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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2018-02389-01

Fecha
27 de junio de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2018-02389-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia de 8 de agosto de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará de la siguiente forma: TERCERO: En consecuencia, SE ORDENA al MUNICIPIO DE RIONEGRO (ANTIOQUIA), que en un término de SEIS (6) MESES, contados a partir de la notificación de esta sentencia: i) realice un estudio que permita establecer qué viviendas en la zona objeto de esta acción popular presentan pozos sépticos carentes de mantenimiento y con posibles derrames; y posteriormente ii) realice el mantenimiento de los pozos sépticos de aquellas viviendas cuyos propietarios no cuenten con los recursos económicos para el cubrimiento de su valor de contado, para lo cual analizará la estrategia más viable para su ejecución directa o a través de terceros. Todo lo anterior, de conformidad con los criterios y consideraciones expuestos en la parte motiva de esta sentencia. Asimismo, la entidad territorial deberá adelantar un análisis que permita determinar la situación socioeconómica de los integrantes del núcleo familiar de las viviendas seleccionadas, esto es, su calidad de empleado o no, si cuenta con alguna fuente distinta de recursos económicos, si se trata de padre o madre cabeza de familia, entre otros aspectos; e igualmente, establecer la edad de los integrantes del grupo familiar, es decir, si se trata de niños, adultos o personas de la tercera edad, así como, si son personas en condición de debilidad manifiesta o sujetos de especial protección constitucional, y demás características, con el fin de establecer medidas de financiamiento del valor Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 106 Núm. único de radicación: 050012333000201802389-01 del servicio de mantenimiento, mediante acuerdos de pago concertados con los usuarios y fijando para el caso de las familias más pobres subsidios que podrán ser otorgados de conformidad con las normas constitucionales, legales y reglamentarias y en el marco de los procedimientos y programas sociales con que cuente el Municipio para ello. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2018-02389-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

27 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Núm. único de radicación: 050012333000201802389-01
Actores: Felipe José Mercado Múnera, Leydy Tatiana García Henao, Lina Marcela
Ramírez Otálvaro, Luz Anidia Caro Roldan, Adriana Berrio Ramírez y Víctor Manuel
Muñoz Vallejo
Demandados: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Municipio
de Rionegro, Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y
Nare - CORNARE, Departamento de Antioquia y Corporación Acueducto
Multiveredal Carmin Cuchillas Mampuesto y Anexos1
Coadyuvantes: Oveida Daza Quintero y otros2

Asunto: Resuelve los recursos de apelación interpuestos contra una sentencia
proferida en un proceso de protección de los derechos e intereses colectivos.

SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir los recursos de apelación interpuestos por la parte actora
y por el Municipio de Rionegro contra la sentencia de 8 de agosto de 2022 proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

1 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI.
2 Marco Tulio Aranda Giraldo, Yalida Armijo Agualimpia, Yaneris Mosquera Murillo, Luz Dary Vargas Ortega,

Omar Ferney Yepes Vargas, Carlos Adrián Barrera Muñetón, Gloria Inés Rojas, Beltrán de Jesús Montoya
Mejía, Luis Eduardo Castaño González, Dairo Antonio Monsalve Lezcano, Godofredo de Jesús Marulanda Soto,
María Aurora Marín, Gladys Betancur, Cristian Alfonso Jaramillo, Aura María Quintero, Hernando Betancur,
María Eugenia Betancur, Jhony Betancur, Erica Quintero, Yair Montes, José Luis Betancur, Mónica Ospina
Valencia, María Gilma García De Monsalve, Francisco Luis Monsalve García, Rubén Darío Monsalve García,
Diana Patricia Marín Monsalve, Ana Isabel Monsalve García, Gustavo Alonso Monsalve García, María Ercilia
Obando, María Teresa Castañeda Obando, Gilma Álvarez Grisales, Heriberto de Jesús Hernández, Carlos
Mario Hernández Álvarez, Claudia Edilma Ospina García, Gloria Isabel Ospina García, Nancy Del Carmen
Ospina García, John Alejandro Ospina García, Juan Guillermo Ospina García, Elena Del Carmen García García,
Mónica Cecilia Ospina García, Juan Fernando Ordoñez Rodríguez, Edison Arley Alzate Estrada, Andrés Felipe
Ospina García, Wilson Norbey Ospina García, Edison Arley Álzate Estrada, Luis Jairo Ospina Gómez, Wilmar
Trejos Ladino, Luz Irene Ospina García y Wilfer Efrén García.

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I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Los señores Felipe José Mercado Múnera y Víctor Manuel Muñoz Vallejo; y
las señoras Leydy Tatiana García Henao, Lina Marcela Ramírez Otálvaro, Luz
Anidia Caro Roldan y Adriana Berrio Ramírez, en adelante la parte actora,
presentaron demanda reformada3 en ejercicio del respectivo medio de control contra
la Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Municipio de
Rionegro, el Departamento de Antioquia, la Corporación Autónoma Regional de las
Cuencas de los Ríos Negro y Nare – CORNARE y la Corporación Acueducto
Multiveredal Carmin Cuchillas Mampuesto y Anexos, con el objeto de obtener la
protección de los derechos e intereses colectivos: i) al goce de un ambiente
sano goce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las
disposiciones reglamentarias; ii) la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y
aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las
especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia
ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás
intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del
medio ambiente; iii) al goce del espacio público y la utilización y defensa de los
bienes de uso público; iv) la defensa del patrimonio público; v) la defensa del
patrimonio cultural de la Nación; vi) la seguridad y salubridad públicas; vii) el acceso
a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; viii) el acceso
a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; y ix) el
derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.

Pretensiones

2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones reformadas:

“[…] XI ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES.

Con fundamento en el Art. 165 del CPACA, y 88 del CGP, acumulo las pretensiones
que enlisto a continuación, fundamento de los hechos y las pruebas aportadas y
solicitadas en el presente proceso, en aras (sic) la protección de los derechos e
intereses colectivos y del medio ambiente, fundamentales, y constitucional y
convencionalmente protegidos.

1. Que se declare solidariamente responsables al Municipio de Rionegro Antioquia;
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare
CORNARE, el Departamento de Antioquia, y el Ministerio del Medio (sic) Ambiente y
3 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: 1_ED_001DemandaAccionPopular.pdf(.PDF)

NroActua 2.

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Desarrollo Sostenible; de la contaminación ambiental de las fuentes hídricas
tributarias de la cuenca del Rio Negro, en inmediación de Vereda las Cuchillas de San
José, Sector Fontibón -Laja y el Centro Poblado del Callejón de los González,
constituyéndose en una afectación a los derechos e intereses colectivos y del medio
ambiente, aquí invocados, a los derechos fundamentales de los residentes del sector,
y a los demás bienes y derechos convencional y constitucionalmente amparados.

1.1. Que de acuerdo con la declaración anterior, se ordene a las entidades
demandadas en forma inmediata, hacer cesar el peligro, la contaminación ambiental
y el riesgo inminente para residentes de los Sectores de las Veredas las Cuchillas de
San José, Sector Fontibón -Laja y el Centro Poblado del Callejón de los González,
por contaminación de las fuentes hídricas del sector.

1.2. Dada la afectación de las fuentes hídricas de la región, que son triburias (sic) del
RIO negro, se le ordene a las entidades accionadas la realización del alcantarillado
del sector San José, Fontibón, la Laja y el Centro Poblado Suburbano del Callejón de
los González, respetando las disposiciones jurídicas y dando prevalencia al beneficio
de la calidad de vida de los habitantes y hacer cesar la afectación de los derechos
colectivos y del medio ambiente por contaminación directa de las fuentes hídricas de
la región, con fundamento en la normatividad en cuento a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada.

1.3. Que se le ordene a las entidades accionadas la realización de las obras de
infraestructura y urbanísticas tendientes a la descontaminación de las fuentes hídricas
ya sea que se conecte el sistema de alcantarillado Municipal o de manera subsidiaria
se realicen Plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) independientes para
estos sectores, por efecto de la inexistencia del alcantarillado en la región.

1.4. Que se determine si el sector de sector San José Fontibón -Laja y el Centro
Poblado Suburbano del Callejón de los González se encuentran familias en zona de
alto riesgo para proceder a su reubicación de las viviendas en aras de prevenir el
riesgo de la población, incluyéndolos en los programas de ejecución inmediata de
subsidios de vivienda de interés social.

1.5. Que se le ordene a las entidades accionadas se adelante un programa de
licenciamiento de alcantarillado de todas las residencias de sector San José Fontibón
-Laja y el Centro Poblado Suburbano del Callejón de los González del Municipio de
Rionegro Antioquia.

2. Que se declaren solidariamente responsables al Municipio de Rionegro Antioquia;
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare
CORNARE, y a la Corporación Acueducto Multiveredal Carmín Cuchillas Mampuesto
y Anexos “CAM” por violación a los derechos colectivos como son al acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; acceso a los servicios
públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna ya sea por acción o por
omisión.

2.1. Que se le ordene regular la estratificación del servicio de acueducto prestado por
la Corporación Acueducto Multiveredal Carmín Cuchillas Mampuesto y Anexos “CAM”
de manera específica sobre las residencias de los sectores San José, Fontibón -Laja
y el Centro Poblado Suburbano del Callejón de los González, atendiendo a la
estratificación ordenada por el Municipio de Rionegro, atendiendo a las condiciones
socioeconómicas del sector.

3. Que se le ordene a las entidades accionadas, en especial al Municipio de Rionegro
Antioquia, adelantar un estudio técnico sobre las familias del Centro Poblado Callejón
los González, a efectos de corregir la estratificación de las familias del sector impuesta
por la Corporación Acueducto Multiveredal Carmín Cuchillas Mampuesto y Anexos
“CAM” y convirtiendo en una vía de hecho y un abuso de su condición dominante.

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4. Que se le ordene a la Corporación Acueducto Multiveredal Carmín Cuchillas
Mampuesto y Anexos “CAM” la corrección inmediata de la asignación de la
estratificación en la facturación del servicio de acueducto, a los usuarios del Centro
Poblado Callejón de los Gonzales y alrededores, atendiendo a la estratificación
expedida por el Municipio de Rionegro Antioquia.

5. Que se le ordene a las instituciones públicas demandadas en especial al Municipio
de Rionegro, de conformidad al inciso segundo del Artículo 144 del CPACA,
suspender las órdenes de demolición de viviendas por infracciones urbanísticas y se
les haya iniciado proceso policivo contra sus propietarios y poseedores, sobre las
residencias de los sectores San José, Fontibón -Laja y el Centro Poblado Suburbano
del Callejón de los González, y del sector de Ato Bonito, haciendo extensiva la medida
a todo el Municipio, hasta tanto el municipio de Rionegro realice un estudio técnico y
socioeconómico de todas las familias afectadas con la medida y se haya asignado un
presupuesto para su reubicación dentro del área de influencia, a efectos de prevenir
el desplazamiento masivo de estas familias de la región, el problema social que
ocasione esta medida, y la afectación de los derechos colectivos, fundamentales y
constitucional y convencionalmente amparados.

6. Que se le ordene a las entidades públicas accionadas adelantar proyecto de
manera coordinada, para la reubicación de las familias afectadas con las medidas
administrativo-policivas en específico por los procesos de demolición de viviendas en
los sectores antes indicados, ordenando su ejecución previa a la demolición, con
miras a la protección, las condiciones de vivienda que garantice la dignidad de las
familias involucradas en es tos procesos.

7. Que se le ordene al Municipio de Rionegro la inclusión y declaratoria del Callejón
de los González, como Centro Poblado Suburbano en inmediaciones del sector
Fontibón–Laja, realizando las adecuaciones que sean necesarias del Plan de
Ordenamiento Territorial, Acuerdo 02 de 2018, por medio del cual se modifican
excepcionalmente unas normas urbanísticas del plan de ordenamiento territorial del
municipio de Rionegro - Antioquia, acuerdo 056 de 2011 y se adoptan otras
disposiciones”

8. Que se le ordene a las entidades accionadas acatar inmediatamente la orden que
su despacho le imparta y, según lo dispone el artículo 39 de la ley 472 de 1998, el
pago de costas y agencias en derecho a favor del grupo accionante, en desarrollo de
lo que, para el efecto, determine la sentencia que se profiera en el proceso.

9. Que se ordene la conformación del Comité de seguimiento para el cumplimiento
del fallo, el cual estará integrado por el juez, las partes, los intervinientes, el Ministerio
Público y demás personas jurídicas y naturales que determine su despacho.

PRETENSIONES SUBSIDIARIAS.

1. Con fundamento en los artículos Art. 19 de la ley 472 de 1998 en concordancia con
el Art. 151 del C.G.P. al precisar que mis mandantes que no cuentan con los recursos
necesarios para sufragar los gastos que amerite el presente proceso, solicito se le
conceda el amparo de pobreza a integrantes del extremo activo genitorio (sic)
haciéndolo extensivo al extremo interviniente, por las razones antes indicadas.

2. De conformidad al parágrafo único del Art. 175 del CPACA, solicito se le ordene al
Municipio de Rionegro que remita copia de los antecedentes administrativos previos
a las órdenes de demolición de las viviendas, en el Municipio, como son:

• Copia de los actos administrativos de delegación a los funcionarios, con funciones
precisas para adelantar procesos de demolición de viviendas.
• Copia del manual de funciones de los funcionarios encargados de la práctica de
las pruebas técnicas para adelantar procesos verbales especiales que trata la ley
1801 de 2016.
• Copia de los esquemas y etapas ordenadas por el Municipio de Rionegro para
adelantar procesos verbales de la ley 1801 de 2016.

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• Remita copia de los antecedentes administrativos para la no declaratoria del Centro
Poblado Callejón de los González, como centro Rural Poblado o suburbano, en la
reforma del POT del acuerdo 056 de 2011, realizada el año 2018.
• Las medidas ambientales tendientes a la descontaminación de las fuentes hídricas
de las Veredas aledañas al Centro Poblado Callejón de los González.
• Se oficie a CORNARE, a efectos que remita copia de los actos administrativos,
contentivos de las medidas ambientales tendientes a la descontaminación de las
fuentes hídricas de las Veredas aledañas al Centro Poblado Callejón de los
González, tributarias del Rionegro.
• Se oficie la CAM, para que remita copia de los antecedentes administrativos como
estudios de estratificación dela (sic) Zona adelantados por el Municipio de Rionegro,
para poder facturar la venta del agua en el estrato cuatro.

3. Que se le ordene al Municipio de Rionegro que expida copia de los procesos de
demolición, que se adelanta en contra de los ciudadanos del Centro Poblado
Suburbano Callejón de los González, la Laja, Fontibón, y el Centro Poblado Abreo-
Alto Bonito, conocidos hasta el momento así: FELIPE JOSE MERCADO MUNERA,
LINA MARCELA RAMIREZ OTALVARO, LUZ ANIDIA CARO ROLDAN, ADRIANA
BERRIO RAMIREZ, NORA ESTELLA HENAO NOREÑA, BETSABÉ OTLVARO
OTALVARO, OLGA HELENA MUNERA ZULETA, CLAUDIA LILIANA MERCADO
MUNERA, DIEGO EUGENIO LOPEZ RIOS, JUAN FELIPE GONZALEZ, JUAN
PABLO RAMIREZ TANGARIFE, MARIA AURORA RESTREPO RUIZ, VICTOR
MANUEL MUÑOZ VALLEJO, en razón a las solicitudes que fueron radicadas en las
oficinas de correspondencia de la Alcaldía del Municipio de Rionegro el 23 de
Noviembre de 2018.

3.1. En igual sentido los procesos adelantados en el sector Alto Bonito: ELIANA
CRISTINA ARANGO OSSA, LUIS ALCIDES QUINTERO, CARLOS MARIN TORO,
LUZ YANETH RIVERA CUADROS, LUZ ELENA MAZO MARTINEZ, ANA LIBIA
QUINTERO DE QUINTERO, LUIS FELIPE PALACIOS GUZMAN, ZULEMA
MARTINEZ CASTAÑO, MARI LUZ MARTINEZ CASTAÑO, JUAN DIEGO
SEPULVEDA QUINTERO, JOSE DAVID RIOS SANCHEZ, JHON ALEXANDER
GARCIA GOMEZ.

3.2. Dada la dificultad para acceder a los expedientes, por el resto delos
demandantes, solicito se remita con destino a este proceso copia de los expedientes
sancionatorios de los aquí intervinientes ORLANDO DE JESUS CANO, MARGARITA
MARIA HINCAPIE ZAPATA, ARACELLY ALVAREZ MARIN, RUBEN DARIO
HERNANDEZ GARCIA, MARISOL RAMIREZ FRANCO, JORGE ANDRES RAMIREZ
RENDON, MARIA LUCELLY MUÑOZ DUQUE, FELIZ ANTONIO OSPINA ARCILA,
RAMIRO OSORIO ORREGO, ELSY ANDREA TAMAYO ORTIZ, MARCO TULIO
ARANDA GIRALDO, BLANCA NELLY BETANCUR DE CARDONA, LUZ VIVIANA
MANRIQUE VALENCIA, RUBEN DARIO SOTO ORREGO LUIS ALCIDES
QUINTERO, LUIS GONZALO MOLINA PEREZ, MARIA AURORA RESTREPO RUIZ,
ALEJANDRA OSPINA OSPINA, MARY LUZ LOAIZA FLOREZ,

7. (sic) Que se vincule a la Personería Municipal de Rionegro a efectos de informar a
la comunidad conforme al amparo de pobreza deprecado dentro de las exigencias de
la ley 472 de 1998 y el CGP.

8. (sic) Que se ordene INFORMAR del inicio de la presente acción a la comunidad
que eventualmente pueda estar interesada en este proceso, (artículo 21 ley 472 de
1998), lo cual se realizará mediante publicación a través de la página web de la Rama
Judicial, en un diario de circulación local a cargo del Fondo para la defensa de los
derechos e intereses colectivos, y del medio ambiente, conforme al amparo de
pobreza aquí invocado y mediante la fijación en la cartelera de la Secretaría de esta
Corporación.

9. (sic) Se ordene OFICIAR a las entidades accionadas y de manera subsidiaria al
Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos y la Defensoría del
Pueblo para que asuma los gastos conducentes a obtener las pruebas y en los demás

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gastos en que se pueda incurrir al adelantar la presente acción (artículo 71 literal C.
Ley 472 de 1998).

10. (sic) Se ordene notificar al Defensor del Pueblo (inciso segundo artículo 13 ley
472 de 1998) a través del buzón de correo electrónico para notificaciones de dicha
entidad.

11. (sic) Se ordene notificar al Representante del Ministerio Público – Procurador
Judicial Administrativo Delegado para esta Corporación (numeral 2 artículo 171
CPACA, en armonía con el numeral 3 del artículo 198 y el artículo 199).

12. (sic) A la parte accionante y accionada se ordene notificar por estados de esta
decisión en razón que por no generar un gasto ostensible correremos con el gasto de
la notificación del auto admisorio, la reforma y los anexos […]”4.

Presupuestos fácticos

3. La parte actora indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones:

4. Señaló, luego de exponer algunas normas en materia ambiental, del Sistema
Nacional Ambiental y de las autoridades competentes en ese sistema, que el objeto
del medio de control está relacionado con los siguientes aspectos: i) inexistencia del
alcantarillado para el uso residencial de los habitantes de Vereda las Cuchillas de
San José, sector Fontibón -Laja y el Callejón de Los González; ii) la estratificación
exagerada en los servicios de acueducto para las familias asentadas en el sector;
iii) las órdenes de demolición de viviendas por procesos adelantados por parte del
Municipio de Rionegro; y iv) la exclusión de del Callejón Los González como centro
poblado.

4.1. Indicó que los habitantes de la Vereda las Cuchillas de San José, sector
Fontibón - Laja y el Callejón de Los González no cuentan con el servicio de
alcantarillado, originando esta carencia de este servicio público contaminación a las
fuentes hídricas, constituyéndose en una amenaza tanto para los actuales
pobladores y residentes de la zona como para la comunidad en general en el sentido
que se están contaminando de manera directa e indirecta las fuentes hídricas
tributarias de la cuenca del Rionegro, cuyos afluentes sirven para utilizarse en los
cultivos del sector y en algunos casos para el mantenimiento y cuidado de
semovientes, afectándose de manera indirecta la economía de la región. Agregaron
que es necesaria la instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales y que
la situación denota omisión de diversas autoridades.

4 Transcripción literal del texto de la reforma de la demanda. Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo

denominado: 1_ED_001DemandaAccionPopular.pdf(.PDF) NroActua 2.

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4.2. Afirmó que el Municipio de Rionegro ha omitido ejercer el debido control a la
Corporación Acueducto Multiveredal Carmin Cuchillas Mampuesto y Anexos - CAM,
empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios, en especial, del servicio de
acueducto. Agregó, por un lado, que, hasta la fecha, ha establecido la estratificación
sin control alguno, constituyéndose un hecho que amenaza con la prestación de los
servicios de manera eficiente y oportuna y constituyéndose en un acto de cobro
excesivo que pone en peligro la estabilidad económica de la región; y, por el otro,
que la empresa de servicios públicos liquida las facturas aplicando una
estratificación cuatro, pese a que otras empresas de servicios públicos en la zona
liquidan los servicios aplicando el estrato dos.

4.3. Manifestó que, de un total de 60 viviendas del sector del Callejón de Los
González, aproximadamente, entre cuarenta y treinta dan cuenta de la aplicación
de políticas restrictivas en cuanto a los procesos de adecuación, especialmente de
viviendas de los estratos uno y dos, con antigüedades relevantes, en las que se han
iniciado procesos urbanísticos y se han adoptado medidas de demolición, en la
mayoría de los casos por mejoras no suntuosas pero necesarias. Agregó que: i) en
la mayoría de casos los procesos y las etapas probatorias se han adelantado a
espaldas de los afectados, con violación del debido proceso; ii) se han adelantado
procesos en relación con viviendas, por infracciones superiores a 3 años, superior
al plazo previsto en el artículo 52 de la Ley 1437, con el correspondiente impacto en
las familias de escasos recursos en relación con las cuales se han ordenado
demoliciones; iii) los implicados no conocen como prevenir un proceso
sancionatorio; y iv) la propiedad privada goza de amparo legal y constitucional, y en
el caso de la vivienda es fundamental para el disfrute de todos los derechos.

4.4. Señaló que los residentes del Callejón de Los González fueron excluidos de los
ajustes al Acuerdo núm. 056 de 2011, por medio del cual se adopta la revisión y
ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial para el Municipio de Rionegro, en el
sentido que los residentes, pese a cumplir con los requisitos para ser un Centro
Poblado Suburbano, fueron excluidos y no tenidos en cuenta como tales.

Contestaciones de la demanda

5. La Corporación Acueducto Multiveredal Carmín, Cuchillas, Manpuesto
y Anexos - CAM5 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas,
así:

5 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 106 a 114 del cuaderno núm. 1 del expediente.

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Núm. único de radicación: 050012333000201802389-01

5.1. Manifestó que la acción popular es improcedente porque no está probada la
vulneración o amenaza de los derechos e intereses colectivos. Agregó, por un lado,
que, de conformidad con el artículo 2.3.1.3.2.2.6 del Decreto Reglamentario Único
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio núm. 1077 de 26 de mayo de 20156, existen
diversas medidas orientadas a garantizar la prestación del servicio de alcantarillado,
entre ellas la de contar con un sistema de tratamiento y disposición final adecuada
de aguas residuales debidamente aprobado por la autoridad ambiental, en aquellos
eventos en que no existe red de alcantarillado en la zona del inmueble; y, por el
otro, que los demandantes cuentan con sistemas alternativos como pozos sépticos
y que ellos son garantes del cuidado, mantenimiento y conservación, de
conformidad con el artículo 21 del Decreto 302 de 25 de febrero de 20007, por
cuanto se trata de sistemas propios de la red interna y, en ese orden, que nadie
puede alegar en su favor su propia culpa en tanto la naturaleza del daño que alegan
es provocado por su propia acción y omisión.

5.2. Señaló que a esa Corporación no le es atribuible responsabilidad en torno a
la problemática relacionada con la estratificación e indica que la Ley 142 de 11 de
julio de 19948, en especial su artículo 104, establece los recursos con que cuentan
los usuarios para la revisión del estrato urbano o rural y la competencia del municipio
en torno al asunto.

5.3. Afirmó que la Corporación Acueducto Multiveredal Carmín, Cuchillas,
Manpuesto y Anexos no pertenece al SINA, sino que se trata de un prestador de
servicios públicos domiciliarios de carácter privado que participa en el mercado de
los servicios públicos domiciliarios con propósito oneroso y que presta
exclusivamente los servicios públicos de acueducto y aseo y no el de alcantarillado.
Agregó que son los mismos usuarios los que cuentan con sistemas propios de
alcantarillado, como pozos sépticos, y que son ellos los encargados del
mantenimiento porque no pagan una tarifa para que otro lo realice.

5.4. Por último, se opuso a las pretensiones de la demanda y presentó las
excepciones de inexistencia de acciones u omisiones por parte de la Empresa y la
de falta de legitimación en la causa por pasiva; o que se absuelva de
responsabilidad.

6 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”.
7 “Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en materia de prestación de los servicios públicos domiciliarios

de acueducto y alcantarillado”.
8 “por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”.

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6. La Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro -
Nare9 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas con
fundamento en los siguientes argumentos10:

6.1. Señaló que requirió información a los actores en torno a las quejas
presentadas con el propósito de realizar la verificación de las zonas precisas de
contaminación, teniendo en cuenta que el área informada es muy amplia, pero que
no obtuvo respuesta.

6.2. Manifestó que en este caso se configura una falta de legitimación en la causa
por pasiva porque no es competente ni para prestar servicios públicos domiciliarios
ni para garantizar el saneamiento básico de esa población, lo cual, por el contrario,
sí corresponde al Municipio, en el marco del Plan Maestro de Acueducto y
Alcantarillado.

6.3. Afirmó que los asentamientos urbanísticos acelerados sin licenciamiento de
construcción pueden ser un factor que incide en las situaciones que expone la parte
actora, para lo cual es necesario que se realice el “control/sanción urbanística” por
parte de la autoridad competente, a saber, el Municipio, en los términos de la Ley
388 de 18 de julio de 199711.

7. El Municipio de Rionegro12 contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes argumentos13:

7.1. Explicó que los documentos con que la parte actora pretendía entender
superado el requisito de procedibilidad no contenían las pretensiones de la
demanda.

7.2. Se pronunció sobre los hechos de la demanda en el sentido de explicar que
el Callejón de Los González, ubicado en zona rural, no cumple con las normas que
le permitan tener la característica de centro poblado -Acuerdo núm. 002 de 2018 y
Acuerdo 056 de 2011, artículo 14 de la Ley 388- y que la acepción más adecuada
para esa zona es la de “asentamiento subnormal o ilegal”. Indicó que en esa zona
rural se han adoptado mecanismos individuales y comunitarios para la disposición
final o tratamiento de aguas residuales.

9 Por intermedio de apoderado.
10 Cfr. Folios 131 a 133 del cuaderno núm. 1 del expediente.
11 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
12 Por intermedio de apoderado.
13 Cfr. Folios 302 a 310 del cuaderno núm. 2 del expediente.

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7.3. Señaló que las personas allí asentadas pretenden alegar un derecho que han
obtenido con violación de normas y que, en efecto, el Municipio ha sido vigilante y
ha impuesto, mediante procesos administrativos, medidas urbanísticas contra, entre
otros, los hoy actores populares, señores Felipe José Mercado Múnera y Víctor
Manuel Muñoz Vallejo; y señoras Lina Marcela Ramírez Otálvaro, Luz Anidia Caro
Roldan y Adriana Berrio Ramírez, con la claridad de que no se encontró proceso
contra Leydy Tatiana García Henao.

7.4. Manifestó que ha realizado diversas acciones afirmativas en favor de la
comunidad ubicada en los sectores señalados por los actores populares y
orientadas a eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural o económico
que los afecta.

7.5. Afirmó que los asentamientos subnormales constituyen una problemática
compleja relacionada con la venta de lotes en zonas que no cumplen condiciones
mínimas para ser equipadas con vías y redes para servicios públicos domiciliarios
y generan desorden en el crecimiento urbano, con las correspondientes
complejidades de atención a las necesidades básicas de los habitantes que se
asientan en estas zonas. En ocasiones, estos asentamientos tienen lugar en zonas
de alto riesgo o de riesgo alto no mitigable.

8. La Nación - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible14 contestó la
demanda y se opuso a las pretensiones formuladas, así15:

8.1. Indicó que, teniendo en cuenta la problemática planteada, que se resume en
los cuatro puntos indicados en la demanda, no le asiste legitimación en la causa por
pasiva, ni de hecho ni material, porque no es la entidad que, desde sus funciones y
competencias, es la llamada a adoptar medidas en relación con las pretensiones de
la demanda. Agregó que la demanda no contiene argumentación ni por acción u
omisión, que sea atribuible a esa cartera ministerial ni se probó el daño, la
responsabilidad y el nexo causal del Ministerio.

8.2. Solicitó que no se acceda al amparo de pobreza porque no se probaron los
supuestos previstos en la norma y manifestó que, teniendo en cuenta la
problemática planteada, la situación estaría relacionada más con otra cartera
ministerial, como es el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

14 Por intermedio de apoderado.
15 Cfr. Folios 365 a 376 del cuaderno núm. 2 del expediente.

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9. Presentaron coadyuvancias a la parte actora, las siguientes personas:
Oveida Daza Quintero, Marco Tulio Aranda Giraldo, Yalida Armijo Agualimpia,
Yaneris Mosquera Murillo, Luz Dary Vargas Ortega, Omar Ferney Yepes Vargas,
Carlos Adrián Barrera Muñetón, Gloria Inés Rojas, Beltrán de Jesús Montoya Mejía,
Luis Eduardo Castaño González, Dairo Antonio Monsalve Lezcano, Godofredo de
Jesús Marulanda Soto, María Aurora Marín, Gladys Betancur, Cristian Alfonso
Jaramillo, Aura María Quintero, Hernando Betancur, María Eugenia Betancur, Jhony
Betancur, Erica Quintero, Yair Montes, José Luis Betancur, Mónica Ospina Valencia,
María Gilma García De Monsalve, Francisco Luis Monsalve García, Rubén Darío
Monsalve García, Diana Patricia Marín Monsalve, Ana Isabel Monsalve García,
Gustavo Alonso Monsalve García, María Ercilia Obando, María Teresa Castañeda
Obando, Gilma Álvarez Grisales, Heriberto de Jesús Hernández, Carlos Mario
Hernández Álvarez, Claudia Edilma Ospina García, Gloria Isabel Ospina García,
Nancy Del Carmen Ospina García, John Alejandro Ospina García, Juan Guillermo
Ospina García, Elena Del Carmen García García, Mónica Cecilia Ospina García,
Juan Fernando Ordoñez Rodríguez, Edison Arley Alzate Estrada, Andrés Felipe
Ospina García, Wilson Norbey Ospina García, Edison Arley Alzate Estrada, Luis
Jairo Ospina Gómez, Wilmar Trejos Ladino, Luz Irene Ospina García y Wilfer Efrén
García. Algunos replicaron las pretensiones y hechos de la demanda y otros
manifestaron que han sido “víctimas” de procesos urbanísticos y algunos de
medidas de demolición de sus viviendas, por presuntas infracciones urbanísticas,
por arreglos que hicieron sin previo aviso a la autoridad territorial.

10. El Departamento de Antioquia no contestó la demanda.

La audiencia de pacto de cumplimiento

11. El Tribunal Administrativo de Antioquia celebró la audiencia de Pacto de
Cumplimiento el 9 de julio de 201916, sin que existiera propuesta de acuerdo, por lo
cual se declaró fallida la posibilidad de pacto de cumplimiento.

Sentencia proferida, en primera instancia

12. El Tribunal Administrativo de Antioquia17, mediante sentencia de 8 de agosto
de 2022, resolvió:

“[…] PRIMERO: DECLÁRESE PROBADA la excepción de FALTA DE
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA propuesta por el MINISTERIO DEL
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.

16 Cfr. Folios 486 a 489 del cuaderno núm. 2.
17 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: “13ED_20SENTENCIAPRIMERAIN.pdf”.

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SEGUNDO: DECLÁRASE que los derechos colectivos al goce de un ambiente sano,
a la seguridad y salubridad públicas, al acceso a una infraestructura que garantice la
salubridad pública, al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea
eficiente y oportuna, de los habitantes de las veredas Cuchillas de San José, Fontibón
– La Laja y el Callejón de los González del Municipio de Rionegro (Ant.) están siendo
amenazados y vulnerados en virtud de las omisiones de las entidades demandadas,
de acuerdo a las consideraciones antes expuestas.

