Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2014-00668-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2014-00668-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2014-00668-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
30 de enero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)
Bogotá, D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2014-00668-01 (1154-2020)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Alicia Cabrera de Yung
Temas: Lesividad. Reconocimiento pensional. Término para ejercer acciones
administrativas y judiciales. Artículo 86 de la Ley 2381 de 2024. Ley
1437 de 2011.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Oralidad, de 23 de mayo
de 2019, a través de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto por el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante la UGPP), por conducto
de apoderado, formuló demanda, en la modalidad de lesividad, en orden a que se declare
la nulidad de las resoluciones 05168 de 21 de febrero de 1992; 40317 de 1 de abril de
1992; 007364 de 18 de mayo de 1992; 007306 de 26 de noviembre de 1993; 00746 de 12
de septiembre de 2002; y 000443 de 31 de mayo de 2005; proferidas por la empresa
Puertos de Colombia - Terminal Marítimo de Buenaventura, a través de las cuales «se
reconoció una pensión proporcional en favor de la señora Alicia Cabrera de Yung».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 76001-23-33-000-2014-00668-01 (1154-2020)
Demandante: UGPP
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la accionante
solicitó i) condenar a la demandada a pagar o reintegrar la totalidad de las sumas de dinero
pagas en exceso; ii) ajustar la condena según el artículo 187 del CPACA tomando como
base el IPC; y, iii) imponerle a la pasiva el pago de las costas.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la parte demandante señaló los siguientes:
1.1.2.1. De la pensión reconocida por el Instituto de Seguros Sociales (ISS):
i) En enero de 1992, el ISS, mediante la Resolución 0200, reconoció y ordenó el pago de
una pensión de vejez a favor del señor Gerardo Yung Valero, de conformidad con los
decretos 1653 de 1977 y 1045 de 1978, en cuantía de $265.230.
ii) El 21 de febrero de 1997, el ISS, a través de la Resolución 001749, reconoció y ordenó
el pago de una pensión de vejez a favor del señor Gerardo Yung Valero, de conformidad
con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto
758 de 1990, a partir del 30 de diciembre de 1991 y en cuantía de $841.337.
iii) El 27 de abril de 2004, el ISS, por Resolución 0375, transmitió el derecho al disfrute de
la pensión mensual vitalicia de jubilación, reconocida al señor Gerardo Yung Valero, a
favor de su cónyuge, la señora Alicia Cabrera de Yung, a partir del 17 de noviembre de
2003 y en cuantía de $1.788.406.
1.1.2.2. De la pensión reconocida por la empresa Puertos de Colombia
i) El 21 de febrero de 1992, la empresa Puertos de Colombia, mediante la Resolución
005168, reconoció y ordenó el pago de la pensión vitalicia de jubilación a favor del señor
Gerardo Yung Valero, acorde con la convención colectiva de trabajo vigente para los años
1991 a 1993 y la Resolución 805 del 09 de octubre de 1991, en cuantía de $181.710.
ii) El 1 de abril de 1992, la empresa Puertos de Colombia, por Resolución 40317, confirmó
la Resolución 005168 del 21 de febrero de 1992, enviada en consulta por el gerente del
Terminal Marítimo de Buenaventura, considerando que, según el numeral 1.° del artículo
100 de la convención colectiva vigente y la Resolución 805 del 09 de octubre de 1991, el
señor Yung Valero tenía derecho a la pensión mensual vitalicia de jubilación.
iii) El 18 de mayo de 1992, la empresa Puertos de Colombia, a través de la Resolución
007364, reconoció y autorizó el pago de unas mesadas pensionales atrasadas, entre el
21 de noviembre y el 30 de diciembre de 1991, por valor de $768.512.
