Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2024-01116-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2024-01116-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2024-01116-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
17 de octubre de 2024
Demandante: Jhon Jairo Chávez González
Demandado: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas (UARIV)
Radicación: 25000-23-41-000-2024-01116-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2024-01116-01
Accionante: JHON JAIRO CHÁVEZ GONZÁLEZ
Accionado: UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN
INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS (UARIV)
Tema: Confirma primera instancia
.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala conoce de la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia del 10 de julio de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
1. El señor Jhon Jairo Chávez González, actuando en nombre propio, ejerció
acción de cumplimiento contra la Unidad Para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas (en adelante UARIV). Su solicitud tiene como fin que se le ordene
a la accionada el cumplimiento de la Resolución 04102019-163537 del 15 de
diciembre de 20191.
2. Como consecuencia del obedecimiento de las disposiciones invocadas
pretende que se le ordene a la UARIV el pago de la medida de indemnización
que fue reconocida mediante el acto administrativo cuyo cumplimiento se
persigue.
2. Hechos
3. El actor manifestó que, mediante la Resolución 04102019-163537 del 15
de diciembre de 2019, se le reconoció a su grupo familiar la medida de
indemnización administrativa por el hecho victimizante de desplazamiento
forzado, así:
1 Por medio de la cual se decide sobre el reconocimiento de la medida de indemnización
administrativa a la que hacen referencia los artículos 132 de la Ley 1448 de 2011 y 2.2.7.3.1. y
siguientes del Decreto Único Reglamentario 1084 de 2015.
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4. Precisó que han transcurrido más de cuatro años sin que se haya pagado
lo que fue reconocido por el referido acto administrativo, con fundamento en lo
siguiente:
Por lo anterior, le informamos que la Unidad para las Víctimas aplicará el Método
Técnico de Priorización en el transcurso del año 2024 y, una vez efectuado,
informará el resultado de este proceso, de tal manera que, si el resultado es
favorable, la entrega de la indemnización administrativa será de acuerdo con la
disponibilidad presupuestal de la entidad. Si, por el contrario, el resultado es no
favorable, a JHON JAIRO CHAVEZ GONZALEZ se le aplicará nuevamente el
«Método Técnico de Priorización», en el año siguiente (…).
5. Por lo anterior, mediante mensaje de datos remitido al correo electrónico
notificaciones.juridicauariv@unidadvictimas.gov.co el 3 de mayo de 2024, solicitó
ante la UARIV el acatamiento de la referida Resolución, sin que a la presentación
de la presente acción constitucional la accionada haya atendido el pago de la
medida indemnizatoria.
3. Actuaciones procesales
6. Mediante auto del 13 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B admitió la demanda de
cumplimiento. En consecuencia, ordenó notificar a la UARIV como accionada, a
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica y al agente del Ministerio Público
delegado ante el despacho.
4. Informe de la UARIV
7. Adujo que lo perseguido por el accionante implica que la demanda deviene
en improcedente, pues uno de los requisitos de procedencia recae en que lo
pretendido no puede perseguir el cumplimiento de normas que establezcan
gasto.
8. Señaló que, la indemnización administrativa por desplazamiento forzado,
a diferencia de las demás medidas de reparación, implica una carga económica
directa para el Estado que depende de la capacidad institucional y presupuestal.
Asimismo, que, el pago depende de aspectos de priorización de las necesidades
de las víctimas, tales como: la naturaleza del hecho victimizante, el daño
causado, el nivel de vulnerabilidad del grupo familiar, la discapacidad de alguno
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de los miembros y el enfoque diferencial. Los anteriores aspectos son necesarios
para garantizar programas y políticas sostenibles financieramente.
9. Aludió que los principios inherentes a la indemnización administrativa, y en
particular el acceso a las medidas se garantiza si los recursos son asignados de
forma gradual, progresiva y sostenible, pues no todas las víctimas están en
igualdad de condiciones. Aclaró que la sostenibilidad fiscal es actualmente un
principio legal y constitucional, lo que implica que sea jurídica y fiscalmente
imposible que el Estado indemnice a todas las víctimas al mismo tiempo o
sobrepase los trámites administrativos previstos en la ley.
10. Puso de presente que, en virtud del auto 206 de 2017 de la Corte
Constitucional se expidió la Resolución 1049 de 2019 para reconocer y otorgar
la indemnización administrativa y en ella se estableció el método de priorización,
el cual es obligatorio.
11. Solicitó que se tuvieran en cuenta las sentencias del 22 de febrero de
2022 y 9 de mayo de 20193 de la Sección Quinta del Consejo de Estado en las
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cuales se ha determinado que acciones de cumplimiento como la presente,
devienen en improcedentes porque persiguen la apropiación de gasto para
atender el mandato.
5. Fallo de primera instancia
12. En sentencia del 10 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C declaró improcedente la acción
constitucional de la referencia, tras considerar que lo pedido por el actor involucra
el establecimiento de gasto.
