Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2025-01318-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2025-01318-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2025-01318-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
30 de abril de 2026
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo
Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01318-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01318-01
Demandante: Catherine Juvinao Clavijo
Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros
Tema: Revoca negativa y declara improcedencia por gasto.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide las impugnaciones interpuestas por la parte demandante y el
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estúdios Técnicos en el Exterior, en
adelante ICETEX, contra la sentencia de 10 de diciembre de 2025. En dicha
providencia, la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda de cumplimiento.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de cumplimiento
En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, la señora Catherine
Juvinao Clavijo demandó al Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y el ICETEX, con el fin de que se ordenara el
cumplimiento del inciso 4 del artículo 61 de la Ley 1753 de 2015, modificado por
el artículo 47 de la Ley 1911 de 2018, relacionado con la garantía y destinación de
recursos al ICETEX para compensar los ingresos que deja de percibir por la
aplicación de beneficios a créditos de educación superior de beneficiarios de
estratos 1, 2 y 3.
En los siguientes términos el accionante formuló su pedimento [se transcribe tal
cual, incluso con posibles errores].
Primera: Ordenar al INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y
ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR – ICETEX cumplir el deber legal
contenido en el Inciso 4 del artículo 61 de la Ley 1753 de 2015, modificado por el
artículo 47 de la Ley 1911 de 2018, consistente en subsidios a la tasa de interés
correspondientes a los créditos otorgados en etapa de amortización, siempre que
los beneficiarios cumplan con los requisitos enumerados en la misma norma.
Segunda: Ordenar al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL y el MINISTERIO
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO cumplir el deber legal contenido en el Inciso
4 del artículo 61 de la Ley 1753 de 2015, modificado por el artículo 47 de la Ley
1911 de 2018, consistente en garantizar y destinar al ICETEX los recursos
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Demandante: Catherine Juvinao Clavijo
Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros
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requeridos para compensar los ingresos que deja de percibir por los conceptos de
focalización de subsidios a los créditos en etapa de amortización otorgados por
este.
2. Hechos
En resumen, la parte actora afirmó que el Ministerio de Educación Nacional
informó, el 25 de noviembre de 2024, que la convocatoria de nuevos créditos con
subsidio a la tasa de interés para 2025 se encontraba suspendida por falta de
recursos.
Agregó que el ICETEX confirmó esa situación mediante comunicado del 20 de
febrero de 2025, en el que indicó que, debido a la situación fiscal del país, el
Gobierno nacional no continuaría con el subsidio a la tasa de interés durante la
vigencia 2025.
La demandante señaló que, como consecuencia de esa decisión, el ICETEX
comunicó a los beneficiarios de créditos educativos en etapa de amortización que
perderían el subsidio a la tasa de interés que venían recibiendo. Según la
demanda, dicha eliminación impactó especialmente a usuarios de estratos 1, 2 y
3, pues el ICETEX habría reconocido que el beneficio fue retirado a 206.484
usuarios, de los cuales 204.914 pertenecían a esos estratos.
También indicó que el ICETEX había solicitado al Ministerio de Educación
Nacional recursos por $ 1 484 693 958 350 para la vigencia 2025, destinados a
beneficiar 504.704 actividades, pero que solo le fueron asignados
$ 495 189 000 000, esto es, menos de una tercera parte de lo requerido. Según la
actora, uno de los rubros recortados en su totalidad fue el destinado a ajustar las
tasas de interés de créditos en etapa de amortización, que pretendía beneficiar a
183.898 personas.
La demanda sostuvo, además, que el retiro del subsidio produjo incrementos
significativos en las cuotas mensuales de los usuarios. Con base en información
del ICETEX, afirmó que 136 300 beneficiarios tuvieron aumentos en sus cuotas;
que más de 12 000 usuarios registraron incrementos superiores al 40 %; que el
aumento mensual total ascendía aproximadamente a $ 14 000 000 000; y que
algunos usuarios enfrentaron incrementos superiores a $1 000 000.
La parte actora agregó que, para el periodo académico 2025-1, el ICETEX aprobó
únicamente 5 837 nuevos créditos educativos, lo que representaría una reducción
del 80,5 % frente al periodo anterior. De igual forma, indicó que el subsidio a la
tasa solo se mantendría para beneficiarios que ya se encontraban en etapa de
estudios, mientras que los usuarios en etapa de amortización quedarían excluidos
del beneficio.
