Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2023-01141-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2023-01141-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-41-000-2023-01141-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
25 de enero de 2024
Demandante: Victoria C SAS
Demandado: Sociedad de Activos Especiales SAS –SAE– y otro
Radicación: 25000-23-41-000-2023-01141-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2023-01141-01
Demandante: VICTORIA C SAS
Demandado: SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS –SAE– Y OTRO
Tema: Modifica para declarar improcedente por subsidiariedad.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la accionante contra la sentencia de
26 de septiembre de 2023. En la providencia mencionada, la Subsección C de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó por
improcedente la acción de cumplimiento.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud
En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, por medio de
apoderado judicial, la sociedad Victoria C SAS presentó demanda contra la
Sociedad de Activos Especiales SAS –SAE– y la sociedad Inmobiliaria Alojar SA,
para que se ordene el cumplimiento del acta de 22 de agosto de 2022 del Comité
de Negocios de Nivel Central de la SAE. Las pretensiones formuladas fueron las
siguientes:
1) PRIMERA: Ordenar a la sociedad Inmobiliaria ALOJAR S.A y a su depositario
provisional, el señor ANDRÉS FERNEY DEVIA ECHEVERRI, el cumplimiento de
lo ordenado mediante acta del 22 de agosto de 2022 del Comité de Negocios de
Nivel Central de la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S - SAE y aplicar
el descuento sobre los cánones de arrendamiento.
2) SEGUNDA: Ordenar a la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S – SAE
iniciar todas las acciones tendientes a dar cumplimiento de lo ordenado mediante
acta del 22 de agosto de 2022, proferida por el Comité de Negocios Nivel Central,
en lo que concierne al reconocimiento del descuento por concepto de mejoras e
inversiones frente al canon de arrendamiento [1].
1
Se transcribe tal cual incluso con posibles errores de la accionante.
1
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Demandante: Victoria C SAS
Demandado: Sociedad de Activos Especiales SAS –SAE– y otro
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2. Hechos
Del expediente digital contenido en el aplicativo SAMAI2, la Sala resume los
supuestos fácticos de la demanda a continuación:
En el año 2013, la Fiscalía 12 Especializada de Extinción de Dominio decretó
medidas cautelares sobre los activos de la sociedad Inmobiliaria Alojar SA y dispuso
el registro de prohibición judicial y suspensión del poder dispositivo del mencionado
inmueble en el Folio de Matricula Inmobiliaria 50C1115187. En virtud de lo anterior,
la administración del referido bien inmueble quedó a cargo de la SAE.
El 1.° de octubre de 2017, la sociedad Victoria C SAS y la sociedad Inmobiliaria
Alojar SA suscribieron contrato de arrendamiento del referido inmueble hasta el año
2027. Durante la ejecución del contrato, la arrendataria realizó renovaciones,
inversiones y mejoras necesarias para su funcionamiento por valor de $
2.378.934.450.
A través de Resolución 56 de 2 de marzo de 2022, la SAE designó al señor Andrés
Ferney Devia Echeverri como depositario provisional para la administración de la
Inmobiliaria Alojar SA El depositario informó a la SAE que la sociedad Victoria C
SAS presentaba una cartera pendiente de $ 330.060.002, por concepto de los
arriendos de marzo a agosto de 2022.
El 20 de agosto de 2022, la sociedad Victoria C SAS informó a la SAE que no se
encontraba en condiciones de continuar con el pago del canon pactado, dado el
impacto económico negativo producto de la emergencia sanitaria declarada por la
pandemia de la COVID 19. Por tanto, solicitó que se aprobara el descuento de canon
de arrendamiento, durante los siguientes 80 meses de ejecución del contrato, hasta
que se cubriera el valor total invertido en las mejoras del bien inmueble, esto es, $
2.378.934.450. A su turno, el Comité de Negocios del Nivel Central de la SAE
aprobó la solicitud de la arrendataria en sesión 043 de 22 de agosto de 2022.
