Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2020-00060-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2020-00060-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2020-00060-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
2 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., dos (2) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001 23 33 000 2020 00060 01 (1784–2022)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandado: María Doralis Herrera Franco
Tema: Lesividad. Reconocimiento de la pensión gracia. Término para
ejercer acciones administrativas y judiciales. Artículo 86 de la Ley
2381 de 2024. Ley 1437 de 2011.
Decisión: Declarar caducidad del medio de control
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de 29 de octubre de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Pretensiones de la demanda
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por intermedio de apoderada judicial,
acudiendo a la acción de lesividad, solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones
16660 de 17 de diciembre de 1987, 011558 de 7 de mayo de 1998 y 16822 de 18
de abril de 2006, por medio de las cuales se reconoció y reliquidó una pensión
gracia a favor de la señora María Doralis Herrera Franco.
1 Documentos del proceso disponibles en el expediente digital visible en la Sede Electrónica de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=17001233300020200
0060011100103
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Lesividad
Radicado: 17001 23 33 000 2020 00060 01
Demandante: UGPP
Como restablecimiento del derecho, solicitó la devolución de los dineros percibidos
por concepto de pensión gracia.
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
Se afirma que la señora María Doralis Herrera Franco estuvo vinculada como
docente desde el 17 de febrero de 1959 hasta el 18 de julio de 1996.
Agrega que, a través de la Resolución 16660 de 17 de diciembre de 1987, la extinta
Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. le reconoció una pensión gracia a partir
del 9 de febrero de 1987; posterior a ello, la mesada pensional fue reliquidada con
las Resoluciones 002045 de 10 de febrero de 1998 y 16822 de 18 de abril de 2006.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
Sostiene la entidad demandante que, CAJANAL en su momento, reconoció la
pensión gracia de la señora María Doralis Herrera Franco sin el lleno de los
requisitos legales, pues, si bien la docente cumplió con el requisito de edad, así
como el de haber estado vinculada con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, y
su tiempo de servicio es de 38 años, 2 meses y 15 días, su vinculación fue
mayormente de naturaleza nacional, ya que fue nombrada por el Fondo Educativo
Regional cuya financiación dependía de la Nación, por tanto, incumple con uno de
los requisitos de la Ley 114 de 1913, por lo que el reconocimiento pensional resulta
contario a la ley.
1.4. Contestación de la demanda
A través de apoderado, la señora María Doralis Herrera Franco ejerció su derecho
de defensa oponiéndose a las pretensiones de la demanda, argumentando que en
principio sus nombramientos fueron del orden territorial y que posterior a ello su
vinculación se produjo por intermedio del FER, cuya naturaleza es nacionalizada,
por lo que cumple con el requisito para ser beneficiaria de una pensión gracia. Indicó
que la entidad demandada no demostró que la docente haya actuado con mala fe,
resultando entonces improcedente la solicitud de devolución de dineros causados a
partir del reconocimiento de la prestación.
1.5. Sentencia de primera instancia
Con decisión de 29 de octubre de 2021, el Tribunal Administrativo de Caldas
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda declarando la nulidad del
acto acusado, pero únicamente en lo referente a los factores salariales para la
liquidación de la pensión gracia, así mismo declaró la nulidad de las resoluciones
que determinaron la reliquidación pensional y ordenó la reliquidación de la misma
teniendo en cuenta todos los factores salariales percibidos en el año
inmediatamente anterior a la fecha en que consolidó su estatus, esto es, el 9 de
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febrero de 1987. Finalmente, negó las demás pretensiones de la demanda y se
abstuvo de condenar en costas.
