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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2019-00005-01

Fecha
15 de febrero de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2019-00005-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Modificar el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 10 de octubre de 2019 por el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Segunda de Decisión, que accedió a las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por la señora Lina María Díaz Duarte contra la Nación, Rama Judicial, el cual quedará así: Primero. Inaplicar en el caso concreto, por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad, la denominación «grado 23» contemplada en los artículos 86, 87 y 88 del Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, en cuanto asigna el grado 23 al cargo de abogado asesor Tribunal Judicial y el Acuerdo PCSJA 22-11968 de 2022 mediante el cual se sustituyó la denominación del cargo «abogado asesor grado 23», por la de «profesional especializado grado 23». Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 10 de octubre de 2019 por el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Segunda de Decisión. Tercero. Sin condena en costas en segunda instancia. 23 Radicación: 63001-23-33-000-2019-00005-01 (0270-2020) Demandante: Lina María Díaz Duarte Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 63001-23-33-000-2019-00005-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

15 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 63001-23-33-000-2019-00005-01 (0270-2020)
Demandante: Lina María Díaz Duarte
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de la Administración
Judicial
Temas: Remuneración abogado asesor de Tribunal Judicial

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra
la sentencia proferida el 10 de octubre de 2019, por el Tribunal Administrativo del
Quindío, Sala Segunda de Decisión, por medio de la cual se accedió a las
pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, la señora Lina María Díaz Duarte, mediante apoderado,
formuló demanda en orden a que a. se inaplique bajo la excepción de
inconstitucionalidad la expresión «grado 23» utilizada para denominar el cargo de
abogado asesor contenida en el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015,
expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura: b. se
declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Oficio DESAJARO18-1393
del 25 de junio de 2018, emitido por el director ejecutivo seccional de la
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 63001-23-33-000-2019-00005-01 (0270-2020)
Demandante: Lina María Díaz Duarte

Administración Judicial de Armenia, Quindío, mediante el cual negó la solicitud,
entre otras cosas, de cancelar las diferencias salariales y prestacionales entre el
empleo que el Consejo Superior de la Judicatura denominó «abogado asesor grado
23» y el de abogado asesor de Tribunal Judicial, de acuerdo a los decretos de
asignación salarial y prestacional para los funcionarios y empleados de la Rama
Judicial; y ii) ficto o presunto producto del silencio administrativo negativo ante la
falta de respuesta del recurso de apelación interpuesto contra el oficio referido en el
numeral anterior.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó:

i) Reconocer que el cargo de abogado asesor que ha desempeñado la demandante,
no ostenta ninguna denominación o grado adicional al de «abogado asesor» de
Tribunal Judicial, conforme lo contemplado por el Gobierno nacional a través de los
Decretos 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014, 1257 de 2015,
245 de 2016, 1013 de 2017 y 337 de 2018, así como los que lo modifiquen o
sustituyan.

ii) Reconocer que la remuneración salarial mensual del cargo de «abogado asesor»
debe liquidarse conforme lo preceptuado por el Gobierno nacional a través los
decretos referidos en el anterior numeral.

iii) Ordenar a la entidad demandada reconocer, liquidar y pagar, con efectos
retroactivos, las diferencias salariales y prestacionales (bonificaciones, primas,
vacaciones, cesantías y demás), existentes entre el «grado 23» y el cargo de
«abogado asesor de Tribunal Judicial», de acuerdo con los decretos de asignación
salarial y prestacional para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial
expedidos por el Gobierno nacional, durante el tiempo de vinculación, en el cargo
de abogado asesor y los salarios y prestaciones sociales que a futuro cause la
demandante en aquel cargo.

iv) Condenar a la demandada a pagar las sumas, debidamente indexadas y con los
incrementos anuales ordenados por la ley, que resulten a favor de la actora desde
la fecha de vinculación en el cargo de «abogado asesor» hasta la efectividad del

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Radicación: 63001-23-33-000-2019-00005-01 (0270-2020)
Demandante: Lina María Díaz Duarte

pago, según el IPC, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 del CPACA
y los intereses que se causen a partir de la fecha de la sentencia.

v) Dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 187, 192 y 195
del CPACA.

vi) Condenar en costas y agencias en derecho a la entidad demandada, de
conformidad con el artículo 188 CPACA.

1.1.2. Hechos1

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:

i) La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, a través del Acuerdo
PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, creó en los Tribunales Judiciales de forma

permanente un cargo de abogado asesor bajo la denominación grado 23. Sin
embargo, los salarios entre el cargo de abogado asesor de Tribunal Judicial y el
grado 23, presentan diferencias.

En el artículo 86 del referido acuerdo, se creó dos despachos en el Tribunal
Administrativo del Quindío, con una planta integrada cada uno, entre otros, por el
cargo de 1 abogado asesor grado 23.

ii) La demandante está vinculada a la Rama Judicial y ha ocupado el cargo de
abogado asesor «grado 23» en los siguientes períodos:

• Desde el 7 de diciembre de 2015 hasta el 7 de agosto de 2016.
• Desde el 9 de agosto de 2016 hasta el 14 de junio de 2018.
• Desde el 3 de julio de 2018 hasta la fecha de la presentación de la demanda.

En consecuencia, le son aplicables los Decretos 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013
de 2017 y 337 de 2018.

iii) El 31 de mayo de 2018, la actora solicitó a la entidad demandada, inaplicar bajo

1
Algunos hechos corresponden al concepto de violación, razón por la que se resumen en dicho
acápite.

3

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Demandante: Lina María Díaz Duarte

la excepción de inconstitucionalidad, la expresión «grado 23» contenida en el
Acuerdo PSAA15-10402 de 2015, que estableció una remuneración diferente a los
empleados que ocupan el cargo de abogado asesor de tribunal a nivel nacional.

iv) El 25 de junio de 2018, la Nación, Rama Judicial, expidió el Oficio DESAJARO18-
1393 a través del cual negó lo pretendido con fundamento en que la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Armenia, Quindío dio
cumplimiento a las directrices establecidas por la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, de conformidad con el artículo 98 de la Ley 270 de 1996.

v) La demandante interpuso recurso de apelación contra el Oficio DESAJARO18-1393
del 25 de junio de 2018, el cual fue concedido mediante la Resolución DESAJARR18-
833 del 30 de julio de 2018; sin embargo, a la fecha de la presentación de la
demanda no se ha dado respuesta alguna.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 2, 4, 5, 13, 25, 29, 53 y 93 de la Constitución
Política; Leyes 54 de 1962, 16 de 1972, 4 de 1992; 270 y 319 de 1996 y 1496 de
2011 y los Decretos 1950 de 1973, 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013, 194
de 2014, 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y 337 de 2018.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso los
siguientes argumentos:

i) El numeral 19 del artículo 150 de la Constitución, señala que compete al Gobierno
nacional fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos.
Posteriormente, el Congreso de la República expidió la Ley 4.ª de 1992 en la que
se dispuso que el Gobierno nacional, fijaría dicho régimen para los empleados de la
Rama Judicial.

