Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 19001-23-33-000-2026-00021-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 19001-23-33-000-2026-00021-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 19001-23-33-000-2026-00021-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
7 de mayo de 2026
Demandantes: Amanda Lucia Muñoz Andela y otros
Demandados: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros
Radicación: 19001-23-33-000-2026-00021-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de cumplimiento
Radicación: 19001-23-33-000-2026-00021-01
Demandantes: Amanda Lucia Muñoz Andela y otros
Demandados: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros
Tema: Revoca para rechazar por renuencia y declarar improcedencia
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la
sentencia de 19 de marzo de 2026. En dicha providencia, el Tribunal
Administrativo del Cauca que declaró la improcedencia de la acción.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de cumplimiento
En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, a través de
apoderado judicial, los señores Amanda Lucia Muñoz Andela, Ayde Cerón y
Efredo Mamian Papamija demandaron al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en
adelante UNGRD, y el municipio de La Vega (departamento del Cauca), con el fin
de que se ordenara el cumplimiento de la Ley 1523 de 2012, la Resolución 1110
de 2022 de la UNGRD, el artículo 1 de la Resolución 531 del 31 de mayo de 2023
y el artículo 288 de la Constitución Política. En los siguientes términos los
accionantes formularon sus pedimentos [se transcribe tal cual, incluso con
posibles errores].
1. Respecto de la ALCALDÍA DE LA VEGA, CAUCA, se solicita que, a través de su
Consejo Territorial de Gestión del Riesgo de Desastre o la dependencia pertinente,
dicha entidad lleve a cabo las gestiones necesarias para atender a un grupo
poblacional de al menos 750 familias de la zona rural del Municipio de la Vega,
Cauca, las cuales sufrieron serias afectaciones en sus viviendas humildes como
consecuencia de la ola invernal que atravesó el Municipio a finales del año 2022.
Así, las familias mencionadas (dentro de las cuales se encuentran los peticionarios
según el anexo 1 a este documento) aparecen referenciadas en el Registro Único
Nacional de Damnificados, ello para ser atendidas por los hechos y las razones
antes descritas; no obstante, la ALCALDÍA DE LA VEGA, CAUCA no ha ejecutado
ninguna acción al respecto, desconociendo así los mandatos expuestos en la Ley
1523 de 2012 y la resolución 1110 de 2022 de la UNIDAD NACIONAL PARA LA
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.
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2. Respecto de la ALCALDÍA DE LA VEGA, CAUCA y en función de lo señalado por
la Ley 1523 de 2012 y la resolución 1110 de 2022, se solicita que aquella entidad
proceda a efectuar el trámite tendiente a la expedición del Certificado de
Disponibilidad Presupuestal “CDP”, el desembolso y la posterior ejecución de los
$2.631.089.486,00 COP reconocidos por la resolución 531 del 31 de mayo de 2023
emitida por la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DE RIESGO DE
DESASTRES. Así, la resolución en cita asignó una serie de recursos precisamente
a efectos de brindar un apoyo económico al Municipio de La Vega, Cauca para el
Mantenimiento y rehabilitación de las viviendas afectadas por la temporada de
lluvias (finales del año 2022) y en procura de dignificar las condiciones de vida de
los habitantes de dicho municipio, especialmente de las 750 familias afectadas
según el anexo 1 a este documento.
3. Respecto de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DE RIESGO DE
DESASTRES, se solicita que, una vez se haga la solicitud por parte de la
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CAUCA sobre la ejecución del saldo a
favor de los $2.631.089.486,00 antes descritos; proceda a atender las solicitudes y
realice las gestiones necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en la resolución
531 del 31 de mayo de 2023 emitida por esa entidad, misma por medio de la cual
se dispuso brindar un apoyo económico al Municipio de La Vega, Cauca para el
Mantenimiento y rehabilitación de las viviendas afectadas por la temporada de
lluvias y en procura de dignificar las condiciones de vida de los habitantes de ese
municipio.
4. En cualquier caso, a las tres entidades requeridas, se solicita que, en el marco de
sus funciones y a la luz del mandato establecido por el artículo 288 de la
Constitución Política; actúen de manera mancomunada y coordinada a efectos de
ejecutar los $2.631.089.486,00 COP reconocidos por la resolución 531 del 31 de
mayo de 2023 emitida por la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DE RIESGO
DE DESASTRES, recursos precisamente asignados a efectos de brindar un apoyo
económico al Municipio de La Vega, Cauca para el Mantenimiento y rehabilitación
de las viviendas afectadas por la temporada de lluvias (finales del año 2022) y en
procura de dignificar las condiciones de vida de los habitantes de dicho municipio.