Finalmente, la demandante afirmó que las entidades accionadas fueron requeridas
el 1.º de julio de 2025 para cumplir el mandato legal. Según expuso, el Ministerio
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de Hacienda trasladó la solicitud al Ministerio de Educación; el ICETEX respondió
que su actuación dependía de la asignación de recursos por parte de la Nación; y
el Ministerio de Educación indicó que la asignación de recursos estaba
condicionada por la disponibilidad presupuestal. Para la actora, esas respuestas
acreditaban la renuencia de las entidades demandadas y justificaban la orden
judicial de cumplimiento.
3. Admisión de la demanda
En auto de 22 de agosto de 2025, el ponente del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca admitió la demanda y ordenó su notificación a las demandadas.
Luego, con fundamento en el artículo 182B. del CPACA el ponente convocó a las
partes a audiencia potestativa, en auto de 6 de octubre de 2025, diligencia que se
realizó el 15 siguiente.
4. Informes
4.1. El ICETEX se opuso a las pretensiones y alegó la improcedencia de la acción
de cumplimiento, por considerar que la norma invocada implica ordenar un gasto
que no fue apropiado en el presupuesto de la vigencia 2025. Además, propuso
falta de legitimación en la causa por pasiva, bajo el argumento de que no tiene
competencia para determinar los recursos que la Nación debe apropiar para
financiar los subsidios, ni potestad jurídica para cumplir por sí mismo lo solicitado.
Finalmente, sostuvo que, debido a las dificultades fiscales del Gobierno Nacional,
la disponibilidad de recursos públicos para sostener el beneficio de los créditos del
ICETEX se encontraba limitada.
4.2. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público indicó que la acción era
improcedente porque buscaba la ejecución de recursos públicos, sin que la parte
actora acreditara que las entidades demandadas contaban con apropiación
presupuestal específica para atender la obligación reclamada. Adicionalmente,
sostuvo que no se había probado debidamente la constitución en renuencia y
alegó falta de legitimación en la causa por pasiva, pues, según su postura, no
existía una obligación legal o administrativa imputable a esa cartera. Agregó que el
ICETEX no hace parte del Presupuesto General de la Nación como sección
presupuestal y que sus asignaciones son consideradas por el Ministerio de
Educación Nacional y el DNP.
4.3. El Ministerio de Educación Nacional solicitó negar las pretensiones, al
señalar que el ICETEX, como entidad ejecutora de los programas de crédito
educativo con subsidio, debía fortalecer sus mecanismos de planeación, gestión y
articulación interinstitucional con esa cartera y con el Ministerio de Hacienda.
Afirmó que, aunque el rubro para ajuste de tasas de interés de créditos en
amortización fue requerido y documentado, no fue apropiado en la distribución
presupuestal definitiva, por lo que no existía margen de actuación distinto al
respeto del principio de legalidad presupuestal. En consecuencia, sostuvo que la
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acción era improcedente, porque pretendía obligar a la administración a ejecutar
un subsidio para el cual no existía apropiación presupuestal en la vigencia 2025.
5. Sentencia de primera instancia
En sentencia de 10 de diciembre de 2025, la Subsección A de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la
demanda de cumplimiento, concluyó que la parte actora solicitó el cumplimiento
del inciso 4.º del artículo 61 de la Ley 1753 de 2015, modificado por el artículo 47
de la Ley 1911 de 2018; sin embargo, estimó que dicho aparte no contenía un
mandato legal autónomo, sino que hacía parte del régimen relacionado con la
condonación de créditos educativos del ICETEX. Por ello, a partir de una lectura
armónica de la demanda, entendió que lo pretendido era el cumplimiento del inciso
3.º de la misma disposición, relativo a la concesión de la condonación de la deuda
de créditos de educación superior para quienes cumplieran los requisitos previstos
en la norma.
A partir de esa premisa, el Tribunal sostuvo que el artículo 61 de la Ley 1753 de
2015 había sido derogado tácitamente por el artículo 127 de la Ley 2294 de 2023,
actual Plan Nacional de Desarrollo, por considerar que esta última disposición
reguló la materia relativa a la compensación del IPC en las tasas de interés de los
créditos educativos del ICETEX y, por tanto, contenía el régimen aplicable vigente.
En consecuencia, señaló que la demandante debió pedir el cumplimiento del
artículo 127 de la Ley 2294 de 2023 y constituir en renuencia a las entidades
demandadas respecto de esa norma.
