Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-01869-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-01869-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2019-01869-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
4 de julio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., cuatro (4) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2019-01869-01 (2455-2021)
Demandante: Norman Augusto Gutiérrez Marín
Demandado: Nación (Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial)
Temas: Remuneración abogado asesor de Tribunal Judicial
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 26 de febrero de 2021, por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, que accedió a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, el señor Norman Augusto Gutiérrez Marín, por
conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se inaplique bajo la
excepción de inconstitucionalidad la expresión «grado 23» utilizada para denominar
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 05001-23-33-000-2019-01869-01 (2455-21)
Demandante: Norman Augusto Gutiérrez Marín
el cargo de abogado asesor contenida en el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de
octubre de 2015, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura; y se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: i)
Resolución DESAJMER19-4442 del 12 de febrero de 2019, emitida por el director
ejecutivo seccional de la Administración Judicial de Medellín, Antioquia, mediante la
cual negó la solicitud de cancelar las diferencias salariales y prestacionales entre el
empleo que el Consejo Superior de la Judicatura denominó «abogado asesor grado
23» y el de abogado asesor de Tribunal Judicial, de acuerdo a los decretos de
asignación salarial y prestacional para los funcionarios y empleados de la Rama
Judicial; y ii) ficto o presunto producto del silencio administrativo negativo ante la
falta de respuesta del recurso de reposición en subsidio de apelación interpuesto
contra la referida resolución.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
condenar a la entidad demandada a lo siguiente:
i) Declarar que para todos los efectos el actor ha ejercido el cargo de abogado
asesor, sin grado, desde su posesión; ii) reconocer y cancelar la diferencia salarial
y prestacional entre lo que hubiera percibido de acuerdo con el salario fijado para el
cargo de «abogado asesor, grado 23», con respecto o sobre lo que debió haber
percibido según el salario establecido para el empleo de «abogado asesor, sin
grado», por cada uno de los meses en los que se desempeñó en el Tribunal Superior
de Medellín, Sala Penal, hasta la fecha; iii) condenar en costas y agencias en
derecho, de conformidad con el artículo 188 del CPACA.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:
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Radicación: 05001-23-33-000-2019-01869-01 (2455-21)
Demandante: Norman Augusto Gutiérrez Marín
i) La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, a través del Acuerdo
PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, creó en los Tribunales Judiciales de forma
permanente un cargo de abogado asesor bajo la denominación grado 23. Sin
embargo, los salarios entre el cargo de abogado asesor de Tribunal Judicial y el
grado 23, presentan diferencias.
En el artículo 17 del referido acuerdo, se creó un cargo de abogado asesor «grado
23» en cada despacho del Tribunal Superior de Medellín.
ii) El demandante está vinculado a la Rama Judicial y ha ocupado el cargo de
abogado asesor «grado 23» desde el 2 de septiembre de 2016.
iii) El 8 de febrero de 2019, solicitó a la entidad demandada, entre otras cosas,
inaplicar bajo la excepción de inconstitucionalidad el Acuerdo PSAA15-10402 de
2015, que estableció una remuneración diferente a los empleados que ocupan el
cargo de abogado asesor de tribunal a nivel nacional.
iv) El 12 de febrero de 2019, la Nación (Rama Judicial) expidió la Resolución
DESAJMER19-4442 a través de la cual negó por improcedente lo pretendido con
fundamento en que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Medellín, Antioquia dio cumplimiento a las directrices establecidas por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con el artículo
98 de la Ley 270 de 1996.
v) El demandante interpuso recurso de reposición en subsidio de apelación contra
la anterior decisión; sin embargo, a la fecha de la presentación de la demanda no
se ha dado respuesta alguna.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
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Radicación: 05001-23-33-000-2019-01869-01 (2455-21)
Demandante: Norman Augusto Gutiérrez Marín
Como tales se señalaron el preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 5, 9, 13, 25, 29, 53, 93
y 209 de la Constitución Política; las Leyes 54 de 1962, 16 de 1972, 4 de 1992; 270
y 319 de 1996 y 1496 de 2011 y los Decretos 1950 de 1973, 1039 de 2011, 874 de
2012, 1024 de 2013, 194 de 2014, 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y 337
de 2018.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los
siguientes argumentos:
i) El numeral 19 del artículo 150 de la Constitución, señala que compete al Gobierno
nacional fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos.
Posteriormente, el Congreso de la República expidió la Ley 4.ª de 1992 en la que
se dispuso que el Gobierno nacional, fijaría dicho régimen para los empleados de la
Rama Judicial.
