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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00167-01

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00167-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR sentencia de fecha diecinueve (19) de enero de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda; de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO: CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte demandante, por lo ya dicho. TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2019-00167-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

23 de abril de 2026

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00167-01 (3588-2022)
Demandante: Mercedes Lucrecia Bastidas Tulcán

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C. veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del derecho
Radicación: 52001-23-33-000-2019-00167-01 (3588-2022)
Demandante: Mercedes Lucrecia Bastidas Tulcán
Demandado: Empresa Social del Estado Hospital Civil de Ipiales

Tema: Relación laboral encubierta

Decisión: Revoca sentencia de primera instancia que accedió a
pretensiones de la demanda. En su lugar, se deniegan por
no acreditar la subordinación.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el
recurso de apelación presentado por la parte demandada contra la sentencia del
19 de enero de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, mediante
la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1 Pretensiones de la demanda

2. Declarar la nulidad del acto administrativo de septiembre de 2018
proferido por la E.S.E. Hospital Civil de Ipiales (notificado el 19 de los mismos),
por medio del cual se negó el reconocimiento y pago de las acreencias laborales
reclamadas por la señora Mercedes Lucrecia Bastidas Tulcán.

3. Declarar la existencia de una relación laboral entre las partes, desde el 9
de abril de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2016. Subsidiariamente, se solicitó

1 Expediente digital visible en el Índice 02 del aplicativo SAMAI – segunda instancia – 01 CUADERNO 1

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Demandante: Mercedes Lucrecia Bastidas Tulcán

el reconocimiento de la relación laboral desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31
de diciembre de 2016.

4. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del
derecho, que se condene a la entidad demandada a pagar a la demandante todas
las prestaciones sociales que se le reconocen a quienes ejercen el cargo de
auxiliar administrativo en la planta de personal de la ESE, dentro de las que
encuentran las siguientes: cesantías, intereses a las cesantías, sanción por no
pago oportuno de interés a las cesantías, prima de navidad, vacaciones, auxilio
de transporte, y la indemnización por la terminación indirecta e injustificada del
contrato de trabajo.

5. Declarar que el tiempo laborado por la demandante mediante contratos de
prestación de servicios es computable para efectos pensionales; que las sumas
de dinero reconocidas devengan los intereses señalados en el artículo 192 del
CPACA2 desde la ejecutoria del fallo, y que se condene en costas y agencias en
derecho a la entidad.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

6. La señora Mercedes Lucrecia Bastidas Tulcán desarrolló actividades en
la E.S.E. demandada como auxiliar administrativa, desde el 9 de abril de 2012
hasta el 31 de diciembre de 2016, a partir de la suscripción de diferentes
contratos de prestación de servicios.

7. Que las obligaciones eran realizadas en las instalaciones de la entidad de
manera indelegable, permanente y continua, con los elementos proporcionados
por esta. Asimismo, el horario, la jornada de trabajo, y demás funciones y labores,
eran ordenadas por los coordinadores, jefes, subgerente administrativo o por
cualquier trabajador de mayor rango.

8. Dentro de las obligaciones realizadas por la demandante, se destacaron,
entre otras las siguientes: «1) Cumplir las funciones de conformidad con los
estándares del proceso administrativo correspondiente, observando siempre las políticas
institucionales; 2) Acatar las órdenes de sus superiores tales como coordinadores, jefes,
subgerente administrativo y gerente; 3) Portar el respectivo uniforme. 4) Cumplir con el
horario de trabajo; 5) Presentar la escarapela de identificación para ingreso a la
institución; 6) Cumplir con el cronograma de actividades a realizar durante la vigencia
del contrato de prestación de servicios; 7) Desarrollar el servicio con calidad de manera
eficiente y oportuna (…)»

9. Que el 31 de diciembre de 2016, la E.S.E, de manera unilateral, «despidió
sin justificación alguna» a la demandante.

2 Código Procesal Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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10. En consecuencia, el 17 de mayo de 2018, la actora presentó reclamación
administrativa a la entidad para que reconociera y cancelara las prestaciones
sociales adeudadas. Sin embargo, obtuvo respuesta negativa el 19 de
septiembre de ese mismo año.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

11. Se citaron como vulneradas las siguientes normas: artículos 2, 25, 53, 122
y 125 de la C.N, 2 del Decreto 2400 de 1868, numeral 3 del artículo 32 de la Ley
80 de 1993, Ley 190 de 1995 y el Decreto 3135 de 1968.

