Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-00264-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-00264-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2015-00264-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
30 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., Treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001-23-33-000-2015-00264-01 (5775-2019)
Demandante: Norma Farides Padilla Morales
Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio; Municipio de Sabanalarga;
Departamento del Atlántico
Tema: Sanción moratoria por incumplimiento en la consignación del auxilio
(Docentes)
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia proferida el 10 de mayo de 2019 por el Tribunal Administrativo del Atlántico,
que condenó al reconocimiento del auxilio de cesantías y de los intereses a las
cesantías y declaró probada la excepción de prescripción respecto de la sanción
moratoria.
ANTECEDENTES
La señora Norma Farides Padilla Morales en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011,
formuló, las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Oficio
2015ER031139 del 19 de marzo de 2015, emitido por el Ministerio de Educación
Nacional; ii) Resolución 0101 y oficio sin número del 27 y 26 de febrero,
respectivamente, del año 2015, proveniente de la Alcaldía Municipal de Sabanalarga;
iii) Aquellos por medio de los cuales la Nación – Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Municipio de Sabanalarga
– Departamento del Atlántico, por intermedio de sus autoridades administrativas y de
gestión gerencial, niegan y desconocen la solicitud de pago de las cesantías, de los
intereses a las cesantías y de la sanción moratoria derivada del retardo en la
consignación del auxilio de cesantías anualizadas.
Que a título de restablecimiento del derecho se condene a los demandados al
reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas, los intereses a las cesantías y a
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la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 por la omisión en la consignación
del auxilio de cesantías correspondiente a las anualidades 2000, 2001 y 2002, las
cuales deberán ser liquidadas en forma anualizada desde el 15 de febrero del año
siguiente a su causación y hasta la fecha en que se produzca la consignación de la
prestación reclamada.
Que el cumplimiento de dicho fallo se ordene conforme lo establecido en los artículos
187,188,192 y 195 del CPACA, se reconozcan los intereses moratorios a partir de la
ejecutoria de la sentencia y que se condene en costas y agencias en derecho a la parte
demandada.
HECHOS
La demanda se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que la demandante, labora como docente perteneciente a la planta de personal del
Municipio de Sabanalarga, desde el 2000, asimilada por el departamento del Atlántico
en la misma anualidad. Que las entidades demandadas no le consignaron en forma
oportuna las cesantías de 2000 a 2002, es decir, hasta el 14 de febrero del siguiente
año en que se causaron.
Que durante los periodos 2000 a 2002, no fue afiliada al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio.
Que el 24 de febrero de 2015 presentó reclamación administrativa ante el municipio
de Sabanalarga y el 26 de febrero ante el Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio, a fin de que estas reconocieran y pagaran las cesantías, los intereses a las
cesantías y la sanción moratoria por la no consignación oportuna de tal auxilio.
Que el municipio de Sabanalarga dio respuesta a la petición el 26 y 27 de febrero de
2015, negando el reconocimiento de tales prestaciones; mientras que el FNPSM no
emitió un pronunciamiento de fondo y remitió la petición a la secretaría de Educación
departamental.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
Mediante auto del 22 de junio de 2017, fue admitida la demanda y notificada a las
demandadas. El Departamento del Atlántico, se opuso a las pretensiones
considerando que no le corresponde efectuar el pago de y propuso como excepciones
las denominadas falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia del derecho
reclamado, prescripción y la innominada o genérica.
El Ministerio de Educación Nacional – FOMAG, contestó la demanda de forma
extemporánea, por lo que no se tuvieron en cuenta las excepciones propuestas.
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El municipio de Sabanalarga, contestó argumentando la inaplicabilidad de la Ley 344
de 1996, la imposibilidad de cancelar las cesantías y la inaplicabilidad del artículo 99
de la Ley 50 de 1990.
Se celebró audiencia inicial el 14 de marzo de 2018, en la cual, se resolvió en forma
negativa la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el
Departamento del Atlántico, se fijó el litigio, se decretaron pruebas y se corrió traslado
a las partes para que alegaran de conclusión. Se dictó sentencia, la cual fue apelada
oportunamente por la parte demandante.
