Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2019-00389-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2019-00389-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2019-00389-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
30 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ (E)
Bogotá, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 17001233300020190038901 (1321-2023)
Demandante: Valentina Jaramillo Marín
Demandado: Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Tema: Remuneración abogado asesor de Tribunal Judicial. Aplicación
de la Sentencia de Unificación de 2 de noviembre de 2023.
MODIFICA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 16 de septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Caldas, que accedió a las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
La señora Valentina Jaramillo Marín instauró demanda en contra de la Nación -
Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se inaplique bajo la excepción de inconstitucionalidad la expresión “grado 23”,
utilizada para denominar el cargo de abogado asesor, contenida en el Acuerdo
PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, expedido por la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura, que creó de manera permanente dicho cargo.
Que se declare la nulidad del Resolución DESAJMAR18-1258 del 14 de agosto de
2018, mediante el cual se negó la reliquidación con efectos retroactivos de las
diferencias salariales y prestacionales existentes entre el “grado 23”, que se le han
venido cancelando a la demandante y el cargo “abogado asesor de Tribunal
Judicial”, conforme a los decretos de asignación salarial y prestacional para los
funcionarios y empleados de la Rama Judicial; y del acto ficto o presunto derivado
del silencio administrativo negativo, con ocasión del recurso de apelación
interpuesto el 3 de septiembre de 2018 contra la mencionada resolución.
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Radicado: 17001233300020190038901 (1321-2023)
A título de restablecimiento del derecho, que se reconozca que el cargo de abogado
asesor que ha desempeñado la demandante, no ostenta ninguna denominación o
grado adicional al de “abogado asesor” de Tribunal Judicial, conforme lo
contemplado por el Gobierno Nacional a través de los Decretos 1257 de 2015, 245
de 2016, 1013 de 2017, 337 de 2018 y 991 de 2019, así como los que lo modifiquen
o sustituyan.
Que la remuneración salarial mensual del cargo de “abogado asesor” debe
liquidarse conforme lo preceptuado por el Gobierno Nacional a través los
mencionados decretos.
Que se ordene a la demandada a reconocer, liquidar y pagar, con efectos
retroactivos, las diferencias salariales y prestacionales (bonificaciones, primas,
vacaciones, cesantías y demás), existentes entre el “grado 23” y el cargo de
“abogado asesor de Tribunal Judicial”, conforme a los decretos de asignación
salarial y prestacional para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial
expedidos por el Gobierno Nacional, durante el tiempo de vinculación, en el cargo
de abogado asesor.
Que se reconozca que los salarios y prestaciones sociales que a futuro cause la
demandante, en el cargo de abogado asesor grado 23, deben regirse por lo
contemplado en los Decretos que para el efecto expida el Gobierno Nacional,
siempre bajo la denominación de abogado asesor de Tribunal Judicial.
Que las sumas que resulten a favor de la demandante sean indexadas según el
IPC, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011;
que se cancelen los intereses que se generen a partir de la fecha de la sentencia.
Que se condene en costas y agencias en derecho a la demandada, de conformidad
con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que el numeral 19 del artículo 150 de la Constitución, señala que es el Gobierno
Nacional quien debe fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos. Que el Congreso de la República expidió la Ley 4.ª de 1992 en la que se
dispuso que el Gobierno Nacional, fijaría dicho régimen para los empleados de la
Rama Judicial.
Que, en cumplimiento de lo anterior, el Presidente de la República, expide
anualmente los Decretos en materia salarial y prestacional para los funcionarios y
empleados de la Rama Judicial en los que se establece la remuneración mensual
para el abogado asesor de Tribunal Judicial y se indica que para los cargos cuya
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Radicado: 17001233300020190038901 (1321-2023)
denominación no esté señalada se regirá por una escala, dentro de la que se
encuentra el grado 23.
Que no obstante estar definido el cargo de abogado asesor dentro de los
pertenecientes a los Tribunales Judiciales, la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, creó en los Tribunales Judiciales del país de manera
transitoria y posteriormente de forma permanente un cargo de abogado asesor bajo
la denominación grado 23, cuando los decretos expedidos por el Presidente, fueron
enfáticos en señalar que única y exclusivamente se puede acudir a esa escala
salarial cuando la remuneración del cargo no se encuentre señalada.
Que los salarios que se presentan entre el cargo de abogado asesor de Tribunal
Judicial y el rotulado grado 23, ostentan una diferencia salarial, lo que genera un
saldo a favor de la demandante por la indebida liquidación mensual realizada, ya
que siempre debió tomarse el valor de la escala salarial establecida para el cargo
de abogado asesor de Tribunal Judicial y no el del grado 23.