En ese orden, el presidente de la República expide anualmente los decretos en
materia salarial y prestacional para los funcionarios y empleados de la Rama
Judicial. Específicamente, se profirieron los Decretos 1039 de 2011, 874 de 2012,
1024 de 2013 y 194 de 2014, a través de los cuales en su artículo 4.° se determinó
la remuneración mensual para el cargo de abogado asesor de Tribunal Judicial y en
el artículo 6 ibidem se consagró que los cargos cuya denominación no esté
señalada, se regirán por una escala, en la que se encuentra el grado 23.
ii) El Consejo Superior de la Judicatura, a través del Acuerdo PSAA15-10402 de 2015,
se extralimitó al crear «el grado 23» en el cargo de abogado asesor porque esa
disposición conlleva un efecto salarial que compete privativamente el Gobierno
nacional, aunado al hecho de que el empleo de abogado asesor de Tribunal Judicial
previamente estaba contemplado en los decretos referidos, al que le corresponde
una escala salarial de acuerdo con la jerarquía de la corporación judicial. Lo anterior,
fue desconocido por la entidad demandada comoquiera que indicó un grado que dio
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Demandante: Norman Augusto Gutiérrez Marín
lugar a la aplicación de una remuneración distinta e inferior en la escala salarial que
corresponde.
En consecuencia, es procedente la inaplicación, bajo la figura de excepción de
inconstitucionalidad, del Acuerdo PSAA15-10402 de 2015 en lo referente a la
denominación «grado 23», en la medida que transgrede los artículos 53 y 90 de la
Constitución Política.
iii) Los actos acusados desconocieron las normas en que debían fundarse, entre
ellas, el artículo 13 de la Constitución Política y el principio de favorabilidad, porque
los salarios que se presentan entre el cargo de abogado asesor de Tribunal Judicial
y el grado 23, ostentan una diferencia salarial, lo que genera un saldo a favor del
demandante por la errada liquidación mensual realizada, ya que siempre debió
tomarse el valor de la escala salarial establecida para el empleo de abogado asesor
de Tribunal Judicial y no el del grado 23.
De ahí que la entidad demandada no podía anteponer un acuerdo de la Sala
Administrativa a lo ordenado en los artículos 4 de los Decretos 1039 de 2011, 874
de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014 y 1.° de los Decretos 1257 de 2015, 245 de
2016, 1013 de 2017 y 337 de 2018.
1.2. Contestación de la demanda
La Nación (Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Dirección
Seccional de Administración Judicial de Medellín) por intermedio de apoderado, se
opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresan a
continuación:1
1 Expediente digital, índice 2 de la Plataforma Samai, archivo 01DemandaDigital.
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Demandante: Norman Augusto Gutiérrez Marín
i) El Acuerdo PSAA15-10402 de 2015, mediante el cual se creó el cargo de abogado
asesor grado 23 fue expedido con plena observancia de las facultades
constitucionales y legales dadas a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura a través de los artículos 256 y 257 de la Constitución Política y 63 y 85
de la Ley 270 de 1996.
Lo anterior, en consideración a que teniendo en cuenta las necesidades de las
distintas jurisdicciones y especialidades, determinó que el cargo que se debía crear,
inicialmente de manera transitoria para descongestionar los Tribunales
Administrativos y Superiores era el de «abogado asesor grado 23», el cual no hace
relación al cargo de abogado asesor innominado de la Ley 4ª de 1992, ya que
determinó un grado específico cuya remuneración es proporcional a las funciones y
responsabilidades propias del perfil.
ii) El único limitante que se ha impuesto a la entidad para la creación de cargos en
descongestión es que no se podían establecer a cargo del Tesoro obligaciones que
excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones
iniciales, de ahí que no sea posible acceder a la nivelación de salarios solicitada, en
razón a que el cargo desempeñado (abogado asesor grado 23), los requisitos
exigidos y el salario fijado, fueron condiciones establecidas desde el momento de
su creación, las cuales fueron aceptadas por el demandante al momento de su
posesión.
iii) No se atenta contra el principio de igualdad, toda vez que es facultativo del
Consejo Superior de la Judicatura en cada distrito crear y estructurar cargos dentro
de los despachos judiciales, de manera que los actos demandados conservan la
presunción de legalidad, de allí que la entidad no estuviera obligada a aplicar la
excepción de inconstitucionalidad. De suerte que, al negarse la solicitud de pago de
la diferencia salarial reclamada, no se incurrió en falsa motivación.
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Radicación: 05001-23-33-000-2019-01869-01 (2455-21)
Demandante: Norman Augusto Gutiérrez Marín
iv) En suma, el demandante ha devengado las prestaciones y demás emolumentos
propios del cargo referido y en general la escala salarial asignada legalmente por el
acto de creación, de manera que no es posible atribuir omisión alguna a la entidad.
Propuso las excepciones de legalidad de los actos administrativos acusados,
ausencia de causa petendi, inexistencia del derecho reclamado, cobro de lo no
debido y prescripción trienal.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia escrita proferida el 26
de febrero de 2021, accedió a las pretensiones de la demanda, con sustento en las
siguientes consideraciones:2
i) Resulta claro que es al Gobierno Nacional a quien le compete fijar la escala
salarial de los servidores públicos, de manera anual, en el cual se ha venido
estableciendo un sueldo diferencial de conformidad con las distintas jerarquías, sin
contemplar su clasificación en grados para los cargos taxativamente enlistados,
excepto lo previsto para la remuneración mensual residual de los empleos de la
Rama Judicial cuya denominación no queda allí establecida.
ii) A partir del Decreto 57 de 1993, así como con la expedición del Decreto 1039
de 2011, año en que se creó el cargo de abogado asesor por primera vez dentro del
marco de una medida de descongestión en varios Tribunales del territorio nacional
y hasta el Decreto 194 de 2014, el Gobierno Nacional fijó la escala de remuneración
mensual para los empleados de la Rama Judicial, incluida la asignación salarial para
el empleo de abogado asesor de los Tribunales Judiciales, por lo que el Consejo
Superior de la Judicatura no debió recurrir a la remuneración residual del cargo
2 Expediente digital, índice 2 de la plataforma Samai. Con ponencia de la magistrada Liliana P.
Navarro Giraldo.
