Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-00449-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-00449-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2021-00449-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
20 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicado : 05001-23-33-000-2021-00449-01 (5803-2023)
Demandante : Gloria Betty Henao López
Demandados : Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio
Medio de : Nulidad y restablecimiento del derecho
control
Tema : Reconocimiento pensional sin exigir el retiro del servicio
Decisión : Sentencia de segunda instancia
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por las partes demandante y
demandada, contra la sentencia proferida el diecisiete (17) de abril de dos mil veintitrés
(2023) por el Tribunal Administrativo de Antioquia1, mediante la cual accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
1.1. Pretensiones
La señora Gloria Betty Henao López, por intermedio de apoderado judicial, presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, con el propósito que se declare la
nulidad de las resoluciones núm. 005300 del 5 de mayo de 2016 y 201750007637 del 14
septiembre de 2017, mediante las cuales se le negó el reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación a la edad de 55 años y 20 años de servicio, sin exigir el retiro
definitivo del cargo docente, de conformidad con lo establecido en la Ley 33 de 1985.
Las pretensiones son del siguiente contenido:
“Condenar a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOICALES DEL MAGISTERIO, a que se me reconozca y pague una pensión de
1
Sala conformada por las magistradas Claudia Patricia Peñuela Arce y Francy del Pilar Pinilla Pedraza y el magistrado Iván Hernando
Prada Macías.
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Número Interno: 5803-2023
Demandante: Gloria Betty Henao López
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
jubilación por aportes, equivalente al 75% de los salarios y las primas recibidas, anteriores al
cumplimiento del status jurídico de pensionada, es decir a partir del 05 DE FEBRERO DE 2013,
por haber completado las 1.000 semanas de aportes y los 55 años de edad sin exigir el retiro
definitivo del cargo, para proceder a su cancelación, en compatibilidad con el salario en la docencia
oficial. (…)”.
1.2. Hechos
La parte actora relató, en síntesis, los siguientes:
La demandante nació el 5 de febrero de 1958, por lo que a la fecha de presentación de
la demanda tenía más de 55 años de edad.
Prestó sus servicios como docente para el Departamento de Antioquia desde 1978 hasta
1998 y, a través de contratos de prestación de servicios para el Municipio de Medellín
durante el año 2003.
El 16 de febrero de 2014, se vinculó en propiedad como docente en el Municipio de
Medellín, cargo que ha desempeñado hasta la fecha de presentación de la demanda,
acumulando un tiempo total de 9596 días al 5 de febrero de 2015.
El 7 de septiembre de 2015, solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación, por lo
que la Secretaría de Educación del Municipio de Medellín, a través de Resolución núm.
5300 del 5 de mayo de 2016 reconoció la pensión en aplicación de la Ley 812 de 2003
en consonancia con el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y 9.º de la Ley 797 de 2003.
Contra la anterior resolución interpuso recurso de reposición que fue resuelto
favorablemente por la entidad a través de Resolución núm. 201750007637 del 14 de
septiembre de 2017 en sentido de incrementar el monto pensional.
1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como normas violadas, se invocaron las siguientes:
Los artículos 1.° de la Ley 33 de 1985; 15 de la Ley 91 de 1989; 6.º de la Ley 60 de 1993;
115 de la Ley 115 de 1994; 279 de la Ley 100 de 1993; 81 de la Ley 812 de 2003; 1 y 2
del Decreto 3752 de 2003.
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Número Interno: 5803-2023
Demandante: Gloria Betty Henao López
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Al efecto, argumentó que el artículo 1.° de la Ley 33 de 1985 permitió a los empleados
públicos acreditar 20 años servicio para, de esa manera, al cumplir 55 años de edad,
adquirieran el derecho pensional, norma que es aplicable a los docentes vinculados antes
de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, quienes por virtud del artículo 81 de esta
última norma mantendrían el régimen anterior.
2. Contestación de la demanda
La entidad demandada se opuso a las pretensiones de la demanda, bajo el argumento que
el régimen aplicable a la docente es el consagrado en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003,
que dispuso que los docentes que se vinculen con posterioridad a su entrada en vigor, en
materia pensional se regirían por la Ley 100 de 1993.
3. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Antioquia mediante sentencia del 17 de abril de 2023
accedió a las pretensiones de la demanda e impartió las siguientes órdenes:
“PRIMERO. DECLARAR la nulidad de las Resoluciones No. 005300 del 5 de mayo de 2016 y No.
201750007637 del 14 septiembre de 2017, de acuerdo con lo expuesto en precedencia.
SEGUNDO. ORDENAR a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, reconocer y pagar una pensión de jubilación a Gloria Betty Henao López
cuando acredite el retiro definitivo del servicio, en la cual deberá determinar, de acuerdo con los
siguientes parámetros y con lo expuesto en precedencia, cuál régimen pensional es más favorable
en ese momento para la demandante, específicamente en lo relacionado con la tasa de remplazo o
monto de la pensión.
Régimen / Ley 33 de 1985 con Docente con
Elementos régimen de transición vinculación a
partir de la Ley
812 de 2003
Edad 55 años 57 años
Tiempo de 20 años Depende de
servicio semanas de
cotización
exigidas a la fecha
de causación
L.100/93
Tasa de 75% 55% - 65% a
reemplazo o 70,5% - 80%
monto
IBL 10 años anteriores al 10 años
reconocimiento de la anteriores al
pensión reconocimiento de
la pensión
Factores Dto. 1158/94 Decreto 1158/04 y
salariales sobresueldo
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Demandante: Gloria Betty Henao López
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Prestaciones Sociales del Magisterio
En caso de que al calcular la tasa de remplazo en la forma consagrada en el artículo 34 de la Ley
100 de 1993, arroje un porcentaje mayor al 75%, se deberá aplicar el régimen general de pensiones,
de lo contrario, se aplicará la Ley 33 de 1985.
TERCERO. NEGAR las demás pretensiones.