TERCERO: En consecuencia, SE ORDENA al MUNICIPIO DE RIONEGRO (ANT),
que en un término de SEIS (6) MESES, proceda con la realización del mantenimiento
de los pozos sépticos de aquellas viviendas cuyos propietarios no cuenten con los
recursos económicos para el cubrimiento de su valor de contado, para lo cual
analizará la estrategia más viable para su ejecución directa o a través de terceros,
para lo cual, previamente efectuará un estudio que permita establecer qué viviendas
presentan pozos sépticos carentes de mantenimiento y con posibles derrames, todo
ello de conformidad con los criterios analizados en la parte considerativa de este fallo.

Así mismo, deberá la entidad territorial adelantar un análisis que permita determinar
la situación socioeconómica de los integrantes del núcleo familiar de las viviendas
seleccionadas, esto es, su calidad de empleado o no, si cuenta con alguna fuente
distinta de recursos económicos, si se trata de padre o madre cabeza de familia, etc;
igualmente, establecer la edad de los integrantes del grupo familiar, es decir, si se
trata de niños, adultos o personas de la tercera edad, así como, si son personas en
condición de debilidad manifiesta o con especial protección constitucional, y demás
características, con el fin de establecer medidas de financiamiento del valor del
servicio de mantenimiento, mediante acuerdos de pago concertados con los usuarios
y fijando para el caso de las familias más pobres un subsidio que cubra al menos el
50% del valor, ello con sujeción a los programas sociales con los que cuente el ente
territorial, ahora que, en caso de no contar con ninguno el valor completo del servicio
deberá será (sic) cancelado por la persona o familia que se encuentre ocupando el
respectivo bien inmueble.

Ahora bien, con el fin de controlar que el beneficio sea recibido por quienes realmente
lo necesitan, se programará una revisión periódica en un término prudencial, con la
que se verifique que se mantengan las condiciones socioeconómicas que habilitaron
el beneficio y, en consecuencia, se otorgue hasta cuando se compruebe que el núcleo
familiar cuente con los recursos necesarios para contratar el servicio y asumir el 100%
del valor.

CUARTO: SE ORDENA a CORNARE el monitoreo de las acciones de la entidad
territorial, tendientes a mantener en correcto estado los pozos sépticos de los sectores
afectados, a fin de advertir de manera oportuna eventuales derramamientos que
puedan convertirse en focos de contaminación de las fuentes hídricas allí presentes
o en factor de riesgo para la salud de la comunidad.

QUINTO: SE ORDENA al MUNICIPIO DE RIONEGRO, ejecutar en un término de
SEIS (6) MESES la homologación de la estratificación en las veredas Cuchillas de
San José, Fontibón – La Laja y en el Callejón de los González, atendiendo las
realidades socioeconómicas que rodean a los grupos familiares asentados en la zona,
para lo cual adelantará las gestiones del caso ante el COMITÉ PERMANENTE DE
ESTRATIFICACIÓN, para lo cual SE ORDENA al DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA ofrecer el apoyo técnico y financiero que sea necesario.

Igualmente, se impone a las empresas prestadoras de servicios públicos de la zona,
entre ellas a la CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL CARMÍN,
CUCHILLAS, MAMPUESTOS Y ANEXOS – CAM, el cumplimiento de las
obligaciones que por ley se encuentran a su cargo, en lo que concierne a la
estratificación de los diferentes sectores de la municipalidad, en un término prudencial
para la ejecución de la homologación de la estratificación impuesta en la presente
acción popular.

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Dicha estratificación, una vez realizada, deberá reflejarse de manera inmediata en la
facturación de los servicios públicos, sin que sean admisible excusas para justificar
su retraso, lo cual se dejará claro por parte del MUNICIPIO DE RIONEGRO mediante
las comunicaciones o reuniones del caso con las empresas prestadoras de servicios
públicos con operación en la zona.

SEXTO: Niéguense las demás súplicas de la demanda.

SÉPTIMO: Sin condena en costas por lo expuesto en la parte motiva.

OCTAVO: Una vez ejecutoriada la presente providencia, REMÍTASE copia de esta
providencia a la Defensoría del Pueblo, para que sea incluida en el registro público
centralizado de las acciones populares, previsto en el artículo 80 de la Ley 472 de
1998.

NOVENO: En firme este proveído, en caso de no impugnarse, archívese la actuación
[…]”.

Consideraciones del Tribunal

13. El Tribunal planteó los siguientes problemas jurídicos:

“[…] Primero: ¿Se encuentran vulnerando el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio Viceministerio de Aguas y Saneamiento, la Corporación Autónoma
Regional del Quindío C.R.Q., el Departamento del Quindío, el Municipio de Armenia,
las Empresas Públicas de Armenia, la EDEQ S.A E.S.P., EFIGAS S.A E.S.P. y el
señor Julián Buendía Vásquez, los derechos colectivos a la seguridad y salubridad
pública de los habitantes del Barrio Florida Baja, así como al derecho al goce de un
ambiente sano de los habitantes del Municipio de Armenia?

Segundo: ¿Si se ordena el amparo a los derechos colectivos al medio ambiente
sano y a la salubridad y seguridad públicas, habrá lugar a ordenar se efectúe la
limpieza y descolmatación de los pozos sépticos y demás estructuras existentes en
el lugar, como medida transitoria para garantizar los derechos colectivos invocados
como quebrantados?

Tercero: ¿Habrá lugar a desplegar órdenes con miras a disponer que el Municipio
de Armenia como entidad competente para el efecto, adelante las actuaciones
administrativas a lugar para lograr la recuperación del predio, e impida que se
continúe presentando ocupación y construcciones en la zona? […]”18.

14. El Tribunal estudió el marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la
acción popular y de los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente
sano; la seguridad y salubridad públicas; a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente; el acceso a una infraestructura de servicios que garantice
la salubridad pública; el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea
eficiente y oportuna; el goce del espacio público y la utilización, la defensa de los
bienes de uso público; y la defensa del patrimonio público y del patrimonio cultural
de la Nación.

18 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
32_ED_050Sentencia1ªInstanciaTAQ.pdf(.PDF) NroActua 2.

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15. El Tribunal, luego de realizar un recuento de las pruebas documentales
solicitadas, aportadas y decretadas; y de los testimonios de Nora Estella Henao
Noreña, Betsabé Otálvaro Otálvaro, Diana Yaneth Giraldo Giraldo, Deicy Andrea
Ramírez Gallo, Diana María García Díaz, Diego Cataño Muriel, Guillermo León
Gómez Rendón, consideró que los problemas jurídicos consistían en determinar si
las siguientes cuatro temáticas en que se sustenta en forma general la demanda
amenazan o vulneran los derechos e intereses colectivos: “[…] 1) La Inexistencia
de alcantarillado para la Vereda las Cuchillas de San José, sector Fontibón – La
Laja y el Callejón de los González y la consecuente contaminación de las fuentes
hídricas que desembocan en el Río Nare. […] 2) La estratificación exagerada en
servicios de acueducto. […] 3) Los procesos sancionatorios de carácter urbanístico
y las órdenes de demolición de viviendas emitidas por el Municipio de Rionegro. […]
4) La exclusión del Callejón de los González como centro poblado suburbano […]”.

La inexistencia de alcantarillado para la Vereda las Cuchillas de San José,
sectores Fontibón – La Laja y el Callejón de Los González y la consecuente
contaminación de las fuentes hídricas que desembocan en el Río Nare

16. El Tribunal consideró que se encontraba probado que en la vereda las
Cuchillas de San José, sector Fontibón – La Laja y el Callejón de Los González
ubicados en jurisdicción del Municipio de Rionegro: i) sus pobladores cuentan con
una solución de saneamiento y manejo de aguas residuales de carácter individual
a través de la instalación de pozos sépticos en sus viviendas; ii) estos sistemas
requieren un mantenimiento que debe realizarse cada 6 meses; iii) el costo de
mantenimiento aproximado por metro cúbico es de $400.000,oo pesos M/cte o más,
llegando a tener un costo total de $1.000.000,oo pesos M/cte en algunos casos; y
iv) algunos pobladores no cumplen con el deber de mantenimiento de sus pozos
sépticos y con ocasión de ello se vierten aguas residuales o servidas en las fuentes
hídricas que pasan por la zona, lo cual ocasiona problemas ambientales y sanitarios
porque estas fuentes hídricas se conectan posteriormente con el Río Negro, del cual
se distribuye, vía acueducto, el agua para la totalidad del Municipio de Rionegro,
Antioquia.

16.1. Se consideró que era clara la problemática derivada de la falta de
mantenimiento oportuno de los pozos sépticos de algunas de las viviendas, en
especial, aquellas ubicadas en el Callejón de Los González; y explicó que, si bien,
no estaba probada una problemática ambiental, era posible establecer la existencia
de una afectación a los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la

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preservación del medio ambiente, a la seguridad y salubridad públicas que, de no
ser atendidos oportunamente, podrían generar un impacto de grandes proporciones
a los habitantes no solo de los sectores y veredas objeto de la acción, sino de los
habitantes del Municipio de Rionegro.

16.2. El Tribunal estudió las competencias de los municipios y del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio en materia de prestación y garantía de acceso a los
servicios públicos, así como la obligación de los usuarios de garantizar el
mantenimiento de las redes internas de acueducto y alcantarillado.

16.3. Estableció que el Callejón de Los González se encuentra en área rural, de
protección agropecuaria y que, por ello, se debe construir tan solo una vivienda por
hectárea, lo que implica que no es justificable o rentable la construcción de un
sistema de alcantarillado. Posteriormente, estudió los mecanismos o esquemas
diferenciales para la prestación de servicios públicos de acueducto, alcantarillado o
aseo en zonas rurales, para lo cual acudió al Plan de Ordenamiento Territorial del
Municipio de Rionegro – Acuerdo 056 de 2011, adicionado por el Acuerdo 02 de
2018 y, teniendo en cuenta que el nivel socioeconómico de los pobladores del sector
objeto de pronunciamiento no es uniforme, el Tribunal dispuso el amparo de los
derechos de los habitantes de la vereda las Cuchillas de San José, sector Fontibón
– La Laja y el Callejón de Los González y ordenó al Municipio de Rionegro: i) que,
previo los estudios correspondientes, realizara el mantenimiento de los pozos
sépticos de aquellas viviendas cuyos propietarios no cuenten con los recursos
económicos para el cubrimiento de su valor de contado, para lo cual debía analizar
la estrategia más viable para su ejecución directa o a través de terceros; ii) realizar
un análisis que permita determinar la situación socioeconómica de los integrantes
del núcleo familiar de las viviendas seleccionadas, con el fin de establecer medidas
de financiamiento del valor del servicio de mantenimiento, mediante acuerdos de
pago concertados con los usuarios y fijando para el caso de las familias más pobres
un subsidio que cubra al menos el 50% del valor y con sujeción a los programas
sociales con los que cuente el ente territorial; y iii) ordenó programar revisiones
periódicas para verificar que los beneficiarios de los subsidios mantengan las
condiciones socioeconómicas que lo habilitaron.

16.4. Por último, le ordenó a la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas
de los Ríos Negro y Nare que, en el marco de sus funciones medioambientales,
realice el monitoreo de las acciones de la entidad territorial, tendientes a mantener
en correcto estado de prestación del servicio los pozos sépticos de los sectores

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afectados, a fin de advertir de manera oportuna eventuales derrames que puedan
convertirse en focos de contaminación de las fuentes hídricas.

La estratificación exagerada en servicios de acueducto

17. Se explicó que estaba probada una evidente inconsistencia e irregularidad
en la estratificación de las veredas La Laja y Cuchillas en tanto de los múltiples
servicios públicos que se prestan en la zona se referenciaron determinaciones de
estrato 2, 4 o “PENDIENTE PLANEACIÓN”. Asimismo, se probó que en la
actualidad se estaba adelantando el trámite de “homologación rural” para la
“estratificación en las bases” por el Municipio y las empresas prestadoras de
servicios públicos, para evitar inconsistencias.

17.1. El Tribunal, luego de analizar el marco normativo sobre estratificación
socioeconómica previsto en las leyes 142, 505 y 732 y del Decreto 007 de 2010,
consideró que era clara la responsabilidad del Municipio de Rionegro y del
Departamento de Antioquia y de las entidades prestadoras de servicios públicos en
la zona, de velar y participar en el proceso de estratificación urbana y rural.
Consideró que, si bien, se estaba adelantando el proceso de estratificación y
homologación de estratificación rural, se evidenciaba negligencia por el
desconocimiento del estado del trámite al interior de la administración y la
asignación provisional de estrato 4 para las veredas, pese a las falencias
socioeconómicas de algunos grupos familiares y las falencias detectadas en la
prestación de algunos servicios públicos domiciliarios.

17.2. Explicó que resultaba inaplazable la materialización de medidas para la
homologación de la estratificación en los sectores, para evitar multiplicidad de
estratos por cada empresa y que, por ello, se ordenaría al Municipio de Rionegro
que proceda a la homologación de la estratificación en las veredas Cuchillas de San
José, sectores Fontibón – La Laja y en el Callejón de Los González, atendiendo las
realidades socioeconómicas que rodean a los grupos familiares asentados en la
zona, con el apoyo del Comité Permanente de Estratificación y del Departamento
de Antioquia y las empresas prestadoras de servicios públicos en la zona; con la
claridad de que una vez realizada, la estratificación se debía reflejar inmediatamente
en la facturación de servicios públicos.

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Los procesos sancionatorios de carácter urbanístico y las órdenes de
demolición de viviendas emitidas por el Municipio de Rionegro

18. En relación con los trámites administrativos sancionatorios de carácter
urbanístico, las multas y las órdenes de demolición de viviendas impartidas por el
Municipio en relación con los habitantes de los sectores Cuchillas de San José,
Fontibón – La Laja y el Callejón de Los González, clarificó que estaba probado que
la autoridad municipal adelantó distintos procesos verbales abreviados por
infracciones urbanísticas relacionadas con la construcción de viviendas o adiciones
a estas sin contar con licencia de construcción o sin adelantar los trámites de
reconocimiento ante la Secretaría de Planeación Municipal.

18.1. Explicó que los argumentos presentados en el marco de esta acción popular
por los actores y coadyuvantes versan sobre la citación a los trámites sin instárseles
a acudir con presencia de un abogado que los asista en su defensa y la caducidad
de la facultad sancionatoria.

18.2. Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal consideró que la función de control
urbanístico, en este caso, es susceptible de control jurisdiccional a cargo de los
jueces administrativos y, por ende, se trata de asuntos que deben ser ventilados a
través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en tanto,
según explica, median actos administrativos y “[…] dentro del mismo se discuten
derechos de carácter particular y la decisión de fondo da lugar a un restablecimiento
del derecho automático […]”.

18.3. En ese orden, consideró que “[…] la Acción Popular está diseñada como
herramienta a la que puede acudir cualquier ciudadano para la protección de sus
derechos colectivos, siendo éstos los contemplados en el artículo 4º de la Ley 472
de 1998 y otras normas, siendo del caso precisar que en el asunto de la referencia
no se observa la vulneración de derecho colectivo alguno a raíz de los procesos de
control urbanístico adelantados por el Municipio de Rionegro, situación cuya
legalidad, se insiste, debe revisarse en un escenario distinto al de la acción
constitucional de la referencia […]”.

La exclusión del Callejón de Los González como centro poblado suburbano

19. En relación con el argumento de la demanda orientado a que el Callejón de
Los González merece ser reconocido como centro poblado suburbano por parte de
la autoridad territorial, por cuanto en el mismo existen más de 20 viviendas, explicó

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que se trata de un componente previsto en las leyes 388 y 505 que surge en el
marco de la interacción entre los asentamientos rurales y la cabecera municipal, es
relevante de cara al adecuado uso del suelo rural y la provisión de servicios públicos
y que se entiende, de conformidad con la ley, como “[…] centros poblados los
corregimientos, inspecciones de policía o caseríos con veinte (20) o más viviendas
contiguas, localizados en la zona rural […]”.

19.1. Se explicó que el Municipio de Rionegro atendiendo las disposiciones legales
que rigen la materia adelantó el procedimiento respectivo para la identificación de
los territorios habilitados para ser catalogados como centros poblados, entre los
cuales no se encuentra identificado el Callejón de Los González, zona rural que se
encuentra afectada con protección agropecuaria, como medida para garantizar la
adecuada utilización del suelo, de manera que, la simple existencia de más de 20
viviendas en la zona, resulta insuficiente para su categorización como Centro
Poblado.

19.2. Consideró que no se observa una actitud renuente e injustificada de la
entidad territorial para reconocer al Callejón de Los González como centro poblado,
sino simplemente el respeto de las normas vigentes de ordenamiento territorial y
agregó, por un lado, que la parte actora no probó la forma en que la falta de
reconocimiento como centro probado implique vulneración o amenaza de los
derechos e intereses colectivos; y, por el otro, que si bien se identificaron falencias
en la prestación del servicio de saneamiento básico con ocasión del mantenimiento
de los pozos sépticos de algunas viviendas, la solución a esta problemática no
requiere una modificación transversal en el sistema de manejo de aguas residuales.

19.3. Por último, el Tribunal explicó que “[…] el ordenamiento territorial es un
instrumento de suma importancia en el desarrollo urbano y rural […] sin que pueda
obedecer a criterios o consideraciones particulares de fragmentos de la población,
de ahí que su modificación exija adelantar un estricto procedimiento de verificación
y análisis por parte de distintas autoridades e instancias administrativas, de carácter
técnico y ambiental, además de su aprobación por el Concejo Municipal como
corporación de elección popular veedora de los intereses de los pobladores de la
entidad territorial, sin que en el asunto de la referencia se observen estudios,
conceptos técnicos o valoraciones especializadas que evidencien la necesidad de
introducir una reforma o modificación al POT con el fin de catalogar al Callejón […]
como un centro poblado suburbano […]”. En ese orden, consideró que no se
vulneran ni amenazan los derechos y clarificó que corresponderá al Municipio, en

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caso de considerarlo viable, en el marco de la normativa, evaluar si en un futuro se
debía categorizar ese sector como centro poblado.

Otras determinaciones

20. El Tribunal consideró, por un lado, que ni los hechos ni las situaciones
planteadas en la acción popular advertían que la Nación – Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible fuere competente para su superación y que por ello se
declararía probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva; y,
por el otro, en relación con la condena en costas y teniendo en cuenta que en el
proceso se decretó un amparo de pobreza en favor de los actores y a cargo del
Fondo de Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos – Defensoría del Pueblo
pero que no estaban probados los gastos o pagos en que incurrió el precitado
Fondo, no se condenaría en costas en esa instancia.

Recursos de apelación

Recurso de apelación interpuesto por la parte actora

21. La parte actora interpuso19 recurso de apelación contra la sentencia de 8 de
agosto de 2022 proferida, en primera instancia, en el que solicitó la revocatoria
parcial de, por un lado, el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia en
cuanto se indica que el mantenimiento de los pozos sépticos está a cargo de los
habitantes del sector; y, por el otro, del ordinal sexto de la parte resolutiva de la
sentencia en cuanto negó las demás pretensiones de la demanda, con base en los
siguientes argumentos:

“[…] (i) Exceso ritual manifiesto. falta de valoración de los procesos de demolición de
viviendas en el municipio de Rionegro Antioquia adelantadas por parte de este ente
territorial.
(ii) Desconocimiento de la realidad de los coadyuvantes, allegados al proceso con
procesos de demolición de viviendas.
(iii) Falta de conformación del comité de seguimiento de la sentencia.
(iv) Desconocimiento de los derechos colectivos y del medio ambiente, de los
habitantes de las veredas Cuchillas de San José, Fontibón – La Laja y el Callejón de
los González del Municipio de Rionegro (Ant.)
(v) Indebida y errada valoración de la afectación del medio ambiente por parte del
despacho por la inexistencia del alcantarillado para el uso residencial de los
habitantes de la Vereda Las Cuchillas de San José, sector Fontibón – Laja y el Centro
Poblado del Callejón de los González;
(vi) Desconocimiento de los derechos colectivos, por falta de adopción de medidas
por parte del juez popular frente a las órdenes de demolición de viviendas por
procesos adelantados por el Municipio de Rionegro; y
(vii) Indebida valoración de las causas de la exclusión del Centro Poblado Suburbano
al Callejón Los González en inmediaciones del sector Fontibón – Laja […]”.
19 Por intermedio de apoderado. Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:

“83ED_APELACIONSENTENCIAD.pdf”.

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Exceso ritual manifiesto por falta de valoración de los procesos de demolición
de viviendas en el municipio de Rionegro

22. Argumentó que la pretensión fundamental del medio de control se orientaba
a que el juez valorara el actuar del Municipio de Rionegro en los procesos
adelantados contra las familias más desprotegidas del Municipio, a quienes se les
ha demolido su casa de habitación y por ende afectando su derecho de acceso a
una vivienda digna, con violación del debido proceso. Indicó que la finalidad de la
pretensión no era la nulidad de los actos administrativos, sino que se adoptara
alguna medida para que cesara la afectación a ese conglomerado de personas que,
según señala, son sujetos de especial protección constitucional.

22.1. Afirmó que la decisión del Tribunal fue restrictiva y poco garantista “[…] para
evadir la protección esencial de los derechos fundamentales de quién en un estado
defensión y de necesidad absoluta busca la protección del juez como es con el
sofisma distractor de la existencia de otro medio de procedencia de defensa judicial
[…]” y que, por ello, solicitaba se analice la procedencia de las medidas que se
debieron adoptar para prevenir los daños acaecidos mediante actuaciones
administrativas que culminan en decisiones o actos administrativos como en el caso
de los procesos de demolición de viviendas adelantados en el Municipio de
Rionegro Antioquia.

22.2. Por último, reiteró que hubo un desconocimiento de lo pedido en las
pretensiones quinta y sexta, donde no se solicitaba la nulidad de actos
administrativos, sino la adopción de medidas para superar la afectación de derechos
de las familias con ocasión de las demoliciones.

Desconocimiento de la realidad de los coadyuvantes en relación con los
procesos de demolición de viviendas

23. Indicó que este proceso tuvo una nutrida participación de coadyuvantes que
solicitaron que se adoptaran medidas de protección y garantías de los derechos de
las familias afectadas por los procesos administrativos en que se ordenó la
demolición de sus viviendas que, según señala, puede llegar a las 1000, y que a
futuro implicará un problema social.

23.1. Solicita que se analice la procedencia de la acción popular para prevenir
perjuicios que afectan los intereses de la sociedad por decisiones que tienen la
connotación de actos administrativos; y afirmó que de los testimonios se “[…]

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evidencia el dolor y el sacrificio que tuvieron que afrontar estas familias a cargo de
estos procesos de demolición, que afectaron o afectarán de manera sustancial el
bienestar y las garantías que le asisten a este grupo poblacional […]”.

23.2. Por lo anterior, solicitó que se realice una “[…] valoración objetiva y a
profundidad de la situación de las familias afectadas con estos procesos de
demolición de sus viviendas y se valore la información otorgada por el municipio a
este tribunal que da cuenta de la pluralidad de familias afectadas con estas medidas
[…]”.

Falta de conformación del comité de seguimiento de la sentencia

24. Se indicó en el recurso que le asiste una preocupación mayúscula porque en
este caso no se conformó el Comité de Verificación de Cumplimiento de la sentencia
en los términos del artículo 34 de la Ley 472. Por ello, solicita que se ordene su
conformación.

Desconocimiento de los derechos colectivos y del medio ambiente, de los
habitantes de las veredas Cuchillas de San José, Fontibón – La Laja y el
Callejón de Los González del Municipio de Rionegro

25. Se afirmó en el recurso que el Tribunal no debió trasladar la carga de
protección del ecosistema de las quebradas afectadas por contaminación en el
“centro poblado”, en tanto se ordenó que algunos de los habitantes deben subsidiar
el 100% del valor de mantenimiento de los pozos sépticos. Afirma que con esta
orden se convirtió al Municipio en un intermediario y la medida constituye un negocio
para explotar a las familias afectadas.

25.1. Explicó que “[…] es un abuso amparado de legitimidad y de legalidad el
hecho que la descontaminación de las quebradas y ríos de estos sectores sean
financiados por las familias a quienes por orden de este juez popular se les debe
analizar su condición socioeconómica para establecer si pueden o no subsidiar con
sus propios recursos una carga que le propende y le compete al estado […]”. Por
ello, solicita que se revoque íntegramente la medida en cuanto impone una carga
onerosa a las familias asentadas en el sector, en tanto son las entidades públicas
las que deben solucionar la contaminación de las fuentes hídricas.

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Indebida y errada valoración de la afectación del medio ambiente por la
inexistencia de alcantarillado para el uso residencial de los habitantes del
sector objeto de la acción

26. Indicó que en el proceso de identificación de centros poblados realizado para
la reforma del POT del año 2018, en principio, el Acuerdo 002 de 2011 mencionada
los “centros poblados en consolidación y de mejoramiento integral”. Posteriormente,
con el Acuerdo 056 de 2018 se modificó la denominación a “Centros Poblados
Rurales y Suburbanos”.

26.1. Luego de citar el artículo 283 del POT, indicó que, en este caso, “[…] estamos
frente aún centro poblado suburbano como es la laja y sus alrededores, el sector de
Fontibón, y el callejón de los González el cual parte de este centro poblado, para el
cual el municipio de río negro debe adelantar una política pública de atención en
materia de alcantarillados en estos sectores por tener la característica de urbanos
tal como lo define la ley 142 de 1994 […]”.

27. Por último, la parte actora transcribió lo siguiente, sin desarrollar argumentos:

“[…] (iv) DESCONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS COLECTIVOS, POR
FALTA DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS POR PARTE DEL JUEZ POPULAR
FRENTE A LAS ÓRDENES DE DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS POR
PROCESOS ADELANTADOS POR EL MUNICIPIO DE RIONEGRO; Y

(vii) INDEBIDA VALORACIÓN DE LAS CAUSAS DE LA EXCLUSIÓN DEL
CENTRO POBLADO SUBURBANO AL CALLEJÓN LOS GONZÁLEZ EN
INMEDIACIONES DEL SECTOR FONTIBÓN – LAJA […]”

Recurso de apelación interpuesto por el Municipio de Rionegro

28. El Municipio de Rionegro20 interpuso recurso de apelación en el que solicitó
que se revoquen los ordinales segundo, tercero y quinto de la parte resolutiva de la
sentencia de 8 de agosto de 2022 en cuanto se pronunció sobre la inexistencia de
alcantarillado para la vereda, la consecuente contaminación de las fuentes hídricas
y la estratificación “exagerada” de los servicios de acueducto, con base en los
argumentos que denominó: i) “[…] [l]a prueba de la vulneración a derechos e
intereses colectivos. Los actores populares no cumplieron con sus cargas
probatorias […]”; ii) “[…] [i]nexistencia de responsabilidad de la entidad pública
Municipio de Rionegro. El fallo recurrido no analiza la participación de la entidad en
la presunta vulneración a derechos e intereses colectivos […]”; iii) “[…] [e]l fallo

20 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
“85ED_05001233300020180238.pdf”.

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desnaturaliza la finalidad de la acción popular […]”; y iv) “[…] [p]ara reclamar la
estratificación socioeconómica, los actores no agotaron el requisito del artículo 144
de la Ley 1437 de 2011 […]”

La prueba de la vulneración a derechos e intereses colectivos. Los actores
populares no cumplieron con sus cargas probatorias

29. Manifestó que en la página 62 de la sentencia se indicó por el Tribunal que
no estaba demostrada una problemática ambiental, pero que, pese a ello, era
posible establecer la existencia de una afectación a los derechos e intereses
colectivos relativos al goce de un ambiente sano. En criterio del Municipio apelante,
se trata una suposición, carente de prueba, que llevó al Tribunal en su sentencia a
una conclusión de violación de derechos e intereses colectivos, sin siquiera
adjudicar responsabilidad al Municipio, en especial, en torno al manejo de pozos
sépticos.

29.1. Manifestó que la carga de la prueba corresponde a la parte actora y la
situación de vulneración o amenaza debe ser “[…] reales y no hipotéticas, directas,
inminentes, concretas y actuales, de manera tal que en realidad se perciba la
potencialidad de violación del derecho colectivo o la verificación del mismo […]” y
agregó que la sentencia no arroja certeza frente a la situación de vulneración de los
derechos e intereses colectivos.

29.2. Por lo anterior, solicitó que se modifique el ordinal segundo de la parte
resolutiva en el sentido de declarar que no está probada la vulneración o amenaza
de los derechos e intereses colectivos.

Inexistencia de responsabilidad de la entidad pública Municipio de Rionegro.
El fallo recurrido no analiza la participación de la entidad en la presunta
vulneración a derechos e intereses colectivos

30. Manifestó que este argumento se orienta señalar que, si hipotéticamente se
acepta que está probada la existencia de amenaza o vulneración de algún derecho
e interés colectivo con ocasión de la ausencia de alcantarillado, no se argumentó ni
probó la responsabilidad del Municipio de Rionegro en la materia.

30.1. Adicionalmente, señaló que no se adelantó por el Tribunal ningún juicio de
imputación frente a las condiciones deficitarias de alguno de los pozos sépticos y
que no se estableció el vínculo entre la presunta conducta activa u omisiva del

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Municipio y la falta de mantenimiento de los pozos sépticos de algunos de los
propietarios particulares.

30.2. Por último, indicó que “[…] [l]a procedencia de la acción popular se sujeta a
que, de los hechos de la demanda se pueda deducir siquiera sumariamente una
amenaza a los derechos colectivos. La obligación de que la acción se dirija contra
persona natural o jurídica o autoridad pública cuya actuación u omisión se considere
que amenaza o viola el interés colectivo, requisito este último que requiere que la
acción u omisión sea acreditada por el actor, o que del acervo probatorio obrante
en el expediente el juez pueda deducir la vulneración del o de los derechos
colectivos pues de lo contrario no podrá dar orden alguna tendiente proteger y la
normalización de una situación que pueda ser protegida con la expedición de la
sentencia producto de la acción popular […]”. Por ello, solicita que se modifique la
sentencia proferida por el Tribunal, en el sentido de clarificar que el Municipio de
Rionegro no es responsable de la vulneración o amenaza de los derechos e
intereses colectivos.

El fallo desnaturaliza la finalidad de la acción popular

31. Afirmó que la sentencia “[…] concluye [en sus palabras, indicando] que la
obligación del municipio frente a los pozos sépticos radica en la escases de recursos
de algunos de los demandantes, y que es a estos propietarios o habitantes carentes
de recursos a quienes debe protegerse los derechos colectivos […]”.

31.1. Teniendo en cuenta lo anterior, manifestó que aquello que se planteó como
una problemática de carácter general, materia de la acción popular, se redujo por
obra del fallo a la búsqueda de soluciones individuales, personalísimas, que
plantean a la entidad pública la obligación de atender tareas que son de
responsabilidad de los propietarios. Agregó que los usuarios del acueducto veredal
solamente pagan el servicio de acueducto porque en ese sector no se presta el de
alcantarillado y que la solución de esa problemática es individual y corresponde a
cada propietario de predio su mantenimiento.

31.2. Señala que la sentencia pasó por alto que algunos de los pozos sépticos
pertenecen a cultivos de flores y otras actividades económicas que, según señala,
sí generan un “daño ambiental” y que estos particulares deben procurar los medios
necesarios para su contención y reparación.

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31.3. Manifiesta que los actores populares no solicitaron del Municipio la
intervención de sus pozos sépticos sino que su pretensión se dirigió a la instalación
del sistema de alcantarillado en el sector, e indicó que la acción popular no
constituye un medio procesal idóneo para obtener soluciones individuales a
problemas generados por la inactividad de algunos de los actores.

31.4. Por ende, solicita que se modifique la sentencia en el sentido de señalar que
los responsables de la vulneración o amenaza de los derechos son los propietarios
y habitantes del sector, al incumplir su obligación de mantenimiento de pozos
sépticos.

No agotamiento del requisito previsto en el artículo 144 de la Ley 1437, en
relación con la reclamación sobre estratificación socioeconómica

32. Señaló que el artículo 144 de la Ley 1437 establece un requisito de
procedibilidad, el cual no fue cumplido por la parte actora. Agregó, por un lado, que
no reposa en el expediente ninguna prueba de su cumplimiento y que los actores
debieron dirigirse al Comité Permanente de estratificación socioeconómica del
Municipio de Rionegro; y, por el otro, que los actores no solicitaron a la autoridad
administrativa la adopción de las medidas necesarias para la protección del derecho
colectivo presuntamente vulnerado, relacionado con estratificación, por lo que no se
agotó el requisito contenido en el precitado artículo 144, razón por la cual la
pretensión debe ser desestimada en su totalidad.