2. Hechos
La parte actora señaló que, a finales del año 2022, aproximadamente 750 familias
de la zona rural del municipio de La Vega, Cauca, resultaron afectadas en sus
viviendas como consecuencia de la ola invernal.
Indicaron que las familias fueron incorporadas en el Registro Único Nacional de
Damnificados —RUD—, con el propósito de ser atendidas por las autoridades
competentes, aunque en una acción de tutela anterior la administración municipal
habría sostenido, de manera equivocada, que los afectados —entre ellos los
accionantes— no se encontraban inscritos en dicho registro.
Adujeron que, pese a esa situación, la Alcaldía Municipal de La Vega, por
conducto del Consejo Territorial de Gestión del Riesgo de Desastres, no adelantó
las actuaciones necesarias para atender a la población damnificada, en los
términos previstos en la Ley 1523 de 2012 y en la Resolución 1110 de 2022
expedida por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres —
UNGRD—.
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La parte demandante expuso que, con el fin de atender la emergencia, la UNGRD
expidió la Resolución 531 del 31 de mayo de 2023, mediante la cual dispuso la
transferencia de recursos destinados, entre otros fines, al mantenimiento y
rehabilitación de las viviendas afectadas por la temporada de lluvias en el
municipio de La Vega, por un valor estimado de $ 2 631 089 486, con el propósito
de dignificar las condiciones de vida de sus habitantes.
Sostuvieron que, a pesar de la existencia de dicho acto administrativo, los
recursos no habían sido ejecutados. En particular, afirmaron que la UNGRD, como
entidad encargada de ordenar el gasto y hacer seguimiento a la ejecución de los
recursos transferidos, no habría adelantado actuaciones efectivas para
materializar su desembolso y ejecución, mientras que la Alcaldía de La Vega
tampoco habría tramitado lo necesario para obtener el certificado de disponibilidad
presupuestal, solicitar el desembolso y ejecutar los dineros asignados.
Finalmente, indicaron que, mediante oficio del 27 de abril de 2025, la UNGRD
manifestó que correspondía a la Alcaldía Municipal de La Vega solicitar el
desembolso de los recursos, conforme al régimen legal aplicable.
Agregaron que, pese al requerimiento previo dirigido a las entidades demandadas
el 5 de agosto de 2025, para obtener el cumplimiento de las disposiciones
invocadas y lograr la ejecución de los recursos, estas no brindaron una respuesta
oportuna dentro del término legal, y que la UNGRD se habría ratificado en el
incumplimiento del mandato contenido en la Resolución 531 de 2023.
3. Admisión de la demanda
En auto de 5 de febrero de 2026, el ponente del Tribunal Administrativo del Cauca
admitió la demanda y ordenó su notificación a las demandadas.
4. Informes
4.1. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público se opuso a las pretensiones al
considerar que los hechos y solicitudes de la demanda se dirigían realmente
contra la UNGRD y el municipio de La Vega, autoridades que cuentan con
autonomía administrativa, técnica y presupuestal.
Señaló que sus funciones se limitan a la dirección, regulación y seguimiento
macrofiscal del sistema presupuestal, sin que pueda ejecutar, ordenar o sustituir
decisiones administrativas de la UNGRD ni asumir competencias de gestión del
riesgo, proyectos de vivienda o atención de damnificados.
Agregó que no existía un mandato legal, reglamentario o administrativo claro,
expreso e inobjetable a su cargo, ni una solicitud concreta en su contra en la
constitución en renuencia. Por ello propuso la falta de legitimación en la causa por
pasiva y sostuvo, además, que la acción era improcedente porque pretendía
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interferir en etapas propias del sistema presupuestal, como la disponibilidad, el
registro presupuestal, la programación del PAC y la ordenación del gasto.
4.2. La UNGRD afirmó que no se había negado a cumplir la Resolución 531 de
2023. Explicó que, con cargo a los recursos aprobados, se abrió un fondo de
inversión colectiva para el municipio de La Vega y se ejecutaron $ 1 200 000 000
destinados a maquinaria amarilla, bajo el principio de unidad de caja.
Indicó, además, que al inicio de la actual administración no recibió de forma
adecuada, completa ni inventariada la documentación de la administración
anterior, razón por la cual no tenía conocimiento oportuno del acto administrativo.