CUARTO. Condenar en costas a la parte vencida, de conformidad con lo previsto en el artículo 188
de la Ley 1437 de 2011, las cuales se liquidarán por la Secretaría de esta Corporación, según las
normas de la Ley 1564 de 2012, y en la medida de su comprobación. Las agencias en derecho se
fijan en el equivalente al 3% del valor de lo pedido (cuantía que sirvió para estimar la competencia),
de conformidad con lo establecido en el Acuerdo No. PSAA16- 10554 de agosto 5 de 2016 del
Consejo Superior de la Judicatura.”.
Al efecto, encontró acreditado que cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993 para los
empleados territoriales, la demandante tenía 37 años de edad y había trabajado para el
Departamento de Antioquia como Auxiliar de Biblioteca durante aproximadamente 17
años2.
Que continuó vinculada en el cargo de Auxiliar de Biblioteca del Departamento de
Antioquia hasta el 11 de febrero de 1998; durante los periodos comprendidos entre el 28
de febrero y el 21 de junio de 2003 y entre el 14 de julio y el 13 de diciembre de 2003, fue
contratada como docente por Orden de Prestación de Servicios por el Municipio de
Medellín. Finalmente, que el 16 de febrero de 2004 se posesionó como docente adscrita
al Municipio de Medellín, cargo que estaba desempeñando a la fecha de presentación de
la demanda.
De lo anterior, estableció que la demandante cumple con los requisitos (tener más de 35
años de edad o 15 años de servicio) para ser beneficiaria del régimen de transición
establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; igualmente, que entre el tiempo de
servicios laborado para el Departamento de Antioquia como auxiliar de biblioteca y para
la Nación – Ministerio de Educación como docente, acumula más de 20 años de servicio
como empleada pública, y que adquirió el estatus de pensionada el 5 de febrero de 2013,
cuando cumplió los 55 años de edad.
No obstante, para la fecha en la que adquirió el estatus de pensionada se encontraba
vinculada como docente oficial, por lo que también le es aplicable el régimen pensional
que regula esta prestación para este tipo empleados públicos. En este sentido,
comoquiera que se vinculó como docente a partir del 16 de febrero de 2004, fecha en la
cual ya se encontraba vigente la Ley 812 de 2003, el régimen pensional aplicable como
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Se vinculó el 7 de abril de 1978.
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docente es el de la Ley 100 de 1993 y precisó que no es dable considerar el tiempo
desempeñado como docente mediante órdenes de prestación de servicio, por cuanto,
sobre los mismos no se realizaron aportes y para que este sea tenido en cuenta, se debe
buscar su reconocimiento ante la entidad territorial o mediante la vía judicial.
De esta manera, la demandante cumplió los 57 años de edad el 5 de febrero de 2015,
fecha para la cual contaba con más de 1300 semanas cotizadas, por cuanto los actos
acusados le reconocieron un total de 11051 días laborados, que equivalen,
aproximadamente, a 1579 semanas; lo anterior, dividiendo el número de días entre 7
(equivalente en días de una semana).
Ahora bien, para la fecha de expedición de la primera resolución, esto es, el 5 de mayo
de 2016, la demandante tenía 1579 semanas de servicio, suma superior a la exigida para
adquirir su derecho, en la medida que debía cotizar 1300 semanas. Bajo estos
parámetros, tenía 250 semanas adicionales para aumentar el monto de la pensión, que
equivalen a un 7,5% adicional en la tasa de reemplazo para un total de 71,98 %, el cual
es inferior al 75 % reconocido en Ley 33 de 1985. Ello permitiría concluir que este régimen
es más favorable.
Sin embargo, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, en
este régimen el monto de la pensión continuará incrementando el 1,5% por cada 50
semanas adicionales cotizadas, sin superar los topes que van del 70.5% al 80%, y
comoquiera que la demandante, después del reconocimiento pensional, continuó
laborando como docente, su pensión se puede acrecentar con las semanas adicionales
efectivamente cotizadas.
Por tanto, concluyó que la demandante tiene derecho a que se le aplique, tanto la Ley
100 de 1993, por ser docente vinculada después de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, así como la Ley 33 de 1985, por cumplir los requisitos del régimen de transición
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo que se debe establecer cuál norma es más
favorable. En el momento en el que se reconoció la pensión, la norma más favorable para
la demandante era la Ley 33 de 1985; no obstante, como ha trabajado con posterioridad
a tal fecha, existe la posibilidad de que la pensión reconocida en aplicación de las leyes
100 de 1993 y 812 de 2003 resulte con un monto mayor. Finalmente, precisó que el pago
de la pensión estaría condicionado al retiro del servicio.
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Número Interno: 5803-2023
Demandante: Gloria Betty Henao López
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
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4. El recurso de apelación
4.1. La Fiduprevisora S.A., en calidad de vocera y administradora del patrimonio
autónomo del FOMAG, apeló el fallo de primera instancia, para lo que argumentó lo
siguiente:
“Teniendo en cuenta la línea jurisprudencial desde la expedición del acto legislativo 01 de 2005, en
la que es CLARO que los docentes no disfrutan de un régimen especial en materia pensional, sino
que se someten a las disposiciones que regían la materia pensional con vigencia para el universo
de los demás servidores públicos del régimen común, por lo cual en su respecto cabía la exigencia
que aún hoy se incluye, como en el asunto debatido que se precisa al rubro, atinente a que para
entrar a disfrutar de la pensión derecho, deben acreditar el retiro del servicio, a riesgo de encontrarse
incursos en la prohibición de estirpe constitucional según la cual se proscribe la percepción de más
de una asignación que provenga del Tesoro Público, prohibición que tan solo admite una excepción
en el caso de los maestros, cual es la consistente en que el docente puede disfrutar de la pensión
derecho y al mismo tiempo de la pensión gracia, por lo demás, para disfrutar de la pensión de vejez
les correspondía como al resto de los servidores públicos acreditar su retiro definitivo del servicio”.
4.2. La demandante recurrió el fallo de primera instancia, para lo que argumentó que el
ejercicio de la docencia se encuentra excluido de la prohibición de devengar salario y
percibir la pensión de jubilación, pues así quedó establecido en el artículo 5.º de la Ley
224 de 1972.