Actuaciones en segunda instancia

33. El Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo de Antioquia profirió
auto de 22 de agosto de 202221 mediante el cual se concedieron, en efecto
suspensivo, los recursos de apelación presentados por la parte actora y por el
Municipio de Rionegro contra la sentencia de 8 de agosto de 2022 proferida por el
Tribunal, en primera instancia.

34. El Despacho sustanciador, en segunda instancia, profirió auto de 2 de
septiembre de 202222, mediante el cual requirió que se enviara a esta Corporación
la totalidad del expediente del proceso. Posteriormente, se profirió auto de 9 de
diciembre de 202223 mediante el cual se admitieron los recursos de apelación
interpuestos por la parte actora y por el Municipio de Rionegro.

21 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
“15ED_24AUTOCONCEDEAPELACI.pdf”.
22 Índice 4 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI.
23 Índice 13 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI.

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35. Dentro de la oportunidad legal, el Municipio de Rionegro se pronunció en el
sentido de solicitar que no se acceda a las pretensiones del recurso de apelación
interpuesto por la parte actora.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

36. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) la competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; iv) la improcedencia de la acción popular para la protección de
derechos subjetivos, divisibles o intereses particulares; v) el marco normativo y
jurisprudencial del derecho ambiental como garantía del goce de un ambiente sano;
vi) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho al goce de un
ambiente sano; vii) el marco normativo y jurisprudencial sobre el derecho e interés
colectivo a la seguridad y la salubridad públicas; viii) el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho e interés colectivo al acceso a una infraestructura de
servicios que garantice la salubridad pública; ix) el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho e interés colectivo de acceso a los servicios públicos y
a que su prestación sea eficiente y oportuna; x) el marco normativo internacional en
materia del derecho al agua potable y saneamiento básico; xi) el marco
constitucional y legal en materia del derecho al agua y el saneamiento básico; xii) el
marco normativo sobre las competencias de las autoridades en materia de
saneamiento básico y prestación del servicio público domiciliario de alcantarillado;
xiii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial de las facultades del juez
popular; y xiv) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

37. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia para conocer de las
acciones populares en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de
12 de marzo de 201924, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre la
distribución de asuntos entre las secciones del Consejo de Estado; y iii) el 15025 de
la Ley 1437, sobre competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia; esta
Sección es competente para conocer, en segunda instancia, de los recursos de

24 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
25 Modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 y por el artículo 26 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[...]

Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
-Ley 1437 de 2011-y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan
ante la jurisdicción [...]”. Aplicable en virtud del artículo 86 de la Ley 2080.

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apelación que se presenten contra las sentencias proferidas, en primera instancia,
por los tribunales administrativos en el trámite de las acciones populares.

38. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.

39. En ese orden, la Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los
argumentos expuestos por la parte actora y el Municipio de Rionegro en los recursos
de apelación interpuestos contra la sentencia de 8 de agosto de 2022 proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con los artículos 32026 y
32827 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201228, norma aplicable al presente caso, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472.

Problemas jurídicos

40. Corresponde a la Sala, con fundamento en los argumentos de los recursos
de apelación, determinar:

41. En primer orden, si la parte actora cumplió o no con el requisito de
procedibilidad previsto en el inciso final del artículo 144 de la Ley 1437, sobre
protección de los derechos e intereses colectivos, en relación con la reclamación
sobre “estratificación socioeconómica” en el sector objeto de esta acción popular.
En caso de incumplimiento, determinar si dicha circunstancia constituye o no un
argumento con la suficiencia para revocar las órdenes impartidas en la sentencia
proferida por el Tribunal, en primera instancia, en cuanto protegió los derechos e
intereses colectivos derivados de dicha situación.

42. En segundo orden, si, en el caso sub examine, se encuentra probada o no la
amenaza o vulneración de los derechos e intereses colectivos: i) al goce de un
ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las
disposiciones reglamentarias; ii) a la seguridad y salubridad públicas; iii) al acceso
a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; y iv) al acceso
a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, en relación

26 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior

examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
27 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”
28 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.

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con, por un lado, la situación de exclusión del Callejón de Los González como centro
poblado; por el otro, la infraestructura dispuesta en las veredas Cuchillas de San
José, Fontibón – La Laja y el Callejón de Los González del Municipio de Rionegro
para la prestación del servicio público de alcantarillado y su mantenimiento; y, por
último, con ocasión de las órdenes de demolición de inmuebles ubicados en las
veredas indicadas supra, con ocasión del incumplimiento de la normativa
urbanística.

42.1. En especial, se determinará, por un lado, si, en este caso y con ocasión de
las órdenes de demolición de inmuebles impartidas por autoridad pública, en el
sector objeto de esta acción popular, se deben ordenar o no medidas de protección
por afectación de derechos e intereses colectivos o si se trata de situaciones
subjetivas, divisibles y particulares que no constituyen afectación de esta clase de
derechos.

42.2. Y, por el otro, si la parte actora cumplió o no con el requisito de carga
argumentativa al interponer el recurso de apelación en relación con los argumentos
relativos a la “[…] [i]ndebida valoración de las causas de la exclusión del Centro
Poblado Suburbano al Callejón Los González en inmediaciones del sector Fontibón
[…]” y “[…] [d]esconocimiento de los derechos colectivos, por falta de adopción de
medidas por parte del juez popular frente a las órdenes de demolición de viviendas
por procesos adelantados por el Municipio de Rionegro […]”.

43. En tercer orden, en consecuencia, si el Municipio de Rionegro es responsable
o no de la vulneración o amenaza de los derechos e intereses colectivos, conforme
lo consideró la sentencia proferida por el Tribunal, en primera instancia.

44. En cuarto orden, si la decisión impartida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia en el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia de 8 de agosto
de 2022 se ajusta o no a la finalidad de protección de los derechos e intereses
colectivos; es consecuente con las pretensiones de la demanda, con las
competencias del Municipio de Rionegro y con la responsabilidad del Municipio y de
los usuarios de las veredas objeto de esta acción popular.

45. Y, por último, si la sentencia proferida por el Tribunal, en primera instancia,
debió ordenar la conformación de un comité de verificación de cumplimiento en
cuanto amparó los derechos e intereses colectivos e impartió órdenes de protección.

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46. Y, en consecuencia, se determinará si hay lugar a confirmar, modificar o
revocar la sentencia de 8 de agosto de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, en primera instancia.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos

47. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.

48. El legislador, en desarrollo de esta norma constitucional, expidió la Ley 472
que, en su artículo 2.º, definió las acciones populares como “[…] los medios
procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]” que se
ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas
a su estado anterior cuando fuere posible […]”.

49. Esta acción busca que la comunidad pueda disponer de un mecanismo
judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de los derechos
colectivos, cuya amenaza o vulneración debe necesariamente probarse para la
procedencia del amparo.

50. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda la
acción popular son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño
contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses
colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la
afectación de los derechos e intereses.

51. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, sin embargo
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la

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materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […]”29.

52. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener
la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como
tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.

53. Finalmente, es importante resaltar que la lesión o puesta en peligro de los
derechos colectivos debe estar debidamente probada, según lo dispuesto en el
artículo 30 de la Ley 472; al tiempo que, le corresponde al actor popular la carga de
acreditar y probar los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda.

Improcedencia de la acción popular para la protección de derechos
subjetivos, divisibles o intereses particulares

54. La acción popular indicada en el artículo 88 de la Constitución Política y
reglamentada por la Ley 472, tiene como fin la protección de los derechos e
intereses colectivos, cuando estos resulten amenazados por la acción u omisión de
las autoridades públicas o de los particulares, sin que dichos derechos sean
exclusivamente los listados en el artículo 4.° de la mencionada norma, sino también
aquellos definidos en otras disposiciones, como la Constitución, las leyes ordinarias
y los tratados internacionales celebrados por Colombia.

29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla

Moreno, providencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).

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31

Núm. único de radicación: 050012333000201802389-01

55. De acuerdo con lo anterior, los derechos e intereses colectivos son aquellos
que no están radicados en cabeza de ningún particular, su titularidad no reside en
personas individualmente consideradas y, por ende, son intereses de
representación difusa, como lo ha determinado esta Sección, en la medida que el
titular es el grupo o comunidad y el derecho es indivisible, sin perjuicio de que sea
una persona la que actúe en representación común30.

56. Por un lado, en relación con la comunidad, aunque con este mecanismo de
defensa judicial se busque la protección de los derechos e intereses colectivos, ello
no quiere decir que se pueda ejercer para lograr la reparación, bien sea individual o
plural, porque, sin perjuicio de la excepción prevista en el artículo 34 de la Ley 472
relativa a la posibilidad de “[…] condenar al pago de perjuicios cuando se haya
causado daño a un derecho o interés colectivo en favor de la entidad pública no
culpable que los tenga a su cargo […]”, esa no es la finalidad de esta acción; en ese
caso, existen en el sistema jurídico otros mecanismos de protección, como son las
acciones de grupo y el medio de control de reparación directa, entre otros.

57. Y, por el otro, esta Sección ha considerado que: i) mediante la acción popular
se protegen derechos indivisibles que pertenecen a la comunidad y no derechos
individuales y divisibles que pertenecen a cada sujeto de derecho en particular. En
ese orden, se considera que la suma de derechos individuales no constituye
derechos e intereses colectivos porque ello implica divisibilidad. Al respecto, se
reitera, un derecho e interés colectivo es difuso, indivisible y su titularidad pertenece
a una comunidad; ii) los derechos colectivos excluyen motivaciones subjetivas o
particulares en la media en que salvaguardan derechos de solidaridad que
conciernen a todos los individuos y no pueden existir sin la intervención de la
comunidad y el Estado; y iii) que el presupuesto para su procedencia se relaciona
directamente con un interés que excede de la esfera privada.

58. En ese orden de ideas, es claro que tanto la jurisprudencia como la doctrina,
sostienen que la naturaleza de la acción popular, es en esencia preventiva, de ahí
que el inciso 2° del artículo 88 de la Ley 472 determine que éstas “[…] se ejercen
para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración
o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado
anterior cuando fuere posible […]” y desde tal concepción deben ser analizados los
requisitos que soportan su procedencia.

30 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de diciembre

de 2014, NUR 410012333000201200051-01(AP), C.P. Guillermo Vargas Ayala.

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59. En efecto se tiene que los supuestos para que proceda la acción popular son
los siguientes: i) la existencia de una acción u omisión de la parte demandada; ii) la
presencia de un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio a los
derechos o intereses colectivos; es decir, de una situación que supera alcances
individuales y que se relaciona con afectaciones de orden plural y comunitario, pero
de carácter indivisible, lo que excluye -en principio- motivaciones meramente
subjetivas o particulares; y iii) la relación de causalidad entre la acción u omisión y
la señalada afectación de tales derechos e intereses; dichos supuestos deben estar
probados en el proceso respectivo.

60. La Corte Constitucional consideró, respecto de los derechos colectivos o
difusos, lo siguiente:

“[…] Una de las implicaciones más complejas de las nuevas relaciones impuestas
por el Estado social de derecho, tiene que ver con el surgimiento de otro tipo de
derechos construidos bajo categorías diferentes a la de los derechos subjetivos.
Estos nuevos derechos son el resultado del surgimiento de nuevas condiciones
sociales y económicas que afectan gravemente la vida de los ciudadanos y el goce
de sus derechos y para las cuales los mecanismos jurídicos clásicos de protección
de derechos resultan insuficientes.

Los últimos decenios han puesto en evidencia el hecho de que los grandes riesgos
que afectan a las comunidades -e incluso pueden poner en peligro su supervivencia-
ya no se limitan a la confrontación bélica o a la dominación tiránica por parte de los
gobernantes. La dinámica misma del comercio, de la industria y en general de la
actividad económica capitalista, puede convertirse en la causa de males tan graves
o peores que los derivados de la violación de derechos subjetivos. Es el caso de la
protección del medio ambiente, del espacio público, de los productos que reciben
los consumidores, etc. Estos nuevos ámbitos han generado intereses cuya
protección resulta hoy indispensable. La doctrina ha agrupado este tipo de intereses
bajo el título de intereses colectivos o difusos.

Los principios y valores constitucionales y las características de los hechos
adquieren aquí una importancia excepcional. Mientras que en el caso de los
derechos fundamentales de aplicación inmediata se suelen mirar los hechos desde
la perspectiva de la norma, en el caso de los derechos difusos o colectivos, la norma
constitucional que los consagra y su coexistencia con el derecho fundamental para
desatar el mecanismo protector de la tutela, se descubre bajo la óptica de los
valores, de los principios y de las circunstancias del caso […]”31.

61. En suma, se exige precisar en cada caso concreto si lo reclamado es
verdaderamente un derecho colectivo porque en caso contrario serían otras las
acciones o medios de control los procedentes. Al respecto, la Sala precisa que no
puede utilizarse este instrumento judicial para encubrir la exigibilidad de derechos
particulares, presentándolos como garantías colectivas, porque tal actuar no se
acompasa con la naturaleza jurídica de este instrumento.

31 Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia T-67 del 24 de febrero de 1993. Magistrados Ponentes: Fabio

Morón Díaz y Ciro Angarita Barón).

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62. La Sala considera adicionalmente que no cualquier situación tiene la
capacidad para afectar los derechos e intereses colectivos. En ese orden, deberá
probarse y analizarse en cada caso si los hechos invocados por el actor popular en
su demanda, a título de vulneración o amenaza, genera un impacto con el alcance
de amenazar o vulnerar los derechos susceptibles de protección mediante esta
acción constitucional, con la claridad adicional de que esta acción no se constituyó
como un mecanismo orientado a la protección de derechos subjetivos ni mucho
menos permite a los jueces sustituir las competencias de la administración pública.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho ambiental como
garantía del goce de un ambiente sano

63. En el orden internacional32 existen una serie de instrumentos normativos que
hacen parte del derecho ambiental, que tienen por objeto proteger el ambiente y los
recursos naturales, del cual se destaca la Declaración de Rio de Janeiro, adoptada
el 14 de junio de 1992, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo y como se establece en su preámbulo, tiene como
objetivo de establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación
de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las
sociedades y las personas y procurando alcanzar acuerdos internacionales en los
que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema
ambiental y de desarrollo mundial.

64. Estos principios se aplican en el ordenamiento jurídico colombiano, la
Constitución Política de 1991 es una Constitución Ecológica comoquiera que más
de treinta disposiciones Constitucionales desarrollan la materia, entre los cuales se
destacan los artículos 8, 58, 79, 80 y 95 que prevén: i) la obligación del Estado y de
las personas de proteger las riquezas naturales de la Nación; ii) la función ecológica
de la propiedad; iii) el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado
de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservando las áreas de
especial importancia ecológica y fomentando la educación para el logro de estos
fines; y iv) el deber del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Así como de prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.

32Sobre este aspecto ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Sentencia de 19 de julio de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, radicación número.
270012331000201100179-02(AP).

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65. Estos preceptos previamente referidos concentran los atributos principales
en relación con el medio ambiente que se manifiestan en otros artículos
constitucionales, de ahí que el análisis de este bien jurídico superior se efectúe
desde tres perspectivas: i) como un derecho de las personas, ii) un servicio público
y iii) un principio que permea el ordenamiento jurídico en su integridad, dado que
asigna facultades e impone compromisos a las autoridades así como a los
particulares, en aras de su protección adquiriendo, de esa forma, un carácter de
objetivo social.

66. El marco legal en materia ambiental encuentra sus inmediatos orígenes en
la Ley 23 de 19 de diciembre de 197333 y en el Decreto 2811 de 18 de diciembre
de 197434, cuyos artículos 1.° y 2.°, establecen respectivamente que i) el medio
ambiente es un patrimonio común cuya preservación y manejo es una obligación
exigible al Estado y a los particulares y ii) el Código de Recursos Naturales y
Protección al Medio Ambiente tiene por objeto, entre otros aspectos, la
preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y
utilización racional de los recursos naturales renovables, previniendo y controlando
los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables sobre
los demás recursos y regular la conducta humana en sus dimensiones individual o
colectiva así como la actividad de la administración en lo que se refiere a las
relaciones que emanan del aprovechamiento y conservaciones del medio ambiente.

67. La Ley 99 prevé como principios que la política ambiental debe seguir
haciendo remisión específica a los postulados universales y de desarrollo
sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre
Medio Ambiente y Desarrollo. Adicionalmente, procura la protección de la
biodiversidad en Colombia como patrimonio nacional y de interés de la humanidad,
el derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con
la naturaleza, resaltando que la formulación de políticas ambientales debe tener en
cuenta el resultado del proceso de investigación científica.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho al goce de un
ambiente sano

68. Visto el artículo 79 de la Constitución Política, todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano.

33 Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código de

Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones.
34 Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.

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69. La Corte Constitucional ha resaltado la importancia del medio ambiente sano
como derecho colectivo, "[…] ya que los derechos colectivos y del ambiente no sólo
se le deben a toda la humanidad, en cuanto son protegidos por el interés universal,
y por ello están encuadrados dentro de los llamados derechos humanos de 'tercera
generación', sino que se le deben incluso a las generaciones que están por nacer,
toda vez que la humanidad del futuro tiene derecho a que se le conserve, el planeta
desde hoy, en un ambiente adecuado a la dignidad del hombre como sujeto
universal del derecho […]”35.

70. En ese orden de ideas, la Sección Primera del Consejo de Estado ha hecho
alusión a las distintas dimensiones de este derecho, destacando que ostenta la
calidad de: “[…] (i) derecho fundamental (por encontrarse estrechamente ligado con
los derechos fundamentales a la vida y a la salud); (ii) de derecho-deber (todos son
titulares del derecho a gozar de un ambiente sano pero, además, tienen la
obligación correlativa de protegerlo); (iii) de objetivo social (conservación de las
condiciones del medio ambiente para garantizar el aprovechamiento de los recursos
naturales por parte de las generaciones presentes y futuras); (iv) de deber del
Estado (conservación del medio ambiente, eficiente manejo de los recursos,
educación ambiental, fomento del desarrollo sostenible, e imposición las sanciones
a que haya lugar); y (v) de derecho colectivo, de conformidad con lo previsto en el
artículo 88 superior […]”36.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el derecho e interés
colectivo a la seguridad y la salubridad públicas

La seguridad pública

71. Vistos el Preámbulo y los artículos 2.° y 88 de la Constitución Política, sobre
el derecho a la seguridad pública; se tiene, por un lado, que el Preámbulo de la
Constitución Política establece que la Asamblea Constituyente, en ejercicio de su
poder soberano, asegura la vida, la convivencia y la paz. Y, por el otro, el artículo
2.° ibidem dispone como fines esenciales del Estado “[…] defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo […]”.

35 Corte Constitucional, Sentencia C-699/2015. Referencia: Expediente D-10610. Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad contra el Artículo 53, 54 (parcial) y 55 (parcial) de la Ley 13 de 1990 “Por la cual se dicta el
Estatuto General de Pesca”. Demandante: Diego López Medina. M.P.: Diana Fajardo Rivera, 18 de octubre de
2017.
36 Consejo de Estado, Sala Contenciosa Administrativa, Sección Primera. C.P: Roberto Augusto Serrato Valdés.

núm. único de radicación 760012331000201101300-01(AP).

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36

Núm. único de radicación: 050012333000201802389-01

72. Sobre el derecho a la seguridad, la Corte Constitucional37 ha considerado
que tiene tres connotaciones jurídicas relevantes: i) es un valor constitucional, ii) es
un derecho colectivo, y iii) es un derecho fundamental.

73. En relación con su connotación de derecho colectivo, la Corte Constitucional
ha definido que se trata de “[…] un derecho que le asiste en forma general a todos
los miembros de la sociedad, quienes se pueden ver afectados por circunstancias
que pongan en riesgo bienes jurídicos colectivos tan importantes para el
conglomerado social, como el patrimonio público, el espacio público, la seguridad y
salubridad públicas, la moral administrativa, el medio ambiente o la libre
competencia económica (Art. 88, C.P.) […]”.

74. La Sección Primera del Consejo de Estado ha considerado que el derecho a
la seguridad es “[…] uno de los elementos que tradicionalmente se identifican como
constitutivo del orden público y, por tanto, como uno de los objetos a proteger por
parte del poder de policía. En la doctrina, se le delimita como la ausencia de riesgos
de accidentes, como la prevención de accidentes de diversos tipos y de flagelos
humanos y naturales, v.g. incendios, inundaciones, accidentes de tránsito, etc., lo
mismo que como la prevención de atentados contra la seguridad del Estado38[…]”.

La salubridad pública

75. Visto el artículo 49 de la Constitución Política referente a la atención de la
salud y el saneamiento ambiental como servicios públicos a cargo del Estado; y, los
artículos 46 de la Ley 715 de 21 de diciembre de 200139, 32 de la Ley 1222 de 9 de
enero de 200740 y 6.°, numeral 4.º, de la Ley 1801 de 29 de julio de 201641 , relativos
a la salud pública.

76. El artículo 49 de la Constitución Política ordena que la atención de la salud y
el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado, que se rigen
de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. En tal
sentido, garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción,
protección y recuperación de la salud.

37 Corte Constitucional, Sentencia T-123/2019, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
38 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1.° de febrero de 2007, radicado núm.: 54001-23-31- 000-

2004-00385-01(AP). Reiterada en sentencias de 1.° de marzo de 2007, radicado núm.: 73001-23-31- 000-2003-
01236-01(AP), y de 28 de febrero de 2008, radicado núm.: 19001-23-31-000-2005-00988-01(AP).
39 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los

artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”.
40 “Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan

otras disposiciones”.
41 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”.

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37

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77. Asimismo, los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada,
por niveles de atención y con participación de la comunidad. En esa línea, toda
persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su
comunidad.

78. Visto el artículo 78 ibidem, los productores de bienes y servicios que atenten
contra la salud y la seguridad de los consumidores son responsables por los daños
que causen.

79. Visto el numeral 2.° del artículo 95 ibidem, son deberes de las personas obrar
conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias
ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas.

80. Visto el artículo 366 ibidem, el mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes es uno de los fines del Estado y la solución de las necesidades
insatisfechas en materia de salud es un objetivo prioritario de las autoridades
estatales.

81. El artículo 46 de la Ley 715 dispone que la gestión en salud pública es una
“[…] función esencial del Estado y para tal fin la Nación y las entidades territoriales
concurrirán en su ejecución […]. Las entidades territoriales tendrán a su cargo la
ejecución de las acciones de salud pública en la promoción y prevención dirigidas a
la población de su jurisdicción […]”.

82. El artículo 32 de la Ley 1222 señala que la salud pública está “constituida”
por “[…] el conjunto de políticas que buscan garantizar de una manera integrada, la
salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera
individual como colectiva, ya que sus resultados se constituyen en indicadores de
las condiciones de vida, bienestar y desarrollo del país. Dichas acciones se
realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán promover la participación
responsable de todos los sectores de la comunidad […]”.

83. De conformidad con el numeral 4.º del artículo 6.º de la Ley 1801, la salud
pública es una categoría jurídica de convivencia que implica la responsabilidad que
le asiste al Estado, así como a la ciudadanía como un derecho de diferentes
connotaciones42.

42 Individual, colectivo y comunitario, cuyo desarrollo se basa en las condiciones.

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84. Vista la Ley 9 de 24 de enero de 197943, el legislador adoptó medidas
sanitarias sobre: i) el control de los usos de aguas; ii) el manejo de residuos líquidos,
sólidos, excretas, emisiones atmosféricas; iii) suministro de agua; iv) salud
ocupacional; v) saneamiento de edificaciones; vi) alimentos; vii) drogas,
medicamentos, cosméticos y similares; viii) vigilancia y control epidemiológico; ix)
desastres; x) defunciones, traslado de cadáveres, inhumación y exhumación,
trasplante y control de especímenes; xi) artículos de uso doméstico; xii) vigilancia y
control; y xiii) derechos y deberes relativos a la salud.

85. La Corte Constitucional, en sentencia C-225 de 201744, analizó la
constitucionalidad de la Ley 1801, que incluye el concepto de salud pública, la cual
exige un conjunto de condiciones sanitarias necesarias para la protección de la vida,
salud e integridad física del ser humano, de las especies animales y vegetales
presentes en el ecosistema. En esta decisión, la Corte mencionó que el concepto
de salubridad y/o salud pública son entendidas como expresiones sinónimas.

86. La Sección Primera del Consejo de Estado, en la sentencia proferida el 6 de
julio de 2018, indicó que “[…] i) no existe distinción entre los conceptos de ‘salud
pública’ y ‘salubridad pública’ de hecho se han entendido como sinónimos; ii) este
derecho colectivo se encuentra íntimamente relacionado con la conservación del
orden público y la garantía del bienestar de la comunidad; iii) esto mediante la
adopción de medidas tendientes a evitar su alteración […]”45. Adicionalmente, la
Sección Primera se ha pronunciado sobre la trascendencia social y el alcance de
los conceptos de seguridad y salubridad pública, al respecto ha indicado lo
siguiente:

“[…] [C]onstituyen las obligaciones que tiene el Estado de garantizar
condiciones mínimas que permitan el desarrollo de la vida en comunidad. Su
contenido general implica, en el caso de la seguridad, la prevención de los delitos,
las contravenciones, los accidentes naturales y las calamidades humanas y, en el
caso de la salubridad, la garantía de la salud de los ciudadanos. Estos derechos
colectivos están ligados al control y manejo de las situaciones de índole sanitario,
para evitar que tanto en el interior como en el exterior de un establecimiento o
de determinado lugar se generen focos de contaminación, epidemias u otras
circunstancias que puedan afectar la salud y la tranquilidad de la comunidad y en
general que afecten o amenacen el estado de sanidad comunitaria […]”46.

43 “Por la cual se dictan Medidas Sanitarias”.
44 Corte Constitucional, Sentencia C-225/17. Referencia: Expediente D-11648. Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 220 de la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de
Policía y Convivencia”. Actores: Francisco de Paula Santander Ruiz y Yamile Vega Parra. M.P.: Alejandro
Linares Cantillo, 20 de abril de 2017.
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dr. Hernando Sánchez

Sánchez; sentencia de 6 de julio de 2018; núm. único de radicación: 680012333000201500848-01(AP).
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de octubre de

2009, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicación número: 190012331000200500067-01. Cita reiterada en
sentencia de 5 de octubre de 2023, radicación número: 130012333000201701043-01.

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87. Asimismo, la esta Sala ha considerado que la salubridad pública alude a las
condiciones sanitarias necesarias para la protección de la vida, de la salud e
integridad del ser humano y de su entorno. Al respecto, se ha referido en los
siguientes términos:

“[…] La salubridad pública puede ser definida como una serie de condiciones
sanitarias, tanto químicas, como relativas a la organización y disposición del
espacio, necesarias para la protección de la vida, salud e integridad física del
ser humano, así como de las especies animales y vegetales presentes en el
ecosistema.

Esta definición parte de entender que los problemas de salubridad pública no sólo
afectan al ser humano directamente, sino que la afectación que genera en especies
animales y vegetales, en sí misma problemática, también conduce indirectamente a
la afectación del ser humano por vía alimentaria o cualquier otra forma de
transmisión, al reconocer la interdependencia mutua.
[…]

Así, la protección de la salubridad o salud públicas implica la prohibición y sanción
de ciertos comportamientos, pero también una actividad prestacional por parte del
Estado, por ejemplo, en cuanto a la disposición de la infraestructura y servicio
público necesarios para crear condiciones adecuadas de sanidad […]”47
(Destacado fuera de texto).

88. De acuerdo con lo anterior, es dable concluir que la salud y la salubridad
pública son conceptos que se han entendido como sinónimos por la jurisprudencia.
El derecho colectivo a la salubridad pública constituye una garantía relacionada con
el control y manejo de las situaciones sanitarias “[…] para evitar[,] [por ejemplo,] que
tanto en el interior como en el exterior de un establecimiento o de determinado lugar
se generen focos de contaminación, epidemias u otras circunstancias que puedan
afectar la salud y la tranquilidad de la comunidad […]”48. Esto, debido a que, su
finalidad es evitar circunstancias que afecten el estado de sanidad de la comunidad.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el derecho e interés
colectivo al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la
salubridad pública

89. Vistos los artículos 2.°, 24, y 366 de la Constitución Política sobre el deber
del Estado de asegurar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida
de la población, comoquiera que, el artículo 2.° de la Constitución Política señala
que “[…] [l]as autoridades de la República están instituidas para proteger a todas

47 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 22 de febrero de 2018, radicación número: 680012331

000201200485-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
48 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 15 de julio de 2004, C.P. Germán Rodríguez Villamizar,

radicación número AP 1834. Reiterado por la Sección Primera, en sentencia de 6 de julio de 2018, radicación
número: 680012333000201500848-01(AP), C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

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40

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las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares […]”. El artículo 24 ibidem establece el derecho de todos
los colombianos de circular libremente por el territorio nacional. Y, el artículo 366 de
la Constitución, dispone que “[…] [e]l bienestar general y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado […]”.

90. Estas disposiciones constituyen un fundamento esencial para el derecho
colectivo al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública, que ha sido considerado por la Sección Primera del Consejo de Estado
como una prerrogativa, según la cual, la comunidad puede acceder a las
infraestructuras que sirvan para “la buena gestión de la salubridad pública”, que
integra el conjunto de elementos y servicios propicios para garantizar la salud.

91. Así, en sentencia de 19 de abril de 2007, el Consejo de Estado se pronunció
sobre el alcance del derecho colectivo al acceso a una infraestructura de servicios
que garantice la salubridad pública:

"[…] El derecho o interés colectivo al acceso a una infraestructura de servicios
que garantice la salubridad pública, detenta un origen constitucional, pues en el
artículo 88 alusivo a las acciones populares se indica el de la ‘salubridad’ como
derecho susceptible de protección a través de esta acción constitucional. Así mismo,
en la lista enunciativa de derechos e intereses colectivos susceptibles de amparo a
través de este instrumento, contenida en el artículo 4 de la Ley 472 de 1998, se
consagra de manera textual en su literal h.

Este derecho comprendido en su dimensión colectiva, debe entenderse como la
posibilidad que tiene la comunidad de acceder a instalaciones y organizaciones que
velen por o garanticen su salud. En este orden de ideas, puede pensarse en la
estructura sanitaria y en especial hospitalaria, como típica manifestación del mismo.
[…]

El derecho colectivo invocado como vulnerado en la presente acción es el del
‘acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública’. Es
un servicio público a cargo del Estado cuya finalidad es disminuir la morbilidad,
es decir, la proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo
determinado. Ahora bien, el derecho invocado hace alusión igualmente a la palabra
‘infraestructura’ la cual debe entenderse como un conjunto de elementos o servicios
que se consideran necesarios para la creación y funcionamiento de una
organización, en este caso, para la buena gestión de la salubridad pública. Por lo
tanto, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública
implica, entre otros aspectos, la posibilidad que tienen las personas de beneficiarse
de los programas de salud preventivos, de rehabilitación y atención, buscando
disminuir el número de personas enfermas en un lugar específico y en un espacio
de tiempo determinado49.

Se observa así, que este específico derecho o interés colectivo no puede
confundirse con la salud de la comunidad, toda vez que se refiere más bien a la

49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 14 de noviembre

de 2002. C.P. Ligia López Díaz, radicación número: AP- 533. En esta decisión se discutía la naturaleza colectiva
que podía detentar la expectativa de los enfermos de VIH de acceder a instalaciones y medios hospitalarios.

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posibilidad de esta de acceder a infraestructuras que sirvan para protegerla. Se
verifica entonces una relación comunidad - bienes y/o comunidad - organización; de
tal modo que solo se constatará la afectación a este derecho o interés colectivo,
cuando se logre demostrar la imposibilidad de acceso a una infraestructura de
servicios determinada; se insiste no es el acceso a los servicios, sino a la
infraestructura de estos.

Si se hace referencia al acceso, se colige, que la garantía de este derecho o interés
colectivo, se obtendrá a través de órdenes orientadas a acceder a infraestructuras
de servicios […]”50 (Destacado fuera de texto).

