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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-00828-01

Fecha
20 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-00828-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia proferida el 5 de noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión, Sección B, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra el señor Carlos Alberto Luna Noguera, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. En su lugar, declarar probada de oficio la excepción caducidad, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, conforme lo ya expuesto. 14 Radicación: 08001-23-33-000-2015-00828-01 (3345-2023) Demandante: UGPP Tercero. Sin condena en costas en segunda instancia. Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2015-00828-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

20 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)

Bogotá, D. C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001-23-33-000-2015-00828-01 (3345-2023)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandados: Carlos Alberto Luna Noguera
Temas: Lesividad. Reconocimiento pensión de jubilación. Reintegro de
dinero. Término para ejercer acciones administrativas y judiciales.
Artículo 86 de la Ley 2381 de 2024. Ley 1437 de 2011

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
_____________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la sentencia
proferida el 5 de noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala
de Decisión Oral, Sección B, que resolvió acceder parcialmente a las pretensiones de
la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) formuló demanda, en orden
a que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Empresa
Puertos de Colombia, Terminal Marítimo y Fluvial de Barranquilla: i) 44578 del 18 de
diciembre de 1991, a través de la cual reconoció una pensión de jubilación al señor
Carlos Alberto Luna Noguera; y ii) 40106 del 20 de febrero de 1992, mediante la cual

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 08001-23-33-000-2015-00828-01 (3345-2023)
Demandante: UGPP

confirmó lo decidido en el acto relacionado en el anterior numeral.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó i)
ordenar al señor Carlos Alberto Luna Noguera reintegrar los dineros pagados, por
concepto de mesadas pensionales, en virtud del reconocimiento efectuado en los actos
administrativos demandados debidamente actualizados, desde la fecha de su
causación hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso; y ii)
condenar al demandado en costas y agencias en derecho.

1.1.2 Hechos1

Como supuestos fácticos relevantes, el apoderado de la entidad demandante señaló
los siguientes:

i) El 16 de diciembre de 1951, nació el señor Carlos Alberto Luna Noguera.

ii) El señor Luna Noguera prestó sus servicios en los siguientes períodos y entidades:

• Desde el 2 de marzo de 1970 hasta el 16 de junio de 1971, en TELECOM.
• Desde el 21 de septiembre de 1971 hasta el 22 de septiembre de 1972, en el
Ministerio de Obras Públicas y Transporte.
• Desde el 8 de agosto de 1972 hasta el 25 de noviembre de 1991, en la Empresa
Puertos de Colombia, Terminal Marítimo y Fluvial de Barranquilla y ocupó como
último cargo el de supervisor administrativo laboral, en calidad de empleado
público debido al nombramiento de libre nombramiento y remoción.

iii) El 18 de diciembre de 1991, el gerente del Terminal Marítimo y Fluvial de Barranquilla
expidió la Resolución 44578, mediante la cual se reconoció pensión de jubilación
convencional al demandado, en cuantía de $ 829.773,76, a partir del 25 de noviembre
de 1991.

iv) El 20 de febrero de 1992, el jefe de la Oficina Jurídica de la Empresa Puertos de
Colombia a través de la Resolución 40106 confirmó la resolución descrita en el anterior

1 Algunos hechos corresponden al concepto de violación, razón por la que se resumen en dicho acápite.

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Demandante: UGPP

numeral.

1.1.4. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 1.º, 2.º, 13, 48; 83 y 121, 128 y 209 de la
Constitución Política; Leyes 33 y 62 de 1985; y Convención Colectiva de Trabajo 1991
de la Empresa Puertos de Colombia, Terminal Marítimo de Cartagena.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la entidad demandante expuso
los siguientes argumentos:

i) El acto censurado fue expedido con desconocimiento de las normas en que debía
fundarse, en la medida en que al reconocerse la pensión de jubilación eran aplicables
las Leyes 33 y 62 de 1985, y no como erróneamente lo hizo la administración al extender
al señor Carlos Alberto Luna Noguera, empleado público, beneficios propios de los
trabajadores oficiales de la empresa Puertos de Colombia consagrados en la
Convención Colectiva de Trabajo.

ii) El parágrafo del artículo 2 de la Convención Colectiva de Trabajo de las Costa
Atlántica 1991-1993, estableció que regía para todos los trabajadores sindicalizados del
Terminal Marítimo de Barranquilla que dependían orgánicamente de la Empresa
Puertos de Colombia. En ese orden, aquellas disposiciones solo se aplicaban a los
trabajadores oficiales.

