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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2019-00383-01

Fecha
29 de agosto de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2019-00383-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Modificar el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 16 de septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Especial de Decisión, que accedió a las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por la señora Jennifer Zuluaga Zapata contra la Nación, Rama Judicial, el cual quedará así: Segundo. Inaplicar en el caso concreto, por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad, la denominación «grado 23» relacionada al cargo de abogado asesor contemplada en el Acuerdo PSAA15-10402 de 2015 del 29 de octubre de 2015, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura (artículo 17); y la totalidad del Acuerdo PCSJA 22-11968 de 2022 mediante el cual se sustituyó la denominación del cargo «abogado asesor grado 23», por la de «profesional especializado grado 23». Segundo. Revocar el numeral quinto de la sentencia del 16 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Especial de Decisión. En su lugar se dispone: Quinto. No condenar en costas ni agencias en derecho, a la entidad demandada, de conformidad con lo manifestado en las consideraciones de esta providencia. Tercero. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 16 de septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Especial de Decisión, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Cuarto. Sin condena en costas en segunda instancia. Quinto. Reconocer personería jurídica a Justicia S.A.S, representada legalmente por el señor José Fernando Marín Cardona, de acuerdo y para los efectos del poder visible a índice 12 de la plataforma SAMAI. 24 Radicación: 17001-23-33-000-2019-00383-01 (1318-2023) Demandante: Jennifer Zuluaga Zapata Sexto. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2019-00383-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

29 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 17001-23-33-000-2019-00383-01 (1318-2023)
Demandante: Jennifer Zuluaga Zapata
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de la Administración
Judicial
Temas: Remuneración abogado asesor de Tribunal Judicial

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
_____________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la
sentencia proferida el 16 de septiembre de 2022, por el Tribunal Administrativo de
Caldas, Sala Especial de Decisión, por medio de la cual se accedió a las pretensiones
de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, la señora Jennifer Zuluaga Zapata, mediante apoderada, formuló
demanda en orden a que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
i) Resolución DESAJMAR18-1254 del 14 de agosto de 2018, emitida por el director
ejecutivo seccional de la Administración Judicial de Manizales, Caldas, mediante el cual
negó la solicitud, entre otras cosas, de cancelar, con efectos retroactivos, las diferencias
salariales y prestacionales entre el empleo que el Consejo Superior de la Judicatura
denominó «abogado asesor grado 23» y el de abogado asesor de Tribunal Judicial, de

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00383-01 (1318-2023)
Demandante: Jennifer Zuluaga Zapata

acuerdo a los decretos de asignación salarial y prestacional para los funcionarios y
empleados de la Rama Judicial; ii) Resolución DESAJMAR18-1668 del 1.° de octubre de
2018, a través del cual concedió el recurso de apelación contra el anterior acto; y iii)
ficto o presunto producto del silencio administrativo negativo ante la falta de respuesta
del recurso de apelación interpuesto contra la Resolución DESAJMAR18-1254 de 2018.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
condenar a la entidad demandada a i) reconocer, liquidar y pagar, con efectos
retroactivos, las diferencias salariales y prestacionales existentes entre el «grado 23» y
el cargo de «abogado asesor de Tribunal Judicial», de acuerdo con los decretos de
asignación salarial y prestacional para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial
expedidos por el Gobierno nacional, durante el tiempo de vinculación en el Tribunal
Superior de Manizales, Sala Civil, hasta el momento en que ejerza dicho cargo; ii) pagar
las sumas debidamente indexadas; iii) cancelar los intereses moratorios a la tasa
máxima legal vigente desde la fecha de ejecutoria de la sentencia hasta el pago
efectivo; iv) dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA;
y v) asumir las costas del proceso.

1.1.2. Hechos1

Como supuestos fácticos relevantes, la apoderada de la demandante señaló los
siguientes:

i) La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a través del Acuerdo
PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, creó en los Tribunales Judiciales del país de

manera permanente un cargo de abogado asesor bajo la denominación grado 23 para
cada uno de los despachos de magistrado de los Tribunales Superiores.

ii) Desde el 4 de noviembre de 2015 hasta la fecha de la presentación de la demanda,
la demandante ha ejercido el cargo de abogado asesor «grado 23» en el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Manizales, Sala Civil – Familia.

Sin embargo, el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, le otorgan al cargo
de abogado asesor del Tribunal Superior una remuneración diferente a la del empleo
de abogado asesor de Tribunal.

1 Algunos hechos corresponden al concepto de violación, razón por la que se resumen en dicho acápite.

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Radicación: 17001-23-33-000-2019-00383-01 (1318-2023)
Demandante: Jennifer Zuluaga Zapata

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 4, 13, 53, 150 y 257 de la Constitución Política;
Leyes 4 de 1992 y 270 de 1996 y los Decretos 194 de 2014, 1257 de 2015, 245 de
2016, 1013 de 2017 y 337 de 2018.

Al desarrollar el concepto de violación, la apoderada de la demandante expuso los
siguientes argumentos:

i) El numeral 19 del artículo 150 de la Constitución señala que compete al Gobierno
nacional fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos.
Posteriormente, el Congreso de la República expidió la Ley 4.ª de 1992 en la que se
dispuso que el Gobierno nacional, fijaría dicho régimen para los empleados de la Rama
Judicial.

En ese orden, el presidente de la República expide anualmente los decretos en materia
salarial y prestacional para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.
Específicamente, se profirió el Decreto 194 de 2014, a través del cual en su artículo 4.°
se determinó la remuneración mensual para el cargo de abogado asesor de Tribunal
Judicial y los Decretos 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y 337 de 2018,
establecieron los reajustes anuales en las escalas salariales que regulan la
remuneración mensual y asignaciones básicas mensuales de los funcionarios y
empleados de la Rama Judicial.

ii) El Consejo Superior de la Judicatura, a través del Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de
octubre de 2015, se extralimitó al crear «el grado 23» en el cargo de abogado asesor
porque esa disposición conlleva un efecto salarial que compete privativamente el
Gobierno nacional, aunado al hecho que el empleo de abogado asesor de Tribunal
Judicial previamente estaba contemplado en los decretos previamente referidos, al que
le corresponde una escala salarial de acuerdo a la jerarquía de la corporación judicial.
Lo anterior, fue desconocido por la entidad demandada comoquiera que indicó un grado
que dio lugar a la aplicación de una remuneración distinta e inferior en la escala salarial
que le corresponde.

En consecuencia, es procedente la inaplicación, bajo la figura de excepción de
inconstitucionalidad, de los referidos acuerdos en lo referente a la denominación «grado

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Demandante: Jennifer Zuluaga Zapata

23».

iii) Los actos acusados desconocieron las normas en que debían fundarse porque la
competencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura se limita a
definir lo relacionado con la estructura y planta de personal, sin que le sea dable
establecer la remuneración de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, pues
aquellos causaron una diferencia salarial que incide de manera directa en las
prestaciones sociales y en otros derechos de índole laboral y de la seguridad social de
la demandante.