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Radicación: 05001-23-33-000-2019-01869-01 (2455-21)
Demandante: Norman Augusto Gutiérrez Marín
«grado 23», toda vez que el abogado asesor fue un cargo nominado en los términos
del ejecutivo.
iii) La incidencia del grado en la denominación del cargo en el acuerdo de
creación del empleo de abogado asesor en el Tribunal Superior de Medellín que se
dio en forma permanente mediante el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de
2015, entraña una disposición sobre la remuneración, toda vez que la mentada
denominación lo separó del cargo de abogado asesor de Tribunal Judicial,
enmarcado en el artículo 4 de los aludidos Decretos emitidos por el Gobierno
Nacional.
iv) Adicional a lo anterior, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura en el artículo 7° del Acuerdo PSAA15-10402 de del 29 de octubre de 2015,
equiparó el régimen salarial de todos los cargos creados con carácter permanente
en las distintas jurisdicciones, ente ellas la ordinaria de la que forma parte el Tribunal
Superior de Medellín, con los cargos permanentes de la Rama Judicial, excepto por
el cargo del abogado asesor, al cual le asignó la escala salarial residual del grado
23, por lo que extralimitó sus funciones constitucionales y legales, pues, bajo los
postulados del artículo 150 de la Carta Política y de la Ley 4ª de 1992, la entidad
que quedó expresamente facultada para ello fue el Gobierno Nacional quien,
mediante decreto, tiene el deber de fijar el régimen salarial y prestacional de los
servidores públicos, competencia que ejerció, para la época de emisión del Acuerdo
en mención, a través del Decreto 1105 de 2015, norma que se transgredió con la
actuación administrativa.
v) En consecuencia, devienen procedentes las pretensiones de la demanda.
Ahora, la fecha de consolidación del derecho data del 2 de septiembre de 2016,
cuando el señor Gutiérrez Marín empezó a laborar en el cargo de abogado asesor
del Tribunal Superior de Medellín, luego los tres años para reclamar se cumplían el
2 de septiembre de 2019. Dado que la petición administrativa fue radicada ante la
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Demandante: Norman Augusto Gutiérrez Marín
entidad el 8 de febrero de 2019, es claro que no se afectaron por prescripción las
sumas reclamadas.
vi) En resumen, declaró no probadas las excepciones propuestas en la
contestación de la demanda; inaplicó el Acuerdo PSAA19-10442 del 29 de octubre
de 2015, en cuanto a la asignación del grado 23 al cargo de abogado asesor; declaró
la nulidad de la Resolución DESARJMER19-4442 del 12 de febrero de 2019, así como
de los actos fictos o presuntos configurados con el silencio administrativo negativo;
y ordenó a la Rama Judicial reconocer, liquidar y pagar al señor Gutiérrez Marín, las
diferencias salariales y prestacionales existentes entre el cargo de abogado asesor
de tribunal judicial y el cargo grado 23, de conformidad con los decretos expedidos
por el Gobierno Nacional, a partir del 2 de septiembre de 2013 (sic) y durante los
períodos de vinculación en el cargo.
1.4. El recurso de apelación
La Nación, Rama Judicial, por conducto de apoderada, interpuso recurso de
apelación contra la referida sentencia con base en los siguientes argumentos:3
i) El Acuerdo PSAA15-10402 de 2015, fue expedido con observancia del principio de
legalidad y de las normas superiores, entre ellas la Ley 270 de 1996, toda vez que
su objeto fue únicamente la creación, entre otros, de un cargo de abogado asesor
grado 23, y no tuvo la intención de regular el régimen salarial y prestacional de
dichos funcionarios, como lo afirman el demandante y el a quo, pues esa facultad
es del resorte exclusivo del Gobierno nacional, de conformidad con la Ley 4ª de
1992.
3 Expediente digital, índice 2 de la plataforma Samai.
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Demandante: Norman Augusto Gutiérrez Marín
ii) El Consejo Superior de la Judicatura, como organismo autónomo, tiene
competencia en lo que respecta al funcionamiento de los despachos, la carrera
judicial y el manejo de empleo tendiente a crear, modificar y suprimir cargos de la
administración de justicia, en los límites y bajo las condiciones previstas en la
Constitución y la ley.
iii) La entidad demandada determinó dentro del marco de sus funciones y autonomía
que el cargo que se debía crear, inicialmente de manera transitoria, para
descongestionar los Tribunales Administrativos y Superiores era el de «abogado
asesor grado 23», el cual no hace relación al cargo de abogado asesor innominado
de la Ley 4 de 1992, sino se determinó un grado específico cuya remuneración es
proporcional al grado de funciones y responsabilidades que demanda el perfil.
