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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-02913-01

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-02913-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 30 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en su lugar, NEGAR, las pretensiones invocadas por Giovanni Alberto Mira Monsalve, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO: CONDÉNESE en costas en ambas instancias al demandante, conforme la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2019-02913-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

19 de marzo de 2026

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02913-01 (6152-2024)
Demandante: Giovanni Alberto Mira Monsalve

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C. diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 05001-23-33-000-2019-02913-01 (6152-2024)
Demandante: Giovanni Alberto Mira Monsalve
Demandado: Municipio Medellín – Antioquia

Tema: Relación laboral encubierta

Decisión: Revoca sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el
1.

recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del
30 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1 Pretensiones de la demanda

Declarar la nulidad del Oficio 201930150488 del 14 de mayo de 2019, proferido
2.

por la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos del municipio
de Medellín, mediante el cual se negó la petición presentada por el demandante
con el objeto de que se declarara la existencia de una relación laboral entre las
partes desde el 28 de abril de 2009 hasta el 20 de diciembre de 2016.

3.Como consecuencia de lo anterior, solicitó declarar la existencia del contrato
realidad durante ese lapso; a título de restablecimiento del derecho que se le
paguen los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a que hubiere
lugar, así como los aportes al sistema de seguridad social; que las sumas de
dinero que se reconozcan sean ajustadas en los términos del artículo 187 del
CPACA, que los valores de la condena causen intereses moratorios conforme al
artículo 192 ibidem, y se condene en costas a la entidad demandada.

1Folio 172 y siguiente expediente físico.

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Radicado: 05001-23-33-000-2019-02913-01 (6152-2024)
Demandante: Giovanni Alberto Mira Monsalve

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

4.El señor Giovanni Alberto Mira Monsalve prestó sus servicios profesionales de
manera personal en favor del municipio de Medellín entre el 28 de abril de 2009
y el 20 de diciembre de 2016, en el marco del programa Medellín Solidaria.

5.La forma de vinculación del actor se materializó a través de contratos de
prestación de servicios celebrados con entidades tales como Metrosalud,
Concívica Fundación y la Corporación Interuniversitaria de Servicios CIS,
quienes —según lo expuesto en la demanda— actuaban como contratistas del
municipio de Medellín mediante diversos contratos interadministrativos para la
ejecución del citado programa. En tal sentido, adujo que dichas entidades
actuaron como simples intermediarias de la entidad territorial que, en esencia,
fungía como su verdadero empleador.

Explicó que el programa Medellín Solidaria fue diseñado por la alcaldía de
6.

Medellín para la atención de la población en situación de extrema pobreza 2 y
continúa vigente a la fecha [de la presentación de la demanda]».

En ese contexto, el actor prestó sus servicios profesional en desarrollo familiar,
7.

desempeñó el cargo de «cogestor social y de familia» mediante diversos
contratos suscritos con la Corporación Interuniversitaria de Servicios CIS (entre
el 28 de abril de 2009 y el 18 de noviembre de 2011), con Metrosalud (entre el
21 de agosto de 2012 y el 28 de febrero de 2014, y entre el 2 de febrero de 2015
y el 18 de noviembre de 2016) y con Concívica Fundación (entre el 1 de mayo de
2014 y el 14 de diciembre de 2014).

8.Que en el desarrollo de sus servicios siempre estuvo subordinado a la misión,
visión y directrices fijadas por la entidad demandada, las cuales eran impartidas
por conducto de las entidades intermediarias; que ello se evidencia en que las
órdenes, el horario de trabajo, las capacitaciones recibidas, así como el lugar y
las herramientas utilizadas para la prestación del servicio, eran definidos o
suministrados por el municipio de Medellín.

9. Que debía cumplir un horario de lunes a viernes entre las seis de la mañana y
las seis de la tarde, y los sábados entre las ocho de la mañana y la una de la tarde,
con el fin de realizar las visitas asignadas en su calidad de cogestor social y de
familia; que si bien existió alguna interrupción entre los contratos suscritos, esta
corresponde a los períodos de vacaciones de los que disfrutó durante la prestación
de sus servicios.

10.El actor solicitó al municipio que declarara la existencia de una relación laboral
encubierta conforme lo narrado, lo cual fue negado mediante el Oficio
201930150488 del 14 de mayo de 2019.

2
«ligado a las políticas nacionales colombianas para la atención de población vulnerable, el cual se viene desarrollando
desde el marco del Plan de Desarrollo 2008 – 2011 “Medellín Solidaria y Competitiva”

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Demandante: Giovanni Alberto Mira Monsalve

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

11.Se invocó la vulneración de los artículos 137 y 138 del CPACA; de los artículos
1, 2, 25, 29, 53 y 209 de la Constitución Política; del artículo 23 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos; y del artículo 32, numeral 3, de la Ley 80 de
1993.

Sostuvo que, pese a las diferentes denominaciones que se otorgaron a los
12.

contratos celebrados con las entidades intermediarias, todos ellos encubrieron
en su esencia una verdadera relación laboral, en la cual el municipio de Medellín
actuó como empleador y el actor como trabajador.

13.Lo anterior, por cuanto en el desarrollo de sus servicios el demandante
siempre estuvo supeditado a las funciones, misiones y objetivos definidos por la
entidad territorial para la ejecución del programa Medellín Solidaria, en
consecuencia, el acto administrativo demandado adolece de vicios que conducen
a su nulidad, tales como la falta de motivación, en la medida en que se declaró
no probada la existencia de una relación laboral entre las partes pese a que, se
encontraba acreditada, así como el desvío de poder.

1.4. Contestación de la demanda

El Municipio de Medellín, a través de su vocero judicial, contestó la demanda
14.

oponiéndose a las pretensiones.

15.Indicó que, si bien el actor prestó sus servicios profesionales en el programa
Medellín Solidaria entre el 28 de abril de 2009 y el 20 de diciembre de 2016, fue
contratado por entidades distintas al municipio. Por lo tanto, no es cierto que
dichas entidades actuaran como simples intermediarias, dado que contaban con
la capacidad jurídica y administrativa para asumir las responsabilidades
derivadas de los contratos celebrados.