1.2. Contestación de la demanda

La Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por
intermedio de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las
razones que se expresan a continuación:2

i) El Acuerdo PSAA15-10402 de 2015, mediante el cual se creó el cargo de abogado
asesor grado 23 en el Tribunal Superior de Manizales, fue expedido con plena
observancia de las facultades constitucionales y legales dadas a la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura a través de los artículos 256 y 257 de la
Constitución Política y 63 y 85 de la Ley 270 de 1996.

Lo anterior, en consideración a que teniendo en cuenta las necesidades de las distintas
jurisdicciones y especialidades, determinó que el cargo que se debía crear, inicialmente
de manera transitoria para descongestionar los Tribunales Administrativos y Superiores
era el de «abogado asesor grado 23», el cual no hace relación al cargo de abogado
asesor nominado, es decir, sin escala de grado lo que de hecho sí implicaría que le
aplique la tabla de remuneración propia de los cargos nominados de Tribunales
Judiciales.

ii) La Ley 4ª de 1992 y el Acuerdo PSAA15-10402 de 2015 gozan de presunción de
legalidad, de manera que no acatarlos implica la transgresión evidente al ordenamiento
jurídico.

2 Expediente digital visible a índice 2 de SAMAI.

4

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Demandante: Jennifer Zuluaga Zapata

iii) Los argumentos de la actora carecen de veracidad pues se encuentran acreditadas
las excepciones de excepción de legalidad de los actos administrativos, imposibilidad
material y presupuestal de reconocer las pretensiones, falta de integración del
litisconsorcio necesario a la Nación, Departamentos Administrativos de la Presidencia
de la República y de la Función Pública y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.3

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Especial de Decisión, mediante sentencia
proferida el 16 de septiembre de 2022, accedió a las pretensiones de la demanda. Para
tal efecto, se pronunció en estos términos:4

i) La excepción de inconstitucionalidad puede ser ejercida de manera oficiosa o a
solicitud de parte, su alcance es inter partes y, por ende, la norma inaplicada, al
prosperar la excepción de inconstitucionalidad, no desaparece del sistema jurídico y
continúa siendo válida.

ii) De acuerdo con el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución y la Ley 4 de
1992, corresponde al Gobierno nacional fijar el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos. En atención a ello, el presidente de la República expidió el Decreto
057 de 1993 por medio del cual estableció el régimen salarial y prestacional de los
servidores de la Rama Judicial y posteriormente continuó profiriendo año tras año los
decretos que regulan y modifican aquel régimen.

Por su parte, a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura le compete
determinar la estructura y planta de personal de la Rama Judicial.

iii) La jurisprudencia contencioso administrativa ha sostenido que el Consejo Superior
de la Judicatura no tiene competencia para variar la denominación, categoría y nivel del
cargo, con implicaciones salariales, de los empleados de la Rama Judicial, previamente
establecido por el presidente de la República en aplicación de la Ley 4 de 1992, es

3 El Tribunal Administrativo de Manizales, a través del auto del 16 de diciembre de 2020, concluyó que la

excepción propuesta por el demandado, denominada falta de integración del litisconsorcio necesario respecto
la Nación, Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, no tenía vocación de prosperidad. Índice 2 de SAMAI.
4 Expediente digital visible a índice 2 de SAMAI.

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Demandante: Jennifer Zuluaga Zapata

decir, los enlistados en los Decretos 057 de 1993 y los posteriores que lo modifican. 5

iv) El cargo de abogado asesor de Tribunal Judicial es un empleo expresamente
contenido desde el Decreto 57 de 1993, con su respectiva escala salarial, de manera
que al asignarle el grado 23 al cargo de abogado asesor, el Consejo Superior de la
Judicatura extralimitó sus funciones, pues carecía de competencia para acudir a la
norma supletoria señalada en el artículo 4º ibidem para variar la remuneración y así
ubicarla en el grado 23.

v) En el expediente está acreditado que la demandante ocupó el cargo de abogada
asesora grado 23 entre el 04 de noviembre de 2015 y el 1° de abril de 2019.

vi) No obra prueba o tan siquiera argumentación alguna mediante la cual el Consejo
Superior de la Judicatura haya justificado la necesidad de crear el cargo de «abogado
asesor grado 23» en condiciones diferentes (requisitos, funciones y grado) al cargo de
«abogado asesor» que en forma nominada ya existía.

En ese orden, tiene derecho a que su remuneración mensual sea la asignada año a
año por el presidente de la República y no la fijada de forma irregular al grado 23. Dicho
de otro modo, Consejo Superior de la Judicatura no podía crear o variar la remuneración
aplicable para el cargo de «abogado asesor» de Tribunal Judicial por cuanto es un
cargo nominado al que expresamente se le había determinado la remuneración en el
artículo 3º del Decreto 57 de 1993 y reiterado en los demás decretos salariales
subsiguientes en los que año a año el Gobierno nacional fijó la remuneración de los
cargos de los empleados de la Rama Judicial.

vii) En el sub lite no se configura el fenómeno de prescripción del derecho porque la
actora desempeñó el cargo en comento desde el 4 de noviembre de 2015 y presentó
reclamación ante la entidad demandada el 23 de julio de 2018, esto es, no
transcurrieron 3 años entre ambas fechas y tampoco se presentó a la data de radicación
de la demanda.
viii) Por lo expuesto, se impone a. declarar que se configuró silencio administrativo
negativo frente al recurso de apelación presentado el 03 de septiembre de 2018 por la

5 El tribunal cita al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,

sentencias del 16 de abril de 2009, N.I. 1130-06 y del 20 de octubre de 2014, N.I. 0054-13, entre otras.

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Demandante: Jennifer Zuluaga Zapata

demandante contra la Resolución DESAJMAR18-1254 del 14 de agosto de 2018; b.
inaplicar por inconstitucional la expresión «grado 23» relacionada con el cargo de
abogado asesor de Tribunal Judicial, contenida en los Acuerdos PSAA12-del 2 de febrero
de 2012 (artículo 1), PSAA12-9524 del 21 de junio de 2012, PSAA12 9781 de 2012 (artículo
67), PSAA13-9897 de 2013 (artículo 1), PSAA13-9962 de 2013 (artículo 24), PSAA13-9991 de
2013 (artículo 44), PSAA13-10048 de 2013 (artículo 1), PSAA13-10068 de 2013 (artículo 1),
PSAA14-10156 de 2014 (artículo 41), PSAA14-10195 de 2014 (artículo 55), PSAA14-10197

de 2014 (artículo 1), PSAA14-10251 de 2014 (artículo 29), PSAA14-10277 de 2014, aclarado
mediante Acuerdo PSAA15-10288 de 2015 (artículo 20), PSAA15-10323 de 2015 (artículo
11), PSAA15-10335 de 2015 (artículo 12), PSAA15-10356 de 2015 (artículo 11), PSAA15-
10363 de 2015 (artículo 13), PSAA15-10371 de 2015 (artículo 14), PSAA15-10377 de 2015
(artículo 14) y PSAA15-10385 de 2015 (artículo 14), PSAA15-10402 del 29 de octubre de
2015 (artículo 88), expedidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura; y b. declarar la nulidad de i) la Resolución DESAJMAR18-1254 del 14 de
agosto de 2018; y ii) el Acto ficto o presunto derivado del silencio administrativo negativo
con ocasión de la falta de respuesta al recurso de apelación interpuesto el 03 de
septiembre de 2018 contra la referida resolución.

