Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2019-00343-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2019-00343-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 41001-23-33-000-2019-00343-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
12 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 41001-23-33-000-2019-00343-02 (1969-2023)
Demandante: Clara Inés Pérez Castillo
Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio; Departamento del Huila.
Tema: Cesantías anualizadas y sanción moratoria por incumplimiento en
la consignación del auxilio (Docentes)
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el 24 de enero de 2023 por el Tribunal Administrativo del Huila, que
declaró probada la excepción de prescripción y negó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
La señora Clara Inés Pérez Castillo en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011,
formuló, en síntesis, las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) El ficto o presunto
configurado por el silencio del departamento del Huila, frente a la petición radicada por
la suscrita el 5 de septiembre de 2018; ii) El ficto o presunto configurado por el silencio
del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, frente a la solicitud instaurada por
la demandante el 5 de septiembre de 2018.
Que a título de restablecimiento del derecho se condene a los demandados al
reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas y a la sanción moratoria prevista
en la Ley 50 de 1990 por la omisión en la consignación del auxilio de cesantías
correspondiente a 1993, las cuales deberán ser liquidadas en forma anualizada desde
el 15 de febrero del año siguiente a su causación y hasta la fecha en que se produzca
la consignación de la prestación reclamada.
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Que el cumplimiento de dicho fallo se ordene conforme lo establecido en el artículo
192 del CPACA, se reconozcan los intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la
sentencia y que se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandada.
HECHOS
La demanda se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que la demandante, labora como docente perteneciente a la planta de personal del
departamento del Huila, desde el 21 de diciembre de 1993.
Que las entidades demandadas no le consignaron en forma oportuna las cesantías del
año 1993, es decir, hasta el 14 de febrero del siguiente año en que se causaron.
Que, con ocasión a este incumplimiento, ha debido reconocérsele y pagársele el
equivalente a un día de salario por cada día de mora, sin embargo, hasta la fecha no
se le ha reconocido la sanción ocasionada por el retardo.
Que el 5 de septiembre de 2018 presentó reclamación administrativa ante el
departamento del Huila y el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, a fin de
que estas reconocieran y pagaran las cesantías y la sanción moratoria por la no
consignación oportuna de tal auxilio.
Que ninguna de las entidades demandadas emitió pronunciamiento alguno frente a lo
solicitado, configurándose el silencio administrativo negativo a partir del 7 de diciembre
de 2018.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
Mediante auto del 14 de agosto de 2019 fue admitida la demanda y notificada a las
demandadas. El Departamento del Huila, se opuso a las pretensiones, aduciendo que,
en virtud de la descentralización administrativa de la época, es a la Nación a quien
corresponde el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de los docentes y
propone como excepciones las denominadas falta de legitimación en la causa por
pasiva y prescripción.
El Ministerio de Educación Nacional – FOMAG, no ejerció su derecho de defensa y
contradicción.
Por medio de auto del 30 de noviembre de 2020 se declaró probada de oficio la
excepción de inepta demanda por falta de requisitos formales, sin embargo, esta
corporación mediante providencia del 3 de junio de 2021 revocó dicha decisión
ordenando continuar con el proceso.
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Mediante auto del 20 de octubre de 2022 el Tribunal se abstuvo de citar a audiencia
inicial y en su lugar anunció su pronunciamiento por medio de sentencia anticipada.
En igual providencia, se fijó el litigio y se corrió traslado para alegar de conclusión a
las partes y al Ministerio Público.
SENTENCIA APELADA
Se profirió sentencia el 24 de enero de 2023 en la cual se declaró probada la excepción
de prescripción extintiva de las cesantías y de la sanción moratoria por la no
consignación oportuna del auxilio correspondiente al año 1993 y se negaron las
pretensiones.
Encontró acreditado el Tribunal que mediante Resolución No. 5249 del 9 de noviembre
de 2015, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio reconoció y ordenó el pago
de las cesantías desde 1993. Que, si bien en los soportes de dicho acto administrativo
aparece que los periodos liquidados inician desde 1994, de acuerdo con la parte motiva
del acto, debe concluirse que tal periodo sí quedó incluido y por tanto fue debidamente
reconocido, liquidado y pagado.
Que aún habiéndose aceptado que tales actos no incluían la liquidación de las
cesantías del año 1993, se debía igualmente negar lo pretendido, puesto que en dicho
supuesto se configura la prescripción respecto de las cesantías y de la sanción
moratoria invocadas.
Que tales derechos se encuentran prescritos, teniendo en cuenta que para la
anualidad perseguida, 1993, el derecho se hizo exigible el 15 de febrero de 1994 y
fenecía el 15 de febrero de 1997, por lo que habían pasado más de 3 años desde que
se hizo exigible el derecho sin que se presentara la correspondiente reclamación
administrativa, pues esta última fue radicada solo hasta el 5 de septiembre de 2018
ante las entidades demandadas, cuando ya había operado el fenómeno jurídico de la
prescripción trienal.