Que la demandante estuvo vinculada a la Rama Judicial fungiendo el cargo de
abogado asesor desde el 3 de noviembre de 2015 y hasta el 12 de septiembre de
2016 y, por ende, le son aplicables en su integridad los Decretos 1257 de 2015, 245
de 2016, 1013 de 2017, 337 de 2018 y 991 de 2019.
Que, en virtud de lo anterior, el 23 de julio de 2018, se solicitó a la parte demandada,
inaplicar bajo la excepción de inconstitucionalidad, la expresión grado 23 contenida
en los Acuerdos que le otorgan al cargo de abogado asesor del Tribunal
Administrativo de Caldas, una remuneración diferente a los empleados que ocupan
el cargo de abogado asesor de Tribunal a nivel nacional.
Que, a esa solicitud, se le dio respuesta negativa, a través de la Resolución
DESAJMAR18-1258 del 14 de agosto de 2018, frente al cual se interpuso recurso
de apelación, sin que hasta la fecha se haya dado respuesta al mismo.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida mediante auto del 21 de septiembre de 2019 y notificada
a la entidad accionada, quien solicitó que se nieguen las pretensiones de la
demanda, expresando que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, creó el cargo de abogado asesor grado 23, con base en las facultades
constitucionales y legales, específicamente las señaladas en el artículo 63 de la Ley
270 de 1996; que la autoridad competente no dispuso la creación de este empleo
como un cargo nominado, es decir, sin escala, sino que se determinó un grado
especifico cuya remuneración es proporcional al grado de funciones y
responsabilidades que demanda el perfil.
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Radicado: 17001233300020190038901 (1321-2023)
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia proferida el dieciséis (16)
de septiembre de dos mil veintidós (2022), accedió a las pretensiones de la
demanda; al respecto señaló que el Consejo Superior de la Judicatura ejerció de
manera discrecional la facultad de crear, fusionar, trasladar y suprimir cargos, sin
justificar la necesidad de crear el cargo de “abogado asesor grado 23” en
condiciones salariales y prestacionales diferentes a las del cargo de abogado asesor
que ya existía en forma nominada.
Así mismo, indicó que la entidad demandada creó o varió la remuneración aplicable
al cargo de abogado asesor de Tribunal Judicial sin tener la facultad para ello,
resultando en el pago de salarios y prestaciones de manera inferior al del grado
nominado legalmente constituido con el Decreto 57 de 1993.
En consecuencia, el a quo inaplicó por inconstitucional la expresión “Grado 23” para
nominar al cargo de Abogado Asesor, contenida en los Acuerdos que crearon y
prorrogaron dicho cargo para el Tribunal Superior de Manizales, por cuanto carecía
de competencia para crear o variar la remuneración para ese cargo. De igual
manera, declaró la nulidad de i) la Resolución DESAJMAR18-1258 del 14 de agosto
de 2018, por medio de la cual se negó la reliquidación de las diferencias salariales
y prestacionales existentes entre el cargo Abogado Asesor “grado 23” y el de
Abogado Asesor de Tribunal Judicial”; y ii) del acto ficto o presunto derivado del
silencio de la administración respecto del recurso de apelación interpuesto en contra
de la mencionada resolución.
Como restablecimiento del derecho, ordenó cancelar las diferencias salariales y
prestacionales por el tiempo que se haya desempeñado en el cargo de abogado
asesor “grado 23”. Respecto a la figura de la prescripción, precisó que no se
configuró, toda vez que no transcurrieron 3 años entre el desempeño del cargo y la
fecha de la reclamación.
Finalmente, condenó en costas procesales a la entidad demandada, fijándo las
agencias en derecho por valor de $3.440.000.
EL RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandada, solicitó se revoque la sentencia de primera instancia y en su
lugar se nieguen las pretensiones de la demanda, expresando que a la demandante
se le han realizado sus pagos, de conformidad con los decretos salariales vigentes
expedidos para cada año por el Gobierno Nacional.
Que, en materia de la fijación de la remuneración salarial y prestacional de los
servidores judiciales, la competencia se encuentra por regla general en cabeza del
Gobierno Nacional, con algunas excepciones en los temas que establece la misma
ley.
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Radicado: 17001233300020190038901 (1321-2023)
Que esa facultad no ha sido arrogada por el Consejo Superior de la Judicatura, al
expedir el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, toda vez que con la
expedición del mismo únicamente se pretendía la creación entre otros, de un cargo
de abogado asesor grado 23 y no la regulación del régimen salarial y prestacional,
toda vez que esa facultad radica en el Gobierno Nacional, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 4.ª de 1992.
