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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2025-01505-01

Fecha
11 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2025-01505-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Confirmar la sentencia de 24 de noviembre de 2025 de la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Medellín. SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO. En firme esta sentencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2025-01505-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

11 de diciembre de 2025

Demandante: Germán Román Bedoya
Demandado: UARIV
Radicación: 05001-23-33-000-2025-01505-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 05001-23-33-000-2025-01505-01
Demandante: Germán Román Bedoya
Demandado: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
—UARIV—
Tema: Confirma improcedencia por gasto.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la
sentencia de 24 de noviembre de 2025. En dicha providencia, la Sala Primera de
Decisión del Tribunal Administrativo de Medellín que declaró improcedente la
acción de cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de cumplimiento

En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, el señor Germán
Román Bedoya demandó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, en adelante UARIV. En el escrito se pretendió ordenar a la autoridad
accionada que acate todos los artículos de la Resolución 04102019-2385113 del
14 de agosto de 2025, mediante la cual se le reconoció al actor y a once
integrantes de su núcleo familiar como víctimas de desplazamiento forzado y se
les otorgó una indemnización administrativa equivalente a 27 SMLMV a cada uno.

En los siguientes términos el accionante formuló su pedimento [se transcribe tal
cual, incluso con posibles errores].

Que se ordene el cumplimiento de la Resolución núm. 04102019-2385113 del 14 de
agosto de 2025, específicamente en lo relacionado con la entrega prioritaria de la
indemnización administrativa reconocida al señor Germán Román Bedoya, en su
calidad de jefe del núcleo familiar víctima del conflicto armado.

2. Hechos

El accionante sostuvo que la UARIV, mediante la Resolución 04102019-2385113
del 14 de agosto de 2025, reconoció como víctimas de desplazamiento forzado a
once integrantes de su familia y les otorgó indemnización administrativa de 27

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SMLMV a cada uno; a él le asignaron el 9,09 % del total. Indicó que, por su
situación de extrema vulnerabilidad y urgencia manifiesta, fue priorizado de
manera expresa para un desembolso anticipado.

Sin embargo, afirmó que pasaron más de 60 días desde la expedición del acto sin
que la UARIV ordenara el pago ni la accionada ha dado alguna justificación válida
para no ejecutar una decisión en firme. Por ello, alegó que la obligación era clara,
expresa y exigible, que no dependía de discrecionalidad sino de la ejecución
administrativa dentro del marco presupuestal, y que la inactividad vulneraba su
derecho a la reparación integral y desconocía la prioridad reforzada de víctimas
vulnerables.

El 29 de septiembre de 2025, el demandante requirió a la UARIV el obedecimiento
de la Resolución 1049 de 2019, para que pagara el reconocimiento económico y.
Sin embargo, sostuvo que la entidad demandada no contestó. En consecuencia, el
accionante acudió a la acción de cumplimiento.

3. Admisión de la demanda

En auto de 18 de noviembre de 2025, el ponente del Tribunal Administrativo de
Medellín admitió la demanda y ordenó su notificación a la UARIV. Luego decretó
las pruebas en auto de 19 de noviembre de 2025.

4. Informe

La UARIV se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demandante.
Explicó que para el pago de las indemnizaciones se estableció un mecanismo de
priorización, si los solicitantes no cumplen con esos criterios les será aplicado el
método técnico. En el caso de la accionante, señaló que el asunto implicaba un
gasto no presupuestado.

5. Sentencia de primera instancia

En decisión de 24 de noviembre de 2025, la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Medellín declaró improcedente la acción. A partir de las
previsiones del artículo 9.º de la Ley 393 de 199, el a quo consideró que lo
realmente pretendido por la accionant l implica un gasto no presupuestado.

6. La impugnación

El accionante sostuvo que la sentencia erró al declarar improcedente la acción de
cumplimiento, porque —a su juicio— la Resolución que reconoció su
indemnización contiene una obligación clara, expresa y exigible, reforzada por su
priorización como víctima en especial vulnerabilidad, de modo que la demora
superior a 60 días en expedir la carta de pago, sin explicación válida, configura

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incumplimiento; afirmó además que la acción de cumplimiento sí es procedente
para exigir la ejecución de un acto administrativo en firme, pues el pago sería un
deber imperativo que no exige trámites adicionales ni puede excusarse en
consideraciones presupuestales cuando la entidad ya debía materializarlo; agrega
que el retardo vulnera derechos ligados a la reparación integral y desconoce la
finalidad de este mecanismo por una lectura excesivamente restrictiva del fallo;
por ello pidió revocar la decisión y ordenar el pago inmediato en los términos del
acto, con condena en costas.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de
24 de noviembre de 2025 de la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Medellín, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.º de
la Ley 393 de 1997, 125, 150 y 243 del CPACA, así como en el artículo 13,
numeral 7.º, del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 2019 proferido por la Sala
Plena del Consejo de Estado que establece la competencia de la Sección Quinta
de esta Corporación para conocer de «… las apelaciones contra las providencias
susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en
primera instancia en las acciones de cumplimiento».