RECURSO DE APELACIÓN
La demandante manifestó su inconformidad considerando que el auxilio de cesantías
es una prestación social de creación legal a cargo del empleador y en favor del
trabajador que se encuentre cesante o durante la vigencia del vínculo laboral, siempre
que se cumpla con ciertos requisitos para su reconocimiento, ya sea, por temas de
educación, mejoramiento o compra de vivienda. Estima que se trata de un derecho de
orden público irrenunciable e imprescriptible y que constituye un ahorro para el
trabajador.
Que, en tal sentido, las cesantías deben ser reconocidas y pagadas por el empleador
en las oportunidades que la ley consagra.
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Que adicionalmente, mientras exista un vínculo laboral vigente al momento de realizar
las respectivas solicitudes, no debe operar el fenómeno jurídico de la prescripción y,
en consecuencia, los derechos laborales pueden ser reclamados en cualquier tiempo.
Que teniendo en cuenta que las entidades demandadas no consignaron el auxilio de
cesantías en los plazos fijados legalmente para cada anualidad, se tiene que a partir
del 15 de febrero del año siguiente al que debieron consignarse se causó el derecho
al pago de la sanción moratoria regulada en el artículo 99 de la ley 50 de 1990,
aplicable a los empleados del régimen anualizado.
Por todo lo mencionado, solicita se revoque la sentencia objeto de alzada, se declare
la nulidad del acto administrativo demandado y se acceda a las pretensiones de la
demanda.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
En atención a lo dispuesto en el numeral 5. del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021,
que modificó el artículo 247 del CPACA, y conforme a la constancia secretarial del 29
de junio de 2023, no habiendo sido necesario el decreto de pruebas, se prescindió del
traslado para alegar de conclusión.
CONSIDERACIONES
Los problemas jurídicos se resumen en determinar, si la demandante tiene derecho a
percibir el auxilio de cesantías por el año 1993 y establecer la entidad responsable del
respectivo pago. Y sí operó el fenómeno jurídico de la prescripción sobre la sanción
moratoria prevista en la Ley 50 de 1990, en relación con las cesantías causadas de
1993.
Del marco jurídico aplicable a los docentes oficiales en materia de cesantías
Las cesantías son consideradas un ahorro en cuenta individual del empleado que,
salvo las excepciones de ley 1, será retirado al momento en que quede cesante. El
ahorro así constituido, puede ser reclamado en el mismo instante de quedar cesante,
pues precisamente esa es la causal principal para el retiro de las cesantías.
En lo que respecta al personal docente, el artículo 3.º de la Ley 91 de 1989 creó el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio como «una cuenta especial
de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería
jurídica, cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de
economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del capital» que estaría a
cargo del pago de las prestaciones sociales 2 que se causaran a favor del personal
docente nacional y nacionalizado, a partir de la promulgación de esa ley.
1 Según las cuales se pueden hacer retiros parciales, con destino a compra o remodelación de vivienda, educación,
entre otros.
2 De acuerdo con el artículo 5, numeral 1, de la Ley 91 de 1989.
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La aludida norma, en su artículo 1.º, numeral 3.º, precisó que los docentes territoriales
son aquellos «vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de
enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley
43 de 1975» y en el parágrafo del artículo 2.º estipuló la manera como se reconocerían
y pagarían las prestaciones sociales causadas hasta la fecha de promulgación de la
mencionada Ley 91 de 1989, así:
«[…] Artículo 2º.- De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, la Nación y
las entidades territoriales, según el caso, asumirán sus obligaciones
prestacionales con el personal docente, de la siguiente manera:
[…]
Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley, se reconocerán y pagarán de conformidad con
las normas prestacionales del orden nacional, aplicables a dicho personal.
Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley, se seguirán reconociendo y pagando de
conformidad con las normas que regían en cada entidad territorial en el momento
de entrar en vigencia la Ley 43 de 1975. […]»
A pesar de que no se indicó el régimen de cesantías aplicable a los docentes
«territoriales», lo cierto es que el legislador creó el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio para atender las prestaciones sociales de los maestros
nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de la
promulgación de esta ley (91 de 1989), con observancia del régimen ya referido y «de
los que se vinculen con posterioridad a ella», tal como lo previó el artículo 4.º .
Sobre el régimen prestacional de los docentes nacionalizados, nacionales y aquellos
que se vinculen a partir del 1.º de enero de 1990, el artículo 15 de la Ley 91 de 1989,
señaló:
«[…] A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será
regido por las siguientes disposiciones:
1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre
de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el
régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de
conformidad con las normas vigentes.
Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990,
para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas
vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135
de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las
excepciones consagradas en esta Ley. […]»
De manera particular, sobre las cesantías, el numeral 3° de este mismo artículo reguló:
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«[…] 3.- Cesantías:
A.- Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989,
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio
equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por
fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido
modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio
del último año.
B.- Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés
anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año,
liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte
aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia
Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero
durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente,
acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas
generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional. […]»3
A partir de lo anterior, se tiene que los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31
de diciembre de 1989 mantendrían el régimen prestacional previsto en la normativa
vigente de la entidad territorial, es decir, el sistema de retroactividad y que a los
docentes nacionales los vinculados a partir del 1 de enero de 1990, se les aplicarán
las disposiciones vigentes para los empleados públicos del orden nacional, esto es, un
sistema anualizado de cesantías, sin retroactividad y sujeto al reconocimiento de
intereses.
En relación con esta prestación, la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió
sentencia de unificación el 25 de agosto de 2016 4, en la que sentó la línea de
interpretación y aplicación jurisprudencial, entre otros, sobre la prescripción de las
cesantías anualizadas y definitivas.
La providencia de unificación citada concluyó que «respecto de las cesantías
anualizadas, en el marco de la Ley 50 de 1990, no se aplica el fenómeno de
prescripción, pues la obligación de su consignación en una fecha determinada surge
de pleno derecho, en virtud de lo dispuesto en la ley, que le concede al empleador un
término perentorio para realizar el depósito en el fondo administrador al que esté
afiliado el empleado y la omisión en el cumplimiento de ese término no puede redundar
en la afectación de los derechos del empleado.»
3 Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional siempre y cuando se entienda que las
situaciones jurídicas particulares y concretas que se hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89,
esto es, antes del 29 de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto constituyen
derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer.
4 Expediente con radicado: 08001-23-31-000-2011-00628-01 (0528-14).
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La sanción moratoria respecto de las cesantías anualizadas correspondiente al
año 1993
La Sección Segunda de esta Corporación unificó el criterio jurisprudencial sobre la
ocurrencia del fenómeno de la prescripción extintiva frente a la sanción moratoria por
la consignación tardía del auxilio de las cesantías anualizadas, a través de la sentencia
del 25 de agosto de 2016 5, aclarada en providencia, también de unificación, del 6 de
agosto de 2020 6.
En dicha oportunidad, señaló que la penalidad en comento está sometida a la
prescripción trienal, al tenor de los dispuesto en el artículo 151 del Código de
Procedimiento Laboral y que el momento a partir del cual procede la reclamación de
la misma corresponde al día en que se configura la mora respecto de la obligación
originaria, esto es, desde el 15 de febrero del año en que debió realizarse la
consignación de las cesantías anualizadas.
De conformidad con la tesis de unificación, pese a no existir una norma expresa que
contemple un término de prescripción para la penalidad ante la tardanza en el depósito
de las cesantías anualizadas a que tiene derecho el trabajador, sobre las mismas
opera el fenómeno de prescripción trienal, como se indica a continuación:
«[…] Como se señaló en forma previa, los salarios moratorios, que están a cargo del
empleador que incumpla su obligación de consignar las cesantías en el término que la ley
concede, no son accesorios a la prestación “cesantías”.
Si bien es cierto se causan en torno a ellas, no dependen directamente de su
reconocimiento, ni hacen parte de él; pues su causación es excepcional, está sujeta y
deviene del incumplimiento u omisión del deber legal consagrado a cargo del empleador,
están concebidas a título de sanción, por la inobservancia de la fecha en que se debe
efectuar la consignación de esa prestación.
Como hacen parte del derecho sancionador y a pesar de que las disposiciones que
introdujeron esa sanción en el ordenamiento jurídico, no consagran un término de
prescripción, no puede considerarse un derecho imprescriptible, pues bien es sabido que
una de las características del derecho sancionador es que no pueden existir sanciones
imprescriptibles.
Siendo así y como quiera que las Subsecciones A y B han aplicado la prescripción trienal
en asuntos relativos a sanción moratoria, se considera que no hay controversia alguna
sobre ese particular; no obstante, sí es del caso precisar que la norma que se ha de invocar
para ese efecto, es la consagrada en el Código de Procedimiento Laboral, artículo 151,
que es del siguiente tenor literal:
“Artículo 151. -Prescripción. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán
en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el patrono, sobre un derecho o
prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción, pero sólo por un lapso
igual.”
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad.: 08001-23-31-000-2011-00628-01 (0528-2014).
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad.: 08001-23-33-000-2013-00666-01 (0833-2016).