SENTENCIA APELADA
En sentencia del 10 de mayo de 2019 se condenó al FNPSM al reconocimiento del
auxilio de cesantías y de los intereses a las cesantías correspondientes a los años
2000 a 2002 y se declaró probada la excepción de prescripción extintiva de la sanción
moratoria por la no consignación oportuna del auxilio.
Encontró acreditado el Tribunal, que por medio de certificados expedidos por el Fondo
de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Departamento del Atlántico, se efectuó el
reporte anual de cesantías por las anualidades 2003 a 2011. Que no obra prueba que
acredite el reconocimiento del mencionado auxilio entre los años 2000 a 2002 y en
consecuencia lo ordenó.
Que la penalidad solicitada por la demandante de los años 2000 a 2002 se encuentra
prescrita, teniendo en cuenta que para la última anualidad perseguida, 2002, el
derecho se hizo exigible el 15 de febrero de 2003 y fenecía el 15 de febrero de 2006,
por lo que habían pasado más de 3 años desde que se hizo exigible el derecho sin
que se presentara la correspondiente reclamación administrativa, pues esta última fue
radicada el 24 y 26 de febrero de 2015 ante el municipio de Sabanalarga y el Fondo
de Prestaciones Sociales del Magisterio, respectivamente, cuando ya había operado,
sobre todas las anualidades, el fenómeno jurídico de la prescripción trienal.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante manifestó su inconformidad argumentando que se dio alcance e
interpretación a la sentencia de unificación CE-SUJ004 del 25 de agosto de 2016 de
forma «errónea», por la indebida aplicación del precedente.
Que no le han sido canceladas las cesantías y los intereses a las cesantías
correspondientes a los periodos de 2000 a 2002 y tampoco la sanción moratoria por la
no consignación oportuna del auxilio. Que mientras el vínculo laboral se encuentre
vigente, no puede hablarse de prescripción de las cesantías y menos aún de la sanción
moratoria, pues esta última está supeditada al pago de aquella, por tratarse de una
prestación accesoria.
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Que la responsabilidad del empleador de pagar la indemnización solicitada, surge a
partir de que se hace exigible el derecho, esto es, en el momento en que se haga el
reconocimiento de la consignación de las cesantías en sede judicial.
Que a pesar de que la señora Norma Farides Padilla Morales, haya sido afiliada al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio desde el 2000, ello no implica
un cambio en su condición de servidora pública docente del orden territorial, situación
que la hace merecedora del mencionado auxilio.
Que, teniendo en cuenta lo anterior, el municipio de Sabanalarga, el departamento del
Atlántico y el FNPSM son solidariamente responsables por la omisión en la
consignación de las cesantías de los periodos pretendidos y solicita que la condena a
imponer sea ajustada de conformidad con lo establecido en el artículo 187 del CPACA.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
En atención a lo dispuesto en el numeral 5. del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 y
conforme a la constancia secretarial del 20 de octubre de 2022, no habiendo sido
necesario el decreto de pruebas, se prescindió del traslado para alegar de conclusión.
El Ministerio Público emitió concepto solicitando se confirme la sentencia, por haberse
materializado el fenómeno jurídico de la prescripción sobre la sanción moratoria,
teniendo en cuenta que la actora tenía el deber de reclamar tal indemnización durante
los 3 años siguientes a su exigibilidad, esto es, hasta el 15 de febrero de 2006 y elevó
la solicitud solo hasta el 26 de febrero de 2015, cuando ya había prescrito el derecho
frente a todas las anualidades demandadas.
CONSIDERACIONES
El problema jurídico se resume en determinar, sí operó el fenómeno jurídico de la
prescripción sobre la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990, en relación con
las cesantías anualizadas causadas de 2000 a 2002.
La sanción moratoria respecto de las cesantías anualizadas correspondiente a
los años 2000 a 2002
La Sección Segunda de esta Corporación unificó el criterio jurisprudencial sobre la
ocurrencia del fenómeno de la prescripción extintiva frente a la sanción moratoria por
la consignación tardía del auxilio de las cesantías anualizadas, a través de la sentencia
del 25 de agosto de 20161, aclarada en providencia, también de unificación, del 6 de
agosto de 20202.
1 Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad.: 08001-23-31-000-2011-00628-01 (0528-2014).
2 Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad.: 08001-23-33-000-2013-00666-01 (0833-2016).