92. En pronunciamientos posteriores, como se indicó anteriormente, la Sala ha
considerado que el derecho al acceso a una infraestructura de servicios que
garantice la salubridad pública implica que “[…] las construcciones y edificaciones
estén adaptadas de tal forma que eviten a las personas contraer enfermedades o,
que se generen focos de contaminación o epidemias que afecten o amenacen el
estado de sanidad comunitaria […]”51.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho e interés colectivo
de acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna

93. Visto el artículo 365 de la Constitución Política, los servicios públicos son
inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios
públicos podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por
comunidades organizadas, o por particulares; en todo caso, el Estado mantendrá la
regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios.

94. La Corte Constitucional ha considerado que la prestación eficiente y oportuna
de los servicios públicos garantiza otros derechos y principios como la vida, la
dignidad y la igualdad. Al respecto, entre otros pronunciamientos, en la sentencia
C-172 de 2014 la Corte precisó lo siguiente:

“[…] [L]o primero que hay que destacar es la consagración expresa de los servicios
públicos como ‘inherentes a la finalidad social del Estado’, a quien le asignó la tarea
de ‘asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional’ (art.
365). Se caracterizan además porque efectivizan otros derechos como la
dignidad, la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad; tienen vocación
de universalidad; pueden ser prestados por el Estado, de manera directa o
indirecta, por intermedio de comunidades organizadas o por particulares; se
consideran un asunto de Estado por cuanto se encuentran en la esfera de lo público

50 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de abril de 2007, C.P. Alier Eduardo Hernández

Enríquez, radicación número: 540012331000200300266-01(AP).
51 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 6 de julio de 2018, radicación número: 680012333000

201500848-01(AP), C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019,
radicación número: 850012333000201400034-01(AP), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

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ante la obligación que recae en él de asegurar su prestación eficiente […]”52
(Destacado fuera de texto).

95. El derecho e interés colectivo de acceso a los servicios públicos y a su
prestación eficiente y oportuna implica adicionalmente el cumplimiento de las
finalidades sociales del Estado de bienestar general y mejoramiento de la calidad
de vida de la población, así como la garantía de otros derechos y principios como la
vida, la dignidad y la igualdad. Es por esto que La Sección Primera, en sentencia
reciente53, consideró que la acción u omisión por parte de las autoridades que
conlleven a la falta de oportunidad en la prestación de los servicios públicos o la
deficiencia en la administración o prestación de los recursos destinados a garantizar
el servicio público representa, según sea, una vulneración o amenaza del derecho
colectivo.

Marco normativo internacional en materia del derecho al agua potable y
saneamiento básico

96. El artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales54 dispone que los estados parte reconocen el derecho de toda persona a
un nivel de vida adecuado para sí y su familia y a una mejora continua de las
condiciones de existencia. Asimismo, el artículo 12 ibidem reconoce el derecho de
las personas a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, por medio
de medidas dirigidas a reducir la mortinatalidad y la mortalidad infantil y el sano
desarrollo de los niños; mejorar en todos sus aspectos la higiene del trabajo y del
medio ambiente; prevenir y tratar las enfermedades epidémicas, endémicas,
profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; y crear condiciones que
aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.

97. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones
Unidas, por medio de la Observación General núm. 15 de 200255, interpretó los
artículos indicados supra y concluyó que constituye un derecho humano acceder al
agua y al saneamiento básico como una condición previa para la realización del
derecho a vivir dignamente.

52 Corte Constitucional, sentencia C-172 de 13 de marzo de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
53 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 31 de marzo de 2023, radicación número: 170012333

000201800493-01.
54 Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su Resolución 2200 A (XXI)

de 16 de diciembre de 1966. Además, fue aprobado mediante la Ley 74 de 26 de diciembre de 1968, Por la cual
se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles
y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966”.
55 https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8789.pdf

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98. Adicionalmente, la Asamblea General de Naciones Unidas, por un lado,
mediante la Resolución núm. 64/292 aprobada el 28 de julio de 201056, reconoció
que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial
para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos; por el otro,
mediante la Resolución núm. 70/01 de 25 de septiembre de 2015 57, aprobó la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible dirigida a la sostenibilidad económica,
social y ambiental de los estados miembros que la suscribieron, y cuyo objetivo
sexto consiste en garantizar la disponibilidad del agua y su gestión sostenible, así
como el saneamiento para todos58; y, por último, mediante la Resolución 70/169
aprobada por la Asamblea General el 17 de diciembre de 201559, la Organización
de Naciones Unidas afirmó que los derechos humanos al agua potable y el
saneamiento como componentes del derecho a un nivel de vida adecuado son
esenciales para el pleno disfrute del derecho a la vida y de todos los derechos
humanos y reconoció que, en virtud del derecho humano al saneamiento, toda
persona, sin discriminación, tiene derecho a agua suficiente, salubre, aceptable,
físicamente accesible y asequible para uso personal y doméstico.

Marco constitucional y legal en materia del derecho al agua y el saneamiento
básico

99. Visto el artículo 366 de la Constitución Política, el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del
Estado; será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades
insatisfechas de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en
los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto
público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.

100. A su vez, el numeral 2.3 del artículo 2.º de la Ley 142 señala que el Estado
intervendrá en los servicios públicos para garantizar la atención prioritaria de las
necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento
básico.

56 https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S
57 El Estado colombiano, con el objeto de implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, adoptó la Política

Pública CONPES 3918.
58 Con ello, en el año 2030 se busca lograr, entre otras cosas: i) el acceso universal y equitativo al agua potable

a un precio asequible para todos; ii) el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y
equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las
necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad; iii) mejorar la
calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos
químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y
aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial; y iv) proteger y
restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los
ríos, los acuíferos y los lagos.
59 https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/RES/70/169

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101. Asimismo, el numeral 19 del artículo 3.º de la Ley 136 prevé que los
municipios tienen la función de garantizar la prestación del servicio de agua potable
y saneamiento básico a los habitantes de su jurisdicción, de acuerdo con la
normativa vigente en materia de servicios públicos domiciliarios.

102. Los numerales 19 y 22 del artículo 14 de la Ley 142 definen, por una parte,
el saneamiento básico como las actividades propias de los servicios domiciliarios
de alcantarillado y aseo y, por la otra, el servicio de agua potable como la
distribución municipal de agua apta para el consumo humano, incluida su conexión
y medición; así como las actividades complementarias de captación de agua,
procesamiento, tratamiento, conducción y transporte.

Marco normativo sobre las competencias de las autoridades en materia de
saneamiento básico y prestación del servicio público domiciliario de
alcantarillado

103. Visto el artículo 49 de la Constitución Política, el saneamiento ambiental es
un servicio público a cargo del Estado, cuya prestación goza de prioridad y se rige
por los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, equidad y calidad.

104. Se trata de un servicio que guarda estrecha relación con el derecho que
tienen todas las personas a gozar de un ambiente sano y con el deber universal de
proteger la diversidad e integridad del ambiente60, el cual se concreta,
fundamentalmente, en los deberes de planificación integral de los recursos
naturales para garantizar el desarrollo sostenible, y de prevención y control de los
factores de deterioro ambiental61 tales como la contaminación de las aguas o la
acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y
desperdicios62.

105. Visto el artículo 356 de la Constitución Política, con miras a alcanzar estos
objetivos, se determinó que el legislador fijaría las competencias de las entidades
locales, departamentales y nacionales para la efectiva prestación de los servicios
públicos. Además, en cumplimiento de la citada norma se creó el Sistema General
de Participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios como un

60 Artículo 79.
61 Artículos 80 y 95, numeral 8. En torno al principio de planificación ambiental, Cfr: Decreto Ley 2811 de 1974,

artículos: 9, f); 10, a); 45, d) y g); 188 y ss.; 314, d), h) e i); 316, entre otros.
62 Decreto Ley 2811 de 1974: Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio

Ambiente. Artículo 8°, numerales 1° y 8°.

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mecanismo tendiente a promover su adecuada articulación, con base en los
“principios de solidaridad, complementariedad y subsidiariedad”.

106. Visto el artículo 288 de la Constitución Política, también estableció que “[…]
las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas
conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en
los términos que establezca la ley […]”; y en el artículo 4 de la Ley 155163, la
norma señala lo siguiente:

“[…] Artículo 4°. Principios Rectores del Ejercicio de la Competencia. Los
municipios ejercen las competencias que les atribuyen la Constitución y la ley,
conforme a los principios señalados en la ley orgánica de ordenamiento territorial y
la ley de distribución de recursos y competencias que desarrolla el artículo 356 de
la Constitución Política, y en especial con sujeción a los siguientes principios:

a) Coordinación. Las autoridades municipales, al momento de ejercer sus
competencias y sus responsabilidades, deberán conciliar su actuación con la
de otras entidades estatales de diferentes niveles.

b) Concurrencia. Los municipios y otras entidades estatales de diferentes
niveles tienen competencias comunes sobre un mismo asunto, las cuales
deben ejercer en aras de conseguir el fin para el cual surgieron las mismas.

Las competencias de los diferentes órganos de las entidades territoriales y del orden
nacional no son excluyentes sino que coexisten y son dependientes entre sí
para alcanzar el fin estatal.

Las entidades competentes para el cumplimiento de la función o la prestación del
servicio deberán realizar convenios o usar cualquiera de las formas asociativas
previstas en la ley orgánica de ordenamiento territorial para evitar
duplicidades y hacer más eficiente y económica la actividad administrativa.
Los municipios de categoría especial y primera podrán asumir la competencia si
demuestran la capacidad institucional que para el efecto defina la entidad
correspondiente. Las entidades nacionales podrán transferir las competencias
regulatorias, las de inspección y vigilancia a las entidades territoriales.

c) Subsidiariedad. La Nación, las entidades territoriales y los esquemas de
integración territorial apoyarán en forma transitoria y parcial a las entidades de
menor desarrollo económico y social, en el ejercicio de sus competencias cuando
se demuestre su imposibilidad de ejercerlas debidamente.

d) Complementariedad. Para complementar o perfeccionar la prestación de los
servicios a su cargo y el desarrollo de proyectos locales, los municipios podrán hacer
uso de mecanismos de asociación, cofinanciación y/o convenios […]”.
(Destacado fuera de texto)

107. Al efecto, se tiene que la Ley 142 señala como competencias de la Nación
en materia de servicios públicos, entre otras, las de “[…] [a]poyar financiera, técnica
y administrativamente a las empresas de servicios públicos o a los municipios que
hayan asumido la prestación directa […]”64; “[…] [v]elar porque quienes prestan

63 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”. [Modificó

la Ley 136 de 2 de junio de 1994].
64 Artículo 8.4.

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servicios públicos cumplan con las normas para la protección, la conservación o,
cuando así se requiera, la recuperación de los recursos naturales o ambientales que
sean utilizados en la generación, producción, transporte y disposición final de tales
servicios […]”65; y “[…] [p]restar directamente cuando los departamentos y
municipios no tengan la capacidad suficiente, los servicios de que trata la presente
Ley […]”66.

108. Sobre las competencias de las entidades territoriales locales, el artículo
311 de la Constitución Política señala que el municipio es entidad fundamental de
la división político-administrativa del Estado y “[…] le corresponde prestar los
servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso
local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que
le asignen la Constitución y las leyes […]”.

109. A su turno, el artículo 367 ibidem prevé que la ley fijará las competencias y
responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su
cobertura, calidad y financiación y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además
de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos. De igual
manera, indica que los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente
por cada municipio o distrito cuando las características técnicas y económicas del
servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen.

110. El legislador se ha ocupado de desarrollar la precitada normativa
constitucional mediante la expedición de leyes en las cuales ha asignado a los
municipios, distritos y a las autoridades locales la responsabilidad de garantizar, en
sus respectivas jurisdicciones, la prestación de los servicios públicos domiciliarios
y, por esa vía, la efectividad de los derechos al saneamiento básico y a la salubridad
de todos sus habitantes.

111. La Ley 136 dispone en los numerales 3.º, 7.º y 19 del artículo 3.º que a los
municipios o distritos les compete promover el desarrollo de su territorio y construir
las obras que demande el progreso municipal, teniendo en cuenta, entre otros, los
planes de vida de los pueblos y de desarrollo comunal; procurar la solución de las
necesidades básicas insatisfechas de los habitantes del ente territorial, en lo que
sea de su competencia, con énfasis en las niñas, niños, los adolescentes, mujeres
cabeza de familia y los demás sujetos de especial protección constitucional; y

65 Artículo 8.5.
66 Artículo 8.6.

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garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico a los
habitantes de la jurisdicción, de acuerdo con las normas que regulan los servicios
públicos domiciliarios.

112. A su vez, la Ley 142, en los numerales 1.º, 3.º y 6.º del artículo 5.° señala que
es competencia de los municipios y distritos, en relación con los servicios públicos,
asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y energía eléctrica, por empresas
de servicios públicos de carácter oficial, privado, mixto o directamente por la
administración del ente territorial; disponer el otorgamiento de subsidios a los
usuarios de menores ingresos, con cargo al presupuesto del municipio; y apoyar
con inversiones y otros instrumentos a las empresas de servicios públicos
promovidas por los departamentos y la Nación para realizar actividades de su
competencia.

113. Igualmente, vistos los numerales 2.º y 9.º del artículo 8.º de la Ley 388 de 18
de julio de 199767, sobre la acción urbanística, la función pública del ordenamiento
territorial se ejerce mediante la acción urbanística de las entidades distritales y
municipales, referida a las decisiones administrativas y a las actuaciones
urbanísticas que les son propias, entre las cuales se encuentran localizar y señalar
las características de la infraestructura para los servicios públicos domiciliarios, la
disposición y tratamiento de los residuos sólidos, líquidos, tóxicos y peligrosos, así
como los equipamientos de servicios de interés público y social como centros
docentes y hospitalarios; y dirigir y realizar la ejecución de obras de infraestructura
para los servicios públicos domiciliarios, directamente por la entidad pública o por
entidades mixtas o privadas, de conformidad con la ley.

114. Además, el artículo 76 de la Ley 715 ordena que los municipios y distritos,
directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de
Participaciones u otros recursos, deben promover, financiar o cofinanciar proyectos
de interés municipal y en especial realizar directamente o a través de terceros en
materia de servicios públicos, además de las competencias establecidas en otras
normas vigentes, la construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la
infraestructura de servicios públicos.

115. El anterior recuento normativo permite concluir que la prestación directa o
indirecta de los servicios públicos domiciliarios constituye una función a cargo de

67 Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones.

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los municipios y distritos; así también, la construcción, ampliación, rehabilitación y
mejoramiento de su infraestructura, en orden a garantizar su eficiente y oportuna
prestación. Los citados entes territoriales, en virtud de su autonomía, podrán realizar
la anterior labor acudiendo a la estructura, la forma y la organización interna que
consideren más conveniente en el marco de las posibilidades que otorga la
Constitución y la ley.

116. En igual sentido, el artículo 63 de la Ley 99 agregó que el principio de armonía
regional rige a las entidades territoriales, en el siguiente sentido:

“[…] Principio de Armonía Regional. Los Departamentos, los Distritos, los
Municipios, los Territorios Indígenas, así como las regiones y provincias a las
que la ley diere el carácter de entidades territoriales, ejercerán sus funciones
constitucionales y legales relacionadas con el medio ambiente y los recursos
naturales renovables, de manera coordinada y armónica, con sujeción a las
normas de carácter superior y a las directrices de la Política Nacional
Ambiental, a fin de garantizar un manejo unificado, racional y coherente de los
recursos naturales que hacen parte del medio ambiente físico y biótico del
patrimonio natural de la nación […]” (Destacado fuera de texto).

117. Como se observa, los principios de coordinación, concurrencia,
subsidiariedad, complementariedad y armonía regional deben permitir la
articulación de las entidades obligadas, en el ejercicio de sus competencias propias,
dado que todas ellas interactúan en la prestación del servicio o en la conservación
del entorno natural.

118. En cuanto al alcance de las responsabilidades de las Corporaciones
Autónomas Regionales, en los términos del artículo 31 de la Ley 99, numerales
2.°, 4.°, 6.°, 8.°, 9.°, 10°, 12.°, 17.°, 18.°, 20.° y 26.°, se tiene que aquellas
autoridades están facultadas para: ejercer funciones de vigilancia y control; imponer
y ejecutar las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de
violación a las normas de protección ambiental; asesorar a las entidades territoriales
en la elaboración de proyectos en materia ambiental, y ejecutar, administrar, operar
y mantener en coordinación con las entidades territoriales, proyectos, programas de
desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para
la defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del medio
ambiente.

119. Así las cosas, aunque el municipio es la autoridad encargada de la prestación
adecuada del servicio público, cuando actúa como prestador directo, los principios
de la coordinación interinstitucional, concertación, interdependencia de funciones y
asistencia, así como los postulados del diálogo y la cooperación multilateral, son
factores indispensables para lograr una prestación eficiente de dicho servicio.

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120. La Sección Primera del Consejo de Estado conoció de una acción popular
incoada con el objeto de que se amparan los derechos e intereses colectivos debido
a que las autoridades demandadas se habían negado a conectar las acometidas
internas de las viviendas de la Asociación de Viviendas “Colinas de Calicanto” a la
red del sistema de alcantarillado propiedad de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P., al tratarse de un asentamiento ilegal ubicado
sobre una falla geológica, cuyo terreno presentaba inestabilidad y riesgo de
deslizamiento. En esa oportunidad, la Sección advirtió, por un lado, que la referida
asociación de viviendas era un “[…] asentamiento subnormal […]”68 que no había
cumplido el proceso de legalización y, por el otro, que la empresa de servicios
públicos se encontraba imposibilitada para prestar el servicio de alcantarillado, en
atención al riesgo de desastre que supondría la instalación de la infraestructura
correspondiente.

121. Por estas razones, mediante sentencia de 1° de marzo de 2018, la Sala
decidió exonerar a la Empresa de Acueducto, de responsabilidad por la vulneración
de los derechos colectivos invocados. Sin embargo, decidió confirmar la orden
dictada por el juez de primera instancia en el sentido de “[…] ‘ORDENAR a la
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. […] que brinde
acompañamiento al Municipio de Popayán (Cauca) en la realización de los estudios
de viabilidad para construcción del acueducto y alcantarillado en el Barrio Colinas
de Calicanto, así como en la ejecución del proyecto de construcción del mismo, si a
ello hubiese lugar […]’. A juicio de esta Sala esa orden es acertada, teniendo en
cuenta el deber de colaboración que asiste por igual a todos los sujetos, en aras a
que sea factible el efectivo cumplimiento de los cometidos estatales […]” 69.

122. En atención a ello, la Sala se ha pronunciado con anterioridad y ha indicado
que “[…] i) [l]as limitaciones u obstáculos de índole técnico, jurídico o físico,
constituyen razones legítimas para no garantizar la conexión de determinados
predios a las redes convencionales de los servicios públicos de acueducto y
alcantarillado. […] ii) Sin embargo, ello no desvirtúa la vulneración del derecho
humano al agua ni de otros relacionados […] iii) Independientemente de las
dificultades advertidas, de la legalidad o la ubicación del predio donde se requiere

68 De conformidad con la definición prevista en el artículo 2.3.1.1.1. del Decreto 1077 de 26 de mayo de 2015,

el cual modificó el artículo 3 del Decreto 302 de 2000, a su vez modificado por el artículo 1 del Decreto 229 de
2002, cuando dispone lo siguiente: “[…] 13. Asentamiento subnormal. Es aquel cuya infraestructura de
servicios públicos domiciliarios presenta serias deficiencias por no estar integrada totalmente a la estructura
formal urbana […]”.
69 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 1.º de marzo de 2018 con núm. único de radicación

190013331005201100294-01 (AP), M. P: Hernando Sánchez Sánchez.

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50

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el suministro de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, las
autoridades están en la obligación de garantizar la prestación de los mismos,
a través de cualquier medio idóneo como medida provisional o alternativa
para resolver las necesidades básicas insatisfechas de las personas. En otras
palabras, los trámites, procedimientos, acciones y operaciones que tenga que
agotar la Administración Pública, no deben suponer un obstáculo para garantizarle
a las personas el acceso a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado […]”70
(Destacado fuera del texto).

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de las facultades del juez
popular

123. Visto el artículo 34 de la Ley 472, sobre la sentencia del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos, el cual establece “[…] [L]a
sentencia que acoja las pretensiones del demandante de una acción popular podrá
contener una orden de hacer o de no hacer, condenar al pago de perjuicios cuando
se haya causado daño a un derecho o interés colectivo en favor de la entidad pública
no culpable que los tenga a su cargo, y exigir la realización de conductas necesarias
para volver las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho o del interés
colectivo, cuando fuere físicamente posible. La orden de hacer o de no hacer
definirá de manera precisa la conducta a cumplir con el fin de proteger el derecho o
el interés colectivo amenazado o vulnerado y de prevenir que se vuelva a incurrir en
las acciones u omisiones que dieron mérito para acceder a las pretensiones del
demandante […]”.

124. La Sección Primera del Consejo de Estado, en reiterada jurisprudencia 71, ha
considerado sobre los poderes del juez popular, “[…] resulta de gran importancia
precisar que de acuerdo con la Ley reguladora de la acción popular, la misma se
ejerce para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas
a su estado anterior si ello fuere posible- (Artículo 2 Ley 472 de 1998 / Artículo 144
Ley 1437 de 2011)-, cuando quiera que por la acción u omisión de las autoridades
públicas o de los particulares, sean violados o amenazados – (Artículo 9 Ley 472 de

70 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato

Valdés, providencia de 20 de febrero de 2020, núm. único de radicación 050012333000201502436-01.
71 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco

Antonio Velilla Moreno, Sentencia de 18 de marzo de 2014, proceso identificado con el número único de
radicación 250002327000200190479-01(AP). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Sentencia de 21 de agosto de 2020, proceso
identificado con el número único de radicación 130012333000201700987-01 (AP). Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Guillermo Vargas Ayala, Sentencia de 15 de mayo de
2014, proceso identificado con el número único de radicación 250002324000201000609-01(AP).

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1998) -. Casos en los que corresponde al juez adoptar las órdenes de hacer o de
no hacer, definiendo de manera precisa la conducta a cumplir, condenar al pago de
perjuicios cuando se haya causado daño y, en fin, exigir la realización de las
conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración del
derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible -(Artículo 34 Ley
472 de 1998), de manera tal que se garantice la eficacia de los derechos vulnerados,
como lo exige el artículo 88 constitucional […]”.

125. A su vez, ha señalado que “[…] en la sentencia que ampara los derechos
colectivos el juez está facultado para adoptar las medidas que, conforme a la
situación fáctica probada, sean conducentes y pertinentes para obtener la
protección de dichos derechos. […] Lo anterior guarda coherencia con el artículo 2º
de la Constitución Política al establecer que ‘las autoridades de la República están
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida,
honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares’ […]”.
(Subrayas originales del texto).

Análisis del material probatorio obrante en el expediente

126. La Sala advierte que las pruebas relevantes para resolver el caso sub
examine son las siguientes:72

126.1. Oficios de noviembre de 201873, presentados por los actores populares y
dirigidos al Alcalde Municipal de Rionegro, al “GERENTE CAM”, al Ministro de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Gerente de la Corporación Autónoma Regional
de la Cuenca de los Ríos Negro y Nare y al Gobernador de Antioquia, con sus
constancias de envío, por medio de los cuales se solicita la protección de los
derechos e intereses colectivos en el caso concreto.

126.2. 4 impresiones de imágenes74 en las que se incluye una leyenda en el
siguiente sentido: “FOTOS SATELITALES DEL CENTRO POBLADO “CALLEJON
DE LOS GONZALEZ” […] FUENTE GOOGLE EARTH PRO […] Dicciembre (sic) 3
de 2018. […] TOMADAS: LEYDY TATIANA GARCÍA HENAO […]”.

72 Cfr. Expediente físico y expediente electrónico visible en el índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI.
73 Cfr. Folios 18 a 35 del cuaderno núm. 1.
74 Cfr. Folios 36 y 37 del cuaderno núm. 1.

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126.3. Copia de los Oficios dirigidos al Alcalde Municipal de Rionegro de fechas
23 de noviembre y 3 de diciembre de 201875, suscrito por algunos ciudadanos, con
asunto “Solicitud de copias e información proceso policivo control urbanístico”.

126.4. Copia del Certificado de existencia y representación legal76 de la
Corporación Acueducto Multiveredal Carmín Cuchillas Mampuesto y Anexos –
CAM, donde consta: i) que es una entidad sin ánimo de lucro; ii) su actividad
principal es la captación, tratamiento y distribución de agua; iii) su actividad
secundaria es la recolección de desechos no peligrosos; y iii) otras actividades las
de elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y otras
aguas embotelladas.

126.5. Copia de dos noticias periodísticas extraídas del periódico “Mi Oriente
Antioqueño”, de fecha 20 de agosto de 201877, tituladas “otra polémica por la
demolición de una vivienda” y “¿Por qué la Alcaldía de Rionegro demolió una
vivienda en Santa Teresa?”.

126.6. Facturas de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo
emitidas por la Corporación Acueducto Multiveredal Carmín Cuchillas Mampuesto y
Anexos, en diferentes períodos de consumo del año 2018, de habitantes de la
vereda La Laja, en la que se señala como estrato/categoría 4.

126.7. Copia de los Certificados de Tradición expedidos por la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Rionegro en relación con los predios identificados con
matrículas inmobiliarias núms. 020-70868 y 020-7086678 ubicados en la vereda Las
Cuchillas del Municipio de Rionegro.

126.8. Copia del Oficio núm. PQ 02-18.770 de 1 de diciembre de 201879 suscrito
por el Gerente de la Corporación Acueducto Multiveredal Carmín Cuchillas
Mampuesto y Anexos, dirigido a los actores, en el que informa, entre otras cosas: i)
que la construcción de un alcantarillado está por fuera de su alcance y que para
dicha necesidad la administración municipal tiene prevista la construcción de pozos
sépticos; ii) que no es una autoridad en materia ambiental y por ende no es
competente para determinar o no la existencia de contaminación de fuentes
hídricas, por lo cual remite a los actores a la Corporación Autónoma Regional de la
Cuenca de los Ríos Negro y Nare; iii) que la estratificación que viene aplicando está

75 Cfr. Folios 38 a 46 del cuaderno núm. 1.
76 Cfr. Folios 47 a 50 del cuaderno núm. 1.
77 Cfr. Folios 51 a 53 del cuaderno núm. 1.
78 Cfr. Folios 59 a 66 del cuaderno núm. 1.
79 Cfr. Folios 77 y 78 del cuaderno núm. 1.

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acorde con la información aportada por el Municipio y que en caso de inconformidad
debe solicitarse la corrección ante el Comité de Estratificación correspondiente.

126.9. Copia del Oficio núm. CS.120.6193-2018 del 12 de diciembre de 2018
suscrito por la Jefe de la Oficina Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión
del Riesgo de la Corporación Autónoma regional de las Cuencas de los Ríos Negro
y Nare80, en respuesta a los actores en la que señala que las problemáticas
expuestas son ajenas al resorte funcional de la entidad y que la respuesta a las
mismas debe provenir de la entidad territorial y que en relación con la supuesta
afectación del recurso hídrico por la falta de alcantarillado solicita las coordenadas
para efectuar una visita técnica para determinar la infracción ambiental de ser el
caso.

126.10. Copia del Informe SG04.3-05.02- de 31 de enero de 2019 que rinde el
Secretario de Gobierno de Rionegro a la Alcaldía del mismo Municipio en el que
realiza un reporte sobre los procesos que se adelantan en las inspecciones de
policía en relación con los actores populares, en especial, en la Inspección de
Policía Centro, a saber:

“[…]
# PRESUNTO RAD ESTADO DEL PROCESO
INFRACTOR PROCESO SECTOR CONDUCTA
1 Felipe José Mercado 2017-038 Auto No. 091 ordena la Vereda Construcción
Múnera imposición de sellos de Cuchillas Sin Licencia
CC […] suspensión de obra y se
inician averiguaciones
preliminares
Resolución 017 del 27 de
marzo de 2017, se formula
pliego de cargos contra (sic)
por infringir el artículo 1° de
la Ley 810 de 2003
2 Lina Marcela De Oficio Informe de visita técnica del Vereda Construcción
Ramírez Otálvaro 04 de octubre de 2018 al Cuchillas Sin Licencia
CC […] predio con matrícula
inmobiliaria 020-70868 de
propiedad de las señoras
Lina Marcela Ramírez
Otálvaro Y Betsabeth
Otalvaro Otalvaro
3 Luz Anidia Caro 2017-066 Informes de visitas técnicas Vereda Construcción
Rondón al predio con matrícula Cuchillas Sin Licencia
CC […] inmobiliaria 020-70862
Auto de Iniciación de
Proceso Verbal Abreviado el
28 de septiembre de 2017,
por la presunta comisión del
comportamiento que afecta
la integridad urbanística,
artículo 135 literal A Numeral
4 de la Ley 1801 de 2016.

80 Cfr. Folio 79 del cuaderno núm. 1.

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4 Adriana Berrío 2017-092 Informe No. 27 de visita Vereda Construcción
Ramírez técnica al predio identificado Cuchillas Sin Licencia
CC […] con matrícula inmobiliaria
020-70868
Auto de Iniciación de
Proceso Verbal Abreviado
del 15 de noviembre de
2017, por la presunta
comisión del
comportamiento que afecta
la integridad urbanística,
artículo 135 literal A Numeral
4 de la Ley 1801 de 2016.
5 Víctor Manuel 2017-044 Informe de visita técnica al Vereda Construcción
Muñoz Vallejo predio con matrícula Cuchillas Sin Licencia
CC […] inmobiliaria 020-70868, de
propiedad del señor
VICTOR MANUEL MUÑOZ
VALLEJO
Versión Libre al presunto
infractor el día 05 de mayo
de 2017.

Con relación a la señora Leidy Tatiana García Henao, identificada con la cédula […] no se
encontró registro alguno.

La anterior información fue recaudada de la Inspección Norte del municipio de Rio0negro,
(sic) entidad encargada de adelantar los procesos Urbanísticos conforme a su jurisdicción.
[…]”.

126.11. Copias y copias fotostáticas81 de documentos contentivos del proceso de
control urbanístico identificado con el radicado núm. 2017-092 adelantado con
ocasión de “CONSTRUCCIÓN SIN LICENCIA”, en un predio ubicado en la “VDA.
CUCHILLAS DE SAN JOSÉ”, contra la señora Adriana Berrío Ramírez. Asimismo,
se aporta copia de dos avisos de la Secretaría de Desarrollo Territorial del Municipio
de Rionegro a “ALEJANDRA OSPINA OSPINA” y a “DIANA GARCÍA DIAZ y
ORLANDO DE JESUS CANO”, en los que se informa sobre la programación de
nuevas fechas para la ejecución material de una demolición.

126.12. Copia del Oficio núm. SP02.2-05.02-2392 del 20 de diciembre de 201882
suscrito por el Subsecretario de Sistema de Información Territorial de la Secretaría
de Planeación, en respuesta a la señora Leydy Tatiana García Henao, en el que
informa que esa secretaría, encargada del proceso de estratificación, “[…] con el fin
de homologar la estratificación en las bases de datos de las empresas prestadoras
de servicios y el municipio de Rionegro, se está adelantando el proceso de
homologación rural. Así mismo, desde la subsecretaría se están enviando circulares
periódicas de asignaciones y revisiones a las empresas prestadoras, para evitar
inconsistencias en la estratificación de las viviendas […]”.

81 Cfr. Folio 180 a 219 del cuaderno núm. 1.
82 Cfr. Folio 274 del cuaderno núm. 2.

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126.13. En Oficio N° SH11.2-05.02-1190 del 20 de diciembre de 201883 suscrito
por el Subsecretario de Servicios Públicos de la Secretaría del Hábitat del Municipio
en el que se informó a un habitante de la vereda Cuchillas de San José que,
producto de una visita técnica al sector Los González de la vereda Cuchillas de San
José, se determinó lo siguiente:

“[…] 1. El sector de referencia lo componen un promedio de 10 predios, donde
se registran desde el Sistema Administrativo Información Municipal y Rentas
-SAIMyR- varias construcciones (9) de tipo residencial e industrial, pero en
campo se identifican más de 20 viviendas (unifamiliares, bi-familiares,
apartamentos) y un estimado de 50 habitantes.

2. El número de viviendas asentadas en el predio (>20), con respecto al
número de personas residentes (>50), requiere del diseño y construcción
de un sistema séptico colectivo que dé solución a todas las viviendas.

