Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-00744-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-00744-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2019-00744-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
28 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicado: 05001-23-33-000-2019-000744-01 (4598-2023)
Demandante: Jaime Monsalve Salazar
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Tema: Reconocimiento de pensión de jubilación de docente – Ley
71 de 1988 – compatibilidad entre la prestación y el salario
que devenga como docente oficial
Decisión: Confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto al
reconocimiento de la la pensión de jubilación por aportes
prevista en la Ley 71 de 1988, compatible con el salario de
docente oficial, y adicionarla para ordenar el traslado y cobro
de cuotas partes pensionales.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia de primera instancia del 5 de junio de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. El señor Jaime Monsalve Salazar interpuso demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el objeto de que
se declare la nulidad de la Resolución 2019060005484 del 22 de febrero de 2019,
por medio de la cual se negó el reconocimiento de la pensión de jubilación por
aportes.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) reconocer la citada
prestación, equivalente al 75% de los salarios y primas percibidas en el año
anterior al 24 de julio de 2017, fecha en la que adquirió el estatus pensional, sin
que se le exija el retiro definitivo del servicio; (ii) pagar las mesadas causadas
desde la adquisición del derecho; (iii) indexar las sumas adeudadas y ordenar e
incluir los intereses moratorios que se generen después de la ejecutoria del fallo;
(iv) dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del
CPACA; y (v) condenar en costas a la parte demandada.
3. Como hechos relevantes de la demanda expuso que nació el 24 de julio
de 1957; prestó sus servicios en el Instituto Tecnológico Pascual Bravo en los
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Demandante: Jaime Monsalve Salazar
siguientes periodos: (i) como analista de sistemas, entre el 1 de noviembre y el
22 de diciembre de 1985, y (ii) como docente de cátedra, del 1 de noviembre al
20 de diciembre de 1985 y del 1 de marzo al 30 de octubre de 1986.
4. Posteriormente, trabajó en el sector privado y efectuó aportes al Instituto
de Seguros Sociales (hoy Colpensiones) entre 1988 y 2010, de manera
discontinua.
5. Relató que el 11 de mayo de 2010 se posesionó como docente en la
Secretaría de Educación Departamental de Antioquia, y a la fecha de la
presentación de la demanda continuaba ejerciendo como maestro.
6. En el concepto de violación argumentó que el acto acusado infringió las
normas en que debía fundarse1, teniendo en cuenta que el señor Monsalve
Salazar se vinculó al servicio docente con anterioridad a la entrada en vigor de la
Ley 812 de 2003, por lo que el régimen aplicable para el reconocimiento y pago
de su pensión de vejez es el previsto en la Ley 71 de 1988.
Contestación de la demanda
7. La entidad accionada no contestó la demanda.
Sentencia apelada
8. El Tribunal Administrativo de Antioquia mediante la sentencia del 5 de junio
de 2023 declaró la nulidad de la Resolución 2019060005484 del 22 de febrero
de 2019 y, en consecuencia, condenó a la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer
y pagar al actor la pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988.
9. Como fundamento principal, sostuvo que el régimen pensional aplicable a
los docentes oficiales se determina con base en la fecha de su vinculación al
servicio público. Así, quienes ingresaron antes del 27 de junio de 2003, fecha de
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, se rigen por las normas anteriores;
mientras que aquellos que se vincularon con posterioridad se someten al régimen
de prima media con prestación definida contenido en las Leyes 100 de 1993 y
797 de 2003.
10. Del análisis del material probatorio, el a quo estableció que el señor
Monsalve Salazar se vinculó al servicio público docente el 1 de noviembre de
1985, es decir, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
Además, al haber nacido el 24 de julio de 1957 y acreditar más de 20 años de
servicio en los sectores público y privado, cumplió los requisitos para acceder a
la pensión de jubilación por aportes el 24 de julio de 2017, conforme a lo previsto
en el artículo 7 de la Ley 71 de 1988.
1
Artículos 7 de la Ley 71 de 1988; 15 de la Ley 91 de 1989, numerales 1 y 2; 6 de la Ley 60 de 1993; 115
de la Ley 115 de 1993; 279 de la Ley 100 de 1993; 81 de la Ley 812 de 2003; y 1 y 2 del Decreto 3752 de
2003.
