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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2025-00781-01

Fecha
5 de febrero de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2025-00781-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Confirmar la sentencia de 5 de diciembre de 2025 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por lo expuesto en esta decisión. SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 76001-23-33-000-2025-00781-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

5 de febrero de 2026

Demandante: Asociación Municipal de Usuarios Campesinos —AMUC—
Demandada: Sociedad de Activos Especiales S.A.S.
Radicación: 76001-23-33-000-2025-00781-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de cumplimiento
Radicación: 76001-23-33-000-2025-00781-01
Demandante: Asociación Municipal de Usuarios Campesinos —AMUC—
Demandada: Sociedad de Activos Especiales S.A.S.
Tema: Confirma improcedencia

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la pare accionante contra la
sentencia de 5 de diciembre de 2025 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
que declaró improcedente la acción de cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de cumplimiento.

En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, la Asociación
Municipal de Usuarios Campesinos, actuando a través de su representante legal,
en adelante la AMUC, demandó a la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., en
adelante la SAE, para que se le ordene el cumplimiento de la Resolución 327 del
22 de julio de 2025, particularmente en lo relativo a la entrega real y material del
predio identificado con FMI 375-20179, la terminación del contrato vigente con el
ocupante actual, el ejercicio de las facultades de policía administrativa para
recuperarlo y el saneamiento administrativo y financiero de las obligaciones que
recaen sobre el inmueble.

En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:

1. Se ordene y garantice el cumplimiento del artículo 1° de la Constitución Política en
tanto se ordene el cumplimiento efectivo de la Resolución N° 327 del 22 de julio de
2025.

2. Se ordene a la SAE SAS el cumplimiento de lo establecido en el artículo segundo
de la Resolución N° 327 del 22 de julio de 2025, para que a través de su Dirección
Territorial Sur realice la entrega integral real y material del bien inmueble identificado
con folio de matrícula inmobiliaria No. 375-20179.

3. Se ordene a la SAE SAS dar por terminado el vínculo contractual existente con
quien actualmente usufrutua el bien inmueble identificado con folio de matrícula
inmobiliaria No. 375- 20179 y cumplir con la entrega integral real y material a la
AMUC del referido bien inmueble.

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Demandante: Asociación Municipal de Usuarios Campesinos —AMUC—
Demandada: Sociedad de Activos Especiales S.A.S.
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4. Se ordene a la SAE SAS el cumplimiento de lo establecido en el parágrafo primero
del artículo segundo de la Resolución N° 327 del 22 de julio de 2025 , ya que el
inmueble si bien fue transferido mediante destinación definitiva a la AMUC desde el
29 de julio de 2025, tal como puede observarse en la anotación N°037 del Certificado
de tradición del predio con FMI 375-20179 que se anexa, no obstante, tal como se
evidencia en el derecho de petición enunciado en el numeral 4 del presente, que
también anexa, el predio se encuentra actualmente ocupado por un particular que
desarrolla actividades agropecuarias, por lo cual se hace necesario que se ordene a
la SAE SAS ejercer sus funciones de Policía Administrativa, para que quien
actualmente hace uso del predio sea desalojado del mismo.

5. Se ordene a la SAE SAS a través de su Territorial Sur el cumplimiento de lo
establecido en el parágrafo Tercero del artículo segundo de la Resolución N° 327 del
22 de julio de 2025,en cual se establece que la Dirección Territorial Sur de la SAE
SAS deberá adelantar las gestiones pertinentes, tendientes al saneamiento
administrativo relacionado con el pago de pasivos y/o aquellas obligaciones que
recaigan sobre el bien inmueble con FMI 375-20179 objeto de la destinación,
ordenando el saneamiento de la deuda de $ 942.350.998 que tiene el inmueble por
concepto de Impuesto Predial, así como cualquier otra deuda, pasivo o cuenta por
pagar que posea el predio. […]1.

2. Hechos

En resumen, la parte actora señaló que, el 22 de julio de 2025, la SAE expidió la
Resolución 327 del 22 de julio de 2025 y transfirió a título traslaticio de dominio a la
AMUC el predio Coque, identificado con el FMI 375-20179, ubicado en Cartago
(Valle del Cauca).

El 27 de julio de 2025, la Oficina de Instrumentos Públicos de Cartago canceló
varias anotaciones del folio de matrícula inmobiliaria y, el 29 de julio de 2025, se
inscribió una nueva anotación en la que la AMUC quedó registrada como titular del
derecho de dominio del inmueble.

El 3 de septiembre de 2025, la actora radicó un derecho de petición ante la SAE
para que informara qué se había hecho para cumplir lo ordenado en la Resolución
327 y cuál era el avance de las acciones previstas.