En este sentido, de conformidad con el Decreto Ley 561 de 1975, la naturaleza jurídica
de la Empresa Puertos de Colombia es de empresa industrial y comercial del Estado,
de manera que de acuerdo con el Decreto 3135 de 1968 quienes presten sus servicios
en empresas industriales y comerciales del Estado ostentan la categoría de
trabajadores oficiales como regla general. Así las cisas, la entidad infundadamente se
atribuyó funciones que por mandato de la Constitución le corresponden al legislador, al
otorgar beneficios superiores al momento de realizar el reconocimiento del derecho
pensional, contrariando el principio de universalidad, unidad e integración.

1.2. Contestación de la demanda

3

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Demandante: UGPP

El señor Carlos Alberto Luna Noguera, por intermedio de apoderada, se opuso a la
prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresan a continuación: 2

i) Después de 25 años de haber adquirido el derecho a la pensión de jubilación, la
UGPP, de manera soslayada y sin acreditar prueba sumaria con la cual se demuestre
que el pensionado ha realizado actos ilícitos e ilegales o maniobras engañosas o
documentación falsa o se haya tipificado delito alguno, pretende obtener de la nulidad
del acto administrativo por medio del cual se hizo el reconocimiento y pago de la referida
prestación.

ii) La Ley 01 de 1991, entre otras cosas, otorgó facultades extraordinarias al presidente
de la República y con base en ellas se expidió el Acuerdo 022 del 11 de septiembre de
1991, a través del cual se autorizó a. al gerente general de la Empresa Puertos de
Colombia en liquidación, para acordar y extender las condiciones de retiro de los
empleados públicos; y b. al gerente Nacional para que dictara la Resolución 805 del 9
de octubre de 1991, por medio de la cual se fijan condiciones para el retiro de los
empleados públicos de la Empresa Puertos de Colombia, que en sus artículos primero
y segundo, estableció lo siguiente:

ARTICULO PRIMERO: Los términos de esta resolución se aplicarán a todos los Empleados
Públicos de la Empresa Puertos de Colombia en general.

ARTICULO SEGUNDO: Los Empleados Públicos de la EMPRESA PUERTOS DE
COLOMBIA, que a la fecha de la vigencia de la presente Resolución o durante el término de
liquidación de la misma, tuvieren quince (20) años o más de servicios oficiales y (40) años o
más de edad, con un mínimo de tres (3) años de servicio a Colpuertos, tendrán derecho
tendrán derecho a una pensión de jubilación proporcional correspondiente al servicio, así:

En ese orden de ideas, se acreditó que el señor Luna Noguera prestó sus servicios en
el Terminal Marítimo de Barranquilla por 19 años, 3 meses y 12 días; en TELECOM por
1 año, 3 meses y 14 días y en el Ministerio de Obras Públicas por 10 meses; para un
total de 21 años y 11 días.

iii) El demandado cumplió legalmente con todos los requisitos exigidos por el régimen
especial creado por la Ley 01 de 1991 y para tal efecto se firmó un acta de conciliación
con el gerente del Terminal Marítimo de Barranquilla, el 29 de noviembre de 1991, en

2 Expediente digital visible a índice 2 de la plataforma SAMAI

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Demandante: UGPP

audiencia pública ante el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla, la cual
hizo tránsito a cosa juzgada, dando aplicabilidad a lo establecido en el artículo cuarto
de la Resolución 805 de 1991. De esta manera, está amparado por el principio de
confianza legítima.