Que, es claro que el Consejo Superior de la Judicatura, tiene competencia en lo que
respecta al funcionamiento de Despachos, la carrera judicial y el manejo de empleo
tendiente a crear, modificar y suprimir cargos de la administración de justicia, en los
límites y bajo las condiciones previstas en la Constitución y la ley.
Que cada uno de los cargos que conforman la planta de personal de la Rama
Judicial tiene definido su régimen salarial y prestacional en los decretos
correspondientes, expedidos anualmente por el Gobierno Nacional, que las escalas
definidas en los mismos, son incompatibles entre sí.
Que, según el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, se creó a partir
de esa fecha, un cargo de abogado asesor Grado 23 en el Tribunal Administrativo
de Caldas, esto por parte de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, con base en las facultades constitucionales y legales, especialmente las
señaladas en el art. 85 de la Ley 270 de 1996; y que, en razón de ello se observa
que el cargo corresponde a la denominación de abogado asesor grado 23.
Consideró que la autoridad competente, no dispuso la creación del empleo como
cargo “nominado”, es decir, sin escala de grado lo cual sí implicaría que se le aplique
la tabla de remuneración propia para los cargos nominados de los Tribunales
Judiciales.
Finalmente, precisó que la entidad no debe ser condenada en costas, toda vez que
no se presentó una conducta temeraria y los argumentos de defensa se encuentran
legalmente justificados.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.
Por auto del quince (15) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), se admitió el
recurso de apelación, en donde además, se ordenó la presentación de los alegatos
por escrito en el término de 10 días y, vencido este término se fijaron 10 días para
el agente del Ministerio Público.
Las partes demandante y demandada, así como el señor Agente del Ministerio
Público, guardaron silencio en esta etapa procesal.
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Radicado: 17001233300020190038901 (1321-2023)
CONSIDERACIONES
Cuestión preliminar
En el expediente se encuentra la solicitud de suspensión provisional del proceso
presentada por el apoderado del Consejo Superior de la Judicatura mientras se
expedía la sentencia de unificación a la que se refiere el auto del 20 de mayo de
2021, proferido dentro del proceso 3071-2019.
Al respecto, se advierte que la misma no resulta procedente, toda vez que la referida
sentencia de unificación fue aprobada en la sala del 2 de noviembre de 2023, tal
como se expondrá en el siguiente acápite.
Problema jurídico
La Subsección deberá resolver si el Consejo Superior de la Judicatura desbordó sus
facultades legales, al fijarle el grado 23 al cargo de “abogado asesor” de Tribunal y
asignarle una remuneración salarial y prestacional diferente a la establecida por el
Gobierno Nacional, para el cargo de abogado asesor de Tribunal Judicial.
Además, deberá determinarse si la demandante, tiene derecho al reconocimiento y
pago de las diferencias salariales y prestacionales por concepto de la aplicación de
la escala salarial señalada para el cargo de “abogado asesor” de Tribunal Judicial
en los Decretos 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017, 337 de 2018 y 991 de
2019, así como los que lo modifiquen o sustituyan.
Finalmente, como asunto adicional, se deberá resolver si resulta procedente o no la
condena en costas impuesta en la sentencia objeto de apelación.
Marco normativo y jurisprudencial
Para la resolución de los aspectos en controversia del caso, se dará aplicación a la
Sentencia de Unificación SUJ-033-CE-S2-2023, del 2 de noviembre de 20231, en la
cual la Sección Segunda del Consejo de Estado, fijó las pautas que en adelante se
deben considerar en torno a los casos que por aspectos fácticos y jurídicos se
enmarquen en iguales o similares circunstancias a las descritas en ese asunto.
Debe resaltarse que en dicha sentencia se precisó que “las consideraciones expuestas
en esta providencia en relación con el tema objeto de unificación constituye precedente
vinculante en los términos del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, para todos los casos en
discusión, tanto en vía administrativa como judicial, toda vez que los efectos de la presente
sentencia de unificación son retrospectivos”.
1
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 2 de
noviembre de 2023. Expediente 3071-2019. Demandante: Orlando José Jiménez Cerra.
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
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Radicado: 17001233300020190038901 (1321-2023)
La siguiente fue la regla de unificación fijada en la referida sentencia:
«UNIFICAR la jurisprudencia en el sentido de señalar que “El Consejo
Superior de la Judicatura carece de competencia para asignar a los cargos
nominados2, grados, códigos y remuneración diferentes a los previstos en el
Decreto 57 de 1993 y demás decretos anuales expedidos por el Gobierno
Nacional en los que se regule el régimen salarial y prestacional de los
empleados de la rama judicial. Esta potestad corresponde al presidente de la
República en desarrollo de las facultades previstas en la Ley 4ª de 1992. En
consecuencia, la remuneración del cargo de “abogado asesor” grado 23 de
los Tribunales Administrativos, es la fijada para el «abogado asesor» en los
decretos anuales expedidos por el gobierno nacional sobre la materia”».
