Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2020-00029-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2020-00029-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 41001-23-33-000-2020-00029-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
9 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 41001-23-33-000-2020-00029-02 (2142-2023)
Demandante: Adriana Murcia Durán
Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio; Departamento del Huila;
Municipio de Baraya.
Tema: Cesantías anualizadas y sanción moratoria por incumplimiento en
la consignación del auxilio (Docentes)
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el 24 de enero de 2023 por el Tribunal Administrativo del Huila, que
declaró probada la excepción de prescripción y negó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
La señora Adriana Murcia Duran en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011,
formuló, en síntesis, las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) El ficto o presunto
configurado por el silencio del departamento del Huila, frente a la petición radicada por
la suscrita el 13 de septiembre de 2018; ii) El ficto o presunto configurado por el silencio
del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, frente a la solicitud instaurada por
la demandante el 13 de septiembre de 2018; iii) El ficto o presunto configurado por el
silencio del Municipio de Baraya frente a la petición instaurada el 18 de septiembre de
2018.
Que a título de restablecimiento del derecho se condene a los demandados al
reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas y a la sanción moratoria prevista
en la Ley 50 de 1990 por la omisión en la consignación del auxilio de cesantías
correspondiente a 1993, las cuales deberán ser liquidadas en forma anualizada desde
el 15 de febrero del año siguiente a su causación y hasta la fecha en que se produzca
la consignación de la prestación reclamada.
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Que el cumplimiento de dicho fallo se ordene conforme lo establecido en el artículo
192 del CPACA, se reconozcan los intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la
sentencia y que se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandada.
HECHOS
La demanda se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que la demandante, labora como docente perteneciente a la planta de personal del
Municipio del Baraya, desde el 19 de noviembre de 1993. Que las entidades
demandadas no le consignaron en forma oportuna las cesantías del año 1993, es decir,
hasta el 14 de febrero del siguiente año en que se causaron.
Que el 13 y 18 de septiembre de 2018 presentó reclamación administrativa ante el
departamento del Huila y el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, y ante el
Municipio de Baraya, respectivamente, a fin de que estas reconocieran y pagaran las
cesantías y la sanción moratoria por la no consignación oportuna de tal auxilio.
Que ninguna de las entidades demandadas emitió pronunciamiento alguno frente a lo
solicitado, configurándose el silencio administrativo negativo a partir del 15 y 20 de
diciembre de 2018.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
Mediante auto del 7 de abril de 2022 fue admitida la demanda y notificada a las
demandadas.
El Departamento del Huila, se opuso a las pretensiones, aduciendo que, en virtud de
la descentralización administrativa de la época, es a la Nación a quien corresponde el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de los docentes y propone como
excepciones falta de legitimación en la causa por pasiva, prescripción y la genérica o
innominada.
El Ministerio de Educación Nacional – FOMAG, contrario a lo expuesto en las
pretensiones de la demanda, argumentó que la ley 1071 de 2006 no consagra la
obligación de pagar sanción moratoria por el pago inoportuno de una diferencia de
cesantías o de reliquidación de estas. Que, si bien se le atribuye responsabilidad al
Fondo, el responsable directo es el ente territorial, ya que el FNPSM solo procede al
pago una vez se expide el acto administrativo que ordena su reconocimiento. En este
sentido, propone como excepciones falta de legitimación en la causa por pasiva y
prescripción.
El municipio de Baraya, no ejerció su derecho de defensa y contradicción.
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Por medio de auto del 6 de marzo de 2020 se rechazó la demanda por falta de
requisitos formales, sin embargo, esta corporación mediante providencia del 18 de
marzo de 2021 revocó dicha decisión ordenando continuar con el proceso.
Mediante auto del 19 de octubre de 2022 el Tribunal se abstuvo de citar a audiencia
inicial y en su lugar anunció su pronunciamiento por medio de sentencia anticipada.
En igual providencia, se fijó el litigio y se corrió traslado para alegar de conclusión a
las partes y al Ministerio Público.
SENTENCIA APELADA
Se profirió sentencia el 24 de enero de 2023 en la cual se declaró probada de oficio la
excepción de prescripción extintiva de la sanción moratoria por la no consignación
oportuna del auxilio correspondiente al año 1993 y se negaron las pretensiones.
