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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 27001-23-33-000-2020-00175-01

Fecha
28 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 27001-23-33-000-2020-00175-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 30 de noviembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por Elvis del Toro Pérez en contra de la E.S.E Hospital Ismael Roldán Valencia de Quibdó. En su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda; conforme lo expresado en la motivación. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en ambas instancias. TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 27001-23-33-000-2020-00175-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

28 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C. veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 27001-23-33-000-2020-00175-01 (6194-2023)
Demandante: Elvis del Toro Pérez
Demandado: E.S.E Hospital Ismael Roldán Valencia de Quibdó
Tema: Contrato realidad - existencia de la relación laboral – Médico
especialista
Decisión: Revoca sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el recurso
de apelación presentado por la parte demandada en contra de la sentencia de 30
de noviembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó,
mediante el cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1 Pretensiones de la demanda: Se propusieron las siguientes:

• Que se declare la nulidad del oficio del 6 de septiembre de 2019, recibido el 15
de octubre de 2019, proferido por la E.S.E Hospital Ismael Roldán Valencia de
Quibdó, derivado de la reclamación administrativa presentada por Elvis del Toro
Pérez el 5 de agosto de 2019, a través del cual solicitó el reconocimiento de la
relación laboral encubierta entre las partes y el pago de las prestaciones sociales
consecuentes, tales como cesantías, primas, vacaciones, aportes a salud,
pensión y demás derechos laborales a los que afirma que tiene derecho, con
motivo al período en que prestó su servicio como médico especialista en cirugía
en favor del Hospital Local «Ismael Roldan Valencia» mediante contratos de
prestación de servicios.

• Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se
solicitó que la E.S.E Hospital Ismael Roldán Valencia le cancele al actor el valor
correspondiente a las prestaciones sociales a las que tiene derecho tales como

1 Expediente visible en aplicativo SAMAI Primera instancia.

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Demandante: Elvis del Toro Pérez

«cesantías, primas, vacaciones, aportes a salud, pensión, meses adeudados
(agosto de 2017) y demás derechos laborales, por haber prestado sus servicios
desde el 1 de octubre de 2016 al 31 de agosto de 2017».

• Se solicitó que los anteriores conceptos se ajustaran y fueran liquidados con
base en el IPC, o al mayor valor conforme lo dispuesto por la ley y la
jurisprudencia «en casos como el presente».

• Que la entidad demandada dé cumplimiento a la sentencia en los términos de
los artículos 192, 193, 194 y 195 del CPACA; y que se le condene al pago en
favor del actor de las condenas en costas y agencias en derecho en un valor
correspondiente al 30% de lo adeudado.

1.2 Hechos que fundamentan la demanda

El señor Elvis del Toro Pérez prestó sus servicios como médico especialista en
cirugía en la E.S.E Hospital Local Ismael Roldan Valencia sede II, mediante
contratos de prestación de servicios entre el 1 de octubre de 2016 al 31 de agosto
de 2017.

Alega que, a pesar de que en los documentos se expresa que las actividades
ejecutadas fueron mediante contratos de prestación de servicios la realidad
fáctica indica que entre las partes existió una «auténtica y típica relación de
trabajo». De manera que, al ejecutar las actividades contratadas, cumplió con las
ordenanzas que en tiempo, modo y lugar le fueron impuestas por el gerente de
la E.S.E demandada.

Sostiene que, el desempeño de sus funciones como cirujano son propias y
permanentes a la entidad.

Por lo anterior, mediante derecho de petición, solicitó al ente hospitalario la
declaratoria de la relación laboral entre las partes, así como el pago de las
prestaciones sociales. Empero, la entidad emitió oficio negando la solicitud el 6
de septiembre de 2019.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

Como preceptos jurídicos vulnerados puso de presente los siguientes de la
Constitución Política: 13, 25, 29, 53 y 122. Entorno a las preceptivas legales, cita
el artículo 32 numeral 3 de la Ley 80 de 1993 y artículos 5, 15 y 17 del Decreto
1876 de 1994.

Como concepto de violación, expone que el acto administrativo demandado se
encuentra afectado de nulidad, ya que al expedirse la administración desconoció
las normas superiores en las que debía fundarse, así como la jurisprudencia del
Consejo de Estado que ha instituido que, cuando se acrediten los elementos
esenciales de la relación laboral en desarrollo de los contratos de prestación de
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Demandante: Elvis del Toro Pérez

servicios suscritos entre la administración con los particulares, es necesario que
se declare la existencia del contrato realidad.

En particular, se destaca que el actor ejecutó de manera continua una actividad
permanente e inherente de la E.S.E demandada, como lo es la labor de «médico
cirujano». Actividad que, alega, ejerció en las mismas condiciones que los
médicos generales de la planta de personal de la entidad, a partir del
cumplimiento de un horario y las instrucciones de sus superiores.

Por tanto, era necesario que, en virtud del principio de la realidad sobre las formas
establecido en el artículo 53 de la Constitución Política, al encontrarse
acreditados los elementos constitutivos de la relación laboral encubierta2, esta se
reconociera y, en consecuencia, se le cancelara al actor el pago de las
prestaciones sociales a las que tiene derecho.