Adicionalmente, solicitó revocar el fallo de primera instancia en cuanto consideró que a
la demandante no le resulta aplicable la regla inserta en el artículo 81 de la Ley 812 de
2003 y, por tanto, el régimen pensional de prima media previsto en las leyes 100 de 1993
y 797 de 2003, pues como se evidenció, su vinculación al servicio data desde el año
2003, fecha anterior a la entrada en vigencia de aquella, por lo que es procedente
reconocer la pensión de conformidad con las normas previstas en la Ley 33 de 1985,
equivalente al 75 % del promedio de los salarios que sirvieron de base para realizar los
aportes pensionales durante el año de consolidación del estatus pensional (5 de febrero
de 2013), sin exigir el retiro del cargo para su disfrute.
5. Trámite de segunda instancia
Mediante auto del 22 de marzo de 20243, el despacho sustanciador admitió el recurso de
apelación conforme a lo previsto en el numeral 3.° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 y
se dispuso que, una vez ejecutoriado dicho auto, dentro de los 10 días siguientes, regresara
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Expediente digital – SAMAI.
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el expediente para fallo, salvo que las partes presenten solicitud probatoria, de conformidad
con el artículo 212 del CPACA y el numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 25 de
la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, es
competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
2.2. Cuestión previa
En este caso encuentra la sala que aun cuando ambas partes presentaron recurso de
apelación contra la sentencia del 17 de abril de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, se advierte que en el escrito de apelación de la entidad
demandada se solicitó revocar el fallo en cuanto no condicionó el disfrute de la pensión
reconocida a la demandante al retiro efectivo del servicio.
No obstante, la Sala precisa que, contrario a lo señalado en este recurso, el Tribunal
Administrativo de Antioquia consideró que la demandante no tiene derecho a que se le
pague de manera concomitante el salario por su labor docente y la pensión.
Es oportuno señalar que esta Sección4 ha precisado que en los casos en los que los
reparos que presenta el apelante no guardan congruencia con la decisión recurrida, es
decir, las razones que expone como reproche frente a la providencia proferida no tienen
relación con el tema debatido o no se presentaron argumentos en los que se expresen
las razones de la inconformidad, estamos frente a una apelación fallida.
Posición también reiterada en la sentencia del 24 de febrero de 2024, en el proceso 2591
de 2023, magistrado ponente Jorge Edison Portocarrero Banguera.
4
Sentencia del 18 de agosto de 2022. Expediente 25000-23-42-000-2016-05717-01 (3427-2; del 18 de noviembre de 2021, expediente
25000-23-42-000-2013-06074-01 (3918-18) MP William Hernández Gómez; del 9 de septiembre de 2021, expediente: 76001-23-33-000-
2013-00709-01 (5199-2019) M.P. Rafael Francisco Suarez Vargas; del 26 de agosto de 2021, expediente 17001-12-33-000-2014-00-01
(4505-15) MP César Palomino Cortés. Auto del 24 de noviembre de 2023, expediente 15001-23-33-000-2021-00648-(5027-2023) MP Jorge
Iván Duque Gutiérrez
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Demandante: Gloria Betty Henao López
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En esa ocasión, esta subsección precisó:
«Sobre el recurso de apelación, precisa la Sala que encuentra su fundamento en el artículo 31 de la
Constitución Política5 que consagró la regla de la doble instancia, este medio de impugnación sirve
para remediar los errores judiciales, porque lo resuelve otro funcionario de mayor categoría, que supone
mayor experiencia y versación en la ciencia jurídica. Sobre el particular la Corte Constitucional6 sostuvo:
“El principio de la doble instancia, se encuentra su consagración expresa en los arts.29, 30 y 86 de
la Constitución. En el artículo 31 superior se establece que “toda sentencia judicial podrá ser apelada
o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley.”
Este principio tiene gran relevancia en nuestro ordenamiento jurídico dada su relación con los
derechos al debido proceso y a la defensa, ya que su protección garantiza una recta administración
de justicia, con un debate mayor y menores posibilidades de error judicial al permitir que la decisión
adoptada por una autoridad judicial sea revisada por una autoridad independiente, imparcial y de
distinta categoría. Así lo sostuvo recientemente al señalar lo siguiente:
“Su finalidad es permitir que la decisión adoptada por una autoridad judicial sea revisada por otro
funcionario de la misma naturaleza y más alta jerarquía –lo que en principio es indicativo de mayor
especialidad en la materia– con el fin de que decisiones contrarias a los intereses de las partes
tengan una más amplia deliberación con propósitos de corrección.”
Como lo dice Hernán Fabio López Blanco 7, parafraseando a Podetti el recurso de apelación ordinaria
es, sin discusión, el más importante y usado en todos los recursos en diversas legislaciones. Es como
lo he indicado en la visión histórica, raíz y origen de todos los demás recursos
Así pues, el artículo 247 del CPACA previó el recurso de apelación con el fin de que el recurrente
exprese los motivos de inconformidad con la decisión; de ahí que la manifestación de estos motivos es
necesaria y fundamental porque enmarca el pronunciamiento del juez de segunda instancia […]
Por tanto; el propósito del recurso de apelación es que el superior revise la decisión, confirme, revoque
o modifique lo resuelto por el a quo; para lo que es obligatorio que el recurrente lo sustente, expresando
las razones de su inconformidad, además de señalar los que le son desfavorables o sobre los que
considera que el juez de primera instancia no se pronunció.
[…]»
En el sub lite, como se mencionó en párrafo anterior, se extraña la sustentación del
recurso por parte de la entidad demandada, pues controvierte una decisión que,
precisamente, el Tribunal no adoptó. En efecto, en el fallo de primera instancia se
condicionó el disfrute de la pensión al retiro efectivo del servicio, como en criterio de la
entidad demandada procede en estos casos, de tal suerte que, al no existir congruencia
entre ambos argumentos, dicho recurso se tendrá por fallido y así se declarará en la parte
resolutiva de esta providencia.
5
ARTICULO 31. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. El superior no podrá
agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único.