En ese sentido, rechazó la afirmación de la demanda según la cual entre el
16.

actor y el municipio existió una relación laboral encubierta, pues además de no
haber sido parte en los contratos suscritos por el demandante, sostuvo que las
actividades se ejecutaron bajo la supervisión de las entidades contratantes y no
del ente territorial.

17.Agregó que el hecho de que al actor se le hubieran asignado determinadas
funciones no implica, por sí mismo, la existencia de una relación laboral, en tanto
que es natural que, para el cumplimiento del objeto contractual, se definan
actividades específicas a cargo del contratista.

18.También controvirtió la afirmación relativa a la supuesta existencia de periodos
de vacaciones entre la ejecución de los contratos, pues, a su juicio, los intervalos
sin vinculación obedecieron simplemente a la terminación de cada uno de los
contratos suscritos.

19.Como consecuencia de lo anterior, propuso las siguientes excepciones: i)
violación al principio general de la descentralización por servicios; ii)
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desconocimiento de las cláusulas de los contratos administrativos; iii) falta de
legitimación en la causa por pasiva; y iv) prescripción trienal.

1.5. Sentencia de primera instancia

El Tribunal profirió sentencia el 30 de julio de 2024, declaró la nulidad del acto
20.

administrativo acusado y reconoció la existencia de una relación laboral entre las
partes durante los períodos comprendidos entre el 21 de agosto de 2012 y el 14
de diciembre de 2014, el 2 de febrero de 2015 y el 27 de noviembre de 2015, y
entre el 8 de febrero de 2016 y el 20 de diciembre de 2016.

21.Asimismo, consideró que se configuró la prescripción de las prestaciones
sociales a las que tendría derecho el actor con anterioridad al 27 de noviembre
de 2015. A título de restablecimiento del derecho, condenó a la entidad
demandada a pagar al actor «todas las prestaciones comunes a cargo del
empleador, de origen legal, propias de los empleados públicos de la entidad
territorial demandada correspondientes a 274 días del año 2016 y con base en
una remuneración mensual de $3.036.278».

22.Igualmente, condenó a la entidad demandada a reconocer y pagar al fondo de
pensiones las diferencias correspondientes a la cuota parte que, como
empleador, le correspondía aportar al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones durante los períodos efectivamente laborados. Denegó las demás
pretensiones de la demanda y se abstuvo de imponer condena en costas en
primera instancia.

Para arribar a la anterior decisión, el Tribunal estudió los elementos que
23.

constituyen la relación laboral encubierta en los siguientes términos:

24.Prestación personal del servicio: Con las pruebas recaudadas se demostró
que el demandante realizó actividades como gestor para el desarrollo del
programa Medellín Solidaria mediante contratos de prestación de servicios
suscritos con Metrosalud entre el 21 de agosto de 2012 y el 28 de febrero de
2014, y del 2 de febrero de 2015 y el 20 de diciembre de 2016; como cogestor
social entre el 1 de abril de 2014 y el 14 de diciembre de 2014, con fundamento
en contratos suscritos con la Fundación Concívica.

25.Consideró el Tribunal que las cláusulas de los contratos suscritos por el actor
evidencian que las actividades desarrolladas se realizaban en favor de la entidad
territorial demandada, circunstancia que resultaba suficiente para acreditar este
elemento de la relación laboral.

26.Remuneración: Consideró que este elemento se acreditó con las
asignaciones periódicas que el demandante recibió debido a las actividades
realizadas.

Subordinación: Señaló que, a partir de las pruebas documentales aportadas
27.

por el demandante se demostró su sometimiento a la entidad por instrucciones
que excedían el principio de coordinación; que las actividades ejecutadas eran

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de carácter misional para la entidad territorial, dado que este debía activar rutas
de acompañamiento familiar y gestionar oportunidades para contribuir a la
superación de la pobreza extrema en los hogares del municipio de Medellín.

28.En ese orden, el Tribunal concluyó que el demandante: i) recibía instrucciones
del gestor local del proyecto o de la Secretaría de Inclusión Social y Familia; ii)
era convocado a reuniones y capacitaciones; iii) cumplía un horario conforme a
la programación establecida por el gestor local del proyecto; y iv) presentaba
informes y realizaba funciones propias de la entidad, entre ellas «el
acompañamiento a los hogares más vulnerables de la ciudad, la activación de
rutas ante casos de abuso sexual y violencia intrafamiliar, y la promoción de
programas dirigidos a la población, en aras de lograr la autonomía personal,
familiar, social y económica».

29.Además, con las pruebas testimoniales se acreditó que el actor: i) cumplía un
horario de trabajo; ii) recibía órdenes e instrucciones por parte de determinados
directivos; y iii) utilizaba elementos de trabajo suministrados por la entidad, tales
como chaleco y carnet con el logo de la Alcaldía de Medellín y el nombre del
programa.

30.Por último, consideró que las funciones del actor eran misionales. Por lo tanto,
aunque siguiendo el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 es viable suscribir contratos
de prestación de servicios para ejecutar actividades similares al personal de
planta, —a su juicio— la entidad no acreditó las circunstancias coyunturales. Por
el contrario, la continuidad del servicio denotaba la existencia de la relación
laboral.

1.6. Recurso de apelación

31.El Municipio de Medellín interpuso recurso de apelación con el que solicitó la
revocatoria de la sentencia apelada y que, en su lugar, se negaran las
pretensiones y se condene en costas y agencias en derecho a la parte actora.
Como sustento de su inconformidad, presentó los siguientes argumentos:

32.En relación con el elemento de la prestación personal del servicio, indicó que,
conforme a lo acreditado en primera instancia, el demandante suscribió contratos
de prestación de servicios con diversas entidades distintas al municipio
demandado. En consecuencia, sostuvo que, de demostrarse la existencia de una
relación laboral, la responsabilidad derivada de dicha situación debe recaer en
estas que no fueron demandadas ni vinculadas al proceso, circunstancia que —
a su juicio— configura una vulneración al debido proceso y desconoce las formas
de vinculación con las entidades del Estado.