En ese orden, el presidente de la República expide anualmente los decretos en
materia salarial y prestacional para los funcionarios y empleados de la Rama
Judicial. Específicamente, se profirieron los Decretos 1039 de 2011, 874 de 2012,
1024 de 2013 y 194 de 2014, a través de los cuales en su artículo 4.° se determinó
la remuneración mensual para el cargo de abogado asesor de Tribunal Judicial y en

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Demandante: Lina María Díaz Duarte

el artículo 6 ibidem se consagró que los cargos cuya denominación no esté
señalada, se regirán por una escala, en la que se encuentra el grado 23.

ii) El Consejo Superior de la Judicatura, a través del Acuerdo PSAA15-10402 de
2015, se extralimitó al crear «el grado 23» en el cargo de abogado asesor porque
esa disposición conlleva un efecto salarial que compete privativamente el Gobierno
nacional, aunado al hecho que el empleo de abogado asesor de Tribunal Judicial
previamente estaba contemplado en los decretos previamente referidos, al que le
corresponde una escala salarial de acuerdo a la jerarquía de la corporación judicial.
Lo anterior, fue desconocido por la entidad demandada comoquiera que indicó un
grado que dio lugar a la aplicación de una remuneración distinta e inferior en la
escala salarial que le corresponde.

En consecuencia, es procedente la inaplicación, bajo la figura de excepción de
inconstitucionalidad, del Acuerdo PSAA15-10402 de 2015 en lo referente a la
denominación «grado 23», en la medida que transgrede los artículos 53 y 90 de la
Constitución Política.

iii) Los actos acusados desconocieron las normas en que debían fundarse, entre
ellas, el artículo 13 Superior y el principio de favorabilidad, porque los salarios que
se presentan entre el cargo de abogado asesor de Tribunal Judicial y el grado 23,
ostentan una diferencia salarial, lo que genera un saldo a favor de la demandante
por la errada liquidación mensual realizada, ya que siempre debió tomarse el valor
de la escala salarial establecida para el cargo de abogado asesor de Tribunal
Judicial y no el del grado 23.

De ahí que la entidad demandada no podía anteponer un acuerdo de la Sala
Administrativa a lo ordenado en los artículos 4 de los Decretos 1039 de 2011, 874
de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014 y 1.° de los Decretos 1257 de 2015, 245 de
2016, 1013 de 2017 y 337 de 2018.

iv) El Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de abordar el estudio de casos en
los que el Consejo Superior de la Judicatura ha emitido acuerdos, específicamente
el Acuerdo 05 de 1993 en el que determinó unos grados y escalas salariales del
cargo de escribiente, el cual fue declarado nulo bajo el argumento que aquella

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Demandante: Lina María Díaz Duarte

corporación carecía de competencia para determinar grados y remuneraciones
pues ello corresponde al presidente de la República, en desarrollo de las facultades
contenidas en la Ley 4ª de 1992.2

1.2. Contestación de la demanda

La Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Dirección
Seccional de Administración Judicial de Armenia, por intermedio de apoderada, se
opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresan a
continuación:3

i) El Acuerdo PSAA15-10402 de 2015, mediante el cual se creó el cargo de abogado
asesor grado 23 en el Tribunal Administrativo del Quindío, fue expedido con plena
observancia de las facultades constitucionales y legales dadas a la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a través de los artículos 256 y
257 de la Constitución Política y 63 y 85 de la Ley 270 de 1996.

Lo anterior, en consideración a que teniendo en cuenta las necesidades de las
distintas jurisdicciones y especialidades, determinó que el cargo que se debía crear,
inicialmente de manera transitoria para descongestionar los Tribunales
Administrativos y Superiores era el de «abogado asesor grado 23», el cual no hace
relación al cargo de abogado asesor innominado de la Ley 4ª de 1992, ya que
determinó un grado específico cuya remuneración es proporcional al grado de
funciones y responsabilidades propias del perfil.

ii) Al cargo de abogado asesor grado 23 creado por el acuerdo en comento se le
asignó la siguiente escala salarial:
Decretos Valores Incrementos
1257 de 2015 4.500.334 4.66%
245 de 2016 4.850.000 7.70%
1013 de 2017 5.177.386 6.75%
337 de 2018 5.440.912 5.09%

2 La demandante cita al Consejo de Estado, sentencias del 13 de marzo de 2003, radicado 52001 23 31 000

2000 1480 01 (1691-02) y del 20 de octubre de 2014, radicado 05001233100020010234301 (0054-13).
3 Folios 223 a 226 del cuaderno 2.

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Radicación: 63001-23-33-000-2019-00005-01 (0270-2020)
Demandante: Lina María Díaz Duarte

En ese orden, la demandante ha devengado las prestaciones y demás emolumentos
propios del cargo referido y en general la escala salarial asignada legalmente por el
acto de creación, de manera que no es posible atribuir omisión alguna a la entidad
demandada.

iii) Los argumentos de la actora carecen de veracidad pues se encuentran
acreditadas las excepciones de presunción de legalidad de los actos
administrativos, falta de causa para demandar y la genérica.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Segunda de Decisión, mediante
sentencia proferida el 10 de octubre de 2019, accedió a las pretensiones de la
demanda. Para tal efecto, se pronunció en estos términos:4

i) De acuerdo con el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución y la Ley 4
de 1992, disponen que corresponde al Gobierno nacional fijar el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos En atención a ello, el presidente de la
República expidió el Decreto 057 de 1993 por medio del cual estableció el régimen
salarial y prestacional de los servidores de la Rama Judicial y posteriormente
continuó profiriendo año tras año los decretos que regulan y modifican aquel
régimen.