El 8 de octubre de 2025, la SAE respondió que no había entregado materialmente
el predio, porque este seguía ocupado y estaba bajo un contrato de arrendamiento
vigente, por lo que debía surtirse un proceso legal para terminarlo; y que, si no
había entrega voluntaria, la entidad iniciaría acciones de desalojo. También indicó
que estaba revisando pasivos del inmueble y que adelantó gestiones para
prescripción o definición de viabilidad de pago, y que luego informaría una directriz.

La actora sostuvo que la SAE, como administradora del FRISCO, tuvo facultades
para terminar unilateralmente el arrendamiento y ejercer medidas para la
recuperación, y que debió haber identificado y resuelto ese arrendamiento durante
el saneamiento jurídico previo a la transferencia; además, en la Resolución 327 del

1 Se transcribe tal cual consta en la demanda.

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22 de julio de 2025 se dejó constancia de que existieron concepto técnico y
viabilidad jurídica para una transferencia efectiva.

El 29 de septiembre de 2025, la AMUC solicitó a la SAE la entrega real y material,
el saneamiento de pasivos, el ejercicio de facultades de policía administrativa para
lograr el desalojo de ocupantes, y el cumplimiento integral de la Resolución 327 del
22 de julio de 2025, sin que se lograra la finalidad perseguida.

3. Admisión de la demanda

En auto de 18 de noviembre de 2025, la ponente del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca admitió2 la demanda y ordenó notificar a la demandada. La SAE
guardó silencio, así como el Ministerio Público.

4. Sentencia de primera instancia

En fallo de 5 de diciembre de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
declaró improcedente la acción de cumplimento al concluir, que aunque la entrega
real y material del predio podía aparentar un mandato claro, la ejecución de la
Resolución 327 de 2025 no era exigible de manera inmediata por esta vía porque el
inmueble estaba amparado por un contrato de arrendamiento vigente, lo que
legitimaba la ocupación y obligaba a agotar previamente actuaciones contractuales
de terminación, descartando así la operatividad inmediata de las facultades de
policía administrativa; además, estimó que lo pedido sobre saneamiento financiero
y pago de pasivos correspondía a erogaciones patrimoniales que no podían
imponerse mediante acción de cumplimiento, por lo que no se configuraba un
deber imperativo e inobjetable

5. Impugnación

La parte accionante, en síntesis, solicitó revocar la sentencia del Tribunal porque, a
su juicio, el a quo erró al tener por inexigible el mandato de la Resolución 327 por la
existencia de un contrato de arrendamiento, porque (i) el artículo 2 ordenó entrega
real y material sin condicionarla; (ii) el artículo 208 de la Ley 2294 de 2023 imponía
a la SAE garantizar bienes saneados y con recuperación material; y (iii) la
presencia de un arriendo no desvirtuaba la fuerza vinculante del acto ni convertía el
mandato en objetable. Añadió que la acción de cumplimiento podía proceder aún si
la ejecución requería actuaciones sucesivas (inscripción, saneamiento, entrega),
pues ello no tornaba el deber inexigible cuando el mandato esencial era claro; y
reprochó que el fallo, al centrarse en la relación contractual con terceros,
desnaturalizó la acción y reinterpretó el alcance del mandato.

De otro lado, alegó la SAE no ejecutó ni acreditó acciones efectivas para
materializar la entrega. También sostuvo que el saneamiento administrativo no

2 Luego de que el proceso fuera remitido por competencia funcional por parte del Juzgado Cuarto
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, a través de auto de 12 de noviembre de 2025.

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equivalía a ordenar un pago o reconocer derechos patrimoniales, sino a cumplir un
deber legal y reglado para hacer eficaz la destinación. Con base en ello pidió
revocar y ordenar la entrega material, la recuperación del predio y el saneamiento
correspondiente.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de 5
de diciembre de 2025 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997 , 125, 150 y
243 del CPACA, así como en el artículo 13, numeral 7.º, del Acuerdo núm. 080 del
12 de marzo de 2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
establece la competencia de la Sección Quinta de esta Corporación para conocer
de «las apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se
dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento».

2. Problemas jurídicos a resolver

Corresponde a la sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 5
de diciembre de 2025. Para lo anterior, la Sala plantea los siguientes interrogantes:

¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia a la accionada, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la
Ley 393 de 1997?

¿En el presente caso se superan los presupuestos de procedencia?

3. Razones jurídicas de la decisión

La sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito
de procedibilidad de la renuencia; (iii) requisitos de procedencia en el caso
concreto (iv) el fondo del asunto.

3.1. Generalidades

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política, como un mecanismo3 para que toda persona pueda «acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad

3 Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Quinta,

sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación: 20001-23-33-000-2016-00371-01 (ACU), sentencia de 15
de diciembre de 2016, radicación: 25000-23-41-000-2016-00814-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro,
sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación: 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). MP. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez (E) y Sentencia de 23 de junio de 2022, radicación: 25000-23-41-000-2022-00203-01
(ACU), MP. Luis Alberto Álvarez Parra.