Encontró acreditado el Tribunal que mediante Resolución No. 2684 del 21 de julio de
2012, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio reconoció y ordenó el pago de
las cesantías desde 1993. Que la actora, aportó con la solicitud, el reporte de cesantías
de 1993, el certificado de anticipos de cesantías de otra entidad y paz y salvo del Fondo
Nacional del Ahorro, documentos estos que guardan relación con el extracto de
intereses a las cesantías pagados a la demandante por la Fiduprevisora,
correspondientes a los periodos 1994 a 2018 y en los cuales no aparece saldo por
cruce de cuentas con el Fondo Nacional del Ahorro.
Que, si bien en los soportes de tales actos administrativos aparece que los periodos
liquidados inician desde 1994, de acuerdo con la parte motiva del acto, debe concluirse
que tal periodo sí quedó incluido y por tanto fue debidamente reconocido, liquidado y
pagado.
Que aún habiéndose aceptado que tales actos no incluían la liquidación de las
cesantías del año 1993, se debía igualmente negar lo pretendido, puesto que en dicho
supuesto se configura la prescripción extintiva.
Que tales derechos se encuentran prescritos, teniendo en cuenta que para la
anualidad perseguida, 1993, el derecho se hizo exigible el 15 de febrero de 1994 y
fenecía el 15 de febrero de 1997, por lo que habían pasado más de 3 años desde que
se hizo exigible el derecho sin que se presentara la correspondiente reclamación
administrativa, pues esta última fue radicada solo hasta el 13 y 18 de septiembre de
2018 ante las entidades demandadas, cuando ya había operado el fenómeno jurídico
de la prescripción trienal.
RECURSO DE APELACIÓN
La demandante manifestó su inconformidad considerando que el auxilio de cesantías
es una prestación social de creación legal a cargo del empleador y en favor del
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trabajador que se encuentre cesante o durante la vigencia del vínculo laboral, siempre
que se cumpla con ciertos requisitos para su reconocimiento, ya sea, por temas de
educación, mejoramiento o compra de vivienda. Estima que se trata de un derecho de
orden público irrenunciable e imprescriptible y que constituye un ahorro para el
trabajador.
Que, en tal sentido, las cesantías deben ser reconocidas y pagadas por el empleador
en las oportunidades que la ley consagra.
Que adicionalmente, mientras exista un vínculo laboral vigente al momento de realizar
las respectivas solicitudes, no debe operar el fenómeno jurídico de la prescripción y,
en consecuencia, los derechos laborales pueden ser reclamados en cualquier tiempo.
Que teniendo en cuenta que las entidades demandadas no consignaron el auxilio de
cesantías en los plazos fijados legalmente para cada anualidad, se tiene que a partir
del 15 de febrero del año siguiente al que debieron consignarse se causó el derecho
al pago de la sanción moratoria regulada en el artículo 99 de la ley 50 de 1990,
aplicable a los empleados del régimen anualizado.
Por todo lo mencionado, solicita se revoque la sentencia objeto de alzada, se declare
la nulidad de los actos administrativos demandados y se acceda a las pretensiones de
la demanda.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
En atención a lo dispuesto en el numeral 5. del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021,
que modificó el artículo 247 del CPACA, y conforme a la constancia secretarial del 10
de agosto de 2023, no habiendo sido necesario el decreto de pruebas, se prescindió
del traslado para alegar de conclusión.
CONSIDERACIONES
Los problemas jurídicos se resumen en determinar, si la demandante tiene derecho a
percibir el auxilio de cesantías por el año 1993 y establecer la entidad responsable del
respectivo pago. Y sí operó el fenómeno jurídico de la prescripción sobre la sanción
moratoria prevista en la Ley 50 de 1990, en relación con las cesantías causadas de
1993.
Del marco jurídico aplicable a los docentes oficiales en materia de cesantías
Las cesantías son consideradas un ahorro en cuenta individual del empleado que,
salvo las excepciones de ley 1, será retirado al momento en que quede cesante. El
ahorro así constituido, puede ser reclamado en el mismo instante de quedar cesante,
pues precisamente esa es la causal principal para el retiro de las cesantías.
1 Según las cuales se pueden hacer retiros parciales, con destino a compra o remodelación de vivienda, educación,
entre otros.