ii) La jurisprudencia contencioso administrativa ha sostenido que el Consejo
Superior de la Judicatura no tiene competencia para variar la denominación,
categoría y nivel del cargo, con implicaciones salariales, de los empleados de la
Rama Judicial, previamente establecido por el presidente de la República en
aplicación de la Ley 4 de 1992, es decir, los enlistados en los Decretos 057 de 1993
y los posteriores que lo modifican;5 ante lo cual ha inaplicado los Acuerdos que fijan
el salario en contravía de lo dispuesto.

iii) El cargo de abogado asesor de Tribunal Judicial es un empleo legalmente

4 Folios 281 a 296 del cuaderno 2.
5 El tribunal cita al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo a. Sección Segunda, Subsección

A, sentencia del 26 de agosto de 2004, N.I. 4803-02; y b. Subsección B, sentencia del 27 de enero de 2000,
N.I. 914/1846/99.

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Demandante: Lina María Díaz Duarte

establecido con su respectiva escala salarial, no obstante, la entidad demandada le
adicionó un grado a través del Acuerdo PSAA15-10402 de 2015, lo cual implica que
sea inconstitucional e ilegal. En consecuencia, se inaplicará.

iv) En el expediente está acreditado que la demandante ha ocupado el cargo de
abogada asesora grado 23 desde el 7 de diciembre de 2015 hasta el 7 de agosto
de 2016, del 9 de agosto de 2016 al 14 de junio de 2018 y desde el 3 de julio de
2018 hasta la fecha.

En ese orden, tiene derecho a que su remuneración mensual sea la asignada año
a año por el presidente de la República y no la fijada de forma irregular al grado 23,
igualmente, «conforme a lo consagrado en los Decretos 383 de 2013, 1269 de 2015,
246 de 2016, 1014 de 2017 y 340 de 2018, para encontrar la diferencia del
restablecimiento del derecho ordenado ha de tenerse en cuenta la remuneración
que por Bonificación Judicial mensual fijan los mismos para el cargo de Abogado
Asesor de Tribunal Judicial (artículo 1[,] numeral 2 de todos los decretos) y no la
establecida para el grado 23 (artículo 1 [,] numeral 6 ibidem)».

v) Como la exigibilidad del derecho solo se materializa con la inaplicación del
Acuerdo PSAA15-10402 de 2015 que se realiza a través de la sentencia, en el sub
lite no se configura el fenómeno de prescripción del derecho.

vi) Por lo expuesto, se impone a. inaplicar por inconstitucional e ilegal los artículos
«84 y 85» (sic) del Acuerdo PSAA15-10402 de 2015, en cuanto asignan el grado 23
al cargo de abogado asesor de Tribunal Judicial; y b. declarar la nulidad del Oficio
DESAJARO18-1393 de 2018 y del acto administrativo ficto producto del silencio

administrativo negativo ante la no decisión oportuna del recurso de apelación
interpuesto contra aquel.

A título de restablecimiento del derecho, se condena a la entidad demandada a:

a. Reconocer, liquidar y pagar a la actora el valor correspondiente a las diferencias
salariales existentes entre lo que fue cancelado como abogada asesora grado 23 y
el salario fijado a los abogados asesores de Tribunal Judicial, de conformidad con
los decretos expedidos por el Gobierno nacional, desde el 7 de diciembre de 2015

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Radicación: 63001-23-33-000-2019-00005-01 (0270-2020)
Demandante: Lina María Díaz Duarte

hasta el 7 de agosto de 2016, del 9 de agosto de 2016 al 14 de junio de 2018 y
desde el 3 de julio de 2018 hasta que siga vigente la relación laboral entre aquella
y la Rama Judicial en el cargo de abogada asesora de Tribunal.

b. Reliquidar y pagar las diferencias prestacionales y demás emolumentos que se
hayan liquidado y causado a la fecha de ejecutoria de esta providencia, teniendo
como base el salario del referido cargo.

c. Reconocer y liquidar los porcentajes de cotización correspondientes al empleador
en salud y pensión girados en el período en comento.

d. Realizar los descuentos correspondientes a los aportes que se debieron cotizar
al sistema general de seguridad social a cargo del trabajador.

e. Indexar las diferencias adeudadas conforme al IPC. Sin condena en costas.

1.4. El recurso de apelación

La Nación, Rama Judicial, por conducto de apoderada, interpuso recurso de
apelación6 y lo sustentó así:

i) El Acuerdo PSAA15-10402 de 2015, fue expedido con observancia del principio de
legalidad y de las normas superiores, entre ellas la Ley 270 de 1996, toda vez que
se objeto fue únicamente la creación, entre otros, de 1 cargo de abogado asesor
grado 23, y no, como lo afirma la demandante y el a quo, tuvo la intención de regular
el régimen salarial y prestacional de dichos funcionarios pues esa facultad es del
resorte exclusivo del Gobierno nacional, de conformidad con la Ley 4ª de 1992.
ii) El Consejo Superior de la Judicatura, como organismo autónomo, tiene
competencia en lo que respecta al funcionamiento de Despachos, la carrera judicial
y el manejo de empleo tendiente a crear, modificar y suprimir cargos de la
administración de justicia, en los límites y bajo las condiciones previstas en la
Constitución y la ley.

iii) Cada uno de los cargos que conforman la planta de personal de la Rama Judicial
tienen definido su régimen salarial y prestacional en los decretos correspondientes,

6 Folios 302 a 305 del cuaderno 2.

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Radicación: 63001-23-33-000-2019-00005-01 (0270-2020)
Demandante: Lina María Díaz Duarte

expedidos anualmente por el Gobierno nacional, escalas que son incompatibles
entre sí.

iv) La autoridad competente no dispuso la creación del empleo como un cargo
«nominado», es decir, sin escala de grado lo cual sí implicaría que se le aplique la
tabla de remuneración propia para los cargos nominados de los Tribunales
Judiciales.

v) La pretensión de inaplicación del referido acuerdo se fundamenta en una premisa
que busca generar confusión en la denominación de los cargos para un beneficio
personal, es pertinente acudir a la teleología del plan del Consejo Superior de la
Judicatura, por medio del cual se busca atender las necesidades de la Rama
Judicial regulada por una Ley Estatutaria, que la actora pretende desconocer a
través de la aplicación de una ley ordinaria.