A título de restablecimiento del derecho, se condena a la entidad demandada a
reconocer y pagar, de manera indexada, a la actora el valor correspondiente a las
diferencias salariales y prestacionales existentes entre lo que le fue cancelado como
abogada asesora grado 23 y el salario fijado a los abogados asesores de Tribunal
Judicial, por el tiempo en que haya desempeñado y mientras desempeñe el cargo. Con
condena en costas.

1.4. El recurso de apelación

La Nación, Rama Judicial, por conducto de apoderado, interpuso recurso de apelación6
y lo sustentó así:

i) Los acuerdos censurados fueron expedidos con observancia del principio de legalidad
y de las normas superiores, entre ellas la Ley 270 de 1996, toda vez que se objeto fue
únicamente la creación, entre otros, del cargo de abogado asesor grado 23, de manera
que no es posible equiparlo al empleo de abogado asesor.

6 Expediente digital visible a índice 2 de SAMAI.

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Radicación: 17001-23-33-000-2019-00383-01 (1318-2023)
Demandante: Jennifer Zuluaga Zapata

ii) El Consejo Superior de la Judicatura, como organismo autónomo, tiene competencia
en lo que respecta al funcionamiento de despachos, la carrera judicial y el manejo de
empleo tendiente a crear, modificar y suprimir cargos de la administración de justicia,
en los límites y bajo las condiciones previstas en la Constitución y la ley.

iii) El Acuerdo PSAA15-10402 de 2015 goza de presunción de legalidad pues no ha sido
revocado por la autoridad que lo expidió, tampoco ha sido suspendido o anulado por la
jurisdicción contencioso administrativo.

iv) En el expediente no se acreditó la igualdad de funciones, de responsabilidades y
carga laboral entre el cargo de abogado asesor grado 23, para el que fue nombrada, y
el empleo denominado abogado asesor.

v) La autoridad competente no dispuso la creación del empleo como un cargo
«nominado», es decir, sin escala de grado lo cual sí implicaría que se le aplique la tabla
de remuneración propia para los cargos nominados de los Tribunales Judiciales.

vi) Debe revocarse la condena en costas comoquiera que no existe conducta temeraria
de la entidad demandada y además se está obrando en atención a un manual de
defensa nacional y se tienen los argumentos en derecho para justificar tal defensa.

1.5. Pronunciamiento en torno al recurso de apelación en segunda instancia

La parte demandante y el ministerio público no se pronunciaron en esta oportunidad
procesal, pese a que a través del auto admisorio del recurso de apelación emitido el 24
de agosto de 2023,7 se les informó que contaban con la posibilidad de hacerlo hasta la
ejecutoria de aquella providencia y hasta antes de que el proceso ingresara al despacho
para sentencia, respectivamente.8

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

7 Índice 4 de SAMAI.
8 Al revisar SAMAI, la Sala observa que la demandante y el ministerio público no allegaron pronunciamiento.

8

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00383-01 (1318-2023)
Demandante: Jennifer Zuluaga Zapata

Se circunscribe a establecer, conforme a lo señalado en el recurso de apelación, i) si el
Consejo Superior de la Judicatura excedió sus facultades constitucionales y legales al
expedir los acuerdo censurados mediante los cuales, entre otras cosas, fijó el «grado
23» al cargo de «abogado asesor» de Tribunal y le asignó una remuneración salarial y
prestacional diferente a la establecida por el Gobierno nacional, al empleo de abogado
asesor de Tribunal Judicial; y en caso afirmativo, ii) si la demandante tiene derecho al
reconocimiento de las diferencias salariales y prestacionales de la escala salarial
establecida para el empleo de «abogado asesor» de Tribunal Judicial, en los Decretos
1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y 337 de 2018 y aquellos que los modifiquen
o sustituyan; y iii) si debe revocarse la condena en costas impuesta por el a quo.

2.2. Marco normativo

Postura unificada en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo frente al
régimen salarial y prestacional en la Rama Judicial

Mediante la sentencia de unificación SUJ-033-CE-S2-2023, del 2 de noviembre de
2023,9 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, se establecieron las
competencias en la fijación del régimen salarial y prestacional en la Rama Judicial,
específicamente conforme a la siguiente regla:

UNIFICAR la jurisprudencia en el sentido de señalar que “El Consejo Superior de la
Judicatura carece de competencia para asignar a los cargos nominados10, grados, códigos
y remuneración diferentes a los previstos en el Decreto 57 de 1993 y demás decretos anuales
expedidos por el Gobierno Nacional en los que se regule el régimen salarial y prestacional
de los empleados de la rama judicial. Esta potestad corresponde al presidente de la
República en desarrollo de las facultades previstas en la Ley 4ª de 1992. En consecuencia,
la remuneración del cargo de “abogado asesor” grado 23 de los Tribunales Administrativos,
es la fijada para el «abogado asesor» en los decretos anuales expedidos por el gobierno
nacional sobre la materia”.

La regla fijada por la Sección Segunda, que tiene carácter vinculante y obligatorio, se
sustentó en los siguientes argumentos:

“[…] corresponde al Gobierno Nacional fijar anualmente el régimen salarial y
prestacional de los cargos de la Rama Judicial y al Consejo Superior de la Judicatura
le corresponde crear los cargos y realizar las incorporaciones a las plantas de

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación SUJ-

033-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023, radicado 08001-23-33-000-2018-00529-01 (3071-2019).
10 Entendido como el que se menciona con un nombre indicativo de la función y no con la referencia

numérica.

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Radicación: 17001-23-33-000-2019-00383-01 (1318-2023)
Demandante: Jennifer Zuluaga Zapata

personal, en ejercicio de las competencias que le otorgan tanto la Constitución Política
como la Ley 270 de 1996.

[…] 127. Lo dicho conduce a afirmar que el simple hecho de agregar “grado 23” al cargo de
“abogado asesor” no hace desaparecer del universo jurídico que la denominación del cargo
para su remuneración salarial -entendida como “el nombre indicativo de la función”11 ya
había sido contemplada en el artículo 4.° de los Decretos dictados por el Gobierno Nacional
1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014, el cual, como se vio, establece
una escala gradual principal de remuneración para los cargos allí relacionados y por cuanto
la dada en el artículo 6.° es supletoria, comoquiera que se aplica a aquellos cargos “no
contemplados en los artículos anteriores”12.