1.4. Contestación de la demanda3

A través de apoderado judicial, la entidad E.S.E. Hospital Local Ismael Roldan
Valencia de Quibdó manifestó su oposición a las pretensiones invocadas en la
demanda.

Como razones de defensa, sostuvo que los contratos de prestación de servicios
celebrados con el actor se fundamentaron en la necesidad de satisfacer el
servicio en la especialidad ejecutada por aquel, dado que la misma no podía ser
ejercida por el personal de planta.

De esa manera, el demandante no realizó ninguna actividad que «contemplara
la planta de personal de la E.S.E» en los términos establecidos en el artículo 6
del Decreto 1760 de 1990. Al tiempo que, en la ejecución del servicio, no se
observó nada distinto a la coordinación necesaria para la concreción del objeto
contractual.

Por último, propuso las siguientes excepciones: i) legalidad de los contratos de
prestación de servicios suscritos entre el demandante y la E.S.E – Hospital Local
Ismael Roldan Valencia de Quibdó Sede II; ii) legalidad del acto administrativo
del 6 de septiembre de 2019 mediante el cual la entidad hospitalaria resolvió la
reclamación administrativa presentada por el actor; iii) Imposibilidad de
coexistencia de un acto con presunción de legalidad como el contenido en los
contratos de prestaciones suscritos y de un contrato individual de trabajo y/o
contrato realidad; iv) existencia de un contrato legal de prestación de servicios
con el lleno de los requisitos que contempla el artículo 32 de la Ley 80 de 1993;
v) improcedencia de la obligación del reconocimiento de una inexistente relación
laboral de los conceptos económicos derivados de este; vi) obligatoriedad y
necesidad del tipo de contratación utilizado con la demandante en virtud de

2 Esto es, prestación personal del servicio, remuneración y subordinación.
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Demandante: Elvis del Toro Pérez

perentoria e imperiosa orden gubernamental y judicial (inexigibilidad de otra
conducta); vii) falta de requisitos necesarios para predicar la existencia de una
relación laboral y; viii) falta de causa.

1.5. Sentencia de primera instancia4

El Tribunal Administrativo del Chocó dictó sentencia sobre el asunto bajo estudio
el 30 de noviembre de 2021, mediante la cual declaró no probadas las
excepciones propuestas por la entidad demandada, declaró la nulidad del acto
administrativo enjuiciado y, como consecuencia de ello, accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda (sin condenas en costas). Así, en la parte
resolutiva del fallo en cita, se dispuso lo siguiente:

«PRIMERO: Declárese no probadas las excepciones de legalidad de los
contratos y del acto administrativo del 06 de septiembre de 2019.

SEGUNDO: Declárese la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio
del 06 de septiembre de 2019, mediante el cual la ESE Local Ismael Roldán
Valencia de Quibdó SEDE II, negó el reconocimiento y pago de las prestaciones
sociales reclamadas por el señor Elvis José del Toro Pérez.

TERCERO: Declarar que entre el señor Elvis José del Toro Pérez y la ESE Local
Ismael Roldán Valencia de Quibdó SEDE II, existió una verdadera relación
laboral, en el período comprendido entre el 01 de noviembre de 2016 y el 31 de
julio de 2017, como se señaló en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones, condenar a la
ESE Local Ismael Roldán Valencia de Quibdó SEDE II y/o entidad que la sustituya
en sus funciones, a liquidar y cancelar a favor del señor Elvis José del Toro Pérez,
identificado con la cédula de ciudadanía N° 73.181.676, las sumas que por
concepto de prestaciones sociales devengan los empleados públicos (Médicos
Especialistas en Cirugía) vinculados a esa entidad mediante “vinculación legal y
reglamentaria”, efectivamente laborados en los cuales se demostró la existencia
de la relación laboral y tomando como base para la liquidación el valor pactado
en los contratos, y el consecuente cómputo de ese tiempo para efectos
pensionales, para lo cual las entidades harán las correspondientes cotizaciones
y de las sumas a pagar la entidad deberá realizar los correspondientes
descuentos de ley que correspondan al demandante, aclarando que la ESE Local
Ismael Roldán Valencia de Quibdó SEDE II deberá determinar mes a mes si
existe diferencia entre los aportes que se debieron efectuar y los realizados por
el contratista, y cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por
concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que les corresponda.

QUINTO: Deniéguense las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO: Sin condena en costas (…)».

Para arribar a las anteriores conclusiones, expuso el tribunal que, con el material

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Demandante: Elvis del Toro Pérez

probatorio allegado al proceso se advertía la configuración de los elementos de
una relación laboral encubierta entre el demandante y la administración.

En concreto, expuso que el actor prestó personalmente y de manera continua
su servicio durante aproximadamente 9 meses en favor de la E.S.E Hospital Local
Ismael Roldán Valencia Sede II como médico cirujano. Servicio para el cual
recibió honorarios como remuneración.

Por su parte, en torno al requisito de la subordinación expuso que de los
contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes se infería que la
actividad realizada por el actor como contratista estaba sujeta a supervisión.