Consideró que la decisión apelada desconoció las normas que garantizan el
33.

debido proceso y la correcta aplicación del contrato de prestación de servicios
por parte de las entidades públicas, particularmente lo dispuesto en el numeral 3
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

Que en el presente asunto no se acreditó probatoriamente la existencia de
34.

subordinación en la prestación del servicio del demandante. Al respecto, citó el
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salvamento de voto formulado respecto de la sentencia recurrida, en el cual se
sostuvo que las actividades desarrolladas por el actor se enmarcaron en los
parámetros de coordinación propios de los contratos de prestación de servicios.

1.7. Trámite en segunda instancia

35.El recurso de apelación se admitió en auto del 9 de diciembre de 2024. En
dicha providencia se dispuso que el Ministerio Público podía rendir concepto
desde la admisión del recurso y hasta antes del ingreso del expediente al
despacho para fallo.

36.Ante esto, el Ministerio Público allegó su concepto en el que solicitó confirmar
la sentencia de primera instancia, pues, a su juicio, las labores del demandante
se desarrollaron bajo subordinación, a pesar de que en apariencia se suscribieron
diferentes contratos de prestación de servicios.

Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

37.El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3.

38.De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso4, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita solamente a lo expuesto por el apelante, pero cuando ambas partes
hayan apelado toda la sentencia o cuando quien no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitación.

39.En ese sentido, comoquiera que solamente apeló la parte demandada, la
resolución del caso en esta instancia se ceñirá a los argumentos expuestos en el
recurso de alzada.

2.2. Problema jurídico

40.De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, el
problema jurídico se contrae a resolver los siguientes interrogantes:

¿Entre el señor Giovanni Alberto Mira Monsalve y el municipio Medellín existió
41.

una relación laboral encubierta en el período reclamado en la demanda por
configurarse el elemento de la subordinación?

3
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
4 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.»
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De acreditarse lo anterior, se estudiará si sobre tal vínculo contractual acaeció
42.

en todo o en parte el fenómeno de la prescripción trienal y si la parte actora tiene
derecho al pago de las prestaciones sociales invocadas en la demanda.

2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente

43. En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.

44. En lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios el numeral
3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, señala que no son fuente de una relación
laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
embargo, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración.

45. En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la
Sección Segunda del Consejo de Estado reiteró ciertos criterios elaborados por
la jurisprudencia para identificar, en el marco de los contratos de prestación de
servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto requisito sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, ii) el horario de las labores, iii) la dirección y control efectivo
de las actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi
o con la inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o
disciplinario de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a desarrollar
correspondan de manera idéntica, semejante o equivalente a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral5.

46. En ese orden de ideas, cuando se acredite que el servicio se prestó de
manera personal, fue remunerado y en el desarrollo del mismo se siguieron - en
cualquier momento -órdenes o instrucciones, -en cuanto al modo, tiempo o
cantidad de trabajo-, y/o el contratante impuso reglamentos al
contratista, que desbordan la coordinación que debe existir entre ellos a la hora
de ejecutar el objeto contractual, se da paso a la continuada dependencia propia
de los vínculos de trabajo y se configura la relación laboral encubierta, pues el
contratista no ejerció su labor con independencia.

2.4. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico

47.Conforme los documentos que obran en el plenario, se advierte que el
demandante suscribió contratos de prestación de servicios con «Metrosalud» en
los períodos y por los objetos que a continuación se detallan:

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Número de Objeto contratado Inicio Finalización Valor
Contrato
1799 Prestación de servicios 21 de agosto de 20 de noviembre $7.860.474
profesionales como cogestor para 2012 de 2012
desarrollo del programa Medellín
Solidaria: familias Medellín y
auspicio del mínimo vital de agua
potable
3450 Prestación de servicios 22 de noviembre 21 de diciembre $2.620.158
profesionales como cogestor para de 2012 de 2012
desarrollo del programa Medellín
Solidaria: familias Medellín y
auspicio del mínimo vital de agua
potable
0607 Prestación de servicios 8 de enero de 31 de enero de $2.008.788
profesionales como cogestor para 2013 2013
desarrollo del programa Medellín
Solidaria: familias Medellín y
auspicio del mínimo vital de agua
potable
1498 Prestación de servicios 5 de febrero de 30 de septiembre $21.114.833
profesionales como cogestor para 2013 de 2013
desarrollo del programa Medellín
Solidaria: familias Medellín y
auspicio del mínimo vital de agua
potable
3865 Prestación de servicios 1 de octubre de 15 de diciembre $6.710.223
profesionales como cogestor para 2013 de 2013
el desarrollo del programa
Medellín solidaria contrato
interadministrativo No.
4600050289 de 2013
1538 Prestación de servicios 24 de enero de 28 de febrero de $3.379.046
profesionales como cogestor 2024 2014
social para el desarrollo del
programa Medellín solidaria
953 Prestación de servicios 2 de febrero de 31 de mayo de $11.427.761
profesionales como cogestor 2015 2015
social – metodología 1 para el
acompañamiento familiar y
gestión de oportunidades sociales
a los hogares focalizados en el
programa Medellín solidaria
2760 Prestación de servicios 2 de junio de 2015 27 de noviembre $17.190.478
profesionales como cogestor de de 2015
familia para el acompañamiento
familiar y gestión de
oportunidades sociales a los
hogares focalizados en el
programa Medellín solidaria
813 Prestación de servicios 8 de febrero de 19 de junio de $16.455.973
profesionales como cogestor de 2016 2016
familia para realizar acciones de
acompañamiento familiar,
acercamiento de oportunidades,
acciones comunitarias y gestión
de redes de apoyo social para la
población que se atiende a través
de la unidad familia Medellín
2938 Prestación de servicios 19 de agosto de 1 de noviembre de $7.415.329
profesionales como cogestor de 2016 2016
familia para el programa de
acompañamiento integral y
gestión de redes de apoyo social
para la población que se atiende a
través de la unidad familia
Medellín
3904 Prestación de servicios 3 de noviembre de 18 de noviembre $1.625.281
profesionales como cogestor de 2016 de 2016
familia para el programa de
acompañamiento integral y
gestión de redes de apoyo social
para la población que se atiende a