Finalmente, el Tribunal precisó que, incluso si se aceptara que el artículo 61 de la
Ley 1753 de 2015 y el artículo 127 de la Ley 2294 de 2023 eran disposiciones
complementarias, la actora también debía haber solicitado el cumplimiento de
ambas y constituido en renuencia a las demandadas frente a las dos normas.
Como ello no ocurrió, concluyó que no era posible emitir una orden de
cumplimiento sobre una disposición no invocada ni previamente reclamada en
sede administrativa.
6. Las impugnaciones
6.1 La demandante sostuvo que la sentencia de primera instancia partió de una
comprensión equivocada del problema jurídico, pues entendió que la demanda
perseguía la condonación de créditos educativos o el otorgamiento individual del
subsidio, cuando, en su criterio, lo reclamado era el cumplimiento de una
obligación legal autónoma y previa: que la Nación garantizara y destinara al
ICETEX los recursos necesarios para hacer viable el esquema de alivio financiero
previsto en el artículo 61 de la Ley 1753 de 2015, modificado por el artículo 47 de
la Ley 1911 de 2018.
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Señaló que el Tribunal confundió el inciso cuarto de la norma con uno de los
numerales relativos a la condonación por resultados Saber Pro, pese a que el
inciso cuarto contiene un mandato distinto: compensar al ICETEX por los ingresos
que deja de percibir por los beneficios legales aplicables a los créditos educativos.
También cuestionó la conclusión de derogatoria tácita del artículo 61 por el artículo
127 de la Ley 2294 de 2023. Afirmó que ambas normas regulan supuestos
diferentes: el artículo 61 establece un régimen estructural para beneficiarios de
estratos 1, 2 y 3, mientras que el artículo 127 prevé un mecanismo coyuntural de
compensación parcial del IPC en escenarios de inflación de dos dígitos. Por ello,
sostuvo que no existe incompatibilidad insalvable entre ambas disposiciones, que
el Tribunal no aplicó rigurosamente los criterios de la jurisprudencia constitucional
sobre derogatoria tácita y que no era exigible constituir renuencia frente al artículo
127 de la Ley 2294 de 2023.
En esa medida, pidió revocar la decisión de primera instancia y acceder a las
pretensiones, bajo el entendimiento de que el deber de garantizar y destinar
recursos al ICETEX era claro, exigible y no había sido desplazado por el Plan
Nacional de Desarrollo 2022-2026.
6.2. El ICETEX impugnó la sentencia, aunque coincidió en que las pretensiones
debían fracasar, porque consideró que el fallo no debió negar la acción con
fundamento en la supuesta derogatoria tácita del artículo 61 de la Ley 1753 de
2015, sino declarar su improcedencia por estar dirigida a obtener el cumplimiento
de una norma que comporta gasto público. La entidad sostuvo que el artículo 61,
modificado por el artículo 47 de la Ley 1911 de 2018, continúa vigente y no fue
derogado por el artículo 127 de la Ley 2294 de 2023, pues este último regula un
mecanismo distinto de compensación parcial del IPC en escenarios de alta
inflación.
Según el ICETEX, el artículo 127 de la Ley 2294 de 2023 presupone la existencia
de líneas de crédito con tasa subsidiada, de manera que no podría entenderse
que derogó el régimen que precisamente sirve de base para esas líneas. Explicó
que esa norma solo aplica cuando la variación anual del IPC es de dos dígitos y se
refiere a la compensación parcial del componente IPC de la tasa de interés,
mientras que el artículo 61 regula la focalización de subsidios del ICETEX, incluido
el subsidio a la tasa de interés, incentivos de acceso, condonaciones y
condiciones de preservación de los créditos.
No obstante, la entidad insistió en que la acción era improcedente porque
pretendía que el juez ordenara la ejecución de un gasto no apropiado para la
vigencia 2025. Indicó que los recursos asignados fueron limitados y destinados a
los créditos que ya contaban con subsidio y estaban en etapa de estudios, y que la
competencia para transferir y priorizar esos recursos corresponde al Ministerio de
Educación Nacional, no al juez de cumplimiento. Por ello, pidió modificar el
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fundamento de la decisión para declarar la improcedencia de la acción, no
simplemente negar las pretensiones por derogatoria tácita.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de
10 de diciembre de 2025 de la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
3.º de la Ley 393 de 1997, 125, 150 y 243 del CPACA, así como en el artículo 13,
numeral 7.º, del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 2019 proferido por la Sala
Plena del Consejo de Estado que establece la competencia de la Sección Quinta
de esta Corporación para conocer de «… las apelaciones contra las providencias
susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en
primera instancia en las acciones de cumplimiento».