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La razón de aplicar esta disposición normativa y no el término prescriptivo consagrado en
los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, previamente citados, consiste en que tales
decretos en forma expresa señalan que la prescripción allí establecida, se refiere a los
derechos de que tratan las referidas normas, entre los cuales no figura la sanción moratoria,
pues para la época de su expedición, la sanción aludida no hacía parte del ordenamiento
legal, la que solo fue creada a partir de la consagración del régimen anualizado de las
cesantías, en virtud de la Ley 50 de 1990. […].» (Negrillas del texto, subrayas propias).
Ahora, frente al momento en que surge el derecho a reclamar el reconocimiento y
pago de la sanción por mora de que trata el numeral 3.º, del artículo 99 de la Ley 50
de 1990, la providencia de unificación de fecha 06 de agosto de 2020, sentó las
siguientes reglas jurisprudenciales:
«i) El momento a partir del cual se contabiliza el término de la prescripción de la sanción
moratoria del régimen anualizado de cesantías -Ley 50 de 1990, es desde su causación y
exigibilidad, es decir, 15 de febrero de la anualidad siguiente, por ende, la reclamación
administrativa deberá presentarse dentro de los tres años siguientes, so pena de
configurarse la prescripción extintiva.
ii) En el evento en que se acumulen anualidades sucesivas de mora en la consignación de
cesantías del régimen de Ley 50 de 1990, el término prescriptivo de la sanción deberá
contabilizarse de manera independiente por cada año, de tal modo que el empleado
dispone de 3 años contados a partir del 15 de febrero del año siguiente a su causación para
reclamar la sanción moratoria correspondiente, so pena de su extinción. […]»
Resolución al caso concreto
La demandante fue nombrada como docente para prestar sus servicios en el
departamento del Huila, mediante Decreto 965 del 30 de noviembre de 1993 y tomó
posesión del mismo a partir del 21 de diciembre de la misma anualidad 7.
Obran las copias de la Resolución 5249 del 9 de noviembre de 2015 mediante la cual,
la Secretaría de Educación del departamento del Huila, reconoció a favor de la
demandante unas cesantías parciales para reparaciones locativas, correspondientes
a los años 1994 a 2015, sin que se pueda concluir que en dicho acto administrativo
estuviera incluido el periodo de 1993, ya que no se avizora dentro del expediente
prueba alguna que permita presumir el reconocimiento del mencionado auxilio en el
año solicitado.
En la sentencia de primera instancia se supone el reconocimiento y pago de las
cesantías correspondientes a la vigencia de 1993 a partir del análisis de la Resolución
5249 del 9 de noviembre de 2015, antes mencionada.
Al respecto dijo, que, si bien en los soportes de tales actos y en los actos mismos
aparece que los periodos liquidados inician desde 1994, en la parte motiva se indica
que el periodo de servicio va desde el 21 de diciembre de 1993, por lo que resulta
pertinente concluir que tal anualidad fue debidamente reconocida y pagada quedando
inmersa en los actos administrativos de reconocimiento de cesantías, aún cuando no
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se precisa si dicho lapso fue incluido en el período de 1994 8.
Para la Sala, no resulta acertado afirmar que a la apelante le hayan sido canceladas
las cesantías anualizadas de 1993, pues en dicho acto administrativo solo se liquidaron
las cesantías parciales a partir de 1994 y siguientes, quedando por fuera el pago
correspondiente al año 1993. Así las cosas, no puede concluirse ni suponerse tal
reconocimiento, pues no se encuentra probado dentro proceso que dicho periodo haya
sido efectivamente liquidado, requisito indispensable para garantizar el debido proceso
y demás derechos invocados por la accionante.
Tampoco es de recibo para la Sala lo enunciado en la sentencia, afirmando que el
auxilio de cesantías, en su enfoque general, si bien no está afectado de caducidad, si
puede estar sujeto a prescripción, si no se reclama dentro de los tres años siguientes
a su exigibilidad, ya que tal afirmación contraría lo expuesto por la jurisprudencia de
esta subsección, como pasará a explicarse.
Frente al pago de las cesantías anualizadas, cabe aclarar que, contrario a lo expresado
por el Tribunal Administrativo del Huila, es una obligación legal a cargo del empleador
y a favor del trabajador, que ostenta el carácter de imprescriptible.
Así lo ha reconocido el Consejo de Estado en sentencia de unificación del 25 agosto
de 2016, reafirmado en sentencia aclaratoria, también de unificación, del 6 de agosto
de 2020, al abordar la causación y eventual extinción de esta prestación social por
prescripción. Así las cosas, como regla jurisprudencial, se concluye que respecto de
las cesantías anualizadas de Ley 50 de 1990 no se aplica el fenómeno jurídico de
prescripción, pues surge de pleno derecho para el empleador la obligación de
consignación en una fecha determinada, que le concede un término perentorio para
realizar el depósito en el fondo administrador que corresponda, por lo que la omisión
en el cumplimiento de ese término no puede redundar en la vulneración de los
derechos del empleado 9.