1.5. Pronunciamiento en torno al recurso de apelación en segunda instancia

La parte demandante solicitó confirmar la sentencia de primera instancia para lo cual
reiteró los argumentos de la demanda.7

1.6. El ministerio público

El agente del ministerio público guardó silencio. 8

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer, conforme a lo señalado en el recurso de apelación, i)
si el Consejo Superior de la Judicatura excedió sus facultades constitucionales y
legales al expedir el Acuerdo PSAA15-10402 de 2015, mediante el cual, entre otras
cosas, fijó el «grado 23» al cargo de «abogado asesor» de Tribunal y le asignó una
remuneración salarial y prestacional diferente a la establecida por el Gobierno

7 Índice 12 de la plataforma SAMAI.
8 Constancia secretarial visible a folio 336 del cuaderno 2.

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Radicación: 63001-23-33-000-2019-00005-01 (0270-2020)
Demandante: Lina María Díaz Duarte

nacional, al empleo de abogado asesor de Tribunal Judicial; y en caso afirmativo, ii)
si la demandante tiene derecho al reconocimiento de las diferencias salariales y
prestacionales de la escala salarial establecida para el empleo de «abogado
asesor» de Tribunal Judicial, en los Decretos 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de
2017 y 337 de 2018 y aquellos que los modifiquen o sustituyan.

2.2. Marco normativo

Postura unificada en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo frente
al régimen salarial y prestacional en la Rama Judicial

Mediante la sentencia de unificación SUJ-033-CE-S2-2023, del 2 de noviembre de
2023,9 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, se establecieron
las competencias en la fijación del régimen salarial y prestacional en la Rama
Judicial, específicamente conforme a la siguiente regla:

UNIFICAR la jurisprudencia en el sentido de señalar que “El Consejo Superior de la
Judicatura carece de competencia para asignar a los cargos nominados10, grados,
códigos y remuneración diferentes a los previstos en el Decreto 57 de 1993 y demás
decretos anuales expedidos por el Gobierno Nacional en los que se regule el régimen
salarial y prestacional de los empleados de la rama judicial. Esta potestad corresponde
al presidente de la República en desarrollo de las facultades previstas en la Ley 4ª de
1992. En consecuencia, la remuneración del cargo de “abogado asesor” grado 23 de los
Tribunales Administrativos, es la fijada para el «abogado asesor» en los decretos
anuales expedidos por el gobierno nacional sobre la materia”.

La regla fijada por la Sección Segunda, que tiene carácter vinculante y obligatorio,
se sustentó en los siguientes argumentos:
“[…] corresponde al Gobierno Nacional fijar anualmente el régimen salarial y
prestacional de los cargos de la Rama Judicial y al Consejo Superior de la
Judicatura le corresponde crear los cargos y realizar las incorporaciones a las
plantas de personal, en ejercicio de las competencias que le otorgan tanto la
Constitución Política como la Ley 270 de 1996.

[…] 127. Lo dicho conduce a afirmar que el simple hecho de agregar “grado 23” al cargo
de “abogado asesor” no hace desaparecer del universo jurídico que la denominación del
cargo para su remuneración salarial -entendida como “el nombre indicativo de la
función”11 ya había sido contemplada en el artículo 4.° de los Decretos dictados por el
Gobierno Nacional 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014, el cual,

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación SUJ-

033-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023, radicado 08001-23-33-000-2018-00529-01 (3071-2019).
10 Entendido como el que se menciona con un nombre indicativo de la función y no con la referencia

numérica.
11 Tal como lo señaló el mismo Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo PSAA12-9663 de 28 de agosto

de 2012.

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Radicación: 63001-23-33-000-2019-00005-01 (0270-2020)
Demandante: Lina María Díaz Duarte

como se vio, establece una escala gradual principal de remuneración para los cargos
allí relacionados y por cuanto la dada en el artículo 6.° es supletoria, comoquiera que
se aplica a aquellos cargos “no contemplados en los artículos anteriores”12.

128. En este caso en modo alguno se discute la facultad del Consejo Superior de la
Judicatura para crear cargos en la Rama Judicial al tenor de las facultades dadas por la
Ley 270 de 1996; sin embargo, es evidente que, con su actuar, la entidad demandada
entró en claro desconocimiento de:

(i) Las facultades dadas al presidente de la República en la Ley 4ª de 1992, al agregarle el
aparte “grado 23” al cargo denominado “abogado asesor”, toda vez que su
consecuencia directa e inmediata fue afectar negativamente la remuneración salarial
y prestacional del demandante al ignorar las pautas dadas en los Decretos
presidenciales 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014, que ya habían
señalado cómo debían remunerarse los cargos de “abogado asesor”.
(ii) El límite competencial del Consejo Superior de la Judicatura dado en el artículo 25713 de
la Ley 270 de 1996.
(iii) Los derechos salariales y prestacionales del demandante, al desconocer el salario que
le correspondía al tenor de los decretos anuales expedidos por el presidente de la
República, el cual, como se vio en los acápites anteriores, constituye un elemento
esencial del derecho al trabajo y a percibir la remuneración que en derecho corresponde
por la labor desempeñada.

[…]

130. De acuerdo con las pautas indicadas no puede mantenerse la legalidad de los actos
demandados aceptando la interpretación dada por el Consejo Superior de la Judicatura,
según la cual, al agregar “grado 23” al cargo de “abogado asesor” creó una categoría
especial de empleo no regulada por el artículo 4.° de los decretos salariales anuales, con
lo cual, debía remunerar ese empleo con la escala del artículo 6.° de los Decretos 1039
de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013, y 194 de 2014.

131. Ese razonamiento desconoció que el cargo ya se encontraba dentro del listado de
los nominados14 en los Decretos expedidos por el presidente de la República en uso de
las competencias señaladas en la Ley 4ª de 1992, lo que generó que la labor del
accionante, fuese remunerada con un salario inferior al que realmente le corresponde,
situación que desconoce los cánones constitucionales y legales que regulan las
competencias otorgadas al presidente de la República para determinar el régimen
salarial y prestacional de la Rama Judicial, así como las mismas competencias del
Consejo Superior de la Judicatura y, por ende, los derechos salariales y prestacionales
del señor Orlando José Jiménez Cerra.

