Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-00371-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-00371-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 05001-23-33-000-2026-00371-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
28 de mayo de 2026
Demandante: CEDROKITA S.A.S. y otros
Demandada: Superintendencia Nacional de Notariado y Registro
Radicación: 05001-23-33-000-2026-00371-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de cumplimiento
Radicación: 05001-23-33-000-2026-00371-01
Demandante: CEDROKITA S.A.S. y otros
Demandada: Superintendencia Nacional de Notariado y Registro
Tema: Revoca parcialmente, rechaza por falta de renuencia y confirma
improcedencia
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la pare accionante contra la
sentencia de 21 de abril de 2026 de la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia que declaró improcedente la acción de cumplimiento.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de cumplimiento.
En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, las sociedades
CEDROKITA S.A.S., BEST PARTNERS S.A.S. y ARRESERVIS S.A.S., actuando a
través de apoderada judicial, demandaron a la Superintendencia Nacional de
Notariado y Registro – Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín –
Zona Sur – para que se le ordene el cumplimiento del artículo 2.2.2.2.21 del
Decreto 1170 de 2015, el artículo 2.2.2.2.21 del Decreto 148 de 2020 y el artículo
11 de la Resolución Conjunta IGAC 1101 y SNR 11344 de 2020.
En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:
Primera principal. Declarar que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Medellín Zona Sur – Superintendencia de Notariado y Registro incumplió el deber de
incluir, de manera oficiosa, el dato del área en el folio de matrícula inmobiliaria no.
001-303762, tomando dicha información de la base catastral administrada por el
gestor competente; en observancia del mandato imperativo contenido en el artículo
2.2.2.2.21 del Decreto 1170 de 2015 –replicado por el artículo 2.2.2.2.21 del Decreto
148 de 2020– y el artículo 11 de la Resolución Conjunta Instituto Geográfico Agustín
Codazzi (IGAC) no. 1101 Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) no. 11344
del 31 de diciembre de 2020
Segunda principal. Como consecuencia de la declaración primera, ordenar a la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín Zona Sur –
Superintendencia de Notariado y Registro incluir el dato del área en el folio de
matrícula inmobiliaria no. 001-303762, tomando dicha información de la base
catastral administrada por el gestor competente; en observancia del mandato
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Demandante: CEDROKITA S.A.S. y otros
Demandada: Superintendencia Nacional de Notariado y Registro
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imperativo contenido en el artículo 2.2.2.2.21 del Decreto 1170 de 2015 –replicado
por el artículo 2.2.2.2.21 del Decreto 148 de 2020– y el artículo 11 de la Resolución
Conjunta Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) no. 1101 Superintendencia de
Notariado y Registro (SNR) no. 11344 del 31 de diciembre de 2020.
Primera subsidiaria. Inaplicar, por vía de excepción de inconstitucionalidad
consagrada en el artículo 4º de la Constitución Política de Colombia, los artículos 16
y 18 de la Resolución Conjunta Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) no. 1101
Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) no. 11344 del 31 de diciembre de
2020 y, como consecuencia de lo anterior, incluir, a petición de parte interesada, el
dato del área en el folio de matrícula inmobiliaria no. 001-303762, tomando dicha
información de la base catastral administrada por el gestor competente.
Segunda subsidiaria. Declarar que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Medellín Zona Sur – Superintendencia de Notariado y Registro incumplió el deber
de incluir, a petición de parte interesada, el dato del área en el folio de matrícula
inmobiliaria no. 001-303762, tomando dicha información de la base catastral
administrada por el gestor competente; en observancia del mandato imperativo
contenido en el artículo 2.2.2.2.21 del Decreto 1170 de 2015 –replicado por el
artículo 2.2.2.2.21 del Decreto 148 de 2020– y el artículo 11 de la Resolución
Conjunta Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) no. 1101 Superintendencia de
Notariado y Registro (SNR) no. 11344 del 31 de diciembre de 2020.