Por lo que, dado a las condiciones de tipo sociodemográfico del sector, se debe
de plantear una solución conjunta que abarque y resuelva la problemática de
vertimientos en general.

Es muy importante aclararle que la gestión o consecución del predio o lote,
donde se localizaría el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Colectivo,
debe de ser aportado por los beneficiarios de este, es decir, deberán gestionar
entre ellos mismos la autorización registrada ante Notaria Publica, donde
manifiesten que no tienen inconveniente en que se implemente para las viviendas un
sistema de tratamiento de aguas residuales en su predio y ceden el lote y las
servidumbres que de ese se generen.

Finalmente, se le informa que este tipo de obras estarán dadas cuando se
gestionen y destinen recursos para los proyectos que viene adelantando la
administración municipal de Rionegro Tarea de Todos; como parte del proceso de
intervención estratégica en el mediano y largo plazo; que busca dar solución a esta
problemática de saneamiento en el sector rural […]” (Destacado fuera de texto).

126.14. Oficios núms. 506, 504 y 507 del 26 de diciembre de 201884 expedidos por
la Inspectora de Policía Centro, mediante el cual informa a los actores populares
que se les remitió la respectiva carpeta que contiene informes de visita técnica a los
predios, copia de los autos de imposición de sellos de suspensión y se inician
indagaciones preliminares, de pliego de cargos por infracción de la normativa
urbanística y se les informa que la manera de subsanar la presunta infracción
urbanística es aportando la Licencia de Construcción otorgada por autoridad
competente. Asimismo, se les informa que pueden acceder a las copias de los
documentos y actuaciones que reposan en cada expediente, a su costa.

126.15. Requerimiento de Control Urbanístico núm. 16 de 18 de mayo de 201685
suscrito por el Inspector de Policía norte y el Técnico Administrativo, contra los
señores Felipe José Mercado Múnera, Claudia Liliana Mercado Múnera y Olga

83 Cfr. Folio 277 del cuaderno núm. 2.
84 Cfr. Folios 285 a 287 del cuaderno núm. 2.
85 Cfr. Folio 288 del cuaderno núm. 2.

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Elena Múnera, por incurrir en una infracción urbanística prevista en la Ley 810, al
construir sin licencia y se requiere a los presuntos infractores para que inicien “[…]
los trámites respectivos tendientes a la obtención de la licencia de construcción para
la casa unifamiliar de dos niveles que se construye en el predio ubicado en la vereda
La Laja/Fontibon […]”, para lo cual se concede un término. Asimismo, se informa
que en el evento de no acatar el requerimiento se dará inicio al proceso
contravencional por infracción urbanística con las sanciones que el mismo conlleva.

126.16. Copia de algunas piezas del expediente radicado núm. 2017-05486
adelantado contra la señora Oveida Daza Quintero en el proceso de Control
urbanístico por “CONSTRUCCIÓN SIN LICENCIA” en inmueble ubicado en la
“VEREDA CUCHILLAS DE SAN JOSÉ/ SECTOR FONTIBÓN”. En especial, se
aporta copia del acta de audiencia pública del proceso verbal abreviado, Ley 1801,
adelantado contra la señora Daza Quintero, en el cual se resolvió “[…] Declarar
infractora de las normas urbanísticas señora OVEIDA DAZA QUINTERO,
identificada con cédula […] por realizar construcción , consistente en una vivienda
de dos plantas en el predio identificado con matrícula inmobiliaria 020-42310 con
ficha catastral […] y coordenadas […] con un área un (sic) total […] sin licencia de
construcción expedida por la Secretaría de Planeación Municipal […]”; se le impuso
una sanción, se le concedió un plazo para que solicitara reconocimiento de
construcción ante la autoridad competente y se señala que en caso de no obtener
la legalización se procedía a la demolición.

126.17. Copia de algunas piezas del expediente radicado núm. U111-201887
adelantado contra el señor Marco Tulio Aranda Giraldo en el proceso verbal
abreviado por comportamientos contrarios a la integridad urbanística en inmueble
ubicado en la vereda Abreo. En especial, se aporta copia del auto 227 de 18 de
octubre de 2018 y de la orden policiva 097 de la misma fecha, en los que se dispone
el inicio de proceso verbal abreviado contra el señor Aranda Giraldo, por el cargo
único de construcción relativo a “ampliación” y se ordenó la imposición de sellos y
suspensión de actividad constructiva.

126.18. Copia de algunas piezas del expediente radicado núm. 2018-00988
adelantado contra la señora Yaneri Mosquera Murillo en el proceso de Control
urbanístico por “CONSTRUCCIÓN SIN LICENCIA” en inmueble ubicado en la
“VEREDA LAS CUCHILLAS [de San José], SECTOR MARINES”. En especial, se

86 Cfr. Folios 321 a 364 y 608 a 611 de los cuadernos respectivamente núms. 2 y 3.
87 Cfr. Folios 398 a 410 del cuaderno núm. 2.
88 Cfr. Folios 420 a 471 del cuaderno núm. 2.

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Núm. único de radicación: 050012333000201802389-01

aporta copia del acta de continuación de la audiencia pública del proceso verbal
abreviado, Ley 1801, adelantado contra la señora Mosquera Murillo, en el cual se
resolvió “[…] DECLARAR infractoras de las normas urbanísticas a las señoras
YANERI MOSQUERA MURILLO, identificada con cédula […] y LUZ YAIDA ARMIJO
AGUALIMPIA identificada con cédula […] por realizar construcción de vivienda de
un solo nivel y techo en losa con un área total intervenida de 141,40 metros
cuadrados, sin licencia de la Secretaría de Planeación, en predio con matrícula
inmobiliaria 020-66245 y coordenadas […] ubicado en la Vereda Las Cuchillas de
San José, sector Callejón de Los Marines del Municipio de Rionegro, Antioquia […]”;
se le impuso una sanción, se le concedió un plazo para que solicitara
reconocimiento de construcción ante la autoridad competente y se señala que en
caso de no obtener la legalización se procedía a la demolición.

126.19. Copia de la Decisión núm. 0573 de 17 de junio de 201989 “[p]or la cual se
resuelve el recurso de apelación dentro del procedimiento verbal abreviado
adelantado por la Inspección de Policía Porvenir, en ejercicio de las funciones de
control urbanístico, procesos con radicado N° U0051-2018”, adelantado contra el
señor Omar Ferney Yepes Vargas por incurrir en comportamiento contrario a la
integridad urbanística, al construir terrenos no aptos para estas actuaciones, sin
licencia, en la Vereda Tablacito. La decisión confirma el auto expedido, en primera
instancia, en cuanto declaró al señor Yepes Vargas como infractor de la normativa
urbanística, le impuso una medida correctiva de demolición de la obra y le impuso
una multa.

126.20. Copia de la Factura de cobro de la Contribución de Valorización de 30 de
junio de 201990 a cargo de la señora Luz Dary Vargas Ortega, por valor de
doscientos trece mil seiscientos cinco pesos M/cte. ($213.605,oo), en relación con
el predio 2010000120010400000000.

126.21. Recorte de periódico del diario “La Prensa”91, con el reportaje denominado
“Alto Bonito, en Rionegro, una solución lejana”.

126.22. Actos administrativos92 núms. 056 de 9 de mayo de 2019, “POR MEDIO
DEL CUAL SE INICIA PROCESO VERBAL ABREVIADO POR
COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA INTEGRIDAD URBANÍSTICA”, y 015
de 9 de mayo de 2019, “POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA DE

89 Cfr. Folios 479 a 482 del cuaderno núm. 2.
90 Cfr. Folios 483 y 484 del cuaderno núm. 2
91 Cfr. Folio 505 del cuaderno núm. 2
92 Cfr. Folios 567 a 573 del cuaderno núm. 3

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Núm. único de radicación: 050012333000201802389-01

SUSPENSIÓN Y SELLAMIENTO DE UNA OBRA”, expedidos en el proceso U0034-
2019 que se adelanta contra el señor Dairo Antonio Monsalve Lezcano por
comportamiento contrario a la integridad urbanística consistente en una
construcción sin licencia o permiso expedido por la Secretaría de Planeación.

126.23. Copia de algunas piezas del expediente adelantado contra el señor
Godofredo de Jesús Marulanda Soto por infracción urbanística93. En especial, se
aporta copia del informe de visita técnica de control urbanístico, del auto de
iniciación proferido en el radicado 016-2019, de la citación a audiencia pública y del
acta de audiencia pública en el proceso verbal núm. 016-2019 en la que se dispuso
su suspensión por compromiso del infractor de aportar la licencia de construcción o
demoler voluntariamente para el 30 de agosto de 2019.

126.24. Copia del Auto núm. 246 del 30 de noviembre de 2018 94 expedido en el
radicado U104-2018, mediante el cual se decide iniciar proceso verbal abreviado
por infracción urbanística contra la señora María Aurora Marín.

126.25. Oficio de 24 de septiembre de 201995 suscrito por el Secretario General de
la Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los Ríos Negro y Nare y
anexos, en los que se adjunta un mapa contentivo de la cartografía base de la
hidrología de la Vereda Cuchillas de San José, señalando como microcuencas de
la zona el Río Negro parte media, Quebrada Arriba – Subachoque, Quebrada La
Laja, Quebrada La Foronda, Quebrada Abreo, Quebrada La Cortada y Quebrada
La Enea. Indica que los documentos técnicos del Plan de Ordenación y Manejo de
la Cuenca Hidrográfica del Río Negro – POMCA pueden consultarse en la página
web de la entidad, para lo cual adjunta un enlace electrónico.

126.26. Se aportó copia de documentos pertenecientes o relacionados con
trámites de control urbanístico en relación con la urbanización Santa Teresa del
Barrio El Porvenir96.

126.27. Oficios97 núms. 1040-11-0079 de 23 de enero de 2020 y SH11-05.02- de
23 de enero de 2020 por medio del cual el Municipio de Rionegro resuelven los
requerimientos realizados por el Tribunal y que se identificaron con los núms. 481,
482, 484, 485 y 487, en especial, se indica: i) sobre la no declaratoria de centro
poblado del Callejón de Los González, que verificados los requisitos previstos en el

93 Cfr. Folios 577 a 585 del cuaderno núm. 3
94 Cfr. Folios 615 a 617 del cuaderno núm. 3
95 Cfr. Folios 631 a 634 del cuaderno núm. 4
96 Cfr. Folios 727 a 762 del cuaderno núm. 4
97 Cfr. Folios 763 a 777 del cuaderno núm. 4

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Núm. único de radicación: 050012333000201802389-01

Decreto 3600 de 2007 y en el marco del procedimiento de revisión y ajuste del
Acuerdo 056 de 2011, se analizaron varios asentamientos y se concluyó que
algunos no cumplen los criterios reglamentarios y se explicó que los predios objeto
de la solicitud “[…] se ubican en la vereda Cuchillas de San José dentro de la
categoría de protección “Áreas para la producción agrícola, ganadera, forestal y de
explotación de recursos naturales”, Zona para la producción agropecuaria […]”.
Asimismo, se anexa copia de cartografía correspondiente a la zona del Callejón de
Los González; y ii) el estado de los procesos de control urbanístico adelantados
contra los actores, en el que se reitera la información anteriormente indicada,
contenida en el Informe SG04.3-05.02- de 31 de enero de 2019, indicado supra.

126.28. Testimonios rendidos por Nora Estella Henao Noreña, Betsabeth Otálvaro
Otálvaro, Diana Yaneth Giraldo Giraldo, Deicy Andrea Ramírez Gallo, Diana María
García Díaz, Diego Cataño Muriel y Guillermo León Gómez Rendón en audiencias
de prueba realizadas el 15 de octubre de 201998, 22 de enero de 202099 y 30 de
noviembre de 2020100. En relación con los testimonios y teniendo en cuenta la
valoración probatoria realizada, en primera instancia, se puede concluir, en síntesis,
lo siguiente:

Testimonio de la señora Nora Estella Henao Noreña

127. En relación con el testimonio de la señora Nora Estella Henao Noreña, se
resalta de su declaración lo siguiente:

127.1. Que esta vive en el Callejón de los González sector Fontibón-La Laja del
Municipio de Rionegro y conoce a los demandantes y coadyuvantes por ser vecinos
de la vereda, así como los hechos de la demanda, porque ella vive en el sector.
Indicó que las autoridades les empezaron a pedir las licencias de construcción, lo
que en su criterio no solamente no era necesario, sino que no tenían conocimiento
sobre dicho requisito por ser nativos de la zona. Agregó que, con posterioridad, se
impusieron sanciones de demolición.

127.2. Indicó que el agua y las fuentes hídricas de la zona no son de consumo
porque ya tienen características de “pantano”; que cada casa tiene pozo séptico y
que, si bien, en su vivienda se realizan los mantenimientos a través de una empresa
que contratan para ello, algunas personas no lo hacen o lo realizan mal, lo que
termina en una situación de contaminación de la represa que surte de agua al

98 Cfr. Acta de audiencia de pruebas visible a folios 665 a 668 del cuaderno núm. 4.
99 Cfr. Acta de audiencia de pruebas visible a folios 717 a 722 del cuaderno núm. 4.
100 Cfr. Índice 2 de SAMAI. Documento electrónico denominado “6ED_05ACTACONTINUACIONAU”.

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Municipio y al Río Negro. Explicó que los pozos sépticos del sector se encuentran
en mal estado porque son pequeños y se usan para familias numerosas y por
personas muy pobres que no tienen los recursos para su limpieza. Al respecto,
señaló, por un lado, que las fuentes hídricas que, en su criterio, están contaminadas
con ocasión del vertimiento de aguas servidas producto de los pozos sépticos, son
las quebradas cercanas a su vivienda, las cuales desembocan en la represa de las
Cuchillas y surten de agua al Municipio de Rionegro; y, por el otro, que frente a su
casa hay un cultivo de flores y el agua que pasa por su casa la usan y la contaminan
con insecticidas.

127.3. Expuso, por un lado, que advierte la presencia constante de vectores en
la zona a causa de la contaminación y que las autoridades no han realizado
controles frente al tema ni en relación con la contaminación derivada de los cultivos
de flores. Y, por el otro, que nunca han recibido capacitación por la Corporación
Autónoma Regional para las Cuencas de los Ríos Negro y Nare o por el Ministerio
Público, para el manejo de los pozos sépticos o de la situación de contaminación; y
que esa Corporación Autónoma Regional si realizó una toma de muestras de agua,
pero que no volvieron.

127.4. Afirmó que esa zona -El Callejón de Los González- sí tiene las
características de centro poblado, al haber más de 20 casas -indica que hay
aproximadamente 50- y que la Corporación Acueducto Multiveredal Carmin
Cuchillas Mampuesto y Anexos presta el servicio público de alcantarillado en una
Urbanización ubicada a 600 metros de su vivienda y del precitado Callejón. Agregó
que el sistema de alcantarillado del sector ha ido progresando poco a poco, pero
por el esfuerzo de los habitantes de la zona.

127.5. Precisó que la entidad pública, en el marco de los procedimientos
urbanísticos, no les dio la oportunidad de obtener la licencia de construcción y que
los empleados del Municipio toman fotografías arbitrarias a sus inmuebles. Agregó
que fueron citados al trámite administrativo sin informarles que debían acudir con
abogado, que han intentado cumplir los requisitos pero que les ponen “trabas” y que
el procedimiento y la demolición de sus viviendas ha sido arbitrario, para lo cual
puso de ejemplo la situación de personas conocidas y la propia, cuya vivienda está
en proceso de demolición.

127.6. En relación con la estratificación, señalan que hay importantes
inconsistencias y que no se ha realizado ningún procedimiento para la fijación del
estrato de su vivienda, sino que el recibo de acueducto de la Corporación Acueducto

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Multiveredal Carmin Cuchillas Mampuesto y Anexos llegó con un estrato
previamente establecido.

127.7. Por último, manifestó que el Municipio no les ha ofrecido alternativas como
planes de reubicación o de vivienda y aportó algunos documentos como sustento
de sus afirmaciones.

Testimonio de la señora Betsabeth Otálvaro Otálvaro

128. En relación con el testimonio de la señora Betsabeth Otálvaro Otálvaro se
resalta de su declaración lo siguiente:

128.1. Que es residente del Callejón de Los González y que trabaja en un cultivo
de flores; que cerca de su vivienda hay un cultivo de hortensias y que estas se
fumigan con químicos, los cuales se vierten en fuentes hídricas que contaminan la
quebrada Mal Paso, que es la que les da su sustento. Indicó que también tiene pozo
séptico y que le da temor que éste erupcione y perjudique a sus vecinos y contamine
las fuentes hídricas.

128.2. Manifestó que la situación en torno a la ausencia de alcantarillado en la
zona, la adopción de medidas de saneamiento como la presencia de pozos sépticos
y la situación en torno a los desechos tóxicos, implica un riesgo de contaminación
del Río Negro por cuanto estos contaminantes pueden llegan por los riachuelos a
esa fuente hídrica y posteriormente al grifo de agua de la comunidad.

128.3. Indicó que no tienen recursos para pagar algunos servicios y que se
evidencian problemas en la estratificación, al punto que algunos recibos llegan como
de estrato 4.

128.4. Señaló que hace más de 5 años construyó su vivienda y que no tenía
conocimiento de que debía solicitar alguna licencia de construcción; que cree que
para la época no se requería y que, en todo caso, la autoridad no le dio ninguna
alternativa para obtener la licencia. Afirmó que tiene inconvenientes porque cuando
regresó un día del trabajo encontró sellada su vivienda por la inspección urbanística
y afirmó que, cuando se presentó ante la autoridad, verificó que hubo un cambio de
inspectora y que por ello no se puedo llevar a cabo la respectiva audiencia.

128.5. Indicó que los procedimientos han sido arbitrarios, que pagan impuestos,
que no han sido capacitados por entidad pública, que no se les informó sobre el
deber de asistir a las audiencias con abogados, que el objeto de la demanda de

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acción popular es que cesen los procedimientos de demolición los cuales han sido
iniciados a casi todos los residentes del Callejón de Los González, que necesitan
apoyo en relación con el servicio de alcantarillado, que se debe reconocer al
Callejón de Los González como centro poblado y se les disminuya la estratificación.

128.6. Afirmó que realiza mantenimiento a su pozo séptico cada año, que lo
adquirió con sus propios medios y que no recibió ningún tipo de asesoría técnica de
autoridad pública, sino que fueron los mismos “oficiales” de construcción los que lo
hicieron de acuerdo con su experiencia.

128.7. Por último, manifestó que no ha sido beneficiaria de algún plan o beneficio
de vivienda.

Testimonio de la señora Diana Yaneth Giraldo Giraldo

129. En relación con el testimonio de la señora Diana Yaneth Giraldo Giraldo, se
resalta de su declaración lo siguiente:

129.1. Que conoce y ha sido víctima en las problemáticas planteadas en la
demanda de acción popular en tanto vive en el Callejón de Los González y que en
relación con todas ellas se han presentado solicitudes al Municipio y a la
Corporación Acueducto Multiveredal Carmin Cuchillas Mampuesto y Anexos, sin
que se hayan obtenido resultados.

129.2. Manifestó que el sector está catalogado como estrato 4, pese a que allí
solamente viven personas humildes y que se ha acercado a la Secretaría de
Planeación para solicitar la disminución del estrato, pero que le han negado las
solicitudes. Que cada servicio se presta con estratos diferentes, lo que evidencia
ausencia de coherencia; por ejemplo, el recibo de agua y gas llegan con estrato 4 y
el gas en estrato 3 o 4.

129.3. Precisó, en primer orden, que todas las veredas cercanas carecen de
alcantarillado y que, por el contrario, alrededor sí se presta el servicio; en segundo
orden, que prácticamente todas las viviendas tienen pozo séptico y que les hacen
mantenimientos cuando se requiere, pero que en las demás veredas se está
contaminando las fuentes hídricas por la ausencia de adecuados mantenimientos.
Asimismo, señala como fuente de contaminación la presencia de floristerías en la
zona, cercana a dos fuentes hídricas que conducen sus aguas a la represa de
Rionegro, de donde sale el agua potable del Municipio.

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129.4. Relató, por un lado, que cuando estaban construyendo en el predio les
colocaron un sello, que ella no fue a la citación y que siguió construyendo porque
se estaba viendo perjudicada. Agregó que siguió la construcción porque tenía
filtraciones de agua, que la construcción ya estaba y que las obras realizadas fueron
arreglos y no nueva construcción. Manifestó que en la actualidad la vivienda ya se
encuentra totalmente terminada y tiene 6 años de construida. Por el otro, que
conoce de procesos de demolición en los sectores de Alto Bonito, Las Cuchillas,
Fontibón, Las Lajas, específicamente los casos de las señoras Diana García y Luz
Loaiza a quienes ya les demolieron sus viviendas y que no han sido asesorados en
torno a la problemática de las demoliciones. Y, por último, que paga sus impuestos.

129.5. Informó que el Callejón de Los González era centro poblado, pero que con
posterioridad y producto de algunas modificaciones se le quitó esa categoría.

129.6. Por último, manifestó que no ha sido beneficiaria de algún plan o beneficio
de vivienda y aportó algunos documentos como sustento de sus afirmaciones.

Testimonio de la señora Deicy Andrea Ramírez Gallo

130. En relación con el testimonio de la señora Deicy Andrea Ramírez Gallo, se
resalta de su declaración lo siguiente:

130.1. Señaló que en su conocimiento hay 1800 procesos por demolición y 114
viviendas demolidas en todo el Municipio, que en el Callejón de los González hay
entre 50 y 60 predios, que no conoce la cifra de los lotes de las otras veredas, pero
que conoce que en el Callejón de Los González tienen proceso de demolición y de
suspensión de obras.

130.2. Relató que la persona que le vendió la propiedad le informó que esa zona
era un centro poblado y que había promesas de legalización y reestructuración del
POT, por lo que era esperable la adopción de medidas en pro de los habitantes del
sector.

130.3. Informó cuáles son las condiciones materiales de su predio, que contra
ella no se han iniciado procesos de demolición pero que está a la expectativa; y, en
relación con las construcciones, manifestó que, con independencia de las
construcciones sin licencia, el Municipio debería llegar a acuerdos con los
propietarios y con la comunidad, máxime, si se tiene en consideración que en el
sector hay desarrollos urbanísticos de hasta de 4 y 5 torres. Afirmó que los procesos
de demolición le han parecido abusivos porque así lo ha percibido en redes sociales,

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donde personas han manifestado el desconocimiento del debido proceso; y agregó
que hay una problemática social con algunas viviendas por la venta de sustancias
ilícitas. Agregó que no conoce de ningún tipo de programa de reubicación a las
personas afectadas.

130.4. Manifestó que la comunidad tiene derecho al servicio de alcantarillado, a
que se les exija una menor extensión de construcción para obtener una licencia de
construcción más sencilla porque no hay estudios sobre riesgo en la zona ni está
claro que la zona corresponda a un área rural o urbana.

130.5. En relación con la ausencia de alcantarillado indicó que la Corporación
Acueducto Multiveredal Carmin Cuchillas Mampuesto y Anexos le informó a la
comunidad que en el sector no había un lugar en el cual ubicar una planta de
tratamiento de aguas residuales e indicó en su relato que como alternativa al
alcantarillado se adoptó por la comunidad el uso de pozos sépticos, los cuales han
constituido una alternativa. Sin embargo, explicó que el mal manejo de estos ha
generado problemas de contaminación que, sumado a la presencia de cultivos de
flores y de actividades porcicultoras, sin buen manejo y tratamiento de aguas
residuales, constituyen una amenaza por contaminación de las fuentes hídricas de,
incluso, todo el Municipio.

Testimonio de la señora Diana María García Díaz

131. En relación con el testimonio de la señora Diana María García Díaz, se
resalta que su relato giró principalmente sobre el sector Santa Teresa del Porvenir;
es decir, un sector diferente al que es objeto de la acción popular de la referencia.
En este manifestó inconformidades en torno a los procesos de demolición de su
vivienda producto de procedimientos administrativos urbanísticos.

131.1. Señaló que la urbanización Santa Teresa del Porvenir queda en un sector
distinto al de las Cuchillas de San José, las Lajas o Fontibón y que con posterioridad
a la demolición de su vivienda, en Santa Teresa, se fue a vivir a la vereda Cuchillas
de San José porque tiene familia allí, encontrando que también hay una
problemática en este sector producto de los procesos urbanísticos, de la
contaminación de fuentes hídricas, en especial, en el sector del Callejón de Los
González, donde señala hay aproximadamente 60 viviendas.

131.2. Agregó que la ausencia de alcantarillado es generalizada en el Municipio
de Rionegro pero que en algunos sectores hay mayor vulnerabilidad por la falta de

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mantenimiento periódico de los pozos sépticos y los efectos de las aguas residuales
en los ecosistemas cercanos, como las fuentes hídricas. También resalta la
contaminación derivada de los cultivos de flores, el uso de insecticidas y la ausencia
de plantas de tratamiento de aguas residuales y expone que las aguas residuales
van directamente a las fuentes que se conectan con el Río Negro y con las
quebradas que abastecen las aguas del Municipio de Rionegro, las cuales en última
surten de agua los hogares.

131.3. Respecto del Callejón de los González relató que está ubicado cerca a la
vereda Las Lajas, que es una población de estratos bajos que cuenta con
aproximadamente 60 casas; que cerca de 20 casas tiene trámites sancionatorios de
carácter urbanísticos; que la mayoría de estas viviendas tienen pozo séptico pero
no todas realizan los mantenimientos correctivos y preventivos; que junto al Callejón
de Los González hay unas fuentes de agua; que cuando se llenan los pozos
sépticos se rebosan y empiezan directamente a bajar las aguas residuales a la
quebrada; que algunas familias informaron que no tienen recursos económicos para
realizar la limpieza de sus respectivos tanques.

131.4. Por último, realizó una extensa consideración sobre cuestiones políticas
que, en su criterio, motivaron las diversas medidas urbanísticas, de suspensión de
obra y de demolición que, en general, ha adoptado el Municipio de Rionegro en su
territorio, y señaló que la idea es que en aquellos eventos en que el Municipio ordene
las demoliciones se reubique a las personas o se le brinden las oportunidades para
obtener una vivienda digna. Finalmente, aportó algunos documentos como
fundamento de su intervención.

Testimonio del señor Diego Cataño Muriel

132. En relación con el testimonio del señor Diego Cataño Muriel, se resalta de su
declaración lo siguiente:

132.1. Manifestó que es ingeniero sanitario de la Universidad de Antioquia y
especialista de la Universidad Uniminuto, que en la Alcaldía trabajó como
Subsecretario de Servicios Público desde el 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019.

132.2. Expuso que por su labor como Subsecretario de Servicios Públicos del
Municipio tiene conocimiento sobre la problemática en torno a la prestación del
servicio de alcantarillado en el Callejón de Los González, porque recibía información
sobre sectores que tenían permiso de construcción y, en contraste, otros que

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estaban ubicados en zona de alto riesgo o en relación con los cuales no se podía
prestar servicio por otros factores.

132.3. Indicó que, teniendo en cuenta el Plan de Ordenamiento Territorial, a los
14 centros poblados del Municipio de Rionegro se les contrató un Plan Maestro de
Acueducto y Alcantarillado y, en relación con los demás sectores, se consultó a la
comunidad si tenían problemas con los pozos sépticos individuales. Con esa
información se realizó una licitación con la Corporación Autónoma Regional de la
Cuenca de los Ríos Negro y Nare y el Departamento de Antioquia y se construyeron
224 pozos sépticos individuales, con vida funcional útil de entre 15 a 20 años, con
costo cero para las familias y que lo único que se solicitaba era que realizaran los
mantenimientos que, según señala, se debe realizar cada 6 meses y con un costo
de entre $400.000,oo a $1.000.000,oo en algunos casos. Clarificó que, dentro de
esos 224 pozos sépticos no se construyó ninguno en el Callejón de Los González
porque según se entendía dicho sector no tenía problemas críticos de vertimientos
directos a fuentes o vías públicas, que es un fenómeno que ocurre en varios
sectores de Rionegro.

132.4. Afirmó que el Callejón de Los González está ubicado en zona rural, que el
costo y beneficio y el hecho de que allí debe haber máximo una casa por hectárea
no justifica la construcción de un alcantarillado, sino que se buscan soluciones
individuales, tramitadas a través de la Secretaría de Planeación. Agregó que, en
ocasiones, algunos propietarios de viviendas construían sin licencia y adoptan
sistemas de pozos sépticos para un número plural de inmuebles, caso en el cual no
se les podía entregar pozos sépticos porque no cumplía con las especificaciones
técnicas y requerimientos. Afirmó adicionalmente que es necesario que las
viviendas no se encuentren en zona de alto riesgo.

132.5. Realizó un recuento sobre el procedimiento que se seguía en casos en los
que se verificaban problemas de vertimientos en zona rural de aguas residuales, la
concesión de sistemas de pozo séptico y el apoyo que desde el gobierno municipal
se otorgaba a personas y familias de escasos recursos, previo el procedimiento y
validaciones correspondientes por parte de la entidad.

132.6. En relación con las materias propias del saneamiento y contaminación
ambiental y de fuentes hídricas, indicó que a través de EPM en el año 2018 se
adoptaron algunas medidas en torno o alrededor de los denominados centros
poblados del Municipio de Rionegro y que en relación con otros sectores se fueron
adoptando medidas con el acompañamiento de la respectiva corporación autónoma

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regional, que incluyó la adopción de medidas de policía por tratarse de
contaminación proveniente de particulares. Reiteró que el Callejón de Los González
no es un centro poblado e indicó que se diseñaron algunos alcantarillados pero que
hay zonas que no se pueden intervenir por problemas de densificación,
construcciones ilegales o ubicación en zonas de alto riesgo. Insistió en que si no
hay legalidad en las propiedades el Municipio no puede intervenir para establecer
una solución de alcantarillado.

132.7. Manifestó que no hay una norma que obligue al Municipio a hacer el
mantenimiento a los pozos sépticos, que incluso llegaban peticiones en ese sentido
pero que la entidad territorial no tenía cómo realizarlos por ser sistemas privados.

132.8. Finalmente, manifestó que no conoce el método para determinar la
estratificación del sector.

Testimonio del señor Guillermo León Gómez Rendón

133. En relación con el testimonio del señor Guillermo León Gómez Rendón, se
resalta de su declaración lo siguiente:

133.1. Manifestó que fue Secretario de Planeación del Municipio de Rionegro,
que tuvo conocimiento del caso cuando se notificó la acción popular, por su función
pública y por ser originario del Municipio.

133.2. Adicionalmente, señaló que: i) en el Callejón de Los González se
construyeron muchas viviendas sin licencia; ii) el Callejón está ubicado en zona rural
de protección agropecuaria; iii) que por ser zona de protección no se pueden
desarrollar sino una vivienda por hectárea y, por ende, no se desarrollan sistemas
de alcantarillado sino de tanques sépticos individuales; iv) que el principal
impedimento de construcción y legalización de predios se relaciona con que, por su
característica, no se puede legalizar la construcción pues no cumplen con el
requerimiento de una vivienda por hectárea; v) que corresponde a cada familia, por
su cuenta y riesgo, disponer y mantener un tanque séptico; vi) que si lo pretendido
es la modificación de la naturaleza de la zona, se debe acudir no a la acción popular
sino a una modificación del POT; vii) que en lo atinente a la estratificación ello le
corresponde a un Comité y no al Municipio; y viii) que corresponde a la Inspección
de Policía, adscrito a la Secretaría de Planeación, el control urbanístico.

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133.3. Afirmó que no solo la característica de zona de protección agropecuaria
impide la implementación de alcantarillado, sino que otra dificultad estriba en las
pendientes en la zona, lo que daría lugar a una infraestructura muy costosa.

133.4. Indicó que producto de visitas que realizó mientras se desempeñó como
secretario, en los años 2017 y 2019, encontró que había tanques sépticos sin ningún
tipo de mantenimiento, por lo que se generan malos olores, a diferencia de un pozo
bien construido y con su debido mantenimiento, porque por el proceso anaerobio no
se generan problemas de olores, aunque el color grisáceo en el pasto también
evidencia la falta de mantenimiento. Aclaró que, en su criterio, el mantenimiento es
responsabilidad del propietario, al cual se le aprueba la licencia de construcción.
Asimismo, señaló que producto de esas visitas evidenció que en cercanías de las
viviendas hay fuentes hídricas.