12. En el concepto de violación, la demandante censuró la conducta del ente
demandado, pues durante todo el período de contratación ejecutó funciones
permanentes, que debían ser realizadas únicamente por personal de planta; que
se desconoció la naturaleza laboral del vínculo existente entre las partes y, en
consecuencia, el reconocimiento de los derechos laborales a los que tiene
derecho por la prestación de sus servicios de manera subordinada.

1.4. Contestación de la demanda3

13. La Empresa Social del Estado Hospital Civil de Ipiales contestó la
demanda por medio de su vocero judicial, oponiéndose a las pretensiones con
fundamento en los siguientes planteamientos:

14. En cuanto a los hechos, explicó que la demandante se comprometió con
la entidad a desarrollar diferentes objetos contractuales a través de múltiples
contratos de prestación de servicios. Por lo tanto, el hecho de que realizara
actividades como auxiliar administrativa, no significa que ocupara un cargo de
carrera administrativa.

15. Adujo que el expediente administrativo se demuestra que la prestación del
servicio de la actora fue desde el año 2013 y no desde el año 2012, como se
plasmó en la demanda.

16. Consideró que la actora actuó con autonomía e independencia, dado que
no se probó que recibiera órdenes o directrices de personal de la entidad. Que
no es dable afirmar que sus actividades fueron permanentes y continuas, pues
los antecedentes administrativos demostraron que cada contrato tuvo un tiempo
específico en el cual se prestó el servicio.

17. Por último, propuso como excepciones de mérito las siguientes: i)
inexistencia de la condición de empleado público, ii) cobro de lo no debido y falta

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de la causa en las pretensiones de la demanda, iii) prescripción, iv) inexistencia
de la relación laboral, v) buena fe y vi) la innominada.

1.5. Sentencia de primera instancia4

18. El Tribunal dictó sentencia el 19 de enero de 2022, mediante la cual
declaró la nulidad del acto demandado y la existencia de la relación laboral entre
las partes entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016. A título de
indemnización, ordenó a la entidad demandada a reconocer y pagar a la actora
«un monto equivalente a las prestaciones sociales de orden legal a las que tienen
derecho, tomando como base los honorarios derivados de los contratos de
servicios (…) 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016 (sin solución de
continuidad)».

19. Igualmente, ordenó al Hospital tomar durante el tiempo comprendido entre
el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016, el ingreso base de cotización
pensional de los salarios que debió devengar la demandante, mes a mes; si
existieren diferencias entre los aportes realizados como contratista y los que
debió efectuar la entidad como empleador, deberá cotizar al respectivo fondo de
pensiones el porcentaje faltante. Por último, ordenó a la entidad aplicar la
actualización contenida en el artículo 187 del CPACA y condenó en costas a la
parte vencida.

20. Para arribar a la anterior decisión, el tribunal corroboró la existencia de los
elementos esenciales de la relación laboral de la siguiente forma:

21. Preliminarmente, puso de presente las pruebas documentales y los
testimonios recaudados en el proceso. Destacó que los testigos Grace Mercedes
Bolaños Bustos y José Luis Benavides Guerrero, en calidad de extrabajadores
de la entidad, señalaron su conocimiento directo del servicio de la demandante.
Indicaron que ella: fungió como auxiliar administrativa en las áreas de auditoría,
facturación e internación; cumplía un horario, que aplicaba tanto para contratista
como empleados de planta; recibía órdenes de sus superiores inmediatos: en
auditoría Nubia Montalvo, en almacén por María Eugenia y en facturación por
Luis Carlos Obando; asistía obligatoriamente a la entidad con un uniforme
diferente y con un color específico cada día; y, por último, debía solicitarles
permisos a sus superiores.

22. A partir de lo anterior, se consideró que la actora prestó personalmente
sus servicios en favor de la E.S.E. Hospital Civil de Ipiales como auxiliar
administrativo entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre 2016.

23. Referente a la prestación del servicio reclamado por la demandante
durante el año 2012, consideró que no existía sustento probatorio que diera

4Expediente digital visible en el Índice 02 del aplicativo SAMAI – segunda instancia – 13Sentencia.pdf.

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cuenta de la relación laboral en dicho lapso, por lo que negó las pretensiones
relacionadas con ese lapso.

24.
La remuneración se probó con las órdenes y los contratos celebrados
entre las partes, pues allí se precisan los valores que por el servicio pactado
recibió la demandante.