iv) El 31 de mayo de 2005, el Ministerio de la Protección Social, Grupo Interno de Trabajo
para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia, mediante la Resolución 000443
y en cumplimiento de fallo de tutela que amparó el derecho de petición de la señora Alicia
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Radicado: 76001-23-33-000-2014-00668-01 (1154-2020)
Demandante: UGPP
Cabrera de Yung, estudió la solicitud de pensión de sobreviviente presentada por la citada
señora y resolvió reconocerla en cuantía mensual de $1.371.935,37, equivalente al 100%
de la pensión. Además, reconoció a favor de la señora Alicia la suma de $23.765.041,65
por concepto de las mesadas causadas y no cobradas entre febrero de 2004 y mayo de
2005.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Se citan como normas violadas los artículos 4, 48, 150 numeral 19 literales e) y f) de la
Constitución; 75 del Decreto 1848 de 1969 y 26 del Decreto 1050 de 1968; las Leyes 4ª
de 1992, 33 de 1985 y 62 de 1985; los decretos 2127 de 1945, 797 de 1949, 3135 de 1968
y 1045 de 1978, y demás normas concordantes. Al desarrollar el concepto de la violación,
el apoderado de la parte demandante sostuvo lo siguiente:
i) De acuerdo con el artículo 128 de la CP, nadie puede tener más de un empleo público
o una asignación del tesoro público, salvo excepciones legales. El artículo 19 de la Ley 4ª
de 1992 permite algunas excepciones: i) asignaciones a profesores universitarios
asesores de la Rama Legislativa, ii) pensiones militares o policiales, iii) sustitución
pensional, iv) honorarios por hora-cátedra, v) servicios profesionales de salud, vi)
asistencia a juntas directivas (máximo dos), y vii) beneficios para docentes pensionados
vigentes desde la Ley 4ª de 1992.
ii) En ese sentido, la pensión de jubilación otorgada por la Empresa Puertos de Colombia,
Terminal de Buenaventura, al señor Gerardo Yung Valero y luego a Alicia Cabrera de
Yung es incompatible con la pensión que el ISS le reconoció al mismo causante y
beneficiaria.
iii) Además, la pensión de jubilación reconocida a la demandada por la misma empresa
no se ajusta a derecho, pues el causante era empleado público como odontólogo, bajo el
Acuerdo 021 del 2 de septiembre de 1968, sin acceso a beneficios de trabajadores
oficiales en la Convención Colectiva.
1.2. Contestación de la demanda
1.2.1. El apoderado judicial de la señora Alicia Cabrera de Yung se opuso a las
pretensiones de la demanda con base en las siguientes razones:
i) La demandante no presentó todos los documentos sobre la historia laboral de Gerardo
Yung Valero, por lo que no se puede determinar si su contrato con la Empresa Puertos de
Colombia terminó o cambió, ni el momento en que perdió la condición de trabajador oficial
y adquirió la de empleado público, con la consecuente pérdida de derechos por
Convención Colectiva.
ii) Se requiere un juicio de ponderación en este caso, ya que están en juego derechos
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Radicado: 76001-23-33-000-2014-00668-01 (1154-2020)
Demandante: UGPP
fundamentales y principios constitucionales como la confianza legítima, la seguridad
jurídica, el respeto al acto propio y la buena fe, que exigen coherencia y respeto a
decisiones firmes.
iii) La pretensión de declarar la nulidad de las resoluciones demandadas y condenar a la
señora Alicia Cabrera de Yung al reintegro de las sumas pagadas en exceso contradice
la acción de lesividad, ya que el artículo 164, numeral 1.°, literal c) del CPACA, prohíbe
recuperar prestaciones pagadas a particulares de buena fe.
iv) La parte actora no argumentó ni probó que el reconocimiento pensional del causante
y, posteriormente, de la señora Alicia Cabrera, se hubiese obtenido mediante actos
fraudulentos que indujeran a error a la Administración o afectaran la confianza legítima en
la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados.
1.3. La sentencia apelada
Es objeto del recurso de apelación la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, Sala de Oralidad, de 23 de mayo de 2019, que accedió a las pretensiones del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en la modalidad de lesividad,
promovido por la UGPP contra los actos administrativos ya referenciados, que
reconocieron una pensión de vejez al señor Gerardo Yung Valero y en sustitución a la
señora Alicia Cabrera. Los fundamentos de la decisión fueron los siguientes:
i) El señor Gerardo Yung Valero trabajó como odontólogo en el Instituto de Seguros
Sociales (ISS) por 20 años, y, al cumplir 55 años de edad, el mencionado Instituto, a través
de la Resolución 00200 de 1992 y con sustento en el Decreto 1653 de 1977, le reconoció
una pensión vitalicia equivalente al 100% del promedio de su salario en el último año.