Como sustento de la decisión, señaló que la docente cumplió todos los requisitos
exigidos para el reconocimiento y pago de la pensión gracia, dado que, cumplió 50
años de edad, desempeñó la profesión docente con honradez y buena conducta, y
su vinculación fue de naturaleza territorial y nacionalizada, aclarando que el origen
de los recursos no determina la calidad de docente nacional, circunstancia que ha
sido aclarada por la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 21 de junio
de 2018. No obstante, considera que desde el acto de reconocimiento se liquidó de
manera errónea la pensión, pues no se tuvieron en cuenta todos los factores
salariales del año inmediatamente anterior a la configuración del estatus pensional,
lo que ameritó la orden de reliquidación.
1.6. Recurso de apelación
El apoderado de la UGPP, presentó recurso de apelación en el que insistió en los
argumentos del escrito de demanda, considerando que la naturaleza de la
vinculación sí la otorga el origen de los recursos, en este caso, el nombramiento
realizado por el FER dependía del situado fiscal, es decir, de recursos provenientes
de la Nación, y en esa medida el vínculo fue nacional.
1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
La Procuraduría Tercera delegada ante el Consejo de Estado allegó concepto
en el que pidió confirmar el fallo objeto de apelación; sobre el particular precisó que
la docente cumplió todos los requisitos legales y jurisprudenciales para acceder a la
pensión gracia, resultando además procedente ordenar la reliquidación de la
mesada pensional a partir de su reconocimiento, en la medida que no se tuvieron
en cuenta todos los factores salariales del año anterior a la adquisición del estatus.
La UGPP, la señora María Doralis Herrera Franco –demandada-, y la Agencia
de Defensa Jurídica del Estado, guardaron silencio en esta etapa procesal.
Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
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Contencioso Administrativo2, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 328 del Código General del Proceso3, la competencia del juez de
segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que,
en el caso de la referencia, únicamente una de las partes presentó recurso de
alzada, el análisis se encuentra limitado a lo allí plasmado.
2.2 Problema jurídico
Corresponde establecer si le asiste razón a la UGPP, en cuanto a que la pensión
gracia de la demandada se encuentra indebidamente reconocida, y por tanto, hay
lugar a ordenar la nulidad del acto demandado y ordenar la devolución de dineros
percibidos como consecuencia de ello, como lo dispuso el tribunal a quo, o si por el
contrario hay lugar a revocar la sentencia de primera instancia.
Sin embargo, previo a ello, y teniendo en cuenta que al tenor del artículo 187 del
CPACA, en la sentencia se decidirán sobre las excepciones propuestas y sobre
cualquiera otra que el fallador encuentre probada, sin que el silencio del inferior
impida que el superior estudie y decidas todas las excepciones de fondo propuestas
o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus; estima la Sala necesario analizar la
aplicabilidad de la Ley 2381 de 2024, “por medio de la cual se establece el sistema
de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común, y se
dictan otras disposiciones”, y en consecuencia determinar si en el presente caso
operó la excepción de caducidad; de ser negativa la respuesta, se resolverá de
fondo la apelación.
2.3 Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1 Del fenómeno de la caducidad en asuntos pensionales, y las
modificaciones introducidas con la Ley 2381 de 16 de julio de 2024
Esta Corporación ha señalado que la caducidad, es el fenómeno jurídico que
extingue la oportunidad de quien pretende controvertir la existencia de un derecho
en sede judicial, cuando ha transcurrido el tiempo para interponer un medio de
control u otro mecanismo previsto en la ley. De ahí que, el término constituya un
presupuesto procesal a través del cual se limita el ejercicio de los derechos
individuales y subjetivos de los administrados para la reclamación judicial de los
mismos, en desarrollo el principio de seguridad jurídica bajo criterios de racionalidad
y suficiencia temporal.
2 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia
de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
[…]».
3 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley.»
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Demandante: UGPP
Así, la obligación de presentar la demanda dentro del término previsto por el
legislador constituye un presupuesto procesal que habilita al juez para pronunciarse
sobre el fondo de las pretensiones de la demanda.
De conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, artículo 164 numeral 1 literal c), la demanda contra actos
administrativos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones
periódicas podrán presentarse en cualquier tiempo; empero, no habrá lugar a
recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe.