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Demandante: Giovanni Alberto Mira Monsalve

través de la unidad familia
Medellín
4213 Prestación de servicios 1 de diciembre de 20 de diciembre $2.234.761
profesionales como cogestor de 2016 de 2016
familia para el programa de
acompañamiento integral y
gestión de redes de apoyo social
para la población que se atiende a
través de la unidad familia
Medellín

48.De igual modo, con los certificados expedidos el 3 de julio de 2014 por
Concívica Fundación Humaniza se acreditó que el actor prestó sus servicios
como cogestor social mediante contrato de prestación de servicios entre el 1 y el
30 de abril de 20145, y posteriormente entre el 1 de mayo y el 14 de diciembre
de 2014 por contrato de obra o labor, los cuales tuvieron como objeto el
«acompañamiento familiar y la gestión de oportunidades sociales a los hogares
focalizados en el programa Medellín Solidaria», en desarrollo del convenio
suscrito entre el municipio de Medellín y la Fundación Concívica.

49.Ahora bien, la Subsección no desconoce que en el expediente obra
constancia de certificados que ponen de presente la prestación del servicio del
demandante en el programa Medellín Solidaria a través de la suscripción de
contratos de trabajo con la Corporación Interuniversitaria de Servicios CIS entre
el 28 de abril de 2009 y el 18 de noviembre de 2011 6. Sin embargo, como
respecto de ellos no se efectuó análisis en primera instancia y el demandante no
manifestó oposición alguna, la Subsección no se referirá a estos tiempos en esta
instancia con el fin de respetar los límites del recurso de apelación y garantizar
el principio constitucional de la no reformatio in pejus frente al apelante único,
que en este caso es el municipio de Medellín.

En síntesis, se encuentra demostrado que el demandante prestó sus servicios
50.

entre el 21 de agosto de 2012 y el 28 de febrero de 2014, y entre el 2 de febrero
de 2015 y el 20 de diciembre de 2016 como cogestor de familia del programa de
acompañamiento integral Medellín Solidaria, mediante contratos de prestación
de servicios suscritos con la ESE Metrosalud.

51.Asimismo, prestó sus servicios entre el 1 y el 30 de abril de 2014 —mediante
contrato de prestación de servicios— y entre el 1 de mayo y el 14 de diciembre
de 2014 —por contrato de obra o labor— suscritos con la Fundación Concívica,
para realizar actividades igualmente relacionadas con el acompañamiento
integral en el programa Medellín Solidaria.

52.Por otro lado, la contraprestación recibida por el demandante en la ejecución
de sus actividades se acredita con los contratos que suscribió con Metrosalud, y
los certificados expedidos el 3 de julio de 2014 por la Oficina de Recursos
Humanos de la Fundación Concívica7.

5 Folio 30 cuaderno 1 del expediente físico.
6 Folio 26 cuaderno 1 del expediente físico.
7 En efecto, en estos certificados se indicó que el actor devengó mensualmente, entre el 1 y el 30 de abril

de 2014 devengó $2.817.495. Además, entre el 1 de mayo de 2014 y el 14 de diciembre de 2014 $1.852.000.
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53.S obre la continuada subordinación y dependencia, se recuerda que
consiste en la facultad que le asiste al empleador para exigirle al trabajador el
cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o
cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo
el tiempo de duración del contrato.

54.Para estudiar este elemento, la Subsección considera necesario remitirse a
los criterios que para el efecto dispuso la Corporación en la sentencia de
unificación SUJ-025-CES2- 2021.

55.En cuanto al lugar de trabajo del demandante, del análisis integral de las
pruebas la Subsección concluye que este se desarrollaba en diferentes lugares
de la ciudad de Medellín.

56.En efecto, al analizar los objetos contractuales y la finalidad del programa
Medellín Solidaria, se concluye que la principal función de los cogestores —
actividad que realizaba el actor— consistía en la gestión y promoción de la oferta
social de los programas institucionales, así como en el acompañamiento familiar,
lo cual en la práctica se materializaba mediante visitas a los hogares beneficiarios
del programa8.

57.Por su parte, el testigo Ramiro Fernández Márquez, al ser interrogado sobre
las actividades que realizaba el demandante, explicó que este debía efectuar
visitas a diferentes familias en la ciudad, acudir a los hogares en situación de
vulnerabilidad vinculados al programa y atender las problemáticas que se
encontraran dentro de su ámbito de competencia9.

En similar sentido, la testigo Alexandra María Carmona Tamayo —quien
58.

manifestó haberse desempeñado como cogestora del programa Medellín
Solidaria desde el año 2012— indicó que dentro de las funciones del actor se
encontraba el acompañamiento a múltiples hogares mediante intervenciones de
carácter psicosocial, con el fin de cumplir las finalidades del programa Medellín
Solidaria10.

En ese orden, se evidencia que las actividades del demandante se
59.

desarrollaban principalmente en lugares externos a la sede física de las
entidades vinculadas al programa, dado que la actividad esencial del cargo

8 Ver por ejemplo anexo de las actividades realizadas por los cogestores sociales a folio 39 del cuaderno 1

del expediente físico: «Objetivo del proceso: Gestionar la promoción social de los hogares del programa a
través de estrategias de acompañamiento familiar y gestión de oportunidades sociales, para contribuir a su
autonomía, alrededor de las nueve dimensiones del desarrollo humano que promueve el programa».
9 En concreto, la declaración del testigo sobre este particular fue la siguiente: «Pregunta: Cuéntenos qué

hacía el señor Giovanni Alberto Mira en ese programa. Contestó: Era igual que yo, cogestor social. Hacía el
acompañamiento familiar a las diferentes visitas, a las diferentes familias del programa Medellín Solidaria.
Pregunta: ¿Y qué actividades debía hacer el señor Giovanni como cogestor social? Contestó: Teníamos la
misma, hacer el acompañamiento familiar, ir a las casas vulnerables del programa, acercarles a las ofertas
institucionales y resolver los problemas que tuviera a nuestro alcance, siempre y cuando no hubieran las
herramientas necesarias para cumplir con ese deseo».
10 En detalle la testigo dijo lo siguiente: «Pregunta: Es tan amable, usted puede precisar un poco cuáles eran

las funciones que como cogestor social realizaba el señor Giovanni Mira en el programa Medellín Solidaria
cuando ustedes lo conocieron en esas actividades. Contestó: Como cogestor social, las funciones eran
varias. Era el acompañamiento familiar a más o menos 120, 130 hogares. Ese acompañamiento familiar
pues era muy desde la experticia psicosocial que cada uno maneja con una metodología pues que daba
línea el programa (…)».
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consistía en el acompañamiento a población y familias vulnerables de la ciudad
de Medellín mediante visitas domiciliarias.