ii) El señor Yung Valero era considerado «funcionario de Seguridad Social» según el
Decreto 1651 de 1977, una modalidad de empleo de libre nombramiento y remoción que
permitía celebrar convenciones colectivas. Luego, el Decreto 413 de 1980 definió tres
categorías de trabajadores en el ISS: empleados públicos, funcionarios de seguridad
social y trabajadores oficiales.
iii) Más adelante, el Decreto 2148 de 1992 transformó el ISS en una empresa estatal,
convirtiendo a sus empleados, en su mayoría, en trabajadores oficiales y eliminando la
categoría de funcionarios de seguridad social. Asimismo, la Corte Constitucional,
mediante la sentencia C-579 de 1996, declaró que dicha modalidad violaba el derecho a
la igualdad. En consecuencia, los empleados del ISS pasaron a ser trabajadores oficiales,
salvo aquellos en cargos de dirección. Sin embargo, al señor Yung Valero ya se le había
reconocido su derecho a la pensión en 1992, antes de la entrada en vigor de estos
cambios.
iv) En paralelo, Puertos de Colombia, mediante la Resolución 005168 de 1992, también le
reconoció una pensión proporcional al señor Yung, con base en una convención colectiva
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Radicado: 76001-23-33-000-2014-00668-01 (1154-2020)
Demandante: UGPP
y la Resolución 805 del 9 de octubre de 1991. No obstante, el Consejo de Estado, a través
de sentencia de 9 de julio de 2015, consideró «ilegal» la Resolución 805, ya que la
competencia para fijar el régimen pensional de empleados públicos recae en el Congreso
y el Gobierno Nacional.
v) En definitiva, teniendo en cuenta que el señor Yung Valero trabajó como odontólogo en
Puertos de Colombia entre 1979 y 1991, no logró cumplir el requisito de tiempo de
servicios de la Ley 33 de 1985, para el reconocimiento pensional. Y si en gracia de
discusión se admitiera la posibilidad de su derecho a tal prestación, debe aplicarse la
prohibición constitucional (artículo 128) de percibir dos asignaciones provenientes del
tesoro público.
vi) Por consiguiente, cabe declarar la nulidad de los actos administrativos demandados,
mediante los cuales, Puertos de Colombia le reconoció una pensión de jubilación al señor
Yung Valero y, posteriormente, a la señora Alicia Cabrera por sustitución.
vii) Finalmente, no procede el reintegro de sumas pagadas a la señora Alicia Cabrera de
Yung, sustituta de la pensión del señor Yung Valero, pues no se probó mala fe en la
obtención de los beneficios.
1.4. El recurso de apelación
La señora Alicia Cabrera de Yung, por conducto de su apoderado, interpuso recurso de
apelación en el que solicitó se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se
nieguen las pretensiones de la demanda. Como sustento de su inconformidad, expuso lo
siguiente:
i) Inexistencia de violación al artículo 128 de la Constitución; toda vez que los
reconocimientos pensionales provienen de distintas fuentes y situaciones fácticas: la
pensión de Puertos de Colombia fue reconocida conforme al proceso de liquidación
basado en la Ley 1ª de 1991, mientras que la del ISS responde a semanas cotizadas bajo
el régimen de transición de la Ley 100 de 1993. En consecuencia, no hay violación al
artículo 128 constitucional, y la sustitución de la pensión a la cónyuge legítima del
causante se ampara legalmente.
ii) Inobservancia del precedente sobre el criterio finalista en determinación de empleado
público; pues el Consejo de Estado ha señalado que la naturaleza de la relación laboral
debe determinarse con un criterio finalista, no orgánico. En el caso del vínculo del señor
Yung Valero con Puertos de Colombia, debió analizarse su naturaleza contractual, no su
clasificación formal en la planta de personal.
iii) Error en la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad; ya que la inaplicación de
la Resolución 805 no debería afectar a personas en situación vulnerable, como la esposa
anciana del demandado, que depende de este ingreso para su subsistencia. Al desatender
esta circunstancia, la providencia recurrida afectó los derechos fundamentales de un
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Radicado: 76001-23-33-000-2014-00668-01 (1154-2020)
Demandante: UGPP
sujeto de especial protección constitucional.
iv) Error probatorio en la determinación de la condición de empleado público; porque no
existe prueba documental que demuestre la pérdida de la condición de trabajador oficial
del señor Yung Valero. Al respecto, no se encuentra nombramiento, aceptación o posesión
del cargo público, ni desafiliación del sindicato. Por lo tanto, la conclusión de que el señor
Gerardo Yung tenía estatus de empleado público constituye un «vicio de existencia», que
exige del juez de alzada su corrección.