6
Expediente D9214 del 27 de febrero de 2013. MP Maria Victoria Calle Correa
7
López Blanco Hernán Fabio, Undécima edición, 2012. Procedimiento Civil Pág.782
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Demandante: Gloria Betty Henao López
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2.3. Problema jurídico
De acuerdo con los argumentos de la apelación formulada por la parte demandante, le
corresponde a la Sala determinar si a la señora Gloria Betty Henao López le asiste el
derecho beneficiarse del régimen de transición previsto en la Ley 812 de 2003 en virtud
de su vinculación a la docencia oficial antes del 23 de junio de 2003 a través de órdenes
de prestación de servicios y, en consecuencia, al reconocimiento pensional a la luz de la
Ley 33 de 1985. Igualmente, en caso de ser afirmativo, si el disfrute de la prestación no
está condicionado al retiro del servicio.
2.4. Marco normativo y jurisprudencial
2.4.1. El derecho fundamental a la seguridad social
Como es bien sabido, la seguridad social es un derecho reconocido como fundamental.
La Constitución Política de Colombia en su artículo 48 define la seguridad social como un
servicio público de carácter obligatorio que debe ser prestado bajo la dirección,
coordinación y control del Estado a través de las entidades dispuestas para ello, como
una garantía irrenunciable de todas las personas8.
Ciertamente este derecho, guarda una estrecha relación con la dignidad humana puesto
que permite que cualquier persona haga frente a las circunstancias que las privan de su
capacidad para ejercer plenamente sus derechos y disfrutar de los aspectos sencillos de
la vida. Se ha reconocido, por las Naciones Unidas que la seguridad social desempeña
una importante labor en la reducción y el alivio de la pobreza y la prevención de la
exclusión social.
Ahora bien, la protección que el orden constitucional le confiere al derecho a la seguridad
social también encuentra respaldo en varios instrumentos internacionales que reconocen
este derecho. Así sucede con la Declaración Universal de Derechos Humanos la cual
establece que: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la
seguridad social, y obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional,
habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los
8
Corte Constitucional Sentencia T-321 de 1999.
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derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre
desarrollo de su personalidad”.
Por su parte, el artículo 16 de la Declaración Americana de los Derechos de la Persona
afirma que: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las
consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de
cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener
los medios de subsistencia”.
En igual sentido, el artículo 9° del Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales
pregona que “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona a la seguridad social, incluso al seguro social”.
De manera similar, el artículo 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prescribe
que: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las
consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente
para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del
beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes”.
Como se infiere de las normas internacionales mencionadas, el derecho a la seguridad
social busca proteger a todas las personas que, se encuentran en imposibilidad física o
mental para obtener los medios de subsistencia que le permitan llevar una vida digna a
causa de la vejez, del desempleo o de una enfermedad o incapacidad laboral.
La Corte Constitucional, se ha pronunciado sobre la necesidad que existe de cubrir
riesgos que son propios a la condición humana que no pueden desconocerse y requieren
un alto grado de protección. Tal es el caso, de la pensión de vejez, que es uno de los
mecanismos que, en virtud del derecho a la seguridad social, protege a las personas
cuando se produce una disminución de la producción laboral que impide o dificulta
obtener los recursos para disfrutar de una vida digna”9 .
En este sentido, la pensión de vejez ha sido definida por la jurisprudencia constitucional
como un "salario diferido del trabajador, fruto de su ahorro forzoso durante toda una vida
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Sentencia T 163 de 2013
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de trabajo". Por lo tanto, "el pago de una pensión no es una dádiva súbita de la Nación,
sino el simple reintegro que, del ahorro constante durante largos años, es debido al
trabajador"10.
Por su parte, el Convenio núm. 102 “Sobre la Seguridad Social” de la Organización
Internacional del Trabajo establece un deber de los estados miembros de garantizar el
derecho a la seguridad social.
2.4.2. Marco normativo y jurisprudencial del régimen pensional de los docentes
vinculados al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003.
En un inicio, los docentes oficiales fueron destinatarios de la pensión de jubilación
prevista por la Ley 6ª de 1945, según la cual, quien acumulara 20 años de servicio y
llegara a 50 años de edad, tendría derecho a una pensión vitalicia de jubilación liquidada
con el 75% del «promedio de los sueldos devengados durante el último año».
Posteriormente, sus derechos pensionales fueron regidos por la Ley 33 de 1985, norma
que consagró el derecho a obtener una pensión de jubilación para aquellos que
acumularan 20 años de servicio y cumplieran 55 años de edad, liquidada con el 75% «del
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio».
Con la Ley 91 de 1989 se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
concebido como una cuenta especial de la nación, que tenía como finalidad realizar el
pago de las prestaciones sociales de los docentes. En estos términos, el Fondo tiene
dentro de sus funciones, reconocer la pensión de jubilación, post mortem, de retiro por
vejez, de invalidez y la sustitución pensional.
Ahora bien, en la misma ley mencionada, se determinó que a los docentes afiliados a
dicho Fondo se les aplicaría el mismo régimen pensional de los empleados del sector
público nacional. Así lo prescribe, el artículo 15 literal b) de la Ley 91 de 1989 según el
cual “para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990, cuando
se cumplan los requisitos de Ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación
equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
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Sentencia C.177 de 1998.
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Demandante: Gloria Betty Henao López
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional”. (Subrayado fuera de texto).
En ese orden, aunque si bien es cierto que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 determinó
que la pensión ordinaria de jubilación de los docentes corresponderá al equivalente al
75 % del salario mensual promedio del último año de servicios, también lo es que, no
especificó los requisitos de reconocimiento de la prestación, y por ello, remite al régimen
vigente para los pensionados del sector público nacional. Ahora bien, ese régimen
atendiendo a la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado 11,
corresponde al consagrado para el sector público en la Ley 33 de 1985, o el establecido
en la Ley 71 de 1988 para los casos donde se computen aportes al sector público y al
privado, esto teniendo en cuenta que el régimen de seguridad social en materia pensional
establecido en la Ley 100 de 1993 no se aplica a los afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, por expreso mandato del artículo 279 de esta
normativa.
De acuerdo con lo anterior, el artículo 1.º de la Ley 33 de 1985 consagra que el empleado
oficial que sirva o haya servido 20 años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55
años tendrá derecho a que la respectiva Caja de Previsión le pague una pensión mensual
vitalicia de jubilación equivalente al 75 % del salario promedio que sirvió de base para los
aportes durante el último año de servicio. Por su parte, el artículo 3° de esta misma
disposición, modificado por el artículo 1.° de la Ley 62 de 1985, indica que la base de
liquidación de los aportes estará constituida por la asignación básica, los gastos de
representación, la prima técnica, los dominicales y feriados, las horas extras, la
bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario o realizado en jornada
nocturna o en días de descanso obligatorio. Y precisa que, en todo caso, “las pensiones
de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos
factores que hayan servido de base para calcular los aportes”.