La providencia en cita destacó que corresponde al Gobierno Nacional fijar
anualmente el régimen salarial y prestacional de los cargos de la Rama Judicial y,
al Consejo Superior de la Judicatura le corresponde crear los cargos y realizar las
incorporaciones a las plantas de personal, en ejercicio de las competencias que le
otorga tanto la Constitución Política como la Ley 270 de 1996.
En este punto, la Sentencia de Unificación estableció:
“127. Lo dicho conduce a afirmar que el simple hecho de agregar “grado 23”
al cargo de “abogado asesor” no hace desaparecer del universo jurídico que
la denominación del cargo para su remuneración salarial -entendida como “el
nombre indicativo de la función”3 ya había sido contemplada en el artículo
4.° de los Decretos dictados por el Gobierno Nacional 1039 de 2011, 874 de
2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014, el cual, como se vio, establece una escala
gradual principal de remuneración para los cargos allí relacionados y por
cuanto la dada en el artículo 6.° es supletoria, comoquiera que se aplica a
aquellos cargos “no contemplados en los artículos anteriores”4.
128. En este caso en modo alguno se discute la facultad del Consejo Superior
de la Judicatura para crear cargos en la Rama Judicial al tenor de las
facultades dadas por la Ley 270 de 1996; sin embargo, es evidente que, con
su actuar, la entidad demandada entró en claro desconocimiento de:
(i) Las facultades dadas al presidente de la República en la Ley 4ª de 1992,
al agregarle el aparte “grado 23” al cargo denominado “abogado asesor”,
toda vez que su consecuencia directa e inmediata fue afectar
negativamente la remuneración salarial y prestacional del demandante al
ignorar las pautas dadas en los Decretos presidenciales 1039 de 2011,
874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014, que ya habían señalado cómo
debían remunerarse los cargos de “abogado asesor”.
(ii) El límite competencial del Consejo Superior de la Judicatura dado en el
artículo 2575 de la Ley 270 de 1996.
2
Entendido como el que se menciona con un nombre indicativo de la función y no con la
referencia numérica.
3
Tal como lo señaló el mismo Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo PSAA12-9663 de 28
de agosto de 2012.
4
Negrilla y subrayas de la Sala.
5
63 “ARTÍCULO 257. Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la Judicatura cumplirá las
siguientes funciones:
[…]
7
Radicado: 17001233300020190038901 (1321-2023)
(iii) Los derechos salariales y prestacionales del demandante, al desconocer
el salario que le correspondía al tenor de los decretos anuales expedidos
por el presidente de la República, el cual, como se vio en los acápites
anteriores, constituye un elemento esencial del derecho al trabajo y a
percibir la remuneración que en derecho corresponde por la labor
desempeñada.
(…)
130. De acuerdo con las pautas indicadas no puede mantenerse la legalidad
de los actos demandados aceptando la interpretación dada por el Consejo
Superior de la Judicatura, según la cual, al agregar “grado 23” al cargo de
“abogado asesor” creó una categoría especial de empleo no regulada por el
artículo 4.° de los decretos salariales anuales, con lo cual, debía remunerar
ese empleo con la escala del artículo 6.° de los Decretos 1039 de 2011, 874
de 2012, 1024 de 2013, y 194 de 2014.
131. Ese razonamiento desconoció que el cargo ya se encontraba dentro del
listado de los nominados6 en los Decretos expedidos por el presidente de la
República en uso de las competencias señaladas en la Ley 4ª de 1992, lo que
generó que la labor del accionante, fuese remunerada con un salario inferior
al que realmente le corresponde, situación que desconoce los cánones
constitucionales y legales que regulan las competencias otorgadas al
presidente de la República para determinar el régimen salarial y prestacional
de la Rama Judicial, así como las mismas competencias del Consejo Superior
de la Judicatura y, por ende, los derechos salariales y prestacionales del señor
Orlando José Jiménez Cerra.
(…)
133. En ese orden se concluye que si bien el Consejo Superior de la
Judicatura cuenta con la facultad para crear cargos en la Rama Judicial en
atención al artículo 2577 de la Ley 270 de 1996, no obstante, no puede
desconocer las facultades dadas al presidente de la República en la Ley 4ª
de 1992 y con ello las pautas dadas en los Decretos presidenciales 1039 de
2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014, que ya habían señalado
cómo debían remunerarse los cargos de “abogado asesor”.
