Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-01619-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-01619-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2018-01619-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
12 de junio de 2025
Radicado: 05001-23-33-000-2018-01619-01 (0469-2025)
Demandante: Luz Dary Castaño Gutiérrez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C. doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 05001-23-33-000-2018-01619-01 (0469-2025)
Demandante: Luz Dary Castaño Gutiérrez
Demandado: Área Metropolitana del Valle de Aburrá
Tema: Relación laboral encubierta/ingeniero y/o arquitecto
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el
recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia del
12 de diciembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1 Pretensiones de la demanda
2. Que se declare la nulidad del Memorando 00-00910 de 21 de febrero de
2018, suscrito por el secretario general del Área Metropolitana del Valle de
Aburrá, mediante el cual negó el reconocimiento de una relación laboral entre las
partes.
3. Como consecuencia, solicitó que a título de restablecimiento del derecho
se condene a la entidad a pagarle a la actora de forma indexada los salarios y
las prestaciones sociales legales y extralegales que devengan los empleados de
planta en condiciones similares. Subsidiariamente, que se compensen los
derechos y prestaciones que dejó de devengar.
1Folio 1 y siguientes expediente físico.
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Demandante: Luz Dary Castaño Gutiérrez
4. Que se condene en costas y agencias en derecho al ente demandado y
se le dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 189, 192 y
siguientes del CPACA.
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
5. La señora Luz Dary Castaño Gutiérrez suscribió contratos de prestación
de servicios con el Área Metropolitana Valle de Aburrá para desempeñar
actividades como «ingeniero y/o arquitecto» desde el 24 de enero de 1991 hasta
el 26 de abril de 1995.
6. A partir del 27 de abril de 1995, fue vinculada por la entidad mediante el
nombramiento 145 y acta de posesión 202, ambos del 27 de abril de 1995, en el
cargo de «ingeniero y/o arquitecto».
7. En el cumplimiento de los contratos, acató el horario de trabajo del
personal de planta, asistió a reuniones y comités de obra donde se exponían sus
avances, problemas y soluciones. Añadió que a estos eventos asistían los
empleados de planta.
8. También le fue asignada oficina en las instalaciones del ente y
proporcionados elementos de dotación, como casco y botas.
9. Estuvo subordinada a las instrucciones, órdenes y requerimientos de la
entidad. Debía prestar el servicio de acuerdo con las exigencias impuestas, tales
como horarios, sitios de prestación de servicios o unidades locativas.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
10. Se invocó como vulnerado el artículo 53 de la Constitución Política. En
cuanto a las preceptivas legales, citó los artículos 1, 5, 8, 12 y 17 de la Ley 6 de
1945; 5, 6, 8, 9, 11 y 14 del Decreto 3135 de 1968; Ley 4 de 1966; 42, 52, 58, 59
y 60 del Decreto 1042 de 1978; 1, 2, 3, 8, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 32, 33 y 40
del Decreto 1045 de 1978.
11. Explicó que el acto reprochado incurrió en las causales de nulidad
«violación de normas constitucionales y legales», «falsa motivación» y «abuso
de poder», por cuanto las actividades ejecutadas por la demandante eran
misionales para la entidad y realizadas en similares condiciones a los
funcionarios de planta.
12. De modo que eran típicas funciones de una relación laboral, dado que
fueron ejecutadas personalmente, recibiendo una remuneración y bajo
condiciones de subordinación.
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1.4. Contestación de la demanda2
13. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá contestó la demanda
oponiéndose a las pretensiones.
14. Explicó que el período objeto de controversia fue ejecutado por la
demandante a través de contratos de prestación de servicios, que no generan
derecho al pago de prestaciones sociales.
15. Como excepciones de mérito propuso las siguientes: inexistencia de las
obligaciones, prescripción y la genérica.
1.5. Sentencia de primera instancia3
16. El Tribunal Administrativo de Antioquia dictó sentencia el 2 de diciembre
de 2024, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda (sin condenas
en costas).
17. Para arribar a esta decisión, explicó que la demandante prestó sus
servicios en favor del Área Metropolitana de Valle de Aburrá mediante contratos
y órdenes de prestaciones de servicios entre el 24 de enero de 1991 y el 26 de
abril de 1995. En este lapso realizó actividades de arquitecta e interventora
requeridas en los objetos contractuales.
18. La remuneración, se probó con las cláusulas de los contratos relativas a
la contraprestación. Además, en el expediente reposaban las cuentas de cobros
y constancias de los pagos recibidos.