iv) El señor Luna Noguera se vinculó a la Empresa Puertos de Colombia como
trabajador oficial por medio de un contrato de trabajo a término indefinido que mantuvo
vigente hasta su retiro y sus prestaciones sociales eran liquidadas en la misma forma
que a los trabajadores sindicalizados amparados por la Convención Colectiva de
Trabajo. Ahora, si bien es cierto el Acuerdo 016 del 9 de octubre de 1990, cambió el
estatus al cargo del supervisor administrativo laboral clasificándolo como empleado
público, también lo es que el artículo 2 del Decreto 0287 de 1991 de manera clara,
taxativa y expresa conservó en su haber patrimonial los derechos que había adquirido
en materia salarial, asistencial y prestacional, en concordancia con el artículo 12 del
Decreto 135 de 1991.

v) Los argumentos de la entidad demandante carecen de veracidad porque están
acreditadas las excepciones de «incompetencia de la jurisdicción» (sic), cosa juzgada
por existencia de un acuerdo de conciliación y prescripción.3

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, mediante
sentencia proferida el 5 de noviembre de 2021, accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda. Para tal efecto, se pronunció en estos términos:4

i) Está acreditado que el señor Luna Noguera a. prestó sus servicios en Telecom desde
el 02 de marzo de 1970 hasta el 16 de junio de 1971 (1 año, 3 meses y 14 días); en el
Ministerio de Obras Públicas y Transporte, desde el 21 de septiembre de 1971 hasta el
22 de septiembre de 1972 (1 año y 1 día); y en la Empresa Puertos de Colombia
Terminal Marítimo y Fluvial de Barranquilla, desde el 08 de agosto de 1972 hasta el 25

3 El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, mediante auto del 24 de mayo de

2017, sostuvo que la excepción denominada falta de competencia no tenía vocación de prosperidad porque el
demandado ostentaba la calidad de empleado público por desempeñar un cargo de dirección o confianza en la
entidad demandante. Respecto a las demás excepciones señaló que serían resueltas en la sentencia que
resolviera de fondo el asunto. Expediente digital visible a índice 2 de la plataforma SAMAI.
4 Expediente digital visible a índice 2 de la plataforma SAMAI.

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Demandante: UGPP

de noviembre de 1991, desempeñando el cargo de supervisor administrativo laboral (19
años, 3 meses y 17 días); para un total 21 años: 7 meses y 1 día; y b. tenía la calidad
de empleado público de libre nombramiento y remoción.

ii) El señor Carlos Luna Noguera no tenía derecho a que se le reconociera una pensión
de jubilación con base en la Convención Colectiva de Trabajo vigente para los años
1991 – 1993, suscrita entre Colpuertos y los sindicatos de esta, teniendo en cuenta que
por su condición de empleado público se encontraba excluido del ámbito de aplicación
del convenio referido, razón por la que hay lugar a declarar la prosperidad del cargo
formulado por la UGPP.

iii) Teniendo en cuenta la naturaleza de los derechos en litigo debe precisarse que
aunque al demandado no le eran aplicable los requisitos previstos en la Ley 1 de 1991,
en el Acuerdo 022 de septiembre de 1991 y en la Resolución 0805 de octubre de 1991;
lo cierto es que el reconocimiento pensional debió efectuarse de acuerdo con las Leyes
33 y 62 de 1985, en concordancia con la sentencia de unificación del 28 de agosto de
2018, emitida por el Consejo de Estado.

En efecto, es beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, porque para la fecha de su entrada en vigencia contaba con más de 40 años de
edad y más de 20 años de servicio.

iv) No hay lugar a ordenar la devolución de las sumas pagadas de buena fe a la
demandada, en virtud del numeral 1, literal c) del artículo 164 del CPACA.

v) Por lo tanto, se accede parcialmente a las pretensiones de la demanda en el sentido
de declarar la nulidad de las Resoluciones 44578 de 18 de diciembre de 1991 y 40106
del 20 de febrero de 1992. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la UGPP
pagar al señor Luna Noguera una pensión de jubilación de acuerdo con las Leyes 33 y
62 de 1985, en concordancia con la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018,
emitida por el Consejo de Estado. Negar las demás pretensiones de la demanda. Sin
condena en costas.