1.5. Intervenciones en segunda instancia
Las partes se abstuvieron de intervenir en esta instancia.4
1.6. El ministerio público
El agente del ministerio público rindió concepto en el que solicitó confirmar la
decisión de instancia, toda vez que es imposible dispensar un trato discriminatorio
y tan irracional frente a los pares nominados, como lo hace la administradora judicial
citada a controversia, en un claro desdén por los mandatos constitucionales
protectores del trabajo, so pretexto de una autonomía limitada a la creación de
cargos según los urgentes requerimientos para combatir la inveterada congestión
judicial.5
La Sala decide, previas las siguientes
4 Constancia secretarial obrante en el índice 29 de la plataforma Samai.
5 Índice 28 de la plataforma Samai.
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Radicación: 05001-23-33-000-2019-01869-01 (2455-21)
Demandante: Norman Augusto Gutiérrez Marín
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer, conforme a lo señalado en el recurso de apelación, i)
i) si el Consejo Superior de la Judicatura excedió sus facultades constitucionales y
legales al expedir el Acuerdo PSAA15-10402 de 2015, mediante el cual, entre otras
cosas, fijó el «grado 23» al cargo de «abogado asesor» de Tribunal y le asignó una
remuneración salarial y prestacional diferente a la establecida por el Gobierno
nacional, al empleo de abogado asesor de Tribunal Judicial; y en caso afirmativo, ii)
si el demandante tiene derecho al reconocimiento de las diferencias salariales y
prestacionales de la escala salarial establecida para el empleo de «abogado
asesor» de Tribunal Judicial, en los Decretos 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de
2017 y 337 de 2018 y aquellos que los modifiquen o sustituyan.
2.2. Marco normativo
Postura unificada en la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo frente
al régimen salarial y prestacional de la Rama Judicial
Mediante la sentencia de unificación SUJ-033-CE-S2-2023, del 2 de noviembre de
2023,6 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, se establecieron
las competencias en la fijación del régimen salarial y prestacional en la Rama
Judicial, específicamente conforme a la siguiente regla:
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de
unificación SUJ-033-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023, radicado 08001-23-33-000-2018-
00529-01 (3071-2019).
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Radicación: 05001-23-33-000-2019-01869-01 (2455-21)
Demandante: Norman Augusto Gutiérrez Marín
UNIFICAR la jurisprudencia en el sentido de señalar que “El Consejo Superior de la
Judicatura carece de competencia para asignar a los cargos nominados7, grados,
códigos y remuneración diferentes a los previstos en el Decreto 57 de 1993 y demás
decretos anuales expedidos por el Gobierno Nacional en los que se regule el régimen
salarial y prestacional de los empleados de la rama judicial. Esta potestad
corresponde al presidente de la República en desarrollo de las facultades previstas
en la Ley 4ª de 1992. En consecuencia, la remuneración del cargo de “abogado
asesor” grado 23 de los Tribunales Administrativos, es la fijada para el «abogado
asesor» en los decretos anuales expedidos por el gobierno nacional sobre la materia”.
La regla fijada por la Sección Segunda, que tiene carácter vinculante y obligatorio,
se sustentó en los siguientes argumentos:
“[…] corresponde al Gobierno Nacional fijar anualmente el régimen salarial y
prestacional de los cargos de la Rama Judicial y al Consejo Superior de la
Judicatura le corresponde crear los cargos y realizar las incorporaciones a las
plantas de personal, en ejercicio de las competencias que le otorgan tanto la
Constitución Política como la Ley 270 de 1996.
[…] 127. Lo dicho conduce a afirmar que el simple hecho de agregar “grado 23” al
cargo de “abogado asesor” no hace desaparecer del universo jurídico que la
denominación del cargo para su remuneración salarial -entendida como “el nombre
indicativo de la función”8 ya había sido contemplada en el artículo 4.° de los
Decretos dictados por el Gobierno Nacional 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013
y 194 de 2014, el cual, como se vio, establece una escala gradual principal de
remuneración para los cargos allí relacionados y por cuanto la dada en el artículo 6.°
es supletoria, comoquiera que se aplica a aquellos cargos “no contemplados en los
artículos anteriores”9.
128. En este caso en modo alguno se discute la facultad del Consejo Superior de la
Judicatura para crear cargos en la Rama Judicial al tenor de las facultades dadas por
la Ley 270 de 1996; sin embargo, es evidente que, con su actuar, la entidad
demandada entró en claro desconocimiento de:
(i) Las facultades dadas al presidente de la República en la Ley 4ª de 1992, al
agregarle el aparte “grado 23” al cargo denominado “abogado asesor”, toda vez que
su consecuencia directa e inmediata fue afectar negativamente la remuneración
salarial y prestacional del demandante al ignorar las pautas dadas en los Decretos
presidenciales 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014, que ya
habían señalado cómo debían remunerarse los cargos de “abogado asesor”.
7 Entendido como el que se menciona con un nombre indicativo de la función y no con la
referencia numérica.
8 Tal como lo señaló el mismo Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo PSAA12-9663 de 28
de agosto de 2012.