133.5. Explicó sobre la declaración como centro poblado del Callejón de Los
González que se debe solicitar el concepto ambiental a la respectiva corporación
autónoma regional, que se debe justificar muy bien la modificación del POT y que
debe radicarse posteriormente ante el Concejo Municipal la solicitud. Reiteró que
en la actualidad el precitado Callejón no es centro poblado y que pertenece a
Fontibón y es zona de protección agropecuaria; que en la zona se ven cultivos de
flores, de pasto, entre otros cultivos, típicos de zonas de protección agropecuaria,
así como mantenimiento de ganado lechero, lo que explica la presencia, reitera, de
floricultivos.

133.6. Señaló que las licencias de construcción siempre se han requerido, que
en la zona urbana se evidencian diversos problemas de vivienda y que, si bien, el
Municipio brinda soluciones y ayudas para compra de vivienda, no está obligado a
darle vivienda a las personas que construyen sin licencia.

133.7. Agregó que en sus visitas identificó problemas ambientales como presencia
de olores por la falta de mantenimiento de los tanques sépticos y afirmó que
conforme sus visitas si hipotéticamente ocurriera un derrame de los pozos sépticos
sí se podrían generar afectaciones a fuentes hídricas superficiales o subterráneas
de la zona.

133.8. Por último, señaló que la declaratoria de zona de expansión urbana requiere
que el sector esté pegado a la zona urbana, no siendo procedente la declaratoria
de una zona aislada; y agregó que hoy no es posible declarar el Callejón de Los
González como tal porque no está junto al perímetro urbano. Indicó que, para el

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2027, podría reformarse nuevamente el POT, verificando si se puede incluir dicho
sector como centro poblado, previa aprobación por parte de la Corporación
Autónoma Regional de la Cuenca de los Ríos Negro y Nare, con la claridad de que
no se puede eliminar la zona agropecuaria y el sector rural del Municipio por su
importancia ecosistémica.

134. Expuesto todo lo anterior, la Sala procederá a apreciar y a valorar la totalidad
de las pruebas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos
del artículo 176 de la Ley 1564, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el caso
sub examine.

Análisis del caso concreto

135. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para,
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine.

136. En especial, se procederá a resolver sobre los problemas jurídicos
planteados.

El cumplimiento del requisito de procedibilidad en relación con la solicitud de
estratificación socioeconómica, en el caso concreto

137. El Municipio de Rionegro argumentó en el recurso de apelación que no se
probó que la parte actora cumpliera el requisito de procedibilidad previsto en el
artículo 144 de la Ley 1437 en relación con el Comité Permanente de Estratificación
Socioeconómica del Municipio de Rionegro ni que solicitaran a dicha autoridad la
adopción de las medidas necesarias para la protección del derecho colectivo
presuntamente vulnerado, en materia de estratificación socioeconómica.

138. Vistos los artículos 144 y 161, numeral 4, de la Ley 1437, sobre protección
de los derechos e intereses colectivos y requisitos previos para demandar, antes de
presentar la demanda para la protección de los derechos e intereses colectivos, el
actor popular debe solicitar a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones
administrativas que adopte las medidas necesarias de protección del derecho o
interés colectivo amenazado o violado y si la autoridad no atiende dicha reclamación
dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la solicitud o se niega
a ello, podrá acudirse ante el juez. La norma establece adicionalmente que se podrá

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prescindir de este requisito cuando exista inminente peligro de ocurrir un perjuicio
irremediable contra los derechos e intereses colectivos, lo cual se debe sustentar
en la demanda.

139. La Sala considera, en primer orden, que el recurso de apelación no es la
oportunidad procedente para efectos de controvertir el cumplimiento o no del
requisito de procedibilidad previsto en los artículos 144 y 161, numeral 4, de la Ley
1437 teniendo en cuenta, por un lado, que se trata de una inconformidad que, en
caso de considerarlo, se debe plantear por el interesado como recurso contra el
auto admisorio de la demanda; y, por el otro, que de conformidad con el artículo 207
de la Ley 1437, sobre control de legalidad, aplicable en virtud del artículo 44 de la
Ley 472, sobre aspectos no regulados, agotada cada etapa del proceso, el juez
ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los
cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas
siguientes.

140. Sin perjuicio de lo anterior, en segundo orden, vistos los artículos 101 y 104101
de la Ley 142 de 11 de julio de 1994102, sobre régimen de estratificación y recursos
de los usuarios, que establecen, entre otros aspectos, lo siguiente:

140.1. “[…] Es deber de cada municipio clasificar en estratos los inmuebles
residenciales que deben recibir servicios públicos. Y es deber indelegable del
alcalde realizar la estratificación respectiva […]” (Destacado fuera de texto).

140.2. “[…] Antes de iniciar los estudios conducentes a la adopción, el alcalde
deberá conformar un Comité permanente de estratificación socioeconómica
que lo asesore, cuya función principal es velar por la adecuada aplicación de las
metodologías suministradas por el Departamento Nacional de Planeación […]”
(Destacado fuera de texto).

140.3. “[…] El alcalde adoptará mediante decreto los resultados de la
estratificación y los difundirá ampliamente. Posteriormente los notificará a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios […]” (Destacado fuera de
texto).

140.4. “[…] Toda persona o grupo de personas podrá solicitar por escrito la
revisión del estrato urbano o rural que se le asigne. Los reclamos serán

101 Modificado por el artículo 17 de la Ley 689 de 28 de agosto de 2001, “por la cual se modifica parcialmente

la Ley 142 de 1994”.
102 “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”.

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atendidos y resueltos en primera instancia por la alcaldía municipal, en un
término no superior a dos (2) meses, y las apelaciones se surtirán ante el Comité
Permanente de Estratificación de su municipio o distrito quien deberá resolverlo
en un término no superior a dos (2) meses. En ambos casos, si la autoridad
competente no se pronuncia en el término de dos (2) meses, operará el silencio
administrativo positivo […]” (Destacado fuera de texto).

141. La Sala encuentra probado que los actores populares remitieron
comunicación dirigida al Alcalde Municipal de Rionegro con el objeto de agotar el
requisito de procedibilidad, en el siguiente sentido:

“[…] Doctor:
[…]
ALCALDE MUNICIPAL
Calle 49 # 50-05 Tel. 5204060
RIONEGRO ANTIOQUIA

Ref.: Solicitud de medidas para la protección de derechos e intereses
colectivos amenazados por acción y omisión.

LEYDY TATIANA GARCIA HENAO, FELIPE JOSE MERCADO MUNERA, LINA
MARCELA RAMIREZ OTALVARO,LUZ ANIDIA CARO ROLDAN, ADRIANA BERRIO
RAMIREZ, y VICTOR MANUEL MUNOZ VALLEJO identificados con las cedula de
ciudadanía Números […] por medio del presente nos dirigimos a su despacho para
solicitarle la protección de los derechos e intereses colectivos y del medio
ambiente afectados, con fundamento a las pruebas factico jurídicas que
detallamos a continuación. Esta solicitud se compulsa a su despacho en razón que
la entidad regentada por su digno cargo hace parte del SINA.

HECHOS.

1. De manera respetuosa nos dirigimos a su despacho para manifestarle nuestra
preocupación en razón que los habitantes de Vereda las Cuchillas de San José,
sector Fontibón -Laja y el Centro Poblado del Callejón de los González, no
contamos con el servicio de Alcantarillado, por lo que la Empresa de servicios
Públicos, Corporación de Acueducto Multiveredal CAM, nos vende el servicio de
Acueducto sin contar con las redes de Alcantarillado por lo que se está contaminando
las fuentes hídricas del sector, provocándose una afectación grave a los derechos
colectivos y del medio ambiente, por lo que es una responsabilidad del estado
garantizar los servicios públicos como lo establece el Art. 365 de la C.P2. y las
exigencias los numerales 7.3, al 7.5 del Decreto 200 del 2000 cuya norma establece
los requisitos para la venta de los servicios de acueducto, cuya responsabilidad recae
sobre el estado y los particulares vendedores y negociantes

2. En cuanto a la estratificación de la zona, no cuenta con ningún control del
municipio, por lo que las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos
domiciliarios en especial del acueducto establece la estratificación sin control
alguno, constituyéndose un hecho que amenaza con la prestación de los
servicios de manera eficiente y oportuna y constituyéndose en un acto de
cobros excesivos, poniendo en peligro la estabilidad económica de la región, pues
“...no le corresponde a las empresas de servicios públicos llevar a cabo la misma (La
estratificación), puesto que es una función que se encuentra a cargo del municipio,
pero sí es deber de quienes presten los servicios públicos la de aplicarla y cobrar las
tarifas de los inmuebles destinados a vivienda, de acuerdo con los resultados que tal
estratificación arroje.

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[…]

5. De lo anteriormente expuesto se evidencia que persiste una vulneración clara y
contundente a los derechos e intereses colectivos de los cuales se pide su abrigo
constitucional protector, contemplados en la Carta Superior, el Bloque de
constitucionalidad, y el derecho comparado, en especial los derechos colectivos y del
medio ambiente Artículos 78, 79, 80, 81 y 82 de la C.N y los derechos que se
encuentran tipificados en los literales d) e) f) g) h) j) I) del artículo 4 de la ley 472 de
1998, los cuales se encuentran amenazados, desconocidos y vulnerados ya por
acción directa de los agentes del estado y por omisión como en el caso de la carencia
absoluta del alcantarillado.
[…]

Con fundamento en lo anterior hacemos las siguientes pretensiones.

PRETENSIONES.

Solicitamos la protección de los derechos e intereses colectivos y del medio ambiente,
en concordancia con los derechos fundamentales y constitucional y
convencionalmente protegidos, con el objeto de hacer cesar el peligro y la amenaza
y el daño contingente.
[…]

2. Solicitamos el Control de la estratificación de las residencias de las veredas
Las lajas Fontibón y de manera especial del Callejón de Los González frente a
la Empresa prestadora de Servicios Públicos CAM […]”103 (Destacado fuera de
texto).

142. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que en este caso los
actores populares cumplieron el requisito de procedibilidad en la medida en que
remitieron al Alcalde del Municipio de Rionegro la correspondiente solicitud de
adopción de medidas de protección de los derechos e intereses colectivos en
relación con, entre otras, la problemática que plantean en torno a la estratificación
socioeconómica de las vereda las Cuchillas de San José, sector Fontibón -Laja y el
Callejón de Los González.

143. Conforme con las normas anteriormente indicadas, el Municipio de Rionegro
es el competente para resolver sobre la clasificación en estratos de los inmuebles
residenciales que deben recibir servicios públicos en el área de su respectiva
jurisdicción e incluso, en los términos del artículo 104 de la ley 142, es el competente
para resolver, en primera instancia, los reclamos presentados por los usuarios en
torno a la revisión del estrato urbano o rural que se les asigne, con la claridad de
que el Comité permanente de estratificación socioeconómica es un órgano asesor
del alcalde municipal y que a este comité le corresponde resolver los recursos de
apelación que interpongan los usuarios en relación con las decisiones adoptadas
en la materia, en primera instancia, por el respectivo municipio.

103 Cfr. Folios 18 a 20 y 33 del cuaderno núm. 1.

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144. Es por lo anterior que, en este caso, la solicitud presentada ante el Municipio
de Rionegro para que se adopten medidas para la protección de los derechos e
intereses colectivos derivada de la problemática planteada por los actores populares
sobre la estratificación socioeconómica en la zona objeto de la acción implica el
cumplimiento del requisito de procedibilidad en tanto es esta autoridad la principal
responsable y competente, en primera medida, de atender la solicitud y ejecutar las
medidas necesarias en torno a la problemática, sin perjuicio de los recursos
procedentes ante otras autoridades, en los términos anteriormente indicados.

145. En suma, la Sala considera, por un lado, que el recurso de apelación no es
la oportunidad para plantear inconformidades en torno al cumplimiento o no del
requisito de procedibilidad previsto en los artículos 144 y 161, numeral 4, de la Ley
1437 y, por el otro, sin perjuicio de lo anterior, se encuentra probado que los actores
cumplieron con el requisito de procedibilidad en relación con el Municipio, como
entidad competente para resolver sobre la solicitud de revisión del estrato urbano o
rural que se le asignó a la vereda las Cuchillas de San José, sector Fontibón -Laja
y el Callejón de Los González. Por ende, el argumento del recurso de apelación no
tiene vocación de prosperidad.

Respecto de la carga argumentativa del recurso de apelación

146. La parte actora formuló diversos reparos concretos en su recurso de
apelación que sintetizó de la siguiente forma:

“[…] (i) Exceso ritual manifiesto. falta de valoración de los procesos de demolición
de viviendas en el municipio de Rionegro Antioquia adelantadas por parte de este
ente territorial.
(ii) Desconocimiento de la realidad de los coadyuvantes, allegados al proceso con
procesos de demolición de viviendas.
(iii) Falta de conformación del comité de seguimiento de la sentencia.
(iv) Desconocimiento de los derechos colectivos y del medio ambiente, de los
habitantes de las veredas Cuchillas de San José, Fontibón – La Laja y el Callejón
de los González del Municipio de Rionegro (Ant.)
(v) Indebida y errada valoración de la afectación del medio ambiente por parte del
despacho por la inexistencia del alcantarillado para el uso residencial de los
habitantes de la Vereda Las Cuchillas de San José, sector Fontibón – Laja y el
Centro Poblado del Callejón de los González;
(vi) Desconocimiento de los derechos colectivos, por falta de adopción de
medidas por parte del juez popular frente a las órdenes de demolición de
viviendas por procesos adelantados por el Municipio de Rionegro; y
(vii) Indebida valoración de las causas de la exclusión del Centro Poblado
Suburbano al Callejón Los González en inmediaciones del sector Fontibón –
Laja […]” (Destacado fuera de texto).

147. Posteriormente, luego de desarrollar los puntos iniciales de su recurso, la
parte actora transcribió al final del recurso lo siguiente, sin desarrollar argumentos:

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Núm. único de radicación: 050012333000201802389-01

“[…] (iv) DESCONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS COLECTIVOS, POR
FALTA DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS POR PARTE DEL JUEZ POPULAR
FRENTE A LAS ÓRDENES DE DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS POR
PROCESOS ADELANTADOS POR EL MUNICIPIO DE RIONEGRO; Y

(vii) INDEBIDA VALORACIÓN DE LAS CAUSAS DE LA EXCLUSIÓN DEL
CENTRO POBLADO SUBURBANO AL CALLEJÓN LOS GONZÁLEZ EN
INMEDIACIONES DEL SECTOR FONTIBÓN – LAJA […]”

148. Al respecto, la Sala considera que el demandante omitió el deber de la carga
argumentativa del recurso de apelación; ello, en tanto no sustentó los
planteamientos anteriormente indicados.

149. Al respecto, es pertinente señalar que esta Sección ha venido considerando
que la parte apelante es quien tiene la obligación de asumir la carga procesal
argumentativa dado que el objeto del recurso es controvertir uno o varios de los
fundamentos de la sentencia proferida por el a quo, lo que, a su vez, supone una
limitación en la competencia del Juez superior. Al respecto, la Sala se ha referido
en los siguientes términos:

“[…] [V]alga recordar que, en los términos del numeral 3° del artículo 322 Código
General del Procesal, la carga procesal argumentativa de la apelación es obligatoria,
debido a que el objetivo de ese recurso es controvertir ante el superior jerárquico uno
o varios fundamentos de la sentencia del juez de primera instancia […]”104.

150. A su turno, la Sala también ha expresado que para proferir la decisión no
basta con haberse aportado la prueba que permita determinar la violación, sino que
el recurrente debe haber cumplido con una carga argumentativa que permita realizar
un estudio sobre las razones manifestadas105.

151. De acuerdo con lo anterior, la Sala reitera que quien apela, está obligado a
precisar las inconformidades contra la decisión judicial que considera contraria a
sus pretensiones, con la finalidad de que el juez de segunda instancia las confronte
con los argumentos expuestos en la providencia judicial recurrida.

152. En el caso sub examine, este deber se incumplió en relación con los
argumentos de apelación que la parte actora denominó, por un lado, “[…] (iv)
DESCONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS COLECTIVOS, POR FALTA DE
ADOPCIÓN DE MEDIDAS POR PARTE DEL JUEZ POPULAR FRENTE A LAS
ÓRDENES DE DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS POR PROCESOS ADELANTADOS

104 Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 3 de marzo de 2023, C.P. Roberto Augusto Serrato

Valdés, número único de radicación: 880012333000201800021-01.
105 Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 2 de noviembre de 2023, C.P. Hernando Sánchez

Sánchez, número único de radicación: 250002341000201401431-02.

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POR EL MUNICIPIO DE RIONEGRO[…]”; y, por el otro “[…] (vii) INDEBIDA
VALORACIÓN DE LAS CAUSAS DE LA EXCLUSIÓN DEL CENTRO POBLADO
SUBURBANO AL CALLEJÓN LOS GONZÁLEZ EN INMEDIACIONES DEL
SECTOR FONTIBÓN – LAJA […]”, lo cual implica que si la Sala resuelve en
segunda instancia excedería los límites de la competencia fijados en la ley para el
conocimiento del recurso de apelación y conllevaría, a su vez, la transgresión del
derecho fundamental al debido proceso de la parte demandada.

153. En ese orden de ideas, sin perjuicio del análisis que corresponda en relación
con los otros argumentos, la Sala se abstendrá de realizar el análisis de los dos
argumentos anteriormente indicados en la medida en que carecen de desarrollo
argumentativo que permita un análisis, en segunda instancia.

La amenaza o vulneración de los derechos e intereses colectivos, en el caso
concreto

154. La Sala considera que, según lo señalado por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo de esta Corporación106, para que pueda predicarse la
vulneración o amenaza de los derechos e intereses colectivos, debe estar
demostrado su carácter real, inminente y concreto.

155. Teniendo en cuenta lo anterior y, en especial, los problemas jurídicos
planteados y los argumentos expuestos por la parte actora y por el Municipio de
Rionegro en los recursos de apelación, la Sala procederá a determinar si en este
caso se encuentra probada o no la vulneración o amenaza de los derechos e
intereses colectivos derivada de los tres hechos anteriormente indicados, a saber:
por un lado, la situación en torno a la infraestructura dispuesta en las veredas
Cuchillas de San José, Fontibón – La Laja y el Callejón de Los González del
Municipio de Rionegro para la prestación del servicio público de alcantarillado y su
mantenimiento; por el otro, la situación de exclusión del Callejón de Los González
como centro poblado y, por último, con ocasión de las órdenes de demolición de
inmuebles ubicados en las veredas indicadas supra, con ocasión del incumplimiento
de la normativa urbanística.

156. Para efectos de lo anterior, la Sala procederá a apreciar y valorar todas las
pruebas decretadas y aportadas, en primera instancia, de conformidad con las

106 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 13 de febrero de 2018, C.P.

William Hernández Gómez, radicación número: 250002315000200202704-01(SU). Jurisprudencia reiterada por
la Sección Primera, en sentencia de 25 de noviembre de 2019, núm. único de radicación:
660012333000201400322-01(AP), C.P. Oswaldo Giraldo López.

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reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la Ley 1564, aplicando
para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se
requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los
problemas jurídicos planteados en el caso sub examine.

La vulneración o amenaza de los derechos e intereses colectivos con ocasión
de la infraestructura dispuesta como alternativa para la prestación del servicio
público de alcantarillado, su mantenimiento e impactos ambientales; y
responsabilidad del Municipio, en el caso concreto

157. La Sala considera que las pruebas aportadas al proceso permiten concluir
que al interior de las viviendas ubicadas en las veredas Cuchillas de San José,
Fontibón – La Laja y, en especial, en el Callejón de Los González, del Municipio de
Rionegro, no se presta el servicio público de alcantarillado y que, como alternativa,
se han implementado, en algunos casos, sistemas de tratamiento de aguas
residuales y excretas de pozos sépticos. Asimismo, se encuentra probado que
algunos de estos sistemas carecen de los mantenimientos necesarios, lo cual ha
generado, según se planteó en los testimonios, los cuales fueron coherentes,
detallados y responsivos, y se referenció en algunos de los documentos aportados
por las entidades demandadas, un riesgo en materia de salubridad comunitaria con
una derivación de amenaza directa sobre las fuentes de agua cercanas al
asentamiento objeto de esta acción.

158. Mediante el Oficio N° SH11.2-05.02-1190 del 20 de diciembre de 2018107
suscrito por el Subsecretario de Servicios Públicos de la Secretaría del Hábitat del
Municipio, se informó a un habitante de la vereda Cuchillas de San José que,
producto de una visita técnica al sector Los González de la vereda Cuchillas de San
José, se determinó que, por el número de viviendas del sector, se “[…] requiere del
diseño y construcción de un sistema séptico colectivo que dé solución a todas
las viviendas. […] Por lo que, dado a las condiciones de tipo sociodemográfico del
sector, se debe de plantear una solución conjunta que abarque y resuelva la
problemática de vertimientos en general […]” y luego de explicar los requisitos,
señaló que “[…] este tipo de obras estarán dadas cuando se gestionen y
destinen recursos para los proyectos que viene adelantando la administración
municipal de Rionegro Tarea de Todos; como parte del proceso de intervención
estratégica en el mediano y largo plazo; que busca dar solución a esta
problemática de saneamiento en el sector rural […]” (Destacado fuera de texto).

107 Cfr. Folio 277 del cuaderno núm. 2.

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159. Adicionalmente, se encuentra probado con los oficios108 núms. 1040-11-0079
de 23 de enero de 2020 y SH11-05.02- de 23 de enero de 2020: i) que el Callejón
de Los González no fue declarado centro poblado por no cumplir los requisitos
previstos en el Decreto núm. 3600 de 2007, en el marco del procedimiento de
revisión y ajuste del Acuerdo 056 de 2011, y, en especial, porque los predios objeto
de la solicitud “[…] se ubican en la vereda Cuchillas de San José dentro de la
categoría de protección “Áreas para la producción agrícola, ganadera, forestal y de
explotación de recursos naturales”, Zona para la producción agropecuaria […]”. En
todo caso, la Sala reitera que el respectivo acuerdo modificatorio del POT, en este
caso, constituye un acto administrativo cuya legalidad no es objeto ni de estudio ni
de control en el marco de esta acción popular.

160. Se encuentra probado con el Oficio de 24 de septiembre de 2019109 suscrito
por el Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de las cuencas de
los Ríos Negro y Nare y anexos, en el que se adjunta un mapa contentivo de la
cartografía base de la hidrología de la Vereda Cuchillas de San José, señalando
como microcuencas de la zona el Río Negro parte media, Quebrada Arriba –
Subachoque, Quebrada La Laja, Quebrada La Foronda, Quebrada Abreo,
Quebrada La Cortada y Quebrada La Enea, lo cual evidencia la presencia de
arroyos, quebradas y, en general, fuentes hídricas en la zona.

161. Adicionalmente, la Sala observa que los testimonios y declaraciones
practicadas fueron coherentes y responsivos en torno a los hechos relativos a la
ausencia de alcantarillado, la adopción de mecanismos alternativos como pozos
sépticos, la ausencia de mantenimiento en algunos casos y el riesgo de
contaminación de fuentes hídricas. En efecto, en la declaración rendida por la
señora Diana María García Díaz se manifestó sobre la situación de alcantarillado,
mantenimiento de pozos sépticos y sobre la amenaza de contaminación, lo
siguiente:

“[…] también la contaminación de las fuentes hídricas […] en el sector de los
González […] ese sector puede tener aproximadamente 60 viviendas […] en Rio
Negro son muy pocos los sectores que tienen el sistema de alcantarillado, pero
hay unos sectores que son más vulnerables porque […] muchas viviendas
tienen pozos sépticos, pero no se les hace el mantenimiento que se les debe
hacer, preventivo y correctivo, entonces todas esas aguas residuales van a
contaminar las fuentes […], en el sector de los González hay también un cultivo de
flores, que nosotros estuvimos haciendo un recorrido y no encontramos las plantas
de tratamientos de agua residuales, cuando son cultivos que manejan insecticidas
bastante contaminados y esas aguas van directamente a las fuentes, y esas fuentes

108 Cfr. Folios 763 a 777 del cuaderno núm. 4
109 Cfr. Folios 631 a 634 del cuaderno núm. 4

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se conectan con el Río Negro […] y que finalmente son las que van a llevar el agua
a todos los hogares […]

[…] el centro poblado Callejón de los González […] la mayoría de estas viviendas
tienen pozos sépticos […], pero no todas hacen el mantenimiento que se debe
hacer […] para que no se vean afectadas las fuentes de agua, […] al lado de
debajo de este sector hay unas fuentes de agua y al otro lado hay un cultivo, y
cuando los pozos sépticos se llenan […] empiezan directamente a bajar las
aguas […] [servidas o residuales] directamente a la quebrada. En algunas visitas
que hicimos allá con algunos dueños de allá, […] muchas familias decían que ellos
no tienen la posibilidad de hacerle la limpieza cada que se les debe hacer a estos
pozos sépticos porque el costo de las limpiezas es alto y allá estamos hablando de
familias que trabajan en cultivos de flores que se ganan un mínimo o un poco más
[…] y el costo de este mantenimiento es representativo para una familia de estas.

[…] de CORNARE conozco […] que han habido presupuestos en convenio con el
Municipio para el tema de los pozos sépticos, pero […] hoy los pozos sépticos no
están solucionando el tema que ameritan estos sectores como es el tema del
alcantarillado […]” (Destacado fuera de texto).

162. En su testimonio, el señor Diego Cataño Muriel, quien se reitera, fungió como
subsecretario de Servicios Públicos del Municipio de Rionegro manifestó sobre la
ausencia de alcantarillado y el conocimiento de problemáticas en torno a los
sistemas alternativos al de alcantarillado, para la prestación del servicio de
saneamiento básico, lo siguiente:

“[…] cuando yo llegué pues hace dos años […] la guía de nosotros es el POT,
entonces nosotros en el POT nos guiamos para […] entrar como a intervenir todo el
tema rural, e intervenir con estudios porque no los había […], pero nos enfocamos en
dos líneas, una […] los Centros Poblados que el POT determinó que eran catorce
Centros Poblados, entonces a esos 14 catorce Centros Poblados les contratamos
unos estudios, planes maestros llamamos nosotros de acueducto y
alcantarillado, que son estudios al detalle, dentro de los cuales no está el
callejón de los González como Centro Poblado […] los que quedaron por fuera, a
esos si nosotros hicimos un inventario y convocamos a la comunidad que nos dijeran
en qué sectores tenían problemas o deficiencias en pozos sépticos individuales. De
los pozos sépticos individuales tenemos una lista de aproximadamente setecientos,
sacamos una licitación con CORNARE, Gobernación y nosotros y alcanzamos a
construir doscientos veinticuatro (204) […] pozos sépticos individuales […], cada
pozo séptico debe cumplir también con unas normas, pues un retiro, unas
especificaciones técnicas, un visto bueno del vecino […], dentro de eso no está
el callejón de los González, el callejón la información que yo tengo es que no
tenía problemas críticos de vertimientos directos a fuentes o vías públicas, que
es un fenómeno que ocurre en varios sectores de rio negro. Como le digo,
alcanzamos a hacer los planes maestros de los catorce centros poblados, los estudios
están, la nueva administración al parecer va a ejecutar esas obras y en los
individuales para ver que sigue […] con la labor de […] construir […] si seguir
construyendo individuales donde no los hay o hayan sistemas que no cumplen. […]

Magistrado pregunta: “[…] ¿Los pozos sépticos que usted nos ha mencionado que se
estuvieron dotando durante el paso suyo por la administración del Municipio Río
Negro fueron, específicamente, con referencia a estas veredas, Cuchillas de San
José, Sector Fontibón - Las Lajas, Centro Poblado Callejón de los González?, o
¿Tenía que ver con otros sectores y no con estos? […] Testigo: “[…] Con todos los
sectores su señoría, no recuerdo exactamente si cuántos fueron de este sector, pero
como le digo habían como setecientos y en una primera instancia sacamos trecientos
y el contratista alcanzo a hacer doscientos veinticuatro. Eran de todos los sectores de
Rionegro, nosotros […] teníamos una base de datos donde reposaba y nosotros

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previamente hacíamos una visita que efectivamente cumpliera porque lo que se
buscaba también era que llegara a las familias más pobres y no a los estratos altos
[…]

Magistrado pregunta: “[…] ¿Estos pozos sépticos, cuando se dotaban a una vivienda
pozo séptico tenía un costo para el propietario, para el poseedor, para el usuario de
la vivienda? […] Testigo: “[…] Cero, solamente nosotros le pedíamos que el
mantenimiento que ellos lo hicieran y […] que estuvieran en una capacitación […] la
idea era que perdurara en el tiempo […]” (Destacado fuera de texto).

163. La señora Nora Estella Henao Noreña relató en su declaración sobre la
situación de saneamiento básico, mantenimiento de pozos sépticos y sobre la
amenaza de contaminación, lo siguiente:

“[…] ahorita con el problema del agua, el agua ya no se puede beber porque el
agua es totalmente puro pantano […] no cuidar nuestras aguas porque, […] cada
casa tiene su pozo séptico, cada cual es […] de su mantenimiento, pero […] no
me consta que los demás le hagan mantenimiento porque no me fijo, pero yo sí
en lo que […] es mi parte sí, si le hago adecuadamente cuando se necesita […]. Allá
están las quebradas, los riachuelos, la gente […], a pesar de que diga que sí,
pero de pronto si son desordenaditos y toda esta contaminación llega a la
represa, de la represa cae al rio Río Negro, que es donde cae esta agua, es
totalmente sucia, pantanosa […]”.

“[…] son las […] quebraditas que pasan por mi casa, por ahí pasan unas
quebradas que desembocan […] a la […] represa Las Cuchillas y de la represa,
que es de ahí donde sacan el agua para el Rionegro, […] que es el agua viene
café, negra […], allá no se puede tomar. Entonces todas las porquerías de […]
las cientos de casas que como usted puede ver en la foto que le traje, […] todo
eso llega allá y cae a esa quebrada. […] De frente de mi casa tenemos una
floristería, donde todos los riegos, los cultivos […] esa agua de ahí que pasa por mi
casa, esa la usa el cultivo, eso lo contaminan porque […] eso lo manejan con
insecticidas, entonces es más, recogen con motobombas el agua de esa quebrada,
entonces se imagina la contaminación […]”.

“[…] claro que si Doctor, […] las cuchillas, el Callejón de los González, pues son
muchas partes […] como no nos vamos a contaminar si somos varias personas,
varias viviendas que tenemos pozos sépticos. […] Nosotros somos juiciosos y los
mandamos a limpiar, pero yo no creo que todos los demás, porque hay mucho
mosco, zancudo, mucho insecto por allá […] ¿qué produce eso?, la
contaminación de las aguas […]”.

“[…] los pozos sépticos […] bien pequeños, una familia numerosa […] hay gente
mucho más […] pobre que yo. […] Pero hay otros que escasamente […] entonces
ellos no van a gastar todo un viaje de plata como el que nos cobran a nosotros
[…] por vaciar el pozo séptico, no imposible […]”.

“[…] no doctor, pero como va a ser un agua, si se le echan a las flores y hasta marchita
las flores porque todos los residuos de los pozos sépticos caen allá, como
pretende Doctor que se pueda hacer con eso […]” (Destacado fuera texto).

164. La señora Betsabeth Otálvaro Otálvaro, quien es operaria agrícola en cultivo
de flores, relató sobre la situación sobre la contaminación derivada de la fumigación
de flores lo siguiente: “[…] cerca de mi vivienda hay un cultivo de hortensias […] en
mi experiencia las flores se fumigan, las flores se riegan con químicos, entonces ahí
hay una quebradito que baja, que supuestamente las quebraditas llegan a las

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fuentes hídricas del río Río Negro, contaminando la quebrada Malvaso, que es la
que nos da el agua en nuestro sustento […]”.

164.1. Asimismo, la testigo indicó que la contaminación proviene de otros factores
como son la ausencia de alcantarillado y el manejo de los pozos sépticos a saber:
“[…] también porque, yo por ejemplo tengo un pozo séptico […], a mi me miedo
que ese pozo algún día se erupcione y […] perjudique a mis vecinos y perjudique
las quebradas hídricas […]”. Asimismo, indicó que “[…] no tenemos una fuente de
alcantarillado, por eso llegan por los riachuelos al rio Río Negro (refiriéndose a
desechos y materiales tóxicos), si tuviéramos un alcantarillado no sucedería esto
[…]” (Destacado fuera de textos).