Así las cosas, la expedición de la Ley 100 de 1993, no varió las condiciones de cómo se
venían reconociendo las pensiones para el sector docente, puesto que como dicho
gremio estaba exceptuado, se les seguía aplicando las condiciones fijadas, en las ya
11
Sentencia del 20 de octubre de 2014, proferida por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado. Radicado
68001233100020110027601.
13
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mencionada Ley 91 de 1989 en concordancia con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y
27 del Decreto 3135 de 1968, este último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de
1985.
Esta realidad cambió con la expedición de la Ley 812 de 2003 “Por la cual se aprueba el
Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario", puesto que a
través del artículo 8112 introdujo importantes cambios en el régimen de los docentes
oficiales, con el fin de incorporar a este sector al sistema de seguridad en pensiones
regulado por la Ley 100 de 1993.
En efecto, el artículo 81 en cita, determinó que el régimen de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales que se encontraban vinculados al servicio público educativo
oficial sería «[…] el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con
anterioridad a la entrada en vigencia de [esa] ley»; sin embargo, en seguida reguló que
los docentes oficiales vinculados a partir de su entrada en vigor (27 de junio de 2003),
deben ser afiliados al Fomag y tendrán los derechos del régimen pensional de prima
media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, «con los requisitos previstos
en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres
y mujeres».
El Acto Legislativo 01 de 2005, por medio del cual se reformó el artículo 48 de la
Constitución Política, ratificó el alcance del art. 81 de la Ley 812 de 2003 en relación con
el régimen docente. En el parágrafo transitorio núm.1o dispuso que “El régimen pensional
de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el
artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la
vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes
del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003”.
La Sección Segunda del Consejo de Estado, en el marco del anunciado cambio
legislativo, profirió la Sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 201913,
en la cual estableció que, para definir el régimen que regula el derecho a la pensión de
12
Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 2341 de 2003, Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 3752 de
2003.
13
Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino Cortés.
14
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jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados o territoriales, es
necesario tomar como punto de partida la fecha de ingreso al servicio educativo oficial
docente. En esos términos quedó explicado en la citada sentencia:
«[…]
I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon a partir de la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido
en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con
excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres».
De acuerdo con esta interpretación, la Sección Segunda concluyó que para quienes se
hayan vinculado al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor
de la Ley 812 de 2003, lo cual ocurrió el 27 de junio del mismo año 14 la liquidación de la
pensión ordinaria de jubilación sería la que corresponde “al mismo régimen de pensión
ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley
33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo los aquellos sobre los
que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley
62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en
el mencionado artículo”15.
Vale decir que, en todo caso, la jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que
deben incluirse los emolumentos creados en normas especiales posteriores con carácter
salarial, y que, en consecuencia, se tengan por relevantes al momento de la liquidación
de la pensión de jubilación.
Ahora bien, para los docentes que ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812
de 2003, en el mismo fallo se dispuso lo siguiente:
«[…] 68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, son
igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y son beneficiarios
del régimen pensional de prima media en las condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797
de 2003, salvo en lo que tiene que ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada Ley 812
de 2003 se unificó para hombres y mujeres en 57 años 16. Esto quiere decir, que para el ingreso base
de liquidación de este grupo de docentes debe tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 100 de 1993
y el Decreto 1158 de 1994.
14
Diario Oficial No. 45.231, de 27 de junio de 2003.
15
0935-2017. MP César Palomino Cortés.
16
La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y derogó el artículo 3 del Decreto
3752 de 2003.
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69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de pensiones y no la
regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de
liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas
cotizaciones […]».
En resumen, a los docentes vinculados antes del 27 de junio de 2003 se les aplicarán las
leyes 91 de 1989 y 33 de 1985. Requisito de edad: 55 años. Requisito de tiempo o
semanas: 20 años de servicio. Monto: 75 %. Con un IBL o Componente temporal: del
último año anterior a la adquisición del derecho a la pensión, en consideración de la
compatibilidad del ejercicio de la docencia con el goce de la pensión de jubilación prevista
por el art. 5º de la Ley 224 de 1972; o último año de prestación de servicios, según
corresponda.
En contraste, a los docentes vinculados a partir del 27 de junio de 2003, se les aplicará
la Ley 100 de 1993 y Ley 797 de 2003. Requisito de edad: 57 años. Requisito de tiempo
de servicios: según corresponda de acuerdo con el artículo 33 de la Ley 100 de 1993.
Monto: el que resulte de aplicar las reglas previstas en el artículo 34 de la Ley 100 de
1993, según corresponda en el tiempo y con IBL o componente temporal de los últimos
10 años o toda la vida laboral, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
De acuerdo con lo anterior, el régimen de los docentes vinculados con antelación a la
promulgación de la Ley 812 de 2003, es el previsto en la Ley 91 de 1989 que, a su vez,
remite al «[…] régimen vigente para los pensionados del sector público nacional»,
contenido en los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este
último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.
Es importante destacar, aunque parezca de perogrullo que, el régimen de los
pensionados del sector público nacional, consagrado en la Ley 33 de 1985, solo permite
sumar los tiempos públicos servidos al sector oficial.
En todo caso, es oportuno precisar que, para aquellos docentes vinculados con
anterioridad a la Ley 812 de 2003, esta Subsección mediante sentencia del 30 de enero
de 2025 señaló las razones por las cuales es procedente, también, aplicar la Ley 71 de
198817.
17 Expediente 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022).
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2.4.3. Cómputo del tiempo de servicios prestados por los docentes a través de
contratos de prestación de servicios para el reconocimiento pensional.
Para desarrollar este punto, se debe recordar que la Corte Constitucional en sentencia
C-555 de 1994, declaró la inconstitucionalidad del artículo 6º de la Ley 60 de 1993 y del
parágrafo tercero del artículo 105 de la Ley 115 de 1994, concluyendo que las
disposiciones adoptaban unas diferencias injustificables, a raíz de lo dispuesto en el
artículo 13 superior, entre los docentes-empleados públicos y los docentes-temporales.