Ahora, la Ley 2381 de 16 de julio de 2024, por la cual se establece el Sistema de
Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común, y se
dictan otras disposiciones, en el artículo 86 dispone el término con el que se cuenta
para interponer las acciones administrativas y contencioso administrativas en lo que
respecta a las pensiones que han sido reconocidas; se destaca:
«Artículo 86. Término para Ejercer Acciones Administrativas y
Contencioso Administrativas Respecto de las Pensiones Reconocidas.
Las acciones administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser
ejercidas después de cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones
otorgadas por las entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate
de fraude o con ocurrencia de algún delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de
haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a
partir de la vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones
administrativas y/o contenciosas y respecto a las cuales ya se haya decidido,
podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se
tendrá un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.»
A partir de lo anterior se puede concluir entonces que:
a- Las acciones administrativas y contencioso administrativas, se
deberán ejercer dentro del término de 5 años contados a partir del
reconocimiento de la pensión.
b- La única excepción a la anterior regla, es frente a las pensiones
reconocidas con fraude o con ocurrencia de algún delito.
c- En los casos de reconocimiento pensional respecto a los que se hayan
iniciado acciones administrativas o contencioso administrativas, cuando
hubiere expirado el término de 5 años, y que se encuentren en curso, se les
aplicará el fenómeno de la caducidad a partir de la vigencia de la referida ley.
d- Finalmente, en relación con los casos en los que ya se hayan decidido
las acciones administrativas y/o contencioso administrativas presentadas
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respecto a un reconocimiento pensional, se dispone que podrá interponerse el
Recurso Extraordinario de Revisión, dentro del término de 5 años contados a
partir también de la vigencia de dicha ley.
Se ha verificado que, el legislador dentro de los considerandos del proyecto de ley4,
optó por acoger un término similar al que es aplicado para las causales de revisión
de que trata el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, sustentando esta decisión en la
sentencia C-835 de 2003 por medio de la cual la Corte Constitucional analizó las
consecuencias de establecer un límite temporal para que la administración solicite
la revisión de decisiones que otorgaron derechos pensionales, recordando que
reiteradamente la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado que
establecer un límite al tiempo en el que se puede acudir ante la jurisdicción no
vulnera el acceso a la administración de justicia, pues se debe entender que la
caducidad «es una especie de sanción para quien teniendo la posibilidad de acudir a la
justicia fue negligente y no lo hizo» y que con ella se busca hacer realidad los
principio de seguridad y certeza jurídica.5
Revisada la exposición de motivos, se advierte también que la finalidad de la norma
es evitar que las pensiones reconocidas queden expuestas de manera perpetua y
sin límite, a una solicitud de revisión, lo que podría vulnerar el derecho al debido
proceso y la seguridad jurídica de los pensionados.
De otro lado, en torno a la vigencia del artículo 86 en estudio, se tiene que en la Ley
2381 de 2024, se dispuso lo siguiente:
“Artículo 94. Vigencia. El Sistema de Protección Social Integral para la Vejez,
Invalidez y Muerte de origen común, previsto en la presente ley, entrará en vigor
el 1° de julio de 2025.
Artículo 95. Derogatorias. La presente ley rige a partir de su sanción y deroga
las disposiciones que le sean contrarias.
Sin perjuicio de lo anterior, las normas continuarán vigentes para atender el
Régimen de Transición y el régimen de aquellos ya pensionados al momento
de expedirse esta ley.”
Al tenor de las anteriores disposiciones, estima la Sala que el artículo 86 de la Ley
2381 de 2024, se encuentra vigente desde el momento en que se sancionó dicha
ley, esto es 16 de julio de 2024, fecha de publicación en el Diario Oficial 52.819 6,
pues, el legislador, en ejercicio de su competencia constitucional, únicamente difirió
la entrada en vigencia de las disposiciones atinentes al Sistema de Protección
Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común, a partir del 01 de
4 Visibles en las Gacetas del Congreso de la República Nos. 603 de 17 de mayo de 2024 y 700 de
29 de mayo de 2024.