1.5. Intervenciones en la segunda instancia
1.5.1. La señora Alicia Cabrera de Yung, mediante apoderado, reiteró los argumentos
que expuso en el recurso de apelación, por lo que insistió en que el reconocimiento y pago
de la pensión del señor Yung Valero es legal y que el juez de primera instancia incurrió en
varios errores al dictar su sentencia; razón por la cual esta debe ser revocada para negar
las pretensiones.1 Asimismo, solicitó declarar la caducidad de la acción, en virtud del
nuevo criterio hermenéutico derivado de la Ley 2381 de 2024.2
1.5.2. La parte demandante, por conducto de su apoderado, solicitó se confirme la
sentencia de primera instancia, ya que la decisión se ajusta a derecho, y los argumentos
presentados por la parte demandada en el recurso de apelación carecen de fundamento
probatorio, legal y jurisprudencial.3 Adicionalmente, se opuso a la declaración de
caducidad de acción, en razón de las posiciones que respaldan el principio de seguridad
jurídica y la irretroactividad de la ley.4
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.5
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
De conformidad con los argumentos expuestos en el escrito de apelación,6 le corresponde
a la Sala establecer si deben anularse los actos administrativos objeto de la demanda, por
cuanto el beneficiario de la pensión allí reconocida, Gerardo Yung Valero (q.e.p.d.) y en
su lugar, su cónyuge sustituta, Alicia Cabrera de Yung, no cumple los requisitos legales
para acceder a la prestación; además de que vulneran la prohibición constitucional de
1 Memorial adjunto al índice 12 del Sámai.
2 Memorial adjunto al índice 42 del Sámai.
3 Memorial adjunto al índice 13 del Sámai.
4 Memorial adjunto al índice 44 del Sámai.
5 Conforme al informe de Secretaría que obra en el índice 379 del Sámai.
6 Pues así lo establece el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
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Demandante: UGPP
percibir dos asignaciones provenientes del tesoro público.
No obstante, previo a resolver el asunto, en atención a que el artículo 187 del CPACA
dispone que «[e]n la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre
cualquiera otra que el fallador encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá que
el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio
de la non reformatio in pejus»; la Sala realizará un análisis en punto a definir la
aplicabilidad del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 al presente asunto, y, en
consecuencia, determinar si operó o no el fenómeno jurídico de la caducidad.
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1 Del fenómeno jurídico de la caducidad en asuntos pensionales, y las
modificaciones introducidas por la Ley 2381 de 16 de julio de 2024
Esta Subsección ha señalado que la caducidad es el fenómeno jurídico que extingue la
oportunidad de quien pretende controvertir la existencia de un derecho en sede judicial,
cuando ha transcurrido el tiempo para interponer un medio de control u otro mecanismo
previsto en la ley. De ahí que, el término constituya un presupuesto procesal a través del
cual se limita el ejercicio de los derechos individuales y subjetivos de los administrados
para la reclamación judicial de aquellos, en desarrollo del principio de seguridad jurídica
bajo criterios de racionalidad y suficiencia temporal.7
Por consiguiente, la obligación de promover la demanda dentro del término previsto por el
legislador es un presupuesto procesal que habilita al juez para pronunciarse sobre el fondo
de las pretensiones.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 numeral 1, literal c) del CPACA, las
demandas iniciadas contra actos administrativos que reconozcan o nieguen total o
parcialmente prestaciones periódicas podrán presentarse en cualquier tiempo; sin
embargo, no habrá lugar a recuperar las sumas pagadas a particulares de buena fe.
No obstante, la Ley 2381 de 2024, por la cual se establece el sistema de protección social
integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones,
en el artículo 86, instituyó el término con el que se cuenta para interponer las acciones
administrativas y contencioso administrativas en lo que respecta a las pensiones que ya
fueron reconocidas, de la siguiente manera:
Artículo 86. Término para Ejercer Acciones Administrativas y Contencioso
Administrativas Respecto de las Pensiones Reconocidas. Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de
cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 26 de septiembre de 2024, radicados: 17001 23 33 000 2020
00060 01 (1784–2022) y 08001 23 33 000 2013 00161 01 (1132-2015).