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En lo que respecta al personal docente, por la Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, entidad que estaría a cargo del pago de las
prestaciones sociales 2 que se causaran a favor del personal docente nacional y
nacionalizado, a partir de la promulgación de esa ley.
La aludida norma, en su artículo 1.º, numeral 3.º, precisó que los docentes territoriales
son aquellos «vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de
enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley
43 de 1975» y en el parágrafo del artículo 2.º estipuló la manera como se reconocerían
y pagarían las prestaciones sociales causadas hasta la fecha de promulgación de la
mencionada Ley 91 de 1989, así:
«[…] Artículo 2º.- De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, la Nación y
las entidades territoriales, según el caso, asumirán sus obligaciones
prestacionales con el personal docente, de la siguiente manera:
[…]
Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley, se reconocerán y pagarán de conformidad con
las normas prestacionales del orden nacional, aplicables a dicho personal.
Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley, se seguirán reconociendo y pagando de
conformidad con las normas que regían en cada entidad territorial en el momento
de entrar en vigencia la Ley 43 de 1975. […]»
Sobre el régimen prestacional de los docentes nacionalizados, nacionales y aquellos
que se vinculen a partir del 1.º de enero de 1990, el artículo 15 de la Ley 91 de 1989,
señaló:
«[…] A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será
regido por las siguientes disposiciones:
1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre
de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el
régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de
conformidad con las normas vigentes.
Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990,
para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas
vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135
de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las
excepciones consagradas en esta Ley. […]»
De manera particular, sobre las cesantías, el numeral 3° de este mismo artículo reguló:
2 De acuerdo con el artículo 5, numeral 1, de la Ley 91 de 1989.
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«[…] 3.- Cesantías:
A.- Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989,
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio
equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por
fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido
modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio
del último año.
B.- Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés
anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año,
liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte
aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia
Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero
durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente,
acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas
generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional. […]»3
A partir de lo anterior, se tiene que los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31
de diciembre de 1989 mantendrían el régimen prestacional previsto en la normativa
vigente de la entidad territorial, es decir, el sistema de retroactividad y que a los
docentes nacionales los vinculados a partir del 1 de enero de 1990, se les aplicarán
las disposiciones vigentes para los empleados públicos del orden nacional, esto es, un
sistema anualizado de cesantías, sin retroactividad y sujeto al reconocimiento de
intereses.
La sanción moratoria respecto de las cesantías anualizadas correspondiente al
año 1993
La Sección Segunda de esta Corporación unificó el criterio jurisprudencial sobre la
ocurrencia del fenómeno de la prescripción extintiva frente a la sanción moratoria por
la consignación tardía del auxilio de las cesantías anualizadas, a través de la sentencia
del 25 de agosto de 2016 4, aclarada en providencia, también de unificación, del 6 de
agosto de 2020 5.
En dicha oportunidad, señaló que la penalidad en comento está sometida a la
prescripción trienal, al tenor de los dispuesto en el artículo 151 del Código de
Procedimiento Laboral y que el momento a partir del cual procede la reclamación de
3 Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional siempre y cuando se entienda que las
situaciones jurídicas particulares y concretas que se hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89,
esto es, antes del 29 de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto constituyen
derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer.
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad.: 08001-23-31-000-2011-00628-01 (0528-2014).
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad.: 08001-23-33-000-2013-00666-01 (0833-2016).
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la misma corresponde al día en que se configura la mora respecto de la obligación
originaria, esto es, desde el 15 de febrero del año en que debió realizarse la
consignación de las cesantías anualizadas.
De conformidad con la tesis de unificación, pese a no existir una norma expresa que
contemple un término de prescripción para la penalidad ante la tardanza en el depósito
de las cesantías anualizadas a que tiene derecho el trabajador, sobre las mismas
opera el fenómeno de prescripción trienal, como se indica a continuación:
«[…] Como se señaló en forma previa, los salarios moratorios, que están a cargo del
empleador que incumpla su obligación de consignar las cesantías en el término que la ley
concede, no son accesorios a la prestación “cesantías”.