El 6 de octubre de 2022, la sociedad Inmobiliaria Alojar SA comunicó a la accionante
su intención de dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento por
la mora en el pago de los cánones y el incumplimiento de otras obligaciones
contractuales.
El 24 de octubre de 2022, en cuanto a la mora en el pago de los cánones, la
sociedad Victoria C SAS se opuso a lo manifestado por el arrendatario y le señaló
al depositario que, el Comité de Negocios del Nivel Central de la SAE, en la sesión
043 de 22 de agosto de 2022, aprobó la solicitud de descuento de canon por el
saneamiento de pasivos, reparaciones, obras o mantenimiento por valor de $
2.378.934.450. Por tanto, sostuvo que no incumplió sus obligaciones y que, por el
2
Índice 2.
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contrario, la Inmobiliaria debía atender la aprobación del descuento en el canon
aprobada por la SAE.
Posteriormente, la Inmobiliaria Alojar SA manifestó a la accionante que la Asamblea
General de Accionistas debía autorizar el descuento y que, hasta que tal situación
no sucediera, se continuaría con el proceso de cobro jurídico y restitución del bien
inmueble arrendado. A su turno, la demandante consideró que la falta de pago y
mora sobre los cánones de arrendamiento señalados por la inmobiliaria son
inexactos, porque el 29 de agosto de 2022 la deuda fue cancelada, además, dado
que la inmobiliaria persiste en desconocer la decisión de aprobación de descuento
de la SAE.
En escrito de 4 de agosto de 2023, la accionante solicitó a la SAE, al depositario
provisional y representante de la sociedad Inmobiliaria Alojar SA el cumplimiento
del acta de la sesión 043 de 20 de agosto de 2022, en la que el Comité de Negocios
del Nivel Central de la SAE aprobó el descuento contra canon respecto del contrato
de arrendamiento del bien inmueble identificado con la Matricula Inmobiliaria
50C1115187. Sin embargo, según la parte actora, los destinatarios no emitieron
respuesta dentro del término previsto en la Ley 393 de 1997.
3. Admisión de la demanda
En providencia de 30 de agosto de 2023, el magistrado ponente de la Subsección
C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la
solicitud de cumplimiento3. En consecuencia, ordenó notificar a la SAE y al
representante de la sociedad Inmobiliaria Alojar SA, esto es, al depositario
provisional. Asimismo, dispuso que la SAE que remitiera los antecedentes
administrativos del asunto4.
4. Informes
La Sociedad Inmobiliaria Alojar SA se opuso a la prosperidad de la acción de
cumplimiento, señaló que no se agotó el requisito de constitución en renuencia.
Aparte, alegó que el acta de la sesión 043 del 22 de agosto de 2022 no se encuentra
en firme, porque la objetó dado que, a su juicio, adolece de varias irregularidades:
falta de quorum para decidir, Alojar SA no fue convocada para asistir a la sesión del
Comité –circunstancia que no le permitió controvertir las decisiones que allí se
adoptaron–, el acta de 22 de agosto de 2022 no fue aprobada en sesión que se
celebró el 30 de agosto de 2022 por parte de la Asamblea de Accionistas de Alojar
3
Previo a la admisión, el asunto fue remitido por competencia funcional por parte del Juzgado 17 Administrativo
de Bogotá, a través de auto de 24 de agosto de 2023.
4
La SAE presentó escrito de oposición a la demanda de cumplimiento. Sin embargo, el memorial no fue radicado
dentro de la oportunidad otorgada por el a quo [dos días siguientes a la notificación de la admisión], por tanto,
sus argumentos no fueron tenidos en cuenta en esta oportunidad. En todo caso, los antecedentes
administrativos del asunto, solicitados en el auto de 30 de agosto de 2023, fueron remitidos parcialmente en
atención a que no se aportó el acta de 20 de agosto de 2022, según dan cuenta los documentos contenidos en
el índice 15 del trámite de primera instancia en SAMAI.