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Radicado: 76001-23-33-000-2014-00668-01 (1154-2020)
Demandante: UGPP
facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún
delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber
sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la
vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o
contenciosas y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser susceptibles del
recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5) años
a partir de la vigencia de esta ley (negrilla fuera del texto).
A partir de lo anterior se puede concluir lo siguiente:
i) Las acciones administrativas y contencioso administrativas se deberán ejercer
dentro del término de 5 años contados a partir del reconocimiento de la pensión.
ii) La única excepción a esa regla ocurre frente a las pensiones reconocidas con
fraude o ante la comisión de algún delito.
iii) En los casos en que se hayan iniciado acciones administrativas o contencioso
administrativas, cuando hubiere expirado el término de 5 años, que se encuentren en
curso, se aplicará el fenómeno de la caducidad a partir de la vigencia de la referida ley.
iv) En los asuntos en los que ya se hubieren decidido las acciones administrativas y/o
contencioso administrativas presentadas respecto a un reconocimiento pensional,
podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión dentro del término de 5 años
contados a partir de la entrada en vigor de dicha ley.
Del estudio de la norma en comento, la Sala advierte que el legislador, en la exposición
de motivos del proyecto de ley,8 optó por acoger un término similar al que fue aplicado
para las causales de revisión de que trata el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con
sustento en lo plasmado en la sentencia C-835 de 2003 por medio de la cual la Corte
Constitucional analizó las consecuencias de no establecer un límite temporal para que la
administración solicitará la revisión de decisiones que otorgaron derechos pensionales, y
recordó que la jurisprudencia de esa corporación ha señalado que definir un término para
acudir ante la jurisdicción no vulnera el acceso a la administración de justicia, pues se
debe entender que la caducidad «es una especie de sanción para quien teniendo la
posibilidad de acudir a la justicia fue negligente y no lo hizo» y que con ella se busca hacer
realidad los principios de seguridad y certeza jurídica.9
8 Visibles en las Gacetas del Congreso de la República 603 de 17 de mayo de 2024 y 700 de 29 de mayo de 2024.
9 Corte Constitucional. Sentencia C – 418 de 1994.
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Demandante: UGPP
De igual modo, aprecia la Sala que la finalidad de la norma objeto de análisis es evitar que
las pensiones reconocidas queden expuestas de manera perpetua y sin límite a una
solicitud de revisión, lo que podría vulnerar el derecho al debido proceso y a la seguridad
jurídica de los pensionados.
De otro lado, en torno a la vigencia del referido artículo 86, se tiene que la Ley 2381 de
2024, señaló lo siguiente:
Artículo 94. Vigencia. El Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez
y Muerte de origen común, previsto en la presente ley, entrará en vigor el 1° de julio
de 2025.
Artículo 95. Derogatorias. La presente ley rige a partir de su sanción y deroga las
disposiciones que le sean contrarias.
Sin perjuicio de lo anterior, las normas continuarán vigentes para atender el Régimen
de Transición y el régimen de aquellos ya pensionados al momento de expedirse esta
ley.
Al tenor de las anteriores disposiciones, se observa que el artículo 86 de la Ley 2381 de
2024, se encuentra vigente desde el momento en que se sancionó dicha ley, esto es, el
16 de julio de 2024, fecha de publicación en el Diario Oficial 52.819,10 pues, el legislador,
en ejercicio de su competencia constitucional, únicamente difirió la entrada en vigencia de
las disposiciones atinentes al sistema de protección social integral para la vejez, invalidez
y muerte de origen común, a partir del 1° de julio de 2025.11
2.3. El caso concreto. Análisis de la Sala
La Sala considera necesario señalar que, tal como se explicó en el marco normativo de
esta providencia, el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 dispuso un término de caducidad
de cinco (5) años para presentar acciones administrativas y contencioso administrativas
frente a pensiones reconocidas, norma que se encuentra vigente y resulta aplicable,
incluso, a los procesos que se hallan en curso. En ese orden, resulta necesario verificar
la oportunidad en la interposición del medio de control de la referencia.
