Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-00307-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-00307-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2025-00307-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
30 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00307-01
Accionantes: Oscar Luis Zapata Espinosa
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Nulidad y
restablecimiento del derecho. Defectos fáctico y
desconocimiento del precedente.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala1 decide la impugnación formulada por la parte accionante en contra
de la Sentencia proferida el 20 de febrero de 2025 por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela presentada
por falta de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
2. El 22 de enero de 2025, Oscar Luís Zapata Espinosa, a través de apoderado,
presentó una acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Atlántico, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
trabajo y acceso a la administración de justicia, al proferir la Sentencia de 14 de
junio de 20242, proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho No. 08001-33-33-009-2021-00065-01. A título de amparo constitucional, la
parte actora solicitó:
«PRIMERO: SE TUTELEN a mi favor, los siguientes derechos fundamentales a saber:
Debido proceso, igualdad, trabajo y acceso a la administración de justicia, los cuales le
fueron vulnerados al señor Oscar Luis Zapata Espinosa por el Tribunal Administrativo
del Atlántico Sección “B”, al confirmar la sentencia proferida en primera instancia.
SEGUNDO: DEJAR SIN VALOR Y EFECTOS JURÍDICOS, la sentencia proferida en
segunda instancia por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO SECCIÓN
“B”, integrada por el Magistrado ponente Dr. Oscar Wilches Donado y los magistrados
Luis Eduardo Cerra Jiménez y Ángel Hernández Cano, de fecha catorce (14) de junio
de 2024, dentro del proceso con radiación número: 08001-33- 33-009-2021-00065-01-
W; Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; Demandante: Oscar
Luis Zapata Espinosa, Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y
1
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del Sector Justicia, y el Acuerdo No. 80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente para
conocer del proceso de la referencia.
2
Notificada mediante mensaje de datos de 22 de julio de 2024.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: Radicación: 11001-03-15-000-2025-0307-01
Accionante: Oscar Luis Zapata Espinosa
la Región Caribe S.A. - Edubar S.A., y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla.
TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Atlántico Sección (B), que en un
término razonable, proceda a proferir sentencia de reemplazo ajustada a derecho, en
la cual se haga una valoración adecuada del material probatorio aportado al proceso y
el precedente judicial para los casos de contrato realidad.»
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, fueron
identificados los siguiente:
4. Oscar Luis Zapata Espinosa suscribió varios contratos de prestación de
servicios, desde el 26 de septiembre de 2006 hasta el 30 de diciembre de 2016, con
la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe SA – EDUBAR
SA. El accionante desarrollaba labores como arquitecto.
5. El 23 de diciembre de 2019, el señor Zapata Espinosa presentó una solicitud
ante EDUBAR SA, para que se le reconociera que existió una relación laboral desde
el 26 de septiembre de 2006 hasta el 30 de diciembre de 2016 y,
consecuencialmente, se le reconociera y pagara las prestaciones sociales. A través
de Oficio GJ 00049 de 14 de enero de 2020 se negaron las pretensiones.
6. A través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el
señor Zapata Espinosa pretendió la nulidad del Oficio GJ 00049 de 14 de enero de
2020, así como el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales desde el 26
de septiembre de 2006 hasta el 30 de diciembre de 2016, por la existencia de una
relación laboral encubierta entre el accionante y la EDUBAR SA.
7. El proceso le correspondió al Juzgado 14 Administrativo de Barranquilla que,
mediante Sentencia de 23 de agosto de 2023, dispuso que «DECLÁRASE probada
la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el
DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, por las
razones expuestas [3] [y] Negar las pretensiones de la demanda, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia [4]»5.
8. El 5 de septiembre de 2023, el demandante presentó recurso de apelación,
argumentando que la Administración no puede utilizar el contrato de prestación de
servicios para labores de carácter permanente, las cuales ejecutó de manera
personal y hacían parte de las actividades misionales de la empresa. Asimismo, que
no contaba con autonomía e independencia para ejercerlas. Adujo que los
testimonios no fueron valorados a partir de las reglas de la experiencia y sana
critica6.