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renuente el cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo 1.º de la
Ley 393 de 1997 precisa que «[t]oda persona podrá acudir ante la autoridad judicial
definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con
fuerza material de Ley o actos administrativos».

Teniendo en cuenta que Colombia es un estado social de derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el
medio de control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en atención de sus funciones públicas.

De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló:

[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial
para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del [e]stado [s]ocial de [d]erecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo4.

Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley 393
de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:

(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso
incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando
el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo
8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el rechazo de la acción de
cumplimiento.

(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables
con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º]5.

4 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera
Vergara.
5 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran

principios y directrices.

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(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

(iv) No pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través
de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración
[artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos
[ii., iii. y iv.], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de
control.

Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe o
no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o
del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por
tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de lo pretendido.

3.2. Normas contra las que procede la acción

Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control son tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la óptica
de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el
presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los
artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política6.

Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
Administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas
constitucionales «pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad
de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte
Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta
acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas supremas»7.

Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo

6 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia de

21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 3 de junio de 2004, radicación: 44001-23-31-000-2004-

0047-01(ACU), MP. Darío Quiñones Pinilla.

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cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado8.

Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales.

Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,9 a menos que estén apropiados;10 o cuando se
pretenda la protección de derechos fundamentales. En este último caso, el juez
competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
constitucional11.

3.3. De la renuencia

El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este12 y
que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez
días siguientes a la presentación de la solicitud.

Sobre este presupuesto de procedibilidad, la sala ha señalado que «el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento»13. Igualmente, esta Sección14 ha dicho que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación: 76001-23-31-000-
2011-00891-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia (E).
9 Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación: 05001-23-31-000-2000-

4673-01(ACU). MP. Darío Quiñones Pinilla.
10 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación: 25000-23-41-000-

2015-00493-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro.
11 Sentencia antes citada.
12Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de constituir en

renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, es
necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá
precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible».
13 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación: 2011-01063

(ACU), MP. Mauricio Torres Cuervo.
14 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación: 47001-23-31-000-

2011-00024-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia.

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Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues,
como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o actos administrativos[15] (Negrillas fuera de texto).

En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que
«[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud».

Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.

En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución en
renuencia». Resulta relevante para la sala precisar que la renuencia debe
entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de
cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o
porque, aunque sea emitida en tiempo, resulte contraria al querer del ciudadano»16.

En el caso concreto, la accionante acompañó con la demanda el escrito de 29 de
septiembre de 2025, en el que le solicitó a la SAE el cumplimiento integral de todas
las disposiciones de la Resolución 327 del 22 de julio de 2025, y que en
consecuencia le entregara real y material, el saneamiento de pasivos, el ejercicio
de facultades de policía administrativa para lograr el desalojo de ocupantes,
respecto del predio Coque, identificado con el FMI 375-20179, ubicado en Cartago
(Valle del Cauca).

15
En la providencia se citó «Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.
ACU-2003-00724, MP. Darío Quiñones Pinilla».
16
Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015,
radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17
de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-23-33-000-2016-00249-01(ACU), en
todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.

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La entidad no contestó; circunstancia que resulta suficiente para entender agotado
el requisito de procedibilidad en este caso.

3.4. Procedencia de la acción de cumplimiento

La Sala reitera que este mecanismo procura por hacer efectiva la observancia de
una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo que impone
determinada actuación u omisión a la respectiva autoridad; es decir, su objeto es el
acatamiento del ordenamiento jurídico vigente (artículo 1 de la Ley 393 de 1997).

La parte actora, con el ejercicio de la presente acción, pretende que se cumpla por
parte de la SAE la Resolución 327 del 22 de julio de 2025, y que en consecuencia
le entregara real y material, el saneamiento de pasivos, el ejercicio de facultades de
policía administrativa para lograr el desalojo de ocupantes, respecto del predio
Coque, identificado con el FMI 375-20179, ubicado en Cartago (Valle del Cauca).

La Sala considera que el presente caso no cumple con el requisito de la
subsidiariedad. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 9.º de la Ley 393 de
1997, este mecanismo constitucional no procederá cuando el afectado tenga o
haya tenido otro instrumento de defensa judicial para lograr el efectivo
obedecimiento de la disposición. Igualmente, esta Sección en reiterada
jurisprudencia17 ha desarrollado «la existencia de otro mecanismo judicial», como
causal de improcedencia, en aquellos casos en los que no se acredite un perjuicio
irremediable.