Si bien es cierto se causan en torno a ellas, no dependen directamente de su
reconocimiento, ni hacen parte de él; pues su causación es excepcional, está sujeta y
deviene del incumplimiento u omisión del deber legal consagrado a cargo del empleador,
están concebidas a título de sanción, por la inobservancia de la fecha en que se debe
efectuar la consignación de esa prestación.
Como hacen parte del derecho sancionador y a pesar de que las disposiciones que
introdujeron esa sanción en el ordenamiento jurídico, no consagran un término de
prescripción, no puede considerarse un derecho imprescriptible, pues bien es sabido que
una de las características del derecho sancionador es que no pueden existir sanciones
imprescriptibles.
Siendo así y como quiera que las Subsecciones A y B han aplicado la prescripción trienal
en asuntos relativos a sanción moratoria, se considera que no hay controversia alguna
sobre ese particular; no obstante, sí es del caso precisar que la norma que se ha de invocar
para ese efecto, es la consagrada en el Código de Procedimiento Laboral, artículo 151,
que es del siguiente tenor literal:
“Artículo 151. -Prescripción. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán
en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el patrono, sobre un derecho o
prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción, pero sólo por un lapso
igual.”
La razón de aplicar esta disposición normativa y no el término prescriptivo consagrado en
los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, previamente citados, consiste en que tales
decretos en forma expresa señalan que la prescripción allí establecida, se refiere a los
derechos de que tratan las referidas normas, entre los cuales no figura la sanción moratoria,
pues para la época de su expedición, la sanción aludida no hacía parte del ordenamiento
legal, la que solo fue creada a partir de la consagración del régimen anualizado de las
cesantías, en virtud de la Ley 50 de 1990. […].» (Negrillas del texto, subrayas propias).
Ahora, frente al momento en que surge el derecho a reclamar el reconocimiento y
pago de la sanción por mora de que trata el numeral 3.º, del artículo 99 de la Ley 50
de 1990, la providencia de unificación de fecha 06 de agosto de 2020, sentó las
siguientes reglas jurisprudenciales:
«i) El momento a partir del cual se contabiliza el término de la prescripción de la sanción
moratoria del régimen anualizado de cesantías -Ley 50 de 1990, es desde su causación y
exigibilidad, es decir, 15 de febrero de la anualidad siguiente, por ende, la reclamación
administrativa deberá presentarse dentro de los tres años siguientes, so pena de
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configurarse la prescripción extintiva.
ii) En el evento en que se acumulen anualidades sucesivas de mora en la consignación de
cesantías del régimen de Ley 50 de 1990, el término prescriptivo de la sanción deberá
contabilizarse de manera independiente por cada año, de tal modo que el empleado
dispone de 3 años contados a partir del 15 de febrero del año siguiente a su causación para
reclamar la sanción moratoria correspondiente, so pena de su extinción. […]»
Resolución al caso concreto
La demandante fue nombrada como docente para prestar sus servicios en el municipio
de Baraya, mediante Decreto No. 104 y tomó posesión del mismo a partir del 19 de
noviembre de 19936.
Obran las copias de las Resoluciones 2684 del 27 de julio de 2012 y 3467 del 18 de
abril de 2018 mediante las cuales, la Secretaría de Educación del departamento del
Huila, reconoció a favor de la demandante unas cesantías parciales para reparaciones
locativas, correspondientes a los años 1994 a 2011 y 1994 a 2017, respectivamente,
sin que se pueda concluir que en dichos actos administrativos estuviera incluido el
periodo de 1993, ya que no se avizora dentro del expediente prueba alguna que
permita presumir el reconocimiento del mencionado auxilio en el año solicitado.
En la sentencia de primera instancia se supone el reconocimiento y pago de las
cesantías correspondientes a la vigencia de 1993 a partir del análisis de las
Resoluciones 2684 del 27 de julio de 2012 y 3467 del 18 de abril de 2018, antes
mencionadas y de acuerdo con los soportes entregados por la parte demandante a la
entidad territorial.
Al respecto dijo, que en el año 2012 la demandante demostró ante la autoridad
administrativa la causación y reporte de las cesantías correspondientes al periodo
comprendido entre el 19 de noviembre y el 31 de diciembre de 1993, por lo que debe
concluirse que el Fondo sí incluyó las cesantías parciales de ese lapso de tiempo en
la liquidación. Que, en consecuencia, el año de 1993 no aparece incluido en la
resolución 3467 de 2018, debido a que el auxilio ya había sido reconocido mediante
acto administrativo 2684 del 2012 7.