Tercera subsidiaria. Como consecuencia de la declaración primera y segunda
subsidiaria, ordenar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín
Zona Sur – Superintendencia de Notariado y Registro incluir el dato del área en el
folio de matrícula inmobiliaria no. 001-303762, tomando dicha información de la base
catastral administrada por el gestor competente; en observancia del mandato
imperativo contenido en el artículo 2.2.2.2.21 del Decreto 1170 de 2015 –replicado
por el artículo 2.2.2.2.21 del Decreto 148 de 2020– y el artículo 11 de la Resolución
Conjunta Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) no. 1101 Superintendencia de
Notariado y Registro (SNR) no. 11344 del 31 de diciembre de 2020. […]1.
2. Hechos
En resumen, la parte actora promovió la acción de cumplimiento contra la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín Zona Sur – SNR, con el fin de
que se ordene incluir el dato del área en el folio de matrícula inmobiliaria No. 001-
303762, correspondiente a un predio ubicado en la vereda La Corrala del municipio
de Caldas, Antioquia. Según la demanda, dicho inmueble fue adquirido mediante
Escritura Pública de 1897, pero desde el inicio de su tradición no se indicó su área,
omisión que también se mantiene en el certificado de tradición.
La parte actora afirmó que esa falta de información registral ha generado una
situación irregular, pues el predio habría sido utilizado en negocios que permitirían
aparentar una extensión superior a la real, con riesgo de sobreposición sobre
inmuebles vecinos, incluidos predios de los demandantes, así como sobre
infraestructura pública y bienes de terceros.
1 Se transcribe tal cual consta en la demanda.
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Indicó que, conforme a la ficha catastral, el inmueble tendría un área de 1.779 m²,
dato que debería ser incorporado en el folio de matrícula con base en la
información administrada por el gestor catastral competente.
También señaló que, desde años anteriores, distintas autoridades conocían la
problemática y que en 2021 y 2024 varios interesados solicitaron a la Oficina de
Registro que incluyera el área en el folio correspondiente. Sin embargo, la entidad
negó la solicitud, al considerar que no podía actuar de oficio y que requería petición
del propietario, orden judicial o administrativa, o habilitación legal expresa para
modificar el registro.
Finalmente, los demandantes manifestaron que, el 13 de febrero de 2026,
constituyeron en renuencia a la Oficina de Registro, para que cumpliera las
disposiciones invocadas en la demanda a efectos de agotar el requisito de la
constitución en renuencia. Sin embargo, indicaron que la demandada no respondió.
3. Admisión de la demanda
En auto de 10 de marzo de 2026, la ponente del Tribunal Administrativo de
Antioquia admitió2 la demanda solo en cuanto a las pretensiones principales y la
rechazó en cuanto a las pretensiones subsidiarias, porque buscaban inaplicar
normas lo que es ajeno a este medio de control; ordenó notificar a la demandada y
al Ministerio Público.
Luego en autos de 7 de abril de 2026, el ponente rechazó la reforma a la demanda
presentada por la parte accionante por cuanto es un trámite ajeno y no compatible
con el previsto en la Ley 393 de 1997, y decretó las pruebas en el presente trámite
constitucional.
4. La Superintendencia de Notariado y Registro se opuso a las pretensiones de
la demanda al considerar que no existía un deber claro, expreso y actualmente
exigible que obligara a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín
Zona Sur a incluir de oficio el dato del área en el folio de matrícula inmobiliaria No.
001-303762.
Sostuvo que las normas invocadas regulan un procedimiento sujeto al
cumplimiento de requisitos técnicos y jurídicos previos, cuya verificación
corresponde adelantar a las autoridades competentes. Además, propuso como
excepciones la inexistencia de incumplimiento de un deber imperativo, la
improcedencia de la acción de cumplimiento para resolver controversias jurídicas y
técnicas, la falta de competencia funcional de la ORIP para determinar por sí sola
el área del predio, la ausencia de orden competente para realizar la inscripción y la
falta de acreditación de los requisitos reglamentarios exigidos para el trámite.
2 Luego de que el proceso fuera inadmitido en auto de 14 de marzo de 2026.
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5. Sentencia de primera instancia
En fallo de 21 de abril de 2026, la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia declaró improcedente la acción de cumplimento al
concluir, que las normas invocadas no contienen un mandato imperativo e
inobjetable, pues la inclusión del área en el folio de matrícula está condicionada a
la verificación previa de requisitos técnicos y jurídicos, como la inexistencia de
segregaciones, divisiones o áreas restantes, así como vincular a este trámite al
gestor catastral competente lo cual es ajeno a este tipo de mecanismo judicial.