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11. En ese orden de ideas, determinó que el actor tiene derecho a (i) que se
le pague la respectiva mesada a partir del 24 de julio de 2017, equivalente al 75
% de la asignación básica devengada durante el año anterior a la consolidación
de su estatus pensional, esto es, entre el 24 de julio de 2016 y el 23 de julio de
2017; y (ii) a percibir de manera simultánea la pensión de jubilación y el salario
que devenga como docente oficial.
12. En cuanto a la prescripción, concluyó que no se había configurado debido
a que el demandante adquirió el estatus jurídico el 24 de julio de 2017, presentó
la solicitud de reconocimiento de la pensión el 29 de mayo de 2018 y radicó la
demanda el 11 de marzo de 2019.
13. Finalmente, condenó en costas a la entidad demandada.
Recurso de apelación
14. La entidad demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia, argumentando que el tiempo prestado por el señor Jaime
Monsalve Salazar bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios,
aunque es computable para efectos pensionales, no configura una relación legal
y reglamentaria, la cual solo se dio a partir del 11 de mayo de 2010.
15. Afirmó que para acceder al reconocimiento pensional bajo las
disposiciones de la Ley 71 de 1988, era necesario ser beneficiario del régimen
de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, condición que
no cumplía el actor, pues al «30 de junio de 1995» tenía 37 años de edad y no
acreditaba los 15 años de servicio exigidos.
16. Así mismo, sostuvo que la prohibición constitucional de percibir doble
asignación del tesoro público solo contempla, en el caso de los docentes, la
excepción relativa a la pensión gracia, por tanto, el demandante no tiene derecho
a disfrutar la pensión de jubilación de manera simultánea con el salario derivado
del ejercicio de la docencia oficial.
17. En consecuencia, solicitó revocar la sentencia apelada y negar las
pretensiones de la demanda.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
18. En auto del 4 de abril de 20242, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada.
19. Las partes no presentaron alegatos de conclusión y el agente del
ministerio público no rindió concepto en esta fase procesal.
III. CONSIDERACIONES
2 Índice 15 del aplicativo Samai.
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Competencia
20. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
modificado por los artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de
la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación.
Problema jurídico
21. La Sala debe establecer si le asiste razón a la entidad en sus reproches,
esto es, si el señor Jaime Monsalve Salazar tiene derecho al reconocimiento y
pago de la pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988,
teniendo en cuenta que su vinculación legal y reglamentaria se produjo el 11 de
mayo de 2010 y que no cumplía los requisitos para acogerse al régimen de
transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
22. Adicionalmente, corresponde determinar si puede percibir de manera
simultánea la pensión de jubilación y el salario, de conformidad con el argumento
planteado en el recurso, esto es, que la pensión de jubilación solo es compatible
con la pensión gracia.
Análisis del problema jurídico
23. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, al encontrar
acreditado que el régimen pensional aplicable al actor es el previsto en la Ley 71
de 1988, por cuanto su vinculación al servicio educativo se produjo con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y que tiene derecho
a percibir simultáneamente la pensión de jubilación y el salario que devenga
como docente oficial.
24. Así mismo, la adicionará en el sentido de ordenar a la entidad demandada
adelantar las gestiones administrativas necesarias para realizar el cobro de las
cuotas partes que correspondan por los aportes pensionales registrados en
Colpensiones a nombre del actor, así como las acciones de cobro por los aportes
no efectuados durante los periodos laborados mediante contratos de prestación
de servicio.