En este caso, la Sala18 considera que el acto administrativo que se pide cumplir se
encuentra estrechamente relacionado con el objeto del contrato de arrendamiento
celebrado por la SAE y que informó al actor el 8 de octubre de 2025, circunstancia
que hace imposible negocio jurídico vigente, por lo que debía surtirse un proceso
legal para terminarlo; y que, si no había entrega voluntaria, la entidad iniciaría
acciones de desalojo. En ese sentido, dado que en ese contrato se establecieron
aspectos de la esencia de la relación contractual tales como el objeto, como el
monto del canon y su duración, quiere decir, que el presente asunto trasciende del
simple obedecimiento de las disposiciones invocadas y conlleva un debate que
escapa al objeto y naturaleza de esta acción que no es de naturaleza declarativa.

En efecto, determinar la legalidad de esa relación contractual es una situación que
incumbe a los intereses económicos de quienes celebraron ese negocio jurídico y
del extremo actor como tercero con interés, en razón a que el objeto contractual
recae en el predio Coque, identificado con el FMI 375-20179, ubicado en Cartago
(Valle del Cauca) que se pretende materializar su entrega real y efectiva por parte
17 Cfr. Sentencia de 24 de mayo de 2012, radicado No 05001-23-31-000-2010-02067-01(ACU), MP. Alberto

Yepes Barreiro, Sentencia de 23 de agosto de 2012, radicado n° 25000-23-31-000-2012-00425-01(ACU). M.P.
Mauricio Torres Cuervo, Sentencia de 21 de junio de 2012, radicado n° 05001-23-31-000-2006-01095-
01(ACU). MP. Mauricio Torres Cuervo.
18 En similar sentido puede consultarse la sentencia de 24 de enero de 2024, radicado 25000-23-41-000-2023-

01141-01.

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Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C., (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Asociación Municipal de Usuarios Campesinos —AMUC—
Demandada: Sociedad de Activos Especiales S.A.S.
Radicación: 76001-23-33-000-2025-00781-01

de la SAE, y que compete al juez natural de los contratos dirimir, a través de la
acción de controversias contractuales prevista en el artículo 141 del CPACA19,
concordante con el artículo 104.2 ibidem, conforme a las pretensiones que a bien
tenga la impugnante formular a través de ese medio de control de legalidad de
naturaleza declarativa.

Asimismo, deviene en improcedente el asunto frente ante la pretensión referente a
que se ordene «adelantar las gestiones pertinentes, tendientes al saneamiento
administrativo relacionado con el pago de pasivos y/o aquellas obligaciones que
recaigan sobre el bien inmueble con FMI 375-20179 objeto de la destinación,
ordenando el saneamiento de la deuda de $ 942.350.998 que tiene el inmueble por
concepto de Impuesto Predial, así como cualquier otra deuda, pasivo o cuenta por
pagar que posea el predio», pues no existe certeza de los recursos presupuestados
para tal fin, lo que implica un gasto no presupuestado para la Administración.

Por tanto, la autoridad judicial de primera instancia acertó en concluir la
improcedencia, porque en este caso el juez no se puede abrogar las competencias
y definir el cumplimiento o no de las obligaciones de los sujetos del contrato de
arrendamiento porque este medio no fue previsto para dirimir tal tipo de debates, ni
imponer gastos frente a los cuales no se tenga la certeza que fueron
presupuestados por la Administración; claramente este asunto implica discusiones
en punto a derechos subjetivos y no el acotamiento general del ordenamiento
jurídico, aunado a que existen otros cauces ordinarios judiciales para resolver esas
controversias. Lo anterior, es suficiente para concluir la improcedencia de este
asunto y, por ende, no corresponde a la Sala adentrarse en el estudio del fondo del
caso. Máxime si se tiene en cuenta que en el caso concreto no se alegó ni probó la
existencia de un perjuicio irremediable.

En consecuencia, se modificará la confirmará la sentencia de 5 de diciembre de
2025 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, conforme se señaló en el
acápite de generalidades de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

19 Artículo 141.Controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato del Estado podrá pedir

que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se
declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los
perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas. Así mismo, el interesado podrá solicitar la
liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo
haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para
liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto, del término establecido por la ley.

Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, podrán
demandarse en los términos de los artículos 137 y 138 de este Código, según el caso.

El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrán pedir que se declare la nulidad
absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla de oficio cuando esté plenamente demostrada en
el proceso, siempre y cuando en él hayan intervenido las partes contratantes o sus causahabientes.

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Radicación: 76001-23-33-000-2025-00781-01

III. FALLA:

PRIMERO. Confirmar la sentencia de 5 de diciembre de 2025 del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, por lo expuesto en esta decisión.

SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

TERCERO. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta providencia judicial fue firmada electrónicamente. Usted puede consultarla con el número de
radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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