Conforme lo expuesto, esta Sala procederá entonces a aplicar la regla jurisprudencial
consagrada en las sentencias de unificación en cita, dejando claro que, tratándose de
cesantías anualizadas no es procedente declarar la excepción de prescripción
extintiva.
Ahora bien, como consecuencia del reconocimiento del derecho a las cesantías del
año 1993 a favor de la señora Clara Inés Pérez Castillo, resulta necesario para la Sala
determinar la entidad responsable del pago de dicha prestación y bajo este supuesto
resolver la excepción previa de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta
por el departamento del Huila, la cual no fue resuelta en la sentencia de primera
instancia, con ocasión de la declaratoria de prescripción.
La entidad encargada del reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas
de los docentes afiliados al FNPSM
8 SAMAI. Tribunal Administrativo del Huila, Dar clic en documentos. Archivo
(17_SENTENCIADESEGUNDAINSTANCIA(.pdf) NroActua 69)
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad.: 08001-23-33-000-2013-00666-01 (0833-2016).
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41001-23-33-000-2019-00343-02 (1969-2023)
El artículo 115 de la Ley 115 de 1994, establece que los docentes oficiales se
benefician del reconocimiento del auxilio de cesantías de acuerdo con los parámetros
establecidos por el artículo 15, numeral 3 de la Ley 91 de 1989, norma que distingue
entre los que se benefician del régimen de cesantías retroactivas y aquellos a quienes
les es aplicable el de cesantías anualizadas con pago de intereses y sin retroactividad,
y que fue citada en precedencia.
De acuerdo con la norma en mención, corresponde al FNPSM liquidar y reconocer el
auxilio de cesantías parciales o definitivas de los docentes oficiales afiliados, actividad
que, en virtud de la «prestación descentralizada de los servicios» consagrada en el
artículo 3 de la Ley 91 de 1989 y de la delegación de que trata el artículo 9 ibidem,
desarrolla a través de las secretarías de educación de los entes territoriales. Mientras
que el pago de la prestación debe ser efectuado a través de la sociedad fiduciaria que
administre los recursos del fondo, como pasará a explicarse más adelante.
En paralelo, correspondía a cada entidad territorial el reconocimiento de las cesantías
del personal docente no afiliado al FNPSM, situación que en términos del artículo 7 del
Decreto 196 de 1995, hacía responsables del pago de las prestaciones sociales de los
docentes departamentales, distritales y municipales causadas antes de su
incorporación al Fondo. Más adelante, el Decreto 3752 de 2003 dispuso que los
docentes del servicio público educativo vinculados a las plantas de personal de los
entes territoriales deberían ser afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, norma a partir de la cual el reconocimiento y pago de las cesantías
parciales y definitivas comenzó a concentrarse en esa entidad.
En este mismo sentido, El Consejo de Estado10 ha señalado que la entidad encargada
del reconocimiento y pago de las prestaciones de los docentes es el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio. En efecto, el artículo 5.º de la Ley 91 de 29
de diciembre de 1989 indica:
«[…] El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, tendrá los siguientes
objetivos:
1. Efectuar el pago de las prestaciones sociales del personal afiliado […]»
Por su parte, respecto al manejo de los recursos que integran el FNPSM, el artículo
3.º de la Ley 91 de 1989, reguló que para tal efecto el Gobierno Nacional suscribiría
un contrato de fiducia mercantil con una entidad fiduciaria de naturaleza estatal o de
economía mixta la cual se encargaría de ello. Textualmente, señaló:
« […] El Gobierno Nacional suscribirá el correspondiente contrato de fiducia mercantil,
que contendrá las estipulaciones necesarias para el debido cumplimiento de la
presente Ley y fijará la Comisión que, en desarrollo del mismo, deberá cancelarse a la
sociedad fiduciaria, la cual será una suma fija, o variable determinada con los costos
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14
de febrero de 2013, Consejero Ponente Gerardo Arenas Monsalve, número interno 1048 de 2012.
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administrativos que se generen. La celebración del contrato podrá ser delegada en el
Ministro de Educación Nacional […]»
Con posterioridad, por Decreto 1775 de 3 de agosto de 1990, artículos 5.º a 8.º, se
reglamentó el funcionamiento del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio de la siguiente manera:
«[…] Artículo 5º Recepción de solicitudes. Las solicitudes relacionadas con el
reconocimiento y pago de prestaciones económicas del Magisterio, serán radicadas en
la oficina de prestaciones sociales de cada Fondo Educativo Regional.