2. Problema jurídico a resolver
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de
10 de diciembre de 2025 de la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que declaró improcedente la solicitud de
cumplimiento. Para lo anterior, la Sala resolverá los siguientes problemas
jurídicos:
¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia a las accionadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la
Ley 393 de 1997?
¿En el presente caso se cumplen los presupuestos de procedencia de la acción?
3. Razones jurídicas de la decisión
La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito
de procedibilidad de la renuencia y (iii) requisitos de procedencia y (iv) el caso
concreto.
3.1. Generalidades
La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política, como un mecanismo1 para que toda persona pueda «… acudir ante la
1
Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación n.º 20001-23-33-000-2016-00371-01 (ACU),
sentencia de 15 de diciembre de 2016, radicación n.º 25000-23-41-000-2016-00814-01 (ACU), M.P. Alberto
Yepes Barreiro, sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación n.º 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU).
M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (E) y sentencia de 23 de junio de 2022, radicación n.º 25000-23-41-
000-2022-00203-01 (ACU), M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
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autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la
autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo
1.º de la Ley 393 de 1997 precisa que «[t]oda persona podrá acudir ante la
autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de
normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos».
Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado Social de Derecho y que dentro
de sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la
República están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución
Política), el medio de control permite la realización de este postulado para lograr la
eficacia material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las
diferentes autoridades en atención de sus funciones públicas.
De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló.
[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o
jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la
autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber que
surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o
el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la referida acción
se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de los
actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares
del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un
orden jurídico, social y económico justo2.
Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que se deben cumplir los siguientes requisitos
mínimos:
(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente
incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «…
cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable» caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda [artículo 8.º].
La falta de acreditación de este presupuesto implica el rechazo de la acción de
cumplimiento.
2 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. M.P. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera
Vergara.
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(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º]3.
(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(iv) Pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de
la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la administración
[artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos,
la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de control.
Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe
o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o
del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por
tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de la/s pretensión/es
formulada/s.
3.2. Normas contra las que procede la acción
Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la óptica de
aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el
presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los
artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política4.
Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas
constitucionales «… pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la
efectividad de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión
llegó la Corte Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no
procede [e]sta acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas
supremas»5.
3
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran
principios y directrices.
4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia
de 21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2004, radicación n.º 44001-23-31-000-
2004-0047-01(ACU), M.P. Darío Quiñones Pinilla.
8
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Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado6.
Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales. Lo anterior, se explica en:
[G]arantizar que la resolución de las diferencias jurídicas sea efectuada por
el juez natural, bajo el trámite que el ordenamiento jurídico ha establecido
para ello y evitar la alteración de las competencias que han sido radicadas en
las diferentes jurisdicciones. No puede entenderse que el Constituyente haya
creado la acción de cumplimiento como un instrumento paralelo a los medios
judiciales ordinarios; por ello la causal señalada, le imprime a la acción de
cumplimiento el carácter de mecanismo residual y subsidiario. En el evento
consagrado como excepción, la norma habilita al Juez de la acción de
cumplimiento para que, pese a la existencia de un instrumento judicial, se
pronuncie de fondo en relación con la solicitud, pero siempre y cuando se
acrediten los presupuestos de necesidad, urgencia, gravedad e inminencia
del perjuicio7.
Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,8 a menos que estén apropiados;9 o cuando se
pretenda la protección de derechos fundamentales, en este último caso, el juez
competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
superior10.
3.3. De la renuencia
El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este11 y
6 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación n.º 76001-23-31-000-
2011-00891-01 (ACU), M.P. Susana Buitrago Valencia (E).
7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 1 de noviembre de 2012, radicación n.º 76001-23-31-
000-2012-00499-01(ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
8 Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación n.º 05001-23-31-000-
2000-4673-01(ACU). M.P. Darío Quiñones Pinilla.
9
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación n.º 25000-23-41-000-
2015-00493-01 (ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
10 Sentencia antes citada.
11Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de constituir en
renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas,
es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá
9
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que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez
días siguientes a la presentación de la solicitud.
Sobre este requisito de procedibilidad, la Sala ha señalado que «… el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento»12.