1.4. El recurso de apelación

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Radicación: 08001-23-33-000-2015-00828-01 (3345-2023)
Demandante: UGPP

El señor Carlos Alberto Luna Noguera, a nombre propio, interpuso recurso de apelación,
para lo cual reprodujo en gran parte los argumentos expuestos en la contestación de la
demanda. En consecuencia, lo sustentó con los siguientes argumentos: 5

i) El señor Luna Noguera se vinculó a Colpuertos como trabajador oficial por medio de
un contrato de trabajo a término indefinido que mantuvo vigente hasta su retiro. Ahora,
le fue otorgada una pensión especial de jubilación proporcional contenida en la Ley 01
de 1991, en el Acuerdo 022 de 1991 y en la Resolución 805 de 1991. En sus
antecedentes administrativos no reposa decreto de nombramiento, acta de posesión o
constancia de requisitos legales que debe llenar previamente todo funcionario del
Estado para ser empleado público, tampoco se demostró que el contrato de trabajo
haya sido liquidado y cancelado para después asumir la calidad de empleado público.

ii) El a quo se equivoca al declarar la nulidad de los actos administrativos demandados
y al reconocer una pensión de jubilación en los términos de la Ley 33 y 62 de 1985,
porque por un lado, durante toda la vinculación del demandado la Empresa Puertos de
Colombia no tuvo la calidad de empleado público, pues conservó la calidad de
trabajador oficial sindicalizado, amparado por un contrato de trabajo a término indefinido
hasta la fecha del retiro, con ocasión del otorgamiento de la pensión de jubilación por
parte de aquella entidad; y por el otro, el acto censurado no se fundamentó en la
Convención Colectiva de Trabajo 1991-1993, para reconocer la prestación.

iii) Después de 30 años de haber adquirido el derecho a la pensión de jubilación, la
UGPP de manera soslayada y sin acreditar prueba sumaria con la cual se demuestre
que el pensionado ha realizado actos ilícitos e ilegales o maniobras engañosas o
documentación falsa o se haya tipificado delito alguno, pretende obtener de la nulidad
del acto administrativo por medio del cual se hizo el reconocimiento y pago de la referida
prestación. Por lo tanto, la entidad demandante con su actuar transgrede los derechos
adquiridos y los principios de confianza legítima, buena fe, respeto del acto propio y
seguridad jurídica.

5 Expediente digital visible a índice 2 de la plataforma SAMAI.

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Demandante: UGPP

iv) Los argumentos de la entidad demandante carecen de veracidad porque están
acreditadas las excepciones de cosa juzgada y prescripción.

1.6. Pronunciamiento en torno al recurso de apelación en segunda instancia

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (UGPP) solicitó confirmar la decisión de primera instancia con
fundamento en los argumentos señalados en la demanda.6

1.7. El ministerio público

El procurador delegado de Intervención Tercero ante el Consejo de Estado rindió
concepto en el que solicitó modificar la sentencia de primera instancia, por las razones
que se indican a continuación:7

i) Las normas vigentes al momento del retiro del accionado, es decir, el Acuerdo de
Junta Directiva 016 del 9 de octubre de 1990, aprobado mediante Decreto 287 del 28
de enero de 1991, señalaban que el cargo del demandado era considerado como de
empleado público, lo que comportaba un determinado régimen pensional, distinto a
aquel decidido por la administración pública con base en la convención colectiva vigente
para ese momento, incluso con anterioridad al momento de su nombramiento como
empleado público, pus las normas disponían la misma clasificación para el supervisor
administrativo laboral, según el Acuerdo de Junta Directiva 021 del 2 de septiembre de
1988, aprobado mediante Decreto 2318 del 9 de noviembre de 1988.

ii) No son de son de recibo los reparos relativos a falta de notificación de terminación
del respectivo contrato laboral y falta de ritualidades en la vinculación legal y
reglamentaria relativa a su cargo como supervisor administrativo laboral, no solo porque
ello desconoce la normativa interna en cuanto a los diversos procedimientos para
modificación y nuevas vinculaciones que tenía la obligación de conocer el pensionado
accionado, sino porque aceptó la nueva vinculación como supervisor, con las
consecuencias jurídicas y laborales que ello traía consigo.