Para la Sala, no resulta acertado afirmar que a la apelante le hayan sido canceladas
las cesantías anualizadas de 1993, pues en dichos actos administrativos solo se
liquidaron las cesantías parciales a partir de 1994 y siguientes, quedando por fuera el
pago correspondiente al año 1993. Así las cosas, no puede concluirse ni suponerse tal
reconocimiento, pues no se encuentra probado dentro proceso que dicho periodo haya
sido efectivamente liquidado, requisito indispensable para garantizar el debido proceso
y demás derechos invocados por la accionante.
6 Folios 41 a 47.
7 SAMAI. Tribunal Administrativo del Huila, Dar clic en documentos. Archivo
(46_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA(.pdf) NroActua 63).
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Ahora bien, como consecuencia del reconocimiento del derecho a las cesantías del
año 1993 a favor de la señora Adriana Murcia Durán, resulta necesario determinar la
entidad responsable del pago de dicha prestación y bajo este supuesto analizar y
resolver la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el
departamento del Huila y el FNPSM, la cual no fue resuelta en la sentencia de primera
instancia, con ocasión de la declaratoria de prescripción
La entidad encargada del reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas
de los docentes afiliados al FNPSM
El artículo 115 de la Ley 115 de 1994, establece que los docentes oficiales se
benefician del reconocimiento del auxilio de cesantías de acuerdo con los parámetros
establecidos por el artículo 15, numeral 3 de la Ley 91 de 1989 y determinó que
corresponde al FNPSM liquidar y reconocer el auxilio de cesantías parciales o
definitivas de los docentes oficiales afiliados.
Tal actividad, en virtud de la «prestación descentralizada de los servicios» consagrada
en el artículo 3 de la Ley 91 de 1989 y de la delegación de que trata el artículo 9 ibidem,
desarrolla a través de las secretarías de educación de los entes territoriales. Mientras
que el pago de la prestación debe ser efectuado a través de la sociedad fiduciaria que
administre los recursos del fondo, como pasará a explicarse más adelante.
En paralelo, correspondía a cada entidad territorial el reconocimiento de las cesantías
del personal docente no afiliado al FNPSM, situación que en términos del artículo 7 del
Decreto 196 de 1995, hacía responsables del pago de las prestaciones sociales de los
docentes departamentales, distritales y municipales causadas antes de su
incorporación al Fondo. Más adelante, el Decreto 3752 de 2003 dispuso que los
docentes del servicio público educativo vinculados a las plantas de personal de los
entes territoriales deberían ser afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, norma a partir de la cual el reconocimiento y pago de las cesantías
parciales y definitivas comenzó a concentrarse en esa entidad.
En este mismo sentido, El Consejo de Estado8 ha señalado que la entidad encargada
del reconocimiento y pago de las prestaciones de los docentes es el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio. En efecto, el artículo 5.º de la Ley 91 de 29
de diciembre de 1989 indica:
«[…] El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, tendrá los siguientes
objetivos:
1. Efectuar el pago de las prestaciones sociales del personal afiliado […]»
Por su parte, respecto al manejo de los recursos que integran el FNPSM, el artículo
3.º de la Ley 91 de 1989, reguló que para tal efecto el Gobierno Nacional suscribiría
un contrato de fiducia mercantil con una entidad fiduciaria de naturaleza estatal o de
economía mixta la cual se encargaría de ello. Textualmente, señaló:
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14 de
febrero de 2013, Consejero Ponente Gerardo Arenas Monsalve, número interno 1048 de 2012.
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« […] El Gobierno Nacional suscribirá el correspondiente contrato de fiducia mercantil,
que contendrá las estipulaciones necesarias para el debido cumplimiento de la
presente Ley y fijará la Comisión que, en desarrollo del mismo, deberá cancelarse a la
sociedad fiduciaria, la cual será una suma fija, o variable determinada con los costos
administrativos que se generen. La celebración del contrato podrá ser delegada en el
Ministro de Educación Nacional […]»
Con posterioridad, por Decreto 1775 de 3 de agosto de 1990, artículos 5.º a 8.º, se
reglamentó el funcionamiento del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio de la siguiente manera:
«[…] Artículo 5º Recepción de solicitudes. Las solicitudes relacionadas con el
reconocimiento y pago de prestaciones económicas del Magisterio, serán radicadas en
la oficina de prestaciones sociales de cada Fondo Educativo Regional.