Además, dentro de las obligaciones expuestas en la cláusula segunda de los
contratos se dispuso que el actor debía i) «seguir los procesos y procedimiento
de la institución; ii) registrar y diligenciar de manera completa las actividades en
la historia clínica de acuerdo con las disposiciones vigentes (Resolución 1995 de
1999), iii) contar con el consentimiento informado para la aplicación de
tratamientos médicos y/o procedimiento, salvo en los casos en que ello no fuese
posible, y le explicara al paciente o a sus familiares acompañantes o
responsables, de las posibles consecuencias situación que hará constar en la
historia clínica respectiva, iv) informar a los familiares en forma detallada el
estado y condiciones de salud de su paciente, su pronóstico y evolución v) aportar
los documentos que demuestren la idoneidad para el desarrollo del objeto
contractual vi) aportar los documentos requeridos o solicitados por parte de la
E.S.E. HOSPITAL LOCAL IMSAEL ROLDÁN VALENCIA DE QUIBDÓ SEDE II
que sean necesarios, fundamentales u obligatorios para la ejecución de la orden,
vii) informar por escrito y debidamente justificado cualquier cambio en las
condiciones que surjan durante el termino de ejecución de la orden etc (Sic)».

Igualmente, de acuerdo con lo establecido en la cláusula décima del contrato el
actor estaba sujeto a la vigilancia, control y supervisión de parte del subgerente
de la entidad, debía cumplir con un horario de trabajo y con las directrices que se
emitieran. De modo que, no era autónomo e independiente en la ejecución de las
actividades contratadas, «pues requería la necesaria subordinación a las pautas
y horarios fijados por el personal encargado y anteriormente reseñado».

Sostuvo que la subordinación del actor se corroboraba «con el estudio de los
diferentes contratos de los que se infiere que el señor Elvis del Toro Pérez, ejerció
sus labores bajo supervisión del Subgerente Asistencial (sic), debía rendir
informes escritos sobre las actividades ejecutadas y dar uso adecuado, eficaz y
eficiente a los recursos entregados a título de mera tenencia por el Hospital entre
otras cosas».

Por lo anterior, coligió el tribunal que las actividades para las que fue contratado
el actor no eran de carácter transitorio, propia de los contratos de prestación de
servicios. Mas bien, de la lectura de los mismos, «revela que se trató de una
relación prolongada en el tiempo» con el fin de emplearlo de modo permanente.
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A partir de lo precedente y a título de restablecimiento del derecho, se
reconocieron las prestaciones sociales a las que tiene derecho un médico
especialista en cirugía de la planta en cargos de la E.S.E Local Ismael Roldán
Valencia de Quibdó sede II, tomando como base para la liquidación los honorarios
pactados. Además, se reconoció el pago de las diferencias que mes a mes
pudieron existir entre los aportes que debió realizar la entidad en calidad de
empleador del demandante con las que efectivamente se realizaron en el fondo
de pensiones donde cotiza.

Por otra parte, negó la devolución de los pagos realizados por el contratista por
concepto de seguridad social, dada la naturaleza parafiscal de dichos recursos.
Al tiempo que se declararon no probadas las excepciones de legalidad de los
contratos y del acto administrativo demandado.

1.6. Recurso de apelación

1.6.1 La E.S.E Hospital Local Ismael Roldan Valencia de Quibdó presentó
recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, a efectos
que tal decisión fuera revocada y, consecuentemente, se negaran las
pretensiones de la demanda. Para tal fin, expresó los siguientes argumentos:

• Sostuvo que con los elementos probatorios allegados no se encontró acreditada
la existencia del elemento de la subordinación.

• Alega que en la sentencia de primera instancia se acreditó el elemento de la
subordinación, pese a que las únicas pruebas que se allegaron al proceso fueron
los contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes. Los cuales, el
Consejo de Estado ha considerado que no son prueba suficiente para configurar
el elemento en mención, comoquiera que allí simplemente se hace una
descripción del objeto contractual.

En consecuencia, sostiene que no es de recibo que el a quo acreditara la
subordinación a partir de las obligaciones descritas en los contratos, pues estas
son comunes a todos los acuerdos y de allí no puede afirmarse
«categóricamente» que tales actividades fueron ejecutadas subordinadamente.

Tampoco se puede probar dicho requisito a partir de la lectura de la cláusula
décima de los contratos de prestación de servicios, con los que se estableció la
supervisión administrativa de su objeto, comoquiera que el Consejo de Estado ha
dispuesto en su jurisprudencia que «cumplir con un horario, recibir instrucciones
sobre la ejecución del contrato o presentar informes respecto a este, no
configuran por si solos una relación de subordinación o dependencia continuada,
ello en tanto que dichas acciones pueden corresponder, precisamente, a la forma
en que debe desarrollarse la labor contratada, es decir, hacen parte de la

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necesaria coordinación en la prestación de los servicios»5. Y agregó que el
sometimiento del contratista a instrucciones del contratante tampoco denota la
existencia de subordinación6.

• Con todo, expuso que, contrario a lo considerado por el tribunal de instancia,
con las pruebas allegadas al proceso no se acreditan los «elementos de
convicción» suficientes para configurar la existencia del contrato realidad. Por
cuanto, únicamente, dentro del expediente se encuentra probado la existencia de
los contratos de prestación de servicios. Sin que adicional a ello, se observen
órdenes escritas de sus superiores, llamados de atención, la solicitud de
permisos para ausencia de la prestación del servicio a un superior y/o
autorizaciones para ello o testimonios que indiquen lo anterior.

Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo7.

De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso8, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita solamente a lo expuesto por el apelante, pero cuando ambas partes
hayan apelado toda la sentencia o cuando quien no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitación. En ese sentido, como únicamente
apeló la parte demandada, la competencia en esta instancia para resolver el caso
bajo estudio se limitará a los argumentos esbozados en el recurso.

2.2. Problema jurídico

De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, el
problema jurídico se contrae a resolver los siguientes interrogantes:

5 Para tal efecto, trae a colación la siguiente providencia proferida por esta Subsección: Consejo de Estado-

Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda - Subsección A - consejero ponente: William
Hernández Gómez de fecha 21 de junio de 2018 - Radicación número: 81001-23-33-000-2012-00028-
01(2706-14).
6 Sección segunda -Subsección B- consejero ponente: Tarsicio Cáceres Toro de 25 de septiembre de 2003-

Radicación número: 07001-23-31-000-1998-00275-
01(2950-99).
7 « E l C o n s e j o d e E s t a d o , e n S a l a d e l o C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o c o n o c e r á en

segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia
por los tribunales administrativos […]».
8 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»
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• ¿Entre el señor Elvis del Toro Pérez y la E.S.E Hospital Ismael Roldán Valencia
de Quibdó existió una relación laboral encubierta, en el período en que el primero
prestó sus servicios como médico cirujano mediante contratos de prestación de
servicios?

• De encontrarse acreditada la existencia del contrato realidad, se debe
determinar ¿si sobre la misma acaeció en todo o en parte el fenómeno de la
prescripción trienal?

2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente

En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional consagra
los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la igualdad de
oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en
normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y primacía de la
realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.

Asimismo, esa norma establece que los convenios internacionales sobre el
derecho al trabajo, debidamente ratificados por el Estado colombiano, forman
parte de la legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral). Por esta
razón, desde el ámbito del derecho internacional, el principio de «salario igual por
un trabajo de igual valor», desarrollado por el artículo 2 del Convenio 111 de la
OIT,9 constituye, junto con otros principios convencionales,10 un axioma laboral
de aplicación directa en el ordenamiento jurídico interno.

Ahora bien, al margen de lo previsto para el derecho al trabajo, en lo que respecta
al contrato estatal de prestación de servicios (uno de los instrumentos de gestión
pública y de ejecución presupuestal más importantes de la Administración para
satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado),
el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 lo recoge como un tipo de
negocio jurídico o contrato típico, en los siguientes términos:

«3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.

9 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
10 Como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José́ de Costa

Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en San Salvador,
el 17 de noviembre de 1988, el cual en sus artículos 6 y 7 consagra el derecho al trabajo como «(...) la
oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una
actividad lícita libremente escogida o aceptada».
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En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.»

Como se ve, el anterior precepto establece, de manera expresa, que los contratos
de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la
obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin embargo, la
jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha admitido que
tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración (artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo).

En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado expuso la necesidad de generar una
interpretación vinculante respecto del entendimiento del contrato estatal de
prestación de servicios contemplado en el mencionado artículo 32 de la Ley 80
de 1993, y la forma en que queda desvirtuado para dar lugar a la declaratoria de
una relación laboral encubierta o subyacente.

Lo anterior, teniendo en cuenta que toda relación jurídica que implique conductas
o actividades laborales, incluidas, claro está, aquellas en las que el Estado es el
empleador, deberá ser analizada en consideración de los derechos
fundamentales de los trabajadores previstos en el señalado artículo 53 de la
Constitución y en los convenios internacionales sobre el trabajo, debidamente
ratificados por el Estado.

En tal sentido, en el citado fallo de unificación, al analizarse los elementos del
contrato de trabajo (subordinación, prestación personal del servicio y
remuneración), se reiteraron ciertos criterios elaborados por la jurisprudencia
para identificar, en el marco de contratos estatales de prestación de servicios, el
elemento de la subordinación, en cuanto condición sine qua non para declarar la
existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:

i) el lugar de trabajo, en el que precisó que en la actualidad se
puede matizar ante el surgimiento de una «nueva realidad
laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas»;
ii) el horario de las labores, resaltando que el establecimiento o
imposición de jornadas laborales o turnos deberá ser valorado en
función del objeto contractual convenido;
iii) la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar, que
se materializa, por ejemplo, con el ius variandi o con la inserción
del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o
disciplinario de la entidad; y
iv) que las actividades o tareas a desarrollar correspondan de
manera idéntica, semejante o equivalente a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan
los elementos configurativos de la relación laboral.
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Demandante: Elvis del Toro Pérez

No obstante lo anterior, la Sección precisó que aun cuando se acrediten los
mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el
contratista y la entidad es una relación laboral, gracias a la aplicación del principio
de la primacía de la realidad sobre las formas; pero, de ninguna manera, una
vinculación legal y reglamentaria, por lo que no es posible darle la categoría de
empleado público a quien prestó sus servicios sin satisfacer las exigencias del
artículo 122 de la Carta Política11.