128. En este caso en modo alguno se discute la facultad del Consejo Superior de la
Judicatura para crear cargos en la Rama Judicial al tenor de las facultades dadas por la Ley
270 de 1996; sin embargo, es evidente que, con su actuar, la entidad demandada entró en
claro desconocimiento de:

(i) Las facultades dadas al presidente de la República en la Ley 4ª de 1992, al agregarle el
aparte “grado 23” al cargo denominado “abogado asesor”, toda vez que su consecuencia
directa e inmediata fue afectar negativamente la remuneración salarial y prestacional del
demandante al ignorar las pautas dadas en los Decretos presidenciales 1039 de 2011, 874
de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014, que ya habían señalado cómo debían remunerarse
los cargos de “abogado asesor”.
(ii) El límite competencial del Consejo Superior de la Judicatura dado en el artículo 25713 de la
Ley 270 de 1996.
(iii) Los derechos salariales y prestacionales del demandante, al desconocer el salario que le
correspondía al tenor de los decretos anuales expedidos por el presidente de la República,
el cual, como se vio en los acápites anteriores, constituye un elemento esencial del derecho
al trabajo y a percibir la remuneración que en derecho corresponde por la labor
desempeñada.

[…]
130. De acuerdo con las pautas indicadas no puede mantenerse la legalidad de los actos
demandados aceptando la interpretación dada por el Consejo Superior de la Judicatura,
según la cual, al agregar “grado 23” al cargo de “abogado asesor” creó una categoría especial
de empleo no regulada por el artículo 4.° de los decretos salariales anuales, con lo cual,
debía remunerar ese empleo con la escala del artículo 6.° de los Decretos 1039 de 2011,
874 de 2012, 1024 de 2013, y 194 de 2014.

131. Ese razonamiento desconoció que el cargo ya se encontraba dentro del listado de los
nominados14 en los Decretos expedidos por el presidente de la República en uso de las
competencias señaladas en la Ley 4ª de 1992, lo que generó que la labor del accionante,
fuese remunerada con un salario inferior al que realmente le corresponde, situación que
desconoce los cánones constitucionales y legales que regulan las competencias otorgadas

11 Tal como lo señaló el mismo Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo PSAA12-9663 de 28 de agosto

de 2012.
12 Negrilla y subrayas de la Sala.
13 63 “ARTÍCULO 257. Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la Judicatura cumplirá las siguientes

funciones:
[…]
2. Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia. En ejercicio de esta
atribución, el Consejo Superior de la Judicatura no podrá establecer a cargo del Tesoro obligaciones que
excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales.
[…]”.
14 Entendido como el que se menciona con un nombre indicativo de la función y no con la referencia

numérica.

10

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00383-01 (1318-2023)
Demandante: Jennifer Zuluaga Zapata

al presidente de la República para determinar el régimen salarial y prestacional de la Rama
Judicial, así como las mismas competencias del Consejo Superior de la Judicatura y, por
ende, los derechos salariales y prestacionales del señor Orlando José Jiménez Cerra.

[…]

133. En ese orden se concluye que si bien el Consejo Superior de la Judicatura cuenta con
la facultad para crear cargos en la Rama Judicial en atención al artículo 25715 de la Ley 270
de 1996, no obstante, no puede desconocer las facultades dadas al presidente de la
República en la Ley 4ª de 1992 y con ello las pautas dadas en los Decretos presidenciales
1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014, que ya habían señalado cómo
debían remunerarse los cargos de “abogado asesor”.

134. En este entendido, la remuneración de los cargos cuya denominación se encuentre
expresamente establecida en los decretos anuales que fijan el régimen salarial y prestacional
de la Rama Judicial, debe atender a las escalas salariales allí señaladas. Frente a los mismos
es ilegal, tanto asignarles grados o códigos adicionales, como establecerles otro tipo de
remuneración diferente, toda vez que ello va en contra del artículo 150 numeral 19 literal e)
de la Constitución Política que autorizó al Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos, siempre y cuando se sujetara a los objetivos y
criterios establecidos por el legislativo, que en este caso corresponde a la Ley 4 de 1992 16,
a través de la cual se fijaron los criterios a los que debe ceñirse el Gobierno Nacional al
determinar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, entre ellos, a los de
la Rama Judicial.

135. Por tanto, la remuneración del cargo de “abogado asesor” grado 23 de Tribunales
Administrativos, se encuentra dentro del listado de los cargos nominados70 en los
Decretos expedidos por el presidente de la República en uso de las competencias
señaladas en la Ley 4ª de 1992, por lo que su labor debe remunerarse de acuerdo con
el artículo 4.° de los Decretos 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 201 4,
sin que sea aceptable que el Consejo Superior de la Judicatura pueda variar la
denominación contemplada en el artículo 3.º, numeral 2.° del Decreto 57 de 1993, lo
cual resulta ilegal e inconstitucional, pues al agregar el “grado 23” al cargo
denominado “abogado asesor”, afectó negativamente la remuneración salarial y
prestacional del mismo. (Resaltado, subrayado y comillas originales del texto)

Por su parte, respecto a la modificación de la denominación del cargo de abogado
asesor grado 23 por la de profesional especializado grado 23, realizada en el Acuerdo
PCSJA22 – 11968 del 30 de junio de 2022, se sostuvo lo siguiente:

[…] 151. Así las cosas, comoquiera que se mantuvieron los requisitos del cargo, las mismas
funciones y responsabilidades, se colige que el objetivo fue meramente económico al tratar

15 “ARTÍCULO 257. Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la Judicatura cumplirá las siguientes
funciones:
1. Fijar la división del territorio para efectos judiciales y ubicar y redistribuir los despachos judiciales.
2. Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia. En ejercicio de esta
atribución, el Consejo Superior de la Judicatura no podrá establecer a cargo del Tesoro obligaciones que
excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales.
[…]”.
16 “[M]ediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para

la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional
y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan
otras disposiciones de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la
Constitución Política”.

11

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00383-01 (1318-2023)
Demandante: Jennifer Zuluaga Zapata

de mantener la remuneración del citado cargo con la escala salarial del grado 23 y así
sustraerlo de la aplicación del artículo 4.° de los decretos expedidos por el Gobierno Nacional
frente a la remuneración del cargo de abogado asesor nominado17.

152. Tal decisión desconoce los innumerables pronunciamientos que ha emitido la
jurisdicción contencioso administrativa frente a casos similares, donde ha establecido que
los abogados asesores grado 23 de tribunal administrativo deben remunerarse con el salario
del cargo de abogado asesor nominado18 en los términos de los decretos expedidos
anualmente por el Ejecutivo.