165. A su turno, en el testimonio rendido por la señora Diana Yaneth Giraldo
Giraldo indicó en su testimonio que: i) “[…] nosotros si tenemos el pozo séptico, las
demás veredas, los demás vivientes están contaminando las fuentes hídricas
[…]”; ii) “[…] son dos quebraditas […] se que todo cae al río de Rio Negro […] a
la represa de Rio Negro donde es el agua potable para todos […]”; y iii) “[…]
nosotros estamos en la parte de encima y pues todas la fuentes hídricas que
hay por ahí desembocan allá (refiriéndose al Río Negro) […]” (Destacado fuera de
texto).

166. Asimismo, la señora Deicy Andrea Ramírez Gallo indicó en su relato que la
contaminación tiene su génesis principalmente en el mal manejo de los pozos
sépticos y la disposición de residuos en fuentes hídricas, producto de otras
actividades y, al respecto, indicó:

“[…] el mal manejo de esos pozos es lo que está generando esos problemas,
adicionalmente a que en esa zona […] hay varios cultivos de flores, hay
también personas porcicultoras que manejan […] la crianza de cerdos y de otros
animales, entonces no tienen el debido manejo […] para que estas aguas […]
[residuales y excretas] tengan un conducto final que sería una planta de tratamiento,
sino que ellas están llegando a las fuentes, a las quebradas hídricas del
Municipio […]

[…] al frente de mi casa hay un cultivo de flores y lo que yo veo es que ellos hacen
su proceso, pero no he visto como un punto de tratamiento del agua, o sea […]
de su proceso de fumigación. […]

[…] hace por ahí cuatro años […] la CAN estuvo haciendo como un análisis de las
quebraditas que pasaban cerca de esos […] cultivos, porque […] al lado de mi casa
hay uno y hay un nacimiento que […] es bastante largo, pero no […] hubo como […]
ninguna información ni parámetro ahí […]” (Destacado fuera de texto).

166.1. Por último, en el testimonio rendido por el señor Guillermo León Gómez
Rendón, quien se desempeñó anteriormente como Secretario de Planeación del

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Municipio de Rionegro, si bien su testimonio giró en torno a los centros poblados en
el Municipio de Rionegro y los procesos urbanísticos en la zona objeto de la acción,
también indicó que, en virtud del ejercicio de su función pública y por ser originario
del Municipio, y producto de visitas que realizó mientras se desempeñó como
Secretario, en los años 2017 y 2019, encontró que había tanques sépticos sin
ningún tipo de mantenimiento, que se generaban malos olores y que en algunos
casos la falta de mantenimiento se evidenciaba igualmente con el color grisáceo del
pasto. Asimismo, indicó que producto de esas visitas evidenció que en cercanías de
las viviendas hay fuentes hídricas y que, en su criterio, era probable que ante un
derrame de los pozos sépticos se afectaran fuentes hídricas superficiales o
subterráneas de la zona.

167. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que frente al derecho e
interés colectivo de la seguridad y salubridad pública la vulneración es clara debido
a que los habitantes de las veredas Cuchillas de San José, Fontibón – La Laja y, en
especial, en el Callejón de Los González, del Municipio de Rionegro, implementaron
sistemas para la disposición de aguas residuales que no garantizan la salubridad
en condiciones dignas, las cuales son fuente latente de contaminación y de
generación de vectores y malos olores, no solamente al interior de sus viviendas
sino con efectos comunitarios, lo cual tiene como causa fundamental las deficiencias
y ausencia en la prestación del servicio público de alcantarillado en dicha
comunidad, como obligación principalmente en cabeza del Municipio.

168. Desde otra perspectiva, el derecho e interés colectivo de acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública tiene como
propósito, como lo ha señalado el Consejo de Estado110 previamente, el de “[…]
disminuir la morbilidad, es decir, la proporción de personas que enferman en un sitio
y tiempo determinado […]”; se trata de la posibilidad de acceder a un conjunto de
elementos o servicios que se consideran necesarios para la buena gestión y
protección de la salubridad pública.

169. En ese sentido se ha probado que en el asentamiento no se presta el servicio
público domiciliario de alcantarillado y que, en razón de ello, la misma población ha
tenido que suplir sus necesidades con la adopción de medidas a su alcance,
abriendo la puerta al manejo inadecuado de los desechos, con circunstancias que
no garantizan la dignidad comunitaria, para el desarrollo en sus actividades
cotidianas, lo cual no ha sido objeto de los controles debidos por la administración

110 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de abril de 2007, C.P. Alier Eduardo Hernández

Enríquez, radicación número: 540012331000200300266-01(AP).

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pública con fundamento en que el mantenimientos de cada sistema de pozos
sépticos es competencia del respectivo propietario.

170. Asimismo, está probado que el sector denominado Callejón de Los González
no fue beneficiario de ninguna de las medidas en torno ni al Plan Maestro de
Acueducto y Alcantarillado ni aquellas alternativas relacionadas con la instalación
de pozos sépticos, pese a que según expusieron los testigos la administración
pública, producto de visitas realizadas al sector, tenían conocimiento sobre la
situación en torno a las deficiencias sanitarias y ambientales.

171. Asimismo, es necesario mencionar que la limpieza de los pozos sépticos o
letrinas no es equiparable a la prestación del servicio público domiciliario de
alcantarillado. Si bien, la adopción de pozos sépticos o letrinas puede ser asumido
como una medida transitoria para suplir en forma temporal la prestación del servicio
público domiciliario de alcantarillado, mientras se adoptan las medidas definitivas
para garantizar su prestación en condiciones dignas, de calidad, eficientes y
oportunas, de ninguna manera suple la obligación de los entes territoriales de
garantizar la efectiva prestación del servicio público.

172. La Sala considera que, conforme a lo demostrado en el proceso, el derecho
e interés colectivo de acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea
eficiente y oportuna, directamente relacionado con el anterior, se encuentra
vulnerado atendiendo a que los habitantes del sector en cuestión no cuentan con la
debida prestación del servicio público de alcantarillado y porque si bien se han
implementado sistemas y mecanismos alternativos, como son la instalación de
pozos sépticos, teniendo en cuenta las características acreditadas de zona de
protección agropecuaria de la zona, se encuentra probada la falta de mantenimiento
por parte de algunos propietarios de sus sistemas y la ausencia de vigilancia y
control por parte del Municipio y sus dependencias sanitarias, lo cual implica
responsabilidad por omisión en este caso concreto.

172.1. En este punto, es importante resaltar que si bien la prestación de los servicios
públicos atiende a una serie de principios establecidos en la Constitución Política y
en la ley relativos a la intervención del Estado, la progresividad en su prestación, la
garantía de calidad, la ampliación permanente de la cobertura mediante sistemas
que compensen la insuficiencia de la capacidad de pago de los usuarios con
garantía de prestación continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo
cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o
económico que así lo exijan, la normativa permite la adopción de esquemas

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diferenciales de aprovisionamiento de agua potable y saneamiento básico en zonas
rurales en los términos de los artículos 2.3.7.1.3.1 y 2.3.7.1.3.3 del Decreto Único
Reglamentario 1077 de 2015, adicionado por el artículo 2 del Decreto 1688 de 2020,
sobre adopción de soluciones alternativas en zonas rurales y soluciones alternativas
para el manejo de aguas residuales domésticas, siempre y cuando se cumplan con
los requisitos técnicos establecidos para estas soluciones en el Reglamento Técnico
del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.

172.2. Por ende, el hecho de que por cuestiones de orden técnico o económico
fundamentadas en criterios objetivos no sea viable la implementación de un sistema
de alcantarillado, ello no implica la vulneración o amenaza de los derechos e
intereses colectivos siempre y cuando se implemente por la autoridad competente
y conforme con la normativa aplicable, sistemas alternativos para la prestación del
servicio público. En ese orden, la Sala clarifica que la vulneración del derecho
colectivo de acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna, en este caso, no deviene de la ausencia de un sistema de alcantarillado
sino de las deficiencias en torno a la prestación a través del sistema alternativo para
el manejo de aguas residuales domésticas en los términos anteriormente indicado.

173. En cuanto al derecho e interés colectivo al goce de un ambiente sano,
contrario a lo manifestado por el Municipio de Rionegro en su recurso de apelación,
la Sala considera que se encuentra probada la situación de amenaza y vulneración
debido a que, producto de la situación de insalubridad, por la ausencia en la
prestación del servicio público de alcantarillado, y conforme se corroboró a través
de la prueba testimonial, se encuentra latente un riesgo de contaminación de las
fuentes hídricas cercanas al Callejón de Los González, con ocasión del indebido
manejo de aguas grises, residuales o excretas; sumado a la posible contaminación
de los suelos colindantes con las viviendas, con ocasión del indebido manejo de
estas aguas residuales, lo cual evidencia igualmente un riesgo ambiental.

174. En consecuencia, la Sala considera que, contrario a lo afirmado por el
Municipio de Rionegro en su recurso de apelación, la sentencia proferida por el
Tribunal, en primera instancia, se debe confirmar en cuanto encontró probada la
vulneración y amenaza de los derechos e intereses colectivos: i) al goce de un
ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las
disposiciones reglamentarias; ii) a la seguridad y salubridad públicas; iii) al acceso
a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; y iv) al acceso
a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, en relación

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con la infraestructura dispuesta en las veredas Cuchillas de San José, Fontibón –
La Laja y el Callejón de Los González del Municipio de Rionegro para la prestación
del servicio público de alcantarillado y su mantenimiento, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

175. Ahora bien, en relación con la responsabilidad del Municipio de Rionegro en
torno a la vulneración y amenaza de los derechos e intereses colectivo, la Sala
reitera que, entre las finalidades sociales del Estado se encuentra la de garantizar
“[…] [e]l bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población
[…]”. En esa línea, dentro de sus obligaciones, corresponde al Estado la obligación
de asegurar las condiciones mínimas que faculten la vida en comunidad de forma
óptima. Se trata de una responsabilidad ligada a evitar situaciones de índole
sanitario que sean foco de contaminación, epidemias u otras circunstancias que
afecten el estado de sanidad comunitaria.

176. La Sala reitera que la prestación de los servicios públicos está íntimamente
relacionada con los propósitos de bienestar general y mejoramiento de la calidad de
vida de los habitantes del Estado y, en ese orden, este debe asegurar su prestación
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, en forma directa o indirecta,
por comunidades organizadas, o por intermedio de particulares. Asimismo,
constituye objetivo fundamental de la actividad del Estado, la solución de las
necesidades básicas insatisfechas en materia de, entre otras, saneamiento básico
y acueducto, porque, como lo explicó la Corte Constitucional en sentencia C-172 de
2014, la prestación eficiente y oportuna de estos servicios públicos garantizan otros
derechos y principios como la vida, la dignidad y la igualdad.

177. Asimismo, en la Constitución Política111 se ha señalado que los municipios,
en forma directa o indirecta, son responsables primarios en la prestación de los
servicios públicos domiciliarios, en el marco de ciertos estándares de calidad, de la
promoción del desarrollo en el territorio, de la garantía del bienestar general y de la
solución de las necesidades básicas de la población de su territorio.

178. En ese orden, el municipio es el principal obligado a garantizar la prestación
de, entre otros, el servicio de saneamiento básico a los habitantes de su jurisdicción
en su modalidad de alcantarillado, de acuerdo con las normas que regulan los
servicios públicos domiciliarios; así como de la construcción, ampliación,
rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura para la prestación de los

111 Artículo 311.

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servicios, en orden a garantizar su eficiente y oportuna prestación, situación que
cobra relevancia en relación con la prestación del servicio en zona rural y en
aquellos eventos en que se requiere de mecanismos alternativos para la prestación
de los servicios públicos.

179. Para el cumplimiento de dichos objetivos, en ejercicio de la descentralización
territorial y administrativa, los municipios tienen la obligación legal de asegurar la
prestación de los servicios públicos domiciliarios, dentro de los cuales se encuentra
el de alcantarillado, sea de forma directa o a través de empresas de servicios
públicos de carácter oficial, privado o mixto.

180. En el caso concreto, se encontró que las viviendas objeto de esta acción
constitucional se encuentran ubicadas en zona rural, no cuentan con servicio público
de alcantarillado, lo cual ha ocasionado, como se indicó anteriormente, una
problemática ambiental y sanitaria en la zona; y que ha sido la comunidad la que ha
adoptado mecanismos alternativos para la deposición de sus residuos, como son la
instalación de pozos sépticos, sin que se hubiere probado en relación con el sector
objeto de esta acción popular y, en especial, del Callejón de Los González, que el
Municipio, más allá de los procesos de control urbanísticos, hubiere ejercido sus
facultades de vigilancia y control en materia sanitaria y ambiental, esta última en
coordinación con la respectiva corporación autónoma regional.

181. En ese orden de ideas, la Sala considera que la sentencia proferida en
primera instancia es congruente en cuanto determinó que el Municipio es
responsable en la superación de la situación de vulneración y amenaza, pero
conforme con los argumentos expuestos en precedencia; y, en ese sentido, se
confirmará la sentencia proferida, en primera instancia.

La vulneración o amenaza de los derechos e intereses colectivos con ocasión
de la exclusión del Callejón de Los González como centro poblado y de las
órdenes de demolición de inmuebles en el área objeto de esta acción popular,
en el caso concreto

182. En su recurso de apelación la parte actora manifestó que la sentencia
proferida por el Tribunal: i) incurrió en un exceso ritual manifiesto por la falta de
valoración de los procesos de demolición de viviendas en el Municipio de Rionegro,
adelantadas por la autoridad urbanística; y ii) que se incurrió en desconocimiento
de la realidad de los coadyuvantes, que llegaron al proceso con ocasión de los
precitados procesos de demolición de viviendas.

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183. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que, conforme con el
artículo 167 de la Ley 1564, “[…] [i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho
de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen […]”. Asimismo,
que conforme con el artículo 30 de la Ley 472, “[…] [l]a carga de la prueba
corresponderá al demandante […]”, sin perjuicio de la posibilidad para el juez de
impartir órdenes para suplir las deficiencias probatorias y, de ser el caso, obtener
los elementos probatorios indispensables para proferir sentencia de mérito.

184. Sobre el particular, la jurisprudencia del Consejo de Estado112, en diferentes
pronunciamientos, ha referido y defendido la importancia de la carga probatoria en
las acciones de esta naturaleza. Por ejemplo, en sentencia proferida por esta
Sección Primera, consideró lo siguiente:

“[…] Sobre la carga de la prueba en acciones populares, el artículo 30 de la Ley
472 de 1998 dispone que:

“La carga de la prueba corresponderá al demandante. Sin embargo, si por
razones de orden económico o técnico, si dicha carga no pudiere ser cumplida, el
juez impartirá las órdenes necesarias para suplir la deficiencia y obtener los
elementos probatorios indispensables para proferir un fallo de mérito, solicitando
dichos experticios probatorios a la entidad pública cuyo objeto esté referido al tema
materia de debate y con cargo a ella.

En el evento de no existir la posibilidad de allegar la prueba respectiva, en virtud de
lo establecido en el inciso anterior, en virtud de lo establecido en el inciso anterior, el
juez podrá ordenar su práctica con cargo al fondo para la defensa de los derechos e
intereses colectivos.”

En ese orden de ideas, es claro que el actor tiene la carga de probar los hechos
que expone en la demanda con el fin de que prosperen las pretensiones. Por lo
anterior, la Sala considera que en el presente asunto no se vulneró el derecho
colectivo al goce del espacio público y a la utilización y defensa de los bienes
de uso público, como lo estima la actora, como quiera que no probó dicha
vulneración […] Es así, que la Sala confirmará la sentencia impugnada […]”113
(Destacado fuera de texto).

185. Así las cosas, la Sala considera que, en las acciones populares, por regla
general, la carga de la prueba corresponde al demandante o al actor popular;
obligación de la cual solo puede sustraerse por razones de orden económico o
técnico expresamente advertidas y acreditadas en el proceso, sin perjuicio de la
facultad probatoria que le asiste al juez popular, por mandato de los artículos 28 y

112 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de junio de

2010, NUR 150012331000200501867-01(AP), C.P. María Claudia Rojas Lasso; Sección Primera, sentencia de
18 de marzo de 2010, NUR 250002325000200501345-01(AP), C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; Sección
Primera, sentencia de 22 de enero de 2009, NUR 680012315000200300521-01(AP), C.P. Marco Antonio Velilla
Moreno; Sección Tercera, sentencia de 14 de abril de 2010, NUR 680012315000200301472-01(AP), C.P.
Mauricio Fajardo Gómez; Sección Tercera, sentencia de 31 de julio de 2008, NUR 250002326000200500240-
01(AP), C.P. Ruth Stella Correa Palacio, entre otras.
113 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de julio de

2010, NUR 410012333000200401275-01(AP), C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

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30 de la Ley 472 y a la regla general de índole probatorio, prevista en el artículo 167
de la Ley 1564, anteriormente indicada. En este mismo sentido, se pronunció esta
Sala de Decisión en sentencia de 23 de enero de 2020114.

186. En ese orden de ideas, es claro que tanto la jurisprudencia como la doctrina,
sostienen que la naturaleza de la acción popular, es en esencia preventiva, de ahí
que el inciso 2° del artículo 88 de la Ley 472 determine que éstas “[…] se ejercen
para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración
o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado
anterior cuando fuere posible […]” y desde tal concepción deben ser analizados los
requisitos que soportan su procedencia.

187. En efecto se tiene que los supuestos para que proceda la acción popular son
los siguientes: i) la existencia de una acción u omisión de la parte demandada; ii) la
presencia de un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio a los
derechos o intereses colectivos; es decir, de una situación que supera alcances
individuales y que se relaciona con afectaciones de orden plural y comunitario, pero
de carácter indivisible, lo que excluye -en principio- motivaciones meramente
subjetivas o particulares; y iii) la relación de causalidad entre la acción u omisión y
la señalada afectación de tales derechos e intereses; dichos supuestos deben estar
probados en el proceso respectivo y no pueden ser hipotéticos en tanto la amenaza
y la vulneración debe ser real y probada.

188. Como cuestión inicial y en primer orden, la Sala destaca que el juez de la
acción popular no es un juez de legalidad de los actos administrativos, pues esta
competencia recae en el juez de lo contencioso administrativo; ello, sin perjuicio de
la posibilidad por parte de la Sala de adoptar otras medidas tendientes a la
superación de la amenaza o de la vulneración de los derechos e intereses colectivos
en aquellos eventos en que se constate que un acto administrativo es la fuente de
vulneración o amenaza.

189. En segundo orden, la Sala resalta, como se explicó en el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial indicado supra, que la acción popular protege aquellos
derechos que no están radicados en cabeza de ningún particular, cuya titularidad
no reside en personas individualmente consideradas y, por ende, son intereses de
representación difusa de titularidad común e indivisible. En otras palabras, mediante
la acción popular se protegen derechos indivisibles que pertenecen a la comunidad.

114 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de enero de

2020 NUR 150012333000201500316-01(AP), C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

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190. Se trata de derechos que excluyen motivaciones subjetivas o particulares en
la media en que salvaguardan derechos de solidaridad que conciernen a todos los
individuos, derechos que requieren de la intervención del Estado y con efecto
comunitario. Asimismo, se trata de derechos que exceden la esfera privada. No son
derechos individuales y divisibles que pertenecen a cada sujeto de derecho en
particular, ni tampoco surgen con ocasión de la suma de derechos individuales en
tanto ello implica igualmente divisibilidad.

191. En ese orden, en cada caso concreto se debe determinar si lo reclamado
constituye un derecho e interés colectivo porque en caso contrario serían otras las
acciones o medios de control los procedentes y, se reitera, no puede utilizarse este
instrumento judicial para encubrir la exigibilidad de derechos particulares,
presentándolos como garantías colectivas, porque tal actuar no se acompasa con
la naturaleza jurídica de este instrumento.

192. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que en este caso no se
encuentra probado que el hecho de que el Callejón de Los González no se hubiere
declarado como centro poblado en la modificación del Plan de Ordenamiento
Territorial del Municipio de Rionegro, a saber, el Acuerdo 056 de 2011, modificado
por el Acuerdo 002 de 2018, constituya una situación que, por sí misma, amenace
o vulnere los derechos e intereses colectivos en tanto tal declaratoria no se
constituye en una excepción para la garantía de los derechos e intereses colectivos
invocados por los actores populares y que fueron amparados conforme se indicó
supra. Por el contrario, constituye un parámetro relevante para la determinación de
las formas o alternativas técnicas para la protección del goce de un ambiente sano,
del derecho a la salubridad y a la prestación de los servicios públicos a cargo del
Estado.

193. En este caso, los actores consideran que la declaratoria del Callejón de Los
González como centro poblado permitiría la implementación de sistemas de
alcantarillado y no sistemas alternativos como ocurre en la actualidad. Sin embargo,
la Sala encuentra probado, en primer orden, que la modificación del Plan de
Ordenamiento Territorial excluyo de dicha característica al precitado sector con
fundamento en razones técnicas y de orden socioeconómico que, se reitera, por un
lado, no son objeto de control ni fueron cuestionadas en este caso; por el otro, están
relacionadas con la ubicación y características de la zona y vereda, a saber, zona

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rural y de protección agropecuaria, lo cual implica el establecimiento de unos usos
permitidos y limitaciones.

194. Adicionalmente, se trata de una decisión que se encuentra amparada en un
acto administrativo cuya legalidad se presume y que no ha sido suspendido por la
autoridad competente.

195. En efecto, como lo explicó el Tribunal, en la sentencia proferida, en primera
instancia y conforme con los artículos 267 y 182 del Plan de Ordenamiento
Territorial, sobre categorías de Suelo Rural y centros poblados rurales y
suburbanos, el Municipio de Rionegro, atendiendo las disposiciones legales que
rigen la materia adelantó el procedimiento respectivo para la identificación de los
territorios habilitados para ser catalogados como centros poblados, entre los cuales
no se encuentra identificado el Callejón de Los González, de manera que la
presencia de un número mayor a 20 inmuebles en el sector no constituye como lo
alegan los apelantes un supuesto suficiente para que se pueda otorgar la categoría
de centro poblado y adicionalmente, “[…] no [se] expuso ni [se] acreditó [por] la parte
demandante la forma en que el hecho de no ser reconocido como centro poblado
vulnera sus derechos colectivos, máxime cuando dicha población cuenta con
acceso a los servicios públicos domiciliarios básicos y si bien en materia de
saneamiento básico presentan problemas por la falta de mantenimiento de los
pozos sépticos de algunas viviendas, la atención de dicha problemática […] debe
hacerse a través de medidas que faciliten el acceso a dicho servicio público, y no
necesariamente una modificación transversal en el sistema de manejo de aguas
residuales […]”.

196. Ahora bien, la Sala comparte igualmente las consideraciones del Tribunal en
cuanto explicó que tampoco se encontraba probada la vulneración o amenaza de
derechos colectivos con ocasión de los procedimientos sancionatorios de carácter
urbanístico y las órdenes de demolición de viviendas contenidas en actos
administrativos definitivos expedidos por autoridad competente y que, por el
contrario, se trata de situaciones que atienden a cuestiones subjetivas, particulares,
divisibles y que no constituyen una afectación colectiva. Se trata de trámites
sancionatorios particulares en los que se expidieron actos administrativos cuya
legalidad no solamente se presume sino que se pueden controvertir a través del
medio de control correspondiente y que pueden generar restablecimientos
particulares del derecho.

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197. En ese orden de idea, contrario a lo manifestado por la parte actora, subyace
a su pretensión, más que la protección de los derechos e intereses colectivos, la
propuesta de una controversia en torno a argumentos propios de la legalidad de
actos administrativos particulares por el desconocimiento de normas y
procedimientos en que se debería fundar el acto como, por ejemplo, el debido
proceso, para lo cual se debe acudir a un escenario distinto al de la acción
constitucional de la referencia.

198. Por lo anterior, la Sala confirmará la sentencia proferida, en primera instancia,
en relación con los aspectos anteriormente indicados.

La orden impartida en el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia
proferida por el Tribunal, en primera instancia

199. El Tribunal, en el ordinal tercero de la sentencia proferida, en primera
instancia, ordenó al Municipio de Rionegro que, dentro de los seis meses, proceda
con la realización del mantenimiento de los pozos sépticos de aquellas viviendas
cuyos propietarios no cuenten con los recursos económicos para el cubrimiento de
su valor de contado, y ordenó adicionalmente analizar una estrategia para su
ejecución directa o a través de terceros, previo los estudios que permita establecer
qué viviendas presentan pozos sépticos carentes de mantenimiento y con posibles
derrames.

200. Asimismo, se ordenó a la entidad territorial realizar un análisis “[…] que
permita determinar la situación socioeconómica de los integrantes del núcleo
familiar de las viviendas seleccionadas, esto es, su calidad de empleado o no, si
cuenta con alguna fuente distinta de recursos económicos, si se trata de padre o
madre cabeza de familia, etc; igualmente, establecer la edad de los integrantes del
grupo familiar, es decir, si se trata de niños, adultos o personas de la tercera edad,
así como, si son personas en condición de debilidad manifiesta o con especial
protección constitucional, y demás características, con el fin de establecer medidas
de financiamiento del valor del servicio de mantenimiento, mediante acuerdos de
pago concertados con los usuarios y fijando para el caso de las familias más pobres
un subsidio que cubra al menos el 50% del valor, ello con sujeción a los programas
sociales con los que cuente el ente territorial, ahora que, en caso de no contar con
ninguno el valor completo del servicio deberá será cancelado por la persona o
familia que se encuentre ocupando el respectivo bien inmueble […]” y, como medida
adicional, dispuso que “[…] con el fin de controlar que el beneficio sea recibido por
quienes realmente lo necesitan, se programará una revisión periódica en un término

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prudencial, con la que se verifique que se mantengan las condiciones
socioeconómicas que habilitaron el beneficio […]”.

201. En sus recursos de apelación, la parte actora controvierte que en la sentencia
se hubiere ordenado a algunos de los habitantes subsidiar el 100% del valor de
mantenimiento de los pozos sépticos. Afirma que, con esta orden, se convirtió al
Municipio en un intermediario y que la medida constituye un negocio para explotar
a las familias afectadas. Agregó que se impone a las familias, a través de la
financiación del mantenimiento de los pozos sépticos, la carga de garantizar el
saneamiento ambiental y solicita que se revoque íntegramente la medida en cuanto
impone una carga onerosa a las familias asentadas en el sector, en tanto son las
entidades públicas las que deben solucionar la contaminación de las fuentes
hídricas.

202. Por su parte, el Municipio de Rionegro manifiesta que la medida implica la
desnaturalización de la acción popular en tanto se ordena la implementación de
medidas de mantenimiento y saneamiento individual, en predios privados, pese a
que, conforme con las pruebas, la responsabilidad en la vulneración y amenaza de
los derechos e intereses colectivos recae principalmente en los habitantes del sector
y por ende son ellos los que en forma exclusiva deben intervenir en la solución de
la problemática a través de mantenimientos.

203. Para resolver, la Sala considera que el artículo 279 de la Ley 1955 de 25 de
mayo de 2019115 reguló, entre otros aspectos, el manejo de aguas residuales y
residuos sólidos en zonas rurales, al señalar que los municipios y distritos deben
asegurar la atención de las necesidades básicas de agua para consumo humano y
doméstico y de saneamiento básico de los asentamientos humanos en zonas
rurales, implementando soluciones alternativas colectivas o individuales, o mediante
la prestación del servicio público domiciliario de acueducto, alcantarillado o aseo,
de acuerdo con los esquemas diferenciales definidos por el gobierno nacional y la
reglamentación vigente en la materia, en el siguiente sentido:

“[…] ARTÍCULO 279. DOTACIÓN DE SOLUCIONES ADECUADAS DE AGUA
PARA CONSUMO HUMANO Y DOMÉSTICO, MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
Y RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREAS URBANAS DE DIFÍCIL GESTIÓN Y EN ZONAS
RURALES. Los municipios y distritos deben asegurar la atención de las
necesidades básicas de agua para consumo humano y doméstico y de
saneamiento básico de los asentamientos humanos de áreas urbanas de difícil
gestión, y en zonas rurales, implementando soluciones alternativas colectivas
o individuales, o mediante la prestación del servicio público domiciliario de

115 Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.

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acueducto, alcantarillado o aseo, de acuerdo con los esquemas diferenciales
definidos por el Gobierno nacional y la reglamentación vigente en la materia.

Con el fin de orientar la dotación de infraestructura básica de servicios públicos
domiciliarios o de soluciones alternativas, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio establecerá lo que debe entenderse por asentamientos humanos rurales y
viviendas rurales dispersas que hacen parte del componente rural del Plan de
Ordenamiento Territorial. Las autoridades ambientales y sanitarias y la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios definirán criterios de vigilancia
y control diferencial para quienes, de acuerdo con sus competencias provean el
servicio de agua potable.

No obstante, este uso deberá ser inscrito en el Registro de Usuarios del Recurso
Hídrico, bajo el entendido de que la autorización en el presente inciso, sustituye la
respectiva concesión. Las soluciones individuales de saneamiento básico para el
tratamiento de las aguas residuales domésticas provenientes de viviendas
rurales dispersas que sean diseñados bajo los parámetros definidos en el
reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico no
requerirán permiso de vertimientos al suelo; no obstante deberán ser registro
de vertimientos al suelo que para tales efectos reglamente el Gobierno nacional.
Esta excepción no aplica para hacer vertimientos directos de aguas residuales
a cuerpos de aguas superficiales, subterráneas o marinas.

La Infraestructura de agua para consumo humano y doméstico o de
saneamiento básico en zonas rurales, podrá ser entregada de manera directa
para operación y mantenimiento, como aporte bajo condición, a las
comunidades organizadas beneficiadas con la infraestructura, de acuerdo con la
reglamentación que para tal efecto expida el Gobierno nacional.

PARÁGRAFO 1o. El uso del agua para consumo humano y doméstico en viviendas
rurales dispersas deberá hacerse con criterios de ahorro y uso eficiente del recurso
hídrico, teniendo en cuenta los módulos de consumo establecidos por la autoridad
ambiental competente.

PARÁGRAFO 2o. Las excepciones que en el presente artículo se hacen en favor de
las viviendas rurales dispersas no aplican a otros usos diferentes al consumo humano
y doméstico, ni a parcelaciones campestres o infraestructura de servicios públicos o
privados ubicada en zonas rurales. Tampoco aplica a los acueductos que se
establezcan para prestar el servicio de agua potable a viviendas rurales dispersas
[…]”.

204. Sin perjuicio de que en el caso sub examine se haya optado por un esquema
diferencial y que actualmente se hayan adoptado sistemas individuales, la Sala
considera relevante resaltar lo siguiente:

204.1. Los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado no
necesariamente deben ser prestados por los municipios, puede ser una empresa
privada que, dentro de los límites del bien común, respetando los derechos a la libre
competencia económica y la iniciativa privada, realice dicha función. En esa medida,
será la satisfacción de las garantías de los participantes en el mercado como
oferentes, competidores y consumidores; la que explica la intervención económica
del Estado, de modo tal que se asegure su eficacia y competitividad.

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204.2. El régimen de prestación de servicios públicos arroja al Estado la necesidad
de garantizar el cumplimiento de las finalidades sin dejar de lado la importancia de
asegurar la libertad de empresa y actividad económica en una actividad que, bajo
la supervisión y control de las autoridades, puede llevarse a cabo de forma óptima
y eficiente.

204.3. Cuando una empresa, sea esta pública o privada, entra en el mercado de la
prestación de servicios públicos domiciliarios lo hace buscando, por supuesto,
eficiencia económica, de acuerdo a lo cual resuelve si invertir o no; ello acorde con
las reglas de definición del régimen tarifario, cuyos criterios orientadores son:
eficiencia económica, suficiencia financiera, neutralidad, redistribución, simplicidad
y transparencia; cada uno de los cuales son definidos en el artículo 87 de la Ley
142, con la idea de que la participación de éstos se propicie en los términos que el
mercado ofrece.

204.4. Sin perjuicio de lo anterior, el respectivo municipio mantiene la
responsabilidad de desplegar activamente las herramientas que tiene para
garantizar el saneamiento en su jurisdicción para lo cual puede escoger entre las
siguientes alternativas: los planes departamentales para el manejo empresarial de
los Servicios de Agua y Saneamiento – PDA, acudir al mecanismo de financiación
de proyectos por parte de la Nación o a los esquemas diferenciales para la
prestación de los servicios públicos en zonas rurales, de conformidad con la
normativa y procedimiento vigente, en especial, de los mandatos previstos en el
Decreto 1077 de 26 de mayo de 2015116 y en la Resolución 661 de 2019.