2. Problema jurídico a resolver

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de
24 de noviembre de 2025 de la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Medellín, que declaró improcedente la solicitud de cumplimiento.
Para lo anterior, la Sala resolverá los siguientes problemas jurídicos:

¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia a la UARIV, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley
393 de 1997?

¿En el presente caso se cumplen los presupuestos de procedencia de la acción?

¿Se debe ordenar a la UARIV que pague la indemnización administrativa
reconocida a la parte actora?

3. Razones jurídicas de la decisión

La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito
de procedibilidad de la renuencia y (iii) requisitos de procedencia y (iv) el caso
concreto.

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3.1. Generalidades

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política, como un mecanismo1 para que toda persona pueda «… acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la
autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo
1.º de la Ley 393 de 1997 precisa que «[t]oda persona podrá acudir ante la
autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de
normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos».

Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado Social de Derecho y que dentro
de sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la
República están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución
Política), el medio de control permite la realización de este postulado para lograr la
eficacia material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las
diferentes autoridades en atención de sus funciones públicas.

De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló.

[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial
para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo2.

Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que se deben cumplir los siguientes requisitos
mínimos:

(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente
1 Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación n.º 20001-23-33-000-2016-00371-01 (ACU),
sentencia de 15 de diciembre de 2016, radicación n.º 25000-23-41-000-2016-00814-01 (ACU), M.P. Alberto
Yepes Barreiro, sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación n.º 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU).
M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (E) y sentencia de 23 de junio de 2022, radicación n.º 25000-23-41-
000-2022-00203-01 (ACU), M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
2 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. M.P. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera

Vergara.

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incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «…
cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable» caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda [artículo 8.º].
La falta de acreditación de este presupuesto implica el rechazo de la acción de
cumplimiento.

(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º]3.

(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

(iv) Pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de
la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la administración
[artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos,
la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de control.

Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe
o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o
del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por
tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de la/s pretensión/es
formulada/s.

3.2. Normas contra las que procede la acción

Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la óptica de
aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el
presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los
artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política4.

Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas
constitucionales «… pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la
efectividad de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión

3
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran
principios y directrices.
4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia

de 21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.

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llegó la Corte Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no
procede [e]sta acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas
supremas»5.

Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado6.

Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales. Lo anterior, se explica en:

[G]arantizar que la resolución de las diferencias jurídicas sea efectuada por el juez
natural, bajo el trámite que el ordenamiento jurídico ha establecido para ello y evitar
la alteración de las competencias que han sido radicadas en las diferentes
jurisdicciones. No puede entenderse que el Constituyente haya creado la acción de
cumplimiento como un instrumento paralelo a los medios judiciales ordinarios; por
ello la causal señalada, le imprime a la acción de cumplimiento el carácter de
mecanismo residual y subsidiario. En el evento consagrado como excepción, la
norma habilita al Juez de la acción de cumplimiento para que, pese a la existencia
de un instrumento judicial, se pronuncie de fondo en relación con la solicitud, pero
siempre y cuando se acrediten los presupuestos de necesidad, urgencia, gravedad
e inminencia del perjuicio7.

Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,8 a menos que estén apropiados;9 o cuando se
pretenda la protección de derechos fundamentales, en este último caso, el juez
competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
superior10.

5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2004, radicación n.º 44001-23-31-000-

2004-0047-01(ACU), M.P. Darío Quiñones Pinilla.
6 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación n.º 76001-23-31-000-

2011-00891-01 (ACU), M.P. Susana Buitrago Valencia (E).
7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 1 de noviembre de 2012, radicación n.º 76001-23-31-

000-2012-00499-01(ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
8 Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación n.º 05001-23-31-000-

2000-4673-01(ACU). M.P. Darío Quiñones Pinilla.
9 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación n.º 25000-23-41-000-

2015-00493-01 (ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
10 Sentencia antes citada.

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3.3. De la renuencia

El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este11 y
que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez
días siguientes a la presentación de la solicitud.

Sobre este requisito de procedibilidad, la Sala ha señalado que «… el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento»12.

Igualmente, esta Sección13 ha dicho que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida
a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de
ley o actos administrativos [14] (Negrillas fuera de texto).

11Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de constituir en

renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas,
es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá
precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario
conduce a la improcedencia de la acción por carecer del requisito de renuencia».
12
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación n.º 2011-01063
(ACU), M.P. Mauricio Torres Cuervo.
13
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación n.º 47001-23-31-000-
2011-00024-01 (ACU), M.P. Susana Buitrago Valencia.
14 [En la providencia se citó “Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio

de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla“].

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En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que
«[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la
solicitud».

Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.

En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «… tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia». Resulta relevante para la Sala precisar que la
renuencia debe entenderse como la negativa del ente accionado frente a la
solicitud de cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta
oportunamente o porque, aunque sea emitida en tiempo, resulte contraria al
querer del ciudadano»15 (se destaca).