Añadió que adelantó gestiones presupuestales para garantizar la continuidad
financiera de los compromisos adquiridos, incluida la constitución de reserva
presupuestal y la operación contable denominada orden de pago no presupuestal
con pago líquido cero; sin embargo, por directrices del CONFIS y del Ministerio de
Hacienda, la liquidez que respaldaba la asignación feneció. En ese sentido,
sostuvo que había desplegado las actuaciones pertinentes y que no existía
incumplimiento atribuible a esa entidad.
4.3. El municipio de La Vega no se pronunció dentro de la oportunidad legal
otorgada en el auto de admisión de la demanda
5. Sentencia de primera instancia
En sentencia de 19 de marzo de 2026, el Tribunal Administrativo del Cauca, frente
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, señaló que la Resolución 531 de 2023
no contenía un mandato claro, expreso, imperativo y actualmente exigible a su
cargo, pues la parte actora lo vinculó de manera genérica con fundamento en el
principio de coordinación del artículo 288 constitucional, sin identificar un deber
concreto que le correspondiera cumplir. Por esa razón, declaró probada la falta de
legitimación en la causa por pasiva de dicha cartera.
En relación con la UNGRD y el municipio de La Vega, el Tribunal declaró la
improcedencia de la acción de cumplimiento al estimar los accionantes ya habían
acudido previamente a la acción de tutela para obtener, en esencia, la misma
finalidad: la ejecución de los recursos previstos en la Resolución 531 de 2023 para
el mantenimiento y rehabilitación de viviendas afectadas por la ola invernal.
Advirtió que esa tutela culminó con una decisión favorable a los demandantes, en
la cual se impartieron órdenes al municipio y a la UNGRD para adelantar las
gestiones necesarias sobre el CDP, desembolso y ejecución de los recursos.
Por ello, la primera instancia consideró configurada la causal de improcedencia del
artículo 9 de la Ley 393 de 1997, al existir otro mecanismo judicial para lograr el
cumplimiento pretendido, esto es, el incidente de desacato o los instrumentos
propios para exigir la ejecución del fallo de tutela.
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6. La impugnación
La parte actora sostuvo que la sentencia de primera instancia debía revocarse,
porque el Tribunal declaró improcedente la acción de cumplimiento con
fundamento en una premisa fáctica equivocada: considerar que los accionantes ya
habían obtenido una tutela favorable y que, por tanto, contaban con el incidente de
desacato para exigir el cumplimiento de la Resolución 531 de 2023.
En criterio de los impugnantes, el Tribunal valoró indebidamente los hechos y las
pruebas, pues en la demanda se explicó que, aunque la tutela había sido
concedida en primera instancia, esa decisión fue revocada en segunda instancia
por el Tribunal Superior de Popayán, precisamente bajo el argumento de que la
controversia no debía resolverse por vía de tutela sino mediante acción de
cumplimiento.
Por ello, afirmaron que no existía otro mecanismo judicial eficaz ni una decisión de
tutela ejecutable, de modo que la acción de cumplimiento sí era procedente y, en
consecuencia, debían acogerse las pretensiones encaminadas a obtener la
ejecución de los recursos previstos en la Resolución 531 de 2023.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de
19 de marzo de 2026 del Tribunal Administrativo del Cauca, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997, 125, 150 y 243 del CPACA,
así como en el artículo 13, numeral 7.º, del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de
2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que establece la
competencia de la Sección Quinta de esta Corporación para conocer de «… las
apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por
los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento».
2. Problema jurídico a resolver
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de
19 de marzo de 2026 del Tribunal Administrativo del Cauca, que declaró
improcedente la solicitud de cumplimiento. Para lo anterior, la Sala resolverá los
siguientes problemas jurídicos:
¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia a las accionadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la
Ley 393 de 1997?
¿En el presente caso se cumplen los presupuestos de procedencia de la acción?
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3. Razones jurídicas de la decisión
La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito
de procedibilidad de la renuencia y (iii) requisitos de procedencia y (iv) el caso
concreto.
3.1. Generalidades
La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política, como un mecanismo1 para que toda persona pueda «… acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la
autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo
1.º de la Ley 393 de 1997 precisa que «[t]oda persona podrá acudir ante la
autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de
normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos».
Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado Social de Derecho y que dentro
de sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la
República están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución
Política), el medio de control permite la realización de este postulado para lograr la
eficacia material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las
diferentes autoridades en atención de sus funciones públicas.
De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló.
[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial
para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo2.