Igualmente, esta Sección13 ha dicho que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es
importante tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento
y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que
incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no
está sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al
menos contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza
material de ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de
la disposición que consagra una obligación y la explicación del
sustento en el que se funda el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita
o expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con
relación a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de
procedencia de la acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a
cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es
necesario analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta
del destinatario del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del
incumplimiento reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es
necesario estudiar el contenido de la petición de cumplimiento que
previamente debió formular el demandante, pues, como se dijo, aquella
define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial para
exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos
administrativos [14] (Negrillas fuera de texto).
En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que
«[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario
conduce a la improcedencia de la acción por carecer del requisito de renuencia».
12
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación n.º 2011-01063
(ACU), M.P. Mauricio Torres Cuervo.
13 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación n.º 47001-23-31-000-
2011-00024-01 (ACU), M.P. Susana Buitrago Valencia.
14 [En la providencia se citó “Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio
de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla“].
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contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la
solicitud».
Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «… tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia». Resulta relevante para la Sala precisar que la
renuencia debe entenderse como la negativa del ente accionado frente a la
solicitud de cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta
oportunamente o porque, aunque sea emitida en tiempo, resulte contraria al
querer del ciudadano»15 (se destaca).
En el caso concreto, la parte actora acompañó con la demanda copia del escrito
de 1º de julio de 2025 en el que requirió a las accionadas el obedecimiento del
artículo 61 de la Ley 1753 de 2015, modificado por el artículo 47 de la Ley 1911
de 2018, relacionado con la garantía y destinación de recursos al ICETEX para
compensar los ingresos que deja de percibir por la aplicación de beneficios a
créditos de educación superior de beneficiarios de estratos 1, 2 y 3.
El Ministerio de Hacienda trasladó la solicitud al Ministerio de Educación; el
ICETEX respondió que su actuación dependía de la asignación de recursos por
parte de la Nación; y el Ministerio de Educación indicó que la asignación de
recursos estaba condicionada por la disponibilidad presupuestal.
Lo anterior resulta suficiente para que la Sala entienda agotado el requisito de
constitución en renuencia, conforme el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997.
3.4. De las causales de procedencia
La Sala reitera que este mecanismo procura por hacer efectiva la observancia de
una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo que impone
determinada actuación u omisión a la respectiva autoridad; es decir, su objeto es
el acatamiento del ordenamiento jurídico vigente. La parte demandante invocó
como disposición incumplida la siguiente:
Ley 1753 de 2015
15 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015,
radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17
de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-23-33-000-2016-00249-01(ACU), en
todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.
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(junio 09)
Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un
nuevo país”.
[…]
Artículo 61. Focalización de subsidios a los créditos del Icetex. Los beneficiarios de
créditos de educación superior que se encuentren en los estratos 1, 2, y 3,
priorizados en el Sisbén, dentro de los puntos de corte establecidos por el Ministerio
de Educación Nacional, y que terminen su programa, solo pagarán el capital
prestado durante su periodo de estudios, más la inflación causada de acuerdo con
los datos publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE), correspondientes al periodo de amortización.
El Gobierno nacional propenderá por un aumento de cobertura de los créditos del
Icetex entre la población no focalizada por el subsidio con el objeto de ampliar el
otorgamiento de créditos. El Icetex podrá ofrecer opciones de crédito sin
amortizaciones durante el periodo de estudios, sin exigencia de colaterales, que
podrá incluir apoyos de sostenimiento diferenciales por el municipio o distrito de
origen del beneficiario, y que cubran la totalidad de costos del programa de
estudios. El Icetex garantizará acceso preferente a estos beneficios para quienes
estén matriculados en programas o instituciones con acreditación de alta calidad.
Asimismo, con el propósito de incentivar la permanencia y calidad, se concederá
una condonación de la deuda de los créditos de Educación Superior otorgados a
través del Icetex, de acuerdo con lo que reglamente el Gobierno nacional, a las
personas que cumplan los siguientes requisitos:
1. Estar en los estratos 1, 2, y 3, priorizados en el Sisbén, dentro de los puntos de
corte establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, al momento del
otorgamiento del crédito.
2. Que los resultados de las pruebas Saber Pro estén ubicados en el decil superior
en su respectiva área.
3. Haber terminado su programa educativo en el periodo señalado para el mismo.
La Nación garantizará y destinará al Icetex los recursos requeridos para compensar
los ingresos que deja de percibir por los conceptos anteriores.