134. En este entendido, la remuneración de los cargos cuya denominación se
encuentre expresamente establecida en los decretos anuales que fijan el
régimen salarial y prestacional de la Rama Judicial, debe atender a las
escalas salariales allí señaladas. Frente a los mismos es ilegal, tanto
asignarles grados o códigos adicionales, como establecerles otro tipo de
remuneración diferente, toda vez que ello va en contra del artículo 150
numeral 19 literal e) de la Constitución Política que autorizó al Gobierno
Nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, siempre y cuando se sujetara a los objetivos y criterios establecidos
2. Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia. En ejercicio de
esta atribución, el Consejo Superior de la Judicatura no podrá establecer a cargo del Tesoro
obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones
iniciales. […]”.
6
Entendido como el que se menciona con un nombre indicativo de la función y no con la
referencia numérica.
7
“ARTÍCULO 257. Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la Judicatura cumplirá las siguientes
funciones:
1. Fijar la división del territorio para efectos judiciales y ubicar y redistribuir los despachos judiciales.
2. Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia. En ejercicio de
esta atribución, el Consejo Superior de la Judicatura no podrá establecer a cargo del Tesoro
obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones
iniciales. […]”.
8
Radicado: 17001233300020190038901 (1321-2023)
por el legislativo, que en este caso corresponde a la Ley 4 de 1992 8, a través
de la cual se fijaron los criterios a los que debe ceñirse el Gobierno Nacional
al determinar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos,
entre ellos, a los de la Rama Judicial”.
Concluyó que la remuneración del cargo de “abogado asesor” grado 23 de
Tribunales Administrativos, se encuentra dentro del listado de los cargos
nominados9 en los Decretos expedidos por el presidente de la República en uso de
las competencias señaladas en la Ley 4ª de 1992, por lo que su labor debe
remunerarse de acuerdo con el artículo 4.° de los Decretos 1039 de 2011, 874 de
2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014, sin que sea aceptable que el Consejo Superior
de la Judicatura pueda variar la denominación contemplada en el artículo 3.º,
numeral 2.° del Decreto 57 de 1993, lo cual resulta ilegal e inconstitucional, pues al
agregar el “grado 23” al cargo denominado “abogado asesor”, afectó negativamente
la remuneración salarial y prestacional del mismo.
Se refirió también a la modificación de la denominación del cargo de “abogado
asesor grado 23” por la de “profesional especializado grado 23”, mencionando que
el Consejo Superior de la Judicatura dictó el Acuerdo PCSJA22 – 11968 del 30 de
junio de 2022, por el cual modificó la denominación del cargo de “abogado asesor
grado 23” por la de “profesional especializado grado 23” y que, toda vez que las
órdenes impartidas en primera instancia comprendió el pago de diferencias
salariales y prestacionales que se lleguen a causar mientras que el demandante se
desempeñe como abogado asesor de tribunal, debe verificarse los efectos que
generó la modificación en cuanto a la determinación del salario y las prestaciones
sociales correspondientes a quienes venían desempeñándose como “abogado
asesor” de tribunal.
Para el efecto, consideró que:
“151. Así las cosas, comoquiera que se mantuvieron los requisitos del cargo,
las mismas funciones y responsabilidades, se colige que el objetivo fue
meramente económico al tratar de mantener la remuneración del citado cargo
con la escala salarial del grado 23 y así sustraerlo de la aplicación del artículo
4.° de los decretos expedidos por el Gobierno Nacional frente a la
remuneración del cargo de abogado asesor nominado10.
152. Tal decisión desconoce los innumerables pronunciamientos que ha
emitido la jurisdicción contencioso administrativa frente a casos similares,
donde ha establecido que los abogados asesores grado 23 de tribunal
administrativo deben remunerarse con el salario del cargo de abogado asesor
8
“[M]ediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales
de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones de conformidad con lo establecido en
el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política”.
9
Entendido como el que se menciona con un nombre indicativo de la función y no con la
referencia numérica.
10
Entendido como el que se menciona con un nombre indicativo de la función y no con la referencia
numérica.
9
Radicado: 17001233300020190038901 (1321-2023)
nominado11 en los términos de los decretos expedidos anualmente por el
Ejecutivo.
153. Además pretende soslayar los principios de “a trabajo igual salario igual”
e irrenunciabilidad de los beneficios establecidos -artículos 25 y 53 de la
Constitución Política– y el Pacto Internacional de Derechos Económicos
Sociales y Culturales de 16 de diciembre de 1966,12 en cuanto consagra que
“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona al goce de condiciones de trabajo equitativas”.