La documentación sólo será radicada si llena los requisitos establecidos en las normas
reglamentarias.
Artículo 6º Estudio de solicitudes. Una vez radicada la solicitud, la oficina de
prestaciones sociales de cada Fondo Educativo Regional, procederá a realizar el
estudio de la documentación.
Artículo 7º Liquidación. Realizado el estudio de la documentación, se procederá a
efectuar la liquidación respectiva con el visto bueno de la entidad fiduciaria.
Artículo 8º Reconocimiento. Efectuada la liquidación, el delegado permanente del
Ministerio ante el Fondo Educativo Regional, expedirá la resolución de reconocimiento
[…]»
Así entonces, en los procesos judiciales de nulidad y restablecimiento del derecho,
promovidos ante esta jurisdicción contra el FNPSM, en los que se discuta el
reconocimiento de prestaciones sociales, no es procedente la vinculación de las
entidades territoriales 9. Adicionalmente las consecuencias económicas que se deriven
de los actos administrativos proferidos en virtud de la desconcentración administrativa
dada en las secretarías de educación de los entes certificados, radican única y
exclusivamente en la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio 10.
En el presente caso, en atención a los argumentos expuestos y conforme lo
establecido en el inciso segundo del artículo 187 del CPACA, es procedente declarar
9 Ver entre otras las siguientes providencias: auto del 26 de abril de 2018 radicado: 68-001-23-33-000-2015-00739-
01 (0743-2016) MP William Hernández Gómez. En las sentencias del Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso
Administrativo (i) de la subsección A: CP Luis Rafael Vergara Quintero del 2 de julio de 2015, Expediente: 25000-
23-25-000-2012-00262-01(0836-13). CP William Hernández Gómez del 12 de julio de 2017 Expediente: 08001-23-
33-000-2012-00400-01(1874-14). (ii) de la subsección B con ponencia del Dr. Gerardo Arenas Monsalve del 5 de
diciembre de 2013 Expediente: 25000-23-25-000-2009-00467-01(2769-12) y expediente:
05001233100020050421801 (2713-2013), con ponencia de la Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez del 8 de septiembre
de 2016 Expediente: 15001-23-33-000-2013-00082-01(1530-14) y expediente: 41001-23-33-000-2015-00686-
01(4155-16).
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad.: 25000-23-42-000-2015-01243-01 (2620-2017)
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la prosperidad de la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
propuesta por el departamento del Huila. Este medio exceptivo también opera respecto
del municipio de Baraya, entidades que únicamente tienen a su cargo elaborar el
proyecto de resolución de reconocimiento, para que sea aprobado o improbado por la
entidad fiduciaria y es el Fondo el obligado a efectuar o materializar el pago que de la
suscripción del acto emane.
Por otra parte, en lo atinente a la sanción moratoria solicitada, esta corporación en
varios pronunciamientos 11, atendiendo a las circunstancias de cada caso, ha declarado
la excepción de prescripción, apartándose del estudio del derecho mismo. Sin
embargo, en tales supuestos, la jurisprudencia del Consejo de Estado no había
unificado criterios frente a si le asistía o no el derecho a los docentes para reclamar la
indemnización por mora consagrada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, situación
que vino a esclarecerse con la reciente sentencia de unificación del 11 de octubre de
202312.
En la mencionada providencia, se estableció como regla jurisprudencial que los
docentes estatales afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, no tienen derecho a la sanción por la mora en la consignación de las
cesantías prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la ley 50 de 1990, debido a la
incompatibilidad con el sistema de administración de las cesantías consagrado en la
Ley 91 de 1989, salvo aquel personal que no haya sido afiliado al Fondo, a quienes sí
les sería aplicable dicha normativa.
Así las cosas, el criterio para acceder al pago de la indemnización por mora
consagrada en la Ley 50, se encuentra supeditado a la afiliación del docente al Fondo,
de tal manera que resulta innecesario en el caso concreto el análisis de la excepción
de prescripción, toda vez que, para el periodo reclamado, la señora Adriana Murcia
Durán se encontraba afiliado al FNPSM, por lo que no le asiste el derecho invocado.