5 Corte Constitucional. Sentencia C – 418 de 1994.
6 http://svrpubindc.imprenta.gov.co/diario/index.xhtml;jsessionid=55e8e6ab1125b768d5f05f27de9e
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julio de 2025.7
2.4 Caso concreto
Pues bien, dado que, conforme se analizó por la Sala en acápite anterior, el artículo
86 de la Ley 2381 de 2024, que dispone un término de caducidad de 5 años para
presentar acciones administrativas y contencioso administrativas frente a las
pensiones reconocidas, se encuentra vigente, y resulta aplicable incluso, a los
procesos que se encuentran en curso, se estima necesario verificar la oportunidad
de la demanda de la referencia, en cumplimiento a dicha normatividad.
Se observa entonces que la UGPP pretende la nulidad de las Resoluciones 16660
de 17 de diciembre de 1987, 011558 de 7 de mayo de 1998 y 16822 de 18 de
abril de 2006, por medio de las cuales se reconoció y reliquidó una pensión gracia
a favor de la señora María Doralis Herrera Franco. Adicionalmente, en el expediente
digital, archivo «01Parte1», se corrobora que la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho fue radicada el 26 de febrero de 2020, es decir, 32
años, 2 meses y 9 días después de concedida la pensión; 21 años, 9 meses y 19
días desde que se efectuó la primera reliquidación; y 13 años, 10 meses y 8 días
luego de que se expidiera la Resolución 16822 de 18 de abril de 2006, por medio
de la cual se ordenó la última reliquidación de la mesada pensional.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, se puede
establecer fehacientemente, que en el presente asunto ha operado el fenómeno de
la caducidad, pues, la demanda se presentó por fuera del término de 5 años
establecido en dicha normativa y contabilizados a partir del reconocimiento de la
prestación periódica.
Lo anterior impone a la Sala revocar la sentencia de primera instancia que accedió
parcialmente a las pretensiones, para en su lugar declarar probada de oficio la
excepción de caducidad del medio de control.
2.5 Condena en costas
En anteriores oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una valoración
objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar en costas, no obstante,
actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, es procedente
efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes en el proceso y la carencia
de fundamentación jurídica.
7 La Corte Constitucional en sentencia C-957 de 1997, se refirió a la vigencia de la ley, en el siguiente
sentido: “En lo relativo a su vigencia, como regla general, la ley comienza a regir a partir de su
promulgación, salvo que el legislador, en ejercicio de su competencia constitucional, mediante
precepto expreso determine una fecha diversa a aquella, facultad igualmente predicable del
legislador extraordinario. Los efectos jurídicos de los actos legislativos y de las leyes que se producen
a partir de la promulgación en el Diario Oficial, dan lugar a su oponibilidad y obligatoriedad sin que
por ello se afecte la validez ni la existencia de los mismos.”
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En ese orden, comoquiera que en este caso se revocará la sentencia de primera
instancia, debe darse aplicación al numeral 4.° del artículo 365 del CPG 4, por tanto,
no hay lugar a condena en costas de ambas instancias, toda vez que se sustentaron
las razones esgrimidas por la entidad en defensa jurídica de sus intereses, máxime
cuando lo aquí resuelto tiene sustento en la reciente Ley 2381 de 2024, que
implementó un término para el ejercicio de las acciones administrativas y
contencioso administrativas respecto de las pensiones reconocidas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 29 de octubre de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas, que accedió parcialmente a las súplicas de la
demanda, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO. En su lugar declarar probada de oficio la excepción caducidad, con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, "por medio de
la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez
y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones". Lo anterior conforme lo
ya expuesto.
TERCERO. Sin condena en costas, de acuerdo con lo expuesto en esta providencia.
CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
AUSENTE EN COMISIÓN
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
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