1 Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación n.º 20001-23-33-000-2016-00371-01 (ACU),
sentencia de 15 de diciembre de 2016, radicación n.º 25000-23-41-000-2016-00814-01 (ACU), M.P. Alberto
Yepes Barreiro, sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación n.º 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU).
M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (E) y sentencia de 23 de junio de 2022, radicación n.º 25000-23-41-
000-2022-00203-01 (ACU), M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
2 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. M.P. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera
Vergara.
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Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que se deben cumplir los siguientes requisitos
mínimos:
(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente
incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «…
cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable» caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda [artículo 8.º].
La falta de acreditación de este presupuesto implica el rechazo de la acción de
cumplimiento.
(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º]3.
(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(iv) Pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de
la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la administración
[artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos,
la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de control.
Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe
o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o
del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por
tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de la/s pretensión/es
formulada/s.
3.2. Normas contra las que procede la acción
Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la óptica de
aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el
presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los
artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política4.
3 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran
principios y directrices.
4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia
de 21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
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Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas
constitucionales «… pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la
efectividad de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión
llegó la Corte Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no
procede [e]sta acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas
supremas»5.
Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado6.
Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales. Lo anterior, se explica en:
[G]arantizar que la resolución de las diferencias jurídicas sea efectuada por el juez
natural, bajo el trámite que el ordenamiento jurídico ha establecido para ello y evitar
la alteración de las competencias que han sido radicadas en las diferentes
jurisdicciones. No puede entenderse que el Constituyente haya creado la acción de
cumplimiento como un instrumento paralelo a los medios judiciales ordinarios; por
ello la causal señalada, le imprime a la acción de cumplimiento el carácter de
mecanismo residual y subsidiario. En el evento consagrado como excepción, la
norma habilita al Juez de la acción de cumplimiento para que, pese a la existencia
de un instrumento judicial, se pronuncie de fondo en relación con la solicitud, pero
siempre y cuando se acrediten los presupuestos de necesidad, urgencia, gravedad
e inminencia del perjuicio7.
Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,8 a menos que estén apropiados;9 o cuando se
pretenda la protección de derechos fundamentales, en este último caso, el juez
5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2004, radicación n.º 44001-23-31-000-
2004-0047-01(ACU), M.P. Darío Quiñones Pinilla.
6 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación n.º 76001-23-31-000-
2011-00891-01 (ACU), M.P. Susana Buitrago Valencia (E).
7
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 1 de noviembre de 2012, radicación n.º 76001-23-31-
000-2012-00499-01(ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
8 Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación n.º 05001-23-31-000-
2000-4673-01(ACU). M.P. Darío Quiñones Pinilla.
9 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación n.º 25000-23-41-000-
2015-00493-01 (ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
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Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
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competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
superior10.
3.3. De la renuencia
El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este11 y
que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez
días siguientes a la presentación de la solicitud.
Sobre este requisito de procedibilidad, la Sala ha señalado que «… el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento»12.
Igualmente, esta Sección13 ha dicho que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida
a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
10 Sentencia antes citada.
11Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de constituir en
renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas,
es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá
precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario
conduce a la improcedencia de la acción por carecer del requisito de renuencia».
12 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación n.º 2011-01063
(ACU), M.P. Mauricio Torres Cuervo.
13 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación n.º 47001-23-31-000-
2011-00024-01 (ACU), M.P. Susana Buitrago Valencia.
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procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de
ley o actos administrativos [14] (Negrillas fuera de texto).
En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que
«[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la
solicitud».
Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «… tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia». Resulta relevante para la Sala precisar que la
renuencia debe entenderse como la negativa del ente accionado frente a la
solicitud de cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta
oportunamente o porque, aunque sea emitida en tiempo, resulte contraria al
querer del ciudadano»15 (se destaca).
En el caso concreto, la parte actora acompañó con la demanda copia del escrito
de 5 de agosto de 2025 en el que requirió a las accionadas el obedecimiento de la
Ley 1523 de 2012, la Resolución 1110 de 2022 de la UNGRD, el artículo 1 de la
Resolución 531 del 31 de mayo de 2023 y el artículo 288 de la Constitución
Política, para que se expidieran los CDP y se ejecutara el presupuesto trasferido al
municipio de La Vega (Cauca), recursos destinados, entre otros fines, al
mantenimiento y rehabilitación de las viviendas afectadas por la temporada de
lluvias en el municipio de La Vega, por un valor estimado de $ 2 631 089 486, con
el propósito de dignificar las condiciones de vida de sus habitantes.