25. Con el fin de adoptar la decisión correspondiente, la Sala estima necesario
relacionar los siguientes hechos, los cuales fueron probados con los documentos
aportados al proceso:
i) El señor Jaime Monsalve Salazar nació el 24 de julio de 19573, y prestó
sus servicios en el sector público en los siguientes periodos:
3 Folio 39 a 41, índice 4 del aplicativo Samai. Cuaderno Principal.
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Tipo de Cargo Entidad Desde - Hasta Tiempo de
vinculación contratante o servicios
empleadora
Contrato de Docente de I.T. Pascual Bravo 01/11/85 a 50 días
prestación de cátedra 20/12/85
servicios4
Contrato de Docente de I.T. Pascual Bravo 01/03/86 a 244 días
prestación de cátedra 30/10/86
servicios5
Contrato de Analista de I.T. Pascual Bravo 01/11/85 a 52 días
prestación de sistemas 22/12/85
servicios6
Contrato de Analista de I.T. Pascual Bravo 01/02/86 a 234 días
prestación de sistemas 22/09/86
servicios7
Decreto 11238 Docente en Departamento de 11/05/10 a 235
periodo de Antioquia 31/12/10
prueba
Decreto 027759 Docente en Departamento de 01/01/11 a 2.397
propiedad Antioquia 24/07/17
3.212 días,
equivalentes a 8
años, 9 meses y
22 días.
ii) El actor también registra 624.29 semanas de cotización en
Colpensiones10, producto de labores realizadas en el sector privado
entre el 15 de febrero de 1988 y el 30 de abril de 2010, de manera
discontinua, equivalentes a 11 años, 11 meses y 25 días.
26. De acuerdo con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, el régimen
prestacional de los maestros nacionales, nacionalizados y territoriales «que se
encuentren vinculados» a la docencia pública es el previsto para el magisterio en
las disposiciones vigentes con anterioridad a dicha ley. A su turno, los maestros
que se vinculen al servicio educativo oficial a partir del 27 de junio de 2003 gozan
de los derechos pensionales del régimen de prima media con prestación definida
de que tratan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con sus requisitos, salvo el
de la edad que es de 57 años para hombres y mujeres.
27. Ese beneficio se predica incluso de quienes no se encontraban vinculados
estrictamente el 27 de junio de 2003 (fecha de la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003), pero que en todo caso hayan ejercido como maestros antes de la
expedición de la norma.
28. Lo anterior, en atención al principio de la condición más beneficiosa, el
cual se distingue por:
4 Folio 46, índice 4 del aplicativo Samai. Cuaderno Principal.
5 Folio 46, índice 4 del aplicativo Samai. Cuaderno Principal.
6 Folio 43, índice 4 del aplicativo Samai. Cuaderno Principal.
7 Folio 43, índice 4 del aplicativo Samai. Cuaderno Principal.
8
Folios 51, 54 a 57, índice 4 del aplicativo Samai. Cuaderno Principal.
9 Folios 51, 58 a 60, índice 4 del aplicativo Samai. Cuaderno Principal.
10 Folios 47 a 50, índice 4 del aplicativo Samai. Cuaderno Principal.
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«(i) opera en el tránsito legislativo, y ante la ausencia de un régimen
de transición; (ii) se debe cotejar una norma derogada con una
vigente, y (iii) el destinatario posee una situación jurídica concreta,
la cual es protegida, dado que con la nueva ley se le desmejora»11.
29. En ese sentido, es necesario señalar que, debido a que la Ley 812 de 2003
no consagró un régimen de transición para quienes tuvieran una expectativa
legítima de pensionarse como docentes, es necesario recurrir a las normas
anteriores que regían la materia, las cuales se aplicarán de forma ultractiva en
virtud del aludido principio de condición más beneficiosa.
30. Para resolver el caso es preciso tener en cuenta que el parágrafo
transitorio 1 del artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por el Acto
Legislativo 01 de 2005, dispuso que el régimen pensional de los maestros
nacionales, nacionalizados y territoriales «vinculados» a la docencia oficial es el
establecido para el magisterio en las normas legales vigentes antes del 27 de
junio de 2003, cuando entró a regir la Ley 812 de 2003, mientras que los que se
vinculen a partir de la fecha mencionada son beneficiarios de los derechos del
régimen de prima media con prestación definida regulados por las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003.