19. Sin embargo, no se acreditó que la entidad ejerciera subordinación
efectiva sobre la actora.
20. En efecto, explicó que, entre las obligaciones realizadas por la
demandante, se encontraba la de prestar interventoría, asesoría y asistencia
técnica según requerimientos en materia de diseños, planos, anteproyectos y
proyectos de la división de obra pública. Por lo tanto, era razonable inferir que las
indicaciones dadas a la actora respecto al lugar o proyectos a realizar se ceñían
al cumplimiento de los contratos.
21. Añadió que la entrega de informes mensuales es un elemento propio de la
sincronización de actividades y, en todo caso, no se desvirtuó la presunción de
legalidad de los contratos.
22. La demandante aportó copia de un memorando interno mediante el cual
2 Folio 119 y siguientes expediente físico.
3 Aplicativo SAMAI – primera instancia índice 30.
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se le hizo un llamado de atención por el incumplimiento del horario de trabajo. No
obstante, para el tribunal, dicho documento no constituye prueba concluyente de
subordinación, ya que la fijación de horarios constituye un parámetro lógico de
coordinación en la ejecución de los contratos, especialmente cuando estos
implican asistencia técnica o interventoría en múltiples proyectos.
23. En conclusión, al no acreditarse la subordinación ni la dependencia, se dio
por probada la excepción de inexistencia de la obligación formulada por la entidad
y, en consecuencia, se negaron las pretensiones de la demanda.
1.6. Recurso de apelación
24. La demandante4, por medio de su apoderado, presentó recurso de
apelación, solicitando que se revocara la decisión de primera instancia.
25. Explicó que, en la medida en que se negaron las pretensiones por no
probarse la subordinación y aceptarse en su lugar excepción de «inexistencia de
la obligación», concentró su recurso a demostrar este elemento de la relación
laboral. Por lo tanto, propuso los siguientes argumentos:
25.1 Entre la ejecución de los contratos y la presentación de la demanda
transcurrieron entre 24 y 28 años, lo que dificultó el recaudo de los medios de
prueba. Sin embargo, de los contratos se desprende el elemento de
subordinación, en tanto contienen «la memoria histórica de la relación de trabajo,
sus extremos y hechos».
25.2 La entidad contratante no desvirtuó la presunción de subordinación que
aplica para los contratos de prestación de servicios de acuerdo con el artículo 24
del Código Sustantivo del Trabajo.
25.3 La relación de subordinación o dependencia se acreditó dado que: i) la
entidad mantuvo permanentemente superioridad jerárquica, ii) la demandante
recibió de manera periódica y condicionada el pago como contraprestación, iii) la
entidad tuvo la facultad de dirigir, supervisar y controlar el objeto del contrato, iv)
la demandante cumplió las instrucciones y órdenes que se le dieron.
Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes,
4 Aplicativo SAMAI – primera instancia índice 33
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II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
26. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo5.
27. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del
Código General del Proceso6, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita solamente a lo expuesto por el apelante, pero cuando ambas partes
hayan apelado toda la sentencia o cuando quien no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitación.
28. En ese sentido, comoquiera que solamente apeló la parte demandante, la
resolución del caso en esta instancia se ceñirá a los argumentos expuestos en el
recurso de alzada.
2.2. Problema jurídico
29. De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación,
el problema jurídico se contrae a resolver los siguientes interrogantes:
30. ¿Entre la señora Luz Dary Castaño Gutiérrez y el Área Metropolitana del
Valle de Aburrá existió una relación laboral encubierta en el periodo reclamado
en la demanda por configurarse la subordinación o porque debe presumirse este
elemento del contrato de trabajo?
31. De acreditarse lo anterior, se estudiará ¿si sobre tal vínculo contractual
acaeció en todo o en parte el fenómeno de la prescripción trienal? y ¿si la parte
actora tiene derecho al pago de las prestaciones sociales invocados en la
demanda?
2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente
32. En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso
5 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
6 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.»
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de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.
33. En lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios el numeral
3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, señala que no son fuente de una relación
laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
embargo, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración (artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo).
34. En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la
Sección Segunda del Consejo de Estado reiteró ciertos criterios elaborados por
la jurisprudencia para identificar, en el marco de los contratos de prestación de
servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto condición sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, ii) el horario de las labores, iii) la dirección y control efectivo
de las actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi
o con la inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o
disciplinario de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a desarrollar
correspondan de manera idéntica, semejante o equivalente a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral.