153. Además pretende soslayar los principios de “a trabajo igual salario igual” e
irrenunciabilidad de los beneficios establecidos -artículos 25 y 53 de la Constitución Política–
y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales de 16 de diciembre
de 1966,19 en cuanto consagra que “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el
derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas”.

[…]

159. En efecto, la misma entidad indicó que no existía diferencia entre los cargos de
abogado asesor grado 23 y profesional especializado grado 23, toda vez que (i) los requisitos
para su ejercicio son los mismos, (ii) no ocurrió algún cambio en cuanto a las funciones que
venían desempeñando los abogados asesores grado 23 y (iii) no se les asignó ningún tipo
de responsabilidad adicional.

160. Tampoco se evidencia que se hayan establecido criterios de desempeño y evaluación
que justifiquen la diferencia con lo que se colige que esta decisión del Consejo Superior de
la Judicatura entra en clara contradicción con el principio de seguridad jurídica al desconocer
los numerosos pronunciamientos de la jurisdicción en los que se ha ordenado, en casos
similares, efectuar la remuneración de la labor de los “abogados asesores grado 23” de
Tribunal Administrativo de acuerdo con el cargo de “abogado asesor nominado”, en los
términos de la escala salarial principal establecida en el artículo 4.° de los Decretos
expedidos por el presidente de la República.

161. En línea con esta argumentación se concluye que quienes venían desempeñándose
como abogados asesores grado 23 de Tribunal Administrativo deben continuar siendo
remunerados como abogado asesor nominado20 de Tribunal, al advertirse que siguen
desempeñando las mismas funciones, se les exigen los mismos requisitos, continúan en sus
mismos lugares de trabajo y bajo órdenes del mismo empleador, sin que exista una razón
objetiva y justificable para que se asuma que cambiaron a un cargo diferente con grado 23 y
que merecen ser remunerados de acuerdo con la escala salarial de ese grado.

162. Lo anterior, en aplicación de los principios de favorabilidad e irrenunciabilidad a los
beneficios mínimos establecidos el artículo 53 constitucional y de progresividad y prohibición
de regresividad, así como el derecho constitucional al trabajo en condiciones dignas.

[…]
164. En virtud de lo anterior, se concluye que a partir del 1.° de julio de 2022, el servidor que
venía en el cargo de “abogado asesor grado 23”, y que pasó a llamarse profesional

17 Entendido como el que se menciona con un nombre indicativo de la función y no con la referencia

numérica.
18 Ibidem.
19 Que entró en vigor el 3 de enero de 1976, aprobado por Colombia mediante la Ley 74 de 1.968 y

ratificado el 29 de octubre de 1969
20 Entendido como el que se menciona con un nombre indicativo de la función y no con la referencia

numérica.

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Demandante: Jennifer Zuluaga Zapata

especializado grado 23 debe ser remunerado como abogado asesor nominado21 de Tribunal
de acuerdo con los decretos expedidos por el presidente de la República en uso de las
competencias señaladas en la Ley 4ª de 1992, es decir, atendiendo al artículo 4.° de los
Decretos 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014 y siguientes que expida el
gobierno nacional. (Resaltado, subrayado y comillas originales del texto)

Por último, frente al fenómeno de la prescripción extintiva del derecho, se averó lo
siguiente:

165. Ese reconocimiento, implica atender a los términos de prescripción establecidos
en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, que
regulan el régimen prestacional de los empleados públicos, según los cuales aquel
lapso es de tres (3) años, que se interrumpe por una sola vez con el reclamo escrito
del trabajador.

166. En razón a que las citadas diferencias salariales y prestacionales se producen
mes a mes se aplicará el fenómeno de la prescripción, para lo cual los funcionarios
judiciales atenderán a la fecha en que se realizó la solicitud ante la administración,
tanto si la relación laboral y desempeño en el citado cargo se encuentra vigente,
como si presentó interrupciones o ya finalizó.

167. Situación diferente ocurrirá frente a las diferencias generadas sobre los aportes
para pensión a cargo del empleador, que podrán ser reclamadas en cualquier tiempo,
dada su clara relación sobre un futuro reconocimiento pensional y en tal sentido
pueden solicitar se en cualquier época.

2.3. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer lo
siguiente:

La señora Jennifer Zuluaga Zapata ha ocupado el cargo de abogada asesora grado 23
en el Despacho 009 del Tribunal Superior de Manizales, Sala Civil – Familia en los
siguientes períodos:

• Desde el 4 de noviembre de 2015,22 encontrándose activa en dicho empleo para
la fecha de expedición del certificado laboral del 1.° de abril de 2019, por el jefe
de Área de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Manizales, Caldas. 23

21
Ibidem
22 Conforme consta en el acta de posesión suscrita en el 4 de noviembre de 2015, como consecuencia del

nombramiento efectuado a través de la Resolución 007 del 3 del mismo mes y año, expedida por uno de los
magistrados de aquella corporación. Páginas 41 y 42, respectivamente, del documento PDF denominado
«001Cdno1» obrante a índice 2 de SAMAI.
23 Páginas 43 al 48 del documento PDF denominado «001Cdno1» obrante a índice 2 de SAMAI.

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Radicación: 17001-23-33-000-2019-00383-01 (1318-2023)
Demandante: Jennifer Zuluaga Zapata

El Área de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Manizales, Caldas, relacionó los pagos que se le realizaron en los referidos
períodos, en el ejercicio de aquel empleo, a saber:24

Año Salario básico
2015
27 días de noviembre $ 4.050.301.00
Diciembre $ 2.850.212.00
2016
Enero $ 3.000.223.00
Febrero $ 4.500.334.00
Marzo a noviembre $ 4.850.010.00
Diciembre $3.071.673.00
2017
Enero $ 3.233.340.00
Febrero a junio $ 4.850.010.00
Julio a noviembre $ 5.177.386.00
Diciembre $ 3.279.011.00
2018
Enero $ 3.451.591.00
Febrero $ 5.177.386.00
Marzo a noviembre $ 5.440.914.00
Diciembre $ 3.445.912.00
2019
Enero $ 3.627.276.00
Febrero y marzo $ 5.440.914.00

El 23 de julio de 2018, la demandante radicó derecho de petición ante la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial de Manizales, entre otras cosas, con el fin de que
se inaplicara por inconstitucional la expresión «grado 23» contenida en el artículo 17
del Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015; y el reconocimiento y pago,
debidamente indexado, de las diferencias salariales y prestacionales existentes entre
el «grado 23» y el cargo de «abogado asesor de Tribunal Judicial», de conformidad con
los decretos emitidos por el Gobierno nacional respecto del último empleo referido. 25

El 14 de agosto de 2018, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Manizales,
a través de la Resolución DESAJMAR18-125426 negó la solicitud del anterior hecho, con
fundamento en que la creación del cargo de abogado asesor grado 23 estaba sometido
al régimen salarial y prestaciones de la Rama Judicial, fijado por el Congreso de la
República, de manera que al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, no

24 Páginas 43 al 48 del documento PDF denominado «001Cdno1» obrante a índice 2 de SAMAI.
25 Índice 2 de SAMAI.
26 Índice 2 de SAMAI.