9. Mediante Sentencia de 14 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo de
Atlántico confirmó la decisión del juzgado, tras considerar que no se probó el
3
Lo anterior, ya que para el juzgado la empresa EDUBAR SA, tiene autonomía administrativa y presupuestal, respecto al
Distrito especial Industrial y Portuario de Barranquilla.
4
para el juzgado no se encontró probado el elemento de subordinación para estructurar una relación laboral entre el señor
Zapata y EDUBAR S.A.
5
Rad. 08001-33-33-014-2020-00206-00.
6
Haciendo referencia a los testimonios de Víctor Manuel Peña Sánchez y Cristian Arteta Peña.
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Accionante: Oscar Luis Zapata Espinosa
requisito de subordinación, ya que los testimonios7 «no se soporta[ron] con otros
medios de convicción idóneos y/o complementarios que permitan establecer más
allá de toda duda razonable la dependencia del accionante respecto de la aquí
accionada, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle
reglamentos, con perdurabilidad en el tiempo de duración del contrato».
10. Como fundamento de la vulneración, la parte actora manifestó que la
autoridad accionada incurrió en los defectos (i) fáctico por valorar defectuosamente
el material probatorio, al manifestar que era necesario que obraran pruebas
documentales que respaldaran las declaraciones de Víctor Manuel Peña Sánchez
y Cristóbal Arteta Peña, y no analizó de manera conjunta las pruebas documentales
y testimoniales recaudadas; (ii) desconocimiento de precedente jurisprudencial al
no aplicar lo dispuesto en la Sentencia SUJ 025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre de
2021 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, Rad: 05001-23-33-000-2013-
01143-01 (1317-2016); y (iii) violación directa de la Constitución Política,
concretamente, el preámbulo8 y los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 13, 29 y 53, relativos al
trabajo, la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en las leyes
laborales y la primacía de la realidad sobre las formalidades determinadas por los
sujetos en las relaciones laborales.
Intervenciones9
11. El Tribunal Administrativo de Atlántico indicó que los reparos que alegó la
parte actora resultan inadmisibles por ser el escenario natural para debatirlos un
juicio ordinario, más no uno constitucional. Alegó que el accionante quiso convertir
la acción de tutela en una tercera instancia.
12. Agregó que la sentencia no transgredió ningún precedente judicial10, tampoco
incurrió en ningún defecto sino que expuso las razones por las cuales confirmo la
sentencia de primera instancia. Solicitó se declarara la improcedencia de la acción
de tutela o, en su defecto, se negaran las pretensiones de esta.
13. La Procuraduría General de la Nación hizo un recuento del proceso No.
08001-33-33-014-2020-00206-00/01 y de su participación en el. Manifestó que no
se cumplió con el requisito de subsidiariedad «pues si bien el 14 de junio de 2024
fue proferido el fallo de segunda instancia por parte del Tribunal Administrativo del
Atlántico, también es cierto que el ahora accionante aun cuenta con recursos
extraordinarios de Ley para buscar o perseguir la Revisión del Fallo del Ad quem».
7
Analiza los testimonios de Víctor Manuel Peña Sánchez, Cristóbal Arteta Peña, Aura Victoria López Flórez.
8
Dice el accionante que no garantizó un orden justo, que asegure el trabajo, justicia e igualdad.
9
Mediante Auto de 24 de enero de 2025, se admitió la acción de tutela de la referencia y se ordenó su notificación al Tribunal
Administrativo de Atlántico, así como al Juzgado 14 Administrativo de Barranquilla, al ministerio público, a la Empresa de
Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe S.A. – EDUBAR SA y al Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla, como terceros.
10
Manifiesta que la sentencia se desarrolló conforme la línea jurisprudencial del contrato realidad, en especial las Sentencias
CESUJ2-005-16 de 25 de agosto de 2016, SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre de 2021 y de 19 de febrero de 2009
Rad. 3074-05 del Consejo de Estado.