Señaló que para acceder a lo pedido era necesario adelantar un análisis de fondo
sobre el trámite administrativo de inclusión de área y sobre la legalidad de las
decisiones negativas expedidas por la ORIP y la SNR, asuntos que no pueden
resolverse mediante la acción de cumplimiento.
También consideró que los oficios mediante los cuales las entidades negaron la
solicitud constituyen actos administrativos susceptibles de ser demandados ante la
jurisdicción contenciosa, por lo que existía otro mecanismo judicial de defensa,
razón por la cual no se cumplía el requisito de subsidiariedad.
6. Impugnación
La parte accionante, en síntesis, solicitó revocar la sentencia del Tribunal, sostuvo
que se interpretó de manera errada el requisito del mandato imperativo e
inobjetable, pues confundió la existencia de condiciones objetivas para aplicar la
norma con una supuesta discrecionalidad de la administración.
A su juicio, los artículos invocados sí contienen una orden clara para la ORIP, en
tanto disponen que la Oficina de Registro procederá a incluir el dato de área
cuando el folio no lo haya tenido desde el inicio del ciclo traslaticio. Por ello, afirmó
que la acción no buscaba que el juez sustituyera a la administración en el análisis
técnico del caso, sino que ordenara a la entidad aplicar el procedimiento legal que
se ha negado a iniciar, incluso pudiendo condicionarse la orden a que previamente
se verifique el cumplimiento de los requisitos normativos, como la inexistencia de
segregaciones, divisiones o declaración de área restante.
También alegó que el Tribunal se equivocó al considerar que era indispensable la
vinculación del gestor catastral al trámite constitucional, lo cual no se hizo por ser
ajeno al objeto de este medio de control, pues, según la impugnación, cuando el
trámite es adelantado de oficio por la ORIP, esta debe tomar la información de la
base catastral administrada por el gestor competente, mientras que el certificado
catastral con plano predial solo sería exigible para los trámites iniciados a solicitud
de parte.
Finalmente, cuestionó la subsidiariedad, al señalar que las respuestas negativas de
la SNR y la ORIP no constituyen verdaderos actos administrativos demandables,
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porque no decidieron de fondo si el predio cumplía o no los requisitos legales, sino
que simplemente reiteraron la negativa de aplicar la norma. En criterio de la
apelante, aceptar esa tesis vaciaría de contenido la acción de cumplimiento, pues
toda respuesta negativa a la constitución en renuencia se convertiría en un acto
demandable por otro medio judicial.
7. Manifestación de impedimento
La magistrada Gloria María Gómez Montoya, mediante escrito del 27 de mayo de
2026, radicó manifestación de impedimento con fundamento en la causal 9.ª del
artículo 141 del CGP por cuanto tiene una amistad íntima y entrañable con dos
magistrados que suscribieron la sentencia objeto de impugnación. Al respecto, por
auto de esta misma fecha, la Sala de Decisión decidió declarar infundada la
manifestación, al no encontrarse acreditados los supuestos contenidos en la causal
invocada.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de
21 de abril de 2026 de la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.º de la Ley 393 de
1997 , 125, 150 y 243 del CPACA, así como en el artículo 13, numeral 7.º, del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 2019 proferido por la Sala Plena del Consejo
de Estado que establece la competencia de la Sección Quinta de esta Corporación
para conocer de «las apelaciones contra las providencias susceptibles de ese
recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las
acciones de cumplimiento».
2. Problemas jurídicos a resolver
Corresponde a la sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 21
de abril de 2026. Para lo anterior, la Sala plantea los siguientes interrogantes:
¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia a la accionada, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la
Ley 393 de 1997?
¿En el presente caso se superan los presupuestos de procedencia?
3. Razones jurídicas de la decisión
La sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito
de procedibilidad de la renuencia; (iii) requisitos de procedencia en el caso
concreto (iv) el fondo del asunto.
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3.1. Generalidades
La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política, como un mecanismo3 para que toda persona pueda «acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad
renuente el cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo 1.º de la
Ley 393 de 1997 precisa que «[t]oda persona podrá acudir ante la autoridad judicial
definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con
fuerza material de Ley o actos administrativos».