31. A través de la Sentencia SUJ-014-CE-S2-19 del 25 de abril de 2019, la
Sección Segunda del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia en el sentido
de precisar que el régimen pensional de los docentes vinculados al servicio
educativo oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de
junio de 2003) es el previsto en las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, mientras que
el derecho pensional de los maestros públicos que se vinculen después de esa
fecha, afiliados al FOMAG, está sometido al régimen de prima media definido en
las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en cuanto al requisito de la edad,
que es de 57 años para hombres y mujeres.
32. Adicionalmente, en la citada sentencia de unificación se precisó que, si el
derecho pensional está regido por la Ley 33 de 1985, la mesada correspondiente
debe liquidarse con los factores «sobre los que se hayan efectuado los
respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1° de la Ley 62 de 1985»,
lineamiento que se ha complementado en razón a normas posteriores que han
dispuesto que otros emolumentos también deben incluirse en el cálculo de la
mesada pensional12, como ocurre con la bonificación pedagógica13 y la
bonificación mensual de docentes y directivos docentes14, por ejemplo.
11
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 15 de febrero de 2011,
Radicación: 40.662.
12 Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 8 de agosto de 2024, expediente 44001-23-40-000-2018-00143-01 (5066-2022); y
sentencia del 20 de junio de 2024, expediente 17001-23-33-000-2019-00174-01 (0506-2022).
13 El Decreto 2354 de 2018 creó la bonificación pedagógica y estableció que constituye factor salarial para
tofos los efectos legales (artículo 3, numeral 4).
14 El Decreto 1566 de 2014 creó la bonificación mensual docente y dispuso que constituye factor salarial
para todos los efectos legales (artículo 1, inciso 2). Este decreto fue derogado por normas posteriores, las
cuales han señalado que en el valor de las asignaciones básicas está incluida la bonificación mensual
docente.
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33. A su vez, la sentencia de unificación determinó que cuando el derecho
pensional se establece conforme con las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, los
factores salariales computables para liquidar la mesada son los previstos en el
Decreto 1158 de 1994, sobre los que se efectuaron los aportes. Esta directriz
debe interpretarse en conjunto con las normas posteriores que han establecido
el carácter salarial para efectos pensionales de ciertos emolumentos (como es el
caso de las bonificaciones mencionadas), teniendo en consideración que se trata
de disposiciones expedidas en ejercicio de las facultades señaladas en el artículo
150, numeral 19, literal e), de la Constitución Política y en la Ley 4.ª de 1992.
34. Ahora bien, resulta importante precisar que en la Sentencia SUJ-014-CE-
S2-19 del 25 de abril de 2019 se indicó que el régimen pensional de los docentes
vinculados al servicio educativo oficial antes del 27 de junio de 2003 es el previsto
en las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, pero nada se dijo en torno a la posibilidad
de aplicar o no la Ley 71 de 1988. Tal circunstancia se produjo porque en esa
oportunidad se analizó la situación pensional de una persona beneficiaria de la
Ley 33 de 1985, por lo que el estudio acerca de las normas anteriores a la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003 se limitó a aquella15.
35. Sin embargo, como el régimen pensional de los maestros que ingresaron
a la docencia oficial antes del 27 de junio de 2003 está previsto en la Ley 91 de
1989, cuyo artículo 15 (numeral 2, inciso 2) remite al régimen jurídico de los
pensionados del sector público nacional (en el caso de los docentes nacionales
y nacionalizados vinculados a partir del 1.° de enero de 1981 y de los maestros
que ingresaron al servicio desde el 1.° de enero de 1990), aquellos no solo
pueden ser beneficiarios de la Ley 33 de 1985, sino también de la Ley 71 de
1988. Así se desprende de los antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989,
teniendo en cuenta que en la ponencia para primer debate en el Senado de la
República se expresó lo siguiente:
EXPLICACIÓN DEL ARTICULADO Y DEL PLIEGO DE MODIFICACIONES
[…]
Acerca del artículo 15 habría que referirse finalmente a dos aspectos: la Ley
71 de 1988 sobre pensiones de jubilación; recoge amplias aspiraciones del
movimiento pensional que al beneficiar al Magisterio exonera de la
repetición en este texto. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, recibe la autorización legal de extender los servicios
asistenciales a las familias de los docentes, cuando su situación financiera
lo permite.16
15 En sentencia del 19 de enero de 2023, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
indicó que la Sentencia de Unificación SUJ-014-CE-S2-19 del 25 de abril de 2019 «solo desarrolló la
determinación de los regímenes para los casos de docentes oficiales cuyo tiempo de servicio hubiese sido
prestado únicamente en el sector público y cotizado exclusivamente al FNPSM. No obstante, dicha
providencia se abstuvo de plantear el supuesto cuando, por ejemplo como sucede en el sub iudice, el
educador también tiene acumulados tiempos cotizados como contratista y aportados a otra administradora
como lo era el entonces ISS (hoy Colpensiones).