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Demandante: Jennifer Zuluaga Zapata

le competía modificar la remuneración del aquel empleo y mucho menos para eliminar,
ajustar o cambiar el cargo de abogado asesor grado 23 por el de abogado asesor.

Por su parte, el referido acto sostuvo que el Consejo Superior de la Judicatura, Sala
Administrativa no dispuso la creación del empleo de abogado asesor grado 23 como un
cargo nominado, es decir, sin escala de grado lo cual sí implicaría la observancia de la
tabla de remuneración propia para los cargos nominados de Tribunales Judiciales
contenida en el artículo 4° del Decreto 1024 de 2013. Por el contrario, adujo, los cargos
creados por la Rama Judicial, a través de la Sala Administrativa del Consejo Superior,
a través del acuerdo en cita, estableció unas funciones de abogado asesor y además
le asignó el grado 23, lo cual generó la obligación para la entidad, en cumplimiento de
lo previsto en el artículo 6 del Decreto 1024 de 2013, de cancelarle la remuneración ahí
fijada; lo cual fue aceptado por la actora desde el momento de su posesión.

El 3 de septiembre de 2018, la señora Zuluaga Zapata presentó recurso de apelación27
contra la anterior resolución.

El 1.° de octubre de 2018, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de
Manizales, mediante la Resolución DESAJMAR18-166828 concedió el recurso de
apelación contra la Resolución DESAJMAR18-1254 de 2018, para lo cual ordenó la
remisión del expediente a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

2.4.1. Frente al primer y segundo problema jurídico

Teniendo en cuenta el objeto de reproche de la entidad apelante, la Sala modificará la
decisión del a quo que accedió a las pretensiones de la demandante. Esta conclusión
se funda en los siguientes razonamientos:

De acuerdo con la sentencia de unificación SUJ-033-CE-S2-2023 emitida por esta
corporación el 2 de noviembre de 2023, corresponde al Gobierno nacional fijar
anualmente el régimen salarial y prestacional de los cargos de la Rama Judicial y al

27 Índice 2 de SAMAI.
28 Índice 2 de SAMAI.

15

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00383-01 (1318-2023)
Demandante: Jennifer Zuluaga Zapata

Consejo Superior de la Judicatura crear los cargos y realizar las incorporaciones a las
plantas de personal, de conformidad con las facultades otorgadas por la Constitución
Política y por la Ley 270 de 1996.

Sin embargo, el Consejo Superior de la Judicatura no podía adjudicarse la competencia
de establecer la remuneración al cargo de abogado asesor de Tribunal y mucho menos
podía asignarle grados, códigos adicionales, o determinarle otro tipo de remuneración
diferente.

En otras palabras, la citada sentencia de unificación señaló que el salario del cargo de
«abogado asesor grado 23» de Tribunales Administrativos, se encontraba dentro del
listado de los cargos nominados establecido, en uso de las competencias plasmadas
en la Ley 4ª de 1992, por el presidente de la República en los Decretos 1039 de 2011,
874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014 que previamente ya habían fijado cómo
debían remunerarse los cargos de «abogado asesor». En consecuencia, afirmó que la
labor ejercida por el empleo de «abogado asesor grado 23» de Tribunales
Administrativos, debía remunerarse de acuerdo con el artículo 4.° de los Decretos 1039
de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014.

Por lo tanto, sostuvo que no era admisible la interpretación realizada por el Consejo
Superior de la Judicatura, a partir de la cual al agregar «grado 23» al cargo de «abogado
asesor» creaba una categoría especial de empleo no regulada por el artículo 4.° de los
decretos salariales anuales, con lo cual, debía remunerar ese empleo con la escala del
artículo 6.° de los Decretos 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013, y 194 de 2014;
ya que no es aceptable que aquella corporación «pueda variar la denominación
contemplada en el artículo 3.º, numeral 2.° del Decreto 57 de 1993, lo cual resulta
ilegal e inconstitucional, pues al agregar el “grado 23” al cargo denominado
“abogado asesor”, afectó negativamente la remuneración salarial y prestacional
del mismo»29 (Resaltado y comillas originales del texto), a saber:30

29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación SUJ-

033-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023, radicado 08001-23-33-000-2018-00529-01 (3071-2019).
30 Información tomada desde Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

sentencia de unificación SUJ-033-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023, radicado 08001-23-33-000-2018-
00529-01 (3071-2019).

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Radicación: 17001-23-33-000-2019-00383-01 (1318-2023)
Demandante: Jennifer Zuluaga Zapata

Bajo este panorama, conforme al material probatorio aportado al plenario, se observa
que la demandante fue nombrada en el cargo de «abogado asesor grado 23» en el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, Sala Civil – Familia, como
consecuencia del Acuerdo PSAA15-10402 de 2015, en el siguiente período:

• Desde el 4 de noviembre de 2015,31 encontrándose activa en dicho empleo para
la fecha de expedición del certificado laboral del 1.° de abril de 2019, por el jefe
de Área de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Manizales, Caldas. 32

Así las cosas, en aplicación de la regla fijada en la sentencia de unificación SUJ-033-
CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023, la Sala observa que la entidad demandada
reconoció y pagó a la señora Jennifer Zuluaga Zapata derechos salariales y
prestacionales como «abogado asesor grado 23» del Tribunal Superior del Distrito de
Manizales, los cuales eran inferiores a los fijados por el presidente de la República a
través de los decretos anuales, para el cargo de «abogado asesor» de Tribunal Judicial.

31 Conforme consta en el acta de posesión suscrita en el 4 de noviembre de 2015, como consecuencia del

nombramiento efectuado a través de la Resolución 007 del 3 del mismo mes y año, expedida por uno de los
magistrados de aquella corporación. Páginas 41 y 42, respectivamente, del documento PDF denominado
«001Cdno1» obrante a índice 2 de SAMAI.
32 Páginas 43 al 48 del documento PDF denominado «001Cdno1» obrante a índice 2 de SAMAI.

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Radicación: 17001-23-33-000-2019-00383-01 (1318-2023)
Demandante: Jennifer Zuluaga Zapata

Por consiguiente, se observa que la actora desde el 4 de noviembre de 2015 ejerció el
cargo de «abogado asesor grado 23» del Tribunal Superior del Distrito de Manizales,
Sala Civil – Familia, de manera que se impone inaplicar por inconstitucional e ilegal la
denominación «grado 23» asignada al cargo de abogado asesor de Tribunal Judicial,
contenida en el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015. En ese orden, si bien
esta Subsección halla la razón al a quo en el sentido de acceder a las pretensiones de
la demanda, en razón a la referida data de inicio del ejercicio del empleo, es preciso
modificar el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelada, no siendo
necesario inaplicar por inconstitucionales e ilegales los acuerdos emitidos con
antelación al año 2015, por el Consejo Superior de la Judicatura.