Finalmente, sobre este punto, determinó que incumbe al actor demostrar,
además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia continuada, en las que el representante de la entidad contratante o
la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de
órdenes perentorias y de obligatoria observancia, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo.

Expuestos los anteriores fundamentos, la Sección Segunda determinó las
siguientes reglas de unificación:

(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente
indispensable», al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley
80 de 1993, es el señalado en los estudios previos y en el objeto del
contrato, el cual, de acuerdo con el principio de planeación, tiene que
estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a favor
de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna
manera, con ánimo de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días
hábiles, entre la finalización de un contrato y la ejecución del
siguiente, como término de la no solución de continuidad, el cual, en
los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a las
especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del
expediente.

(iii) La tercera regla determina que, frente a la no afiliación al sistema
de la Seguridad Social en salud, por parte de la Administración, es
improcedente la devolución de los valores que el contratista hubiese
asumido de más, en tanto se recaudaron como recursos de
naturaleza parafiscal.

En la primera regla, la sentencia fue enfática en destacar la importancia de dar
cabal cumplimiento al principio de planeación, el cual exige a las entidades
estatales, so pena incluso de nulidad, la utilización de sus recursos de la manera
más eficiente; por esta razón, el «término estrictamente indispensable» puede

11 Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001-23-31-

000-2001-05650-01(0924-09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez.
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advertirse en la fase precontractual, pues es allí donde la entidad justifica, en
función del objeto a contratar y de los recursos disponibles, el tiempo máximo
que estima imprescindible para la ejecución de un contrato futuro. De ahí que los
contratos de prestación de servicios no puedan concatenarse indefinidamente en
el tiempo, cuando se suscriben con personas naturales.

En la segunda regla, la sentencia de unificación estableció en 30 días hábiles, en
principio y como marco de referencia, el término de solución de continuidad para
aquellos contratos de prestación de servicios que presenten interrupciones, cuya
consecuencia jurídica es la de establecer la prescripción de derechos una vez
declarada la relación laboral subyacente. En consecuencia, de no superarse
dicho lapso, se puede concluir «la existencia de una unidad de vínculo
contractual» siempre y cuando «se constate que los objetos contractuales y las
obligaciones emanadas de ellos son iguales o similares y apuntan a la
satisfacción de las mismas necesidades».

A este respecto, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, se reiteró
que la Sección Segunda del Consejo de Estado, en punto a la prescripción de
derechos prestacionales derivados de la relación laboral encubierta o
subyacente, ha venido aplicando la postura de la sentencia de unificación del 25
de agosto de 201612, según la cual, en caso de encontrarse acreditada la relación
laboral, quien pretenda su reconocimiento debe reclamarlo dentro de los tres
años siguientes contados a partir de la finalización del vínculo contractual, y, en
aquellos casos donde se presente solución de continuidad entre contratos, debe
analizarse la prescripción frente a cada uno de ellos, a partir de sus fechas de
finalización13, por lo que de no presentarse la reclamación en ese período,
operará el fenómeno prescriptivo, salvo en lo relacionado con los aportes a
pensión que no están sometidos a dicho término14.

En igual sentido, mediante providencia de 11 de noviembre de 2021, la Sección
Segunda aclaró que el término de la solución de continuidad unificado solo cobra
relevancia si se configuran los elementos establecidos en el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo, pues, de no estarlo, no existe una relación laboral
cuya duración deba ser examinada.

Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda consideró improcedente la
devolución de los aportes a la Seguridad Social en salud efectuados por el

12 Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-025-CE-S2-2021.
13 En los precisos términos de la sentencia de unificación, se indicó: «[…] Pero en aquellos contratos de

prestación de servicios, pactados por un interregno determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un
lapso de interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas
de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente
la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá al juez verificar si existió o no
la citada interrupción contractual, que será excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso
particular, en aras de proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios. […]» (Negrita fuera
del texto)
14 Siendo deber del juez administrativo pronunciarse en todos los casos, aun si no se hubiesen deprecado

de forma expresa, en el sentido de ordenar que se realicen los aportes sobre las diferencias que se
demuestren causadas, mes a mes, respecto de la parte que le correspondía a la entidad contratante como
empleadora.
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contratista en exceso, por «constituir estos aportes obligatorios de naturaleza
parafiscal».

Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los
términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los
artículos 270 y 271 ejusdem, para todos los casos que se encuentren en estudio
en la vía judicial y administrativa.

2.4. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico

El material probatorio recaudado en el proceso demuestra lo siguiente:

• Derecho de petición presentado el 5 de agosto de 2019, mediante apoderada,
por Elvis José Toro Pérez ante la E.S.E Hospital Local Ismael Roldan Valencia
sede II, con el objeto de que se reconociera la existencia de una relación laboral
encubierta entre las partes en el período comprendido entre el 1 de octubre de
2016 al 31 de diciembre de 2017, por haber prestado sus servicios como médico
cirujano en la entidad a través de contratos de prestación de servicios. Como
consecuencia de ello, que se reconocieran y cancelaran en favor del peticionario
las prestaciones sociales a las que afirmó tiene derecho, tales como, la prima de
servicios, prima de navidad, cesantías, intereses a las cesantías, prima de
antigüedad, meses adeudados (agosto de 2017), entre otros.