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SA de la cual hace parte la SAE, el Comité de Negocios del Nivel Central no tuvo
en cuenta que las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento en las que
se dispuso que las reparaciones no necesarias o mejoras que el arrendatario realice
al bien correrían por su cuenta sin que haya lugar a reembolso, reconocimiento o
indemnización.
Por otra parte, informó que le otorgó compensación de cánones de arrendamiento
a Victoria C SAS, como reconocimiento a las reparaciones necesarias requeridas
en el inmueble y que fueron autorizadas por la SAE por valor de $ 1.062.000.000.
Así mismo, que la determinación que ya fue impugnada desencadena un detrimento
patrimonial sobre el bien objeto de arrendamiento y las finanzas de la inmobiliaria
Alojar SA ya que dichos descuentos impiden recaudar como mínimo el valor de los
impuestos a pagar por el establecimiento comercial, aunado a que la accionada ha
incumplido otras obligaciones contractuales como la constitución de garantías, el
pago de los servicios públicos y otras cláusulas contractuales, razón por la cual, la
mora en el pago no es el único motivo para dar por terminado el contrato de
arrendamiento.
5. Sentencia de primera instancia
En fallo de 26 de septiembre de 2023, la Subsección C de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la acción de cumplimiento, por
las siguientes razones:
I) La parte demandante señala que el que denomina acto administrativo lo constituye
el acta de la sesión 043 del 22 de agosto de 2022; no obstante, solo se allegó una
certificación del acta y no el acta propiamente dicha [...].
II) De la certificación del acta parcial, no se observa un mandato claro y preciso cuyo
cumplimiento pueda ser ordenado por esta vía judicial, ya que no dio ninguna orden
expresa ni definió el destinatario de la misma; se limitó a aprobar una solicitud sin
establecer las acciones concretas para su ejecución.
III) Según informó la parte demandada, la decisión no está en firme; es decir, no
produce efectos jurídicos a la fecha, comoquiera que fue impugnada por supuestos
vicios de forma y de fondo en los que se incurrió para su adopción, tales como falta
de quórum deliberatorio, detrimento patrimonial para el arrendador, entre otros,
impugnación que a hoy no se ha decidido. Lo anterior, implica que el denominado acto
administrativo no está vigente [...].
IV) Con la información disponible en el expediente, se encuentra que la demandante
persigue el cumplimiento de una decisión que establece gastos, como quiera que se
trata del reconocimiento de erogaciones efectuadas por $2.378.934.450 por concepto
de inversiones realizadas durante la ejecución del contrato de arrendamiento
(Parágrafo, artículo 9, Ley 393 de 1997).
V) La demandante tiene otros medios de defensa idóneos para la consecución del
objeto perseguido distintos a la acción de cumplimiento. De la lectura integral de la
certificación del acta y demás pruebas aportadas al expediente, se observa que el
objeto discutido por el Comité de Negocios del Nivel Central de la SAE, así como el
4
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objeto perseguido por el demandante, versa sobre la controversia que surgió del
contrato de arrendamiento celebrado entre Victoria C SAS y la Inmobiliaria Alojar S.A.
en el año 2017, puntualmente el valor y forma de pago del canon establecido por las
partes y la reclamación que se presentó de reconocimiento de inversiones; es decir,
se trata de una diferencia dentro de un contrato regido por la voluntad de las partes
que se ciñe a la esfera privada y que por ende a pesar de un posible acuerdo logrado,
su ejecución o cumplimiento debe ser ventilado a través de los medios ordinarios de
defensa y ante la autoridad competente, en principio la jurisdicción ordinaria civil a
través del instrumento judicial que se estime pertinente (Responsabilidad contractual,
restitución de bien inmueble arrendado, proceso ejecutivo, entre otros) o en su
defecto, mediante un mecanismo alternativo de solución de conflictos jurídicos, lo que
decidan las partes contractuales de manera conjunta o individual.