Asimismo, se advierte que el a quo hizo referencia al artículo 8833 del referido acuerdo,
cuando lo cierto es que aquella denominación se encuentra contenida en el artículo
17,34 razón por la cual se impone su modificación en ese sentido, comoquiera que el
artículo 88 alude al cargo de abogado asesor 23 de tribunal administrativo, mientras
que el 17 lo circunscribe a los Tribunales superiores.

De igual forma, esta Subsección advierte que la actora tiene derecho al reconocimiento
y pago de las diferencias salariales existentes entre lo que le fue cancelado como
abogada asesora grado 23 y el cargo de abogada asesora de Tribunal Judicial; aunado
a la reliquidación de las prestaciones sociales percibidas y las que se llegaren a causar,
con base en el salario que le corresponda al cargo de abogado asesor de tribunal.

Ahora bien, en cuanto al fenómeno jurídico de la prescripción extintiva del derecho, el
a quo consideró que no se configuraba teniendo en cuenta que la actora radicó solicitud
ante la entidad demandada el 23 de julio de 2018 y ejerció el cargo de abogado asesor
desde el 4 de noviembre de 2015, por lo que no transcurrieron más de 3 años entre una
fecha y la otra, de manera que la Sala halla la razón a dicha conclusión.

33 «ARTÍCULO 88.- Creación de cargos en Tribunales Administrativos. Crear en cada uno de los despachos de

magistrado de los Tribunales Administrativos de los Distritos de Antioquia, Atlántico, Boyacá, Cundinamarca,
Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca, los siguientes cargos:
1. Un (1) cargo de Abogado Asesor grado 23 […]»
34 «ARTÍCULO 17.- Creación de cargos en despachos de magistrado de los Tribunales Superiores: Crear en

cada uno de los despachos de magistrado de los Tribunales Superiores que se enuncian a continuación los
siguientes cargos:
a. Tribunales Superiores de Antioquia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buga, Cali, Cartagena, Cúcuta,
Cundinamarca, Ibagué, Manizales, Medellín, Neiva, Pereira, Popayán y Villavicencio, excepto en los despachos
de Magistrado de la Sala de Justicia y Paz: Un (1) cargo de Abogado Asesor grado 23.»

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Radicación: 17001-23-33-000-2019-00383-01 (1318-2023)
Demandante: Jennifer Zuluaga Zapata

Esta Subsección advierte que tampoco transcurrieron más de tres años entre la fecha
en que fue presentada la solicitud y la presentación de la demanda, que data el 14 de
agosto de 2019.35

Por otro lado, conforme lo advirtió la sentencia de unificación en comento, los servidores
que venían desempeñándose como abogados asesores grado 23 de Tribunal Judicial
deben continuar siendo remunerados, a partir del 1.° de julio de 2022 como abogados
asesores nominados de Tribunal, de manera que debe inaplicarse por inconstitucional
el Acuerdo PCSJA22-11968 de 2022.

En ese orden de ideas, si la demandante se encontraba vinculada en el cargo que pasó
a denominarse profesional especializado grado 23 para el 1.° de julio de 2022 y
mientras permanezca en el mismo, su labor debe continuar siendo remunerada como
abogado asesor nominado de Tribunal.36

Por lo expuesto, se impone modificar el numeral segundo de la sentencia apelada, en
el sentido de ordenar además la inaplicación por inconstitucional e ilegal del Acuerdo
PCSJA22-11968 de 2022, en su totalidad.

2.4.1. Frente al tercer problema jurídico

La entidad demandada solicitó revocar la condena en costas impuesta en primera
instancia, pues considera que no incurrió en conductas temerarias o de mala fe; sino
que por el contrario actuó de forma diligente, oportuna, en aplicación a los principios
constitucionales de legalidad, buena fe y transparencia.

Para desatar el anterior motivo de inconformidad, es pertinente anotar dentro de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, el artículo 188 del CPACA señala que
«[s]alvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá

35 Índice 1 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Caldas.
36 Véase en similares términos, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

Subsección A, sentencias del 30 de noviembre de 2023, radicados 17001233300020190038901 (1321-2023) y
05001233300020160059101 (0645-2021).

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Demandante: Jennifer Zuluaga Zapata

sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil».

El artículo en mención ha sido objeto de varias interpretaciones por parte de la
Subsección A de la Sección Segunda. Así, una primera esgrimía que la norma no
determinaba una condena automática u objetiva sobre quien era vencido en el juicio,
puesto que era menester que el juez analizara la ocurrencia de ciertos factores como
la actuación temeraria, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre los
gastos en el curso de la actuación.37

Una segunda interpretación se fijó a través de la sentencia del 7 de abril de 2016. 38 La
posición acogió el criterio objetivo para la imposición de las costas al concluir que para
ello no se debe evaluar la conducta de las partes, sino los aspectos objetivos de su
causación, tal como lo prevé el Código General del Proceso. En dicha oportunidad la
Sala concluyó lo siguiente:

a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de
un criterio “subjetivo” –CCA- a uno “objetivo valorativo” –CPACA-.
b) Se concluye que es “objetivo” porque en toda sentencia se “dispondrá” sobre costas, es
decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse, según
las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de “valorativo” porque se requiere que en el expediente el juez
revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo ordena
el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado
efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la
mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo
la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte vencida el empleador, el
trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos,
así como la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de
2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas, por lo
que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el despacho de
primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP, previa elaboración del secretario y
aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.

37 Ver entre otras, sentencias de 15 de abril de 2015, C.P. Alfonso Vargas Rincón (E), expediente No. 1343-

2014. Actor: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, sentencia de 15 de octubre de 2015, Expediente: 4383-2014, Actor: Rosa Yamile
Ángel Arana, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez (E), sentencia de 20 de enero de 2015, expediente número: 4583-
2013, Actor: Ivonne Ferrer Rodríguez, M.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
38Proceso Radicado 15001-23-33-000-2012-00162-01 y número interno 4492 de 2013. Consejero Ponente:

William Hernández Gómez.

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Radicación: 17001-23-33-000-2019-00383-01 (1318-2023)
Demandante: Jennifer Zuluaga Zapata

De acuerdo con lo expuesto, para la imposición de la condena en costas debía hacerse,
en los términos utilizados en la providencia en cita, una valoración objetivo - valorativa
que implica el deber del juez de comprobar que se causaron conforme con los criterios
fijados en el artículo 365 del CGP, sin que se requiera un examen de la existencia de
una actuación temeraria o de mala fe de las partes.39

No obstante, con la promulgación de la Ley 2080 de 2021, en tanto en su artículo 47
adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n todo caso, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó
la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal», la Sala debió ajustar el
anterior criterio.