9 Negrilla y subrayas de la Sala.
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Radicación: 05001-23-33-000-2019-01869-01 (2455-21)
Demandante: Norman Augusto Gutiérrez Marín
(ii) El límite competencial del Consejo Superior de la Judicatura dado en el artículo
25710 de la Ley 270 de 1996.
(iii) Los derechos salariales y prestacionales del demandante, al desconocer el salario
que le correspondía al tenor de los decretos anuales expedidos por el presidente de
la República, el cual, como se vio en los acápites anteriores, constituye un elemento
esencial del derecho al trabajo y a percibir la remuneración que en derecho
corresponde por la labor desempeñada.
[…]
130. De acuerdo con las pautas indicadas no puede mantenerse la legalidad de los
actos demandados aceptando la interpretación dada por el Consejo Superior de la
Judicatura, según la cual, al agregar “grado 23” al cargo de “abogado asesor” creó
una categoría especial de empleo no regulada por el artículo 4.° de los decretos
salariales anuales, con lo cual, debía remunerar ese empleo con la escala del artículo
6.° de los Decretos 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013, y 194 de 2014.
131. Ese razonamiento desconoció que el cargo ya se encontraba dentro del listado
de los nominados11 en los Decretos expedidos por el presidente de la República en
uso de las competencias señaladas en la Ley 4ª de 1992, lo que generó que la labor
del accionante, fuese remunerada con un salario inferior al que realmente le
corresponde, situación que desconoce los cánones constitucionales y legales que
regulan las competencias otorgadas al presidente de la República para determinar el
régimen salarial y prestacional de la Rama Judicial, así como las mismas
competencias del Consejo Superior de la Judicatura y, por ende, los derechos
salariales y prestacionales del señor Orlando José Jiménez Cerra.
[…]
133. En ese orden se concluye que si bien el Consejo Superior de la Judicatura cuenta
con la facultad para crear cargos en la Rama Judicial en atención al artículo 25712 de
la Ley 270 de 1996, no obstante, no puede desconocer las facultades dadas al
presidente de la República en la Ley 4ª de 1992 y con ello las pautas dadas en los
Decretos presidenciales 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014,
10 63 “ARTÍCULO 257. Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la Judicatura cumplirá las
siguientes funciones: […]
2. Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia. En ejercicio de
esta atribución, el Consejo Superior de la Judicatura no podrá establecer a cargo del Tesoro
obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones
iniciales. […]”.
11 Entendido como el que se menciona con un nombre indicativo de la función y no con la
referencia numérica.
12 “ARTÍCULO 257. Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la Judicatura cumplirá las
siguientes funciones:
1. Fijar la división del territorio para efectos judiciales y ubicar y redistribuir los despachos judiciales.
2. Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia. En ejercicio de
esta atribución, el Consejo Superior de la Judicatura no podrá establecer a cargo del Tesoro
obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones
iniciales. […]”.
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Radicación: 05001-23-33-000-2019-01869-01 (2455-21)
Demandante: Norman Augusto Gutiérrez Marín
que ya habían señalado cómo debían remunerarse los cargos de “abogado
asesor”.
134. En este entendido, la remuneración de los cargos cuya denominación se
encuentre expresamente establecida en los decretos anuales que fijan el régimen
salarial y prestacional de la Rama Judicial, debe atender a las escalas salariales allí
señaladas. Frente a los mismos es ilegal, tanto asignarles grados o códigos
adicionales, como establecerles otro tipo de remuneración diferente, toda vez que ello
va en contra del artículo 150 numeral 19 literal e) de la Constitución Política que
autorizó al Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, siempre y cuando se sujetara a los objetivos y criterios
establecidos por el legislativo, que en este caso corresponde a la Ley 4 de 199213, a
través de la cual se fijaron los criterios a los que debe ceñirse el Gobierno Nacional al
determinar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, entre ellos, a
los de la Rama Judicial.
135. Por tanto, la remuneración del cargo de “abogado asesor” grado 23 de
Tribunales Administrativos, se encuentra dentro del listado de los cargos
nominados70 en los Decretos expedidos por el presidente de la República en
uso de las competencias señaladas en la Ley 4ª de 1992, por lo que su labor
debe remunerarse de acuerdo con el artículo 4.° de los Decretos 1039 de 2011,
874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 201 4, sin que sea aceptable que el Consejo
Superior de la Judicatura pueda variar la denominación contemplada en el
artículo 3.º, numeral 2.° del Decreto 57 de 1993, lo cual resulta ilegal e
inconstitucional, pues al agregar el “grado 23” al cargo denominado “abogado
asesor”, afectó negativamente la remuneración salarial y prestacional del
mismo. (Resaltado, subrayado y comillas originales del texto)
Por su parte, en dicha providencia, respecto a la modificación de la denominación
del cargo de abogado asesor grado 23 por la de profesional especializado grado 23,
realizada en el Acuerdo PCSJA22 – 11968 del 30 de junio de 2022, se sostuvo lo
siguiente:
[…] 151. Así las cosas, comoquiera que se mantuvieron los requisitos del cargo, las
mismas funciones y responsabilidades, se colige que el objetivo fue meramente
económico al tratar de mantener la remuneración del citado cargo con la escala
salarial del grado 23 y así sustraerlo de la aplicación del artículo 4.° de los decretos
13 “[M]ediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales
de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones de conformidad con lo establecido en
el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política”.