25.
La subordinación se extrajo de los contratos de prestación de servicios,
específicamente de los acápites de obligaciones y objetos, así como de los
testimonios, cuyos declarantes explicaron que la demandante cumplió un horario
y sus funciones eran reglamentadas por la entidad. Además, las actividades se
desarrollaron durante años y fueron inherentes al objeto social de la E.S.E., de
modo que la actora estaba ligada directamente a la prestación del servicio.

1.6. Recurso de apelación

26. La Empresa Social del Estado Hospital Civil de Ipiales5 a través de su
vocero judicial presentó recurso de apelación, solicitando que se revocara la
decisión de primera instancia. Para tal fin, presentó los siguientes argumentos:

27. Adujo que las pruebas aportadas al proceso no fueron suficientes e
idóneas para demostrar la configuración de los elementos de la relación laboral.

28. Explicó que, para el tribunal, la subordinación se acreditó con los
testimonios, quienes indicaron que la actora cumplió un horario y siguió las
instrucciones del personal de planta de la entidad.

29. No obstante, esa conclusión no se adecúa con lo que realmente dijeron
los declarantes, pues el cumplimiento de un horario no es determinante ni
concluyente para acreditar una relación laboral. Además, ambos manifestaron no
haber sido superiores de la demandante o haber presenciado llamados de
atención o de cualquier otro tipo de poder disciplinante en contra de ella.

30. Agregó que es propio de una relación contractual que el contratista se
someta a unas condiciones necesarias para el desarrollo eficiente de la actividad
encomendada, dentro de los que se encuentran: el cumplimiento de un horario,
reportar informes o recibir ciertas instrucciones por los supervisores
contractuales.

31. Adicionalmente, analizó particularmente las declaraciones en los
siguientes términos:

5 Expediente digital visible en el Índice 02 del aplicativo SAMAI – segunda instancia –
15RecursoApelaciónParteDemandada.pdf
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31.1 La testigo Grace Mercedes Bolaños manifestó que prestó sus servicios
en las áreas de facturación, almacén de compras y atención al usuario. La
demandante, por su parte, prestó el servicio en el área de auditoría de
cuentas e internación.

31.2 Por lo tanto, la testigo no coincidió con la actora en la prestación de su
servicio, lo que le impide tener conocimiento de las condiciones de tiempo,
modo y lugar en que desarrolló el servicio. Además, indicó que la
demandante cumplió un horario y presentaba informes de actividades para el
trámite de pago de honorarios, sin embargo, estos son elementos propios de
los contratos de prestación de servicios y no denotan subordinación.

31.3 Por su parte, el testigo José Luis Benavides Guerrero manifestó que no
fue superior jerárquico de la actora, y tampoco presenció que recibiera
llamados de atención, pues desempeñaban el servicio en lugares diferentes.

32. Asimismo, consideró que en el expediente no reposan documentos que
demuestren indicios de subordinación ejercidos por la entidad sobre la actora. En
particular, no se acreditaron llamados de atención, solicitud de permisos,
licencias, aperturas de procesos disciplinarios u otras manifestaciones similares.

33. Subsidiariamente, solicitó que se confirme la decisión de declarar
impróspera la relación laboral en los periodos anteriores al 1 de enero de 2013,
dado que no existe sustento probatorio. Asimismo, que se revoque la condena
relativa a la realización de los aportes a pensión de la demandante en los
períodos reconocidos, por no probarse los aportes realizados que realizó o las
diferencias en su cotización.

Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

34. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo6.

35. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del
Código General del Proceso7, la competencia del juez de segunda instancia está

6 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
7 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.»
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circunscrita solamente a lo expuesto por el apelante, pero cuando ambas partes
hayan apelado toda la sentencia o cuando quien no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitación.

36. En ese sentido, comoquiera que solamente apeló la parte demandada, la
resolución del caso en esta instancia se ceñirá a los argumentos expuestos en el
recurso de alzada.

2.2. Problema jurídico

37. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, el
problema jurídico se contrae a resolver los siguientes interrogantes:

38. ¿Entre la señora Mercedes Lucrecia Bastidas Tulcán y la Empresa Social
del Estado Hospital Civil de Ipiales existió una relación laboral entre el 1 de enero
de 2013 y el 31 de diciembre 2016 por acreditarse la continua dependencia en
la prestación del servicio?

39. De probarse lo anterior, se estudiará si sobre tal vínculo acaeció en todo
o en parte el fenómeno de la prescripción trienal y si la parte actora tiene derecho
al pago de las prestaciones sociales invocados en la demanda.