60. En cuanto al horario de trabajo, la Sala considera que los elementos que
reposan en el plenario no son suficientemente claros respecto a una posible
imposición de este elemento por parte del municipio de Medellín.

No se advierte documento alguno u otro medio probatorio que permita
61.

establecer las franjas horarias en las que la demandante desarrolló sus
actividades.

62.Respecto a los testigos, se tiene que el señor Ramiro Fernández Márquez
manifestó que tanto él como el demandante —dado que ambos prestaban el
mismo servicio— debían cumplir con un horario de entrada y salida y la señora
Alexandra María Carmona Tamayo, respondió que todos los cogestores
desarrollaban sus funciones entre las ocho de la mañana y, como máximo, las
cuatro de la tarde, por los protocolos de seguridad establecidos por la Alcaldía
de Medellín11, sin embargo, aclaró que los cronogramas de visitas eran
elaborados por ellos mismos. En particular, explicó que el actor determinaba el
número de visitas que realizaba diariamente y que, una vez organizadas debía
cumplir con ellas12.

63.En ese hilo, la Subsección considera que en el relato del señor Fernández
Márquez, no se observa manifestación alguna relacionada con la persona que le
impuso al demandante el horario de trabajo y si pertenecía a la planta de personal
del ente territorial, por lo tanto, no se puede afirmar que durante la ejecución de
los contratos estuvo obligado por la demandada a cumplir una jornada laboral.

1. En ese orden, la jurisprudencia de esta Corporación13 ha precisado que el
cumplimiento de un horario, analizado de manera aislada, resulta insuficiente
para declarar la existencia de un vínculo laboral. En los contratos de prestación
de servicios estatales, la exigencia de disponibilidad temporal constituye un
parámetro lógico de coordinación, medida con la que se busca garantizar la
correcta ejecución del objeto convenido y la armonía con el funcionamiento
institucional, por tanto, la jornada señalada por uno de los testigos carece de la
contundencia necesaria para probar, de forma autónoma e inequívoca, la
sujeción disciplinaria propia de la continua dependencia.

11 En particular la deponente sobre este particular dijo lo siguiente: «Pregunta: Usted tiene conocimiento si
en el caso del señor Mira, él tenía algún horario de trabajo que cumplir o alguna meta específica que le
exigieran cumplir en el desarrollo de sus actividades. Contestó: Claro que sí, había horario para cumplir,
todos los cogestores tenían horarios y Giovanni tenía su horario de 8 a máximo 4 de la tarde según la
comuna donde estuviera y según la situación de violencia que se estuviera dando dentro de la comuna.
Incluso desde la misma alcaldía de Medellín teníamos un, como algo de seguridad, voy a explicarlo, desde
allá nos hacían unas o le hacían unas llamadas a Giovanni y a todos los cogestores, una en la mañana para
verificar si ya estaba entrando a territorio y otra en la tarde para verificar si ya estaba a punto de salir o si
había tenido alguna novedad de la parte de seguridad. Entonces eran unos horarios que había que cumplir
toda la semana y adicional a eso habían unas metas de visitas. En algunos momentos eran 17 visitas
semanales y en algunos momentos según la situación que se tuviera que presentar de indicadores o de
metas a cumplir desde el municipio se subían a 23 visitas familiares en la semana».
12 En detalle la testigo dijo: «Pregunta: ¿Quién elaboraba ese cronograma señora Alexandra? Contestó: El

cogestor, en este caso Giovanni, él lo elaboraba y decía bueno el lunes voy a dar un ejemplo, el lunes voy
a trabajar tres familias o cuatro familias, el martes tal, el miércoles tal y se pasaba el cronograma. Y a partir
de ese cronograma se tenía que cumplir ese horario del cronograma (…)».
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 3 de octubre de 2022. Radicado: 25000-23-42-000-2013-04575-

01 (2611-2016).

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64.En cuanto a la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar,
debe reiterarse que esta se refiere al control y manejo directo de la entidad
contratante sobre las actividades ejecutadas por el contratista, lo cual es un
requisito fundamental a efectos de constatar la existencia o no del elemento de
subordinación. De forma que, para probar este vínculo debe la parte demandante
probar que se encontraba dentro del círculo rector, disciplinario y organizativo de
la entidad, a modo tal que se concluya que las actividades ejecutadas eran
dirigidas de manera contundente por la contratante.

65.En el recurso de apelación, se censuró la decisión del Tribunal de declarar la
existencia de una relación laboral encubierta, al señalar que el municipio de
Medellín no suscribió, en calidad de contratante, ninguno de los contratos en los
que el actor fundamenta la prestación de sus servicios. En consecuencia, sostuvo
que, en caso de demostrarse la existencia del contrato realidad, la
responsabilidad derivada de dicha situación debe recaer en las entidades con las
cuales el demandante celebró formalmente los contratos.

66.La Subsección discrepa de la postura de la entidad. Si bien entre las partes no
se celebraron acuerdos contractuales, lo que solicita el actor es que, a pesar de
que formalmente el municipio de Medellín no fue su contratante, en esencia
fungió como tal; por lo que, en virtud del principio constitucional de la realidad
sobre las formas, lo procedente es la declaratoria de la relación laboral entre
ambas partes.

67.En consecuencia, la pretensión del demandante se orienta a que se declare
que sus contratantes actuaron como simples intermediarios y que el verdadero
empleador fue la entidad territorial demandada, circunstancia que torna
procedente el estudio de este planteamiento tanto en la sentencia recurrida como
en esta instancia, y en modo alguno trasgrede los derechos de la demandada o
el debido proceso de la actuación, como se adujo en el recurso.