35. Igualmente, estableció unas reglas así: i) los contratos de prestación de
servicios no pueden concatenarse indefinidamente en el tiempo, cuando se
suscriben con personas naturales; ii) existe un término de 30 días hábiles, en
principio y como marco de referencia, en los contratos de prestación de servicios
que presenten interrupciones, que de no superarse, se puede concluir «la
existencia de una unidad de vínculo contractual» siempre y cuando «se constate
que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos son iguales
o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas necesidades»; de allí que
de encontrarse acreditada la relación laboral, quien pretenda su reconocimiento
debe reclamarlo dentro de los tres años siguientes contados a partir de la
finalización del vínculo contractual, y, en aquellos casos donde se presente
solución de continuidad entre contratos, debe analizarse la prescripción frente a
cada uno de ellos, a partir de sus fechas de finalización, por lo que de no
presentarse la reclamación en ese período, operará el fenómeno prescriptivo,
salvo en lo relacionado con los aportes a pensión que no están sometidos a dicho
término; iii) es improcedente la devolución de los aportes a la Seguridad Social
en salud efectuados por el contratista en exceso, por «constituir estos aportes
obligatorios de naturaleza parafiscal».
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2.4. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico
36. Con el material probatorio allegado al proceso, se evidencia que la actora
cumplió con la carga de demostrar la prestación personal de su servicio7 entre
el 24 de enero de 1991 y el 26 de abril de 19958 en favor del Área Metropolitana
del Valle de Aburrá, para realizar actividades de asesoría, asistencia técnica en
la elaboración de planos, anteproyectos y programación de obras.
37. A partir de los contratos y órdenes que obran en el expediente, se
desprende que los períodos, valores y objetos de la prestación del servicio son
los siguientes:
Número de Objeto contratado Inicio Finalización Valor
Contrato
033 de La consultora se compromete para 24 de enero de 31 de diciembre $2.808.333
1991 con el AREA METROPOLITANA a 1991 de 1991
prestar la asesoría y asistencia
técnica requerida en las materias de
diseño, planos, anteproyectos,
proyectos y programación de obras
públicas
048 de La consultora se compromete para 17 de febrero de 2 de noviembre de $3.893.600
1992 con el AREA METROPOLITANA a 1992 1992
prestar la asistencia técnica
requerida en la elaboración de
planos, anteproyectos y
programación de obras; requeridos
por la Sección de Obras de la
División Técnica
047 de La consultora se compromete para 1 de marzo de 31 de agosto de $2.767.680
1993 con el AREA METROPOLITANA a 1993 1993
prestar la asistencia técnica
requerida en la elaboración de
planos, anteproyectos y
programación de obras; requeridos
por la Sección de Obras de la
División Técnica
159 de El contratista se compromete para 1 de octubre de 31 de diciembre $1.845.120
1993 con el Área Metropolitana a prestar 1993 de 1993
sus servicios como Arquitecta en la
elaboración de planos,
anteproyectos y programación de
obras, requeridas por el Área
Metropolitana
Orden de Desempañarse como Arquitecta en 1 de enero de 31 de enero de $595.000
prestación la elaboración de planos, 1994 1994
de servicios anteproyectos y programación de
obras, requeridas por el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá y
actividades de interventoría
0010 de El contratista se compromete para 1 de febrero de 31 de julio de $3.570.000
1994 con el Área Metropolitana a prestar 1994 1994
la interventoría y asesoría requerida
en materia de arquitectura por el
Área Metropolitana del Valle de
Aburrá.
7 Todos los contratos de prestación de servicios obran en CD a folio 37 y en el certificado de prestación de
servicios a folio 129 y siguientes del expediente.
8 Según se observa en el certificado de tiempo de servicios a folio 45 del expediente.
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Orden de Asesora e interventora en las obras 1 de agosto de 30 de agosto de $650.000
prestación asignadas por el Área Metropolitana 1994 1994
de servicios del Valle de Aburrá.
0547
147 de El consultor se compromete para 1 de septiembre 28 de febrero de $3.900.000
1994 con el Área Metropolitana prestar la de 1994 1995
interventoría y asesoría requerida
en materia de arquitectura por el
Área Metropolitana del Valle de
Aburrá
Orden de La arquitecta Luz Dary Castaño 1 de marzo de 26 de abril de $1.800.00
prestación Gutiérrez, se compromete para con 1995 1995
de servicios el Área Metropolitana, a realizare la
056 de Interventoría y Asesoría requeridas
1995 en materia de Arquitectura por el
Área Metropolitana.