[…]

12 Negrilla y subrayas de la Sala.
13 63 “ARTÍCULO 257. Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la Judicatura cumplirá las siguientes

funciones:
[…]
2. Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia. En ejercicio de esta
atribución, el Consejo Superior de la Judicatura no podrá establecer a cargo del Tesoro obligaciones que
excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales.
[…]”.
14 Entendido como el que se menciona con un nombre indicativo de la función y no con la referencia

numérica.

12

Radicación: 63001-23-33-000-2019-00005-01 (0270-2020)
Demandante: Lina María Díaz Duarte

133. En ese orden se concluye que si bien el Consejo Superior de la Judicatura cuenta
con la facultad para crear cargos en la Rama Judicial en atención al artículo 25715 de la
Ley 270 de 1996, no obstante, no puede desconocer las facultades dadas al presidente
de la República en la Ley 4ª de 1992 y con ello las pautas dadas en los Decretos
presidenciales 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014, que ya habían
señalado cómo debían remunerarse los cargos de “abogado asesor”.

134. En este entendido, la remuneración de los cargos cuya denominación se encuentre
expresamente establecida en los decretos anuales que fijan el régimen salarial y
prestacional de la Rama Judicial, debe atender a las escalas salariales allí señaladas.
Frente a los mismos es ilegal, tanto asignarles grados o códigos adicionales, como
establecerles otro tipo de remuneración diferente, toda vez que ello va en contra del
artículo 150 numeral 19 literal e) de la Constitución Política que autorizó al Gobierno
Nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, siempre
y cuando se sujetara a los objetivos y criterios establecidos por el legislativo, que en este
caso corresponde a la Ley 4 de 199216, a través de la cual se fijaron los criterios a los
que debe ceñirse el Gobierno Nacional al determinar el régimen salarial y prestacional
de los servidores públicos, entre ellos, a los de la Rama Judicial.

135. Por tanto, la remuneración del cargo de “abogado asesor” grado 23 de
Tribunales Administrativos, se encuentra dentro del listado de los cargos
nominados70 en los Decretos expedidos por el presidente de la República en uso
de las competencias señaladas en la Ley 4ª de 1992, por lo que su labor debe
remunerarse de acuerdo con el artículo 4.° de los Decretos 1039 de 2011, 874 de
2012, 1024 de 2013 y 194 de 201 4, sin que sea aceptable que el Consejo Superior
de la Judicatura pueda variar la denominación contemplada en el artículo 3.º,
numeral 2.° del Decreto 57 de 1993, lo cual resulta ilegal e inconstitucional, pues
al agregar el “grado 23” al cargo denominado “abogado asesor”, afectó
negativamente la remuneración salarial y prestacional del mismo. (Resaltado,
subrayado y comillas originales del texto)

Por su parte, respecto a la modificación de la denominación del cargo de abogado
asesor grado 23 por la de profesional especializado grado 23, realizada en el
Acuerdo PCSJA22 – 11968 del 30 de junio de 2022, se sostuvo lo siguiente:

[…] 151. Así las cosas, comoquiera que se mantuvieron los requisitos del cargo, las
mismas funciones y responsabilidades, se colige que el objetivo fue meramente
económico al tratar de mantener la remuneración del citado cargo con la escala salarial
del grado 23 y así sustraerlo de la aplicación del artículo 4.° de los decretos expedidos

15 “ARTÍCULO 257. Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la Judicatura cumplirá las siguientes
funciones:
1. Fijar la división del territorio para efectos judiciales y ubicar y redistribuir los despachos judiciales.
2. Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia. En ejercicio de esta
atribución, el Consejo Superior de la Judicatura no podrá establecer a cargo del Tesoro obligaciones que
excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales.
[…]”.
16 “[M]ediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para

la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional
y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan
otras disposiciones de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la
Constitución Política”.

13

Radicación: 63001-23-33-000-2019-00005-01 (0270-2020)
Demandante: Lina María Díaz Duarte

por el Gobierno Nacional frente a la remuneración del cargo de abogado asesor
nominado17.

152. Tal decisión desconoce los innumerables pronunciamientos que ha emitido la
jurisdicción contencioso administrativa frente a casos similares, donde ha establecido
que los abogados asesores grado 23 de tribunal administrativo deben remunerarse con
el salario del cargo de abogado asesor nominado18 en los términos de los decretos
expedidos anualmente por el Ejecutivo.

153. Además pretende soslayar los principios de “a trabajo igual salario igual” e
irrenunciabilidad de los beneficios establecidos -artículos 25 y 53 de la Constitución
Política– y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales de 16
de diciembre de 1966,19 en cuanto consagra que “Los Estados Partes en el presente
Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo
equitativas”.

[…]

159. En efecto, la misma entidad indicó que no existía diferencia entre los cargos de
abogado asesor grado 23 y profesional especializado grado 23, toda vez que (i) los
requisitos para su ejercicio son los mismos, (ii) no ocurrió algún cambio en cuanto a las
funciones que venían desempeñando los abogados asesores grado 23 y (iii) no se les
asignó ningún tipo de responsabilidad adicional.

160. Tampoco se evidencia que se hayan establecido criterios de desempeño y
evaluación que justifiquen la diferencia con lo que se colige que esta decisión del
Consejo Superior de la Judicatura entra en clara contradicción con el principio de
seguridad jurídica al desconocer los numerosos pronunciamientos de la jurisdicción en
los que se ha ordenado, en casos similares, efectuar la remuneración de la labor de los
“abogados asesores grado 23” de Tribunal Administrativo de acuerdo con el cargo de
“abogado asesor nominado”, en los términos de la escala salarial principal establecida
en el artículo 4.° de los Decretos expedidos por el presidente de la República.

161. En línea con esta argumentación se concluye que quienes venían
desempeñándose como abogados asesores grado 23 de Tribunal Administrativo
deben continuar siendo remunerados como abogado asesor nominado20 de
Tribunal, al advertirse que siguen desempeñando las mismas funciones, se les exigen
los mismos requisitos, continúan en sus mismos lugares de trabajo y bajo órdenes del
mismo empleador, sin que exista una razón objetiva y justificable para que se asuma
que cambiaron a un cargo diferente con grado 23 y que merecen ser remunerados de
acuerdo con la escala salarial de ese grado.

