la norma constitucional, pues un decreto con rango de ley
reguló el ingreso y el concurso de méritos, por lo que era innecesario la expedición
de otra normativa de tal categoría.

Además de regularizar lo dicho, la preceptiva otorgó al procurador general de la
Nación la función de dirigir y administrar su sistema de carrera y, en tal virtud, lo
dotó de competencias para determinar los instrumentos necesarios para adelantar
las etapas del proceso de selección en ella previstas, lo que podía hacer al fijar
políticas para efectuar las pruebas, los criterios de calificación y, en general, las
condiciones de las convocatorias dentro del marco de los temas cardinales
prescritos en el decreto ley, tal cual lo hizo en la Resolución 40 de 2016. Entonces,
no es de recibo el argumento expuesto por el recurrente, según el cual, se
requería de una ley que garantizara a los aspirantes los mismos derechos de
acceso a la carrera que a los funcionarios judiciales de mayor jerarquía que venían
ejerciendo el cargo, pues si bien es cierto los procuradores judiciales intervienen
ante los jueces en sus diferentes jurisdicciones, también lo es que, no por ello
integran la estructura de la rama judicial, ni obliga a la aplicación de las normas
profesionales establecidas para éste, concretamente, la Constitución Política
reconoció el carácter de la Procuraduría General de la Nación como un órgano
autónomo e independiente respecto del resto de las ramas del poder, entre ellas la
rama judicial.

Esta postura es concordante con el antecedente de la Sección Segunda,
contenido en la sentencia del 30 de julio de 2021, radicación: 11001-03-25-000-
2015-00366-00(0740-15), en el que examinó la nulidad de la Resolución 40 de
2016 de 2016 al que se hizo referencia en el marco normativo de esta providencia
en tanto, en aquella oportunidad se concluyó que el procurador general de la
Nación sí tenía competencia para reglamentar el concurso de méritos para la
provisión de los cargos de procuradores judiciales I y II y no usurpó las facultades
del Congreso de la República, puesto que los aspectos esenciales fueron reglados

14

Radicado: 25000234200020170152201(3813-2022)
Demandante: Mario Fernando Canal Zarama

por el legislador extraordinario en el Decreto Ley 262 de 2000 sin que fuera
necesaria otra ley y, además, porque las potestades que ejerció también se las
otorgó esa norma. Por mandato de los artículos 279 y 280 de la Constitución
Política, es la ley la que debe regular el concurso de méritos de la Procuraduría
General de la Nación que, en tal virtud, se expidió el Decreto Ley 262 de 2000.
Con fundamento en ello y en la orden impartida en la sentencia C-101 de 2013 la
entidad expidió la Resolución 40 de 2015 de manera que no se desvirtuó su
presunción de legalidad.

Respecto de las equivalencias, insistió el recurrente que al encontrarse los
procuradores judiciales I y II en el nivel profesional de la planta de personal de la
entidad, le resultaban aplicables las equivalencias consagradas en el artículo 20
del Decreto 263 de 2000, sin que en el concurso se hubieran establecido. Para la
Sala, la no inclusión de las equivalencias en el concurso para procuradores
judiciales tiene su fundamento jurídico en el artículo 20 del Decreto Ley 263 de
2000 al señalar que aquellas «podrán» establecerse de acuerdo con la jerarquía,
las funciones y responsabilidades de cada empleo, lo que permite entender que su
consagración no es obligatoria ni aplica tampoco de manera automática, dejando
en manos del Procurador General de la Nación la facultad de establecerlas o no
en el manual específico de funciones y requisitos y en las respectivas
convocatorias.

Con todo, no puede perderse de vista que el artículo 280 de la Constitución
Política, establece que los agentes del Ministerio Público tendrán las mismas
calidades, categoría, remuneración, derechos y prestaciones de los magistrados y
jueces, lo cual concuerda con lo previsto en el artículo 11 del Decreto Ley 263 de
2000 al disponer que para el desempeño de los empleos correspondientes a los
diferentes niveles jerárquicos que tengan requisitos establecidos en la
Constitución Política o en leyes, necesariamente deberán acreditarse los allí
señalados. Lo previsto en esas normas superiores se reitera en la Resolución 413
de 11 de diciembre de 2014 por medio del cual se definieron los requisitos
exigidos para acceder a los empleos de la Procuraduría General de la Nación y del
Instituto de Estudios del Ministerio Público, por consiguiente, al erigirse como regla
inmodificable del concurso la no aplicación de las equivalencias para acceder a
tales empleos, mal puede prosperar una pretensión como la planteada por la parte
actora.

En cuanto a la falta de notificación del acto administrativo que lo desvinculó, el
demandante manifestó que el Decreto 3299 de 2016 no le fue notificado en los
términos que ordenan los artículos 67, 68, 69 y 72 del CPACA, circunstancia que
afectó su validez e impide que produzca sus efectos y, por ende, le es inoponible.
Adujo que la entidad se limitó a enviar a su correo electrónico una comunicación

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Radicado: 25000234200020170152201(3813-2022)
Demandante: Mario Fernando Canal Zarama

en la que le informó sobre la expedición del acto administrativo de retiro sin
adjuntar su copia ni señalar la procedencia de los recursos.

De las pruebas aportadas, se concluye que el decreto referido no se notificó de
forma personal al demandante, pues solo existe la copia del oficio 4197 del 12 de
agosto de 2016 mediante el cual el secretario de la demandada le comunicó la
decisión. Si bien no existe prueba de que el oficio le fue entregado al apelante, él
mismo afirmó que sí se le «comunicó» el acto, de manera que es posible deducir
que conoció la decisión antes de que fuera desvinculado. La falta de notificación
personal no repercute en la validez del acto que dispuso su retiro sino en su
eficacia, al no ser una causal de nulidad de las establecidas en el artículo 137 del
CPACA. Por ende, conserva su presunción de legalidad al no demostrarse que en
su expedición se hubiese incurrido en alguno de los vicios regulados en tal norma.