• Oficio del 6 de septiembre de 2019 expedido por la E.S.E Hospital Local Ismael
Roldan Valencia, en donde se da respuesta negativa al derecho de petición
presentado por Elvis José Toro Pérez el 5 de agosto de 2019. Para lo anterior,
se pusieron de presente los siguientes argumentos:

«(…) Ahora bien, fue y ha sido claro para las partes involucradas en el asunto de
la presente reclamación, que, desde su concepción hasta su finalización, lo que
se suscribió (contrato de prestación de servicios) fue concordante o coherente
con los hechos, ya que el primer acto desarrollado por su poderdante fue la
entrega de oferta de sus servicios como médico cirujano, documento este que
reposa en los archivos de nuestra entidad, de conformidad a la necesidad del
servicio que requería para la época la ESE HLIRV, en virtud del Convenio
firmado inicialmente con la ESE HDSFA y finalmente con la Gobernación del
Chocó. En virtud de ello, es claro señalar que el servicio prestado por su
poderdante a la ESE HLRV de Quibdó Sede II estuvo enmarcado bajo una
relación de coordinación que debe existir entre los contratistas vinculados
mediante contratos de prestación de servicios y administrativo para la correcta
ejecución de los recursos públicos en aras de prestar un mejor servicio (…).

Su poderdante durante el término de ejecución de los servicios contratados por
la ESE HLRV de Quibdó, gozó de absoluta autonomía e independencia técnica
y científica, en razón a que su contratación estuvo motivada en la necesidad de
contar con un profesional que gozara de los conocimientos especializados y la
experiencia con la que contaba, ya que en nuestra planta de personal no

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contamos con profesionales con dicha característica, debido a que somos un
hospital de Primer Nivel de Atención (sic) (…)»

• Hoja de vida de Elvis José del Toro Pérez.

• Acta de inicio y de liquidación del contrato de prestación de servicios No. 536-
2016.

• Certificado de cumplimiento de actividades contractuales de Elvis José del Toro
Pérez en desarrollo del contrato de prestación de servicios No. 536-2016.

• Memorial de 31 de agosto de 2017 suscrito por el gerente de la E.S.E Hospital
Local Ismael Roldan Valencia y dirigido a la secretaría de salud departamental
del Chocó, la directora de Desarrollo de Servicios y la Coordinadora del Sistema
Único de Habilitación, en el cual se deja constancia del cierre de «Sede II E.S.E.
Hospital Local Ismael Roldan Valencia». Dentro de la citada misiva, se pusieron
de presente los siguientes argumentos:

« La E.S.E Hospital Ismael Roldan Valencia, quien asumió la operación
de servicios de salud de mediana complejidad de la E.S.E Hospital San
Francisco de Asís liquidada, como medida de garantía para atención de
los usuarios del departamento del Chocó, notifica el cierre de la sede II,
lugar donde se operaban los servicios antes mencionados, debido la
entrada en marcha de la nueva E.S.E Hospital Departamental San
Francisco de Asís; quien a partir de la fecha asumirá la prestación de
servicios de salud de mediana complejidad.

Por consiguiente, a este comunicado se anexa; el formulario de novedad
de cierre de sede y el oficio de custodia de las historias clínicas (…)»

• Contratos de servicios médicos suscritos entre Elvis del Toro Pérez y la E.S.E
Hospital Ismael Roldán Valencia de Quibdó Sede II15, los cuales se proceden a
discriminar de la siguiente manera:

No. Inicio Fin Objeto del contrato Valor
contrato
536-2016 1 de 31 de Prestación de servicios $43.500.000
noviembre diciembre especializados como médico
de 2016 de 2016 cirujano en las áreas de consulta
externa, urgencias, quirófano y
hospitalización de la E.S.E
Hospital Local Ismael Roldan
Valencia de Quibdó sede II.
131-2017 1 de enero 31 de Prestación de servicios médicos $17.952.000
de 2017 enero de como cirujano en la ESE HLIRV
2017 sede II.

15 Dichos contratos se encuentras en el Expediente visible en aplicativo SAMAI Primera instancia.

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591-2017 1 de febrero 28 de $16.320.000
de 2017 febrero de
2017
851-2017 1 de marzo 30 de abril $35.904.000
de 2017 de 2017
1248- 1 de mayo 31 de julio $48.960.000
2017 de 2017 de 2017
1088- 1 de agosto 31 de $16.340.000
2017 de 2017 agosto de
2017

Del anterior material probatorio, se tiene demostrada la prestación personal del
servicio del demandante como médico cirujano, comoquiera que, en un primer
momento, fue contratado por la E.S.E enjuiciada mediante 6 contratos de
prestación de servicios en los períodos comprendidos entre el 1 de noviembre
de 2016 y el 31 de agosto de 2017.

De la misma manera, con esos elementos de juicio se demuestra el segundo
elemento de la relación laboral, esto es, la contraprestación o remuneración
que se refiere a las sumas de dinero recibidas por el demandante durante la
ejecución de sus labores; montos que se encuentran descritos en los contratos
de prestación de servicios expuestos en el cuadro que antecede.

En cuanto al elemento de la continuada subordinación y dependencia, se
recuerda que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 del Código Sustantivo
del Trabajo consiste en la facultad que le asiste al empleador para exigirle al
trabajador «el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al
modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato».