162. Lo anterior, en aplicación de los principios de favorabilidad e irrenunciabilidad a los
beneficios mínimos establecidos el artículo 53 constitucional y de progresividad y
prohibición de regresividad, así como el derecho constitucional al trabajo en condiciones
dignas.

[…]

17 Entendido como el que se menciona con un nombre indicativo de la función y no con la referencia numérica.
18 Ibidem.
19 Que entró en vigor el 3 de enero de 1976, aprobado por Colombia mediante la Ley 74 de 1.968 y ratificado el

29 de octubre de 1969
20 Entendido como el que se menciona con un nombre indicativo de la función y no con la referencia numérica.

14

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Demandante: Lina María Díaz Duarte

164. En virtud de lo anterior, se concluye que a partir del 1.° de julio de 2022, el servidor
que venía en el cargo de “abogado asesor grado 23”, y que pasó a llamarse profesional
especializado grado 23 debe ser remunerado como abogado asesor nominado21 de
Tribunal de acuerdo con los decretos expedidos por el presidente de la República en uso
de las competencias señaladas en la Ley 4ª de 1992, es decir, atendiendo al artículo 4.°
de los Decretos 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014 y siguientes
que expida el gobierno nacional. (Resaltado, subrayado y comillas originales del texto)

Por último, frente al fenómeno de la prescripción extintiva del derecho, se averó lo
siguiente:

165. Ese reconocimiento, implica atender a los términos de prescripción establecidos en
los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, que regulan
el régimen prestacional de los empleados públicos, según los cuales aquel lapso es de
tres (3) años, que se interrumpe por una sola vez con el reclamo escrito del trabajador.

166. En razón a que las citadas diferencias salariales y prestacionales se producen mes
a mes se aplicará el fenómeno de la prescripción, para lo cual los funcionarios judiciales
atenderán a la fecha en que se realizó la solicitud ante la administración, tanto si la
relación laboral y desempeño en el citado cargo se encuentra vigente, como si presentó
interrupciones o ya finalizó.

167. Situación diferente ocurrirá frente a las diferencias generadas sobre los aportes
para pensión a cargo del empleador, que podrán ser reclamadas en cualquier tiempo,
dada su clara relación sobre un futuro reconocimiento pensional y en tal sentido pueden
solicitar se en cualquier época.

2.3. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:

El 7 de diciembre de 2015, el magistrado del Tribunal Administrativo del Quindío,
expidió la Resolución 00122 a través de la cual nombró a la señora Lina María Díaz
Duarte como abogada asesora grado 23. En la referida data tomó posesión del
cargo, según acta 00123 suscrita por la demandante y por el mencionado
magistrado.

El 29 de julio de 2016, mediante la Resolución 00524 se aceptó la renuncia
presentada por la señora Díaz Duarte al cargo de abogada asesora grado 23 del
Tribunal Administrativo del Quindío, a partir del 8 de agosto de 2016.

21 Ibidem
22 Folio 113 del cuaderno 1.
23 Folio 114 anverso del cuaderno 1.
24 Folios 114 reverso y 115 anverso del cuaderno 1.

15

Radicación: 63001-23-33-000-2019-00005-01 (0270-2020)
Demandante: Lina María Díaz Duarte

El 9 de agosto de 2016, el magistrado del Tribunal Administrativo del Quindío, emitió
la Resolución 00625 por medio del cual nombró a la actora como abogada asesora
grado 23. En la referida data tomó posesión del cargo, según acta 00226 suscrita por
aquella y por el mencionado magistrado.

El 13 de junio de 2018, a través de la Resolución 00527 se aceptó la renuncia
presentada por la señora Díaz Duarte al cargo de abogada asesora grado 23 del
Tribunal Administrativo del Quindío, a partir del 14 de junio de 2018.

El 3 de julio de 2018, el magistrado del Tribunal Administrativo del Quindío, profirió
la Resolución 01028 mediante la cual nombró a la demandante como abogada
asesora grado 23. En la referida data tomó posesión del cargo, según acta 006.29

El Área de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Armenia – Quindío, certificó que la señora Díaz Duarte, ha ocupado el
cargo de abogada asesora grado 23 en el Despacho 5 del Tribunal Administrativo
del Quindío; y además, se relacionaron los pagos que se le han realizado entre
diciembre de 2015 a mayo de 2018 diciembre, en el ejercicio del referido empleo, a
saber:30
Año Salario básico
2015
07 al 31 de diciembre $ 1.950.145.00
2016
09 al 31 de agosto $ 4.796.101.00
Septiembre a noviembre $ 4.850.010.00
Diciembre $ 3.071.673.00
2017
Enero $ 3.233.340.00
Febrero a junio $ 4.850.010.00
Julio a noviembre $ 5.177.386.00
Diciembre $ 3.279.011.00
2018
Enero $ 3.451.591.00
Febrero $ 5.177.386.00
Marzo a mayo $ 5.440.914.00

25 Folios 115 reverso y 116 anverso del cuaderno 1.
26 Folio 116 reverso del cuaderno 1.
27 Folio 117 ibidem.
28 Folio 118 ibidem.
29 Folio 119 ibidem.
30Conforme consta en las certificaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Armenia – Quindío, los días 25 y 26 de junio de 2018, folios 104 reverso a 112 del cuaderno 1.

16

Radicación: 63001-23-33-000-2019-00005-01 (0270-2020)
Demandante: Lina María Díaz Duarte

El 31 de mayo de 2018, la demandante radicó derecho de petición ante la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial de Armenia, con el fin de que se inaplicara por
inconstitucional la expresión «grado 23» del Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de
octubre de 2015; y el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y
prestacionales existentes entre el «grado 23» y el cargo de «abogado asesor de
Tribunal Judicial», de conformidad con los decretos emitidos por el Gobierno
nacional respecto del último empleo referido.31

El 25 de junio de 2018, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Armenia
– Quindío, a través del Oficio DESAJARO18-139332 negó la solicitud del anterior
hecho, con fundamento en que la creación del cargo de abogado asesor grado 23
estaba sometido a la régimen salarial y prestaciones de la Rama Judicial, fijado por
el Congreso de la República, de manera que al Consejo Superior de la Judicatura,
Sala Administrativa, no le competía modificar la remuneración del aquel empleo y
mucho menos para eliminar, ajustar o cambiar el cargo de abogado asesor grado
23 por el de abogado asesor.