Sobre el particular, la Corte explicó:
“En estricto rigor ha debido considerarse como problema a resolver la existencia o inexistencia de
diferencias relevantes entre las actividades que cumplen ambas categorías de docentes, a fin de
estimar si resulta procedente jurídicamente mantener el trato legal distinto de que son objeto unos y
otros y que, definitivamente, es más favorable para una de las categorías. El trato diferente debe ser
justificado de manera independiente al mismo tratamiento diferente, que es precisamente el que debe
ser acreditado como correcto. En otras palabras, el término de comparación que sirva para comparar
las hipótesis aparentemente disímiles, no puede estar constituido por el mismo tratamiento
diferenciado, que en últimas pretende justificarse o descartarse. No puede, de otra parte, olvidarse
que la calificación de " empleado público ", presupone la aplicación de un determinado régimen legal.
Por ello, deben tomarse las actividades en sí mismas, exentas de calificaciones que prejuzguen sobre
su régimen. Sólo en estas condiciones puede efectuarse la comparación entre los dos supuestos en
juego y desde un ángulo que sea relevante. Por lo demás, tanto el régimen contractual como el legal
y reglamentario, aislada y unilateralmente considerados son inobjetables, o a lo sumo lo serían sólo
en el plano legal.
…
Desde el punto de vista de la actividad material que ejecutan los docentes-temporales, no parece
existir diferencia respecto de la que realizan los docentes-empleados públicos. Si no se encuentra
una diferencia, entre estos dos supuestos, edificada sobre un criterio de comparación que sea
razonable, perdería plausibilidad el régimen jurídico asimétrico que, en las condiciones ya referidas,
la ley contempla y el cual, en los aspectos principales (remuneración, prestaciones, derechos y
obligaciones), es más favorable para los docentes-empleados públicos.
….
La diferencia originada en el menor costo económico, principalmente causada por la falta de
reconocimiento de prestaciones sociales, no obstante la naturaleza laboral de la actividad
efectivamente cumplida por los docentes-temporales, confrontada a la luz de la Constitución, se torna
irrazonable y contraria a sus mandatos. El trabajo, así beneficie al Estado, genera derechos y
obligaciones irrenunciables. Las prestaciones sociales, corresponden a un concepto de derecho
mínimo establecido en las normas laborales, que es irrenunciable (CP art. 53). Sin perjuicio de que el
Juez ordinario, en cada caso concreto, pueda hacer prevalecer la naturaleza laboral de una
determinada relación, el legislador carece de libertad frente a la realidad del trabajo subordinado y no
puede, sin más, desconocer su existencia y despojarla de las consecuencias y garantías que le son
inherentes.
La diferencia originada en el menor costo económico, principalmente causada por la falta de
reconocimiento de prestaciones sociales, no obstante la naturaleza laboral de la actividad
efectivamente cumplida por los docentes-temporales, confrontada a la luz de la Constitución, se torna
irrazonable y contraria a sus mandatos. El trabajo, así beneficie al Estado, genera derechos y
obligaciones irrenunciables. Las prestaciones sociales, corresponden a un concepto de derecho
mínimo establecido en las normas laborales, que es irrenunciable (CP art. 53). Sin perjuicio de que el
Juez ordinario, en cada caso concreto, pueda hacer prevalecer la naturaleza laboral de una
determinada relación, el legislador carece de libertad frente a la realidad del trabajo subordinado y no
puede, sin más, desconocer su existencia y despojarla de las consecuencias y garantías que le son
inherentes.
….
A la luz de las consideraciones anteriores, La Corte estima que el cargo de inconstitucionalidad
sustentado en la violación del principio de igualdad está llamado a prosperar y así lo declarará. En
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todo caso, queda entendido que las designaciones de personal de planta, sólo se podrán llevar a cabo
con estricta sujeción a las normas constitucionales y legales
En concordancia con la anterior consideración, esta Subsección, en sentencia del 30 de
enero de 2025, radicación No 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022), explicó:
“Así las cosas en razón de la naturaleza de la función docente, el principio de la primacía de la
realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia, puesto que la labor desempeñada a
través de órdenes de prestación de servicios conlleva una verdadera relación de trabajo sobre la
formalidad que haya querido ocultarla, comoquiera que los maestros vinculados bajo esa
modalidad de contratación, se insiste, cumplen similares funciones a los de planta que están
sujetos a un específico régimen legal y reglamentario y, además, deben acreditar iguales
condiciones de formación y experiencia 18.
En la sentencia de unificación CE-SUJ-2-5 del 25 de agosto del 201619, hizo referencia a la
vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios y señaló que esta modalidad
de vinculación no desvirtúa el carácter personal de su labor ni es ajena al elemento subordinación
existente con el servicio público de educación, en razón a que al igual que los docentes empleados
públicos i) están sometidos a las directrices, inspección y vigilancia de las diferentes autoridades
educativas, por lo que carecen de autonomía en el ejercicio de sus funciones; ii) cumplen órdenes
por parte de sus superiores jerárquicos; y iii) desarrollan sus funciones durante una jornada laboral
de acuerdo con el calendario académico de los establecimientos educativos estatales en los que
trabajen, motivo por el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las
formalidades e igualdad, los docentes contratistas merecen una protección especial por parte del
Estado.
Ahora bien, se ha establecido que el proceso ordinario de reconocimiento de la pensión de
jubilación con inclusión de tiempos laborados a través de contratos de prestación de servicios es
viable cuando se pretende la declaración de la existencia de una relación laboral encubierta o en
el evento en que únicamente se solicite para efectos del cómputo de los periodos laborados bajo
la forma contractual20.
Lo anterior nos permite sostener que, los tiempos laborados a través de contratos de
prestación de servicios, deben ser tenidos en cuenta, comoquiera son relevantes para el
reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes oficiales, en aplicación del
principio de la realidad sobre las formas21.
2.5. Material probatorio
La Sala destaca como documentos relevantes en este proceso, los siguientes:
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de enero de 2017,
radicación número: 54001-23-33-000-2012-00180-01(1706-15).