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Accionante: Oscar Luis Zapata Espinosa
14. Añadió que el accionante no demostró que la Procuraduría General de la
Nación fuera la autoridad competente o responsable de cumplir con lo solicitado en
su escrito de tutela. Por esta razón, dicha autoridad carecía de legitimación en la
causa por pasiva.
15. la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla SA manifestó que no hizo
parte del asunto que se expone en la acción de tutela y, por tanto, no fue vinculada
en el Auto de 24 de enero de 2025 que admitió la misma. por lo anterior, solicitó ser
desvinculada.
16. La Empresa de Desarrollo Urbano precisó que la decisión del 23 de agosto
de 2023 del Juzgado 14 Administrativo de Barranquilla y el fallo de segunda
instancia del 14 de junio de 2024 del Tribunal del Atlántico, gozan de plena legalidad,
y al haberse presentado la acción de tutela 6 meses después de este último, no se
cumplió el requisito de inmediatez.
17. La Alcaldía de Barranquilla señaló que no vulneró ningún derecho
fundamental al accionado y que, en el trámite del proceso (del que ahora se enjuicia
la sentencia), se declaró probada su excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva. Por tal razón, no tenía responsabilidad en los hechos que dieron lugar a
la solicitud de amparo.
Sentencia impugnada
18. El 20 de febrero de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción de tutela, esto se debe a que no cumplía con el requisito de
relevancia constitucional, ya que se limitaba a reiterar los argumentos expuestos en
el recurso de apelación contra la decisión de primera instancia, con el propósito de
reabrir el debate probatorio.
Impugnación
19. La parte actora presentó escrito de impugnación, en el que argumentó que sí
se cumplió con el requisito de relevancia constitucional, pues se invocó la afectación
de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, trabajo y acceso a la
administración de justicia. Indicó que la afectación de los derechos fundamentales se
dio por la forma en que el Tribunal valoró las pruebas y aplicó el precedente judicial.
II. CONSIDERACIONES
Cuestión previa
20. En el escrito de tutela, el accionante sostuvo que el Tribunal Administrativo del
Atlántico incurrió en una violación directa de la Constitución Política, específicamente,
en relación con el preámbulo y los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 13, 29 y 53. Sin embargo, no
proporcionó una explicación clara y suficiente sobre cómo el juez de la nulidad y el
restablecimiento del derecho vulneró sus garantías fundamentales con la sentencia
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enjuiciada. En ese orden este reparo no será analizado de forma autónoma sino que
dichas normas serán estudias a la luz de los otros defectos, en caso de llegar a
superarse los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela.
Problema jurídico
21. Corresponde a la Sala determinar, luego de verificados los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, si el Tribunal
Administrativo de Atlántico, como juez de segunda instancia, (i) incurrió en un defecto
fáctico por valorar de forma indebida y aislada los testimonios de Víctor Manuel Peña
Sánchez y Cristóbal Arteta Peña, de cara a los contratos suscritos de forma sucesiva
durante 9 años; y/o (ii) desconoció el precedente contenido en la Sentencia de
Unificación SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre de 2021, proferida por la
Sección Segunda del Consejo de Estado, Rad. 05001-23-33-000-2013-01143-01
(1317-2016).
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
22. La presente acción de tutela cumplió con todos los requisitos generales de
procedencia, dado que: (1) se encontró satisfecha la legitimación en la causa, tanto
activa como pasiva, puesto que la parte actora participó como demandante en el
proceso ordinario y la decisión objeto de cuestionamiento fue emitida por la Tribunal
Administrativo de Atlántico; (2) se cumplió con el requisito de subsidiariedad, ya que
la parte actora agotó todos los recursos judiciales disponibles para procurar la
defensa de sus derechos; (3) la acción de tutela fue presentada el 22 de enero de
2025, esto fue, dentro del plazo de 6 meses contados a partir de la notificación de
la sentencia enjuiciada11; (4) no se alegó una irregularidad procesal, sino la falta de
análisis probatorio y un presunto desconocimiento del precedente jurisprudencial;
(5) los hechos y fundamentos en los que se basó la presunta vulneración de
derechos fueron identificados de manera razonable; y (6) la tutela no fe interpuesta
contra una providencia de la misma naturaleza.