2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente

40. En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.
41.

42. En lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios el numeral
3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, señala que no son fuente de una
relación laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones
sociales; sin embargo, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte
Constitucional ha admitido que tal disposición no es aplicable cuando se
demuestran los elementos configurativos de una relación laboral, a saber: la
subordinación continuada, la prestación personal del servicio y la remuneración.

43. En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la
Sección Segunda del Consejo de Estado reiteró ciertos criterios elaborados por
la jurisprudencia para identificar, en el marco de los contratos de prestación de
servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto requisito sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:

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i) el lugar de trabajo, ii) el horario de las labores, iii) la dirección y control efectivo
de las actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi o
con la inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o
disciplinario de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a desarrollar
correspondan de manera idéntica, semejante o equivalente a las que
tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral5.

44. En ese orden de ideas, cuando se acredite que el servicio se prestó de
manera personal, fue remunerado y en el desarrollo del mismo se siguieron - en
cualquier momento -órdenes o instrucciones, -en cuanto al modo, tiempo o
cantidad de trabajo-, y/o el
contratante impuso reglamentos al contratista, que desbordan la
coordinación que debe existir entre ellos a la hora de ejecutar el objeto
contractual, se da paso a la continuada dependencia propia de los vínculos
de trabajo y se configura la relación laboral encubierta, pues el contratista no
ejerció su labor con independencia.

2.4. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico

45. Con el material probatorio allegado al proceso, se evidencia que la
demandante demostró su prestación personal de su servicio en favor de la
Empresa Social del Estado Hospital Civil de Ipiales entre el 1 de enero de 2013
y el 31 de diciembre de 2016 como auxiliar administrativa y auxiliar en
facturación. Dicha información se extrae de los contratos de prestación de
servicios, cuya discriminación en cuanto a los extremos, objetos y sumas
recibidas por ella se realiza de la siguiente forma:

No. Objeto contratado Inicio Finalización Valor
Contrato
189 de El contratista, se compromete a 1 de enero de 30 de junio de $5.603.412
20138 prestar los servicios como auxiliar 2013 2013
499 de administrativo con disposición para 1 de julio de 2013 31 de diciembre $5.603.412
20139 cubrir 192 horas meses presenciales, de 2013
con base en agenda concertada
periódicamente
254 de El contratista, se compromete a 1 de enero de 31 de diciembre $11.655.096
201410 prestar los servicios como auxiliar de 2014 de 2014
facturación.
220 de 1 de enero de 31 de marzo de $3.473.880
201511 2015 2015

8 Expediente digital visible en el Índice 02 del aplicativo SAMAI – segunda instancia – 01 CUADERNO 1 –

Pág. 139
9 Expediente digital visible en el Índice 02 del aplicativo SAMAI – segunda instancia – 01 CUADERNO 1 –

Pág. 147
10 Expediente digital visible en el Índice 02 del aplicativo SAMAI – segunda instancia – 01 CUADERNO 1 –

Pág. 155
11 Expediente digital visible en el Índice 02 del aplicativo SAMAI – segunda instancia – 01 CUADERNO 1 –

Pág. 163
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79 de El contratista, se compromete a 1 de abril de 2015 31 de diciembre $10.439.640
201512 prestar sus servicios como auxiliar de 2015
300 de administrativo 1 de enero de 31 de diciembre $14.476.296
201613 2016 de 2016

46. Por otra parte, la contraprestación, que se refiere a los emolumentos
recibidos por la contratista durante la ejecución de las actividades, se acredita
con las cláusulas de los contratos de prestación de servicios que detallan los
honorarios recibidos.

47. En cuanto al elemento esencial de la relación laboral, esto es, el de la
continuada subordinación y dependencia, se recuerda que consiste en la
facultad que le asiste al empleador para exigirle al trabajador el cumplimiento de
órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo,
e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración
del contrato.

48. En el caso concreto, se deben analizar las pruebas para determinar si la
contratista estuvo subordinada a la Empresa Social del Estado Hospital Civil de
Ipiales en la ejecución de los contratos. Para ello se tendrán en cuenta los
criterios establecidos en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021.

49. En esos términos, con las pruebas documentales mencionadas se
constata que, como lugar de trabajo, la actora tuvo las instalaciones de la
Empresa Social del Estado Hospital Civil de Ipiales.