Teniendo en cuenta que Colombia es un estado social de derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el
medio de control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en atención de sus funciones públicas.
De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló:
[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial
para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del [e]stado [s]ocial de [d]erecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo4.
Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley 393
de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:
(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso
incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando
3 Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación: 20001-23-33-000-2016-00371-01 (ACU), sentencia de 15
de diciembre de 2016, radicación: 25000-23-41-000-2016-00814-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro,
sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación: 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). MP. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez (E) y Sentencia de 23 de junio de 2022, radicación: 25000-23-41-000-2022-00203-01
(ACU), MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
4 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera
Vergara.
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el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo
8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el rechazo de la acción de
cumplimiento.
(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables
con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º]5.
(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(iv) No pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través
de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración
[artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos
[ii., iii. y iv.], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de
control.
Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe o
no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o
del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por
tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de lo pretendido.
3.2. Normas contra las que procede la acción
Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control son tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la óptica
de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el
presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los
artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política6.
Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
Administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas
constitucionales «pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad
de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte
5 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran
principios y directrices.
6 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia de
21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
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Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta
acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas supremas»7.
Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado8.
Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales.
Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,9 a menos que estén apropiados;10 o cuando se
pretenda la protección de derechos fundamentales. En este último caso, el juez
competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
constitucional11.
3.3. De la renuencia
El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este12 y
que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez
días siguientes a la presentación de la solicitud.
Sobre este presupuesto de procedibilidad, la sala ha señalado que «el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento»13. Igualmente, esta Sección14 ha dicho que:
7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 3 de junio de 2004, radicación: 44001-23-31-000-2004-
0047-01(ACU), MP. Darío Quiñones Pinilla.
8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación: 76001-23-31-000-
2011-00891-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia (E).
9 Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación: 05001-23-31-000-2000-
4673-01(ACU). MP. Darío Quiñones Pinilla.
10 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación: 25000-23-41-000-
2015-00493-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro.
11
Sentencia antes citada.
12Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de constituir en
renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, es
necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá
precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible».
13 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación: 2011-01063
(ACU), MP. Mauricio Torres Cuervo.
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Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues,
como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o actos administrativos[15] (Negrillas fuera de texto).
En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que
«[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud».
Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución en
renuencia». Resulta relevante para la sala precisar que la renuencia debe
entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de
cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o
porque, aunque sea emitida en tiempo, resulte contraria al querer del ciudadano»16.
14
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación: 47001-23-31-000-
2011-00024-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia.
15
En la providencia se citó «Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.
ACU-2003-00724, MP. Darío Quiñones Pinilla».
16 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015,
radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17
de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección
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Radicación: 05001-23-33-000-2026-00371-01
En el caso concreto, las accionantes acompañaron con la demanda el escrito de 13
de febrero de 2026, en el que le solicitaron a la demandada lo siguiente:
La entidad no contestó; circunstancia que resulta suficiente para entender agotado
el requisito de procedibilidad en este caso en cuanto al artículo 2.2.2.2.21 del
Decreto 1170 de 2015 y el artículo 2.2.2.2.21 del Decreto 148 de 2020.
En cuanto al artículo 11 de la Resolución Conjunta IGAC 1101 y SNR 11344 de
2020, la decisión revocará la sentencia de primera instancia por cuanto dicha
norma no fue objeto de renuencia, sino que como se observa lo fue los artículos 16
y 18.
3.4. Procedencia de la acción de cumplimiento
La Sala reitera que este mecanismo procura por hacer efectiva la observancia de
una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo que impone
determinada actuación u omisión a la respectiva autoridad; es decir, su objeto es el
acatamiento del ordenamiento jurídico vigente (artículo 1 de la Ley 393 de 1997).
La parte actora, con el ejercicio de la presente acción, pretende que se cumpla por
parte de demandada el artículo 2.2.2.2.21 del Decreto 1170 de 2015 y el artículo
2.2.2.2.21 del Decreto 148 de 2020, y que en consecuencia que se ordene incluir el
dato del área en el folio de matrícula inmobiliaria No. 001-303762, correspondiente
a un predio ubicado en la vereda La Corrala del municipio de Caldas, Antioquia.