6 Índice 9 de la plataforma SAMAI.
7
Índice 11 de la plataforma SAMAI

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Demandante: UGPP

iii) Debe modificarse la sentencia de primera instancia porque no es posible acudir al
análisis del cumplimiento de los requisitos del régimen de transición del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, para una pensión que fue reconocida con anterioridad a dicha
normativa, en 1991, ratificada en 1992. En consecuencia, debe aplicarse los montos y
elementos en general del ingreso base de liquidación que establecía la normativa del
régimen especial con ocasión de las normas aplicables según las leyes 33 y 62 de 1985
y 71 de 1988.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer, conforme a lo expuesto en el recurso de apelación, i) si
con la expedición de las Resoluciones 44578 del 18 de diciembre de 1991 y 40106 del
20 de febrero de 1992, la entidad demandante vulneró las Ley 33 y 62 de 1985, al
reconocer una pensión de jubilación al señor Carlos Alberto Luna Noguera, otorgando,
presuntamente, beneficios superiores a los contemplados en aquella norma.

No obstante, previo a ello, en atención a que el artículo 187 del CPACA, dispone que «[e]n
la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que
el fallador encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie
y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la
no reformatio in pejus»; la Sala realizará un análisis en punto a definir la aplicabilidad
del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 al presente asunto, y, en consecuencia,
determinar si operó o no el fenómeno jurídico de la caducidad.

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1 Del fenómeno jurídico de la caducidad en asuntos pensionales, y las
modificaciones introducidas por la Ley 2381 de 16 de julio de 2024

Esta Subsección ha señalado que la caducidad es el fenómeno jurídico que extingue la
oportunidad de quien pretende controvertir la existencia de un derecho en sede judicial,

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Demandante: UGPP

cuando ha transcurrido el tiempo para interponer un medio de control u otro mecanismo
previsto en la ley. De ahí que, el término constituya un presupuesto procesal a través
del cual se limita el ejercicio de los derechos individuales y subjetivos de los
administrados para la reclamación judicial de aquellos, en desarrollo del principio de
seguridad jurídica bajo criterios de racionalidad y suficiencia temporal. 8

Por consiguiente, la obligación de promover la demanda dentro del término previsto por
el legislador es un presupuesto procesal que habilita al juez para pronunciarse sobre el
fondo de las pretensiones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 numeral 1, literal c) del CPACA, las
demandas iniciadas contra actos administrativos que reconozcan o nieguen total o
parcialmente prestaciones periódicas podrán presentarse en cualquier tiempo; sin
embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena
fe.

No obstante, la Ley 2381 de 2024, por la cual se establece el sistema de protección
social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común, y se dictan otras
disposiciones, en el artículo 86, instituyó el término con el que se cuenta para interponer
las acciones administrativas y contencioso administrativas en lo que respecta a las
pensiones que ya fueron reconocidas, de la siguiente manera:

Artículo 86. Término para Ejercer Acciones Administrativas y Contencioso
Administrativas Respecto de las Pensiones Reconocidas. Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco
(5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades
facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún
delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones administrativas
y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber sido reconocidas, y
que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o
contenciosas y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser susceptibles del
recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5) años a
partir de la vigencia de esta ley (negrilla fuera del texto).

8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 26 de septiembre de 2024, radicados: 17001 23 33 000

2020 00060 01 (1784–2022) y 08001 23 33 000 2013 00161 01 (1132-2015).