(…)
159. En efecto, la misma entidad indicó que no existía diferencia entre los
cargos de abogado asesor grado 23 y profesional especializado grado 23,
toda vez que (i) los requisitos para su ejercicio son los mismos, (ii) no ocurrió
algún cambio en cuanto a las funciones que venían desempeñando los
abogados asesores grado 23 y (iii) no se les asignó ningún tipo de
responsabilidad adicional.
160. Tampoco se evidencia que se hayan establecido criterios de desempeño
y evaluación que justifiquen la diferencia con lo que se colige que esta
decisión del Consejo Superior de la Judicatura entra en clara contradicción
con el principio de seguridad jurídica al desconocer los numerosos
pronunciamientos de la jurisdicción en los que se ha ordenado, en casos
similares, efectuar la remuneración de la labor de los “abogados asesores
grado 23” de Tribunal Administrativo de acuerdo con el cargo de “abogado
asesor nominado”, en los términos de la escala salarial principal establecida
en el artículo 4.° de los Decretos expedidos por el presidente de la República.
161. En línea con esta argumentación se concluye que quienes venían
desempeñándose como abogados asesores grado 23 de Tribunal
Administrativo deben continuar siendo remunerados como abogado
asesor nominado13 de Tribunal, al advertirse que siguen desempeñando las
mismas funciones, se les exigen los mismos requisitos, continúan en sus
mismos lugares de trabajo y bajo órdenes del mismo empleador, sin que
exista una razón objetiva y justificable para que se asuma que cambiaron a
un cargo diferente con grado 23 y que merecen ser remunerados de acuerdo
con la escala salarial de ese grado.
162. Lo anterior, en aplicación de los principios de favorabilidad e
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos el artículo 53
constitucional y de progresividad y prohibición de regresividad, así como el
derecho constitucional al trabajo en condiciones dignas”.
En virtud de lo anterior, ordenó la inaplicación del Acuerdo PCSJA22-11968 de 2022
y concluyó que a partir del 1.° de julio de 2022, el servidor que venía en el cargo de
“abogado asesor grado 23”, y que pasó a llamarse profesional especializado grado
23 debe ser remunerado como abogado asesor nominado de Tribunal de acuerdo
con los decretos expedidos por el presidente de la República en uso de las
competencias señaladas en la Ley 4ª de 1992.
11
Ibidem.
12
Que entró en vigor el 3 de enero de 1976, aprobado por Colombia mediante la Ley 74 de 1.968 y
ratificado el 29 de octubre de 1969
13
Entendido como el que se menciona con un nombre indicativo de la función y no con la referencia
numérica.
10
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En tercer lugar, puntualizó que es oportuno atender a los términos de prescripción
establecidos en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848
de 1969, que regulan el régimen prestacional de los empleados públicos, según los
cuales aquel lapso es de tres (3) años, que se interrumpe por una sola vez con el
reclamo escrito del trabajador. Que, situación diferente ocurre frente a las
diferencias generadas sobre los aportes para pensión a cargo del empleador, que
podrán ser reclamadas en cualquier tiempo.
El caso concreto14
Se encuentran establecidos los siguientes hechos:
• Se observa copia de la Resolución Nro. 007 de 3 de noviembre de 2015, por
medio de la cual la Magistrada de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Manizales nombró a la señora Valentina Jaramillo Marín como
Abogada Asesora Grado 23.
• De igual manera, se allegó copia del acta de posesión suscrita por la
demandante y por la mencionada Magistrada el 3 de noviembre de 2015.
• En el expediente, se anexó copia de la Resolución Nro. 004 de 13 de
septiembre de 2016, con la que se aceptó la renuncia de la señora Jaramillo Marín
al cargo de Abogada Asesora grado 23 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizales.
• Se encuentra copia de la Resolución Nro. 006 de 7 de octubre de 2016, con
la que nuevamente fue nombrada la señora Valentina Jaramillo Marín en el cargo
de Abogada Asesora grado 23 en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizales, con copia del acta de posesión suscrita el 7 de octubre de 2016.
• Reposa copia de la Resolución Nro. 011 de 5 de diciembre de 2016, con la
que se aceptó la renuncia de la demandante.
• A través de la Resolución Nro. 012 de 6 de diciembre de 2016, la señora
Valentina Jaramillo Marín fue nombrada en el cargo de abogado asesor grado 23
en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales Sala Civil – Familia.
• Da cuenta la constancia expedida el 1 de abril de 2019, por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales – Caldas, que la señora
Valentina Jaramillo Marín, viene ocupando el cargo de abogada asesora en el
Despacho 4 Sala Civil – Familia, del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizales, desde el 3 de noviembre de 2015, además se relacionan los pagos que
se le han realizado entre el 3 de noviembre de 2015 y el 1 de abril de 2019, de la
cual se desprende que los pagos efectuados han sido, de conformidad con la escala
prevista para el cargo “grado 23”.