19
Dentro del expediente con radicación 23001233300020130026001 (0088-2015).
20
En atención a que el Decreto 1848 de 1969 «[p]or el cual se reglamenta el Decreto 3135» permite la acumulación de tiempos de
servicio (artículo 72) con la posibilidad de que la entidad o empresa a cuyo cargo esté el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al reembolso de la cantidad proporcional que les
corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de aquellas (artículo 75, numeral 3), tal como lo señaló el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13 de febrero del 2020 proferida dentro del proceso con radicación 54001-23-33-
000-2014-00106-01(0156-15).
21
Consejo de Estado sentencia del dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticuatro (2024), Radicado: 17001-23-33-000-2020-00038-01
(6307-2022), Demandante: Miguel Ángel González Vélez
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Hechos probados. El material probatorio traído al plenario22 da cuenta de la situación
respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda. En tal virtud, se
destaca:
a. Según copia de la cédula de ciudadanía, la señora Gloria Betty Henao López nació
el 5 de febrero de 1958, por lo que actualmente tiene 67 años de edad.
b. De acuerdo con el certificado expedido por la Gobernación de Antioquia, prestó
sus servicios al departamento, así:
• Del 7 de abril de 1978 al 26 de junio de 1990, como auxiliar de biblioteca,
nivel administrativo y asistencial, grado 3 D, en la Normal Genoveva Díaz
del Municipio de San Jerónimo, nombrada mediante Decreto 509 del 21 de
marzo de 1978.
• Del 27 de junio de 1990 al 12 de septiembre de 1995, como auxiliar de
biblioteca, nivel 2, grado 1, mediante Decreto 2529 del 27 de junio de 1990.
• Del 13 de septiembre de 1995 al 11 de febrero de 1998, como auxiliar de
biblioteca en la Normal Genoveva Díaz del Municipio de San Jerónimo,
mediante Decreto 2772 del 15 de agosto de 1995.
• Se desvinculó del cargo a partir del 12 de febrero de 1998 mediante
Decreto 462 del 2 de marzo de 1998.
c. De conformidad con la certificación expedida por la Secretaría de Educación de
Medellín el 12 de febrero de 2016, la señora Gloria Betty Henao López prestó sus
servicios como docente, mediante órdenes de prestación de servicios, desde
el 28 de febrero de 2003 hasta el 21 de junio de 2003; y desde el 14 de julio
de 2003 hasta el 13 de diciembre de 2003.
d. De acuerdo con el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral, prestó sus servicios como docente al servicio de la Secretaría de
Educación municipal de Medellín mediante Decreto 111 del 21 de enero de 2004,
cargo del que tomó posesión el 16 de febrero de 2004 hasta el 9 de diciembre de
2005, por lo que acreditó 1 año, 9 meses y 24 días.
22
Documentos obrantes en la herramienta electrónica Samai.
19
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e. De acuerdo con el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral, prestó sus servicios como docente al servicio de la Secretaría de
Educación municipal de Medellín mediante Decreto 146 del 19 de enero de 2006,
cargo del que tomó posesión el 24 de enero del 2006 hasta el 10 de julio de 2006,
por lo que acreditó 5 meses y 17 días.
f. De acuerdo con el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral, prestó sus servicios como docente al servicio de la Secretaría de
Educación municipal de Medellín mediante Decreto 1397 del 16 de junio de 2006,
cargo del que tomó posesión el 11 de julio de 2006 y con el que acredita, hasta el
12 de agosto de 2020, un tiempo total de 14 años, 1 mes y 2 días.
g. Mediante Resolución núm. 5300 del 5 de mayo de 2016 se le reconoció la pensión
de conformidad con la Ley 100 de 1993, condicionada al retiro del servicio.
h. A través de la Resolución núm. 201750007637 del 14 de septiembre de 2017, se
repuso la anterior resolución en sentido de incrementar el monto pensional.
Caso concreto. De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que la
demandante: (i) tuvo vinculaciones a través de órdenes de prestación de servicios a la
docencia oficial en el municipio de Medellín antes del 27 de junio de 2003, y con ellos
completó un tiempo de servicios de 8 meses y 22 días; (ii) ha prestado sus servicios por
más de 11.051 días23; y (iii) el 5 de febrero de 2013 cumplió 55 años de edad.
Ahora bien, la demandante afirma en el recurso de apelación que, contrario a lo señalado
por el Tribunal, sí es válido considerar las órdenes de prestación de servicios a efectos
de entender que su vinculación al servicio docente oficial se produjo antes del 27 de junio
de 2003.
Al respecto, la Sala debe precisar que, en la providencia del 16 de mayo de 2024 24, se
determinó que, en efecto, los tiempos servidos bajo estas modalidades sí son relevantes
y deben ser considerados a efectos del reconocimiento pensional de docentes oficiales,
en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades.
23
Tiempo que se referencia en la resolución demandada.
24
Expediente núm. 17001-23-33-000-2020-00038-01 (6307-2022), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
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Además, cabe señalar que desde 1993 el Legislador había previsto la incorporación a las
plantas de personal de los docentes vinculados a través de órdenes y contratos de
prestación de servicios, pues así se dispuso en los artículos 6 de la Ley 60 de 1993 y
105, parágrafo 3, de la Ley 115 de 199425.
Por lo anterior, le asiste razón a la demandante cuando afirma que su vinculación al
servicio docente es anterior a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 puesto que, se
insiste, la orden de prestación de servicios tiene como fecha de inicio el 28 de febrero de
2003.
Así las cosas, la demandante tiene derecho al reconocimiento pensional de que tratan
las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985 y, en ese sentido, al tener más de 55 años de edad,
cumplidos el 5 de febrero de 2013 y 20 años de servicios, tiene derecho al reconocimiento
de la pensión con la inclusión de los factores salariales sobre los cuales efectuó aportes
durante el año inmediatamente anterior a la consolidación del estatus pensional que, para
este caso, ocurrió el 5 de febrero de 2013, cuando alcanzó el requisito de edad.