La UNGRD indicó que se ejecutaron $ 1 200 millones, pero el saldo no pudo
ejecutarse porque los recursos de 2023 estaban previstos para la vigencia 2024 y
la reserva presupuestal no fue habilitada para 2025.
Lo anterior resulta suficiente para que la Sala entienda agotado el requisito de
constitución en renuencia, conforme el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997, pero
14 [En la providencia se citó “Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio
de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla“].
15 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015,
radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17
de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-23-33-000-2016-00249-01(ACU), en
todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.
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solo respecto de los artículos 1 de la Resolución 531 del 31 de mayo de 2023 y
288 de la Constitución Política, lo anterior porque si bien se mencionó la Ley 1523
de 2012 y la Resolución 1110 de 2022 de la UNGRD, se realizó de forma
genérica sin identificar cuál de todas las disposiciones o artículos que conforman
dichos cuerpos normativos se exigía su obedecimiento; por tanto, respecto de tal
ley y acto administrativo será rechazada la demanda.
3.4. De las causales de procedencia
La Sala reitera que este mecanismo procura por hacer efectiva la observancia de
una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo que impone
determinada actuación u omisión a la respectiva autoridad; es decir, su objeto es
el acatamiento del ordenamiento jurídico vigente. Así las cosas, la acción resulta
improcedente respecto del cumplimiento del artículo 288 de la Constitución
Política, pues tal disposición no es pasible de ser exigida por medio de este
mecanismo constitucional porque el constituyente no lo previó en el artículo 87
ibidem ni en la Ley 393 de 1997.
Ahora bien, la segunda disposición que superó el requisito de procedencia es el
artículo 1 de la Resolución 531 del 31 de mayo de 2023 que dispone lo siguiente:
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El referido artículo del acto administrativo citado se encuentra vigente y, por tanto,
supera el primer presupuesto de procedencia, contenido en el artículo 1 de la Ley
393 de1997.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 9.º de la Ley 393 de 1997, este
mecanismo constitucional no procederá cuando el afectado tenga o haya tenido
otro instrumento de defensa judicial para lograr el efectivo obedecimiento de la
norma o acto administrativo, salvo que, de no proceder el juez, se cause un
perjuicio grave e inminente para el accionante.
Igualmente, esta Sección en reiterada jurisprudencia16 ha desarrollado «… la
existencia de otro mecanismo judicial», como causal de improcedencia, en aquellos
casos en los que no se acredite un perjuicio irremediable.
En el caso concreto, la Sala considera que la parte actora no cuenta con otro
medio judicial efectivo para lograr que se ordene a las demandadas se expidan los
CDP y se ejecute el presupuesto trasferido al municipio de La Vega (Cauca), para
el mantenimiento y rehabilitación de las viviendas afectadas por la temporada de
lluvias en el municipio de La Vega, por un valor estimado de $ 2 631 089 486.
Asimismo, lo solicitado no involucra la protección de derechos fundamentales toda
vez que no fueron invocados en las pretensiones de la demanda.
En este punto se pone de presente, que si bien el Tribunal puso de presente que
la parte actora contaba con el incidente de desacato en el proceso de tutela que
fue favorable a sus pretensiones, lo cierto es que de acuerdo con la sentencia de
segunda instancia que aportaron los accionantes, esta revocó el amparo
concedido por la primera instancia y, en consecuencia, el mecanismo advertido
por el Tribunal del Cauca no es el medio eficaz para satisfacer los pedimentos de
los accionantes.
Sin embargo, de acuerdo con la actual postura de la mayoría de esta Sala 17, el
presente caso deviene en improcedente, por gasto.
La Corte Constitucional se pronunció desde 1998 en la sentencia C-157 de 1998
sobre la improcedencia de la acción de cumplimiento para exigir el obedecimiento
de normas que impliquen la asignación de partidas presupuestales. En la decisión
en cita se analizó la constitucionalidad de distintas normas sobre esta tipología de
acciones públicas. Sobre este tema, el Alto Tribunal precisó que permitir que el
16 Cfr. Sentencia de 24 de mayo de 2012, radicado No 05001-23-31-000-2010-02067-01(ACU), MP. Alberto
Yepes Barreiro, Sentencia de 23 de agosto de 2012, radicado n° 25000-23-31-000-2012-00425-01(ACU). M.P.
Mauricio Torres Cuervo, Sentencia de 21 de junio de 2012, radicado n° 05001-23-31-000-2006-01095-
01(ACU). MP. Mauricio Torres Cuervo.