14
Documentos visibles en el índice 2 del expediente electrónico disponible en SAMAI.
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• Aparece acreditado que el 23 de julio de 2018, la demandante peticionó ante
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Manizales – Caldas, que se
inaplicara por inconstitucional la expresión “grado 23” de los Acuerdos que crearon
y prorrogaron el cargo de “abogado asesor grado 23” y el reconocimiento y pago de
las diferencias salariales y prestacionales existentes entre el “grado 23” y el cargo
de “abogado asesor de Tribunal Judicial”.
• A través de la Resolución DESAJMAR18-1258 del 14 de agosto de 2018, se
respondió negativamente la solicitud elevada por la parte demandante.
• El 3 de septiembre de 2018, se presentó recurso de apelación en contra del
anterior oficio, del cual no se obtuvo respuesta expresa, por lo cual se configuró el
silencio administrativo negativo frente a la solicitud de recurso de apelación
presentado por la parte demandante.
Es pertinente reiterar que, si bien el Consejo Superior de la Judicatura tiene
competencia para crear los cargos, determinar funciones, señalar los requisitos y
no establecer a cargo del tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado
para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales, no podía abrogarse
la competencia para establecer una remuneración al cargo de “abogado asesor” de
Tribunal, que se encontraba dentro del listado de los cargos nominados en los
decretos expedidos por el Presidente de la República en uso de las competencias
señaladas en la Ley 4.ª de 1992, por lo que tampoco podía asignarle grados,
códigos adicionales, o determinarle otro tipo de remuneración diferente, en tanto
que la competencia para fijar la remuneración de los empleados de la Rama Judicial,
recae únicamente en el Gobierno Nacional.
En este sentido, aunque en la sentencia de unificación que se ha venido citando, se
conoció el caso de un empleado de Tribunal Administrativo y en este asunto, la
demandante ostentó el cargo de abogado asesor grado 23 de Tribunal Superior,
nada obsta para que sean aplicados los argumentos presentados, en la regla de
unificación, que dejó sentado en su primera parte que “El Consejo Superior de la
Judicatura carece de competencia para asignarle a los cargos nominados, grados, códigos
y remuneración diferente a lo regulado en el Decreto 57 de 1993 y demás decretos anuales
expedidos por el Gobierno Nacional, mediante los cuales se determine el régimen salarial
y prestacional de los empleados de la rama judicial. Ésta potestad corresponde al
presidente de la República en desarrollo de las facultades previstas en la Ley 4ª de 1992”.
Lo anterior, teniendo en cuenta que, en criterio de la Subsección, la remuneración
del cargo de abogado asesor grado 23 de Tribunal Superior corre con la misma
suerte que el cargo creado para los Tribunales Administrativos, al encontrarse
ambos cargos dentro del listado de los nominados en los decretos expedidos por el
Presidente de la República y en consideración a que ambos cargos fueron creados
bajo la denominación de abogado asesor “grado 23” por el Consejo Superior de la
Judicatura en el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015.
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Por consiguiente, aplicando en este caso la regla de unificación sentada en la
sentencia SUJ-033-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023, se advierte que, a la
señora Valentina Jaramillo Marín, el salario que se le canceló como abogado asesor
grado 23, fue inferior al establecido anualmente por el Presidente de la República
para el cargo de “abogado asesor” de Tribunal Judicial. Que, esta situación imponía
acceder a las pretensiones de la demanda, con la inaplicación del Acuerdo PSAA15-
10402 del 29 de octubre de 2015 (artículo 17) en cuanto asignó el grado 23 al cargo
de abogado asesor, la nulidad de los actos demandados y ordenando a la entidad
pagarle las diferencias salariales existentes entre lo que le fue cancelado como
abogada asesora grado 23 y el cargo de abogada asesora de Tribunal Judicial,
desde la fecha en que ingresó a tal cargo y mientras se encuentre vigente la relación
laboral, y la respectiva reliquidación de todas las prestaciones sociales devengadas,
causadas y que se llegaren a causar, con base en el salario que le corresponda al
cargo de abogado asesor de tribunal.
En cuanto al fenómeno de la prescripción, se advierte que el mismo no operó, toda
vez que si se tiene en cuenta que el derecho se hizo exigible a partir del día 3 de
noviembre de 2015, fecha en que la demandante inició en el cargo de abogado
asesor grado 23, y que la petición de reconocimiento y pago de las diferencias
salariales y prestacionales fue elevada el día 23 de julio de 2018, ello quiere decir
que no transcurrieron más de tres años; como tampoco transcurrieron entre esta
última fecha (en la cual fue presentada la solicitud), y la presentación de la demanda,
lo cual se dio el día 16 de agosto de 2019.