13. Explicó que la parte resolutiva de la Resolución cuyo cumplimiento se
persigue dispuso el reconocimiento de una prestación económica y condicionó el
pago al cumplimiento de dos aspectos. A saber, el método de priorización para
la asignación de turno y la inclusión del grupo familiar en el Registro Único de
Víctimas (RUV).
14. Precisó que, en el caso del grupo familiar del actor, no se ha podido
priorizar durante los años 2022 a 2024, pero ello no implica la desatención del
acto administrativo demandado. Lo anterior, se itera, en la medida en que el pago
pretendido está sujeto a condiciones que no se han acreditado en este caso.
6. Impugnación
15. El accionante impugnó la decisión de primer grado. Explicó que no se
puede encontrar sujeto a la asignación de un turno, pues se le estaría afectando
2 Radicado 08 001 23 33 000 2022 00017 01.
3 Radicado 08001-23-33-000-2019-00152- 01.
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un derecho adquirido a partir de un trámite administrativo y ello contraría la
Constitución.
16. Reiteró que la Resolución que se pide cumplir fue proferida hace más de
cinco años, lapso en el que ha padecido dificultades de distinta índole. Adicionó
que le están poniendo trabas administrativas para la satisfacción de su derecho
adquirido al pago de la indemnización administrativa.
17. Por lo anterior, solicitó que se revoque el fallo del a quo y se ordene el
acatamiento de la Resolución invocada.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
18. Esta Sección es competente para resolver la impugnación presentada por
el señor Chávez González contra la sentencia del 10 de julio de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B.
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1254, 1505 y 2436 de
la Ley 1437 de 20117, así como del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la
Sala Plena del Consejo de Estado que establece la competencia de la Sección
Quinta de esta Corporación para conocer de «…las apelaciones contra las
providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales
Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento».
2.2. Generalidades sobre la acción de cumplimiento
19. La finalidad de la presente acción, consagrada en el artículo 87 de la
Constitución Política, a la cual puede acudir cualquier persona natural o jurídica,
es hacer efectivo el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de
un acto administrativo que impone determinada actuación u omisión a la
autoridad. Su objeto es la observancia del ordenamiento jurídico existente.
20. En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley 393 de 1997, que
reglamenta esta acción, exige como requisito de procedibilidad “la renuencia”
(artículo 8°), esto es, haber reclamado en sede administrativa antes de ejercitar
la demanda la atención de la norma o del acto administrativo que se considera
desacatado, y que la autoridad no responda transcurridos 10 días o se niegue a
atender su cumplimiento.
4 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
5 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26.
6 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
7 Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado
por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra
decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código [..].
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21. Para que la demanda proceda, se requiere:
(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º]8.
(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas, encargado
de ello (artículos 5.º y 6.º).
(iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad o el particular accionado frente
al obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción
u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir
su inminente incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito “(…) cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de
sufrir un perjuicio irremediable (…)” caso en el cual deberá ser sustentado en la
demanda (artículo 8.º).
(iv) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(v) Pretender la protección de derechos fundamentales que puedan ser
garantizados a través de la tutela (artículo 9.º).
(vi) El acatamiento de normas que establezcan gastos a la administración
(artículo 9.º).
2.3. De la renuencia
22. La procedencia de la acción de cumplimiento se supedita a la constitución
en renuencia de la autoridad, que consiste en el reclamo previo y por escrito que
debe elevarle el interesado exigiendo atender un mandato legal o consagrado en
acto administrativo con citación precisa de éste9 y que ésta se ratifique en el
incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación
de la solicitud.
23. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad la Sala, ha
señalado que “…el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición
sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de
8 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
4. Sobre el particular esta Sección ha dicho: “La Sala también ha explicado que con el fin de
constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio
de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o
administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su
deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la
acción por carecer del requisito de renuencia.(Negrita fuera de texto)
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la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento”10.
24. Sobre este tema, esta Sección11 ha dicho que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que
incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está
sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos
contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de
ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición
que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda
el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación
a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la
acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material
de ley o actos administrativos12. (Negrillas fuera de texto).
25. En efecto, el inciso 2.° del artículo 8º de la Ley 393 de 1997 establece lo
siguiente:
Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud.
26. Por otra parte, para dar por satisfecho este requisito no es necesario que
el solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa de que su objetivo
es constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8. º de la Ley 393 de
1997 no lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que
lo pretendido es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20
de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
11 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011,
expediente 47001-23-31-000-2011-00024-01. Magistrada Ponente: Susana Buitrago Valencia.
12 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.