14
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Demandante: Norman Augusto Gutiérrez Marín
expedidos por el Gobierno Nacional frente a la remuneración del cargo de abogado
asesor nominado14.
152. Tal decisión desconoce los innumerables pronunciamientos que ha emitido la
jurisdicción contencioso administrativa frente a casos similares, donde ha establecido
que los abogados asesores grado 23 de tribunal administrativo deben remunerarse
con el salario del cargo de abogado asesor nominado15 en los términos de los
decretos expedidos anualmente por el Ejecutivo.
153. Además pretende soslayar los principios de “a trabajo igual salario igual” e
irrenunciabilidad de los beneficios establecidos -artículos 25 y 53 de la Constitución
Política– y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales de
16 de diciembre de 1966,16 en cuanto consagra que “Los Estados Partes en el
presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de
trabajo equitativas”.
[…]
159. En efecto, la misma entidad indicó que no existía diferencia entre los cargos de
abogado asesor grado 23 y profesional especializado grado 23, toda vez que (i) los
requisitos para su ejercicio son los mismos, (ii) no ocurrió algún cambio en cuanto a
las funciones que venían desempeñando los abogados asesores grado 23 y (iii) no
se les asignó ningún tipo de responsabilidad adicional.
160. Tampoco se evidencia que se hayan establecido criterios de desempeño y
evaluación que justifiquen la diferencia con lo que se colige que esta decisión del
Consejo Superior de la Judicatura entra en clara contradicción con el principio de
seguridad jurídica al desconocer los numerosos pronunciamientos de la jurisdicción
en los que se ha ordenado, en casos similares, efectuar la remuneración de la labor
de los “abogados asesores grado 23” de Tribunal Administrativo de acuerdo con el
cargo de “abogado asesor nominado”, en los términos de la escala salarial principal
establecida en el artículo 4.° de los Decretos expedidos por el presidente de la
República.
161. En línea con esta argumentación se concluye que quienes venían
desempeñándose como abogados asesores grado 23 de Tribunal
Administrativo deben continuar siendo remunerados como abogado asesor
nominado17 de Tribunal, al advertirse que siguen desempeñando las mismas
funciones, se les exigen los mismos requisitos, continúan en sus mismos lugares de
trabajo y bajo órdenes del mismo empleador, sin que exista una razón objetiva y
14 Entendido como el que se menciona con un nombre indicativo de la función y no con la referencia
numérica.
15 Ibidem.
16 Que entró en vigor el 3 de enero de 1976, aprobado por Colombia mediante la Ley 74 de 1.968 y
ratificado el 29 de octubre de 1969
17 Entendido como el que se menciona con un nombre indicativo de la función y no con la referencia
numérica.
15
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Demandante: Norman Augusto Gutiérrez Marín
justificable para que se asuma que cambiaron a un cargo diferente con grado 23 y
que merecen ser remunerados de acuerdo con la escala salarial de ese grado.
162. Lo anterior, en aplicación de los principios de favorabilidad e irrenunciabilidad a
los beneficios mínimos establecidos el artículo 53 constitucional y de progresividad y
prohibición de regresividad, así como el derecho constitucional al trabajo en
condiciones dignas.
[…]
164. En virtud de lo anterior, se concluye que a partir del 1.° de julio de 2022, el
servidor que venía en el cargo de “abogado asesor grado 23”, y que pasó a llamarse
profesional especializado grado 23 debe ser remunerado como abogado asesor
nominado18 de Tribunal de acuerdo con los decretos expedidos por el presidente de
la República en uso de las competencias señaladas en la Ley 4ª de 1992, es decir,
atendiendo al artículo 4.° de los Decretos 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013,
194 de 2014 y siguientes que expida el gobierno nacional. (Resaltado, subrayado y
comillas originales del texto)
Por último, frente al fenómeno de la prescripción extintiva del derecho, la Sala
estableció lo siguiente:
165. Ese reconocimiento, implica atender a los términos de prescripción establecidos
en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, que
regulan el régimen prestacional de los empleados públicos, según los cuales aquel
lapso es de tres (3) años, que se interrumpe por una sola vez con el reclamo escrito
del trabajador.
166. En razón a que las citadas diferencias salariales y prestacionales se producen
mes a mes se aplicará el fenómeno de la prescripción, para lo cual los funcionarios
judiciales atenderán a la fecha en que se realizó la solicitud ante la administración,
tanto si la relación laboral y desempeño en el citado cargo se encuentra vigente, como
si presentó interrupciones o ya finalizó.
167. Situación diferente ocurrirá frente a las diferencias generadas sobre los aportes
para pensión a cargo del empleador, que podrán ser reclamadas en cualquier tiempo,
dada su clara relación sobre un futuro reconocimiento pensional y en tal sentido
pueden solicitar se en cualquier época.