Además, debe indicarse que, como lo advirtió la Sentencia de Unificación, a la que
se ha hecho referencia, los servidores que venían desempeñándose como
“abogados asesores grado 23” de Tribunal Judicial deben continuar siendo
remunerados, a partir del 1.° de julio de 2022 como abogados asesores nominados
de Tribunal, por ello, debe inaplicarse por inconstitucional el Acuerdo PCSJA22-
11968 de 2022.
Así las cosas, para la demandante Valentina Jaramillo Marín, debe considerarse,
que, si la misma se encontraba vinculada en el cargo que pasó a denominarse
profesional especializado grado 23 para el 1.° de julio de 2022 y mientras
permanezca en el mismo, su labor debe continuar siendo remunerada como
abogado asesor nominado de Tribunal.
Conforme con todo lo anterior, se modificará la sentencia de primera instancia, para
inaplicar por inconstitucional e ilegal además de los los artículos 86, 87 y 88 del
Acuerdo PSAA15- 10402 de 2015 expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura, en cuanto asigna el grado 23 al cargo de abogado asesor Tribunal
Judicial, el Acuerdo PCSJA22-11968 de 2022, en su totalidad.
De las costas de primera instancia
En la sentencia de 16 de septiembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Caldas
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condenó en costas a la parte demandada y fijó las agencias en derecho por valor
de $3.440.000, con fundamento en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 y el
artículo 365 del Código General del Proceso, circunstancia que fue apelada por el
apoderado de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
Respecto a lo anterior, vale la pena precisar que la Ley 2080 de 25 de enero de
2021 introdujo una modificación al criterio existente sobre la valoración de la
condena en costas; al respecto, el artículo 47 ibidem, señala que únicamente resulta
viable imponer la condena cuando se acredite una actuación que carece de
fundamento legal por la parte vencida.
En el caso de la referencia, se observa que para el momento de proferirse la
sentencia objeto de apelación, ya se encontraba vigente la Ley 2080 de 2021, de
manera que atendiendo al criterio allí plasmado, no procedía la condena en costas
porque se observa que la defensa de la entidad demandada se realizó con
argumentos razonables y sin temeridad. En tal sentido corresponde revocar el
numeral quinto de la sentencia objeto de apelación, para en su lugar, negar la
condena en costas.
De la condena en costas
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art. 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia
el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso
que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las
partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe, no obstante,
dicho criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2º del art. 188 de la Ley
1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa que los
fundamentos del recurso de apelación y de su oposición que no se presenta una
carencia de fundamentación legal que dé lugar a la condena en costas. Contrario a
ello, ambas partes en sus escritos manifestaron argumentos razonables de defensa
jurídica de sus intereses, en consecuencia, no se impondrá condena en costas en
ambas instancias.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
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nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- NEGAR la solicitud de unificación, comoquiera que a la fecha la Sala de
la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió la sentencia de unificación SUJ-
033-CE-S2-2023, del 2 de noviembre de 2023, en la que se fijaron las reglas de
unificación relativas a las controversias respecto de las diferencias salariales de
quienes ostentan el cargo de abogado asesor, grado 23.
Segundo.- MODIFICAR el numeral SEGUNDO de la sentencia proferida el
dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintidós (2022), por el Tribunal
Administrativo de Caldas, el cual quedará así:
“PRIMERO.- INAPLÍQUESE por inconstitucional e ilegal, la denominación
“grado 23” a la que hace referencia los artículos 86, 87 y 88 del Acuerdo
PSAA15- 10402 de 2015 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, en
cuanto asigna el grado 23 al cargo de Abogado asesor Tribunal Judicial y el
Acuerdo PCSJA22-11968 de 2022 mediante el cual se sustituyó la
denominación del cargo “abogado asesor grado 23”, por la de “profesional
especializado grado 23”.
Tercero.- REVOCAR el numeral QUINTO de la sentencia de primera instancia, por
medio del cual se condenó en costas a la parte demandada.
Cuarto.- CONFIRMAR en los demás aspectos la sentencia de primera instancia.
Quinto.- ABSTENERSE de condenar en costas de ambas instancias, según lo
manifestado en las consideraciones que anteceden.
Sexto.- Se reconoce personería a Justicia S.A.S. como apoderados de la señora
Valentina Jaramillo Marín, de acuerdo con el poder aportado vía correo electrónico,
visible en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial para el Consejo
de Estado – SAMAI.
Séptimo.- DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ (E)
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
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