38. En el recurso de apelación se indicó que uno de los elementos que
acreditan la subordinación es la retribución periódica que recibió la actora
durante la ejecución de los contratos. No obstante, para la Sala, dicha afirmación
no es de recibo, dado que la contraprestación y la subordinación son elementos
distintos e independientes del contrato de trabajo, cuya acreditación corresponde
individualmente al contratista para probar la existencia de una relación laboral.
En consecuencia, la existencia de una contraprestación no prueba por sí misma
la subordinación, que constituye el elemento esencial de la relación laboral
encubierta.
39. En esos términos, la contraprestación, que se refiere a los emolumentos
recibidos por la contratista durante la ejecución de las actividades convenidas,
se acredita con los contratos referidos y los certificados de pago de pagos9 que
reposan en el expediente.
40. Por su parte, sobre la continuada subordinación y dependencia, se
recuerda que, de conformidad con lo previsto en el artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo consiste en la facultad que le asiste al empleador para
exigirle al trabajador «el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual
debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato».
41. En el recurso se argumentó que la entidad demandada no desvirtúo la
presunción de subordinación que rigió la relación contractual, conforme lo
previsto en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo.
42. No obstante, para la Sala no le asiste razón a la parte recurrente, en tanto
que esta Sección ha precisado10 de tiempo atrás que la presunción de relación
de trabajo establecida en el artículo citado no se aplica cuando en la discusión
media un acto administrativo proferido por la administración pública, habida
9 Folios 77 y siguientes del expediente.
10 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección
B, Rad: 66001-23-33-000-2016-00953-01(1061-2019). C.P: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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Demandante: Luz Dary Castaño Gutiérrez
cuenta de que, conforme al artículo 88 del CPACA11, dichos actos gozan de
presunción de legalidad y, por tanto, quien pretenda su nulidad tendrá que
probarla.
43. Es decir, el contratista que persiga la nulidad del acto administrativo
mediante el cual la administración negó la existencia de una relación laboral,
debe probar la existencia de los elementos que lo configuran, en especial la
subordinación, ya que, como se dijo, es el factor determinante que condiciona su
existencia.
44. Por lo tanto, en el caso concreto, se deben analizar los elementos de juicio
para determinar si la contratista estuvo subordinada al Área Metropolitana del
Valle de Aburrá en el cumplimiento de los contratos.
45. Para ello, se tendrán en cuenta los criterios determinados por esta
Corporación en la sentencia de unificación SUJ-025-CES2- 2021.
46. En esos términos, con las pruebas aportadas se acreditó que, como lugar
de trabajo, la demandante tuvo las instalaciones de la entidad. Concretamente
en el área de Sección de Obras de la División Técnica.
47. Por otro lado, en el expediente no reposan elementos de pruebas que
permitan determinar el horario, franjas o períodos en que la demandante
desarrolló el servicio.
48. En cuanto a la dirección y control efectivo de las actividades a
ejecutar, es de reiterar que el control y manejo directo de la entidad contratante
sobre las actividades ejecutadas por el contratista resultan ser un requisito
fundamental a efectos de constatar la existencia o no del elemento de
subordinación. De forma que, para probar la existencia de la relación laboral
encubierta, debe la parte demandante probar que se encontraba dentro del
círculo rector, disciplinario y organizativo de la entidad, a modo tal que se
concluya que las actividades ejecutadas eran dirigidas de manera contundente
por la entidad contratante.
49. La demandante en el recurso de alzada argumentó que con los contratos
suscritos se extrae la subordinación de su servicio respecto al ente, ya que
contienen «la memoria histórica de la relación de trabajo, sus extremos y
hechos».
11 ARTÍCULO 88. PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Los actos
administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo. Cuando fueren suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente
sobre su legalidad o se levante dicha medida cautelar.
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50. Sin embargo, para la Sala no le asiste razón, pues como se ha recalcado
en decisión anterior12, la subordinación como elemento esencial del contrato
realidad no se prueba solo con las enunciaciones de los servicios realizados, ya
que de los contratos únicamente se extraen los parámetros necesarios y
pertinentes que deben existir entre las partes para lograr la ejecución del objeto
convenido.
51. Así mismo, en el recurso se expuso que la actora siempre estuvo en
inferioridad jerárquica, dado que la entidad dirigió, supervisó y controló su trabajo
mediante instrucciones y órdenes.