La documentación sólo será radicada si llena los requisitos establecidos en las normas
reglamentarias.
Artículo 6º Estudio de solicitudes. Una vez radicada la solicitud, la oficina de
prestaciones sociales de cada Fondo Educativo Regional, procederá a realizar el
estudio de la documentación.
Artículo 7º Liquidación. Realizado el estudio de la documentación, se procederá a
efectuar la liquidación respectiva con el visto bueno de la entidad fiduciaria.
Artículo 8º Reconocimiento. Efectuada la liquidación, el delegado permanente del
Ministerio ante el Fondo Educativo Regional, expedirá la resolución de reconocimiento
[…]»
Finalmente, el Decreto 2831 de 2005 en cuanto al trámite para el reconocimiento de
prestaciones económicas a cargo del FNPSM prescribió:
«[…] Artículo 2°. Radicación de solicitudes. Las solicitudes de reconocimiento de
prestaciones sociales, deberán ser radicadas en la secretaría de educación, o la
dependencia o entidad que haga sus veces, de la respectiva entidad territorial
certificada a cuya planta docente pertenezca o haya pertenecido el solicitante o
causahabiente, de acuerdo con el formulario adoptado para el efecto por la sociedad
fiduciaria encargada de administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio.
La sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo, implementará
un sistema de radicación único, que registre las solicitudes de reconocimiento de
prestaciones económicas que deba pagar el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, en forma simultánea en la respectiva entidad territorial certificada y en
la sociedad fiduciaria y que permita a los solicitantes conocer electrónicamente el
estado de su trámite.
Artículo 3°. Gestión a cargo de las secretarías de educación. De acuerdo con lo
establecido en el artículo 3° de la Ley 91 de 1989 y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005,
la atención de las solicitudes relacionadas con las prestaciones sociales que pagará el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, será efectuada a través de
las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas, o la
dependencia que haga sus veces.
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Para tal efecto, la secretaría de educación de la entidad territorial certificada
correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente, deberá:
1. Recibir y radicar, en estricto orden cronológico, las solicitudes relacionadas con el
reconocimiento de prestaciones sociales a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, de acuerdo con los formularios que adopte la sociedad
fiduciaria encargada del manejo de los recursos de dicho Fondo.
2. Expedir, con destino a la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos
del Fondo y conforme a los formatos únicos por esta adoptados, certificación de tiempo
de servicio y régimen salarial y prestacional, del docente peticionario o causahabiente,
de acuerdo con la normatividad vigente.
3. Elaborar y remitir el proyecto de acto administrativo de reconocimiento, dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud, a la sociedad fiduciaria
encargada del manejo y administración de los recursos del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio para su aprobación, junto con la certificación
descrita en el numeral anterior del presente artículo.
4. Previa aprobación por parte de la sociedad fiduciaria encargada del manejo y
administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio suscribir el acto administrativo de reconocimiento de prestaciones
económicas a cargo de dicho Fondo, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 962 de
2005 y las normas que las adicionen o modifiquen, y surtir los trámites administrativos
a que haya lugar, en los términos y con las formalidades y efectos previstos en la ley.
5. Remitir, a la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, copia de los actos administrativos
de reconocimiento de prestaciones sociales a cargo de este, junto con la respectiva
constancia de ejecutoria para efectos de pago y dentro de los tres días siguientes a
que estos se encuentren en firme.
Parágrafo 1°. Igual trámite se surtirá para resolver los recursos que sean interpuestos
contra las decisiones adoptadas de conformidad con el procedimiento aquí establecido
y aquellas que modifiquen decisiones que con anterioridad se hayan adoptado respecto
del reconocimiento de prestaciones a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio.
Parágrafo 2°. Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, disciplinaria, fiscal y
penal a que pueda haber lugar, las resoluciones que se expidan por parte de la
autoridad territorial, que reconozcan prestaciones sociales que deba pagar el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, sin la previa aprobación de la
sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos de tal
Fondo, carecerán de efectos legales y no prestarán mérito ejecutivo.
Artículo 4°. Trámite de solicitudes. El proyecto de acto administrativo de
reconocimiento de prestaciones que elabore la secretaría de educación, o la entidad
que haga sus veces, de la entidad territorial certificada a cuya planta docente
pertenezca o haya pertenecido el solicitante, será remitido a la sociedad fiduciaria que
se encargue del manejo de los recursos del Fondo para su aprobación.
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Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo del proyecto de resolución,
la sociedad fiduciaria deberá impartir su aprobación o indicar de manera precisa las
razones de su decisión de no hacerlo, e informar de ello a la respectiva secretaría de
educación.