En el escrito de la demanda, la UGPP solicitó la nulidad de las resoluciones 05168 de 21
de febrero de 1992; 40317 de 1 de abril de 1992; 007364 de 18 de mayo de 1992; 007306
de 26 de noviembre de 1993; 00746 de 12 de septiembre de 2002; y 000443 de 31 de
10 http://svrpubindc.imprenta.gov.co/diario/index.xhtml;jsessionid=55e8e6ab1125b768d5f05f27de9e
11 La Corte Constitucional en sentencia C-957 de 1997, se refirió a la vigencia de la ley, en el siguiente sentido: “En lo
relativo a su vigencia, como regla general, la ley comienza a regir a partir de su promulgación, salvo que el legislador,
en ejercicio de su competencia constitucional, mediante precepto expreso determine una fecha diversa a aquella,
facultad igualmente predicable del legislador extraordinario. Los efectos jurídicos de los actos legislativos y de las leyes
que se producen a partir de la promulgación en el Diario Oficial, dan lugar a su oponibilidad y obligatoriedad sin que por
ello se afecte la validez ni la existencia de los mismos.”
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Radicado: 76001-23-33-000-2014-00668-01 (1154-2020)
Demandante: UGPP
mayo de 2005; proferidas por la empresa Puertos de Colombia - Terminal Marítimo de
Buenaventura, a través de las cuales «se reconoció una pensión proporcional en favor de
la señora Alicia Cabrera de Yung». No obstante, el medio de control fue radicado el 27 de
junio de 2014,12 es decir, 22 años, 4 meses y 6 días después de haber sido concedida la
pensión al causante, señor Gerardo Yung Valero; y 9 años y 27 días desde que a la hoy
demandada le fuese reconocido el derecho a la sustitución pensional.
En ese orden, en el sub lite operó el fenómeno jurídico de la caducidad, toda vez que la
demanda se presentó por fuera del término de cinco (5) años contados a partir del
reconocimiento de la pensión, establecido en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024. Se
hace énfasis en que revisados los fundamentos del libelo no se advierte que la entidad
hubiere argumentado que la prestación se obtuvo de manera fraudulenta o por la comisión
de algún delito, por lo que el asunto no se encuadra en las excepciones planteadas en la
norma ejusdem para inaplicar el término referido.
Por consiguiente, la Sala revocará la sentencia de primera instancia que accedió a las
pretensiones de la demanda, para en su lugar declarar probada de oficio la excepción de
caducidad del medio de control.
2.5. De la condena en costas
En anteriores oportunidades, esta Sala de Subsección realizaba una valoración objetiva
para determinar si había, o no, lugar a condenar en costas, no obstante, actualmente, con
la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto
de la conducta de las partes en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica.
En ese orden, comoquiera que en este caso se revocará la sentencia de primera instancia
en su totalidad, lo procedente sería dar aplicación al numeral 4.° del artículo 365 del
CGP.13 Sin embargo, la Sala se abstendrá de condenar en costas de ambas instancias,
toda vez que se sustentaron las razones esgrimidas por la entidad en defensa jurídica de
sus intereses. Máxime cuando lo aquí resuelto tiene fundamento en la reciente Ley 2381
de 2024, que implementó un término para el ejercicio de las acciones administrativas y
contencioso administrativas respecto de las pensiones reconocidas.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, la Sala concluye que en el
asunto objeto de análisis operó el fenómeno jurídico de la caducidad, por cuanto se
excedió ampliamente el término o la oportunidad para promover el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024,
razón por la cual la decisión del a quo debe ser revocada.
12 Según consta en el folio 165 del cuaderno 1 del expediente físico.
13
«4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas
de ambas instancias.»
10
Radicado: 76001-23-33-000-2014-00668-01 (1154-2020)
Demandante: UGPP
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de
Oralidad, de 23 de mayo de 2019, que accedió a las pretensiones de la demanda; en su
lugar, declarar probada de oficio la excepción de caducidad, con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, y de conformidad con las
consideraciones expuestas.
Segundo. Abstenerse de condenar en costas en ambas instancias, de conformidad con
lo expuesto.
Tercero. En firme esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las
anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada Sámai. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186
del CPACA.
CBT
11
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