205. Ahora bien, los esquemas diferenciales para la prestación del servicio de
alcantarillado en zonas rurales se encuentran regulados en los decretos 1898 de
23 de noviembre de 2016117, 1688 de 2020 y 1210 de 2020, que adicionaron o
modificaron en dicha materia el Decreto 1077 de 2015118.

206. Al respecto, el artículo 2.3.7.1.1.1. del Decreto 1077 de 2015 prevé el objeto
del capítulo que los regula al señalar que “[…] tiene por objeto definir esquemas
diferenciales para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo,
y para el aprovisionamiento de agua para consumo humano y doméstico y de

116 “[…] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio

[…]”.
117 “[…] Por el cual se adiciona el Título 7, Capítulo 1, a la Parte 3, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, que

reglamenta parcialmente el artículo 18 de la Ley 1753 de 2015, en lo referente a esquemas diferenciales para
la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas rurales […]”.
118 “[…] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio

[…]”.

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saneamiento básico en zonas rurales del territorio nacional, en armonía con las
disposiciones de ordenamiento territorial aplicables al suelo rural, acorde con lo
dispuesto en los artículos 14 y 33 de la Ley 388 de 1997 o aquellas disposiciones
de ordenamiento del suelo rural que las modifiquen, adicionen o sustituyan […]”;
estas últimas, normas definen el suelo rural como la categoría de “[…] terrenos no
aptos para el uso urbano, por razones de oportunidad, o por su destinación a usos
agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales y actividades
análogas […]” y establece que el componente rural del plan de ordenamiento, que,
en los términos de la ley, debe contener, entre otras, la delimitación de las áreas de
conservación y protección de los recursos naturales, paisajísticos, geográficos y
ambientales, incluyendo las áreas de amenazas y riesgos, o que formen parte de
los sistemas de provisión de los servicios públicos domiciliarios o de disposición
final de desechos sólidos o líquidos; y la identificación de los centros poblados
rurales y la adopción de las previsiones necesarias para orientar la ocupación de
sus suelos y la adecuada dotación de infraestructura de servicios básicos y de
equipamiento social.

207. El artículo 2.3.7.1.1.3 y el artículo 2.3.7.1.3.3. de esa misma norma
establecen las siguientes definiciones relevantes, a saber:

“[…] Artículo 2.3.7.1.1.3. Definiciones. Para efectos del presente capítulo se
adoptan las siguientes definiciones.

[…]

3. Aportes o cuotas. Contribuciones de los beneficiarios para garantizar la
sostenibilidad de los abastos de agua o de los puntos de suministro de agua Éstas
pueden ser en dinero o en especie, según los acuerdos de la comunidad.

[…]

7. Esquema diferencial. Conjunto de condiciones técnicas, operativas y de gestión
para el aseguramiento del acceso al agua para consumo humano y doméstico y al
saneamiento básico en una zona determinada, atendiendo a sus condiciones
territoriales particulares.

8. Instalaciones sanitarias. Estructuras o elementos que sirven para evacuar las
excretas o las aguas residuales domésticas y para la higiene personal.

[…]

10. Solución alternativa. Opción técnica, operativa y de gestión que permite el
aprovisionamiento de agua para consumo humano y doméstico o de saneamiento
básico, sin recurrir a los sistemas de acueducto, alcantarillado o a la recolección de
residuos sólidos contemplados en el artículo 14 de la Ley 142 de 1994.

11. Soluciones individuales de saneamiento. Sistemas de recolección y
tratamiento de aguas residuales implementados en el sitio de origen.

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208. En esa línea, en la sección 3, sobre esquemas diferenciales para el
aprovisionamiento de agua potable y saneamiento básico y, en especial, en los
artículos 2.3.7.1.3.1, 2.3.7.1.3.3. y 2.3.7.1.3.5. de esa misma norma, establecen
algunos parámetros relevantes en torno a la adopción de soluciones alternativas en
zonas rurales, la administración de estas, la participación de la comunidad y el pago
de aportes o cuotas, se estableció lo siguiente:

“[…] SECCIÓN 3

ESQUEMAS DIFERENCIALES PARA EL APROVISIONAMIENTO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

ARTÍCULO 2.3.7.1.3.1. Adopción de soluciones alternativas en zonas rurales.
Es responsabilidad de los municipios y distritos asegurar el
aprovisionamiento de agua potable y saneamiento básico en zona rural
diferente a los centros poblados rurales. Para estos efectos, los proyectos de
soluciones alternativas deberán ajustarse a lo dispuesto en el artículo 2 3 7 1
.3 6. del presente capítulo.

Parágrafo 1. En zonas rurales diferentes a los centros poblados rurales en las que
sea viable la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado o aseo, se
podrá aplicar lo establecido en la sección 2 del presente capítulo.

Parágrafo 2. Teniendo en cuenta que las soluciones alternativas definidas en
la presente sección no se constituyen en prestación de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, en los términos de los
numerales 14.22, 14.23, y 14.24 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994, para las
mismas no son aplicables las disposiciones de la citada norma. En
consecuencia, los administradores de puntos de suministro o de abastos de agua
no están sujetos a la regulación de la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento: y no son objeto de vigilancia por parte de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios.

Parágrafo 3. [Adicionado por el art. 2, Decreto Nacional 1688 de 2020] Para la
construcción de viviendas u otra infraestructura o equipamientos en zonas rurales
en las que no se cuente con disponibilidad de servicios de acueducto o
alcantarillado, se podrán emplear soluciones alternativas de agua para consumo
humano y doméstico o de saneamiento básico que cumplan con los requisitos
técnicos establecidos para estas soluciones en el Reglamento Técnico del Sector
de Agua Potable y Saneamiento Básico. Esta certificación será emitida por el
municipio o distrito en el que se ubique la construcción.

[…]

ARTÍCULO 2.3.7.1.3.3. Modificado por el art. 3, Decreto Nacional 1688 de 2020. <El
nuevo texto es el siguiente> Soluciones alternativas para el manejo de aguas
residuales domésticas. Las soluciones alternativas para el manejo de aguas
residuales domésticas en zonas rurales deberán cumplir con las siguientes
condiciones:

1. Las viviendas, otras infraestructuras y equipamientos para usos dotacionales,
deberán contar con instalaciones sanitarias adecuadas y con un sistema para el
tratamiento de las aguas residuales domésticas.

2. El diseño, instalación o construcción, operación y mantenimiento de las
soluciones individuales de saneamiento para el tratamiento de las aguas
residuales domesticas debe ajustarse a los requisitos técnicos definidos en el

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reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Parágrafo 1. Las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios
podrán diseñar, instalar o construir, operar o realizar mantenimiento a las soluciones
alternativas para el manejo de aguas residuales domésticas, previo acuerdo entre
el prestador y el propietario, poseedor regular o tenedor del inmueble.

[…]

ARTÍCULO 2.3.7.1.3.5. [Modificado por el art. 4, Decreto Nacional 1688 de
2020]. Administración de soluciones alternativas para el aprovisionamiento
de agua para consumo humano y doméstico, o de saneamiento básico. Las
soluciones alternativas de carácter colectivo, destinadas al aprovisionamiento de
agua para consumo humano y doméstico o al saneamiento básico, podrán ser
administradas por una comunidad organizada, tales como juntas de acción comunal,
asociaciones de usuarios, cooperativas e incluso, por el municipio si la
comunidad beneficiaria no se hubiese organizado.

Quien administre la solución alternativa para el aprovisionamiento de agua o
de saneamiento básico tendrá en cuenta lo siguiente:

1. Deberá garantizar la participación de la comunidad en la gestión del
servicio.

2. Deberá definir los aportes o cuotas con las cuales la comunidad recuperará,
como mínimo, los costos de operación y mantenimiento de las soluciones
alternativas. También se podrán establecer aportes o cuotas para financiar las
inversiones que realice la comunidad.

3. Se podrá definir un aporte o cuota de pertenencia o afiliación, diferente de
la definida para recuperar los costos de operación y mantenimiento de la
solución alternativa.

Parágrafo. Los municipios y distritos podrán apoyar los procesos de
constitución legal y fortalecimiento comunitario de las comunidades
organizadas que administren soluciones alternativas, y respetarán la
autonomía de las comunidades para tomar decisiones sobre los servicios que
les benefician […]” (Destacado fuera de texto).

208.1. De la normativa anterior la Sala resalta que: i) es responsabilidad de los
municipios y distritos asegurar el aprovisionamiento de agua potable y saneamiento
básico en zona rural diferente a los centros poblados rurales, como en el área objeto
de estudio; ii) que dichas soluciones alternativas pueden ser colectivas o
individuales y que ninguna de estas se constituyen en prestación de los servicios
públicos domiciliarios; iii) que las soluciones individuales deben cumplir con la
normativa técnica del sector de agua potable y saneamiento básico; iv) las
soluciones alternativas de carácter colectivo, destinadas al aprovisionamiento de
agua para consumo humano y doméstico o al saneamiento básico, podrán ser
administradas por una comunidad organizada, tales como juntas de acción
comunal, asociaciones de usuarios, cooperativas e incluso, por el municipio si la
comunidad beneficiaria no se hubiese organizado; v) quien administre la solución
alternativa para el aprovisionamiento de agua o de saneamiento básico deberá

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garantizar la participación comunitaria, definir aportes o cuotas de, por un lado,
recuperación, operación, mantenimiento; y, por el otro, de pertenencia o afiliación;
y vi) los municipios podrán apoyar los procesos de constitución legal y
fortalecimiento comunitario de las comunidades organizadas que administren
soluciones alternativas.

209. Ahora bien, en la sección 4 sobre “DISPOSICIONES COMUNES PARA LA
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
ASEO Y EL APROVISIONAMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN
ZONAS RURALES”, establece las actividades de los esquemas asociativos de
apoyo al acceso a agua potable y saneamiento básico, se define que la gestión
social en estas materias estará a cargo de los entes territoriales con apoyo de otras
entidades y finalmente, la sección 5, sobre “PROYECTOS DEL SECTOR AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO EN ZONAS RURALES”, se indica en el artículo
2.3.7.1.5.3. que las entidades públicas deben asegurar la atención básica de las
necesidades de agua para consumo humano y doméstico y las de saneamiento
básico en zonas rurales de acuerdo con sus competencias y que, para ello: i) los
municipios y distritos deben asegurar la atención básica de las necesidades de,
entre otras, saneamiento básico en zonas rurales, con soluciones alternativas
colectivas o individuales, donde no exista disponibilidad de servicios públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado o aseo y que, para ello, deben apoyar
técnica y financieramente el diseño, construcción y puesta en marcha y realizar la
entrega de infraestructura con soluciones alternativas colectivas o individuales, a
las comunidades organizadas cuando sea el caso, gestionando recursos de las
fuentes de financiación habilitadas para estas inversiones. Asimismo, que los
municipios podrán promover proyectos de acueducto, alcantarillado o aseo y/o de
aprovisionamiento de agua y saneamiento básico que beneficien a las zonas
rurales, aun cuando no se haya constituido legalmente el prestador o el
administrador de las soluciones alternativas para su operación y mantenimiento,
caso en el cual el respectivo municipio deberá apoyar el fortalecimiento comunitario
requerido para que la comunidad pueda organizarse para suministrar el servicio,
respetando la autonomía de la comunidad para tomar decisiones respecto de los
servicios que les benefician.

210. Las normas anteriormente indicadas establecen lo siguiente:

“[…] SECCIÓN 4.

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DISPOSICIONES COMUNES PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO Y EL APROVISIONAMIENTO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES

[…]

ARTÍCULO 2.3.7.1.4.6. Actividades de los esquemas asociativos de apoyo al
acceso a agua potable y saneamiento básicos. Los esquemas asociativos podrán
desarrollar actividades de índole administrativa, técnica o comercial relativas al
acceso al agua potable y al saneamiento básico, sin que se entienda que asumen
la prestación o el aprovisionamiento. Igualmente, estos esquemas asociativos
podrán adelantar actividades de fortalecimiento para sus asociados o para terceros.

PARÁGRAFO. Los departamentos o los municipios o distritos podrán apoyar o
coordinar esquemas asociativos en desarrollo de los programas de fortalecimiento
señalados en el artículo 2 3 7 1 4.2

ARTÍCULO 2.3.7.1.4.7. Gestión social para el acceso a agua para el consumo
humano y doméstico, y saneamiento básico en zonas rurales. La gestión
social para el acceso al agua para el consumo humano y doméstico, y al
saneamiento básico en zonas rurales, estará a cargo de las entidades
territoriales en coordinación con las autoridades sanitarias y ambientales de
su jurisdicción, para el desarrollo de las siguientes actividades

1 Acompañamiento a la población rural en los entornos en los cuales transcurre su
vida cotidiana, tales como viviendas, centros de salud, centros educativos, centros
laborales y comunitarios, para la implementación de estrategias tales como la de
Entornos Saludables, que permitan reducir los riesgos de enfermedades asociadas
con las deficiencias en la calidad del agua y saneamiento e higiene

2. El uso adecuado, apropiación y promoción de las soluciones alternativas de agua
para el consumo humano y doméstico y para saneamiento básico.

3. Divulgación de los beneficios derivados del acceso al agua para el consumo
humano y doméstico, y del saneamiento básico en zonas rurales.

4. Promoción de los programas de cultura del agua, uso eficiente y ahorro del agua,
buenas prácticas en el manejo de residuos líquidos y sólidos domésticos, y otras
iniciativas de buenas prácticas y hábitos saludables, mediante el trabajo social con
las familias y comunidades.

PARÁGRAFO. Los municipios y distritos podrán contar con el apoyo de las
entidades públicas competentes para llevar a cabo las actividades de gestión social.
El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social — Prosperidad Social
podrá apoyar la implementación del componente de gestión social de acceso al agua
potable y saneamiento básico, a través de los procesos de acompañamiento familiar
y comunitario de la Estrategia para la Superación de la Pobreza Extrema Red Unidos

SECCIÓN 5
[Adicionado por el art. 5, Decreto 1688 de 2020]

PROYECTOS DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO EN ZONAS
RURALES

ARTÍCULO 2.3.7.1.5.3. Apoyo y promoción a proyectos de agua para consumo
humano y doméstico o de saneamiento básico. Las entidades públicas deben
asegurar la atención básica de las necesidades de agua para consumo
humano y doméstico y las de saneamiento básico en zonas rurales de acuerdo
con sus competencias:

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1. Los planes departamentales de agua podrán financiar con los recursos del
Sistema General de Participaciones - SGP que corresponden a los
departamentos, o con recursos de otras fuentes de financiación, las actividades
de preinversión para proyectos de soluciones alternativas de agua para consumo
humano y doméstico o de saneamiento básico, tales como la elaboración de
estudios y diseños.

2. Los municipios y distritos deben asegurar la atención básica de las
necesidades de agua para consumo humano y doméstico y las de saneamiento
básico en zonas rurales, con soluciones alternativas colectivas o individuales,
donde no exista disponibilidad de servicios públicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado o aseo. Para ello, deben apoyar técnica y
financieramente el diseño, construcción y puesta en marcha y realizar la
entrega de infraestructura con soluciones alternativas colectivas o
individuales, a las comunidades organizadas cuando sea el caso, gestionando
recursos de las fuentes de financiación habilitadas para estas inversiones.

3. Los municipios y distritos y otras entidades públicas podrán promover
proyectos de acueducto, alcantarillado o aseo y/o de aprovisionamiento de
agua y saneamiento básico que beneficien a las zonas rurales, aun cuando no
se haya constituido legalmente el prestador o el administrador de las
soluciones alternativas para su operación y mantenimiento. En este caso, el
municipio o distrito deberá apoyar el fortalecimiento comunitario requerido
para que la comunidad pueda organizarse para suministrar el servicio,
respetando la autonomía de la comunidad para tomar decisiones respecto de
los servicios que les benefician […]” (Destacado fuera de texto)

211. Ahora bien, el artículo 37 de la Resolución 844 de 8 de noviembre de 2018,
por medio del cual se establecen los requisitos técnicos para los proyectos de agua
y saneamiento básico de zonas rurales que se adelanten bajo los esquemas
diferenciales, previó los siguientes tipos para la recolección, transporte y tratamiento
de aguas residuales domésticas:

“[…] Artículo 37. Tipos de sistemas para la recolección, transporte y
tratamiento de aguas residuales domésticas. Los sistemas que pueden
implementarse para la recolección, transporte y tratamiento de las aguas residuales
domésticas corresponden a los siguientes tipos:

1. Sistemas centralizados para el servicio público de alcantarillado que a su vez,
comprenden los componentes de:

a) Recolección y evacuación de aguas residuales domésticas.
b) Tratamiento de aguas residuales.
c) Disposición de las aguas residuales tratadas.

2. Soluciones individuales de saneamiento […]”.

212. Mientras que el artículo 38 ibidem dispuso lo siguiente:

“[…] Artículo 38. Selección de alternativas en recolección, transporte y
tratamiento de aguas residuales domésticas. La selección de un sistema
centralizado o de una solución individual de saneamiento para la recolección,
transporte y tratamiento de aguas residuales domésticas generadas en zonas
rurales, dependerá de la dispersión de las viviendas, las condiciones geográficas y
topográficas y la disponibilidad de agua para el diseño de sistemas con arrastre. Se
permite incluso la combinación de diferentes opciones tecnológicas que permitan

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una adecuada administración, operación y mantenimiento. Cualquier alternativa
seleccionada deberá cumplir las normas ambientales vigentes […]”.

213. Ahora, para la ejecución de los esquemas diferenciales para la prestación del
servicio de alcantarillado, los lineamientos a aplicar son los establecidos en el
artículo 8 de la mencionada Resolución; visible así:

“[…] Artículo 8. Gestión de proyectos de esquemas diferenciales en zonas
rurales. Los proyectos de agua y saneamiento básico de que trata esta Resolución
deberán tener las siguientes etapas, que incluyen fases para la organización
secuencial de los proyectos:

1. Perfil del proyecto
2. Planeación
3. Construcción y puesta en marcha
Administración, operación y mantenimiento […]”.

213.1. Para mayor claridad, esta Sección119 ha explicado a detalle cada una de las
etapas señalando el perfil del proyecto, etapa de planeación, etapa de construcción
y puesta en marcha, previstas en la precitada resolución, con la claridad de que,
conforme con el artículo 15, sobre la fase de identificación de alternativas
tecnológicas se establece la necesidad de “[…] estimar las tarifas o aportes para
cada alternativa […]”, la “[…] [c]omparación de estas tarifas o aportes con los
ingresos promedio de las familias y la capacidad de pago de la comunidad […]”, con
la identificación de “[…] las necesidades de fortalecimiento de capacidades a la
comunidad para la operación o administración y el mantenimiento, y las actividades
de gestión social que promuevan el uso adecuado y la promoción de las prácticas
higiénico-sanitarias, para cada alternativa tecnológica. […]”.

214. Ahora bien, en relación con el otorgamiento de subsidios, se debe tener en
cuenta que el artículo 368 de la Constitución Política establece que “[…] [l]a Nación,
los departamentos, los distritos, los municipios y las entidades descentralizadas
podrán conceder subsidios, en sus respectivos presupuestos, para que las
personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos
domiciliarios que cubran sus necesidades básicas […]”.

215. Igualmente, en concordancia con el artículo 26 de la Ley 225 de 20 de
diciembre de 1995120, que determina la población objeto de los subsidios; y ii) el
artículo 5 de la Ley 142, sobre la competencia de los municipios en la prestación de
los servicios públicos, se ordena el otorgamiento de subsidios a los usuarios de
menores ingresos, para lo cual se deben adoptar criterios de solidaridad y

119 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Núm. único de radicación

630012333000202000407-01. Sentencia de 30 de mayo de 2024. C.P. Oswaldo Giraldo López.
120 “Por la cual se modifica la Ley Orgánica de Presupuesto”.

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101

Núm. único de radicación: 050012333000201802389-01

redistribución para la prestación de servicios públicos en los términos de los
artículos 89 y 99 ibidem y el artículo 125 de la Ley 1450 de 16 de junio de 2011121.

216. Por último, en torno a el acceso a subsidios para esquemas diferenciales, el
artículo 2.3.7.2.3.1. Decreto 1077 de 2015 establece lo siguiente:

“[…] SECCIÓN 3

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 2.3.7.2.3.1. Acceso a subsidios para esquemas diferenciales.
Conforme a la normatividad vigente en materia de subsidios, los usuarios
residenciales ubicados en un esquema diferencial podrán recibir subsidios de parte
de la entidad territorial, para cada uno de los servicios de acueducto, alcantarillado
o aseo, en el porcentaje correspondiente dé acuerdo al estrato al que pertenezcan.

Parágrafo 1. Para el esquema diferencial en áreas de difícil gestión, para efectos de
la facturación y el otorgamiento de los subsidios por parte de la entidad territorial,
los inmuebles residenciales se considerarán de estrato 1, mientras la entidad
territorial de acuerdo a sus competencias legales asigne de manera provisional o
definitiva el estrato correspondiente para el otorgamiento de subsidios.

Parágrafo 2. Los usuarios no residenciales estarán sujetos a la aplicación de la
normatividad vigente sobre aportes solidarios […]” (Destacado fuera de texto).

217. En este punto, la Sala resalta que el saneamiento básico y ambiental sí tiene
la condición de servicio público y que, si bien, las soluciones individuales y grupales
de saneamiento para el tratamiento de las aguas residuales domesticas
ampliamente abordadas no se constituyen en prestación de los servicios públicos
“domiciliarios” de acueducto, alcantarillado y aseo, y, por ende, para las mismas no
son aplicables, en principio, las disposiciones correspondientes a esos servicios
previstas en la Ley 142, se considera que sí se trata de medidas que buscan generar
alternativas para la garantía del saneamiento básico y ambiental y, por ende,
adquieren especial injerencia las autoridades públicas, en especial, el Municipio y
la respectiva autoridad ambiental competente en la jurisdicción.

218. Clarificado lo anterior, y en relación con los argumentos de apelación
presentados por el Municipio y por la parte actora, sea lo primero resaltar que, si
bien, corresponde la prestación de los servicios públicos al Municipio y que este es
el principal obligado a garantizar el saneamiento en su respectiva jurisdicción, se
encuentra probado que en este caso los mecanismos individuales de saneamiento
para el tratamiento de aguas residuales fueron implementados por cada una de las
familias que habitan en el Callejón de Los González y que el Municipio de Rionegro

121 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014”, adicionado por el artículo 276 de la Ley

2294 de 19 de mayo de 2023, “[p]or el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia
Potencia Mundial de la Vida”.”

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no participó en la construcción de los pozos sépticos al punto que se reconoció
durante el proceso que esta comunidad -la del Callejón de Los González- no ha sido
beneficiaria de los apoyos otorgados por la entidad territorial en torno a la
construcción y entrega de pozos sépticos.

219. Lo anterior implica que, en este caso, las medidas fueron implementadas por
cada familia o grupo de personas y que, en principio, son estas las llamadas a
realizar el mantenimiento y operación de cada solución particular teniendo en cuenta
que, partiendo del cumplimiento de las etapas previstas en la Resolución 844 de 8
de noviembre de 2018, que contiene los requisitos técnicos para los proyectos de
agua y saneamiento básico de zonas rurales que se adelanten bajo los esquemas
diferenciales, antes de la elaboración de cada uno se debió, por ejemplo, estimar el
costo de implementación y mantenimiento de cada esquema alternativo y para ello
se debía tener en consideración “[…] los ingresos promedio de las familias y la
capacidad de pago de la comunidad […]”.

220. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala encuentra probado que en este caso la
problemática objeto de estudio, relacionada con la falta de mantenimiento de los
pozos sépticos, la generación de vectores y la amenaza de contaminación de
fuentes hídricas en la zona implica una situación que desborda las capacidades
individualmente consideradas de cada uno de los operadores de las soluciones
individuales de saneamiento con incidencia en la sanidad comunitaria, lo cual
evidencia la necesaria intervención del Municipio como principal garante del
bienestar general y del saneamiento comunitario.

221. Al respecto, la Sala considera, por un lado, que contrario a lo manifestado
por el Municipio de Rionegro, la medida ordenada está orientada a garantizar la
protección de los derechos e intereses colectivos y se enmarca en las específicas
competencias del Municipio en la materia, teniendo en cuenta que en este caso la
amenaza y vulneración del derecho al goce de un ambiente sano tiene origen en los
problemas en torno a la garantía del saneamiento, la ausencia de los servicios
públicos domiciliarios de alcantarillado en la zona y los mecanismos alternativos
individuales adoptados sin el debido control por parte de la autoridad competente.

222. Todo lo anterior explica y fundamenta la orden de intervención en el
mantenimiento de los pozos sépticos adoptada por el Tribunal, en primera instancia,
y adicionalmente que el mantenimiento de los pozos sépticos se realizaría en

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relación con aquellas viviendas cuyos propietarios o residentes no cuenten con los
recursos económicos para el cubrimiento de su valor de contado, porque, dado que
en este caso las soluciones individuales fueron adoptadas por cada propietario, son
estos los llamados, en principio, a realizar los mantenimiento necesarios de sus
sistemas individuales.

223. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala considera que la determinación del
subsidio para las familias más pobres se acompasa con los criterios de solidaridad
y redistribución para prestación de servicios públicos que se deriva directamente del
artículo 2 de la Constitución Política que establece que “[…] [s]on fines esenciales
del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución;
[…]”; ello, en armonía con el artículo 368 de esa misma normativa y del Decreto
1077 de 2015, en especial, su artículo 2.3.7.2.3.1, sobre acceso a subsidios para
esquemas diferenciales.

224. La Sala considera que la determinación de los subsidios corresponde al
respectivo Municipio, teniendo en cuenta las normas legales y reglamentarias
aplicables y, en especial, como lo explicó el Tribunal, los estudios realizados y los
programas sociales con los que cuente el ente territorial, razón por la cual la Sala
modificará el ordinal tercero en el sentido de señalar que el porcentaje de los
subsidios a otorgarse deberá ser establecido por el Municipio de Rionegro, de
conformidad con las normas constitucionales, legales y reglamentarias y en el
marco de los procedimientos y programas con que cuente el Municipio para ello.

225. En los términos expuestos anteriormente, la Sala considera que se debe
modificar la orden impartida por el Tribunal, en el ordinal tercero de la parte
resolutiva de la sentencia proferida, en primera instancia.

Comité de verificación de cumplimiento de la sentencia, en el caso concreto

226. Visto el artículo 34 de la ley 472, sobre sentencia en las acciones populares,
la sentencia que acoja las pretensiones del demandante de una acción popular
podrá contener una orden de hacer o de no hacer, condenar al pago de perjuicios
cuando se haya causado daño a un derecho o interés colectivo en favor de la
entidad pública no culpable que los tenga a su cargo, y exigir la realización de
conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración del
derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible. La norma

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establece adicionalmente, entre otros aspectos, que “[…] en la sentencia el juez
señalará un plazo prudencial, de acuerdo con el alcance de sus determinaciones,
dentro del cual deberá iniciarse el cumplimiento de la providencia y posteriormente
culminar su ejecución. En dicho término el juez conservará la competencia para
tomar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de conformidad con
las normas contenidas en el Código de Procedimiento Civil y podrá conformar un
comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia en el cual participarán
además del juez, las partes, la entidad pública encargada de velar por el derecho o
interés colectivo, el Ministerio Público y una organización no gubernamental con
actividades en el objeto del fallo […]”.

227. La Sala, atendiendo a que en este caso: i) el Tribunal Administrativo de
Antioquia amparó los derechos e intereses colectivos e impartió órdenes tendientes
a la superación de la situación de vulneración o amenaza y que la sentencia
proferida, en primera instancia, no ordenó la conformación del respectico comité de
verificación de cumplimiento; y ii) que esta Sala confirmará la orden de amparo y las
medidas ordenadas, se considera que, de conformidad con el artículo 34 de la Ley
472, se debe adicionar la sentencia de 8 de agosto de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia en el sentido de ordenar la conformación del Comité de
Verificación de cumplimiento y precisar que estará conformado por: i) el Magistrado
Sustanciador del Tribunal Administrativo de Antioquia, quien lo presidirá; ii) los
integrantes de la parte actora; iii) un representante del Municipio de Rionegro; y iv)
un representante de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos
Negro y Nare; v) un representante del Departamento de Antioquia; vi) un
representante de la Corporación Acueducto Multiveredal Carmín, Cuchillas,
Mampuestos y Anexos; y vii) un representante del Ministerio Público; tal como se
precisará en la parte resolutiva de la sentencia.

228. Asimismo, se precisará que en el evento que durante la ejecución de la
sentencia se observe que razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional
a las autoridades obligadas, el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el marco del
Comité de Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para
garantizar su cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la sentencia, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

229. Finalmente y de conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 y los numerales
1.° y 8.º del artículo 365 de la Ley 1564, la Sala se abstendrá de condenar en costas
en esta instancia, en atención a que no está probada su causación.

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Conclusiones de la Sala

230. En suma, la Sala: i) modificará el ordinal tercero y adicionará la sentencia
proferida, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el
sentido de, por un lado, establecer que corresponde al Municipio de Rionegro la
obligación de establecer los montos de los subsidios de conformidad con la
normativa aplicable, teniendo en cuenta los programas sociales con que cuenta el
Municipio y, en todo caso, siguiendo los procedimientos; ii) ordenará la
conformación del respectivo comité de verificación de cumplimiento; y iii) confirmará
en lo demás la sentencia de 8 de agosto de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia de
8 de agosto de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará de la
siguiente forma:

TERCERO: En consecuencia, SE ORDENA al MUNICIPIO DE RIONEGRO
(ANTIOQUIA), que en un término de SEIS (6) MESES, contados a partir de la
notificación de esta sentencia: i) realice un estudio que permita establecer qué
viviendas en la zona objeto de esta acción popular presentan pozos sépticos
carentes de mantenimiento y con posibles derrames; y posteriormente ii)
realice el mantenimiento de los pozos sépticos de aquellas viviendas cuyos
propietarios no cuenten con los recursos económicos para el cubrimiento de
su valor de contado, para lo cual analizará la estrategia más viable para su
ejecución directa o a través de terceros. Todo lo anterior, de conformidad con
los criterios y consideraciones expuestos en la parte motiva de esta sentencia.

Asimismo, la entidad territorial deberá adelantar un análisis que permita
determinar la situación socioeconómica de los integrantes del núcleo familiar
de las viviendas seleccionadas, esto es, su calidad de empleado o no, si
cuenta con alguna fuente distinta de recursos económicos, si se trata de padre
o madre cabeza de familia, entre otros aspectos; e igualmente, establecer la
edad de los integrantes del grupo familiar, es decir, si se trata de niños, adultos
o personas de la tercera edad, así como, si son personas en condición de
debilidad manifiesta o sujetos de especial protección constitucional, y demás
características, con el fin de establecer medidas de financiamiento del valor

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del servicio de mantenimiento, mediante acuerdos de pago concertados con
los usuarios y fijando para el caso de las familias más pobres subsidios que
podrán ser otorgados de conformidad con las normas constitucionales, legales
y reglamentarias y en el marco de los procedimientos y programas sociales
con que cuente el Municipio para ello.

En caso de no contar con ningún subsidio, el valor completo del servicio deberá
ser pagado por la persona o familia que se encuentre ocupando el respectivo
bien inmueble.

En los eventos en que se otorguen subsidios, el Municipio deberá adoptar
mecanismos orientados a controlar que el beneficio sea recibido por quienes
realmente lo necesitan, para lo cual podrá programar revisiones periódicas con
el objeto de verificar que se mantengan las condiciones socioeconómicas que
habilitaron el beneficio y, en consecuencia, de esta manera, garantizar que los
subsidios se otorguen hasta cuando se compruebe que el núcleo familiar
cuente con los recursos necesarios para contratar el servicio y asumir el 100%
del valor de los mantenimientos.

SEGUNDO: ADICIONAR la sentencia de 8 de agosto de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, en primera instancia, en el sentido de ordenar
la conformación del Comité de Verificación de cumplimiento, el cual estará integrado
por: i) el Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo de Antioquia, quien lo
presidirá; ii) los integrantes de la parte actora; iii) un representante del Municipio de
Rionegro; iv) un representante de la Corporación Autónoma Regional de las
Cuencas de los Ríos Negro y Nare; v) un representante del Departamento de
Antioquia; vi) un representante de la Corporación de Acueducto Multiveredal
Carmín, Cuchillas, Mampuestos y Anexos; y vii) un representante del Ministerio
Público.

TERCERO: CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia de 8 de agosto de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de
1998.

SEXTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
Administrativo de Antioquia, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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