50. En relación con el horario de labores, la Sala advierte que las pruebas
allegadas al expediente permiten acreditar la forma en que la demandante prestó
el servicio, conforme se detalla a continuación:

51. La testigo Grace Mercedes Bolaños manifestó que, al igual que la actora,
prestó sus servicios en la ESE como auxiliar administrativa; que ambas cumplían
con el objeto contractual de lunes a jueves de 7:00 a.m. – 12:00 p.m. y de 2:00
p.m. – 6:00 p.m., y los viernes de 7:00 a.m. – 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. – 5:00
p.m.14.
52. Por su parte, al señor José Luis Benavides Guerrero no se le interrogó
directamente sobre el horario de servicio de la demandante, sino por el horario
general de los auxiliares administrativos, frente a lo cual respondió: «Pregunta:
¿cuál era el horario de trabajo que manejaban los auxiliares administrativos? Contestó:
El horario de trabajo era el general para todos los del área administrativa, porque allá

12 Expediente digital visible en el Índice 02 del aplicativo SAMAI – segunda instancia – 01 CUADERNO 1 –

Pág. 171
13 Expediente digital visible en el Índice 02 del aplicativo SAMAI – segunda instancia – 01 CUADERNO 1 –

Pág. 177
14 Al respecto, la testigo dijo: «Pregunta: ¿Tenía un horario la señora? Contestó: Sí, cumplíamos horario de

7 a 12, de lunes a jueves, de 7 a 12, de 2 a 6. Y los viernes de 7 a 12 y de 2 a 5».
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hay asistenciales que son diferentes. Entonces la del área administrativa era de 7 a 12
y de 2 a 6 de la tarde, excluyendo el viernes que se salía a las 5 de la tarde».

53.
Así las cosas, con las manifestaciones de esos testigos se deduce que la
señora Bastidas Tulcán prestó sus servicios de lunes a jueves entre las 7:00 a.m.
– 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. – 6:00 p.m. y los viernes de 7:00 a.m. – 12:00 p.m. y
de 2:00 p.m. – 5:00 p.m.

54. No obstante, para esta Subsección —a diferencia de lo sostenido por el a
quo— el cumplimiento de una franja horaria predeterminada no puede, por sí sola
y de forma aislada, configurar el elemento de subordinación. Por el contrario,
como lo ha precisado esta Sala en casos precedentes, el cumplimiento del
horario debe ser entendido, en los contratos de prestación de servicios, como un
parámetro lógico que guarda relación con la coordinación existente entre el
contratista y el contratante a fin de lograr la correcta ejecución del objeto
convenido15.

55. En cuanto a la dirección y control efectivo de las actividades a
ejecutar, es de reiterar que el control y manejo directo de la entidad contratante
sobre las actividades ejecutadas por el contratista resultan ser un requisito
fundamental a efectos de constatar la existencia o no del elemento de
subordinación. De forma que, para probar la existencia de la relación laboral
encubierta, debe la parte demandante probar que se encontraba dentro del
círculo rector, disciplinario y organizativo de la entidad, a modo tal que se
concluya que las actividades ejecutadas eran dirigidas de manera contundente
por la entidad contratante.

56. La Empresa Social del Estado Hospital Civil de Ipiales, en el recurso de
apelación, sostuvo que las pruebas aportadas al proceso fueron insuficientes
para demostrar la relación laboral encubierta declarada en primera instancia. En
detalle, explicó que no se valoraron correctamente los testimonios y no se
aportaron documentos que demuestren indicios de subordinación ejercidos sobre
el servicio de la demandante.

57. Para la Sala, le asiste razón a la parte recurrente, pues del análisis en
conjunto del material probatorio no se desprende que los funcionarios de la ESE
ejercieran dirección y control efectivo sobre las actividades de la señora Bastidas
Tulcán. Por lo tanto, no se extraen los componentes de juicio necesarios que
determinen la existencia del elemento de subordinación en el caso concreto.

58. En efecto, de los testimonios se tiene que la señora Grace Mercedes Bolaños
Bustos al interrogársele sobre si en el cumplimiento del servicio tanto ella como
la demandante estaban supervisadas o, en cambio, eran autónomas, dijo lo

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia tres (3) de octubre de dos mil veintidós

(2022). Rad. 25000234200020130457501 (2611-2016) C.P: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS.
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siguiente: «Contestó: No, en cada área, pues estaba el jefe inmediato, que era el que
nos supervisaba, pues todo el trabajo».