2.3. Hechos probados
18 Ibidem
16
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Demandante: Norman Augusto Gutiérrez Marín
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro el proceso, se establece
lo siguiente:
i) El Área de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Medellín, Antioquia, certificó que el señor Norman
Augusto Gutiérrez Marín, ocupó el cargo de abogado asesor grado 23 en el
Despacho 014, del Tribunal Superior de Medellín, Sala Penal entre el 2 de
septiembre de 2016 y el 2 de abril de 2017, del 4 de abril de 2017 al 19 de marzo
de 2019, y del 21 de marzo de 2019 hasta la fecha de expedición del certificado,
esto es, el 4 de septiembre de 2020.
ii) El 8 de febrero de 2019, el demandante radicó derecho de petición ante la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Medellín, Antioquia, con el fin de
que se inaplicara por inconstitucional la expresión «grado 23» del Acuerdo PSAA15-
10402 del 29 de octubre de 2015; y se efectuara el reconocimiento y pago de las
diferencias salariales y prestacionales existentes entre el «grado 23» y el cargo de
«abogado asesor de Tribunal Judicial», de conformidad con los decretos emitidos
por el Gobierno nacional respecto del último empleo.19
iii) El 12 de febrero de 2019, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de
Medellín, Antioquia, a través de la Resolución DESAJMER19-444220 negó la solicitud
con fundamento en que la creación del cargo de abogado asesor grado 23 estaba
sometida al régimen salarial y prestacional de la Rama Judicial, fijado por el
Congreso de la República, de manera que al Consejo Superior de la Judicatura,
Sala Administrativa no le competía modificar la remuneración de aquel empleo y
mucho menos para eliminar, ajustar o cambiar el cargo de abogado asesor «grado
23» por el de abogado asesor. Agregó que al actor se le pagaron las acreencias
19 Ibidem, archivo 01DemandaDigital
20 Ibidem.
17
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Demandante: Norman Augusto Gutiérrez Marín
laborales correspondientes al empleo de asesor grado 23, en cumplimiento de los
Decretos 1257 de 2015 y 245 de 2016.
iv) El 25 de febrero de 2019, presentó recurso de reposición en subsidio de
apelación contra la anterior resolución;21 sin embargo, en el expediente no se
acreditó la emisión de respuesta expresa, por lo que se configuró el silencio
administrativo negativo.
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
Teniendo en cuenta el anterior recuento fáctico, en consonancia con el marco
normativo y jurisprudencial descrito en acápites anteriores, la Sala confirmará la
decisión del a quo que accedió a las pretensiones de la demanda. Esta conclusión
se funda en los siguientes razonamientos:
Conforme al material probatorio aportado al plenario, se observa que el demandante
ocupó el cargo de «abogado asesor grado 23» en el Tribunal Superior de Medellín,
en los siguientes períodos:
• Desde el 2 de septiembre de 2016 al 2 de abril de 2017.
• Del 4 de abril de 2017 al 19 de marzo de 2019.
• Desde el 21 de marzo de 2019 hasta el 4 de septiembre de 2020.22
De acuerdo con la sentencia de unificación SUJ-033-CE-S2-202323 de esta
corporación, corresponde al Gobierno nacional fijar anualmente el régimen salarial
y prestacional de los cargos de la Rama Judicial, y al Consejo Superior de la
21 Ibidem.
22 Fecha de expedición del certificado expedido por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Medellín, Antioquia, detallado en el acápite de hechos probados en esta
providencia.
23 Del 2 de noviembre de 2023.
18
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Demandante: Norman Augusto Gutiérrez Marín
Judicatura, crear los cargos y realizar las incorporaciones a las plantas de personal,
de conformidad con las facultades otorgadas por la Constitución Política y por la Ley
270 de 1996.
Así las cosas, el Consejo Superior de la Judicatura no podía adjudicarse la
competencia de establecer la remuneración al cargo de abogado asesor de Tribunal
y mucho menos podía asignarle grados, códigos adicionales, o determinarle otro
tipo de remuneración diferente.
En otras palabras, la citada sentencia de unificación señaló que el salario del cargo
de «abogado asesor grado 23» de Tribunales, se encontraba dentro del listado de
los cargos nominados establecido, en uso de las competencias plasmadas en la Ley
4ª de 1992, por el presidente de la República en los Decretos 1039 de 2011, 874 de
2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014 que previamente ya habían fijado cómo debían
remunerarse los cargos de «abogado asesor». En consecuencia, afirmó que la labor
ejercida por el empleo de «abogado asesor grado 23» de Tribunales, debía
remunerarse de acuerdo con el artículo 4.° de los Decretos 1039 de 2011, 874 de
2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014.