Los créditos y becas otorgados por el Icetex, estarán destinados a financiar
programas en instituciones de Educación Superior que cuenten con el
reconocimiento oficial del Ministerio de Educación Nacional o quien haga sus veces,
como prestadoras del servicio público de educación superior.
Parágrafo 1°. Los créditos de educación superior otorgados a la fecha de entrada
en vigencia de la presente ley, continuarán con las mismas condiciones que
obtuvieron al momento de su otorgamiento.
Parágrafo 2°. Las tasas de interés que aplica el Icetex deberán estar siempre por
debajo de las tasas de interés comerciales para créditos educativos o de libre
inversión que ofrezca el mercado. Los márgenes que se establezcan no podrán
obedecer a fines de lucro y tendrán por objeto garantizar la sostenibilidad y
viabilidad financiera del sistema de créditos e incentivos que ofrece el Icetex.
[…]
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La Sala no se comparte la conclusión del Tribunal según la cual el artículo 61 de la
Ley 1753 de 2015, modificado por el artículo 47 de la Ley 1911 de 2018, fue
derogado tácitamente por el artículo 127 de la Ley 2294 de 202316. La derogatoria
tácita exige una incompatibilidad insalvable entre la norma anterior y la posterior, y
en este caso esa contradicción no fue demostrada, pues el Tribunal se limitó a
advertir que ambas disposiciones se relacionan con créditos educativos del
ICETEX, sin explicar por qué no podrían aplicarse simultáneamente.
Por el contrario, las normas regulan supuestos distintos: el artículo 61 prevé un
régimen estructural de subsidios y la obligación correlativa de la Nación de
garantizar y destinar recursos al ICETEX, mientras que el artículo 127 autoriza una
compensación parcial del IPC en escenarios específicos de inflación de dos
dígitos. Además, este último parte de la existencia de líneas de crédito con tasa
subsidiada, por lo que no sustituye el régimen anterior, sino que lo presupone. En
consecuencia, se estudiarán los demás requisitos de procedencia de la acción.
Además, debe precisarse que la sola circunstancia de que el artículo 61 de la Ley
1753 de 2015, correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo 2014–2018, no
conduce, por sí misma, su pérdida de vigencia una vez finalizó ese cuatrienio. En
efecto, los planes nacionales de desarrollo posteriores no dispusieron
expresamente su derogatoria. Por el contrario, tanto la Ley 1955 de 2019 como la
Ley 2294 de 2023, al regular de manera específica sus vigencias y derogatorias
en los artículos 336 y 372, respectivamente, establecieron cuáles disposiciones
quedaban derogadas, sin incluir dentro de ellas el artículo 61 de la Ley 1753 de
2015. De ahí que, en ausencia de derogatoria expresa y sin que se configure una
incompatibilidad normativa insalvable con la regulación posterior, deba concluirse
que dicha disposición permanece vigente y conserva fuerza obligatoria en el
ordenamiento.
Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9.º de la Ley 393 de
1997, este mecanismo constitucional no procederá cuando el afectado tenga o
haya tenido otro instrumento de defensa judicial para lograr el efectivo
obedecimiento de la norma o acto administrativo, salvo que, de no proceder el juez,
se cause un perjuicio grave e inminente para el accionante.
16 Artículo 127. Programa de compensación del IPC en tasas de interés en créditos educativos Icetex.
Autorícese al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) para que
realice la compensación parcial del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que compone la tasa de interés en
créditos educativos del Instituto, bajo escenarios de riesgo de crédito a causa de alta inflación cuando la
variación anual del IPC determinado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) sea
de dos dígitos. Esta medida será para beneficiarios del Icetex de las líneas de crédito con tasa subsidiada y
con mayor vulnerabilidad socioeconómica.
Corresponderá a la Junta Directiva del Icetex, en ejercicio de sus facultades, establecer los lineamientos para
la compensación parcial del IPC que compone la tasa de interés en créditos educativos con tasa subsidiada,
de acuerdo con estudios técnicos que se estructuren en la entidad.
Parágrafo 1°. Los contribuyentes de fondos y/o alianzas administrativas con el Icetex podrán implementar el
mecanismo de compensación de que trata este artículo mediante autorización expedida por la junta
administradora respectiva.