23. En cuanto a la relevancia constitucional, se evidencia que, a pesar de la
reiteración de los argumentos presentados por el accionante a lo largo del proceso,
persiste un cuestionamiento sobre la decisión de segunda instancia emitida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico. En este contexto, el accionante expresa su
inconformidad respecto a la valoración de las pruebas realizada en la sentencia de
segundo grado, así como a la falta de aplicación del precedente establecido por el
Consejo de Estado. Esta situación no solo subraya la necesidad de revisar los
fundamentos de la decisión, sino que también destaca la importancia de analizar la
presunta vulneración de los derechos fundamentales alegada por el accionante.
24. En ese orden de ideas, la Sala revocará la decisión de primera instancia y
procederá a realizar el respectivo análisis de fondo de la controversia.
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Accionante: Oscar Luis Zapata Espinosa
Análisis de vulneración alegada: estudio de defectos
25. La Sala negará la solicitud de protección de derechos por encontrar
configurado el defecto fáctico ni el desconocimiento del precedente alegados, en la
Sentencia de 14 de junio de 2024, por las razones que pasan a explicarse:
26. En cuanto a la valoración de los testimonios de Víctor Manuel Peña Sánchez
y Cristóbal Arteta Peña, de manera conjunta con las pruebas documentales
(contratos suscritos de forma sucesiva durante 9 años y testimoniales), el Tribunal
del Atlántico expresamente indicó que:
«Los contratos de prestación de servicios enlistados en líneas precedentes, dejan ver
al despacho la relación contractual entre las partes, el tiempo de la prestación del
servicio y el valor de la contraprestación pactada, así como su objeto, el cual era la
prestación de servicios como arquitecto contratista de carácter temporal en diferentes
áreas de la entidad accionada, tales como las unidades de actuación urbanística, con
el fin de brindar apoyo en proyectos de desarrollo urbano diseñados y ejecutados por
la entidad, así como en los planes de adquisición predial y reasentamiento.
(…)
Las pruebas testimoniales obtenidas de los señores Víctor Manuel Peña Sánchez,
Cristóbal Arteta Peña y Aura Victoria López Flórez, rendidas en audiencia de pruebas
de 26 de junio de 2023, dan cuenta de los siguientes hechos:
El testigo Víctor Manuel Peña Sánchez, manifestó que es arquitecto de profesión,
laborando para EDUBAR entre el año 2007, fecha para la cual ya se encontraba
ejerciendo funciones el aquí accionante, hasta el año 2018, año para el cual el señor
Oscar Zapata ya había sido retirado para el año 2016.
Afirmó que al actor se le encomendaban proyectos específicos, pero al mismo tiempo
indica que en su contrato se le señalaba un objeto y después terminaban en otros
proyectos. Advierte que a veces cuando llegaban tarde, a quienes llama como jefes le
decían que debían llegar antes que el contratista puesto ellos eran la interventoría, por
lo que les hacían llamados de atención verbal, o en su caso personal, le hacían
memorandos.
Cuenta que debían presentar informes mensuales de todas las actividades en terreno
que debía ser suscrito por ingeniera, y que si no lo presentaba no les pagaban, además
que le exigen el pago de seguridad social y un documento cuenta de cobro.
Agregó que, el señor Oscar Luis Zapata hacía las mismas actividades que
desempeñaban los compañeros de planta, porque estaba en obra y en oficina, como
también cumplía unas órdenes, las cuales consistían en apoyo a determinadas obras,
a supervisar, o a donde los mandaran.
Ante los cuestionamientos hechos por el apoderado de la parte demandada ALCALDÍA
DISTRITAL DE BARRANQUILLA, respondió que tiene un proceso en contra de
EDUBAR S.A., y que éste se encuentra en el tribunal.