Elemento respecto del cual, la Sala ha afirmado que «implica una superioridad
jerárquica en el esquema organizacional de quien se atribuye esta facultad
sobre el subordinado», mientras que la coordinación «más que una facultad es
una obligación que el estatuto de contratación estatal, por medio de las normas
que lo rigen, impone a los entes públicos que desarrollen cualquier tipo de
convenio con rubros oficiales, y que deben realizar para garantizar la correcta
ejecución del objeto contractual. Dicha obligación incluye facultades de carácter
administrativo, que implican regularizar algunas funciones, el definir horarios en
la prestación del servicio contratado e incluso el suministro de algunos
elementos, que identifiquen al contratista con la comunidad; empero, coordinar
de ningún modo lleva implícita la superioridad jerárquica contenida de la
subordinación»16.

En el caso concreto, se repite, la parte recurrente afirma que con las pruebas
allegadas al proceso no se acreditó el elemento de la subordinación. Ante ello,

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 29 de julio de

2021, expediente:3536-2018, magistrado ponente: William Hernández Gómez.
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es necesario establecer indicios que, analizados en conjunto con las piezas
probatorias, permitan determinar la existencia del elemento en cuestión a través
de las actividades ejecutadas por el actor como médico cirujano al servicio de la
E.S.E Hospital Ismael Roldán Valencia de Quibdó, para lo cual se tendrán en
cuenta los criterios expuestos por esta Corporación en la sentencia de unificación
SUJ-025-CES2- 2021 en la que precisó como indicios los siguientes:

“i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por
la entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante
el surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones
tecnológicas, la Sala Plena estimó necesario matizar esta circunstancia, por lo
que el juzgador debe valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las
modalidades permitidas para los empleados de planta.

ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una
jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista
subordinación, y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así,
ciertas actividades de la Administración (servicios de urgencia en el sector salud
o vigilancia, etc.) habitualmente requieren la incorporación de jornadas laborales
y de turnos para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento
estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la existencia de una
subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en función del
objeto contractual convenido.

iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a
través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos
internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi, la dirección y
control efectivo de las actividades del contratista constituye uno de los aspectos
más relevantes para identificar la existencia o no del elemento de la
subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el demandante es su inserción
en el círculo rector, organizativo disciplinario de la entidad, de manera que
demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones en que
llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así, cualquier medio
probatorio que exponga una actividad de control, vigilancia, imposición o
seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio
normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado como un indicio
claro de subordinación.

iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio
personal contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la realización
de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma
permanente a los funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser
indicativo de la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente,
siempre y cuando en la ejecución de esas labores confluyan todos los elementos
esenciales de la relación laboral a los que se refiere el artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo.”

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Así pues, siguiendo los criterios previamente expuestos, se procederá a
determinar la existencia de la subordinación en el presente asunto a partir de los
siguientes ítems:

i) Lugar de trabajo: De la lectura de los contratos de prestación de servicios
celebrados entre las partes y del acto administrativo demandado, se extrae que
el actor ejecutó las actividades en la E.S.E Hospital Local Ismael Roldan Valencia
de Quibdó sede II.

ii) Horario de trabajo: En el plenario, contrario a lo indicado por el a quo, no
obra constancia probatoria que el actor tuvo que cumplir con un horario impuesto
por la entidad demandada.

iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar: Es de
recordar que, de acuerdo con la sentencia de unificación previamente
referenciada de 9 de septiembre de 2021, este indicio constituye uno de los
aspectos más relevantes para identificar la existencia o no del elemento de
subordinación. En ese sentido, «lo que debe probar el demandante es su
inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de manera
que demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones en
que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual».

En esos términos, en línea con lo sustentado por la entidad demandada en su
recurso, la Sala observa que dentro del proceso no existen elementos
probatorios con los cuales se pueda establecer que el demandante en la
ejecución de sus servicios estuvo sujeto al cumplimiento de directrices u órdenes
de un superior, o que debía ejecutar los contratos en las condiciones impuestas
por la entidad.

En efecto, las pruebas documentales no permiten avizorar la existencia de
órdenes, memorandos, imposición de labores en cuanto al tiempo, modo y lugar
por parte de la entidad sobre el señor Elvis del Toro Pérez a partir de los cuales
se logre advertir su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario del
ente demandado. Por el contrario, de las documentales únicamente se observa
la hoja de vida del demandante; los contratos de prestación de servicios; su acta
de inicio y liquidación; los certificados de cumplimiento de actividades y un
memorial de 31 de agosto de 2017 el cual deja constancia del cierre de
operaciones de la sede de la entidad en donde el actor prestó sus servicios.
Elementos que, en modo alguno, pueden considerarse como indicios de
acciones subordinantes por parte de la entidad, pues, al contrario, los mismos
resultan ser actividades que devienen de la coordinación inherente que debe
existir en la ejecución de los objetos contractuales.