Por su parte, el referido acto señaló que a la actora se le pagaron las acreencias
laborales correspondientes al empleo asesor grado 23, en cumplimiento de los
Decretos 1257 de 2015 y 245 de 2016.

El 18 de julio de 2018, presentó recurso de apelación33 contra el anterior oficio.

El 30 de julio de 2018, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Armenia
– Quindío, expidió la Resolución DESAJARR18-83334 mediante la cual concedió en el
efecto suspensivo el recurso de apelación referido y ordenó remitir el expediente a
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial; sin embargo, en el expediente no
se acreditó la emisión de respuesta expresa, por lo que se configuró el silencio
administrativo negativo.

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

31 Folios 84 a 92 ibidem.
32 Folios 125 y 126 ibidem.
33 Folios 94 al 100 ibidem.
34 Folio 102 ibidem.

17

Radicación: 63001-23-33-000-2019-00005-01 (0270-2020)
Demandante: Lina María Díaz Duarte

Teniendo en cuenta el objeto de reproche de la entidad apelante, la Sala confirmará
la decisión del a quo que accedió a las pretensiones de la demandada. Esta
conclusión se funda en los siguientes razonamientos:

Pues bien, conforme al material probatorio aportado al plenario, se observa que la
demandante fue nombrada en el cargo de «abogado asesor grado 23» en el
Tribunal Administrativo del Quindío, teniendo como fundamente el Acuerdo PSAA15-
10402 del 29 de octubre de 2015,35 en los siguientes períodos:

• Desde el 7 de diciembre de 2015 hasta el 7 de agosto de 2016.
• Desde el 9 de agosto de 2016 hasta el 13 de junio de 2018.
• Del 3 de julio de 2018 en adelante.36

En ese orden de ideas, de acuerdo con la sentencia de unificación SUJ-033-CE-S2-
2023 de esta corporación del 2 de noviembre de 2023, corresponde al Gobierno
nacional fijar anualmente el régimen salarial y prestacional de los cargos de la Rama
Judicial y al Consejo Superior de la Judicatura crear los cargos y realizar las
incorporaciones a las plantas de personal, de conformidad con las facultades
otorgadas por la Constitución Política y por la Ley 270 de 1996.

Sin embargo, el Consejo Superior de la Judicatura no podía adjudicarse la
competencia de establecer la remuneración al cargo de abogado asesor de Tribunal
y mucho menos podía asignarle grados, códigos adicionales, o determinarle otro
tipo de remuneración diferente.

En otras palabras, la citada sentencia de unificación señaló que el salario del cargo
de «abogado asesor grado 23» de Tribunales Administrativos, se encontraba dentro
del listado de los cargos nominados establecido, en uso de las competencias
plasmadas en la Ley 4ª de 1992, por el presidente de la República en los Decretos

35 Conforme consta en la parte motiva de las Resoluciones 001 del 7 de diciembre de 2015, 006 del 9 de agosto

de 2016 y 010 del 3 de julio de 2018. Folios 113, 115 reverso y 116 y 118, respectivamente, del cuaderno 1.
36 La Sala advierte que la parte actora radicó memorial visible a índice 28 de la plataforma SAMAI, a través del

cual remite una certificación expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial el 15 de noviembre
de 2023, donde se advierte, entre otras cosas que la actora ejerció el cargo de abogado asesora grado 23 del
3 de julio de 2018 al 2 de junio de 2020, del 12 de mayo al 30 de junio de 2022 y como profesional especializado
23 desde el 1.° de julio de 2022 encontrándose activa a la fecha de emisión del referido certificado.
No obstante, aquel documento no se tendrá en cuenta comoquiera que fue radicado el 22 de noviembre de
2023, esto es, con posterioridad al término de ejecutoria del auto que admite el recurso de apelación, el cual
data del 12 de noviembre de 2020, obrante a folio 333 del cuaderno 2.

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Radicación: 63001-23-33-000-2019-00005-01 (0270-2020)
Demandante: Lina María Díaz Duarte

1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014 que previamente ya habían
fijado cómo debían remunerarse los cargos de «abogado asesor». En
consecuencia, afirmó que la labor ejercida por el empleo de «abogado asesor grado
23» de Tribunales Administrativos, debía remunerarse de acuerdo con el artículo 4.°
de los Decretos 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014.

Por lo tanto, sostuvo que no era admisible la interpretación realizada por el Consejo
Superior de la Judicatura, a partir de la cual al agregar «grado 23» al cargo de
«abogado asesor» creaba una categoría especial de empleo no regulada por el
artículo 4.° de los decretos salariales anuales, con lo cual, debía remunerar ese
empleo con la escala del artículo 6.° de los Decretos 1039 de 2011, 874 de 2012,
1024 de 2013, y 194 de 2014; ya que no es aceptable que aquella corporación
«pueda variar la denominación contemplada en el artículo 3.º, numeral 2.° del
Decreto 57 de 1993, lo cual resulta ilegal e inconstitucional, pues al agregar el
“grado 23” al cargo denominado “abogado asesor”, afectó negativamente la
remuneración salarial y prestacional del mismo»37 (Resaltado y comillas
originales del texto), a saber:38

37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación SUJ-

033-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023, radicado 08001-23-33-000-2018-00529-01 (3071-2019).
38 Información tomada desde Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

sentencia de unificación SUJ-033-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023, radicado 08001-23-33-000-2018-
00529-01 (3071-2019).

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Demandante: Lina María Díaz Duarte

Bajo este panorama, en aplicación de la regla fijada en la sentencia de unificación
SUJ-033-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023, la Sala observa que la entidad
demandada reconoció y pagó a la señora Lina María Díaz Duarte derechos
salariales y prestacionales como «abogado asesor grado 23» del Tribunal
Administrativo del Quindío, los cuales eran inferiores a los fijados por el presidente
de la República a través de los decretos anuales, para el cargo de «abogado
asesor» de Tribunal Judicial.