Parágrafo 2°. La compensación contemplada en este artículo aplicará únicamente para la tasa de interés de
liquidación de los créditos educativos y estará supeditada a la disponibilidad de recursos dispuestos para
estos fines.
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Igualmente, esta Sección en reiterada jurisprudencia17 ha desarrollado «… la
existencia de otro mecanismo judicial», como causal de improcedencia, en aquellos
casos en los que no se acredite un perjuicio irremediable.
En el caso concreto, la Sala considera que la parte actora no cuenta con otro
medio judicial efectivo para lograr que se ordene a las demandadas que se
garantice y destine al ICETEX los recursos necesarios para hacer viable el
esquema de alivio financiero. Asimismo, lo solicitado no involucra la protección de
derechos fundamentales toda vez que no fueron invocados en las pretensiones de
la demanda.
Sin embargo, de acuerdo con la actual postura de la mayoría de esta Sala 18, el
presente caso deviene en improcedente, por gasto.
La Corte Constitucional se pronunció desde 1998 en la sentencia C-157 de 1998
sobre la improcedencia de la acción de cumplimiento para exigir el obedecimiento
de normas que impliquen la asignación de partidas presupuestales. En la decisión
en cita se analizó la constitucionalidad de distintas normas sobre esta tipología de
acciones públicas. Sobre este tema, el Alto Tribunal precisó que permitir que el
juez incorpore una ley de presupuesto u ordene que ello se realice, transgrede el
sistema presupuestal diseñado por el constituyente.
Pese a lo anterior, no se puede perder de vista que la restricción total de declarar
improcedente la acción frente a normas o pretensiones que involucren gasto
conduciría a eliminar el núcleo esencial para el cual fue diseñado la acción de
cumplimiento. En ese sentido, se debe diferenciar entre el establecimiento o
creación de un gasto y la ejecución de uno ya presupuestado. En cuanto al
primero, no puede ser objeto de una demanda de este tipo por ser una
competencia ajena a la Rama Judicial, pero el segundo sí puede ordenarse.
Se precisa entonces que, cuando el gasto ya está dispuesto en la norma e
incorporado en el presupuesto por medio de una apropiación presupuestal, se
puede exigir el acatamiento de estas disposiciones mediante una acción de
cumplimiento. Esto, dado que en últimas no es el juez quien dispone la
apropiación presupuestal, sino que ya estaba dispuesta.
En el caso bajo estudio, lo pretendido, esto es, que la Nación garantizara y
destinara al ICETEX los recursos necesarios para hacer viable el esquema de
alivio financiero implica dar órdenes de gasto que no está debidamente apropiado
o incluido dentro de las partidas de la vigencia fiscal como lo han informado las
17 Cfr. Sentencia de 24 de mayo de 2012, radicado No 05001-23-31-000-2010-02067-01(ACU), MP. Alberto
Yepes Barreiro, Sentencia de 23 de agosto de 2012, radicado n° 25000-23-31-000-2012-00425-01(ACU). M.P.
Mauricio Torres Cuervo, Sentencia de 21 de junio de 2012, radicado n° 05001-23-31-000-2006-01095-
01(ACU). MP. Mauricio Torres Cuervo.
18 Variación de postura que el ponente para esta oportunidad acoge [Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencias de 21 de noviembre de 2021, radicado n.º 25000-23-
41-2021-00805-01; y de 10 de marzo de 2022, radicado n.º 25000-23-41-000-2021-01068-01, M.P. Pedro
Pablo Vanegas Gil], y que fue explicada en el salvamento de voto emitido en el radicado 25000-23-41-000-
2024-01116-01.
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accionadas. Asimismo, la disposición cuyo obedecimiento se pretende lo implica al
señalar que «[…] La Nación garantizará y destinará al Icetex los recursos
requeridos para compensar los ingresos que deja de percibir por los conceptos
anteriores. […]». En ese sentido, no se supera el requisito de procedencia del
gasto no presupuestado bajo análisis en el presente asunto. En conclusión, la Sala
revocará la negativa del Tribunal y declarará la improcedencia por gasto.
III FALLA:
PRIMERO. Revocar la sentencia de 10 de diciembre de 2025 de la Subsección A
de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para, en su
lugar, declarar improcedente la acción de cumplimiento por cuanto lo pretendido
implica gastos no presupuestados o apropiados.
SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.
TERCERO. En firme esta sentencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta providencia judicial fue firmada electrónicamente. Usted puede consultarla con el número de radicación
en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
15
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