52. Al respecto, debe recordarse que las entidades públicas al celebrar
contratos de prestación de servicios tienen la obligación de establecer
parámetros y lineamientos generales a los contratistas para lograr el correcto
desarrollo del objeto convenido, en garantía del principio de coordinación que rige
esta figura contractual.
53. En consecuencia, para la Sala en el expediente no obran elementos de
juicio con la suficiente entidad para concluir que el servicio de la actora estuvo
sometido a directrices, supervisiones o instrucciones por fuera de la coordinación
inherente a los contratos de prestación de servicios.
54. No obstante lo anterior, se destaca que en el expediente obra memorando
interno del 15 de enero de 199313, a través del cual a la contratista se le «solicitó
el cumplimiento del horario» y una excusa por el incumplimiento del servicio el
día 8 de enero de 1993.
55. Si bien dicho documento en principio podría considerarse como un indicio
de direccionamiento de la entidad respecto al cumplimiento de horario y
asistencia de la demandante, lo cierto es que, para la Sala, no es suficiente para
considerar que durante toda la relación contractual existieron esas exigencias y,
por ende, deba acreditarse la subordinación.
56. Lo anterior, por cuanto el referido memorando solo comprende un período
limitado del servicio (8 de enero de 1993) dentro de una relación contractual que
se extendió por más de 4 años. En ese sentido, resultaría desproporcionado
acreditar el elemento esencial del contrato realidad con base en un único indicio.;
pues adicional a dicho memorando, no reposan en el expediente otros
documentos que corroboren el aparente direccionamiento que recibió la
demandante. Aunado a que no fueron practicados testimonios de personas que
dieran cuenta de ello, con conocimiento directo sobre las condiciones que en
tiempo, modo y lugar en que la actora prestó el servicio.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia veintiocho (28) de noviembre de dos mil
veinticuatro (2024). Rad. 27001-23-33-000-2020-00175-01 (6194-2023) C.P: LUIS EDUARDO MESA
NIEVES
13 Folio 65 del expediente físico.
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57. Por consiguiente, siguiendo lo establecido en el artículo 167 del Código
General del Proceso «[…] incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de
las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen»; por lo que era
a la actora quien debía probar los supuestos de hecho de la configuración de la
relación encubierta que alegó que existió entre su persona con el ente
demandado a través de las pruebas pertinentes, suficientes y útiles del caso, tal
y como se ha sostenido la Subsección en casos precedentes14.
58. Lo anterior, pues «si bien no puede decirse que existe una prueba reina
para demostrar el elemento de la subordinación y dependencia continuada, esta
Sala si ha considerado que para acreditar este elemento de la relación laboral,
deben aportarse aquellas que permitan acreditar fehacientemente que el
contratista no ejercía su actividad, para la cual fue contratado, en forma
autónoma e independiente, sino que debía someterse ineludiblemente a las
órdenes e instrucciones de funcionarios de la entidad, en las circunstancias de
tiempo, modo y lugar que estos impusieran»15.
59. Por tanto, al no probarse los indicios subordinantes sobre las actividades
realizadas por la recurrente, los planteamientos esbozados en el recurso no
tienen vocación de prosperidad. De modo que se confirmará la sentencia de
primera instancia, y consecuencia, no se estudiará el segundo problema jurídico.
2.5. De la condena en costas en segunda instancia
60. En anteriores oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una
valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar en costas,
no obstante, actualmente, con la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021, es
procedente verificar la carencia de fundamento legal.
61. En ese orden, pese a que se confirmará la sentencia de primera instancia,
no se condenará en costas en segunda, toda vez que las premisas plasmadas
en el recurso de alzada se esgrimieron en defensa de los intereses de la parte
recurrente, sin que se avizore una carencia de fundamento legal.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.
14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia
de 28 de noviembre de 2024. Expediente: 05001-23-33-000-2016-01020-01 (1379-2023). CP Luis Eduardo
Mesa Nieves.
15 Sentencia de 20 de abril de 2023; Sección Segunda, Subsección A, radicado 000 2014 00007 01 C.P
Gabriel Valbuena Hernández.
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Radicado: 05001-23-33-000-2018-01619-01 (0469-2025)
Demandante: Luz Dary Castaño Gutiérrez
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha doce (12) de diciembre de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se negaron
las pretensiones de la demanda presentada por Luz Dary Castaño Gutiérrez en
contra del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, de acuerdo con las razones
expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO.: Sin condena en costas en ambas instancias.
TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el
expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVAN DUQUE GUITÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA
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