Así, esta Subsección halla la razón al a quo en el entendido de acceder a las
pretensiones de la demanda, y en ese orden, inaplicar por inconstitucional e ilegal
la denominación «grado 23» asignada al cargo de abogado asesor de Tribunal
Judicial contenida en el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015. Sin
embargo, se advierte que el tribunal hizo referencia a los artículos 8439 y 8540 del
referido acuerdo, cuando lo cierto es que aquella denominación se encuentra
contenida en los artículos 86, 87 y 88, razón por la cual se impone su modificación
en ese sentido.

De igual forma, esta Subsección advierte que la actora tiene derecho al
reconocimiento y pago de las diferencias salariales existentes entre lo que le fue
cancelado como abogada asesora grado 23 y el cargo de abogada asesora de
Tribunal Judicial, desde la fecha en que ingresó al referido empleo y mientras se
encuentre vigente la relación laboral; aunado a la reliquidación de las prestaciones
sociales percibidas y las que se llegaren a causar, con base en el salario que le
corresponda al cargo de abogado asesor de tribunal.

Se recuerda que la providencia unificadora es aplicable al caso sub judice porque
esta corporación en aquella oportunidad señaló que todos los casos pendientes de
solución en vía administrativa y vía judicial a través de acciones ordinarias, eran
susceptibles de ser destinatarios de sus efectos; salvo los casos en los que ha

39 «ARTÍCULO 84.- Homologación de cargos: Todos los cargos de Asistente Social grado 2, serán grado 1,

siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos. En consecuencia, se homologan los siguientes:
[…]».
40 «ARTÍCULO 85.- Crear un (1) cargo de Relator, en los Tribunales Administrativos de Arauca, Caquetá,

Casanare, Chocó, Cesar, Córdoba, La Guajira, San Andrés, Meta y Sucre; y en los Tribunales Superiores de
Arauca, Cundinamarca, Florencia, Mocoa, Quibdó, Riohacha, San Andrés, San Gil, Santa Marta, Sincelejo,
Valledupar y Yopal».

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Radicación: 63001-23-33-000-2019-00005-01 (0270-2020)
Demandante: Lina María Díaz Duarte

operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan
inmodificables.

Ahora bien, en cuanto al fenómeno jurídico de la prescripción extintiva del derecho,
la Sala observa que no ocurrió comoquiera que la primera vinculación de la
demandante como «abogado asesor grado 23» ocurrió el 7 de diciembre de 2015 y
la petición ante la administración se radicó el 31 de mayo de 2018, esto es, no
transcurrieron más de tres años; como tampoco transcurrieron entre esta última
fecha (en la cual fue presentada la solicitud) y la presentación de la demanda que
data el 22 de enero de 2019.41

Por otro lado, conforme lo advirtió la sentencia de unificación en comento, los
servidores que venían desempeñándose como abogados asesores grado 23 de
Tribunal Judicial deben continuar siendo remunerados, a partir del 1.° de julio de
2022 como abogados asesores nominados de Tribunal, de manera que debe
inaplicarse por inconstitucional el Acuerdo PCSJA22-11968 de 2022.

En ese orden de ideas, si la demandante se encontraba vinculada en el cargo que
pasó a denominarse profesional especializado grado 23 para el 1.° de julio de 2022
y mientras permanezca en el mismo, su labor debe continuar siendo remunerada
como abogado asesor nominado de Tribunal.42

Por lo expuesto, se impone modificar el numeral primero de la sentencia apelada,
en el sentido de ordenar la inaplicación por inconstitucional e ilegal de la expresión
«grado 23» contenida en los artículos 86, 87 y 88 del Acuerdo PSAA15-10402 de
2015 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, en cuanto asigna el «grado
23» al cargo de abogado asesor Tribunal Judicial y del Acuerdo PCSJA22-11968 de
2022, en su totalidad.

3. De la condena en costas

41 Folios 73 y 189 del cuaderno 1.
42 Véase en similares términos, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

Subsección A, sentencias del 30 de noviembre de 2023, radicados 17001233300020190038901 (1321-2023) y
05001233300020160059101 (0645-2021).

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Radicación: 63001-23-33-000-2019-00005-01 (0270-2020)
Demandante: Lina María Díaz Duarte

El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».

Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,43 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.

Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.

En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en
segunda instancia.

4. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que la actora logró desvirtuar la presunción de

43 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-

2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez.

22

Radicación: 63001-23-33-000-2019-00005-01 (0270-2020)
Demandante: Lina María Díaz Duarte

legalidad de los actos administrativos demandados.

Ahora, si bien el a quo en el numeral primero de la decisión apelada ordenó la
inaplicación por inconstitucional e ilegal la denominación «grado 23» asignada al
cargo de abogado asesor de Tribunal Judicial contenida en el Acuerdo PSAA15-10402
del 29 de octubre de 2015, contenida en los «artículos 84 y 85» (sic), lo cierto es
que aquella denominación se encuentra plasmada en los artículos 86, 87 y 88, razón
por la cual se impone su modificación en ese sentido y además se ordenará la
inaplicación por inconstitucional e ilegal del Acuerdo PCSJA22-11968 de 2022, en su
totalidad.

Se confirma en lo demás la sentencia apelada. Sin condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Modificar el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia
proferida el 10 de octubre de 2019 por el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala
Segunda de Decisión, que accedió a las pretensiones de la demanda, en el proceso
promovido por la señora Lina María Díaz Duarte contra la Nación, Rama Judicial, el
cual quedará así:

Primero. Inaplicar en el caso concreto, por razones de inconstitucionalidad e
ilegalidad, la denominación «grado 23» contemplada en los artículos 86, 87 y
88 del Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, expedido por el
Consejo Superior de la Judicatura, en cuanto asigna el grado 23 al cargo de
abogado asesor Tribunal Judicial y el Acuerdo PCSJA 22-11968 de 2022
mediante el cual se sustituyó la denominación del cargo «abogado asesor
grado 23», por la de «profesional especializado grado 23».

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 10 de octubre de 2019 por
el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Segunda de Decisión.

Tercero. Sin condena en costas en segunda instancia.

23

Radicación: 63001-23-33-000-2019-00005-01 (0270-2020)
Demandante: Lina María Díaz Duarte

Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen y háganse las anotaciones pertinentes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

SBZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

24

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