La Sala considera que el presente caso no cumple con el requisito de la
subsidiariedad. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 9.º de la Ley 393 de
1997, este mecanismo constitucional no procederá cuando el afectado tenga o
haya tenido otro instrumento de defensa judicial para lograr el efectivo
obedecimiento de la disposición. Igualmente, esta Sección en reiterada
jurisprudencia17 ha desarrollado «la existencia de otro mecanismo judicial», como
Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-23-33-000-2016-00249-01(ACU), en
todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.
17 Cfr. Sentencia de 24 de mayo de 2012, radicado No 05001-23-31-000-2010-02067-01(ACU), MP. Alberto
Yepes Barreiro, Sentencia de 23 de agosto de 2012, radicado n° 25000-23-31-000-2012-00425-01(ACU). M.P.
Mauricio Torres Cuervo, Sentencia de 21 de junio de 2012, radicado n° 05001-23-31-000-2006-01095-
01(ACU). MP. Mauricio Torres Cuervo.
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causal de improcedencia, en aquellos casos en los que no se acredite un perjuicio
irremediable.
En este caso, la Sala18 considera que la sentencia de primera instancia debe
confirmarse en cuanto a su conclusión de improcedencia por subsidiariedad,
porque antes de acudir a la acción de cumplimiento la administración ya había
resuelto negativamente la misma solicitud que ahora se pretende hacer efectiva
judicialmente.
En efecto, la SNR, en respuesta del 28 de junio de 2021, indicó que la inclusión del
área no podía adelantarse de oficio y que debía ser solicitada por el propietario,
poseedor, herederos o gestor catastral; luego reiteró que para incluir el área del
predio La Corrala se requería orden de autoridad competente; y, finalmente, la
ORIP Medellín Zona Sur, mediante respuesta del 5 de agosto de 2024, sostuvo que
no podía incorporar el dato del área sin solicitud procedente, orden judicial o
administrativa o habilitación legal expresa.
Así, la controversia no recae sobre una simple omisión administrativa, sino sobre la
legalidad de decisiones expresas que negaron la inclusión del área en el folio de
matrícula inmobiliaria No. 001-303762. Por tanto, si la parte actora consideraba que
esas respuestas interpretaron indebidamente las normas invocadas o
desconocieron el deber de la ORIP, debió acudir al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para obtener su anulación y el restablecimiento
correspondiente. La acción de cumplimiento no puede usarse para desplazar ese
mecanismo ordinario ni para obtener, por vía indirecta, la revocatoria material de
actos administrativos particulares que gozan de presunción de legalidad.
Lo anterior, es suficiente para concluir la improcedencia de este asunto y, por ende,
no corresponde a la Sala adentrarse en el estudio del fondo del caso. Máxime si se
tiene en cuenta que en el caso concreto no se alegó ni probó la existencia de un
perjuicio irremediable.
En consecuencia, se revocará parcialmente la sentencia de 21 de abril de 2026 de
la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, para rechazar
la demanda en cuanto al cumplimiento del artículo 11 de la Resolución Conjunta
IGAC 1101 y SNR 11344 de 2020, porque no se agotó renuencia y confirmar la
improcedencia por subsidiariedad en cuanto al artículo 2.2.2.2.21 del Decreto 1170
de 2015 y el artículo 2.2.2.2.21 del Decreto 148 de 2020, conforme se señaló en
esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
18 En similar sentido puede consultarse la sentencia de 24 de enero de 2024, radicado 25000-23-41-000-2023-
01141-01.
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III. FALLA:
PRIMERO. Revocar parcialmente la sentencia de 21 de abril de 2026 de la Sala
Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia. En su lugar, rechazar
la demanda en cuanto al cumplimiento del artículo 11 de la Resolución Conjunta
IGAC 1101 y SNR 11344 de 2020, porque no se agotó renuencia y confirmar la
improcedencia por subsidiariedad en cuanto al artículo 2.2.2.2.21 del Decreto
1170 de 2015 y el artículo 2.2.2.2.21 del Decreto 148 de 2020, conforme se señaló
en esta providencia.
SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.
TERCERO. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta providencia judicial fue firmada electrónicamente. Usted puede consultarla con el número de
radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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