En el caso concreto, el actor acompañó con la demanda copia del escrito de 29
de septiembre de 2025 en el que requirió a la UARIV el obedecimiento de la
resolución que le reconoció la indemnización él y a su grupo familiar y, en
consecuencia, el pago respectivo.

Lo anterior resulta suficiente para que la Sala entienda agotado el requisito de
constitución en renuencia, conforme el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997, toda
vez que no obra respuesta de la UARIV.

3.4. De las causales de procedencia

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 9.º de la Ley 393 de 1997, este
mecanismo constitucional no procederá cuando el afectado tenga o haya tenido
otro instrumento de defensa judicial para lograr el efectivo obedecimiento de la
norma o acto administrativo, salvo que, de no proceder el juez, se cause un
perjuicio grave e inminente para el accionante.

15 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015,
radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17
de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-23-33-000-2016-00249-01(ACU), en
todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.

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Igualmente, esta Sección en reiterada jurisprudencia16 ha desarrollado «… la
existencia de otro mecanismo judicial», como causal de improcedencia, en aquellos
casos en los que no se acredite un perjuicio irremediable.

En el caso concreto, la Sala considera que la parte actora no cuenta con otro
medio judicial efectivo para lograr que se ordene el acatamiento de la Resolución
04102019-2385113 del 14 de agosto de 2025. Asimismo, lo solicitado no involucra
la protección de derechos fundamentales toda vez que no fueron invocados en las
pretensiones de la demanda.

Sin embargo, la actual postura de la mayoría de esta Sala17 contrario a lo alegado
por el impugnante, el presente caso deviene en improcedente, por gasto.

La Corte Constitucional se pronunció desde 1998 en la sentencia C-157 de 1998
sobre la improcedencia de la acción de cumplimiento para exigir el obedecimiento
de normas que impliquen la asignación de partidas presupuestales. En la decisión
en cita se analizó la constitucionalidad de distintas normas sobre esta tipología de
acciones públicas. Sobre este tema, el Alto Tribunal precisó que permitir que el
juez incorpore una ley de presupuesto u ordene que ello se realice, transgrede el
sistema presupuestal diseñado por el constituyente.

Pese a lo anterior, no se puede perder de vista que la restricción total de declarar
improcedente la acción frente a normas que involucren gasto conduciría a eliminar
el núcleo esencial para el cual fue diseñado la acción de cumplimiento. En ese
sentido, se debe diferenciar entre el establecimiento o creación de un gasto y la
ejecución de uno ya presupuestado. En cuanto al primero, no puede ser objeto de
una demanda de este tipo por ser una competencia ajena a la Rama Judicial, pero
el segundo sí puede ordenarse.

Se precisa entonces que, cuando el gasto ya está dispuesto en la norma e
incorporado en el presupuesto por medio de una apropiación presupuestal, se
puede exigir el acatamiento de estas disposiciones mediante una acción de
cumplimiento. Esto, dado que en últimas no es el juez quien dispone la
apropiación presupuestal, sino que ya estaba dispuesta.

En el caso bajo estudio, se itera que el presupuesto para el pago de la
indemnización administrativa que le fue concedida al actor y a su grupo familiar no
está debidamente apropiado o incluido dentro de las partidas de la vigencia fiscal
en cuestión, aunado a que no ha sido priorizado el núcleo familiar del actor para el

16 Cfr. Sentencia de 24 de mayo de 2012, radicado No 05001-23-31-000-2010-02067-01(ACU), MP. Alberto

Yepes Barreiro, Sentencia de 23 de agosto de 2012, radicado n° 25000-23-31-000-2012-00425-01(ACU). M.P.
Mauricio Torres Cuervo, Sentencia de 21 de junio de 2012, radicado n° 05001-23-31-000-2006-01095-
01(ACU). MP. Mauricio Torres Cuervo.
17 Variación de postura que el ponente para esta oportunidad acoge [Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencias de 21 de noviembre de 2021, radicado n.º 25000-23-
41-2021-00805-01; y de 10 de marzo de 2022, radicado n.º 25000-23-41-000-2021-01068-01, M.P. Pedro
Pablo Vanegas Gil], y que fue explicada en el salvamento de voto emitido en el radicado 25000-23-41-000-
2024-01116-01.

9
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Demandante: Germán Román Bedoya
Demandado: UARIV
Radicación: 05001-23-33-000-2025-01505-01

pago de la medida, contrario a lo argumentado en la impugnación. En ese sentido,
no se supera el requisito bajo análisis en el presente asunto. En conclusión, la
Sala confirmará la improcedencia del Tribunal.

III FALLA:

PRIMERO. Confirmar la sentencia de 24 de noviembre de 2025 de la Sala
Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Medellín.

SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

TERCERO. En firme esta sentencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta providencia judicial fue firmada electrónicamente. Usted puede consultarla con el número de
radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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