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En dicha oportunidad, señaló que la penalidad en comento está sometida a la
prescripción trienal, al tenor de los dispuesto en el artículo 151 del Código de
Procedimiento Laboral y que el momento a partir del cual procede la reclamación de
la misma corresponde al día en que se configura la mora respecto de la obligación
originaria, esto es, desde el 15 de febrero del año en que debió realizarse la
consignación de las cesantías anualizadas.
De conformidad con la tesis de unificación, pese a no existir una norma expresa que
contemple un término de prescripción para la penalidad ante la tardanza en el depósito
de las cesantías anualizadas a que tiene derecho el trabajador, sobre las mismas
opera el fenómeno de prescripción trienal, como se indica a continuación:
«[…] Como se señaló en forma previa, los salarios moratorios, que están a cargo del
empleador que incumpla su obligación de consignar las cesantías en el término que la ley
concede, no son accesorios a la prestación “cesantías”.
Si bien es cierto se causan en torno a ellas, no dependen directamente de su
reconocimiento, ni hacen parte de él; pues su causación es excepcional, está sujeta y
deviene del incumplimiento u omisión del deber legal consagrado a cargo del empleador,
están concebidas a título de sanción, por la inobservancia de la fecha en que se debe
efectuar la consignación de esa prestación.
Como hacen parte del derecho sancionador y a pesar de que las disposiciones que
introdujeron esa sanción en el ordenamiento jurídico, no consagran un término de
prescripción, no puede considerarse un derecho imprescriptible, pues bien es sabido que
una de las características del derecho sancionador es que no pueden existir sanciones
imprescriptibles.
Siendo así y como quiera que las Subsecciones A y B han aplicado la prescripción trienal
en asuntos relativos a sanción moratoria, se considera que no hay controversia alguna
sobre ese particular; no obstante, sí es del caso precisar que la norma que se ha de invocar
para ese efecto, es la consagrada en el Código de Procedimiento Laboral, artículo 151,
que es del siguiente tenor literal:
“Artículo 151. -Prescripción. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán
en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el patrono, sobre un derecho o
prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción, pero sólo por un lapso
igual.”
La razón de aplicar esta disposición normativa y no el término prescriptivo consagrado en
los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, previamente citados, consiste en que tales
decretos en forma expresa señalan que la prescripción allí establecida, se refiere a los
derechos de que tratan las referidas normas, entre los cuales no figura la sanción moratoria,
pues para la época de su expedición, la sanción aludida no hacía parte del ordenamiento
legal, la que solo fue creada a partir de la consagración del régimen anualizado de las
cesantías, en virtud de la Ley 50 de 1990. […].» (Negrillas del texto, subrayas propias).
Ahora, frente al momento en que surge el derecho a reclamar el reconocimiento y
pago de la sanción por mora de que trata el numeral 3.º, del artículo 99 de la Ley 50
de 1990, la providencia de unificación de fecha 06 de agosto de 2020, sentó las
siguientes reglas jurisprudenciales:
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«i) El momento a partir del cual se contabiliza el término de la prescripción de la sanción
moratoria del régimen anualizado de cesantías -Ley 50 de 1990, es desde su causación y
exigibilidad, es decir, 15 de febrero de la anualidad siguiente, por ende, la reclamación
administrativa deberá presentarse dentro de los tres años siguientes, so pena de
configurarse la prescripción extintiva.
ii) En el evento en que se acumulen anualidades sucesivas de mora en la consignación de
cesantías del régimen de Ley 50 de 1990, el término prescriptivo de la sanción deberá
contabilizarse de manera independiente por cada año, de tal modo que el empleado
dispone de 3 años contados a partir del 15 de febrero del año siguiente a su causación para
reclamar la sanción moratoria correspondiente, so pena de su extinción. […]»
Resolución al caso concreto
En el presente asunto, el Tribunal Administrativo del Atlántico, reconoció las cesantías
y sus intereses a favor de la señora Norma Farides Padilla Morales. Sin embargo, de
los argumentos expuestos en el recurso de apelación podría entenderse que la
demandante pretende nuevamente el reconocimiento de dicho auxilio.
Es pertinente aclarar entonces, que su inconformidad radica únicamente respecto de
la sanción moratoria que le fue negada en virtud de la declaratoria de prescripción,
razón por la cual esta subsección se pronunciará solo frente a este aspecto.