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Demandante: UGPP

A partir de lo anterior se puede concluir lo siguiente:

i) Las acciones administrativas y contencioso administrativas se deberán ejercer
dentro del término de 5 años contados a partir del reconocimiento de la pensión.

ii) La única excepción a esa regla ocurre frente a las pensiones reconocidas con
fraude o ante la comisión de algún delito.

iii) En los casos en que se hayan iniciado acciones administrativas o contencioso
administrativas, cuando hubiere expirado el término de 5 años, que se encuentren
en curso, se aplicará el fenómeno de la caducidad a partir de la vigencia de la referida
ley.

iv) En los asuntos en los que ya se hubieren decidido las acciones administrativas
y/o contencioso administrativas presentadas respecto a un reconocimiento
pensional, podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión dentro del término
de 5 años contados a partir de la entrada en vigor de dicha ley.

Del estudio de la norma en comento advierte la Sala que el legislador, en la exposición
de motivos del proyecto de ley,9 optó por acoger un término similar al que fue aplicado
para las causales de revisión de que trata el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con
sustento en lo plasmado en la sentencia C-835 de 2003 por medio de la cual la Corte
Constitucional analizó las consecuencias de no establecer un límite temporal para que
la administración solicitará la revisión de decisiones que otorgaron derechos
pensionales, y recordó que la jurisprudencia de esa Corporación ha señalado que definir
un término para acudir ante la jurisdicción no vulnera el acceso a la administración de
justicia, pues se debe entender que la caducidad «es una especie de sanción para quien
teniendo la posibilidad de acudir a la justicia fue negligente y no lo hizo» y que con ella
se busca hacer realidad los principios de seguridad y certeza jurídica.10

De igual modo, aprecia la Sala que la finalidad de la norma objeto de análisis es evitar
que las pensiones reconocidas queden expuestas de manera perpetua y sin límite a

9 Visibles en las Gacetas del Congreso de la República 603 de 17 de mayo de 2024 y 700 de 29 de mayo de

2024.
10 Corte Constitucional, Sentencia C – 418 de 1994.

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Radicación: 08001-23-33-000-2015-00828-01 (3345-2023)
Demandante: UGPP

una solicitud de revisión, lo que podría vulnerar el derecho al debido proceso y a la
seguridad jurídica de los pensionados.

De otro lado, en torno a la vigencia del referido artículo 86, se tiene que la Ley 2381 de
2024, señaló lo siguiente:

Artículo 94. Vigencia. El Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y
Muerte de origen común, previsto en la presente ley, entrará en vigor el 1° de julio de
2025.

Artículo 95. Derogatorias. La presente ley rige a partir de su sanción y deroga las
disposiciones que le sean contrarias.

Sin perjuicio de lo anterior, las normas continuarán vigentes para atender el Régimen de
Transición y el régimen de aquellos ya pensionados al momento de expedirse esta ley.

Al tenor de las anteriores disposiciones, se observa que el artículo 86 de la Ley 2381
de 2024, se encuentra vigente desde el momento en que se sancionó dicha ley, esto
es, el 16 de julio de 2024, fecha de publicación en el Diario Oficial 52.819, 11 pues, el
legislador, en ejercicio de su competencia constitucional, únicamente difirió la entrada
en vigencia de las disposiciones atinentes al sistema de protección social integral para
la vejez, invalidez y muerte de origen común, a partir del 1° de julio de 2025.12
2.3. El caso concreto. Análisis de la Sala

La Sala considera necesario señalar que, tal como se explicó en el marco normativo de
esta providencia, el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 dispuso un término de caducidad
de 5 años para presentar acciones administrativas y contencioso administrativas frente
a pensiones reconocidas, norma que se encuentra vigente y resulta aplicable, incluso,
a los procesos que se hallan en curso. En ese orden, resulta necesario verificar la
oportunidad en la interposición del medio de control de la referencia.