De esta manera, debe entenderse que con la referida modificación el juez está llamado
a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación jurídica de
sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer costas a
cargo de alguna de ellas, máxime si se tiene en cuenta que el inciso tercero del artículo
86 de la Ley 2080 de 2021 dispuso que «de conformidad con el artículo 40 de la Ley
153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, las
reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas
de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos
y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011».

Así las cosas, para la fecha en que se profirió la sentencia de primera instancia (16 de
septiembre de 2022), ya habían comenzado a regir las previsiones de la mentada
norma, cuya publicación data del 25 de enero de 2021, luego al resolverse sobre la
imposición de costas resultaba procedente que el a quo efectuara un estudio respecto
de la carencia de fundamentación jurídica y de la conducta de las partes en el proceso.

Bajo ese entendimiento, de la revisión de la contestación de la demanda no se observa
que sea manifiesta una carencia de fundamentación legal que dé lugar a la condena en
costas. Contrario a ello, la parte demandada manifestó razones en defensa jurídica de

39 Al respecto se puede consultar también la siguiente providencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso

Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Radicación: 19001-23-33-000-2014-00406-01(2426-16).
Actor: José Vicente López Noriega. Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje. Consejero ponente: William
Hernández Gómez. Bogotá, D.C. 31 de julio de 2019. Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho.
Tema: reliquidación pensión jubilación.

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Radicación: 17001-23-33-000-2019-00383-01 (1318-2023)
Demandante: Jennifer Zuluaga Zapata

sus intereses, por tal razón al no encontrarse acreditado tal presupuesto normativo,
deberá revocarse la condena en costas fijada en la sentencia de primera instancia,
incluyendo las agencias en derecho que fueron tasadas en la parte motiva de esa
decisión.

3. De la condena en costas

El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil».

Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,40 en la
que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la medida de
su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o la temeridad de
las partes.

Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n todo
caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está llamado
a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación jurídica de
sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer costas a
cargo de alguna de ellas.

En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción de
que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se apoyaron
en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses,
por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en segunda
instancia.

40 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-

2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez.

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Radicación: 17001-23-33-000-2019-00383-01 (1318-2023)
Demandante: Jennifer Zuluaga Zapata

4. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos análogos
fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, la
Sala considera que la actora logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos
administrativos demandados.

Ahora, si bien el a quo en el numeral segundo de la parte resolutiva de la decisión
apelada ordenó la inaplicación por inconstitucional e ilegal la denominación «grado 23»
asignada al cargo de abogado asesor de Tribunal Judicial contenida Acuerdos PSAA12-
del 2 de febrero de 2012 (artículo 1), PSAA12-9524 del 21 de junio de 2012, PSAA12 9781
de 2012 (artículo 67), PSAA13-9897 de 2013 (artículo 1), PSAA13-9962 de 2013 (artículo 24),
PSAA13-9991 de 2013 (artículo 44), PSAA13-10048 de 2013 (artículo 1), PSAA13-10068 de

2013 (artículo 1), PSAA14-10156 de 2014 (artículo 41), PSAA14-10195 de 2014 (artículo 55),
PSAA14-10197 de 2014 (artículo 1), PSAA14-10251 de 2014 (artículo 29), PSAA14-10277 de

2014, aclarado mediante Acuerdo PSAA15-10288 de 2015 (artículo 20), PSAA15-10323 de
2015 (artículo 11), PSAA15-10335 de 2015 (artículo 12), PSAA15-10356 de 2015 (artículo
11), PSAA15-10363 de 2015 (artículo 13), PSAA15-10371 de 2015 (artículo 14), PSAA15-
10377 de 2015 (artículo 14) y PSAA15-10385 de 2015 (artículo 14), PSAA15-10402 del 29 de
octubre de 2015 (artículo 88); se modificará su contenido en el entendido de que en
atención a que la actora desde el 4 de noviembre de 2015 ejerció el cargo de «abogado
asesor grado 23» del Tribunal Superior del Distrito de Manizales, se impone inaplicar
por inconstitucional e ilegal la denominación «grado 23» asignada al cargo de abogado
asesor de Tribunal Judicial, contenida en el artículo 17 del Acuerdo PSAA15-10402 del
29 de octubre de 2015.

Dicho de otro modo, pese a que esta Subsección halla la razón al a quo en el sentido
de acceder a las pretensiones de la demanda, lo cierto es que en atención a la referida
data de inicio del ejercicio del empleo por parte de la demandante, esto es, desde el 4
de noviembre de 2015, es preciso modificar el numeral segundo de la parte resolutiva
de la sentencia apelada, no siendo necesario inaplicar por inconstitucionales e ilegales
los acuerdos emitidos, por el Consejo Superior de la Judicatura, con antelación a
aquella fecha. Igualmente, se ordenará la inaplicación por inconstitucional e ilegal del
Acuerdo PCSJA22-11968 de 2022, en su totalidad.

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Radicación: 17001-23-33-000-2019-00383-01 (1318-2023)
Demandante: Jennifer Zuluaga Zapata

Se confirma en lo demás la sentencia apelada, salvo en lo que respecta a la condena
en costas, la cual será revocada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:

Primero. Modificar el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia proferida
el 16 de septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Especial de
Decisión, que accedió a las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por
la señora Jennifer Zuluaga Zapata contra la Nación, Rama Judicial, el cual quedará así:

Segundo. Inaplicar en el caso concreto, por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad, la
denominación «grado 23» relacionada al cargo de abogado asesor contemplada en el
Acuerdo PSAA15-10402 de 2015 del 29 de octubre de 2015, expedido por el Consejo Superior
de la Judicatura (artículo 17); y la totalidad del Acuerdo PCSJA 22-11968 de 2022 mediante
el cual se sustituyó la denominación del cargo «abogado asesor grado 23», por la de
«profesional especializado grado 23».

Segundo. Revocar el numeral quinto de la sentencia del 16 de septiembre de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Especial de Decisión. En su
lugar se dispone:

Quinto. No condenar en costas ni agencias en derecho, a la entidad demandada, de
conformidad con lo manifestado en las consideraciones de esta providencia.

Tercero. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 16 de septiembre de 2022 por
el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Especial de Decisión, conforme lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.

Cuarto. Sin condena en costas en segunda instancia.

Quinto. Reconocer personería jurídica a Justicia S.A.S, representada legalmente por el
señor José Fernando Marín Cardona, de acuerdo y para los efectos del poder visible a
índice 12 de la plataforma SAMAI.

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Radicación: 17001-23-33-000-2019-00383-01 (1318-2023)
Demandante: Jennifer Zuluaga Zapata

Sexto. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y
háganse las anotaciones pertinentes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

SBZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

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