Por último, la Sala advierte que si bien la letra g del artículo 19 de la Ley 4ª de 199223 se
refiere a las asignaciones que a la fecha de su entrada en vigor beneficiarían a los
docentes oficiales pensionados, no quiere decir que se excluya de esa prerrogativa a
quienes se jubilen con posterioridad, habida cuenta de que la norma hace alusión a las
disposiciones que para esa época favorecían a los profesores jubilados, interpretación
que guarda armonía con la regulación vigente a la promulgación de la citada Ley, razón
por la cual no es dable condicionar la pensión de jubilación de la demandante a la
desvinculación del servicio, máxime cuando le es reconocida su prestación en virtud de
la Ley 91 de 1989 y demás normas concordantes24. En otras palabras, es compatible el
salario y la pensión de jubilación.
Conclusión. Por lo anterior, se modificará la sentencia apelada para precisar que el
FOMAG deberá reconocer y pagar a la señora Gloria Betty Henao López una pensión
mensual de jubilación a partir del 5 de febrero de 2013, teniendo en cuenta como factores
relevantes para su liquidación aquellos enlistados en la Ley 62 de 1985 y demás normas
posteriores que creen prestaciones sociales con carácter salarial y que, además, hayan
25
En este sentido, se pueden consultar las sentencias del 12 de septiembre de 2024, radicado: 05001-23-33-000-2021-00447-01 (0140-
2023) y del 19 de septiembre de 2024, radicado: 15001-23-33-000-2021-00335-01 (1984-2023).
21
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sido devengados en el último año de servicios previamente a consolidar el estatus
pensional y hayan servido de base para cotizaciones a la seguridad social. Para este
caso, entre el 5 de febrero de 2012 y el 5 de febrero de 2013. El disfrute de la pensión es
compatible con el salario mientras la demandante se encuentre en servicio docente
activo.
En relación con la prescripción, se debe precisar lo siguiente. Si bien es cierto, la
reclamación administrativa se formuló el 7 de septiembre de 2015 y el estatus pensional
se consolidó el 5 de febrero de 2013, la demanda se presentó el 4 de marzo de 2021,
como consta en el expediente electrónico de primera instancia26. Por tanto, se declararán
prescritas las mesadas anteriores al 4 de marzo de 2018.
El FOMAG deberá adelantar las acciones necesarias ante la entidad territorial en la que
la señora Gloria Betty Henao López que prestó sus servicios a efectos de que esta asuma
los aportes que debieron realizarse en virtud de las vinculaciones contractuales que tuvo.
Asimismo, la demandante tendrá la carga de realizar los aportes que tenía a su cargo en
calidad de trabajador [en el porcentaje que le correspondía] por el tiempo en que estuvo
vinculada a través de la relación contractual, salvo que acredite que los efectuó.
Las sumas reconocidas se ajustarán a la siguiente fórmula:
R= Rh X Índice final
_____________
Índice inicial
En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es
la mesada pensional dejada de percibir por la demandante, por el guarismo que resulta
al dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente a la
fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice inicial, vigente para la fecha en que
debió hacerse el pago.
Por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente mes por
mes para cada mesada comenzando desde la fecha de su causación, teniendo en cuenta
que el índice inicial es el vigente al momento de causación de cada uno de ellos.
26
Índice 1 de SAMAI del expediente de primera instancia.
22
Número Interno: 5803-2023
Demandante: Gloria Betty Henao López
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
2.6. Condena en costas
No habrá lugar a dicha condena, ya que no se cumplen los presupuestos exigidos por el
artículo 188 del CPACA, pues esta Sala ha sostenido que dicha norma otorga al juez la
facultad de valorar la procedencia de las costas, lo cual implica examinar la actuación
procesal de la parte vencida, verificar con certeza su causación y constatar que la
conducta desplegada revele temeridad o mala fe. No es suficiente el simple resultado
adverso del proceso27.
En esos términos, en el caso concreto, tras revisar la actuación de las partes a lo largo
del proceso, no se evidencia temeridad ni mala fe, razón por la cual se revocará la
condena en costas de primera instancia y no se condenará en costas en segunda
instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO. – MODIFICAR los ordinales segundo y tercero de la sentencia del 17 de abril
de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que quedarán así:
“SEGUNDO: ORDENAR a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, reconocer y pagar una pensión de jubilación a la señora Gloria Betty Henao
López a partir del 5 de febrero de 2013, teniendo en cuenta como factores relevantes para su
liquidación aquellos enlistados en la Ley 62 de 1985 y demás normas concordantes y que además
hayan sido devengados y sobre los cuales haya efectuado las respectivas cotizaciones en el año
anterior a la consolidación del estatus pensional, esto es, entre el 5 de febrero de 2012 y el 5 de
febrero de 2013. El disfrute de la pensión es compatible con el salario mientras la demandante se
encuentre en servicio activo como docente.
Se declaran prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 4 de marzo de 2018.
El FOMAG deberá adelantar las acciones necesarias ante la entidad territorial en la que la señora
Gloria Betty Henao López que prestó sus servicios a efectos de que esta asuma los aportes que
debieron realizarse en virtud de las vinculaciones contractuales que tuvo. Asimismo, la demandante
tendrá la carga de realizar los aportes que tenía a su cargo en calidad de trabajador [en el porcentaje
que le correspondía] por el tiempo en que estuvo vinculada a través de la relación contractual, salvo
que acredite que los efectuó.
27
Radicado 15001-23-33-000-2013-00072, de 27 de enero de 2017 MP. Carmelo Perdomo Cuéter; Radicado: 13000-33-33-000-2014-
00390 (1327-16), de 8 de septiembre de 2017, M.P. Sandra Lissett Ibarra Vélez.
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Número Interno: 5803-2023
Demandante: Gloria Betty Henao López
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Las sumas resultantes en favor de la demandante se ajustarán en su valor, en aplicación de la
fórmula señalada en la parte motiva de esta providencia”.
SEGUNDO. – REVOCAR el ordinal cuarto de la sentencia apelada que condenó en
costas a la entidad demandada en primera instancia.
TERCERO. – DECLARAR fallida la apelación formulada por la entidad demandada, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO.- Sin condena en costas en esta instancia.
QUINTO. - Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con salvamento parcial de voto Con aclaración de voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-
00472-01 (1251-2024)
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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