6. La impugnación
El apoderado de la actora alegó que resulta contradictorio que, de una parte, el
Tribunal haya admitido la demanda mediante providencia del 30 de agosto de 2023,
y, de otra parte, en la sentencia se señale que se rechaza la acción comoquiera que
su estudio se ve truncado al no contar con el acto administrativo cuyo obedecimiento
se deprecó.
La impugnante sostuvo que el acta de la sesión 043 del 22 de agosto de 2022 debió
ser aportada por la SAE, en cumplimiento de lo requerido en el auto de admisión,
sin embargo, dicha autoridad no lo hizo y contestó de forma extemporánea, por
tanto, si el Tribunal echaba de menos dicho acto administrativo debió requerirlo y
no concluir el rechazo de la acción, pues esa circunstancia, a juicio de la
impugnante, conlleva la vulneración de su derecho al debido proceso, por lo que
pidió en esta instancia la aplicación del artículo 17 de la Ley 393 de 1997.
En todo caso, la sociedad argumentó que a partir de la certificación del acta
mencionada, la autoridad judicial podía concluir la existencia de un acto
administrativo que se encuentra en firme y vinculante, en ese sentido, indicó que en
dicha determinación surge una obligación clara, expresa y exigible de hacer cumplir
por medio de esta acción, porque en aquella el Comité «hace referencia al contrato
de arrendamiento, identifica el inmueble y decide que los valores por las inversiones
realizadas serán reconocidos en el valor del canon, resulta apenas lógico deducir
que la instrucción estaba dirigida a la sociedad Inmobiliaria Alojar SA con quien se
suscribió el contrato de arrendamiento y quien tiene como depositario provisional al
Señor Andrés Ferney Devia».
Por otra parte, la parte actora sostuvo que este caso no implica gasto porque no se
trata de generar o realizar erogaciones con cargo al tesoro, ni de administrar
recursos, o de crear un compromiso presupuestal que deba realizar la SAE, precisó
que «se trata de descontar del valor mensual del canon que por demás es cancelado
por el arrendatario, las inversiones que mejoraron considerablemente un inmueble
del cual reporta beneficio el Estado gracias a su administración y explotación».
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Finalmente, la sociedad actora discrepó del argumento del Tribunal en cuanto a
existencia de otros mecanismos de defensa judicial, para lo cual indicó que no
pretende controvertir «el contrato de arrendamiento ni las condiciones allí previstas
como son el valor y la forma de pago del canon, la controversia gira en torno al
INCUMPLIMIENTO por parte de Sociedad Inmobiliaria Alojar S.A. y su depositario
provisional […] y que señaló expresamente el deber de reconocimiento de las
inversiones realizadas por VICTORIA C S.A.S. contra canon de arrendamiento»,
igualmente, sostuvo que no está discutiendo si se tiene o no derecho de las
inversiones realizadas, pues esta situación fue definida por el Comité de Negocios
del Nivel Central en la sesión 043 de 2022, precisó «[l]o que se exige a través de la
acción más idónea, esto es la Acción de Cumplimiento, es que se CUMPLAN las
indicaciones dadas por la SAE S.A.S, que son claras, expresas y tienen efectos
jurídicos» y explicó que no se podía confundir los mecanismos de defensa judiciales
con los alternos de solución de conflictos.
7. Trámite en segunda instancia
Previo a pronunciarse sobre la impugnación interpuesta por el accionante contra la
sentencia de 26 de septiembre de 2023, con fundamento en los artículos 17 y 27 de
la Ley 393 de 1997, a través de auto de 7 de novimbre de 20235, el Despacho
sustanciadro solicitó a la SAE lo siguiente:
[I]nformar en el presente proceso, a través del funcionario competente del Comité de
Negocios de Nivel Central, sobre los siguientes temas:
(i) Si se profirió el acta del 22 de agosto de 2022, acorde con lo informado por la
demandante, así como, si lo decidido en dicha sesión se encuentra en firme o si fue
impugnada por la sociedad Alojar S.A, tal y como lo advirtió el Tribunal en primera
instancia en la sentencia objeto de impugnación.