68.Ahora bien, debe recordarse que si bien esta Corporación14 ha sostenido que
el ordenamiento jurídico prohíbe el uso del trabajo a través de la intermediación
como mecanismos para que el Estado evada sus obligaciones laborales, también
ha precisado que la existencia de una tercerización laboral exige que quien la
alega demuestre los tres elementos constitutivos de una relación laboral directa
con la entidad pública que se señala como empleadora real, especialmente la
subordinación, elemento que sostiene la recurrente no se probó en este caso.

69.Para la Subsección le asiste razón a la entidad, pues del análisis integral del
material probatorio no se desprende que el municipio de Medellín hubiera
ejercido dirección o control efectivo sobre las actividades desarrolladas por el
señor Mira Monsalve.

70.En efecto, respecto del direccionamiento del servicio, la señora Alexandra
María Carmona Tamayo indicó que era la Alcaldía de Medellín, a través de sus
diferentes secretarías, quien definía las familias sobre las cuales se realizarían

14 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. 63001-2333-000-2016-00304-01 (5271-2022) y

76001-23-33-000-2016-00058-01 (2752-2022) C.P: Luis Eduardo Mesa Nieves.
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los acompañamientos dentro del programa, conforme a la información registrada
en el SISBEN15.

71.A la testigo también se le interrogó acerca del grado de autonomía que tenía
el demandante en el desarrollo de sus actividades como cogestor social, a lo que
respondió que no era completamente independiente, en tanto debía cumplir un
orden de visitas establecido en el cronograma y aplicar determinadas
metodologías que orientaban, paso a paso, la ejecución del servicio. No obstante,
señaló que el actor sí contaba con libertad en la forma de desarrollar las sesiones
educativas que brindaba a las familias visitadas, particularmente en temas
relacionados con el trato o la denominada «disciplina positiva» en el hogar 16.

72. A partir de estas declaraciones, la Subsección no observa indicios de un
direccionamiento directo por parte del municipio de Medellín sobre las actividades
desarrolladas por el actor, pues únicamente se le atribuye la escogencia de los
grupos familiares que resultaban beneficiados con el programa Medellín
Solidaria, circunstancia que por sí solo no acredita el elemento de la
subordinación. En ese orden, los testigos no expresaron que algún funcionario
de la entidad territorial estableciera las condiciones de tiempo y modo en que el
demandante debía ejecutar sus labores; tampoco refirieron aspectos que
permitan establecer que la autonomía de este fue afectada por instrucciones
directas del municipio de Medellín.

73.Sumado a ello, se tiene que lo manifestado por el testigo Ramiro Fernández
Márquez, no prueba con suficiencia la posible existencia de órdenes o
direccionamientos respecto del servicio prestado por el actor, pues explicó de
manera clara que no tenía conocimiento directo sobre el desarrollo cotidiano de
sus funciones dado que desempeñaban sus actividades en distintos ámbitos de
trabajo y únicamente coincidían los fines de semana o en la sede del programa
para entregar los informes correspondientes17.

15 En concreto la testigo dijo lo siguiente: «Pregunta: Es tan amable nos dice si el señor Giovanni Mira era
quien definía cuáles eran las familias a las cuales él hacía el acompañamiento familiar. Contestó: No, eso
venía directamente desde la alcaldía con una de sus secretarías (…) esa secretaría tenía las bases de datos
de las familias que hacían parte del SISBEN y a partir de esa información entonces digamos que se
priorizaban estas familias para la atención de los cogestores sociales. Era realmente desde la alcaldía de
Medellín que se iban asignando las familias a priorizar y acompañar y luego se le entregaba a la directora
técnica del programa Medellín Solidaria y esa directora técnica pues pasaba las bases de datos a los
gestores que eran entre comillas los coordinadores y estos coordinadores asignaban cada base de datos a
cada cogestor social, o sea que no era que quisiera atender a esas familias sino que ya eran asignadas
desde arriba».
16 En detalle todo lo anterior fue desarrollado por la testigo en los siguientes términos: «Pregunta: Sírvase

indicar si la demandante tenía la potestad de manejar de manera autónoma las actividades que le
correspondía realizar como cogestor social, ósea si el podía autónomamente decidir las visitas, el tipo de
datos, etcétera Contestó: Él no podía ser autónomo de hacer como su propio orden del día para las visitas,
no. Vamos a empezar como con la parte del cronograma. El cronograma se tenía que pasar semana a
semana al gestor, que entre comillas es el coordinador del equipo de cada sede. Y él verificaba con el
analista de que las visitas fueran pertinentes porque eran del mismo sector; que estuvieran también en el
proceso de la misma metodología que él iba a trabajar y que adicional a eso fueran familias que estuvieran
en un proceso de más o menos de dos meses el tiempo dicho para cada visita. Entonces él debía con
antelación pasar ese cronograma para poder ser verificado. Fuera de eso, el programa Medellín Solidaria
tenía dos metodologías. En ese momento del 2012 tenía una sola metodología y tenía un paso a paso que
cada cogestor debía hacer con el grupo familiar y adicional a ese paso a paso estaba también en el
computador que Giovanni llevaba, le iba dando el paso a paso. ¿En qué sí era libre Giovanni? En la micro
sesión educativa. En la micro sesión educativa era, digamos, la experticia que tiene el profesional para
observar qué necesitaba la familia en ese momento para poder trabajar»
17 En concreto, este testigo sobre el particular dijo lo siguiente: «Pregunta: Cómo era la forma en la cual el

señor Giovanni Mira podía o debería realizar las actividades como cogestor social en el programa Medellín
Solidaria. Contestó: Doctor, él tenía su cobertura y yo tenía la mía. Entonces, cuando él hacía sus visitas,
eran independientes las mías y yo no tengo conocimiento de cómo hacía las visitas porque él tenía su
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74.Por otra parte, la Subsección observa que ambos declarantes18 consideraron
que un aspecto esencial de sus actividades —y las del demandante— era la
presentación de informes, lo que para el Tribunal era un indicio claro de
subordinación.