59.Posteriormente, al ser consultada sobre los jefes que tuvo la actora durante
la ejecución del contrato, señaló: «Pregunta: Pero hablando de la señora
demandante, ¿cuáles eran o cuáles fueron los jefes que ella tuvo cuando desarrolló su
trabajo? Contestó: Ya, mientras estuvo en auditoría, estuvo con la doctora Nubia
Montalvo, que fue la jefe inmediata de ella. Después pasó a facturas, pasó a almacén,
que estuvo con la doctora María Eugenia (…) no recuerdo muy bien el apellido. Después
pasó a facturación con Luis Carlos Obado. Y después volvió a auditoría, que ella estuvo
con Giovanni» (Sic en la cita).

60. Sobre las funciones de dichos jefes, la testigo expresó: «Pregunta: Ellos eran
sus jefes inmediatos, ellos en relación con el trabajo de la señora, ¿qué función tenían
esos jefes? O sea, ¿cuál era la función en relación con ellos? O la relación pues digamos,
laboral. Contestó: O sea, como jefes inmediatos ellos la supervisaban, supervisaban su
trabajo, el horario de entrada y salida, lo mismo que los uniformes, que cumpliera con
sus labores. Pregunta: ¿Y los permisos? Contestó: Igual. Ellos les otorgaban los
permisos».

61. Por su parte, el señor José Luis Benavides Guerrero manifestó que era
responsable del área de archivo de historias clínicas, y que, aunque no fue jefe
directo de la señora Bastidas Tulcán, sus funciones estaban relacionadas, en
detalle dijo: «(…) No fui jefe, sino que tuve alguna relación en el trabajo porque de mí
dependía lo que es el archivo de historias clínicas y el trabajo de facturación y auditoría
de historias tenía mucha relación con mi oficina» (sic).

62. Más adelante, el testigo indicó16 que las funciones realizadas por las
auxiliares administrativas eran supervisadas por la dependencia en donde
cumplieran sus obligaciones, en concreto dijo: «Pregunta: ¿Quién era la persona
encargada o cómo se hacía la supervisión de las funciones que desarrollaba cada
auxiliar? Contestó: Pues cada auxiliar dependía de cada jefe de oficina y lógicamente
quien le controlaba era el jefe inmediato». Y cuando se le interrogó sobre eventuales
permisos del personal en la entidad, respondió: «Pregunta: Cuando un auxiliar
administrativo tenía alguna calamidad doméstica, tenía o sufría alguna enfermedad,
¿cómo se manejaba la situación, ya sea para pedir permiso o para no asistir a la jornada
de trabajo? Contestó: Eso tenía que solicitarlo al jefe inmediato, solicitarle el permiso
para no asistir o para salir, si era el caso que ya se encontraba en la oficina» (sic).

63. Del análisis de los testimonios se observa que, si bien las declaraciones en
conjunto revelan que las actividades realizadas por las auxiliares administrativas
eran supervisadas por personal de la entidad, concretamente no se aportaron
detalles que evidencien direccionamientos y controles sobre las actividades
ejecutadas por la demandante.

16 José Luis Benavides Guerrero

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64. Nótese que la señora Bolaños Bustos indicó que las actividades de la actora
eran supervisadas por funcionarios de la entidad; sin embargo, no precisó de
forma específica en qué consistía dicha supervisión en cuanto a la cantidad,
tiempo, método o servicios de la demandante. Con lo cual, no es posible
establecer de qué modo tales supervisiones pudieron anular la autonomía de esta
última.

65. Además, a pesar de que la testigo Bolaños Bustos dijo que cumplió las
mismas funciones que la demandante —lo que justificaría su conocimiento de las
condiciones del servicio— lo cierto es que en su relato también afirmó que
prestaron sus servicios en áreas diferentes17. Situación que, para la Subsección,
refuerza el hecho de que no detallara con suficiencia y precisión las funciones de
la actora y, más aún, la forma concreta en que su servicio pudo haber sido
subordinado.

66. Por otro lado, el señor Benavides Guerrero sobre la demandante solo indicó
que no fue su jefe y que las actividades de ambos en cierto tiempo estaban
parcialmente relacionadas. Sin embargo, más allá de eso, solo explicó de manera
general y, sin hacer alusión directamente a las actividades de la actora, que el
servicio de los auxiliares administrativos era supervisado por el jefe de cada
oficina. Indicaciones que, dada su impersonalidad y el nulo detalle, resultan
igualmente precarios para probar la pretendida relación laboral encubierta.