La demandante fue nombrada como docente para prestar sus servicios en el municipio
de Sabanalarga, mediante Decreto 32 del 28 de junio del 2000 y tomó posesión del
mismo a partir del 4 de julio de la misma anualidad3.
Manifestó en el recurso de apelación4 que para los períodos reclamados se encontraba
afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, contradiciendo lo
expuesto en la demanda y a pesar de no haber allegado prueba alguna de su
vinculación al FNPSM.
Ahora, en lo atinente a la sanción moratoria solicitada, esta corporación en varios
pronunciamientos5, atendiendo a las circunstancias de cada caso, ha declarado la
excepción de prescripción, apartándose del estudio del derecho mismo. Sin embargo,
en tales supuestos, la jurisprudencia del Consejo de Estado no había unificado criterios
frente a si le asistía o no el derecho a los docentes para reclamar la indemnización por
mora consagrada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, situación que vino a
esclarecerse con la reciente sentencia de unificación del 11 de octubre de 20236.
En la mencionada providencia, se estableció como regla jurisprudencial que los
docentes estatales afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, no tienen derecho a la sanción por mora en la consignación de las
cesantías prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, debido a la
incompatibilidad con el sistema de administración de las cesantías consagrado en la
3 SAMAI. Índice 11. Archivo (ED_ACTUACIONE_1DEMANDAANEXOS(.PDF) NroActua 11) del expediente digital.
4 Folios 304 y 305 del expediente digital.
5Ver entre otras la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sección Segunda. Rad.: 41001-23-33-000-2019-
00343-02 (1969-2023).
6 Consejo de Estado, Sección Segunda. Rad.: 66001-33-33-001-2022-00016-01 (5746-2022).
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Ley 91 de 1989, salvo aquel personal que no haya sido afiliado al Fondo, a quienes sí
les sería aplicable dicha normativa.
Así las cosas, el criterio para acceder al pago de la indemnización por mora
consagrada en la Ley 50, se encuentra supeditado a la afiliación del docente al Fondo,
de tal manera que resulta innecesario en el caso concreto el análisis de la excepción
de prescripción, toda vez que, para el periodo reclamado, la señora Norma Farides
Padilla Morales señala que se encontraba afiliada al FNPSM, por lo que no le asiste el
derecho invocado.
No obstante, aun cuando se decretara de oficio la prueba para verificar la fecha exacta
de vinculación de la recurrente al Fondo en los periodos reclamados, la misma
resultaría irrelevante, pues para las fechas en la que se solicitó la penalidad, ya se
había configurado el fenómeno jurídico de la prescripción trienal.
En ese orden de ideas, esta Sala encuentra acreditados los elementos necesarios para
negar el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de las
cesantías en los periodos 2000 a 2002.
Decisión de segunda instancia
Según se ha expuesto, la Sala procede a confirmar la sentencia de primera instancia,
que declaró probada la excepción de prescripción respecto de la sanción moratoria
invocada y ordenó a la Nación- Ministerio de Educación Nacional - FNPSM, en caso
de no haberlo hecho, al reconocimiento de las cesantías y sus intereses por las
anualidades 2000 a 2002 en favor de la señora Padilla Morales.
De la condena en costas
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el ar. 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia el
juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionado o de mala fe, no obstante, dicho
criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47 de la Ley 2080 de 2021, en
el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se acredite que
la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la Subsección
A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias proferidas a la
luz de la nueva normatividad se deberá analizar la conducta realizada por las partes
en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de fundamentación jurídica
conforme a lo señalado en el inciso 2° del art. 188 de la Ley 1437 de 2011.
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En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa de los fundamentos
del recurso de apelación y de su oposición que no se presenta una carencia de
fundamentación legal que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, ambas
partes en sus escritos manifestaron argumentos razonables en defensa jurídica de sus
intereses, en consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico
el 10 de mayo de 2019 dentro del proceso instaurado por la señora Norma Farides
Padilla Morales contra la Nación - Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, el Departamento del Atlántico y el Municipio de
Sabanalarga, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Segundo: Sin condena en costas.
Tercero: Ejecutoriado este fallo devolver el expediente al Tribunal de origen, previas
las anotaciones correspondientes en la aplicación “SAMAI”.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
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