17 Variación de postura que el ponente para esta oportunidad acoge [Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencias de 21 de noviembre de 2021, radicado n.º 25000-23-
41-2021-00805-01; y de 10 de marzo de 2022, radicado n.º 25000-23-41-000-2021-01068-01, M.P. Pedro
Pablo Vanegas Gil], y que fue explicada en el salvamento de voto emitido en el radicado 25000-23-41-000-
2024-01116-01.
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juez incorpore una ley de presupuesto u ordene que ello se realice, transgrede el
sistema presupuestal diseñado por el constituyente.
Pese a lo anterior, no se puede perder de vista que la restricción total de declarar
improcedente la acción frente a normas o pretensiones que involucren gasto
conduciría a eliminar el núcleo esencial para el cual fue diseñado la acción de
cumplimiento. En ese sentido, se debe diferenciar entre el establecimiento o
creación de un gasto y la ejecución de uno ya presupuestado. En cuanto al
primero, no puede ser objeto de una demanda de este tipo por ser una
competencia ajena a la Rama Judicial, pero el segundo sí puede ordenarse.
Se precisa entonces que, cuando el gasto ya está dispuesto en la norma e
incorporado en el presupuesto por medio de una apropiación presupuestal, se
puede exigir el acatamiento de estas disposiciones mediante una acción de
cumplimiento. Esto, dado que en últimas no es el juez quien dispone la
apropiación presupuestal, sino que ya estaba dispuesta.
En el caso bajo estudio, lo pretendido implica dar órdenes de gasto que no está
debidamente apropiado o incluido dentro de las partidas de la vigencia fiscal de
2026 como lo han informado las accionadas.
En efecto, revisada la respuesta de la UNGRD al escrito de constitución en
renuencia y su contestación, la entidad le explicó que los recursos previstos en la
Resolución 531 de 2023, fueron distribuidos en su presupuesto y transferidos al
Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres; incluso, de ese monto se
ejecutaron $ 1 200 000 000 mediante la apertura de un Fondo de Inversión
Colectiva para el municipio de La Vega, destinado a maquinaria amarilla y
combustible, el cual fue legalizado en su totalidad.
Precisó que el saldo relacionado con el mantenimiento y rehabilitación de
viviendas no podía ser ejecutado automáticamente, porque los recursos habían
sido asignados en 2023 para ejecutarse en la vigencia 2024 y, aunque se
constituyó una reserva presupuestal para permitir su utilización, al cierre de esa
vigencia los dineros seguían pendientes de giro en liquidez por parte del Ministerio
de Hacienda.
Igualmente, informó que para preservar la disponibilidad de los recursos era
necesario acudir a la operación contable de orden de pago no presupuestal con
pago líquido cero, pero esta no fue habilitada para dichos recursos conforme a la
Circular 001 de 2025 y a las directrices del CONFIS, razón por la cual la liquidez
que respaldaba la asignación feneció.
En consecuencia, la entidad sostuvo que, mientras la Presidencia de la República
y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no definan una hoja de ruta fiscal y
presupuestal, no es posible ejecutar el saldo ni expedir el correspondiente CDP —
o asumir un nuevo compromiso de gasto—.
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De modo que una orden judicial para que sean ejecutados gastos en 2026 que no
están presupuestados implicaría disponer recursos que no se encuentran
actualmente apropiados ni disponibles, circunstancia que desborda el objeto de la
acción de cumplimiento y conduce a su improcedencia por involucrar la
programación y ejecución de gasto público no presupuestado.
En conclusión, la Sala revocará la sentencia de primera instancia y rechazará la
demanda por falta al requisito de procedibilidad de la renuencia y declarará la
improcedencia, pero por las razones expuestas en esta sentencia.
III FALLA:
PRIMERO. Revocar la sentencia de 19 de marzo de 2026 del Tribunal
Administrativo del Cauca para, en su lugar, rechazar la demanda en cuanto al
cumplimiento de la Ley 1523 de 2012 y la Resolución 1110 de 2022 de la UNGRD,
porque no se agotó en debida forma el requisito de la renuencia, y declarar
improcedente la acción de cumplimiento respecto de los artículos 1 de la
Resolución 531 del 31 de mayo de 2023 y 288 de la Constitución Política, de
acuerdo con lo explicado en el acápite de procedencia de esta sentencia.
SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.
TERCERO. En firme esta sentencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta providencia judicial fue firmada electrónicamente. Usted puede consultarla con el número de radicación
en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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