Frente a la inoponiblidad del acto administrativo, la Sala precisa que sí es oponible
respecto del demandante, puesto que, aunque no le fue notificado, la
comunicación que recibió y, de manera específica, el acto de su ejecución le
permitieron conocer su contenido y efectos. Lo es, además, porque el acto referido
también dispuso el nombramiento de Diego Fernando Burbano Muñoz a quien sí
le fue notificado, al punto que aceptó la designación y se posesionó en el empleo.
Por tanto, al surtir plenos efectos respecto de su designación y por tratarse de un
empleado de carrera administrativa, el derecho de Mario Canal Zarama debía
ceder ante el de él, asunto que se materializó con la ejecución del acto y que en
modo alguno es una irregularidad que derive en su nulidad.

En efecto, en el sub examine, el decreto se ejecutó el 2 de septiembre de 2016,
fecha en la que Burbano Muñoz tomó posesión del empleo, pero en dicha acta se
indicó que los efectos fiscales serían a partir del 5 de septiembre de 2016, lo cual
concuerda con lo solicitado en la demanda como restablecimiento del derecho, el
cual el demandante manifestó que se ordenara desde la «desvinculación» y se
citó como fecha el 4 de septiembre de 2016, pruebas que permiten deducir en su
conjunto que el demandante trabajó hasta el 4 de septiembre de 2016. Lo anterior,
por cuanto la eficacia de la desvinculación del demandante, tal y como fue
ordenada en el acto administrativo demandado, estaba condicionada a que se
posesionara la persona que superó el proceso de selección, por lo que una
notificación previa del acto administrativo no significaba que sus consecuencias se
dieran a partir de ella, como lo interpreta el apelante.

Cabe precisar que lo expuesto también dota al Decreto 3299 de 2016 de las
características propias de un acto condición, en la medida en que no solo disponía
un retiro, sino que también lo supeditaba a que se efectuara la posesión de quien

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Radicado: 25000234200020170152201(3813-2022)
Demandante: Mario Fernando Canal Zarama

designó con base en la lista de elegibles, por lo que solo podía producir efectos
respecto de la desvinculación una vez se cumpliera tal requisito. En ese sentido,
también se concluye que su eficacia, solo se generó cuando se cumplió ese
requerimiento, lo que ocurrió a la par con su ejecución.

De otra parte, en lo atinente a que la resolución demandada no explicitó razones
objetivas que sustentaran la decisión de nombrar en el cargo que ocupaba a Diego
Fernando Burbano Muñoz, conllevó a que se trasgredieran sus derechos
fundamentales, afirmación que carece de razón en la medida que el Decreto 3299
del 8 de agosto de 2016 está debidamente fundamentado al expresar i) las
razones derivadas de la sentencia C-101 del 28 de febrero de 2013 proferida por
la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad de la expresión «Procurador
Judicial» del numeral 2 del artículo 182 del Decreto ley 262 de 2000, providencia
que dispuso que en el término de 6 meses debía convocarse a concurso abierto
para proveer en propiedad dichos empleos; ii) asimismo, indicó que a través de la
Resolución 40 del 20 de enero de 2015 aperturó el concurso para la provisión de
los aludidos cargo y mediante convocatoria 6 de 2015 abrió a concurso los cargos
de Procurador judicial II código 3PJ grado EC asignados a la procuraduría
delegada para la conciliación administrativa; mediante Resolución 345 del 8 de
julio de 2016 se conformó la lisa de elegibles y que Diego Fernando Burbano
Muñoz se encontraba en el orden de elegibilidad al ocupar el puesto 63.

2.5. Costas

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP,
esta Sala no condenará en costas a la parte vencida, en atención a que en el
trámite no se observa que se hayan causado, ni que las partes hayan desplegado
un actuar temerario.

3. Conclusión

Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que el procurador general de la
Nación estaba facultado para expedir la Resolución 40 de 2015 y, en virtud de ello,
fijar las reglas del concurso de méritos sin que fuera necesario la expedición de
una ley, puesto que el Decreto Ley 262 de 2000 tiene esta categoría, reguló los
aspectos esenciales del proceso de selección y lo autorizó para reglamentar
dentro de ese marco lo pertinente para adelantar las etapas del proceso de
selección, lo que concuerda con el mandato del artículo 279 de la Constitución
Política. En esa medida, tampoco es nulo el Decreto 3299 de 2016 que desvinculó
del servicio al demandante y; que dicho acto no debía ser notificado de manera

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Radicado: 25000234200020170152201(3813-2022)
Demandante: Mario Fernando Canal Zarama

personal a Mario Fernando Canal Zarama para ser eficaz y oponible, por ser un
acto administrativo de retiro que se publicitó con su comunicación y produjo
consecuencias a través de la ejecución y no como lo prevé el artículo 87 del
CPACA. Ello encuentra fundamento en su naturaleza de acto condición, que
produjo efectos jurídicos con la posesión del designado. De ahí que se cumplió
con el presupuesto de publicidad del acto administrativo, cuyo incumplimiento, en
todo caso, no genera su nulidad.

En esas condiciones, se confirmará la sentencia proferida el 24 de febrero de 2022
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
que negó las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. - Confirmar la sentencia proferida el 24 de febrero de 2022 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A que
negó las pretensiones de la demanda en el proceso promovido por Mario
Fernando Canal Zarama contra la Procuraduría General de la Nación, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. - Sin condena en costas en esta instancia.

Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

18

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