Artículo 5°. Reconocimiento. Aprobado el proyecto de resolución por la sociedad
fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo, deberá ser suscrito por el
secretario de educación del ente territorial certificado y notificado en los términos y con
las formalidades y efectos previstos en la ley. […]»
Así entonces, en los procesos judiciales de nulidad y restablecimiento del derecho,
promovidos ante esta jurisdicción contra el FNPSM, en los que se discuta el
reconocimiento de prestaciones sociales, no es procedente la vinculación de las
entidades territoriales 11. Adicionalmente las consecuencias económicas que se
deriven de los actos administrativos proferidos en virtud de la desconcentración
administrativa dada en las secretarías de educación de los entes certificados, radican
única y exclusivamente en la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 12.
En el presente caso y en atención a los argumentos expuestos, es procedente declarar
la prosperidad de la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
propuesta por el departamento del Huila, entidad que únicamente tiene a su cargo
elaborar el proyecto de resolución de reconocimiento, para que sea aprobado o
improbado por la entidad fiduciaria y es el Fondo el obligado a efectuar o materializar
el pago que de la suscripción del acto emane.
Por otra parte, atendiendo a la sanción moratoria solicitada, debe considerarse que el
plazo con el que contaba la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Departamento del Huila para
consignar a la demandante el auxilio de cesantías vencía el 14 de febrero del año
siguiente al de la causación de cada una de las anualidades, según los términos
señalados por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, la mora o retardo para el efecto
comenzaba a contar desde el día siguiente, es decir,15 de febrero y así mismo ocurría
para el comienzo del cómputo del término de prescripción extintiva para su reclamo,
según se indicó en la tesis de unificación expuesta.
Así pues, para los precisos efectos de este proceso, la anualidad causada
corresponde a la del año 1993 y en esa medida el plazo con el que contaba la entidad
demandada para consignar a la demandante el auxilio de cesantías vencía el 14 de
11 Ver entre otras las siguientes providencias: auto del 26 de abril de 2018 radicado: 68-001-23-33-000-2015-00739-
01 (0743-2016) MP William Hernández Gómez. En las sentencias del Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso
Administrativo (i) de la subsección A: CP Luis Rafael Vergara Quintero del 2 de julio de 2015, Expediente: 25000-
23-25-000-2012-00262-01(0836-13). CP William Hernández Gómez del 12 de julio de 2017 Expediente: 08001-23-
33-000-2012-00400-01(1874-14). (ii) de la subsección B con ponencia del Dr. Gerardo Arenas Monsalve del 5 de
diciembre de 2013 Expediente: 25000-23-25-000-2009-00467-01(2769-12) y expediente:
05001233100020050421801 (2713-2013), con ponencia de la Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez del 8 de septiembre
de 2016 Expediente: 15001-23-33-000-2013-00082-01(1530-14) y expediente: 41001-23-33-000-2015-00686-
01(4155-16).
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad.: 25000-23-42-000-2015-01243-01 (2620-2017)
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febrero de 1994, de manera que la mora o retardo para el efecto comenzaba a contar
desde el día siguiente, 15 de febrero de 1994.
Como las solicitudes administrativas que perseguían el pago de las acreencias
derivadas de la consignación tardía de las cesantías fueron presentadas el 5 de
septiembre de 201813 por la demandante ante las entidades demandadas, resulta
imperioso concluir que el derecho que le podía asistir al libelista para reclamar la
sanción moratoria del auxilio de cesantías para el año 1993, se encuentra extinto.
La Subsección resalta que la prescripción extintiva de la sanción moratoria no
depende de si existe o no todavía un vínculo laboral con la entidad, dado que esto es
importante pero cuando se trata de un asunto relacionado directamente con las
cesantías, mas no para el castigo a cargo del empleador por la no consignación
oportuna de las mismas.
Como se dijo en la sentencia de unificación jurisprudencial del 25 de agosto de 2016 14
al acoger la postura que reconoce la prescripción trienal de la sanción moratoria,
incluso durante la vigencia del vínculo laboral, los salarios moratorios a cargo del
empleador que incumpla su obligación de consignar las cesantías en el término que
la ley concede, no son accesorios a la prestación “cesantías”, por lo que si bien se
causan en torno a ellas, no dependen directamente de su reconocimiento, ni hacen
parte de él, ya que su causación es excepcional y deviene del incumplimiento u
omisión de un deber legal a cargo del empleador.
Afirmar que no puede hablarse de prescripción de la sanción moratoria cuando
persiste la relación laboral, es suponer que la misma se encuentra supeditada a la
terminación del vínculo, por lo que solo podría configurarse una vez se cumpla tal
condición; tesis esta que fue superada en la sentencia de unificación citada.