(ii) De ser afirmativo lo anterior, se sirva indicar la manera en que se atendió el
referido asunto y allegar copia completa, integra y legible del acta del 22 de agosto
de 2022 del Comité de Negocios de Nivel Central. En caso contrario, que se expliquen
las razones por las cuales no se encuentra en firme lo allí decidido o las actuaciones
pendientes o que definieron la situación de la accionante.
(iii) En todo caso, se solicita a la Sociedad de Activos Especiales SAS –SAE que
allegue copia completa, integra y legible de todos los antecedentes administrativos
que tengan en su poder respecto del caso de la actora, con la sustentación de sus
manifestaciones en el informe que se requiere en esta providencia.6
La SAE atendió el requerimiento realizado, allegó copia del acta de 22 de agosto de
2022 e informó que la misma está en firme y no se encuentra pendiente de actuación
administrativa alguna7.
5
Índice 4 de SAMAI dentro del radicado de segunda instancia.
6
Dicho requerimiento fue reiterado en auto de 29 de noviembre de 2023. Índice 12 de SAMAI dentro del radicado
de segunda instancia.
7
Índice 19 y 23 dentro del radicado de segunda instancia.
6
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II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de 26
de septiembre de 2023 de la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
3.º de la Ley 393 de 1997 , 125, 150 y 243 del CPACA, así como en el artículo 13,
numeral 7.º, del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 2019 proferido por la Sala
Plena del Consejo de Estado que establece la competencia de la Sección Quinta de
esta corporación para conocer de «las apelaciones contra las providencias
susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en
primera instancia en las acciones de cumplimiento».
2. Problemas jurídicos a resolver
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 26
de septiembre de 2023. Para lo anterior, la Sala plantea los siguientes:
¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia a las accionadas, respecto del cumplimiento del acta de 22 de agosto de
2022 del Comité de Negocios de Nivel Central de la SAE, de conformidad con lo
previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997?
¿En el presente caso se cumplen los presupuestos de procedencia de la acción?
De ser superados los anteriores interrogantes, ¿debe revocarse la sentencia de
primera instancia y ordenar el cumplimiento de la disposición invocada por la parte
actora?
3. Razones jurídicas de la decisión
La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito
de procedibilidad de la renuencia; (iii) requisitos de procedencia en el caso concreto;
y (iv) el fondo del asunto.
3.1. Generalidades
La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política,
como un mecanismo8 para que toda persona pueda «acudir ante la autoridad judicial
para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso
8
Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación: 20001-23-33-000-2016-00371-01 (ACU), sentencia de 15
de diciembre de 2016, radicación: 25000-23-41-000-2016-00814-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro,
sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación: 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). MP. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez (E) y sentencia de 23 de junio de 2022, radicación: 25000-23-41-000-2022-00203-01
(ACU), MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
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de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el
cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo 1.º de la Ley 393 de
1997 precisa que «[t]oda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en
esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza
material de Ley o actos administrativos».
Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado social de derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el
medio de control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en atención de sus funciones públicas.
De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló.
[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial
para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo9.
Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley 393
de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:
(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al obedecimiento
del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión o por la
ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso incumplimiento.
Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando el cumplirlo a
cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable» caso en el
cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación
de este presupuesto implica el rechazo de la acción de cumplimiento.
(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables
con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º]10.
9
Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera
Vergara.
10
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran
principios y directrices.
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(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(iv) Pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de
la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración
[artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos,
la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de control.
Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe o
no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o del
particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya dirigido la
acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del
referido análisis se concluirá la prosperidad o no de la/s pretensión/es formulada/s.
3.2. Normas contra las que procede la acción
Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control son tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la óptica
de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el
presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los
artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política11.
Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
Administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas
constitucionales «pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad
de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte
Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta acción
constitucional para exigir el cumplimiento de normas supremas»12.
Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
11
Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia
de 21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
12
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2004, radicación: 44001-23-31-000-2004-
0047-01(ACU), MP. Darío Quiñones Pinilla.
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cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado13.
Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales.
Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,14 a menos que estén apropiados;15 o cuando se
pretenda la protección de derechos fundamentales, en este último caso, el juez
competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
superior16.
3.3. De la renuencia
El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este17 y
que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez
días siguientes a la presentación de la solicitud.
Sobre este presupuesto de procedibilidad, la Sala ha señalado que «el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento»18. Igualmente, esta Sección19 ha dicho que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
13
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación: 76001-23-31-000-
2011-00891-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia (E).
14
Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación: 05001-23-31-000-2000-
4673-01(ACU). MP. Darío Quiñones Pinilla.
15
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación: 25000-23-41-000-
2015-00493-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro.
16
Sentencia antes citada.
17
Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de constituir en
renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, es
necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá
precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible».
18
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación: 2011-01063
(ACU), MP. Mauricio Torres Cuervo.
19
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación: 47001-23-31-000-2011-
00024-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia.
10
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administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues,
como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o actos administrativos[20] (Negrillas fuera de texto).
En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que
«[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado
dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud».
Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución en
renuencia». Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe
entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de
cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o
porque, aunque sea emitida en tiempo, resulte contraria al querer del ciudadano»21.
Para este caso, el accionante acompañó copia del escrito de 4 de agosto de 202322,
en el que requirió a la SAE y al depositario provisional y representante de la
sociedad Inmobiliaria Alojar SA el cumplimiento del acta de la sesión 043 de 20 de
20
En la providencia se citó «Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp. ACU-
2003-00724, MP. Darío Quiñones Pinilla».
21
Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015, radicación
n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17 de noviembre
de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia
del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez, entre otras.
22
Adjunto con el documento contentivo de la demanda y obrante en el índice 2 de SAMAI.
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agosto de 2022, en la que el Comité de Negocios del Nivel Central de la SAE aprobó
el descuento contra canon respecto del contrato de arrendamiento del bien inmueble
identificado con la Matricula Inmobiliaria 50C1115187. Sin embargo, las accionadas
no emitieron respuesta en el término previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de
1997. Por tanto, para la Sala se encuentra acreditado el presupuesto de
procedibilidad.
3.4. Procedencia de la acción
En este caso, la accionante exigió a la accionada el obedecimiento del acta23 de la
sesión 043 de 20 de agosto de 2022, en la que, el Comité de Negocios del Nivel
Central de la SAE dispuso lo siguiente:
La Sala considera que el presente caso no cumple con el requisito de la
subsidiariedad. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 9.º de la Ley 393 de
1997, este mecanismo constitucional no procederá cuando el afectado tenga o haya
tenido otro instrumento de defensa judicial para lograr el efectivo obedecimiento de
la disposición. Igualmente, esta Sección en reiterada jurisprudencia24 ha desarrollado
«la existencia de otro mecanismo judicial», como causal de improcedencia, en
aquellos casos en los que no se acredite un perjuicio irremediable.
En este caso, la Sala considera que el acta que se pide cumplir se encuentra
estrechamente relacionada con el contrato de arrendamiento celebrado entre las
sociedades Inmobiliaria Alojar SA y Victoria C SAS desde el año 2017, dado que en
ella se analizaron y establecieron aspectos de la esencia de la relación contractual
23
Se precisa que esta Jurisdicción ha conocido sobre la legalidad de decisiones de la administración contenidas
en actas. A manera de ejemplo, puede consultarse, Sección Segunda Subsección B del Consejo de Estado,
auto de 22 de octubre de 2018, radicado 11001-03-25-000-2018-01138-00, MP. Sandra Lisset Ibarra Vélez «[…]
Como viene expuesto, la señora Leydy Johana Erazo Cruz, quien actúa en nombre propio, pretende la nulidad
del Acta de 22 de abril de 2014, suscrita por la Directora Administrativa y la Coordinadora del Grupo de
Prestaciones Sociales de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional, « por medio de la
cual se decide sobre el pago de la mesada 14 a los pensionados del Ministerio de Defensa Nacional – Secretaría
General – Dirección Administrativa – Grupo Prestaciones Sociales que tienen derecho». […] Así las cosas, el
Medio de Control de Nulidad Simple escogido por la accionante resulta adecuado; pues, de la lectura integral
de la demanda y del acto acusado, se encuentra que éste es de carácter general y abstracto y, además, de las
pretensiones de nulidad formuladas por la señora Leydy Johana Erazo Cruz y de las inconformidades expuestas
en su demanda, no se advierte que persiga el restablecimiento de un derecho subjetivo a favor suyo o de un
tercero».