Para esta clase de eventos, la normativa aplicable necesariamente correspondía a la Ley 71 de 1988 que
regulaba lo propio en lo que respecta a la denominada ‘pensión por aportes’ y no la Ley 33 de 1985». Ver:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
19 de enero de 2023, expediente 15001-23-33-000-2019-00103-01 (3083-2022).
16 Gaceta del Congreso de la República 103 del 17 de octubre de 1989.
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36. Así las cosas, dentro del escenario pensional que tuvo en cuenta el
legislador para elaborar el texto de la Ley 91 de 1989 estuvo la aceptación de
que la Ley 71 de 1988 beneficia al personal del magisterio, hecho que se dio por
sentado e hizo innecesaria la reproducción o previsión expresa de la posibilidad
de aplicar dicha ley a los docentes oficiales.
37. Por otra parte, en la Sección Segunda del Consejo de Estado existe una
jurisprudencia pacífica y reiterada según la cual los períodos en los que un
docente hubiere laborado en el sector público a través de contratos de prestación
de servicios, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, son
válidos para efectos de acceder al régimen pensional anterior al que se refieren
los artículos 81 ibidem y 48 de la Constitución Política (parágrafo transitorio 1), y
para acreditar el tiempo de servicio que se exige para adquirir el derecho a una
pensión de jubilación, teniendo en cuenta que la labor desarrollada en dichos
lapsos es propia e inherente a la condición de docente oficial y se ejecuta en el
marco de verdaderos vínculos de naturaleza laboral, con independencia de la
denominación contractual que se les designe17.
38. En ese contexto, los períodos comprendidos entre el 1 de noviembre de
1985 y el 30 de octubre de 1986, durante los cuales el demandante prestó sus
servicios como docente de cátedra en el Instituto Tecnológico Pascual Bravo, de
forma discontinua y mediante contratos de prestación de servicios, son
computables para establecer su vinculación al servicio educativo oficial antes del
27 de junio de 2003.
39. Así las cosas, como el señor Monsalve Salazar acreditó su vinculación al
servicio docente oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, el régimen pensional aplicable es el previsto en la Ley 91 de 1989, que
remite a la Ley 71 de 1988.
40. La Sala precisa que, contrario a lo afirmado por la parte demandada, el
acceso al régimen pensional de la Ley 71 de 1988 no está condicionado al
cumplimiento de los requisitos de transición previstos en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, pues la pensión de jubilación por aportes puede reconocerse por
dos vías normativas, y en este caso, el fundamento es la vinculación a la docencia
oficial antes del 27 de junio de 2003 (artículo 81 de la Ley 812 de 2003).
41. En este asunto, se encuentra demostrado que el señor Jaime Monsalve
Salazar cumple con ambos requisitos, pues: (i) según copia del registro civil de
nacimiento, nació el 24 de julio de 1957, por lo que alcanzó la edad de 60 años
el 24 de julio de 24 de julio de 2017; (ii) los decretos y certificaciones laborales
aportadas acreditan que para esa fecha acumulaba más de 20 años de servicio
en los sectores público y privado, concretamente, 20 años, 9 meses y 17 días.
17Al respecto, ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de noviembre de 2020, expediente 66001-23-33-000-2016-00082-
01 (4676-2017); sentencia del 24 de febrero de 2022, expediente 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650-
2019); y sentencia del 20 de junio de 2024, expediente 17001-23-33-000-2019-00174-01 (0506-2022).