Tal consideración adicionalmente desconoce una de las características esenciales del
derecho sancionador, esto es, la inexistencia de sanciones imprescriptibles.
En ese orden de ideas, esta Sala encuentra acreditados los elementos necesarios para
declarar probada la excepción de prescripción decretada por el juez de primera
instancia, respecto de la sanción moratoria por la consignación tardía del auxilio de
cesantías para el año 1993, así como también, para acceder al reconocimiento y pago
de las cesantías anualizadas correspondientes al año 1993.
Por último, debe aclararse, que el hecho de declararse la prescripción del posible
derecho a la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990, no significa que esta sala
considere que los docentes tienen derecho a la misma, pues ese no es el objeto de la
decisión. Obsérvese y aclárese que el análisis solo se hizo respecto de la exigibilidad
(prescripción) y no sobre el derecho mismo.
13 Folios 33 a 37 y 42 a 46.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad.: 08001-23-31-000-2011-00628-01 (0528-2014).
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Decisión de segunda instancia
Según se ha expuesto, la Sala procederá a revocar parcialmente la sentencia proferida
en primera instancia el 24 de enero de 2023 por el Tribunal Administrativo del Huila,
que declaró probada la excepción de prescripción de los derechos reclamados y negó
las pretensiones.
En su lugar:
Se declarará probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
propuesta por el departamento del Huila, pero por las razones expuestas en la parte
motiva y, en consecuencia, se ordena la desvinculación de la entidad territorial del
presente trámite judicial.
Se declarará la nulidad del acto ficto negativo que se deriva de la reclamación elevada
el 5 de septiembre de 2018 ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, en cuanto negó el reconocimiento y pago de las cesantías; y a título de
restablecimiento del derecho, se condena a la entidad demanda a reconocer y pagar
a favor de la señora Clara Inés Pérez Castillo, las cesantías anualizadas
correspondiente al año 1993.
Las sumas resultantes a favor de la demandante deberán actualizarse conforme al IPC
en los términos del artículo 187 del CPACA, en aplicación de la siguiente formula:
VA = VH IPC Final
IPC Inicial
La entidad demandada, dará cumplimiento al presente fallo en el término de treinta
(30) días contados desde la fecha de su comunicación (artículo 192 CPACA). De no
hacerse así, las sumas reconocidas en favor del demandante, devengarán intereses
moratorios, los que serán reconocidos en la forma señalada en el inciso 3.º del artículo
192 en mención y el numeral 4.º del artículo 195 del CPACA.
Se confirmará la sentencia impugnada, en cuanto, declaró probada la excepción de
prescripción respecto a la pretensión de la sanción moratoria.
De la condena en costas
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el ar. 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia el
juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionado o de mala fe, no obstante, dicho
criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47 de la Ley 2080 de 2021, en
el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se acredite que
la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.
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Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la Subsección
A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias proferidas a la
luz de la nueva normatividad se deberá analizar la conducta realizada por las part es
en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de fundamentación jurídica
conforme a lo señalado en el inciso 2° del art. 188 de la Ley 1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa de los fundamentos
del recurso de apelación y de su oposición que no se presenta una carencia de
fundamentación legal que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, ambas
partes en sus escritos manifestaron argumentos razonables en defensa jurídica de sus
intereses, en consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Revocar parcialmente la sentencia proferida en primera instancia el 24 de
enero de 2023 por el Tribunal Administrativo del Huila, que declaró probada la
excepción de prescripción de los derechos reclamados y negó las pretensiones.
En su lugar:
Se declara probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
propuesta por el Departamento del Huila, pero por las razones expuestas en la
parte motiva y, en consecuencia, se ordena la desvinculación de la entidad
territorial del presente trámite judicial.
Segundo: Se declara la nulidad del acto ficto negativo que se deriva de la reclamación
elevada el 5 de septiembre de 2018 ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, en cuanto negó el reconocimiento y pago de las cesantías; y a título de
restablecimiento del derecho, se condena al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio a reconocer y pagar a favor de la señora Clara Inés Pérez Castillo, las
cesantías anualizadas correspondiente al año 1993.
Las sumas que se desprendan de la condena impuesta, deberán actualizarse
conforme al IPC en los términos del artículo 187 del CPACA y con la formula indicada
en la parte motiva.
Tercero: Confirmar la sentencia impugnada, en cuanto, declaró probada la excepción
de prescripción respecto a la pretensión de la sanción moratoria.
Cuarto: La entidad territorial demandada, dará cumplimiento al presente fallo de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 187, 192 y 195 del CPACA.
Quinto: Sin condena en costas.
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Sexto: Ejecutoriado este fallo devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las
anotaciones correspondientes en la aplicación “SAMAI”.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
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