Así las cosas, nota la Sala que en el plenario no existen elementos adicionales,
tales como las documentales echadas de menos17 o testimonios que de manera

17 Vrg: Órdenes, memorandos, imposición de labores en cuanto al tiempo, modo y lugar.

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suficiente, pertinente y útil corroboren las directrices dadas para la ejecución de
las actividades del señor Elvis del Toro Pérez, con los que se pueda considerar
que el funcionamiento de su servicio fue con nula autonomía.

Con todo, es menester rememorar en este punto que, de acuerdo con la
jurisprudencia emanada por esta Corporación, no toda relación de servicios en
los que medien actividades de cumplimiento de deberes por parte del contratista
implica necesariamente la existencia de subordinación. Pues entre las partes del
contrato de prestación de servicios debe existir una relación de coordinación de
actividades, donde el contratista, aunque autónomo en el desarrollo de sus
funciones, es libre de someterse a las condiciones necesarias para el desarrollo
eficiente de la labor encomendada, tales como: i) un horario; ii) el hecho de recibir
una serie de instrucciones de sus superiores, o iii) tener que reportar informes
sobre sus resultados, sin que ello transmute la coordinación existente en
subordinación18.

Por lo anterior, para la Sala no es de recibo la interpretación realizada por el a
quo, contentiva a tener por acreditado el elemento de la subordinación a partir
de la simple lectura de los objetos contractuales, pues es claro que en su
literalidad únicamente se observan las estipulaciones necesarias y pertinentes
que deben existir entre las partes a fin de concretar el objeto convenido en buen
término. Además, como se indicó previamente, el hecho que el contratante
regularice las funciones a ejecutar, que el contratista reciba instrucciones o que
se le suministren los elementos para la prestación del servicio, de ningún modo
pueden ser considerados como factores subordinantes sí adicional a ellos no se
acreditan la existencia de imposiciones y direccionamientos que desborden el
natural y necesario principio de coordinación que debe guiar los contratos de
prestación de servicios.

Así pues, siguiendo lo establecido en el artículo 167 del Código General del
Proceso «[…] incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen»; por lo que era el
demandante a quien le correspondía probar los supuestos de hecho de la
configuración de la relación encubierta que alegó que existió entre su persona y
el ente demandado a través de las pruebas pertinentes, suficientes y útiles del
caso.

Al respecto, esta Subsección de tiempo atrás ha considerado que «si bien no
puede decirse que existe una prueba reina para demostrar el elemento de la
subordinación y dependencia continuada, esta Sala si ha considerado que para
acreditar este elemento de la relación laboral, deben aportarse aquellas que
permitan acreditar fehacientemente que el contratista no ejercía su actividad,
para la cual fue contratado, en forma autónoma e independiente, sino que debía

18 Sentencia de 14 de julio de 2022; Sección Segunda, radicado 2016-04522-01; C.P. William Hernández

Gómez.
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someterse ineludiblemente a las órdenes e instrucciones de funcionarios de la
entidad, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que estos impusieran»19.

Así las cosas, contrario a lo establecido por el a quo, para la Sala luego de
analizar cada uno de los indicios que esta Corporación ha precisado como
determinantes para considerar la existencia del elemento de subordinación en
los contratos de prestación de servicios suscritos por las entidades del Estado
con personas naturales, se concluye que la parte demandante no cumplió con la
carga probatoria de acreditar los elementos probatorios útiles, pertinentes y
conducentes que permitan advertir indicios subordinantes en la ejecución de sus
actividades durante el periodo que estuvo vinculado mediante contratos de
prestación de servicios con la E.S.E Hospital Ismael Roldán Valencia de Quibdó.

Es decir, dentro del plenario no reposan constancias que evidencien que la
entidad demandada hubiese insertado al actor dentro de su círculo rector, a
través de la imposición de horarios, reglamentos, cantidad de trabajo o acciones
disciplinarias. Por lo que no es posible, se repite, establecer la existencia de una
relación encubierta entre las partes.

Razón por la cual, se revocará la sentencia apelada, y en su lugar se negarán
las pretensiones de la demanda.

En consecuencia, no hay lugar al estudio del segundo problema jurídico.

2.5. De la condena en costas en segunda instancia

El artículo 188 del CPACA establece que «salvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».

Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que, para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,
en la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en
la medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena
fe o la temeridad de las partes.

Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080
de 2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que
«en todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».

De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está

19 Sentencia de 20 de abril de 2023; Sección Segunda, Subsección A, radicado 000 2014 00007 01 C.P

Gabriel Valbuena Hernández.
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llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la
sustentación jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es
procedente o no imponer costas a cargo de alguna de ellas.

55. Comoquiera que en este caso se revocará la sentencia de primera instancia, debe
darse aplicación al numeral 4.° del artículo 365 del CPG20, por tanto, no hay lugar a
condena en costas de ambas instancias, toda vez que se sustentaron las razones
esgrimidas por la entidad en defensa jurídica de sus intereses.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 30 de noviembre de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo del Chocó, mediante la cual se accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda presentada por Elvis del Toro Pérez en contra
de la E.S.E Hospital Ismael Roldán Valencia de Quibdó. En su lugar, NEGAR las
pretensiones de la demanda; conforme lo expresado en la motivación.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en ambas instancias.

TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el
expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVAN DUQUE GUITÉRREZ
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

20 «ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos

en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
[…]
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias.
[…]».
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