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42. En cuanto a la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el salario que
percibe el demandante como docente oficial, la Sala observa que, al tratarse de
una prestación reconocida en virtud de la Ley 71 de 1988, no resulta aplicable la
prohibición de doble asignación prevista en el artículo 128 de la Constitución
Política.
43. Lo anterior, se fundamenta en el artículo 19 de la Ley 4.ª de 1992, que
exceptúa de dicha prohibición a las asignaciones «que a la fecha de entrar en
vigencia [esa] ley beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados»,
así como en el artículo 5.º del Decreto 224 de 1972, que establece expresamente
la compatibilidad entre el ejercicio de la docencia y el disfrute de la pensión de
jubilación.
44. En ese sentido, los docentes que se vincularon al servicio educativo oficial
antes del 27 de junio de 2003, y cuyo régimen pensional no está regido por las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, pueden percibir simultáneamente la pensión
de jubilación y el salario derivado de su labor docente.
45. Es pertinente poner de presente que la Corte Constitucional, en la
sentencia C – 1157 de 2003, declaró la inexequibilidad del artículo 45 del Decreto
1278 de 2002, en el que se estableció la incompatibilidad entre el ejercicio de la
docencia y la pensión de vejez.
46. En consecuencia, al tratarse de un servidor beneficiario de la Ley 91 de
1989, y por remisión de esta, del régimen de la Ley 71 de 1988, su mesada
pensional es compatible con el salario que devenga como docente oficial, como
acertadamente lo reconoció el a quo para el caso del accionante.
47. Superado lo anterior, y en cumplimiento de lo previsto en el numeral 5 del
artículo 5 de la Ley 91 de 1989 y en el artículo 11 del Decreto 2709 de 1994, esta
Sala advierte que, con el fin de garantizar el financiamiento de la prestación
reconocida, ordenará al FOMAG adelantar las siguientes actuaciones:
1) Las gestiones administrativas necesarias para realizar el cobro de las
cuotas partes que correspondan por los aportes pensionales que
Colpensiones ha recibido a nombre del señor Monsalve Salazar, sin que
dicha gestión afecte el pago de la mesada pensional reconocida.
2) Las acciones de cobro contra la demandante y el Instituto Tecnológico
Pascual Bravo, en calidad de trabajador y empleador, respectivamente,
para el recaudo de los aportes pensionales correspondientes a los
siguientes periodos, durante los cuales no se efectuaron cotizaciones al
sistema: (i) 1 de noviembre a 20 de diciembre de 1985; 1 de marzo a 30
de octubre de 1986.
48. Es preciso poner de presente que la orden impartida no implica una
desmejora de la situación del apelante único, y se imparte con base en el principio
de la solidaridad.
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Bogotá D.C. – Colombia
Radicado: 05001-23-33-000-2019-000744-01 (4598-2023)
Demandante: Jaime Monsalve Salazar
49. Por lo expuesto, se adicionará la sentencia de primera instancia en lo
pertinente y se confirmará en lo demás.
Condena en costas
50. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
51. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
52. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
53. En consecuencia, se condenará en costas al FOMAG, por cuanto se
niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para tal efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. ADICIONAR la sentencia dictada el 5 de junio de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, en el sentido de ORDENAR a la Nación (Ministerio
de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) que
adelante las siguientes actuaciones:
1) Las gestiones administrativas necesarias para realizar el cobro de las
cuotas partes que correspondan por los aportes pensionales que
Colpensiones ha recibido a nombre del señor Monsalve Salazar, sin que
dicha gestión afecte el pago de la mesada pensional reconocida.
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Demandante: Jaime Monsalve Salazar
2) Las acciones de cobro contra Jaime Monsalve Salazar y el Instituto
Tecnológico Pascual Bravo, en su calidad de trabajadora y empleador,
respectivamente, por los aportes pensionales dejados de efectuar durante
los siguientes periodos: (i) 1 de noviembre a 20 de diciembre de 1985; 1
de marzo a 30 de octubre de 1986.
SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.
TERCERO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la entidad
demandada, las cuales serán liquidadas de conformidad con lo establecido en el
artículo 366 del CGP.
CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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