67. Asimismo, si bien ambos testigos mencionaron la existencia de permisos, no
aludieron de manera directa si fueron conocedores de casos en donde la
demandante los hubiese solicitado a algún personal de la entidad, o que estos
últimos se los concedieran o negaran.

68. Tampoco de las declaraciones se extrae la existencia de eventuales llamados
de atención, pues la señora Bolaños Bustos al interrogársele sobre este particular
dijo: «Pregunta: ¿Y usted sabe si la señora Mercedes Lucrecia fue objeto alguna vez de
llamado de atención por el uso del uniforme o por no cumplimiento del horario? Contestó:
Que tenga conocimiento, no» (sic); y el señor Benavides Guerrero, en similar
sentido, manifestó: «Pregunta: ¿Usted sabe si a doña Mercedes, en el transcurso de
sus labores y durante el tiempo que desempeñó su trabajo, recibió algún llamado de
atención o algunas recomendaciones de las personas de cómo tenía que ejercer su
trabajo? Contestó: Que conozca como llamados de atención… No tengo conocimiento
de que haya tenido eso» (sic).

69. Y aunque los declarantes indicaron que para la prestación del servicio en la
entidad era necesaria la utilización de uniformes18, contrario a lo establecido por

17 En particular, la testigo sobre este aspecto dijo lo siguiente: «No, las dos estábamos contratadas como

auxiliares administrativas. Teníamos el mismo valor, aunque trabajábamos en secciones diferentes, pero
nuestro contrato siempre fue como auxiliares administrativas».
18 En particular la testigo Bolaños Bustos dijo: «Teníamos que llevar un traje, para cada día era un color

diferente, el lunes negro, el martes azul, los miércoles café, los jueves no recuerdo el color, y los viernes ya
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el a quo, tales elementos hacen parte de las regularizaciones coordinadas que
establecen las partes para lograr el cometido del contrato. En ese sentido, el
uniforme cumple el propósito de identificar al contratista con el servicio prestado,
lo relaciona con la entidad contratante, y lo diferencia de los usuarios o personal
externo de esta.

70. En cuanto a las pruebas documentales, observa la Sala que en el plenario
reposan diferentes oficios, comunicados y memoriales expedidos por la entidad
demandada, donde se emiten diferentes indicaciones para la prestación del
servicio19.

71. No obstante, dichos documentos no pueden considerarse dirigidos a la
demandante, y mucho menos como pruebas que evidencien posibles
imposiciones de la entidad sobre su servicio. Esto es así porque ninguno de esos
oficios, comunicados o memoriales fue remitido directamente a la actora, o
cuentan con su constancia de recibido.

72. En efecto, de su análisis detallado, extrae la Sala que gran parte de estos
documentos fueron emitidos al personal interno de la ESE y solo uno de ellos
cuenta con constancia de recibido, pero en la firma de la receptora se extrae el
nombre de «Amanda», quien no tiene relación directa o indirecta con el caso bajo
estudio y, por tanto, resulta irrelevante su estudio20.

73. Por lo demás, en el plenario obran los informes de ejecución contractual de
la actora en la ejecución de sus contratos en el año 201421, enero – marzo de
201522 y enero – julio de 201623; reporte de ejecución de actividades realizadas
por ciertos auxiliares administrativos (donde se detalla el nombre de la
demandante)24 y el certificado expedido por la entidad que da cuenta de las
contrataciones suscritas por la actora25. Tales documentos solo evidencian
informes y constancias de actividades realizadas, lo que en modo alguno implican
indicios de direccionamientos sobre las actividades ejecutadas.

podíamos ir con cualquier ropa». El señor Benavides Guerrero añadió: «Pues de lunes a jueves teníamos
que portar un uniforme de color diferente, hasta el jueves y el día viernes era libre (…)»
19 Expediente digital visible en el Índice 02 del aplicativo SAMAI – segunda instancia – 01 CUADERNO 1

Pág. 101 - 133
20 Concretamente se hace alusión al Comunicado No. 10 de mayo de 2014, cuya firma de constancia de

recibido sale a nombre de «Amanda» el 29 de mayo de 2014. Expediente digital visible en el Índice 02 del
aplicativo SAMAI – segunda instancia – 01 CUADERNO 1 Pág. 99
21 Expediente digital visible en el Índice 02 del aplicativo SAMAI – segunda instancia – 01 CUADERNO 1