En cuanto al testimonio rendido por el señor Cristóbal Arteta Peña, destacándose que
al igual que el anterior testigo, presentó demanda contra Edubar por los mismos hechos
aquí investigados, este manifestó como hechos relevantes que él señor Oscar Luis
Zapata inició labores en el año 2006 hasta el año 2016 por medio de contrato de
prestación de servicios, lo cual le consta porque ingresó desde el 2005 y se retiró hasta
el 2018.
(…)
Refiere que no coincidió en ninguna obra con el demandante porque solo había un
residente interventor por obra, pero que todo le consta porque si bien no compartía
obra, a él como residente también le hacía el mismo seguimiento como al demandante
y todos los residentes
(…)
6
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Conforme los anteriores testimonios, con apoyo en los cuales se pretende demostrar
el elemento de la subordinación, tenemos que los mismos no se soportan con otros
medios de convicción idóneos y/o complementarios que permitan establecer más allá
de toda duda razonable la dependencia del accionante respecto de la aquí accionada,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, con
perdurabilidad en el tiempo de duración del contrato; no obstante, es necesario aclarar
que la relación de coordinación de actividades entre contratante y contratista, implica
que el segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente de
la actividad encomendada, lo cual incluye el cumplimiento de un horario, o el hecho de
recibir una serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre
sus resultados, sin que signifique necesariamente la configuración de un elemento de
subordinación, tal como se destacó en acápites anteriores, al establecer el marco
jurisprudencial aplicable al sub examine».
27. De lo anterior, no se encuentra que el análisis de las pruebas hecho por el
tribunal haya sido arbitrario, irracional o caprichoso, comoquiera que, hizo una la
apreciación conjunta de los testimonios, entre ellos, los de Víctor Manuel Peña
Sánchez y Cristóbal Arteta Peña. Asimismo, se puede ver como el Tribunal, luego
de apreciar en conjunto el material probatorio del proceso, no logró evidenciar más
allá de la duda razonable, la subordinación necesaria para probar la relación laboral
entre el accionado y EDUBAR SA.
28. Es fundamental destacar que, más allá de los testimonios de Víctor Manuel
Peña Sánchez y Cristóbal Arteta Peña analizados en la sentencia, no se
presentaron en el proceso otras evidencias que permitieran establecer la relación
laboral que el accionante alegó en el medio de control. El Tribunal consideró que
las pruebas tampoco demostraron que el accionante estuviera realizando
actividades propias de los empleados de planta de EDUBAR SA, lo que era
necesario para configurar el elemento de subordinación.
29. En este sentido, se debe destacar que las autoridades judiciales gozan de
autonomía e independencia para abordar el caso específico y, en particular, para
evaluar el material probatorio reunido durante el proceso. Por lo tanto, la
intervención del juez constitucional solo será pertinente cuando se evidencie un
error que contradiga de manera clara las normas de la sana crítica. Así, el hecho de
que la autoridad judicial demandada haya realizado una interpretación diferente a la
solicitada por el accionante no implica la existencia de un defecto fáctico, ya que
dicha interpretación fue razonable y no se observa ninguna omisión o error en la
valoración de las pruebas.