75.Ese planteamiento del a quo no se comparte, puesto que la Sala ha sostenido
que la exigencia de informes no comporta, por sí misma, la existencia de
subordinación; antes bien, constituye un mecanismo orientado a garantizar la
correcta ejecución del objeto contractual, en atención al deber de seguimiento
que asiste al contratante respecto del desarrollo del objeto del contrato. Ello, más
que evidenciar subordinación, da cuenta de una relación de coordinación entre
las partes.

76.Frente a la afirmación de los testigos relacionada con que la entidad territorial
proporcionaba los insumos necesarios para desarrollar las actividades, así como
los elementos que identificaban al contratista con el programa de Medellín
Solidaria19, la Subsección considera que este hecho no resulta concluyente para
acreditar la subordinación, puesto que, dentro de los parámetros propios de la
coordinación contractual, el contratante se encuentra facultado para suministrar
algunos insumos necesarios para la satisfacción del objeto convenido 20.

77.En el proceso obran también como pruebas documentales, 21 correos
electrónicos, los cuales se clasifican en dos grupos: i) correos reenviados por
personal perteneciente al grupo de Medellín Solidaria a un número de personas;
y, ii) correos enviados por personal del grupo de Medellín Solidaria directamente
al demandante, junto con otras personas.

cobertura de X cantidad de familias y yo tenía las mías. Simplemente que nos reuníamos los fines de semana
o en la sede donde nos encontramos para entregar los informes, pero en las salidas a campo cada uno era
responsable de su actividad».
18 La señora Carmona Tamayo indicó sobre este punto lo siguiente: «Pregunta: Habla usted también que

dentro de las funciones que realizaba el señor Giovanni Mira era la de presentar unos informes, quiere
decirnos qué tipo de informes realizaba el señor Mira. Contestó: Claro que sí pues los informes eran informes
de gestión de lo que se hacía mes a mes en relación a cada familia, se pasaba teníamos, tenía acceso a
unas bases de datos de sus grupos familiares y debía de contar un poco cómo iba el proceso de cada familia
en esos informes, a qué estaban ofertando estas familias, cuáles de esas familias que él acompañaba
habían accedido por ejemplo a comisarías de familia, habían accedido al mínimo vital, qué familias de las
que él acompañaba se lograron postular a ciertas oportunidades que estaban ofreciendo en el municipio en
ese momento».
Por su parte, el señor Fernández Márquez expresó lo siguiente: «Pregunta: don Ramiro. ¿Es tan amable?
¿Nos puede informar si el señor Giovanni Mira, una vez que realizaba esas visitas y acompañamiento, debía
realizar algún informe? Contestó: Sí, teníamos que realizar unos informes semanales de toda la actividad
que hacíamos en el transcurso de la semana, entregadas de informes y de inconvenientes que ocurrieran
en las familias en caso de que así sucediera. Pero semanalmente se rendían los informes de las actividades
que realizamos mediante el proceso de acompañamiento familiar».
19 La señora María Carmona Tamayo indicó lo siguiente: «(…) Entonces, bueno, eso en cuanto a la parte

pues de ingresar la información adicional a eso se tenía una gorra que decía alcaldía de Medellín, programa
Medellín solidaria, se tenía un carnet que se sacaba directamente en el sótano de la alcaldía de Medellín
donde decía el nombre de cada cogestor social, donde decía el cargo cogestor social o lo que fuese y
adicional a eso tenía el logo de la alcaldía de Medellín y el lema o lo que había en ese momento en la
administración. Había un chaleco que digamos se utilizaba para poder ser distinguidos en las comunidades
en el territorio donde decía en una parte Medellín solidaria y en la otra parte alcaldía de Medellín y adicional
a eso un bolso que se entregaba a cada cogestor para poder guardar su información con los mismos
indicaciones (…)».
Por su parte, el señor Ramiro Fernández Márquez indicó lo siguiente: «Pregunta: ¿Sabe usted si el señor
Giovanni, cuando realizaba sus actividades como cogestor social, tenía alguna prenda que lo identificara
como cogestor del programa Medellín Solidaria en el municipio de Medellín? Contestó: Sí, doctor. Teníamos
un chaleco y un carné y los computadores y los formatos todos tenían el logotipo de la alcaldía de Medellín».
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 29 de julio de

2021, expediente:3536-2018, magistrado ponente: William Hernández Gómez.
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78. En el primer grupo, la Subsección destaca los siguientes correos:

74.1. El 15 de octubre de 2014 la gestora local del programa indicó que no
estaría «el día de mañana y el viernes en la Sede» por lo que expresó que se
debían realizar las actividades asignadas (visitas de acompañamiento familiar), y
el viernes 17 de octubre se realizaría a las 8:40 a.m. una reunión en el auditorio
la Quintana, con la profesional local en oportunidades, socialización y
capacitación con el analista de sistema;
74.2. el 9 de febrero de 2015 la gestora local del programa de la Unidad de Familia

Medellín envió a múltiples personas información en la que se puso de presente
la realización de una reunión donde se daría información vital para las personas
que tuvieran «hogares de su anterior cobertura», asimismo se indicó que se
entregarían los kits escolares;
74.3. el 26 de febrero de 2015 la gestora local del programa informó a un número

plural de personas que se recogerían el viernes los bancos de historia de las
familias potenciales a promover;
74.4. el 7 de abril de 2015 nuevamente la gestora local del programa les indicó
a los cogestores que tenían información «pendientes por corregir»;
74.5. el 9 de septiembre de 2015 el analista local del programa a los destinatarios

que a partir de la semana siguiente a la remisión del correo empezarían a
entregar las fichas de servicio y a partir del 26 de octubre «el paquete completo»;
74.6. el 24 de septiembre de 2015 la gestora local remitió información relativa a
la realización de una reunión el 25 de septiembre de 2015;
74.7. el 7 de octubre de 2015 la gestora local indicó la realización de una reunión
de equipo para «la actividad de fortalecimiento metodológico»;
74.8. el 5 de noviembre de 2015 la gestora local informó respecto de la
realización de una reunión el 6 de noviembre de 2015;
74.9. el 21 de octubre de 2015 la gestora local indicó la realización de una
reunión el viernes 23 de octubre de 2015, con el fin de tocar temas relacionados
con la organización metodológica y actividades varias de la sede;
74.10. el 22 de noviembre de 2015 la gestora local remitió a los receptores del
mensaje sobre la no realización de visitas a ciertos hogares durante el año en
curso, en consecuencia, se solicitó la entrega de un documento donde se indique
la explicación por la no realización de las visitas; y,
74.11. el 31 de octubre de 2016 la gestora local indicó que el 1 de noviembre de
2016 se recibirían las devoluciones pendientes y la reunión de cierre.