Pág. 119
22 Expediente digital visible en el Índice 02 del aplicativo SAMAI – segunda instancia – 01 CUADERNO 1

Pág. 121
23 Expediente digital visible en el Índice 02 del aplicativo SAMAI – segunda instancia – 02 CUADERNO II

Pág. 121
24 Expediente digital visible en el Índice 02 del aplicativo SAMAI – segunda instancia – 02 CUADERNO II

Pág. 125
25 Expediente digital visible en el Índice 02 del aplicativo SAMAI – segunda instancia – 02 CUADERNO II

Pág. 133
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74. Ahora bien, en la sentencia apelada se indicó que la subordinación del
servicio también se extrae de las cláusulas contractuales; sin embargo, la Sala
se aparta de tal criterio, pues como se ha precisado en oportunidades
precedentes26, la subordinación, como elemento esencial de la relación laboral
encubierta, no debe probarse solo con las enunciaciones de los servicios
contratados, dado que de las obligaciones únicamente se extraen los parámetros
necesarios y pertinentes que deben existir entre las partes para lograr la
ejecución del objeto convenido.

75. Tampoco es de recibo la consideración según la cual la demandante fue
contratada con vocación de permanencia por la entidad, lo que conlleva a la
existencia de la relación laboral, pues debe recordarse que en la jurisdicción de
lo contencioso-administrativo quien pretenda la declaratoria de una relación
laboral encubierta con entidades del Estado debe probar que en el desarrollo de
su servicio se configuraron los tres elementos esenciales, a saber, prestación
personal del servicio, remuneración y subordinación.

76. Lo anterior, porque el ordenamiento jurídico nacional permite que las
entidades del Estado cumplan con el cometido que les fue asignado
excepcionalmente con personas distintas a las que integran su planta de
personal, mediante la suscripción de contratos de prestación de servicios,
cuando: (i) las actividades requieran conocimientos especializados o (ii) no
puedan realizarse con el personal empleado» tal y como lo prevé el artículo 32
de la Ley 80 de 1993.

77. Por consiguiente, siguiendo lo establecido en el artículo 167 del Código
General del Proceso «[…] incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de
las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen»; por lo que le
correspondía a la actora probar los supuestos de hecho de la configuración de
la relación encubierta que alegó que existió entre su persona con el ente
demandado a través de las pruebas pertinentes, suficientes y útiles del caso, tal
y como se ha sostenido la Subsección en casos precedentes27.

78. Lo anterior, pues «si bien no puede decirse que existe una prueba reina
para demostrar el elemento de la subordinación y dependencia continuada, esta
Sala si ha considerado que para acreditar este elemento de la relación laboral,
deben aportarse aquellas que permitan acreditar fehacientemente que el
contratista no ejercía su actividad, para la cual fue contratado, en forma
autónoma e independiente, sino que debía someterse ineludiblemente a las

26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia veintiocho (28) de noviembre de dos mil

veinticuatro (2024). Rad. 27001-23-33-000-2020-00175-01 (6194-2023) C.P: LUIS EDUARDO MESA
NIEVES.
27 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia

de 28 de noviembre de 2024. Expediente: 05001-23-33-000-2016-01020-01 (1379-2023). CP Luis Eduardo
Mesa Nieves.
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órdenes e instrucciones de funcionarios de la entidad, en las circunstancias de
tiempo, modo y lugar que estos impusieran»28.

79. En esa medida, no se probó la subordinación y por lo tanto, se revocará
la sentencia de primera instancia para en su lugar negar las pretensiones de la
demanda.

80. Por sustracción de materia no se estudiarán los demás problemas
jurídicos planteados.

2.5. De la condena en costas en ambas instancias

81. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

82. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento
del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

83. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

84. En el caso concreto procede la condena en costas a la parte demandante,
pues, la sentencia de primera instancia será revocada, y prosperan los reparos
del recurso en cuanto a que no se acreditó el elemento de subordinación. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la secretaría del Tribunal.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

28 Sentencia de 20 de abril de 2023; Sección Segunda, Subsección A, radicado 000 2014 00007 01 C.P

Gabriel Valbuena Hernández.
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Demandante: Mercedes Lucrecia Bastidas Tulcán

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR sentencia de fecha diecinueve (19) de enero de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, en su lugar, NEGAR las
pretensiones de la demanda; de acuerdo con las razones expuestas en la parte
motiva.

SEGUNDO: CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte demandante,
por lo ya dicho.

TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el
expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

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