30. En cuanto al desconocimiento del precedente, la parte actora manifiesta que:
«Se configuró el defecto sustantivo, por desconocimiento del precedente judicial, en
virtud de lo siguiente:
El tribunal Administrativo del Atlántico Sección “B”, al momento de proferir la respectiva
sentencia de segunda instancia, desconoce el precedente judicial fijado por el Consejo
de Estado, en la Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ 025-CE-S2-2021 del 9
de septiembre de 2021, proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, expediente con rad: 05001-23-33-000-2013-01143-
01 (1317-2016). CP. Rafael Francisco Suárez Vargas, a pesar de citar esta, por lo
siguiente:
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Accionante: Oscar Luis Zapata Espinosa
El Tribunal Administrativo del Atlántico, desestimó de forma arbitraria y caprichosa, sin
argumentos jurídicos, la información suministrada en los testimonios rendidos por los
señores Víctor Manuel Peña Sánchez y Cristóbal Arteta Peña, (compañeros de trabajo
de mi poderdante), los cuales fueron practicados en el curso del debate judicial y de los
cuales se extrae con claridad, indicios claros y determinantes de la existencia de
subordinación en el caso de marras, y de la existencia de una verdadera relación laboral
encubierta, bajo los términos indicados por la Sección Segunda de esta Corporación
en la Sentencia de Unificación SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre de 2021,
como lo son el lugar de trabajo, la dirección y efectivo control de las actividades a
realizar, los relativos al cumplimiento de horarios, el establecimiento de turnos de parte
de sus superiores con la finalidad de realizar las labores asignadas en campo u oficina,
como también que existían funcionarios de planta que realizaran las mismas funciones
asignadas al señor Oscar Luis Zapata Espinoza. Lo anterior bajo el argumento que no
existían pruebas documentales obrantes en el proceso que reafirmaran lo manifestado
por los testigos»
31. Lo anterior al ser contrastado con lo contenido en la sentencia que decidió el
caso de nulidad y restablecimiento del derecho, no es de recibo, ya que la misma
se sustentó en varios pronunciamientos de altas cortes que guardaban relación con
lo probado en el caso. Aunado a ello, se citaron decisiones jurisprudenciales
acordes a los hechos materiales, en especial, lo referente a la diferencia que existe
entre subordinación y coordinación12.
32. El Tribunal también tuvo en consideración la Sentencia SUJ-025-CE-S2-2021
de 9 de septiembre de 2021, la cual fue invocada por el accionante como
desconocida. En esta, la Sección Segunda del Consejo de Estado fijó una serie de
subreglas para determinar la existencia de relaciones laborales encubiertas. De
igual manera, se destacó que la distinción entre coordinación y subordinación, ha
sido objeto de estudio en varias ocasiones por esta corporación13.
33. En este contexto, se concluye que la coordinación de actividades entre el
contratante y el contratista implica que el segundo debe ajustarse a las condiciones
necesarias para garantizar el desarrollo eficiente del trabajo asignado, sin que esto
constituya necesariamente un indicio de subordinación.
34. En el desarrollo de un contrato de prestación de servicios, existen diversas
actividades que deben llevarse a cabo de manera coordinada. Esto no implica, en
ningún caso, una relación de superioridad o subordinación entre las partes. Más
bien, se trata de un compromiso mutuo, una obligación que asumen ambas partes
al suscribir el contrato, con el fin de asegurar la correcta ejecución del objeto
contractual. La colaboración efectiva entre las partes es esencial para lograr los
objetivos establecidos y garantizar el cumplimiento de las condiciones pactadas.
12
Consejo de Estado. Sentencia de unificación de 18 de noviembre de 2003 // Consejo de Estado. Sección Segunda. Exp.
No 73001-23-31-000-2000-03449-01 (3074-05) // Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de unificación del 25 de
agosto de 2016.
13
Consejo de Estado. Sección Segunda. Exp 15001-23-31-000-2001-01577-01(1343-09) // Consejo de Estado. Sección
Segunda. Exp. 05001233300020160102001 (1379-2023). // Consejo de Estado. Sección Segunda. Exp.
27001233300020200017501 (6194-2023). // Consejo de Estado. Sección Segunda. Exp. 50001233300020210034001 (7137-
2023).
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Accionante: Oscar Luis Zapata Espinosa
Conclusión
35. La Sala revocará la decisión de la Sección Cuarta del Consejo de Estado y, en
su lugar, negará las pretensiones de la acción de tutela presentada por Oscar Luis
Zapata Espinosa por no encontrar configurado el defecto fáctico ni el
desconocimiento del precedente.
En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: REVOCAR la Sentencia proferida el 20 de febrero de 2025 por la
sección cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la
acción de tutela presentada por Oscar Luis Zapata Espinosa. En su lugar NEGAR
la solicitud de amparo por no encontrar configurado el defecto fáctico, ni
desconocimiento del precedente alegados.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado Electrónicamente
Ausente con permiso
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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