11 http://svrpubindc.imprenta.gov.co/diario/index.xhtml;jsessionid=55e8e6ab1125b768d5f05f27de9e

12 La Corte Constitucional en sentencia C-957 de 1997, se refirió a la vigencia de la ley, en el siguiente sentido:
“En lo relativo a su vigencia, como regla general, la ley comienza a regir a partir de su promulgación, salvo que
el legislador, en ejercicio de su competencia constitucional, mediante precepto expreso determine una fecha
diversa a aquella, facultad igualmente predicable del legislador extraordinario. Los efectos jurídicos de los actos
legislativos y de las leyes que se producen a partir de la promulgación en el Diario Oficial, dan lugar a su
oponibilidad y obligatoriedad sin que por ello se afecte la validez ni la existencia de los mismos.”

12

Radicación: 08001-23-33-000-2015-00828-01 (3345-2023)
Demandante: UGPP

En el escrito de demanda, la UGPP solicitó la nulidad de las Resoluciones 44578 del 18
de diciembre de 1991 y 40106 del 20 de febrero de 1992, a través de las cuales, en su
orden, reconoció una pensión de jubilación al señor Carlos Alberto Luna Noguera y
confirmó lo decidido en la Resolución 44578 de 1991, de acuerdo con lo dispuesto en
la Resolución 805 del 9 de octubre de 1991. Adicionalmente, a índice 1 de la plataforma
SAMAI del Tribunal Administrativo del Atlántico, se corrobora que la demanda de nulidad

y restablecimiento del derecho fue radicada el 15 de diciembre de 2015, es decir, 23
años, 11 meses y 27 días después de concedida la pensión mediante la Resolución
44578 del 18 de diciembre de 1991.

En ese orden, en el sub lite operó el fenómeno jurídico de la caducidad, toda vez que
la demanda se presentó por fuera del término de 5 años contados a partir del
reconocimiento de la pensión, establecido en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024. Se
hace énfasis en que revisados los fundamentos del líbelo no se advierte que la entidad
hubiere argumentado que la prestación que en esta oportunidad se demanda, se obtuvo
de manera fraudulenta o por la comisión de algún delito, por lo que el asunto no se
encuadra en las excepciones planteadas en la norma ibidem para inaplicar el término
referido.

Lo anterior impone a la Sala revocar la sentencia de primera instancia que accedió
parcialmente a las pretensiones, para en su lugar declarar probada de oficio la
excepción de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
en la modalidad de lesividad.

3. De la condena en costas

En anteriores oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una valoración objetiva
para determinar si había, o no, lugar a condenar en costas, no obstante, actualmente,
con la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, es procedente efectuar un estudio
respecto de la conducta de las partes en el proceso y la carencia de fundamentación
jurídica.

En ese orden, comoquiera que en este caso se revocará la sentencia de primera

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Radicación: 08001-23-33-000-2015-00828-01 (3345-2023)
Demandante: UGPP

instancia, debe darse aplicación al numeral 4.° del artículo 365 del CGP, sin embargo,
no hay lugar a condena en costas de ambas instancias, toda vez que se sustentaron
las razones esgrimidas por la entidad en defensa jurídica de sus intereses, máxime
cuando lo aquí resuelto tiene fundamento en la reciente Ley 2381 de 2024, que
implementó un término para el ejercicio de las acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, la Sala concluye que en el
asunto objeto de análisis operó el fenómeno jurídico de la caducidad, por cuanto se
excedió ampliamente el término o la oportunidad para promover el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024,
razón por la cual la decisión del a quo debe ser revocada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia proferida el 5 de noviembre de 2021 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión, Sección B, que accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP) contra el señor Carlos Alberto Luna Noguera, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. En su lugar, declarar probada de oficio la excepción caducidad, con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, conforme lo ya
expuesto.

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Radicación: 08001-23-33-000-2015-00828-01 (3345-2023)
Demandante: UGPP

Tercero. Sin condena en costas en segunda instancia.

Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y
háganse las anotaciones pertinentes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
SBZ

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