En ese orden de ideas, esta Sala encuentra acreditados los elementos necesarios para
acceder al reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas correspondientes al
año 1993 y negar las demás pretensiones de la demanda.
Decisión de segunda instancia
Según se ha expuesto, la Sala procederá a revocar la sentencia proferida en primera
instancia el 24 de enero de 2023 por el Tribunal Administrativo del Huila, que declaró
probada la excepción de prescripción respecto de la sanción moratoria y negó las
pretensiones.
En su lugar:
11Ver entre otras la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sección Segunda. Rad.: 41001-23-33-000-2019-
00343-02 (1969-2023).
12 Consejo de Estado, Sección Segunda. Rad.: 66001-33-33-001-2022-00016-01 (5746-2022).
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Se declarará probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del
Departamento del Huila y el Municipio de Baraya, por las razones expuestas en la
parte motiva y, en consecuencia, se ordena la desvinculación de las tales entidades
del presente trámite judicial.
Se declarará la nulidad del acto ficto negativo que se deriva de la reclamación elevada
el 13 de septiembre de 2018 ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, en cuanto negó el reconocimiento y pago de las cesantías; y a título de
restablecimiento del derecho, se condena a la entidad demandada a reconocer y pagar
a favor de la señora Adriana Murcia Durán, las cesantías anualizadas correspondiente
al año 1993.
Las sumas resultantes a favor del demandante deberán actualizarse conforme al IPC
en los términos del artículo 187 del CPACA, en aplicación de la siguiente formula:
VA = VH IPC Final
IPC Inicial
Se negarán las demás pretensiones de la demanda.
La entidad demandada, dará cumplimiento al presente fallo en el término de treinta
(30) días contados desde la fecha de su comunicación (artículo 192 CPACA). De no
hacerse así, las sumas reconocidas en favor del demandante, devengarán intereses
moratorios, los que serán reconocidos en la forma señalada en el inciso 3.º del artículo
192 en mención y el numeral 4.º del artículo 195 del CPACA.
De la condena en costas
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el ar. 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia el
juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionado o de mala fe, no obstante, dicho
criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47 de la Ley 2080 de 2021, en
el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se acredite que
la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la Subsección
A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias proferidas a la
luz de la nueva normatividad se deberá analizar la conducta realizada por las part es
en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de fundamentación jurídica
conforme a lo señalado en el inciso 2° del art. 188 de la Ley 1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa de los fundamentos
del recurso de apelación y de su oposición que no se presenta una carencia de
fundamentación legal que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, ambas
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partes en sus escritos manifestaron argumentos razonables en defensa jurídica de sus
intereses, en consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Revocar la sentencia proferida en primera instancia el 24 de enero de 2023
por el Tribunal Administrativo del Huila, que declaró probada la excepción de
prescripción respecto de la sanción moratoria y negó las pretensiones.
En su lugar:
Se declara probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
del Departamento del Huila y del Municipio de Baraya, por las razones
expuestas en la parte motiva y, en consecuencia, se ordena la desvinculación
de tales entidades del presente trámite judicial.
Segundo: Se declara la nulidad del acto ficto negativo que se deriva de la reclamación
elevada el 13 de septiembre de 2018 ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, en cuanto negó el reconocimiento y pago de las cesantías; y a título de
restablecimiento del derecho, se condena al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio a reconocer y pagar a favor de la señora Adriana Murcia Durán, las
cesantías anualizadas correspondiente al año 1993.
Las sumas que se desprendan de la condena impuesta, deberán actualizarse
conforme al IPC en los términos del artículo 187 del CPACA, y con la formula indicada
en la parte motiva.
Tercero: Negar las demás pretensiones de la demanda.
Cuarto: La entidad territorial demandada, dará cumplimiento al presente fallo de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 187, 192 y 195 del CPACA.
Quinto: Sin condena en costas.
Sexto: Ejecutoriado este fallo devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las
anotaciones correspondientes en la aplicación “SAMAI”.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
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13
41001-23-33-000-2020-00029-02 (2142-2023)
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
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