24
Cfr. Sentencia de 24 de mayo de 2012, radicado No 05001-23-31-000-2010-02067-01(ACU), MP. Alberto
Yepes Barreiro, Sentencia de 23 de agosto de 2012, radicado n° 25000-23-31-000-2012-00425-01(ACU). M.P.
Mauricio Torres Cuervo, Sentencia de 21 de junio de 2012, radicado n° 05001-23-31-000-2006-01095-01(ACU).
MP. Mauricio Torres Cuervo.
12
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tales como como el monto del canon y su duración, es decir, que el presente asunto
conlleva un debate que escapa al objeto y naturaleza de esta acción que no es
declarativa.
En efecto, para determinar el incumplimiento contractual, a partir de lo decidido en
el acta, es una situación que incumbe a los intereses económicos de las sociedades
Inmobiliaria Alojar SA, la SAE y Victoria C SAS, y que compete al juez natural de
los contratos dirimir, a través de la acción de controversias contractuales prevista
en el artículo 141 del CPACA, concordante con el artículo 104 ibidem, conforme a
las pretensiones que a bien tenga la impugnante formular a través de ese medio de
control de legalidad de naturaleza declarativa.
Asimismo, ante la manifestación de terminación unilateral del contrato por parte del
depositario designado por la SAE, y la postura de la accionante en cuanto a que a
partir del acta del Comité de 20 de agosto de 2022 el término del contrato en el
tiempo fue prorrogado, la Metodología de Administración de los Bienes Frisco
Versión No. 17-30/12/202325 dispone: «para la prórroga de los contratos
comerciales se aplicará, lo dispuesto por el Código de Comercio, artículos del 518
al 524», por tanto, las partes cuentan con el mecanismo judicial previsto en el
artículo 519 del Código de Comercio26.
Por tanto, la autoridad judicial de primera instancia acertó en concluir la
improcedencia, porque en este caso el juez no se puede abrogar las competencias
y definir el cumplimiento o no de las obligaciones de los sujetos del contrato de
arrendamiento porque este medio no fue previsto para dirimir tal tipo de debates,
pues el ordenamiento jurídico previo otros cauces ordinarios para resolver esas
controversias. Lo anterior es suficiente para concluir la improcedencia de este
asunto y, por ende, no corresponde a la Sala adentrarse en el estudio del fondo del
caso. Máxime si se tiene en cuenta que en el caso concreto no se alegó ni probó la
existencia de un perjuicio irremediable.
En consecuencia, se modificará la sentencia de 26 de septiembre de 2023, en el
sentido de declarar la improcedencia por subsidiariedad de la acción de
cumplimiento, dado que es lo que técnicamente corresponde determinar cuando no
se cumple el presupuesto adjetivo previsto en el artículo 9.º de la Ley 393 de 1997,
conforme se señaló en el acápite de generalidades de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley
25
https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=1889
26
Artículo 519. DIFERENCIAS EN LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO. Las diferencias que ocurran entre las
partes en el momento de la renovación del contrato de arrendamiento se decidirán por el procedimiento verbal,
con intervención de peritos.
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Radicación: 25000-23-41-000-2023-01141-01
III. FALLA:
PRIMERO. Modificar la decisión de primera instancia en el sentido de declarar la
improcedencia de la acción de cumplimiento porque no se satisface el requisito de
procedibilidad de la subsidiariedad
SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.
TERCERO. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUAREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
14
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