Por lo tanto, sostuvo que no era admisible la interpretación realizada por el Consejo
Superior de la Judicatura, a partir de la cual al agregar «grado 23» al cargo de
«abogado asesor» creaba una categoría especial de empleo no regulada por el
artículo 4.° de los decretos salariales anuales, por lo que se debía remunerar ese
empleo con la escala del artículo 6.° de los Decretos 1039 de 2011, 874 de 2012,
1024 de 2013, y 194 de 2014; ya que no es aceptable que aquella corporación
«pueda variar la denominación contemplada en el artículo 3.º, numeral 2.° del
Decreto 57 de 1993, lo cual resulta ilegal e inconstitucional, pues al agregar el
“grado 23” al cargo denominado “abogado asesor”, afectó negativamente la
19
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Demandante: Norman Augusto Gutiérrez Marín
remuneración salarial y prestacional del mismo»24 (Resaltado y comillas
originales del texto), a saber:25
Bajo este panorama, en aplicación de la regla fijada en la sentencia de unificación
SUJ-033-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023, la Sala observa que la entidad
demandada reconoció y pagó al señor Norman Augusto Gutiérrez Muñoz derechos
salariales y prestacionales como «abogado asesor grado 23» del Tribunal Superior
de Medellín, Sala Penal, los cuales eran inferiores a los fijados por el presidente de
la República a través de los decretos anuales, para el cargo de «abogado asesor»
de Tribunal Judicial.
Así, esta Subsección halla la razón al a quo en el entendido de acceder a las
pretensiones de la demanda, y en ese orden, inaplicar por inconstitucional e ilegal
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de
unificación SUJ-033-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023, radicado 08001-23-33-000-2018-
00529-01 (3071-2019).
25 Información tomada desde Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de unificación SUJ-033-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023, radicado
08001-23-33-000-2018-00529-01 (3071-2019).
20
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Demandante: Norman Augusto Gutiérrez Marín
la denominación «grado 23» asignada al cargo de abogado asesor de Tribunal
Judicial contenida en el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015.
De igual forma, esta Subsección advierte que el actor tiene derecho al
reconocimiento y pago de las diferencias salariales existentes entre lo que le fue
cancelado como abogado asesor grado 23 y el cargo de abogado asesor de Tribunal
Judicial, desde la fecha en que ingresó al referido empleo y mientras se encuentre
vigente la relación laboral; aunado a la reliquidación de las prestaciones sociales
percibidas y las que se llegaren a causar, con base en el salario que le corresponda
al cargo de abogado asesor de tribunal.
Se recuerda que la providencia unificadora es aplicable al caso sub judice porque
esta corporación en aquella oportunidad señaló que todos los casos pendientes de
solución tanto en vía administrativa como judicial a través de acciones ordinarias
son susceptibles de ser destinatarios de sus efectos; salvo los casos en los que ha
operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan
inmodificables.
Ahora bien, en cuanto al fenómeno jurídico de la prescripción extintiva del derecho,
la Sala observa que no ocurrió en este asunto comoquiera que la primera
vinculación del demandante como «abogado asesor grado 23» ocurrió el 2 de
septiembre de 2016 y la petición ante la administración se radicó el 8 de febrero de
2019, esto es, no transcurrieron más de tres años; como tampoco entre esta última
fecha (en la cual fue presentada la solicitud) y la presentación de la demanda que
data del 25 de julio de 2019.26
Por otro lado, conforme lo advirtió la sentencia de unificación en comento, los
servidores que venían desempeñándose como abogados asesores grado 23 de
26 Expediente digital, índice 2 de la Plataforma Samai.
21
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Demandante: Norman Augusto Gutiérrez Marín
Tribunal Judicial deben continuar siendo remunerados, a partir del 1.° de julio de
2022 como abogados asesores nominados de Tribunal, de manera que también
debe inaplicarse por inconstitucional el Acuerdo PCSJA22-11968 de 2022.
En ese orden de ideas, si el demandante se encontraba vinculado en el cargo que
pasó a denominarse profesional especializado grado 23 para el 1.° de julio de 2022
y mientras permanezca en el mismo, su labor debe continuar siendo remunerado
como abogado asesor nominado de Tribunal.27 Así las cosas, se adicionará la
decisión para ordenar la inaplicación por inconstitucional e ilegal del Acuerdo
PCSJA22-11968 de 2022, en su totalidad.
2.5. De la condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,28 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
27 Véase en similares términos, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, sentencias del 30 de noviembre de 2023, radicados
17001233300020190038901 (1321-2023) y 05001233300020160059101 (0645-2021).
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández
Gómez.
22
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Demandante: Norman Augusto Gutiérrez Marín
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.
En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo debe ser confirmada, por
cuanto el actor logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos
administrativos demandados. Asimismo, en aplicación de la sentencia de unificación
SUJ-033-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023, resulta procedente disponer la
inaplicación por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad del Acuerdo PCSJA22-
11968 de 2022.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
23
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Demandante: Norman Augusto Gutiérrez Marín
F A L L A:
Primero. Adicionar la sentencia proferida el 26 de febrero de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, que accedió a las pretensiones de la demanda, en el
proceso promovido por el señor Norman Augusto Gutiérrez Marín contra la Nación
(Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial), para precisar lo
siguiente:
Se debe inaplicar en el caso concreto, por razones de inconstitucionalidad e
ilegalidad, el Acuerdo PCSJA22-11968 de 2022 mediante el cual se sustituyó la
denominación del cargo «abogado asesor grado 23», por la de «profesional
especializado grado 23», por los motivos expuestos en precedencia.
Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia recurrida.
Tercero. Sin condena en costas en segunda instancia.
En firme esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las
anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
AVM
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
24
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