79.De estos documentos, la Sala observa que las comunicaciones fueron
impersonales, dirigidas por otro gestor a múltiples personas, y contenían en gran
parte información necesaria para la ejecución de las labores en el marco del
programa Medellín Solidaria, pero de ellos no es posible concluir que se trataran
de comunicaciones enviadas por personal de planta del ente territorial como
tampoco se puede afirmar que contienen órdenes o direccionamientos dirigidos
al demandante para prestar los servicios contratados por las empresas o
entidades distintas al ente municipal.

80.Se destaca que el hecho de que en el correo del 22 de noviembre de 2015 se
solicitara a los destinatarios información relacionada con la no realización de
determinados servicios tampoco evidencia la existencia de direccionamientos
específicos sobre la actividad del actor, dada la generalidad del mensaje y
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tampoco se tiene claridad que ella proviniera directamente del municipio de
Medellín. En todo caso, el hecho de que el coordinador del servicio solicite a los
gestores información sobre posibles incumplimientos del objeto contractual no
denota subordinación, sino que responde al deber de seguimiento y coordinación
que asiste al contratante respecto de las actividades desarrolladas por el
contratista conforme a lo señalado en la Ley 80 de 1993.

81.Y en el segundo grupo21 de correos solo se encuentra el enviado el 8 de
marzo de 2016 al demandante donde se le convocó para el día siguiente a la
primera sesión de asesoría individual en el CIF a las 3:30 p.m., que, si bien es
cierto cita a reunión como en otros emails del primer grupo referenciados, no
puede concluirse la existencia de direccionamientos sobre la prestación de su
servicio. Ello, por cuanto más allá de dichas citaciones, no obran en el expediente
otros elementos de juicio que permitan determinar el desarrollo de ellas, si el
demandante efectivamente asistió, si recibió órdenes por parte de la entidad
demandada o si, en caso de no asistir, se le efectuó algún llamado de atención.

Por lo demás, dentro de los demás documentos que reposan en el expediente
82.

únicamente se destacan los contratos suscritos por el actor y sus respectivos
certificados, los contratos interadministrativos celebrados entre el municipio de
Medellín y la ESE Metrosalud, las planillas de visitas realizadas por el
demandante y diversos documentos que describen la manera en que se
desarrollaba el programa Medellín Solidaria. En consecuencia, de dichas pruebas
tampoco se desprenden indicios que permitan inferir la existencia de
subordinación en la prestación del servicio del actor.

83.En cuanto al argumento de primera instancia relacionado con que las labores
del demandante coadyuvaron a la consecución del objeto misional del centro
asistencial, la Sala reitera que, conforme al numeral 3 del artículo 32 de la Ley
80 de 1993 se permite la celebración de contratos de prestación de servicios para
«desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de
la entidad». Además, conforme las minutas contractuales suscritas por el actor y
los documentos de la estructura y funcionamiento del municipio de Medellín, se
extrae que con su servicio se satisfizo un programa institucional de políticas
públicas focalizadas en la ciudad, pero no se comprobó que en su ejecución
estuvo subordinado al ente territorial.

84.En suma, siguiendo lo establecido en el artículo 167 del Código General del
Proceso «[…] incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen»; por lo que era a la actora
a quien le correspondía probar los supuestos de hecho de la configuración de la
relación encubierta que alegó que existió entre su persona con la entidad a través
de las pruebas pertinentes, suficientes y útiles del caso, tal y como se ha
sostenido la Subsección en casos anteriores22.

21
Correo enviado por personal del grupo de Medellín Solidaria directamente al demandante, junto con
otras personas.
22 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia

de 28 de noviembre de 2024. Expediente: 05001-23-33-000-2016-01020-01 (1379-2023). CP Luis Eduardo
Mesa Nieves.
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85.Lo anterior, pues «si bien no puede decirse que existe una prueba reina para
demostrar el elemento de la subordinación y dependencia continuada, esta Sala
si ha considerado que para acreditar este elemento de la relación laboral, deben
aportarse aquellas que permitan acreditar fehacientemente que el contratista no
ejercía su actividad, para la cual fue contratado, en forma autónoma e
independiente, sino que debía someterse ineludiblemente a las órdenes e
instrucciones de funcionarios de la entidad, en las circunstancias de tiempo,
modo y lugar que estos impusieran»23.

86.Por tanto, al no probarse el elemento de la subordinación en la relación
contractual existente entre las partes, la Sala revocará la sentencia de primera
instancia que accedió parcialmente las pretensiones de la demanda, para en su
lugar negarlas. Por sustracción de materia, no se estudiará el segundo problema
jurídico.

2.5. De la condena en costas en segunda instancia

87.La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

88.La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

89.En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

90.En el caso concreto —tal como solicitó la entidad con el recurso de apelación—
procede la condena en costas a la parte demandante, pues, la sentencia de
primera instancia será revocada, y prosperan los reparos del recurso en cuanto
a que no se acreditó el elemento de subordinación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal.

23 Sentencia de 20 de abril de 2023; Sección Segunda, Subsección A, radicado 000 2014 00007 01 C.P

Gabriel Valbuena Hernández.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 17
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2019-02913-01 (6152-2024)
Demandante: Giovanni Alberto Mira Monsalve

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 30 de julio de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda, en su lugar, NEGAR, las pretensiones
invocadas por Giovanni Alberto Mira Monsalve, de acuerdo con las razones
expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas en ambas instancias al demandante,
conforme la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el
expediente al tribunal de origen

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 18
www.consejodeestado.gov.co

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