ACU-2003-00724, M.P.: Darío Quiñones Pinilla
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27. En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el
requisito de procedibilidad cuando la petición “…tiene una finalidad distinta a la
de constitución en renuencia”.13
28. El accionante aportó la constancia de envío de la petición del 3 de mayo
de 2024, dirigida a la UARIV, en la que pidió expresamente «el cumplimiento
inmediato de la resolución No. 04102019-163537 del 15/12/2019, en el sentido
de efectuar el pago de indemnización allí establecido, como consecuencia del
hecho victimizante de desplazamiento forzado, tanto para él como para su núcleo
familiar».
29. No obra prueba o manifestación en el expediente que acredite que la
accionada brindó respuesta.
30. El aparte citado deja en evidencia que, con su escrito de renuencia, el
actor pidió ordenar el acatamiento de la Resolución 04102019-163537 del 15 de
diciembre de 2019, en la que hizo referencia puntual a que su objetivo es obtener
el pago de la indemnización administrativa previsto en el artículo 1 del referido
acto administrativo.
31. Así las cosas, no hay duda de que, previo a acudir al ejercicio de la
presente acción de cumplimiento, la parte actora agotó en debida forma el
requisito de la renuencia.
2.4. De la procedencia de la acción de cumplimiento
32. La parte actora, con el ejercicio de la presente acción, pretende que se
ordene a la UARIV el acatamiento de la Resolución 04102019-163537 del 15 de
diciembre de 2019, específicamente en lo que tiene que ver con el pago de la
indemnización administrativa por desplazamiento forzado que le fue reconocida
a él y a su grupo familiar en el artículo 1.
33. En este orden de ideas, la Sala manifiesta que el precepto que se pide
acatar es actualmente exigible.
34. Sin embargo, no se puede pasar por alto que la UARIV mencionó dentro
de sus argumentos de defensa que la acción de cumplimiento impetrada por el
actor involucra el establecimiento de un gasto que no se encuentra
presupuestado y está supeditado a ciertas condiciones.
35. Así, de la revisión del acto administrativo objeto de la demanda se avizora
que, en efecto, en el artículo 1 se le reconoció al actor y a su grupo familiar el
reconocimiento de la indemnización administrativa por el hecho victimizante de
desplazamiento forzado. A su vez, el artículo 2 establece que se debe aplicar el
13 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencias del 21 de noviembre de 2002,
exp. ACU-1614 y del 17 de marzo de 2011, exp. 2011-00019.
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método de priorización que determina el turno para obtener el desembolso de la
medida pecuniaria concedida, y de manera proporcional a los recursos
apropiados en la respectiva vigencia fiscal.
36. Así las cosas, se tiene que, si bien se reconoció el derecho a la
indemnización administrativa, el pago, que es el fin último de esta acción de
cumplimiento, está condicionado al turno de priorización, a los recursos en la
respectiva vigencia fiscal, entre otros. En otras palabras, lo perseguido por la
actora requiere del establecimiento de un gasto que no está presupuestado.
37. La Corte Constitucional se pronunció desde 1998 en la sentencia C-157
de 1998 sobre la improcedencia de la acción de cumplimiento para exigir el
obedecimiento de normas que impliquen la asignación de partidas
presupuestales. En la decisión en cita se analizó la constitucionalidad de distintas
normas sobre esta tipología de acciones públicas. Sobre este tema, el Alto
Tribunal precisó que permitir que el juez incorpore una ley de presupuesto u
ordene que ello se realice, transgrede el sistema presupuestal diseñado por el
constituyente.
38. Pese a lo anterior, no se puede perder de vista que la restricción total de
declarar improcedente la acción frente a normas que involucren gasto conduciría
a eliminar el núcleo esencial para el cual fue diseñado la acción de cumplimiento.
En ese sentido, se debe diferenciar entre el establecimiento o creación de un
gasto y la ejecución de uno ya presupuestado. En cuanto al primero, no puede
ser objeto de una demanda de este tipo por ser una competencia ajena a la Rama
Judicial, pero el segundo si puede ordenarse.
39. Se precisa entonces que, cuando el gasto ya está dispuesto en la norma
e incorporado en el presupuesto por medio de una apropiación presupuestal, se
puede exigir el acatamiento de estas disposiciones mediante una acción de
cumplimiento. Esto, dado que en últimas no es el juez quien dispone la
apropiación presupuestal, sino que ya estaba dispuesta.
40. En el caso bajo estudio, se itera que el presupuesto para el pago de la
indemnización administrativa que le fue concedida al actor y a su grupo familiar
no está debidamente apropiado o incluido dentro de las partidas de la vigencia
fiscal en cuestión, aunado a que no ha sido priorizado el núcleo familiar del actor
para el pago de la medida. En ese sentido, no se supera el requisito bajo análisis
en el presente asunto.
41. Por lo anterior, corresponde a la Sala confirmar la sentencia de primera
instancia que declaró que el asunto es improcedente, dado que la acción de
cumplimiento no fue diseñada para ordenar el acatamiento de normas que
conlleven el establecimiento de gasto, como ocurre con el presente mecanismo
de control.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 10 de julio de 2024, dictada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Con salvamento de voto)
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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